Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 124)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por Alina Vicente López. La peticionaria impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso sobre injunction por alegada invasión de terreno. El TPI determinó que la peticionaria no estaba capacitada para representarse por derecho propio y le ordenó comparecer mediante abogado. Inicialmente se le concedieron 30 días para gestionar representación legal, plazo que luego fue extendido por otros 30 días mediante la orden recurrida. La peticionaria presentó el certiorari por derecho propio solicitando la revisión de esta orden. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI de extender el término para obtener representación legal. Se explica la naturaleza discrecional del auto de certiorari y los criterios para su expedición. El Tribunal de Apelaciones declinó intervenir con la referida decisión del TPI.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una revisión administrativa. El recurrente, Mario Burgos Otero, impugna una resolución de la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Caguas. Dicha resolución autorizó a Templo Iglesia Cristiana Bet-el un uso por excepción para un centro de servicios religiosos en una propiedad con zonificación Residencial Intermedio (R-I). También se autorizó una variación en el parámetro de construcción de patio lateral. El recurrente, vecino de la propiedad, se opuso al permiso, planteando que el solicitante carecía de legitimación activa por no ser el dueño ni estar autorizado. La Oficina de Permisos autorizó el uso sin adjudicar el planteamiento de falta de legitimación. El Tribunal de Apelaciones consideró el señalamiento de error sobre la falta de legitimación como único fundamento de la revisión. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal revocó la resolución emitida por la Oficina de Permisos del Municipio de Caguas.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Branda Cruz Díaz. La señora Cruz Díaz solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de recusación de la Examinadora de Pensiones. Alegó que la Examinadora tuvo comunicación ex parte con la abogada de su expareja, Manuel A. Prats Vega, y mostró parcialidad a su favor. El caso se enmarca en un historial litigioso entre las partes sobre custodia, pensión alimentaria y otros asuntos relacionados con sus hijos menores. La peticionaria sostuvo que la conducta de la Examinadora perjudicaba el bienestar de una menor y la recepción de pensión suplementaria. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos presentados por la peticionaria. Haciendo uso de su facultad discrecional, el Tribunal decidió no expedir el auto de certiorari. Por tanto, se denegó la solicitud de la señora Cruz Díaz.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Luis A. Rodríguez Rodríguez contra Mapfre Pan American Insurance Company. La apelación impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda de Rodríguez por incumplimiento de contrato de seguro tras el Huracán María. El Tribunal de Primera Instancia concedió una sentencia sumaria a favor de Mapfre, basándose en la defensa de pago en finiquito. Consideró que el endoso y cobro de un cheque por el demandante constituyó una transacción que extinguió la reclamación. El apelante argumentó múltiples errores, incluyendo que Mapfre renunció a la defensa, que la doctrina no aplicaba a este caso, y que existían controversias de hechos materiales. Tras revisar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones determinó que la Sentencia apelada debía ser revocada. Esto significa que la desestimación basada en el pago en finiquito fue incorrecta según el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una petición de certiorari presentada por José A. Torres Figueroa. El peticionario solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para suprimir evidencia, específicamente una confesión. Los hechos que originan el caso ocurrieron el 29 de agosto de 2018 en Aibonito. El peticionario enfrenta cuatro denuncias por violación de los Artículos 93(A) y 285 del Código Penal y 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. Las imputaciones incluyen asesinato en primer grado de José A. Torres Davila, portación y uso ilegal de arma de fuego, disparar un arma, e intentar destruir pruebas. Tras la vista preliminar, se determinó causa probable para acusar en todos los delitos. La defensa presentó la moción de supresión de la confesión, la cual fue declarada No Ha Lugar por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver el recurso tras examinar las comparecencias y la transcripción de la prueba.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión administrativa de la Oficina de Apelaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Los recurrentes, Ariel Alicea Rodríguez y Lourdes Z. Coll Pérez, empleados de carrera de la AAA como Supervisores de Servicio al Cliente, impugnaron la denegatoria de sus reclamaciones salariales. Alegaron que no recibían igual paga por igual trabajo en comparación con otros supervisores de la misma clasificación con experiencia similar o menor. Específicamente, compararon sus salarios con el de otra supervisora que devengaba una paga por hora significativamente mayor. Los recurrentes habían presentado sus reclamaciones ante el Directorado de Recursos Humanos de la AAA, las cuales fueron evaluadas y denegadas. Posteriormente, apelaron estas decisiones ante la OA-AAA, que declaró no ha lugar sus recursos y la solicitud de reconsideración. Mediante recurso de revisión judicial, solicitaron al Tribunal de Apelaciones revisar dichas resoluciones. Tras el análisis, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida emitida por la OA-AAA.

Resumen:

Comparece el Municipio Autónomo de Guaynabo ante el Tribunal de Apelaciones mediante petición de certiorari. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Solicitud de Sentencia Sumaria. El caso principal es una demanda de daños y perjuicios incoada por Nayomi Ivelisse Vázquez Berrios. La demandante alega haber sufrido una caída en una acera de Guaynabo al pisar una tapa metálica que colapsó. Atribuye responsabilidad al Municipio por el mantenimiento de la acera y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por la tapa. Tanto el Municipio como la AAA negaron responsabilidad, alegando culpa de la demandante o de terceros. El Municipio presentó una demanda contra coparte contra la AAA, y la AAA reconvino contra el Municipio, imputándose mutuamente la responsabilidad. La controversia en apelación se centra en la decisión del TPI de no conceder la sentencia sumaria solicitada por el Municipio.

Resumen:

Este documento aborda la revisión judicial presentada por Jonathan Sierra De Jesús contra una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnó la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento que lo reclasificó a nivel de custodia máxima. Su historial de custodia había variado previamente entre mínima, mediana y máxima. La reclasificación a custodia máxima se fundamentó en múltiples positivos a sustancias controladas y pobres ajustes institucionales. Aunque una escala de puntuación sugería custodia mínima, se aplicaron modificaciones discrecionales por desobediencia a las normas. El recurrente solicitó reconsideración ante el Comité, la cual fue denegada. Posteriormente, presentó el recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal aceptó la litigación en forma pauperis. Sin embargo, el recurso fue desestimado. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción por presentación prematura del recurso.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Bienvenido Martínez Cortés. El peticionario solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo que denegó su "Moción al Amparo de la Regla 185 R.P.C.". Martínez Cortés fue sentenciado en 2007 a 101 años de prisión por asesinato en primer grado y posesión de arma, producto de una alegación de culpabilidad. Previamente, ha presentado múltiples mociones post-sentencia (Regla 192.1 y Regla 185) impugnando su convicción y pena, alegando representación legal inadecuada, coacción y errores en la sentencia. En su más reciente moción bajo la Regla 185, argumentó que el acuerdo de alegación no reflejó correctamente la reclasificación del delito y que los hechos correspondían a un asesinato atenuado. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar esta solicitud. El Tribunal de Apelaciones procede a disponer del recurso de certiorari sin requerir trámites adicionales. La resolución aborda el intento más reciente del peticionario de revisar su sentencia de 2007.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. Candel Coop. demandó a Leslie Román Jiménez por una deuda basada en un pagaré. La apelación se centra en la cuantía de los honorarios de abogado otorgados por el foro primario. El pagaré estipulaba un 33% de la deuda para costas y honorarios, pero el Tribunal de Primera Instancia concedió solo $300. Candel Coop. argumentó que el tribunal debió respetar lo pactado contractualmente. El Tribunal de Apelaciones analizó los principios de derecho contractual, como la libertad de contratación y la fuerza obligatoria de los pactos. Concluyó que lo acordado entre las partes sobre los honorarios de abogado debía prevalecer. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia apelada en cuanto a los honorarios y, así modificada, la confirmó.

Resumen:

Este es un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Universal Insurance Company contra Ortiz Optometric Care (OOC). Universal solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que declaró No Ha Lugar su moción de Sentencia Sumaria. OOC demandó a Universal por incumplimiento de contrato, reclamando el pago por interrupción de negocio y daños a la propiedad de su oficina en Ponce tras el huracán María. Universal negó la cubierta, alegando que los daños no fueron consecuencia directa del huracán o estaban excluidos por la póliza. OOC se opuso a la sentencia sumaria, argumentando que la causa específica de la interrupción del negocio y los daños estaba en controversia y requería desfile de prueba. OOC sostuvo que filtraciones de agua por daños en el techo del edificio causaron el cierre, disputando la base de Universal para denegar la cubierta sumariamente. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. La corte modificó la Resolución recurrida del foro primario. Finalmente, la Resolución fue confirmada según modificada por el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de revisión judicial. El recurrente, un confinado, impugna una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Dicha decisión administrativa le denegó la elegibilidad para obtener bonificaciones por estudios, trabajo, buena conducta o asiduidad. Tras solicitar y serle denegada la reconsideración administrativa, el recurrente presentó el recurso de revisión judicial ante este foro. El tribunal procede a examinar su jurisdicción para revisar la determinación administrativa. Se citan las leyes y reglas que rigen la revisión judicial de decisiones de agencias administrativas, incluyendo los términos jurisdiccionales de treinta días para la revisión y veinte días para la reconsideración. Se destaca que la presentación oportuna de una solicitud de reconsideración interrumpe el término para solicitar la revisión judicial. El tribunal ha decidido prescindir de la comparecencia de la parte recurrida para lograr un despacho más eficiente del caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una resolución en respuesta a una solicitud de certiorari presentada por la señora Mariline de Jesús García. La peticionaria busca la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero iniciado por PR Recovery and Development JV, LLC. El pleito original se fundamenta en un pagaré adquirido por PR Recovery. La controversia apelada se centra en la anotación de rebeldía contra la señora de Jesús García. Dicha anotación ocurrió luego de que la demandada no presentara su contestación a la demanda dentro del término final otorgado, optando en su lugar por enviar peticiones de descubrimiento. El Tribunal de Primera Instancia denegó posteriormente la solicitud de la señora de Jesús García para ser relevada de la anotación de rebeldía. La peticionaria alegó ante el foro apelativo que esta denegatoria infringió su derecho al debido proceso y a la obtención de prueba esencial para su defensa. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Joel A. Colón Rosario. El peticionario impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito en su caso criminal por agresión grave atenuada. La controversia central gira en torno a la instrucción del foro primario al jurado, que exige unanimidad (12-0) tanto para veredictos de culpabilidad como de no culpabilidad. El Sr. Colón Rosario objetó esta instrucción, alegando que es contraria a la Constitución y a la jurisprudencia, particularmente tras el caso *Ramos v. Louisiana*. El Tribunal de Primera Instancia mantuvo la instrucción, basándose en una decisión previa de un panel apelativo que requirió unanimidad para absolver. El peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión y la paralización del juicio. El Tribunal de Apelaciones aceptó el recurso, ordenó la paralización de los procedimientos y solicitó la comparecencia del Procurador General. El documento detalla los antecedentes procesales y el marco constitucional del derecho a juicio por jurado.

Resumen:

Se trata de una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de daños y perjuicios. La desestimación se fundamentó en el emplazamiento tardío del demandado, Ingeniero Samuel Montañez Díaz. Los demandantes presentaron la demanda y solicitaron emplazamientos en diciembre de 2019, pero con formularios incompletos. El tribunal ordenó la expedición y requirió la presentación de los formularios completos en marzo de 2020. La paralización de términos judiciales por la pandemia de COVID-19 extendió los plazos hasta el 15 de julio de 2020. Los demandantes finalmente presentaron los formularios y obtuvieron la expedición de los emplazamientos el 23 de julio de 2020. El emplazamiento al Ingeniero Montañez se diligenció el 1 de septiembre de 2020. El demandado solicitó la desestimación alegando que el emplazamiento excedió el término legal, incluso considerando la extensión por la pandemia. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el término para emplazar, extendido hasta el 29 de agosto de 2020, había vencido al momento del diligenciamiento. El Tribunal de Apelaciones revisa esta determinación, modificando y confirmando el dictamen apelado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre un recurso de certiorari instado por Mapfre Pan American Insurance Company. Mapfre impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria y desestimación en un caso de incumplimiento de contrato. El caso subyacente involucra a Joel Salomé Ortiz y Mavet Santos como parte recurrida. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición de certiorari y la oposición presentada. La intervención de este foro apelativo en decisiones discrecionales del tribunal primario es limitada. Se requiere demostrar un craso abuso de discreción o error sustancial para justificar la intervención. El Tribunal concluyó que Mapfre no logró persuadir que el foro primario cometiera un error que justificara la intervención en esta etapa. Por lo tanto, se denegó la expedición del auto de certiorari. Un voto de conformidad concurrió con la denegación, señalando que la defensa de pago en finiquito presentada por Mapfre no puede prevalecer para disposición sumaria, al no haber orientado adecuadamente a los asegurados sobre las consecuencias y finalidad del pago.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por MAPFRE Pan American Insurance Company. El recurso proviene de un caso en el Tribunal de Primera Instancia de Humacao sobre incumplimiento de contrato de seguro y daños relacionados con el Huracán María. La demandante, Migdalia Pérez Massas, reclamó daños bajo el Código Civil y la Ley 247-2018. MAPFRE presentó una moción de desestimación argumentando que la Ley 247-2018 es prospectiva y no aplica a los hechos, o alternativamente, que las causas de acción bajo dicha ley no pueden acumularse con las de incumplimiento contractual. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de desestimación y una posterior solicitud de reconsideración. Inconforme, MAPFRE acude al Tribunal de Apelaciones señalando como errores la no desestimación de las causas de acción bajo la Ley 247-2018 por su carácter prospectivo y la acumulación indebida de dichas causas con la de incumplimiento de contrato. El documento detalla los antecedentes fácticos y procesales que llevaron a este recurso apelativo.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Chubb Insurance Company contra una Orden Protectora emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Carolina. El caso original involucra al Consejo de Titulares del Condominio Pontezuela y trata sobre incumplimiento de contrato y daños. El Tribunal de Primera Instancia concedió una Orden Protectora a favor del Consejo de Titulares el 25 de marzo de 2021, formalizada y notificada posteriormente. Chubb solicitó reconsideración de dicha orden ante el Tribunal de Primera Instancia el 5 de mayo de 2021. Mientras la moción de reconsideración estaba pendiente de resolución, Chubb radicó este recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el 11 de junio de 2021. El Tribunal de Primera Instancia finalmente denegó las mociones de reconsideración el 30 de junio de 2021. El recurso de Chubb impugna la Orden Protectora, alegando errores del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones señala que el recurso fue radicado contra una resolución que aún no era final, pues las mociones de reconsideración estaban bajo evaluación. La resolución establece el contexto procesal para la decisión del Tribunal de Apelaciones sobre el Certiorari.

Resumen:

El confinado Luis D. Guadalupe González presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la reducción de su sentencia, impuesta por cargos de robo y violencia contra la autoridad pública, al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Este recurso surge tras la denegatoria de su moción más reciente por el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones destaca que el peticionario ha acudido a este foro en múltiples ocasiones anteriores por los mismos hechos, presentando mociones bajo la misma regla y recursos de certiorari que fueron denegados. Se reitera que el certiorari es un remedio extraordinario cuya expedición es discrecional para el tribunal apelativo. Tras evaluar la solicitud y el historial procesal, el Tribunal de Apelaciones determinó denegar la expedición del presente recurso de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Alice Carmona Maldonado contra MAPFRE. La apelante demandó a la aseguradora por daños a su propiedad causados por el Huracán María, alegando incumplimiento de contrato y prácticas desleales. Sostuvo que MAPFRE subvaloró los daños y no le ofreció información completa sobre su reclamación. La aseguradora solicitó la desestimación de la demanda bajo la doctrina del pago en finiquito, argumentando que la demandante aceptó y cobró un cheque presentado como pago total y definitivo. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al encontrar que se cumplieron los requisitos del pago en finiquito. Alice Carmona Maldonado apeló esta decisión buscando su revocación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, determinó revocar la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Carlos Torres Rivera contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El señor Torres Rivera apeló una resolución disciplinaria que lo encontró incurso en violaciones al reglamento correccional por agresión, pelea y disturbios. Como resultado, se le impuso una sanción que incluyó la pérdida de privilegios y bonificación por buena conducta. El recurrente solicitó reconsideración, alegando un error en la fecha de los hechos que invalidaría la aplicación del reglamento vigente. Corrección denegó la reconsideración. El señor Torres Rivera acudió al Tribunal de Apelaciones, cuestionando la prueba y la determinación de la agencia. Corrección solicitó la desestimación del recurso por motivos procesales, pero presentó el expediente administrativo. El Tribunal procedió a revisar el expediente. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari instada por Mapfre Pan American Insurance Company. Mapfre impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, que declaró sin lugar sus solicitudes de sentencia sumaria y desestimación. El caso subyacente trata sobre reclamaciones de incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, y mala fe contra Mapfre. El tribunal apelativo revisó la petición y la oposición presentada por la parte recurrida. Concluyó que no se demostró que el foro primario hubiese cometido error alguno que justificara la intervención en esta etapa de los procedimientos. El estándar para intervenir con la discreción del tribunal de primera instancia es alto, requiriendo un craso abuso o error legal que cause perjuicio sustancial. Al no persuadirse de tal error, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Un voto de conformidad concurrió con la denegación, señalando que la defensa de pago en finiquito presentada por Mapfre era insuficiente según la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre una revisión administrativa presentada por Roderick Romero Betancourt contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, una persona confinada, impugnó una resolución disciplinaria del DCR. La acción disciplinaria se originó tras un motín en el que el señor Romero estuvo presente. Inicialmente, se le imputaron múltiples violaciones al reglamento disciplinario. Tras una vista administrativa, el DCR lo encontró incurso únicamente en la violación del Código 132 (incitación u organización de revuelta o motín), desestimando las demás imputaciones. El recurrente solicitó reconsideración, alegando falta de evidencia específica para la violación del Código 132, pero el DCR denegó su petición. Posteriormente, presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones, señalando errores en la determinación del DCR. El Tribunal revisó el proceso administrativo y la decisión recurrida. Finalmente, el Tribunal confirmó la Resolución del DCR.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la clasificación de custodia de un confinado. José L. Nieves Torres recurrió la determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) del 30 de octubre de 2020 que ratificó su nivel de custodia máxima. El recurrente alegó varios errores en el proceso de evaluación del CCT. El Departamento de Corrección y Rehabilitación solicitó la desestimación del recurso. Argumentó que el caso se tornó académico porque el CCT realizó una nueva evaluación el 29 de abril de 2021. En esta nueva evaluación, el CCT volvió a ratificar el nivel de custodia máxima del confinado. El tribunal analizó la doctrina de academicidad, que aplica cuando cambios en los hechos o el derecho hacen que una controversia deje de existir. Concluyó que la reevaluación posterior por parte del CCT hizo que la impugnación de la determinación original fuera académica. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial por academicidad.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión administrativa solicitada por un confinado. El recurrente, Enrique Torres David, cuestiona el cálculo de sus bonificaciones por buena conducta realizado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Alega que tiene derecho a recibir créditos por el término total de su sentencia, no solo por el tiempo cumplido en prisión. El Departamento denegó su solicitud, indicando que las bonificaciones se aplican únicamente al tiempo que el confinado ha permanecido privado de su libertad, conforme a su Plan de Reorganización. Tras agotar los remedios administrativos, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que la decisión administrativa carecía de justificación y era arbitraria. El tribunal examina la controversia bajo la norma de deferencia a las agencias administrativas, evaluando si la decisión del Departamento fue razonable y legal. La disputa central gira en torno a la interpretación de la ley y el reglamento sobre la aplicación de los créditos por buena conducta al tiempo de sentencia.

Resumen:

Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de certiorari presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Ávila contra Triple-S Propiedad Inc. El caso principal es una demanda por daños y perjuicios y incumplimiento de contrato relacionada con los daños sufridos por el Condominio a causa del Huracán María. El Condominio alegó que Triple-S actuó de mala fe y se negó a pagar los daños cubiertos por la póliza. Triple-S negó las alegaciones y disputó la extensión de los daños. La controversia ante el Tribunal de Apelaciones surgió de una disputa en la etapa de descubrimiento de prueba. Triple-S solicitó una orden protectora, argumentando que ciertas solicitudes de información del Condominio eran impertinentes o confidenciales. El Tribunal de Primera Instancia concedió parcialmente la orden protectora, declarando impertinentes varios interrogatorios y requerimientos de documentos. El Condominio recurrió esta decisión mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y procedió a modificar la orden recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación de Christian Gabriel Henríquez Cruz. El apelante recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Dicha sentencia lo declaró culpable por infringir el Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54 de Violencia Doméstica. El TPI le impuso una pena de tres años de cárcel bajo el régimen de libertad a prueba. El apelante alegó que el TPI erró al declararlo culpable por falta de prueba suficiente más allá de duda razonable. Sostuvo que el testimonio de la víctima era mendaz y motivado por intereses personales. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La demandante reclamó indemnización por una caída en una acera, demandando al Municipio de San Juan. El Municipio, junto a su aseguradora, argumentó que la acera estaba bajo la jurisdicción del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), no suya. Basado en esta alegación de falta de jurisdicción, el Municipio presentó una moción de sentencia sumaria. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria, declarándola sin lugar por haber sido presentada fuera de término. Inconforme, el Municipio recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones revocó la orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró sin lugar la moción de sentencia sumaria por tardía.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Certiorari presentada por Thomas Otto. El peticionario impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, en un caso por violación al Artículo 199(b) del Código Penal (daño agravado). Otto, quien se encuentra sumariado, alega que el TPI erró al aplazar el inicio de su juicio, originalmente pautado para el 16 de julio de 2021, hasta el 9 de agosto de 2021. Sostiene que dicho aplazamiento, motivado por el receso de la sala, violó los términos de juicio rápido establecidos en la Regla 64(n)(3) de Procedimiento Criminal. La defensa argumentó que los términos vencían el 3 de agosto de 2021, mientras el Ministerio Público alegó que la presentación de una moción bajo la Regla 64(p) interrumpió los términos. El TPI determinó que los términos quedaban interrumpidos hasta el nuevo señalamiento. El Tribunal de Apelaciones procede a disponer del recurso de Certiorari sin seguir ulterior trámite.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. La Sra. Hilda Madera Oliver solicitó la revisión de una sentencia que declaró con lugar una demanda de ejecución de hipoteca presentada por MMG. La demanda de ejecución se dirigió contra el Sr. Ramón A. González Madera y la Sra. Madera Oliver sobre una propiedad. El Sr. González Madera hipotecó la propiedad mientras era titular, tras recibirla por donación de su madre, la Sra. Madera Oliver. Posteriormente, la donación fue anulada judicialmente, revirtiendo la titularidad a la Sra. Madera Oliver. MMG, como tenedor de la hipoteca, instó la ejecución, argumentando la validez del gravamen. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de MMG, ordenando la ejecución. La Sra. Madera Oliver apeló esta decisión. El panel revisó el recurso presentado y lo desestimó por falta de jurisdicción.

Resumen:

Jorge L. Lugo Caraballo, un confinado, solicitó la revisión judicial de una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Impugnó la denegatoria de su solicitud para que se le aplicara retroactivamente la bonificación adicional por buena conducta y asiduidad provista por la Ley Núm. 87-2020. El señor Lugo argumentó que el principio de favorabilidad exigía la aplicación retroactiva de dicha ley a su sentencia. El Departamento de Corrección denegó su solicitud administrativa inicial y la posterior reconsideración, indicando que su delito específico, actos lascivos bajo el Artículo 133A, estaba excluido de los beneficios de la Ley 87-2020. Inconforme, el señor Lugo acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Moción de Certiorari. El Tribunal revisó el proceso administrativo y la determinación de la agencia. Finalmente, el Tribunal confirmó la determinación del Departamento de Corrección, validando la denegatoria de la bonificación solicitada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por Triple-S Propiedad. La apelación impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha sentencia parcial fue dictada a favor del Consejo de Titulares del Condominio Mar Chiquita Ocean View en un caso por incumplimiento de contrato de seguros tras el huracán María. El foro primario ordenó a Triple-S pagar \$1,068,582.42, cantidad reconocida por la aseguradora en un ajuste de reclamación, considerándola una deuda líquida y exigible. Triple-S apeló, alegando que la suma era una oferta de pago final rechazada, no una deuda líquida, y que la moción de sentencia sumaria parcial era improcedente. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y el expediente. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo dos recursos consolidados (KLAN202100319 y KLAN202100358). El recurso KLAN202100319 es una apelación de Río Mar Community Association (RMCA) contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia ordenó a RMCA permitir a Rosa M. Betancourt Santiago examinar documentos corporativos, tras demandar acceso como directora bajo la Ley General de Corporaciones. RMCA apeló argumentando que la Sra. Betancourt no era directora y que su propósito no era legítimo. El recurso KLAN202100358, acogido como certiorari, fue presentado por Las Casas de Río Mar Homeowners Association. Este recurso impugnó una orden del foro primario que denegó su solicitud de intervención en el caso. Ambos recursos fueron consolidados por el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia que concedió el acceso a documentos. Asimismo, revocó la Orden que denegó la solicitud de intervención.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve dos recursos consolidados provenientes del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. El recurso KLAN202100319 es una apelación instada por Río Mar Community Association, Inc. contra una sentencia que le ordenó permitir a Rosa M. Betancourt Santiago inspeccionar y copiar documentos corporativos. El recurso KLAN202100358, acogido como certiorari, fue presentado por Las Casas de Río Mar Homeowners Association, Inc. contra una orden que denegó su solicitud de intervención en el mismo caso. La controversia principal en el foro primario versaba sobre el derecho de acceso a información corporativa al amparo de la Ley General de Corporaciones y la procedencia de la intervención de un tercero. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos para su adjudicación conjunta. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar tanto la Sentencia que concedió el acceso a la información como la Orden que denegó la solicitud de intervención.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación presentada por el Municipio Autónomo de Carolina. El Municipio impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró nula una multa impuesta a Omar G. Domínguez Dalmau. La multa fue expedida por un técnico municipal por supuesta operación de negocio sin permisos. El señor Domínguez argumentó que el técnico no tenía facultad legal para emitir boletos y que la notificación del boleto era defectuosa al no informar claramente los requisitos jurisdiccionales para impugnarla. El Tribunal Administrativo Municipal inicialmente archivó la multa, pero luego revocó su decisión por falta de jurisdicción, alegando que el señor Domínguez no notificó a la oficina emisora dentro del término requerido. El señor Domínguez acudió al Tribunal de Primera Instancia en revisión judicial, el cual determinó que la multa era nula. El Municipio apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre Arnaldo Vélez Rodríguez y MAPFRE Pan American Insurance Company. MAPFRE apela una Sentencia Parcial Final del Tribunal de Primera Instancia que declaró "Ha Lugar" una solicitud de sentencia sumaria parcial a favor del señor Vélez Rodríguez. El caso original es una demanda por incumplimiento de contrato y daños contractuales presentada por el señor Vélez Rodríguez contra MAPFRE. El demandante alegó que su propiedad asegurada por MAPFRE sufrió daños por el huracán María y que la aseguradora no ajustó adecuadamente su reclamación. Reclamó daños ascendentes a más de \$200,000 y sostuvo que MAPFRE se negó a cumplir su obligación contractual. El Tribunal de Primera Instancia denegó una moción previa de desestimación/sentencia sumaria presentada por MAPFRE. Posteriormente, el señor Vélez Rodríguez solicitó sentencia sumaria parcial o embargo. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria parcial por la cantidad de \$7,117.63, correspondiente al ajuste inicial de MAPFRE. MAPFRE solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el tribunal de instancia. La aseguradora presentó entonces esta apelación buscando revocar dicha Sentencia Parcial Final. El apelado solicitó la confirmación de la sentencia apelada.

Resumen:

Luis Osvaldo Torres León, un miembro de la población correccional, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente había solicitado su traslado a una institución penal en Estados Unidos por motivos de seguridad y familia, lo cual fue denegado administrativamente. En lugar de impugnar la denegatoria de traslado, el recurrente solicitó al Tribunal que ordenara una investigación sobre el Comité de Traslados y funcionarios relacionados. El Tribunal de Apelaciones tiene competencia para revisar decisiones administrativas finales. Sin embargo, determinó que la solicitud del recurrente no impugnaba una decisión final en sus méritos, sino que pedía una investigación. El Tribunal concluyó que ordenar dicha investigación no está dentro de sus facultades en esta etapa procesal. Indicó que el recurrente debe buscar ese remedio a través de los canales administrativos apropiados. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de revisión judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, Pablo Estévez González, impugna la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento sobre su nivel de custodia. El 7 de mayo de 2021, el Comité evaluó su caso y acordó reclasificar su custodia de Mediana a Máxima. Esta decisión se basó en una querella disciplinaria reciente por posesión de accesorio de teléfono. La aplicación del instrumento de reclasificación arrojó una puntuación de 13, correspondiente a custodia Máxima. También se consideró su extensa sentencia por delitos graves y su historial de incidentes y querellas disciplinarias en prisión. El recurrente apeló esta determinación ante la Oficina de Clasificación del Departamento. Dicha oficina denegó la apelación el 20 de mayo de 2021, confirmando la decisión del Comité. El recurrente acudió entonces al Tribunal de Apelaciones en revisión administrativa. El Tribunal, tras evaluar el recurso, confirma la determinación administrativa recurrida sin trámite ulterior.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impericia médica. Los peticionarios, Anestesia del Caribe, impugnaron una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su solicitud de desestimación de la demanda por prescripción. Los peticionarios alegaron que la causa de acción estaba prescrita, mientras los recurridos sostenían que reclamaciones extrajudiciales habían interrumpido el término. Al presentar la moción de desestimación, los peticionarios incluyeron las cartas de reclamación mencionadas en la demanda. El foro primario denegó la moción, tratándola erróneamente como una solicitud de sentencia sumaria por la inclusión de las cartas. Los peticionarios argumentaron que el tribunal erró, pues el asunto de la interrupción y las cartas ya formaban parte de las alegaciones de la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso mediante certiorari. Concluyó que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error. Por tanto, expidió el auto y revocó la resolución recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100273. La apelación fue presentada por Rosado \& Pérez MGMT., Inc. contra el Consejo de Titulares Villas de Hato Tejas y otros. El recurso impugnó una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio una demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Rosado \& Pérez demandó al Consejo de Titulares alegando que incumplió contratos de administración y mantenimiento al cancelarlos sin la notificación previa de 90 días requerida. Los contratos estipulaban el pago total del término restante en caso de incumplimiento del preaviso. El foro primario había declarado con lugar una solicitud de sentencia sumaria de la parte apelada. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Sentencia de un panel apelativo que resuelve el recurso presentado por la señora Lydia J. Pérez Lugo. La apelante solicitó dejar sin efecto una Sentencia en Rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró Ha Lugar una acción civil de cese y desista e injunction promovida por la Sucesión de José A. Correa Meléndez. La Sucesión alegó ser titular de un apartamento y su estacionamiento asociado (PHD-2) en un condominio, el cual estaba siendo ocupado ilegítimamente por la apelante. Ante la falta de comparecencia de la apelante en el pleito original, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía. El foro primario concluyó que la Sucesión probó su dominio sobre el estacionamiento y que la apelante persistió en su uso indebido a pesar de ser notificada. Por ello, concedió el remedio de cese y desista y ordenó a la apelante pagar honorarios de abogado por temeridad. La apelante recurrió la decisión tras denegarse una moción de reconsideración. El panel apelativo, tras revisar los fundamentos, confirma la sentencia apelada.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico involucra a Wilfredo Santos Vázquez, un confinado que impugna la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación de cambiar su nivel de custodia. El Comité de Clasificación y Tratamiento reclasificó a Santos Vázquez de custodia mínima a máxima. Esta determinación se basó en una querella disciplinaria por posesión de armas o contrabando. El Comité justificó el cambio indicando que la conducta del confinado representaba un riesgo a la seguridad institucional y demostraba falta de control. Utilizando la Escala de Reclasificación de Custodia, Santos Vázquez obtuvo una puntuación que corresponde a custodia máxima. Su solicitud de reconsideración fue denegada por la agencia. El confinado acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de la resolución. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, CONFIRMÓ la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la impugnación de una confiscación vehicular. Universal Insurance Company apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su demanda contra el Estado. El caso se relaciona con la incautación de un vehículo Kia Rio el 19 de marzo de 2015, por su presunto uso en delitos graves. La Orden de Confiscación se emitió el 17 de abril de 2015, notificándose a First Bank y Universal el 6 de mayo de 2015. Universal impugnó la confiscación, alegando su nulidad por incumplimiento del término de notificación y otros fundamentos. El Estado defendió el proceso y cuestionó la legitimación de Universal. Universal solicitó sentencia sumaria basándose en la tardanza de la notificación. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

Este es un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por CODEPOLA. La apelación impugna una Sentencia Parcial del foro primario que desestimó la demanda contra Luis A. Bonnet Vázquez e impuso honorarios de abogado a CODEPOLA. Surgió como controversia principal la falta de notificación de dicha Sentencia Parcial a otro codemandado, Joshua R. Haper Cabrera. El Sr. Bonnet Vázquez solicitó la desestimación de la apelación por no haberse notificado a Haper Cabrera. CODEPOLA admitió la falta de notificación en la apelación, pero argumentó que la sentencia original era defectuosa por no haber sido notificada a Haper Cabrera. El Tribunal de Apelaciones constató que CODEPOLA ya había solicitado al foro primario la nulidad de la sentencia por este mismo motivo. El Tribunal de Primera Instancia denegó la nulidad pero ordenó la re-notificación de la Sentencia Parcial a Haper Cabrera. El tribunal evalúa las consecuencias de este defecto de notificación, subrayando la importancia fundamental de la notificación correcta de las decisiones judiciales para el debido proceso y la validez de los procedimientos subsiguientes.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia. La apelante, Keychairy Marie Rivera Delgado, solicita la revisión de una Sentencia en Reconsideración del Tribunal de Primera Instancia que se declaró sin jurisdicción para atender su solicitud de custodia. El caso involucra a sus tres hijos procreados con el apelado, Julio Rafael Cirino González. La familia se trasladó de Puerto Rico a Texas en febrero de 2019, pero la madre regresó a Puerto Rico con los niños en agosto de 2019, alegando violencia doméstica. El padre inició un proceso de custodia en Texas en septiembre de 2019, mientras la madre presentó su demanda urgente en Puerto Rico en noviembre de 2019. La madre argumentó que Puerto Rico era el domicilio de los menores y el foro apropiado, especialmente dada la situación de violencia. El Tribunal de Primera Instancia determinó que carecía de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, revoca el dictamen apelado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso involucra una querella de Christopher L. Pujols Soto contra Centrocamiones, Inc. y otros, sobre la compraventa de un vehículo de motor usado. El señor Pujols adquirió un vehículo en 2016 que presentó problemas mayores en 2018. Centrocamiones, como concesionario autorizado, realizó una reparación mayor bajo garantía que demoró ocho meses. Al momento de la entrega, la garantía original del vehículo había vencido. Poco después de la reparación, el vehículo volvió a fallar. El señor Pujols presentó una querella ante el DACo solicitando la resolución del contrato y la restitución de pagos. El DACo declaró con lugar la querella, determinando que Centrocamiones incurrió en morosidad por la demora y que la reparación no fue eficaz. Ordenó la resolución del contrato de compraventa y la devolución de las prestaciones pagadas. Centrocamiones apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del DACo.

Resumen:

El Consejo de Titulares del Condominio Bahía Plaza apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda buscaba la nulidad de una asamblea extraordinaria convocada por un grupo de titulares y un interdicto contra estos. El Consejo alegó que la convocatoria y celebración de la asamblea violaron artículos de la Ley de Condominios (Ley 129-2020). Los demandados solicitaron la desestimación argumentando que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) posee jurisdicción primaria y exclusiva sobre estas controversias. Basaron su argumento en el Artículo 65 de la Ley 129-2020, que otorga jurisdicción al DACo para condominios residenciales. También sostuvieron que el Consejo carecía de legitimación activa para impugnar acuerdos de asamblea. El Consejo replicó que su acción era para hacer cumplir la ley y el reglamento, no una impugnación de asamblea por un titular. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de desestimación por falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada, manteniendo la desestimación de la demanda.

Resumen:

Ángel Iván Nieves Fuentes apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella contra Argos Puerto Rico Corp. La querella original alegaba despido injustificado, discrimen por razón de edad y represalias. Nieves, de 52 años, sostuvo que fue despedido sin justa causa, discriminado por su edad y objeto de represalias por denunciar situaciones laborales. Argos defendió el despido como justificado, citando negligencia crasa de Nieves en un incidente específico que causó pérdidas millonarias, además de acciones disciplinarias previas. Argos solicitó sentencia sumaria, argumentando que el despido se basó en una razón legítima y no discriminatoria (bajo rendimiento), y que el empleado que lo reemplazó también estaba en el grupo protegido por edad. Argos también sostuvo que Nieves no demostró haber incurrido en actividad protegida para la reclamación de represalias. Nieves se opuso, alegando que notificó a sus superiores sobre el incidente y que las reclamaciones de discrimen y represalias requerían prueba en juicio. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de Argos. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

La Sra. Ileana Martínez Rosado apeló la Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar la demanda de desahucio en precario instada por el Sr. Julio Toro Díaz. El Sr. Toro Díaz alegó ser propietario de un inmueble ocupado por la Sra. Martínez Rosado sin derecho ni título, impidiéndole su uso. La Sra. Martínez Rosado contestó argumentando que la propiedad era la residencia familiar con el hijo fallecido del demandante y su nieto, planteó haber realizado mejoras y solicitó convertir el caso a procedimiento ordinario. El Tribunal de Primera Instancia separó las reclamaciones de reconvención y alimentos para ser dilucidadas en foros aparte y denegó la conversión a procedimiento ordinario. Posteriormente, el foro primario emitió sentencia ordenando el desalojo de la apelante en diez días. La apelante recurrió ante el Tribunal de Apelaciones impugnando dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el desahucio.

Resumen:

El Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico recurre ante el Tribunal de Apelaciones para revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia confirmó un laudo arbitral que declaró arbitrable una querella presentada por la Unidad Laboral de Enfermeras(os) y Empleados de la Salud (ULEES) en representación de una empleada. El Hospital se opuso a la arbitrabilidad, argumentando que no existía un convenio colectivo vigente al momento de los hechos que dieron lugar a la querella. La árbitro determinó que la querella era sustantivamente arbitrable, al entender que el procedimiento de quejas y agravios seguía vigente tras la implantación de la oferta final del Hospital. El Tribunal de Primera Instancia confirmó la decisión de la árbitro, concluyendo que no incurrió en abuso de discreción. El Hospital apela esta determinación, señalando que el TPI erró al no resolver conforme a derecho, no fundamentar la jurisdicción de la árbitro y omitir documentos esenciales.