Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 126)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso TA-2020-170, derivado de una demanda por violación a la Ley Uniforme de Valores. La parte peticionaria, STEIDEL ANALYTICAL LABS, LLC, solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. Dicha Resolución, dictada el 14 de septiembre de 2020, denegó las solicitudes de sentencia sumaria presentadas por LA ARBOLEDA, LLC y los co-demandados. El foro primario ordenó la continuación de los procedimientos en el caso civil HU2018CV00505. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de Certiorari presentado por STEIDEL ANALYTICAL. Tras el análisis, se determinó que el recurso era prematuro. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones procedió a desestimar la petición de Certiorari.

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Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. El peticionario, Josué Quintero Barroso, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su moción sobre el valor rentable por el uso exclusivo de un inmueble por la recurrida, Yadira Cartagena Félix, y pagos en exceso para una futura división de bienes gananciales. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como una petición de certiorari. En el proceso de divorcio subyacente, las partes habían llegado a acuerdos sobre pensión alimentaria y gastos, incluyendo el pago de la hipoteca y mantenimiento de la propiedad donde reside la recurrida. El foro primario había decretado el divorcio, otorgado la custodia a la recurrida y establecido la patria potestad compartida. Tras considerar el expediente, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar expedir el recurso interpuesto. El caso se originó en la Sala de Bayamón del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari presentada por Island Venture Water Excursions, Inc. Island Venture solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia en Ponce. El foro primario había denegado la moción de sentencia sumaria de Island Venture en un caso de daños y perjuicios. La demanda se originó por un accidente donde una pasajera resultó herida al desembarcar de una embarcación de Island Venture. La pasajera lesionada y su familia demandaron, reclamando los familiares angustias mentales por presenciar el incidente. Island Venture argumentó que el derecho marítimo federal aplicaba y excluía estas reclamaciones por angustias mentales. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria sin resolver sobre la aplicabilidad del derecho marítimo federal. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, denegó la expedición del auto de certiorari.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El apelante, Anwar Yacoub, recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Triple-S Propiedad, Inc. por incumplimiento de contrato de seguros. Yacoub reclamó daños a sus propiedades causados por el huracán María, alegando que Triple-S no le compensó la totalidad de los daños. El foro primario aplicó la figura del pago en finiquito a la reclamación de una propiedad, desestimando el caso. Triple-S había solicitado sentencia sumaria argumentando que el apelante aceptó un acuerdo de transacción y depositó el cheque correspondiente. Yacoub se opuso, alegando que el acuerdo fue firmado sin su consentimiento, que entendió el pago como parcial, que no comprendía el idioma del acuerdo y que la deuda era líquida. También argumentó que el pago en finiquito no aplica bajo el Código de Seguros para deudas líquidas. Triple-S replicó que el pago fue objeto de reconsideraciones y que el apelante depositó el cheque sin salvedad. El Tribunal de Apelaciones evalúa si procedió la desestimación basada en el pago en finiquito.

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La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) recurrió ante el Tribunal de Apelaciones una resolución de su Junta de Apelaciones. Dicha resolución declaró nula una notificación de suspensión de empleo y sueldo impuesta a la empleada Myrla Ruiz Mieles. La Junta de Apelaciones fundamentó su decisión en que la notificación fue firmada por la Subadministradora y no por el Administrador de la CFSE. Sostuvo que la delegación de funciones disciplinarias debía constar por escrito y no podía ser ratificada retroactivamente. La CFSE argumentó que existió una delegación verbal y una posterior ratificación escrita, impugnando la exigencia de la forma escrita y la imposibilidad de ratificación retroactiva. La CFSE presentó varios señalamientos de error ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y los argumentos de las partes. Finalmente, el Tribunal CONFIRMÓ la Resolución sumaria emitida por la Junta de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre un caso de daños y perjuicios. La apelante, María Irene Pérez Pérez, demandó a Sally Del Toro Segarra y María Del Carmen Quiñones Santiago, funcionarias públicas, alegando que sus actuaciones dolosas causaron la suspensión de su empleo y daños emocionales y laborales. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. La desestimación se fundamentó en el incumplimiento reiterado de la demandante con las órdenes de descubrimiento de prueba. Como sanción bajo la Regla 34.3(B)(1), el TPI adoptó como probados los hechos propuestos por las demandadas, incluyendo que la apelante abandonó su empleo y que su cese no se debió a las acciones de las demandadas. La apelante solicitó la revocación de dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los fundamentos de la decisión de primera instancia. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Resolución de un panel judicial sobre una solicitud de certiorari presentada por José Santiago García. El peticionario busca la revisión de una resolución del foro primario que denegó la reconsideración de su sentencia. En 2018, fue sentenciado a ocho años de reclusión por apropiación ilegal agravada, tras un preacuerdo por un delito menor al inicialmente imputado de robo agravado. El señor Santiago García alega que el tribunal no cumplió el preacuerdo en cuanto a una recomendación de restricción terapéutica, a pesar de haber cumplido los requisitos. Previamente, el foro primario había denegado una solicitud de rebaja de sentencia y una solicitud de reconsideración de sentencia sobre el mismo asunto. El Pueblo de Puerto Rico se opuso a la expedición del auto de certiorari. El panel judicial, tras evaluar las comparecencias, deniega el recurso de certiorari solicitado por el peticionario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos consolidados (KLAN202100052 y KLAN202100070) provenientes de un caso de daños, invasión a la propiedad y violación de derechos civiles. El apelante, Adalberto Alvarado Alvarado, recurrió de sentencias parciales del Tribunal de Primera Instancia que desestimaron reclamaciones contra Mariel Cruz por falta de alegaciones específicas. También apeló la desestimación de reclamaciones basadas en hechos de 2017 y 2018 por haber prescrito. Por su parte, el apelado Gualberto Carrasquillo apeló la denegatoria de su moción de sentencia sumaria basada en la doctrina de cosa juzgada. La demanda original alegaba invasión, amenazas y hostigamiento por parte de los demandados en varias fechas, solicitando compensación por daños. El Tribunal de Primera Instancia desestimó las reclamaciones contra la codemandada Cruz y las de fechas anteriores por prescripción, pero no aplicó la cosa juzgada. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos por tratarse de la misma controversia. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar los dictámenes apelados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó dos recursos consolidados (KLAN202100052 y KLAN202100070) presentados por Adalberto Alvarado Alvarado y Gualberto Carrasquillo. Estos recursos apelaban sentencias parciales emitidas por el Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre daños, invasión a la propiedad y violación de derechos civiles (SJ2019CV09338). El señor Alvarado Alvarado apeló la desestimación de la demanda contra Mariel Cruz por falta de alegaciones y la desestimación de reclamaciones por hechos de 2017 y 2018 debido a prescripción. El señor Carrasquillo apeló la denegatoria de su moción de sentencia sumaria basada en cosa juzgada para desestimar la totalidad de la demanda. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos por tratarse de la misma controversia. Tras revisar los fundamentos, el panel confirmó los dictámenes apelados del Tribunal de Primera Instancia.

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El Pueblo de Puerto Rico solicitó al Tribunal de Apelaciones dejar sin efecto una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud del Ministerio Público para que un testigo de cargo testificara por videoconferencia en un juicio criminal contra Johnny Pérez Núñez. El Ministerio Público argumentó que el testigo, Jimmy Bonilla Torres, sufrió problemas de salud significativos, incluyendo un episodio cardíaco, relacionados con haber presenciado los hechos y sentir temor hacia el acusado. Señaló que el testigo residía en el extranjero y que, según opinión médica, la tensión del juicio podría exacerbar su condición cardíaca, sumado al riesgo de viajar por la pandemia de COVID-19. La defensa se opuso, invocando el derecho del acusado a la confrontación cara a cara con los testigos, argumentando que la videoconferencia no surtía los mismos efectos que el careo presencial. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de videoconferencia. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la petición del Pueblo, denegó la expedición del auto solicitado, confirmando la decisión del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones revisa la negativa del Tribunal de Primera Instancia a conceder honorarios de abogado por horas trabajadas en un caso de despido ilegal bajo la Ley Núm. 100. La demandante obtuvo inicialmente una sentencia favorable con daños duplicados y honorarios equivalentes al 25% de esa suma. En apelación, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia, pero redujo la cuantía base de los daños y, por ende, los honorarios de abogado al 25% de la nueva base. Tras la firmeza de la sentencia apelada, la demandante solicitó al foro primario honorarios basados en las horas trabajadas, presentando un memorando detallado. Argumentó que la cuantía reducida por el Tribunal de Apelaciones no compensaba el esfuerzo legal. La parte demandada se opuso, alegando que la solicitud era tardía y debió plantearse en la apelación. La demandante replicó que la necesidad de solicitar honorarios por horas surgió precisamente después de la reducción en apelación. Sostuvo que el pago de honorarios es un procedimiento posterior a la sentencia principal. El Tribunal de Apelaciones evalúa si el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al denegar esta solicitud de honorarios por horas trabajadas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impericia médica. La Dra. María Bravo Alonso, co-demandada, recurre en certiorari contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución dictaminó que cualquier entrevista a la Dra. Ingrid Ramírez Díaz, testigo anunciada por la parte demandante como "perito de ocurrencia", debe realizarse en presencia de todas las partes. La Dra. Bravo Alonso solicitó entrevistar a la testigo de forma privada para preparar su defensa antes de decidir si tomarle deposición. El foro primario denegó la solicitud, entendiendo que una entrevista individual generaría una desventaja indebida en el descubrimiento de prueba. La peticionaria alega que la resolución coarta su derecho a una investigación independiente y se basa en una confusión entre perito y perito de ocurrencia. El Tribunal de Apelaciones evalúa si el foro primario erró al restringir la forma de entrevistar a la testigo de hechos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) recurre una resolución de su Junta de Apelaciones. Dicha resolución, emitida el 2 de septiembre de 2020, ordenó a la ACT pagar a Alba Iris Rivera Miranda un diferencial de sueldo. Este pago se concedió por circunstancias extraordinarias, equivalente a tres pasos en la escala retributiva. La señora Rivera Miranda, empleada de carrera de la ACT, solicitó el diferencial en marzo de 2012. Alegó que desde 2010 desempeñaba funciones de mayor complejidad que las de su puesto. Su supervisora directa certificó estas tareas adicionales y avaló la solicitud. Ante la inacción de la gerencia de la ACT, la recurrida apeló ante la Junta de Apelaciones en octubre de 2012. La Junta falló a su favor, lo que motivó el presente recurso de revisión judicial por parte de la ACT.

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El peticionario Raymond Torres Santiago solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para aplicar el principio de favorabilidad a su sentencia. Torres Santiago fue sentenciado en 2003 bajo el Código Penal de 1974 por delitos cometidos en 1998, incluyendo tentativa de asesinato en segundo grado y violaciones a leyes de armas y sustancias controladas, recibiendo una pena total de 40 años. En 2020, solicitó que se aplicara retroactivamente el principio de favorabilidad y las reglas de concurso real de delitos del Código Penal de 2012 a su pena. Argumentó que esto permitiría que ciertas penas fueran concurrentes, reduciendo su condena global. El TPI rechazó la solicitud, resolviendo que el principio de favorabilidad del Código de 2012 solo aplica a conducta posterior a septiembre de 2012. Fundamentó su decisión en la cláusula de reserva del Art. 303 del Código de 2012, que impide la aplicación retroactiva a delitos bajo códigos derogados. El peticionario recurre, alegando que el TPI erró al no aplicar la favorabilidad a la pena y al interpretar incorrectamente las limitaciones de retroactividad del Código de 2012. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora esta determinación.

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Sentencia de un panel judicial que revisa la decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido. El señor José Morales Valiente demandó a su patrono, GAP, por despido injustificado y represalias. La reclamación se presentó bajo el procedimiento sumario laboral de la Ley Núm. 2. GAP no presentó alegación responsiva, por lo que se le anotó la rebeldía y se celebró una vista. El foro primario determinó que el despido fue injustificado conforme a la Ley Núm. 80, aunque no constituyó represalias. En consecuencia, ordenó a GAP pagar la indemnización correspondiente. GAP apeló esta Sentencia. El panel judicial, tras revisar el recurso, decidió modificar la Sentencia apelada.

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María A. González Gordián comparece mediante recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicita la revisión de una minuta del Tribunal de Primera Instancia que interpretó una sentencia previa de este foro apelativo (KLCE201800528). El caso original involucró una demanda por sentencia declaratoria y daños, donde se alegó la construcción de un portón y un pedestal eléctrico en terrenos de la parte recurrida. Una sentencia apelativa anterior había revocado una decisión del foro primario y ordenado la remoción de ambas estructuras. Durante los procedimientos de ejecución, el foro primario interpretó que dicha sentencia apelativa requería específicamente la remoción del pedestal eléctrico. La peticionaria argumenta que esta interpretación fue un error. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar las comparecencias, deniega el auto de certiorari solicitado.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Jeanine Calderón Félix. Calderón Félix solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para dejar sin efecto una orden de embargo y desestimar la demanda en su contra. El caso subyacente trata una disputa sobre fondos de un plan de retiro entre Calderón Félix, la viuda, y Nayda Lucero Iglesias Saustache, la exesposa del participante fallecido. Iglesias Saustache demandó a Calderón Félix reclamando derechos sobre los fondos basados en un acuerdo de división de bienes gananciales y su designación como beneficiaria del plan. Alegó un acuerdo verbal para la distribución de fondos que no fue cumplido y reclamó restitución y reivindicación de su porción. Iglesias Saustache obtuvo una orden para congelar fondos pertenecientes a Calderón Félix. La resolución del foro primario del 15 de julio de 2020 mantuvo el embargo y permitió que la demanda continuara. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución del 19 de julio de 2021, deniega la expedición del auto de certiorari.

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Se presentó un recurso de revisión judicial contra una resolución de la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. La Junta había desestimado con perjuicio la apelación administrativa de la recurrente por su incomparecencia a una vista señalada. La apelación administrativa original impugnaba un hallazgo de maltrato en el Hogar Mi Familia. La recurrente alegó que la desestimación violó las garantías procesales, incluyendo la severidad de la sanción y no permitir ver el caso en sus méritos. El Departamento de la Familia defendió la corrección de la desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó la controversia planteada. El panel judicial destacó la importancia de resolver las disputas en sus méritos y que la desestimación como sanción debe ser un último recurso. Tras evaluar los planteamientos, el Tribunal determinó que la resolución administrativa era errónea. Por tanto, el Tribunal REVOCÓ la resolución de la Junta Adjudicativa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La peticionaria, Charlene Colón Pantojas, impugnó la negativa del Tribunal de Primera Instancia a dejar sin efecto la rebeldía anotada en su contra. El demandante, César Efraín Sainz Rodríguez, reclamaba una deuda de \$192,000. La peticionaria había enfrentado una rebeldía previa que fue dejada sin efecto. La rebeldía actual parece derivar de su incomparecencia a una conferencia con antelación al juicio tras la renuncia de su abogado. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Tras analizar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. La sentencia revocó la orden recurrida que denegó dejar sin efecto la rebeldía y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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Este recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico fue presentado por Ángel Torres Feliciano. El peticionario solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Dicha resolución denegó su solicitud de desestimación de cargos, incluyendo infracciones a la Ley de Armas. El peticionario alegó que los artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas eran inconstitucionales bajo la Segunda Enmienda de la Constitución federal, citando jurisprudencia como *Heller*, *McDonald* y *Sánchez Valle*. Argumentó que el gobierno de Puerto Rico carecía de jurisdicción para encausarlo por una conducta protegida constitucionalmente. El foro primario rechazó este argumento, señalando la improcedencia del reclamo y la ilegalidad del arma involucrada. El Ministerio Público se opuso al recurso, defendiendo la facultad del Estado para reglamentar la tenencia de armas. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la solicitud, DENEGÓ la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Chubb Insurance Company de Puerto Rico solicitando un auto de certiorari. Busca revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una Moción de Desestimación de Reconvención presentada por los demandantes. El caso original fue incoado por el Consejo de Titulares del Condominio Woodlands, Attenure Holdings Trust 1 y HRH Property Holdings contra Chubb Insurance por incumplimiento contractual tras el Huracán María. Los demandantes reclaman una indemnización millonaria bajo una póliza de seguro. Una controversia central gira en torno a la validez de una cesión de derechos post-pérdida del Condominio a Attenure y HRH. Chubb argumenta que la cesión es nula por una cláusula anti-cesión en la póliza y por violar la Ley de Condominios. Los demandantes sostienen que las cláusulas anti-cesión no aplican a cesiones post-pérdida y que no hay violación legal. El Tribunal de Primera Instancia había denegado previamente una moción de desestimación de la demanda basada en estos argumentos. Tras considerar las controversias jurídicas planteadas en el recurso de certiorari sobre la desestimación de la reconvención, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Francisco Encarnación Rijo y F&F General Contractor, Inc. contra Víctor Lanza Amaral y otros. La apelación impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda previa. La demanda original alegaba daños, incumplimiento de contrato, fraude y apropiación ilegal relacionados con servicios de contabilidad. El foro primario desestimó el caso basándose en la defensa de prescripción presentada por el demandado. Los apelantes argumentaron que la acción era contractual con un término prescriptivo de quince años, mientras que el apelado sostuvo que era extracontractual con un término de un año. Tras revisar las controversias, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia desestimatoria del Tribunal de Primera Instancia.

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MAPFRE PRAICO Insurance Company presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La aseguradora busca la revisión de una Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un pleito incoado por el Condominio Gold Villas. El caso principal trata sobre una reclamación de daños por el huracán María, alegando incumplimiento de contrato y otras violaciones. Gold Villas demandó a MAPFRE tras aceptar un pago inicial, reclamando daños sustancialmente mayores. Durante el litigio, MAPFRE presentó un informe pericial estimando los daños en más de un millón de dólares, aunque lo calificó como estimado no ajustado. Gold Villas solicitó al tribunal que ordenara el ajuste y pago inmediato de esta cantidad. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a MAPFRE consignar la suma estimada de \$1,025,912.25 en el tribunal. La orden se basó en el Código de Seguros y decisiones apelativas, posponiendo una determinación final hasta concluir el descubrimiento de prueba. MAPFRE recurrió, alegando que el tribunal erró al ordenar la consignación y pago parcial de un estimado no ajustado con base en fundamentos legales incorrectos. Este documento contiene la Sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre dicha petición de Certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre alimentos. La apelante, Blanca Sáez Ortiz, recurre de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Orden declaró No Ha Lugar una Moción en Cumplimiento de Orden. En esa moción, la señora Sáez Ortiz solicitó la imposición de desacato contra Jerome Garffer Croly. El desacato se pedía por el alegado incumplimiento del señor Garffer Croly con el pago de pensión alimentaria. El foro primario denegó la moción argumentando que el incumplimiento surgía de un contrato de divorcio, no de una orden judicial, tratándose de una cuestión contractual. El Tribunal de Apelaciones acoge la apelación como un certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones decide expedir el certiorari. Finalmente, REVOCA la determinación del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre la impugnación de una confiscación vehicular. El Estado apeló la decisión que declaró con lugar la demanda de la Cooperativa de Seguros Múltiples y Reliable Financial Services. La confiscación del vehículo Mitsubishi Outlander se basó en su uso en alegada actividad criminal. Sin embargo, los cargos criminales contra los individuos en posesión del vehículo al momento de la ocupación no prosperaron. La parte apelada impugnó la confiscación, solicitando sentencia sumaria basada en la doctrina de impedimento colateral por sentencia. El Tribunal de Primera Instancia acogió este argumento, ordenando la devolución del vehículo o el pago de su valor. El Estado apeló, alegando que los procedimientos de confiscación civil son independientes de los casos penales. Tras evaluar los planteamientos, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la Sentencia apelada. Esto valida la aplicación del impedimento colateral por sentencia cuando los cargos criminales subyacentes a la confiscación no resultan en convicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impugnación de paternidad. La peticionaria, Bethzaida Sánchez Noriega, recurrió una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. Dicha moción se basaba en la alegada caducidad de la acción, insuficiencia del emplazamiento y falta de inclusión de los menores como partes indispensables. El Tribunal de Primera Instancia había autorizado al recurrido, Odilio Pérez Colombani, a enmendar la demanda para incluir a los menores y ordenó su emplazamiento. El Sr. Pérez inició el pleito alegando dudas sobre la paternidad de los hijos surgidas durante el proceso de divorcio. La Sra. Sánchez argumentó que la acción estaba prescrita por no haberse presentado dentro del plazo legal tras el conocimiento de la supuesta inexactitud. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la resolución interlocutoria. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia. También declaró no ha lugar la moción urgente de la peticionaria para paralizar los procedimientos.

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Un panel judicial revisó la sentencia parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un recurso consolidado entre la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (CPRDP) y el matrimonio Camareno-Vélez. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado las causas de acción por discrimen en el empleo, represalias y daños y perjuicios, pero sostuvo la reclamación por incumplimiento de contrato. El matrimonio Camareno-Vélez demandó a CPRDP alegando discrimen político y por matrimonio, represalias tras reportar irregularidades y daños. Argumentaron que fueron objeto de acoso, lo que llevó a la renuncia incentivada de la Sra. Vélez y la remoción y posterior retiro incentivado del Sr. Camareno. Sostuvieron que CPRDP incumplió un acuerdo de renuncia incentivada al no remitir pagos de préstamos descontados de sus nóminas, afectando su crédito. CPRDP solicitó la desestimación basándose en un acuerdo firmado por el matrimonio que liberaba a la corporación de las reclamaciones. Tras considerar los argumentos y documentos, el panel judicial confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia de un panel judicial revisando una decisión previa del Tribunal de Primera Instancia. Las partes son la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y el matrimonio Camareno-Vélez. Solicitan la revisión de una sentencia parcial que desestimó reclamaciones por discrimen en el empleo, represalias y daños. Dicha sentencia de instancia, no obstante, sostuvo la causa de acción por incumplimiento de contrato. El matrimonio Camareno-Vélez demandó alegando discrimen político y por matrimonio, y represalias tras ocupar puestos de confianza en CPRDP. Alegaron acoso laboral y que sus salidas (renuncia y retiro incentivado) fueron forzadas o retaliatorias. También reclamaron que CPRDP incumplió un acuerdo de renuncia incentivada al no remitir pagos de préstamos descontados. CPRDP argumentó que los demandantes habían liberado las reclamaciones en dicho acuerdo. Tras considerar los argumentos y documentos, el panel judicial confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Fulano de Tal. El apelante impugnó una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia desestimó la reclamación de Fulano de Tal contra la abogada Demandada B. La demanda original, presentada contra su exesposa (Demandada A) y la abogada de esta, alegaba la obtención y retención ilegal de material íntimo. Fulano de Tal sostuvo que estas acciones violaron su derecho a la intimidad y solicitó sentencia declaratoria, remedios provisionales y compensación por daños. Esto surgió en el contexto de un pleito de divorcio previo donde Demandada B representó a Demandada A. La abogada Demandada B presentó una moción de desestimación contra la acción dirigida a ella. El Tribunal de Primera Instancia concedió la moción, desestimando la reclamación contra la abogada. Tras evaluar la apelación y los argumentos de las partes, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró nulo el nombramiento de Mabel Jiménez Miranda como Presidenta Ejecutiva Interina de COSSEC. La apelación fue presentada por COSSEC y la señora Jiménez Miranda. La demanda original fue incoada por la Liga de Cooperativas y sus representantes en la Junta Rectora de CD-COOP y la Junta de Directores de COSSEC. Los demandantes alegaron que el nombramiento interino era ilegal porque la señora Jiménez no obtuvo el aval requerido de la Junta Rectora de CD-COOP para el puesto en propiedad, según la Ley 114-2001. La Junta Rectora había rechazado su nominación, pero la Junta de Directores de COSSEC extendió su interinato. El Tribunal de Primera Instancia determinó la nulidad del nombramiento y ordenó el cese de la señora Jiménez en el cargo. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, CONFIRMÓ la Sentencia apelada. Esto valida la decisión de que el nombramiento interino fue ilegal por falta del aval de la Junta Rectora.

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Se presentó una demanda laboral sumaria contra Eagle Task Force Inc. bajo la Ley Núm. 2. Eagle fue emplazada pero no contestó la reclamación dentro del término legal provisto por dicha ley. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) la declaró en rebeldía y dictó sentencia en su contra. La sentencia condenó a Eagle a pagar diversas cantidades por salarios, horas extras y vacaciones, más honorarios de abogados, a los demandantes. Posteriormente, Eagle presentó una contestación y solicitud de desestimación, argumentando defectos procesales y falta de jurisdicción, fuera del término para apelar la sentencia. También solicitó al TPI el relevo de la sentencia dictada en rebeldía. El TPI denegó la solicitud de relevo de sentencia. Eagle recurrió en certiorari ante este foro para revocar dicha denegatoria. El tribunal acogió el recurso como certiorari pero, por los fundamentos que expondrá, denegó la expedición del auto. Esto implica que se confirma la decisión del TPI de no conceder el relevo de sentencia a Eagle.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una petición de certiorari presentada por Alberto Berrocales Vega. El peticionario impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Reconsideración. Previamente, el foro primario había rechazado una moción de Berrocales Vega que buscaba modificar su sentencia por infracción al Art. 3.1 de la Ley 54 (violencia doméstica) para acogerse a un programa de desvío o la celebración de un nuevo juicio por supuesta nueva evidencia. El peticionario, quien fue condenado y recibió una sentencia suspendida, argumentó que el Tribunal de Primera Instancia erró al no considerar sus planteamientos y no referir el caso a otro juez. El Ministerio Público se opuso a la solicitud, sosteniendo la validez de la sentencia y la falta de novedad de la evidencia. Tras evaluar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un recurso de certiorari presentado por Javier J. Acevedo Rodríguez, quien se encuentra confinado. El peticionario solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que denegó su petición de copias de documentos de su expediente criminal. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción. Fundamenta su decisión en que las cuestiones de jurisdicción son insubsanables y deben resolverse prioritariamente. Explica que carece de autoridad para conceder el remedio solicitado, ya que las peticiones de copias de expedientes del foro primario deben gestionarse a través de la Secretaría o el Archivo Central del Tribunal de Primera Instancia. Además, señala que el escrito del peticionario presentaba serios defectos procesales. La ausencia de jurisdicción impide al tribunal entrar a considerar los méritos de la solicitud.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) sobre la compra de un vehículo de motor. El DACo había ordenado la resolución del contrato de compraventa y financiamiento de un vehículo adquirido por la señora Mónica Ubiñas Torres, desestimando la querella contra Toyota de Puerto Rico. Los recurrentes, Grupo EPEM, Corp. h/n/c Toyota de Bayamón y Americas Leading Finance, LLC, apelaron la resolución del DACo. Alegaron errores de hecho y derecho y que la prueba no sustentaba las conclusiones de la agencia. Durante el proceso de revisión, se constató que la grabación de la vista administrativa ante el DACo era de tan mala calidad que impedía su transcripción. Ante esta deficiencia, los recurrentes solicitaron la devolución del caso para una nueva vista. El Tribunal de Apelaciones deja sin efecto la Resolución recurrida del DACo. Ordena la devolución del caso al Departamento para la celebración de una nueva vista administrativa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de revisión judicial procedente del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso involucra la compra de un vehículo de motor por Mónica Ubiñas Torres a Toyota de Bayamón, financiada por Americas Leading Finance (ALF). La consumidora presentó una querella ante el DACo por un desperfecto en la pintura del vehículo. El DACo emitió una resolución ordenando la resolución del contrato de compraventa y del contrato de financiamiento. Toyota de Bayamón y ALF apelaron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Durante el proceso de apelación, se determinó que la grabación de la vista administrativa del DACo era de tan mala calidad que impedía su transcripción. Ante esta situación, los recurrentes solicitaron la devolución del caso al DACo para la celebración de una nueva vista. El Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto la resolución recurrida del DACo. En consecuencia, ordenó la devolución del caso al Departamento para que se celebre una nueva vista administrativa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Resolución de la Junta Adjudicativa de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Dicha Resolución había aprobado una consulta de ubicación para San Juan Psychological and Recovery Center, LLC. El proyecto consistía en la construcción de una facilidad médico-hospitalaria para veteranos en San Juan. Hospital Español Auxilio Mutuo y otros recurrieron la decisión administrativa. Auxilio Mutuo había intervenido en el proceso ante la OGPe, alegando que el proyecto representaba competencia directa debido a su proximidad. Argumentó que este factor debía ser considerado al evaluar la consulta de ubicación. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos de revisión judicial presentados por las partes recurrentes. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal determinó que la determinación administrativa de la OGPe era un dictamen nulo. Por consiguiente, el Tribunal revocó la Resolución emitida por la Junta Adjudicativa de la OGPe. El caso fue devuelto a la agencia administrativa para la continuación de los procedimientos correspondientes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000674. El apelante, Sergio Ruiz De Jesús, solicitó la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia lo declaró culpable por infracción al Artículo 133(a) del Código Penal, actos lascivos contra una menor de siete años. El Tribunal de Primera Instancia le impuso una pena de once años y tres meses de reclusión, pena especial e inclusión en el Registro de Ofensores Sexuales. El apelante alegó varios errores, principalmente relacionados con la suficiencia de la prueba para establecer su culpabilidad más allá de duda razonable. Tras examinar los autos y alegatos, el Tribunal de Apelaciones procedió a resolver la apelación. Por los fundamentos que se exponen en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada.

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Víctor Manuel Vázquez Rodríguez y Yakira Sotomayor Ortiz apelaron la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Mapfre Pan American Insurance Company. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato y daños contractuales por la supuesta falta de compensación justa tras los daños causados por el huracán María a su propiedad asegurada. Mapfre solicitó sentencia sumaria, argumentando que había realizado un ajuste de daños y emitido un cheque por \$1,093.61, el cual fue cobrado por los demandantes, constituyendo un pago en finiquito. Los demandantes se opusieron, alegando controversias sobre la valoración de los daños y si el cobro del cheque representó una aceptación final, cuestionando la adecuación del ajuste y la notificación sobre las consecuencias del cobro. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de Mapfre, entendiendo que no había controversia sobre el pago y cobro del cheque. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la sentencia apelada.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. El peticionario, Kevin Vargas Vega, solicita la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de hábeas corpus. Vargas Vega presentó el hábeas corpus alegando que su vista preliminar no se había celebrado dentro del término compulsorio de 30 días, a pesar de estar detenido desde el 29 de enero de 2020. Para la fecha de su escrito, llevaba más de 87 días detenido sin la vista preliminar, considerando su encarcelamiento ilegal. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, justificando el retraso en "eventos de justa causa" como la pandemia de CoViD-19 y la paralización de términos de juicio rápido por el Tribunal Supremo. El tribunal inferior sugirió que el hábeas corpus podría plantearse tras seis meses de detención preventiva. Vargas Vega imputa error al TPI por supuestamente tratar el derecho a la vista preliminar en 30 días como menos importante que el derecho a juicio en seis meses. Argumenta que el derecho a la vista preliminar en el término establecido no debe ser ignorado o violado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de incumplimiento de contrato. Armando Collado Rivera demandó a la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (CSMPR) por la compensación de daños a su propiedad tras el huracán María. CSMPR solicitó sentencia sumaria, argumentando que el demandante finiquitó su reclamación al cobrar un cheque por $2,300.00 que especificaba ser el pago total y final. El demandante se opuso, alegando que las circunstancias en que recibió y cobró el cheque, incluyendo supuesta presión y falta de orientación, impedían considerarlo un finiquito válido. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria, determinando que aún existían hechos materiales en controversia respecto a la transacción. CSMPR recurrió esta decisión mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expide el auto discrecional para revisar la determinación. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirma la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de sentencia sumaria.

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Un Consejo de Titulares demandó a su aseguradora, MAPFRE, por la gestión de una reclamación de daños a la propiedad tras un huracán. El Consejo estimó sus daños en cerca de $1.99 millones, mientras MAPFRE ofreció $212,095.58, argumentando que partidas reclamadas no estaban relacionadas con el evento. El Consejo aceptó la oferta como pago parcial, reservando su derecho a reclamar el total. MAPFRE sostuvo que la reclamación enmendada seguía bajo evaluación y que había cumplido con sus obligaciones. El Consejo presentó una moción judicial, alegando que MAPFRE había reconocido daños por $577,622.54$ en un estimado posterior sin formalizar el ajuste ni ofrecer pago. Argumentó que las sumas reconocidas son deuda líquida de pago inmediato. Solicitó al tribunal ordenar a MAPFRE finalizar el ajuste en 10 días usando los estimados de ambas partes y pagar la suma resultante de inmediato.

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Martin Smith apeló la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra FHR ESJ Operations LLC. Smith alegó haber sido objeto de discrimen, represalias y despido injustificado tras ser cesanteado de su puesto como Gerente General del Hotel San Juan. Argumentó que la apelada, como patrono sucesor, modificó ilegalmente sus condiciones de empleo y lo presionó a firmar un contrato a término. Sostuvo que su despido fue injustificado bajo la Ley 80 y que la compensación recibida fue insuficiente. Además, alegó haber sido objeto de expresiones discriminatorias por su nacionalidad británica y origen, conforme a la Ley 100. Denunció represalias por reportar manejos incorrectos y cuestionar los cambios en sus condiciones laborales, amparado en la Ley 115. Smith solicitó cuantiosas compensaciones económicas y/o la restitución de su empleo. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, que se basaba en la Ley 2 de 1961 y estatutos relacionados. El panel judicial confirmó la sentencia sumaria apelada, validando la desestimación de la demanda en la instancia inferior.

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Un empleado demandó a su antiguo empleador por despido injustificado bajo la Ley 80, reclamando que fue cesanteado sin justa causa tras 19 años de servicio y solicitando una mesada. El empleador contestó la demanda alegando que el despido fue justificado debido a que el empleado incumplió las normas de seguridad de la compañía. Específicamente, el empleador sostuvo que el empleado descargó e instaló un programa no autorizado de un portal bloqueado, evadiendo requisitos de licencia e introduciendo un programa maligno. Estas acciones, según el empleador, pusieron en riesgo la red informática interna, justificando la terminación dada la posición y responsabilidades del empleado. Posteriormente, el empleador presentó una Moción de Sentencia Sumaria, a la cual el empleado se opuso. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista argumentativa, evaluó la prueba y formuló determinaciones de hechos. Estas determinaciones iniciales detallan la naturaleza de la empresa, la fecha de inicio del empleado, su última posición como Process Control Engineer III, y sus responsabilidades relacionadas con la seguridad y cumplimiento de sistemas. El caso se centra en determinar si las acciones del empleado constituyeron justa causa para el despido.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió un dictamen en respuesta a una apelación presentada por René Pinto Lugo y Myrna López González. Los apelantes impugnaron la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que desestimó su demanda. La demanda original se presentó contra Ivonne Álvarez Vélez y Ada M. Conde Vidal por ruidos excesivos provenientes de sus seis perros en un condominio. Los demandantes buscaban interdictos para la remoción de los perros y el cese del ruido, además de compensación por daños y perjuicios. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso alegando inactividad procesal de los demandantes por más de seis meses. Los apelantes argumentaron que la desestimación fue errónea. Tras revisar el historial del caso, incluyendo los intentos de resolución y la paralización por remoción a foro federal, el Tribunal de Apelaciones determinó que la desestimación no procedía. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución en reconsideración emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La recurrente, Jazmari Ruiz Torres, impugna la determinación del DACo en un caso de querella por incumplimiento de contrato relacionado con la compraventa de un vehículo de motor. Inicialmente, un juez administrativo del DACo declaró ha lugar la querella a favor de la consumidora. Tras una solicitud de reconsideración de la parte recurrida, una ayudante especial del Secretario del DACo modificó parcialmente la resolución original. La recurrente acude a esta instancia judicial para cuestionar dicha determinación en reconsideración. Un recurso anterior fue desestimado por notificación defectuosa, procediendo este nuevo recurso tras la re-notificación. El tribunal examina el expediente para adjudicar el recurso de revisión judicial. El documento comienza discutiendo el derecho aplicable sobre el debido proceso de ley en procedimientos administrativos y los requisitos de notificación.