Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 123)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia de cobro de dinero entre Elizabeth Plaza Rodríguez (apelada) y Manuel H. Hernández Soto (apelante). El apelante recurre de una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia ordenó al Sr. Hernández pagar a la Sra. Plaza la suma de $229,000 más costas. La demanda original reclamaba $150,000 por un préstamo a un negocio del Sr. Hernández. La demanda fue enmendada para incluir $79,000 adicionales tomados de una cuenta conjunta, elevando el reclamo a $229,000. El Sr. Hernández argumentó que la reclamación estaba resuelta por su divorcio, que el préstamo era mercantil y prescrito, y cuestionó los fondos de la cuenta conjunta. La Sra. Plaza sostuvo que el divorcio solo liquidó bienes gananciales y que el préstamo era personal. El apelante alegó errores del foro primario al dictar sentencia sumaria existiendo controversias de hecho y por la cuantía concedida. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirma la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari presentada por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La CEE impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió una solicitud de acceso a información pública. Oscar J. Serrano había solicitado una lista de empleados destacados en la CEE durante 2020, incluyendo sus nombres y otros datos. Serrano fundamentó su petición en el derecho constitucional de acceso a la información pública y la Ley 141-2019. La CEE proveyó la información parcialmente, reteniendo los nombres de los empleados bajo alegada confidencialidad de expedientes de personal. Serrano sostuvo que los nombres de empleados destacados son información pública y no confidencial. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la CEE divulgar la información completa. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por la CEE. Esta decisión confirma la orden del tribunal primario. En consecuencia, la CEE debe proveer la lista de empleados destacados con los datos solicitados, incluyendo sus nombres.

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Edmanuel Guerra Guzmán, miembro de la población correccional, solicitó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) acceso a programas de reinserción comunitaria y desvío. Cumpliendo una sentencia por agresión sexual y actos lascivos, Guerra Guzmán destacó su progreso, estudios, trabajo y apoyo familiar. Pidió beneficiarse de privilegios como pases extendidos, supervisión electrónica o programas de desvío comunitario. El DCR le informó que su solicitud para el Programa de Re-inserción Comunitaria estaba en trámite. Sin embargo, le recordó que en 2018 se le denegó la elegibilidad para otros programas como Hogares Creas, Programa Religioso y Pase Extendido con Monitoreo Electrónico. Esta denegación se basó en el incumplimiento de los criterios de elegibilidad del Artículo 16(a) del Plan de Reorganización del DCR de 2011. Guerra Guzmán solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el DCR fundamentándose en el Artículo 16(a)(1) del mismo Plan. Inconforme, el recurrente presentó una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Argumentó que el DCR erró al basar la denegación en casos no relacionados con su sentencia actual y al no ofrecer alternativas. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la decisión administrativa del DCR.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en los casos consolidados KLAN202000817 y KLCE202100048. Quality Health Services of Puerto Rico, Inc. (QHS) apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. La controversia principal versa sobre el derecho de avalúo y cobro de dinero reclamado por accionistas minoritarios de QHS tras una fusión corporativa en 2008. Estos accionistas no consintieron la fusión y exigieron el justo valor de sus acciones. QHS había valorado inicialmente las acciones a su valor nominal de \$10.00 sin un estudio formal de avalúo. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de los accionistas minoritarios. Dicho tribunal determinó que el justo valor de las acciones al momento de la fusión era de \$35.50. Además, concedió honorarios de abogado, costas y gastos periciales a los accionistas prevalecientes. QHS apeló tanto la sentencia principal sobre el avalúo como la resolución post-sentencia sobre costas y honorarios.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la Sra. Charlene Greene Rodríguez para solicitar la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su petición para que el tribunal asumiera jurisdicción sobre un caso administrativo pendiente ante la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación desde 2015. El Tribunal de Primera Instancia se declaró sin jurisdicción por estar el caso activo en la agencia. En apelación, el Departamento de Educación argumentó que el tribunal inferior nunca adquirió jurisdicción sobre ellos debido a la falta de emplazamiento adecuado. El Tribunal de Apelaciones examinó la importancia del emplazamiento como mecanismo para adquirir jurisdicción sobre el demandado. Confirmó la sentencia desestimatoria del Tribunal de Primera Instancia. No obstante, basó su decisión en el fundamento de la falta de emplazamiento, no en la razón original del tribunal inferior. Se enfatiza que el emplazamiento diligenciado conforme a derecho es un principio esencial del debido proceso.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Triple-S Salud, Inc. y Triple-S Management Corporation solicitando dejar sin efecto una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha Resolución, emitida el 15 de abril de 2021, ordenó a los peticionarios contestar un segundo pliego de interrogatorios presentado por la parte demandante, Emily Ruiz de Porras, et al. La acción civil original fue incoada por los demandantes como herederos de un accionista, reclamando la emisión de acciones o su valor y dividendos. Luego de trámites procesales y una controversia previa sobre un primer pliego, los demandantes presentaron un segundo pliego de interrogatorios, requerimiento de documentos y admisiones. En este segundo pliego, solicitaron, entre otros asuntos, que los peticionarios admitieran la existencia de accionistas por herencia que no eran médicos ni dentistas. Ante la alegada falta de respuesta, los demandantes solicitaron al foro primario compeler el descubrimiento. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud y ordenó contestar el pliego. Los peticionarios recurrieron en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra esta orden. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Oriental Bank demandó a Synergy Investment Group, Inc., High End Solutions Group, Inc. y a Félix Demuel Morales Roca por el impago de un pagaré. Oriental Bank alegó que el préstamo estaba garantizado personalmente por el Sr. Morales Roca. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Oriental Bank, declarando al Sr. Morales Roca solidariamente responsable con las corporaciones. El Sr. Morales Roca apeló esta decisión. Su argumento principal es que firmó el documento de garantía únicamente como presidente de las corporaciones, no a título personal. Sostiene que el tribunal primario erró al concluir que existía una garantía personal y al dictar sentencia sumaria habiendo una controversia de hechos sobre la capacidad en que firmó. La apelación busca revocar la sentencia que lo declara personalmente responsable.

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Elías Iván Martínez Rivera apeló una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo que denegó su solicitud para aplicar retroactivamente una ley penal más benigna. El Tribunal de Apelaciones, aunque el recurso fue erróneamente titulado como apelación, lo atendió como una petición de certiorari por tratarse de una determinación interlocutoria. El Apelante alegó un error pero no expuso ni discutió los fundamentos para revocar el dictamen del foro primario. La resolución recurrida se basó en el Artículo 303 del Código Penal de 2012, que reserva la aplicación de leyes anteriores a la conducta realizada bajo su vigencia. A pesar de presentar un alegato posterior, el Apelante continuó tramitando el recurso como una apelación criminal, incumpliendo los requisitos del certiorari. Ante las deficiencias procesales y la falta de argumentación adecuada, el Tribunal de Apelaciones procedió a desestimar el recurso.

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La Clínica Médica Conductual, Inc. solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una Resolución y Orden de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo. La OMA había declarado con lugar una querella por despido injustificado presentada por la Sra. Luz D. Pluguez Torres bajo la Ley Núm. 80. La decisión de la OMA se basó en la rebeldía de Clínica Médica por no comparecer a la vista administrativa. La OMA ordenó a Clínica Médica compensar a la Sra. Pluguez con \$15,571.15. Clínica Médica presentó una moción de reconsideración que la OMA no atendió. El recurso de revisión judicial de Clínica Médica argumentó que la OMA erró al no considerar la reconsideración y no levantar la rebeldía. El Tribunal de Apelaciones revisó el proceso y el marco legal aplicable a la revisión judicial de decisiones administrativas. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución y Orden emitida por la OMA.

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La Universidad de Puerto Rico (UPR) compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicitó la revisión de dos determinaciones del Tribunal de Primera Instancia emitidas en diciembre de 2020. El foro primario denegó la solicitud de la UPR para convertir un procedimiento de reclamación laboral a uno ordinario, su petición de desestimación y una prórroga. Además, el Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la moción del recurrido, Pedro Juan Rivera Torres, para anotar la rebeldía contra la UPR. La UPR argumentó que el procedimiento sumario bajo la Ley Núm. 2-1961 y otras leyes laborales no le aplican por no ser un patrono privado. El recurrido sostuvo que la UPR opera como negocio privado y que la moción de la UPR fue presentada fuera de término. El Tribunal de Primera Instancia adoptó los fundamentos del recurrido al denegar las solicitudes de la UPR y declarar la rebeldía. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, resolvió denegar el auto solicitado. Esta decisión confirma las determinaciones del foro primario en contra de la UPR.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución del DACO. Se consolidaron recursos de revisión judicial presentados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Global Auto Group, Corp. Ambas partes impugnan la resolución del DACO que declaró Ha Lugar la querella de la señora Jazzlyn Otero Román. El DACO decretó la nulidad del contrato de compraventa de un vehículo de motor suscrito entre la señora Otero Román y Global Auto. La controversia surgió cuando la consumidora descubrió que el vehículo usado que adquirió había sido declarado pérdida total en 2017. Un reporte de Carfax reveló daños significativos y la pérdida de la garantía del fabricante. La consumidora testificó que Global Auto nunca le informó sobre el historial de accidente y reparación del vehículo. De haber conocido esta información, no habría realizado la compra. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver el recurso consolidado.

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Este documento es una Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso de revisión judicial fue presentado por Camilo Alvarado Maldonado en interés de la entidad Good Ideas Group, Inc. y/o Great Ideas Group Holdings, Inc. Dicho recurso buscaba la revisión de una Resolución y orden dictada por la Oficina de Mediación y Adjudicación del Gobierno de Puerto Rico. El Tribunal determinó desestimar el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso. Se enfatizó que los tribunales son celosos guardianes de su poder jurisdiccional y que la falta de jurisdicción no es subsanable. El Tribunal actuó a iniciativa propia, conforme a su Reglamento, específicamente la Regla 83, que permite la desestimación por falta de jurisdicción. Se hizo referencia a los requisitos aplicables al cuerpo de un recurso de revisión judicial según la Regla 59.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre la revisión administrativa de una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La recurrente, Omayra Torres Sánchez, impugnó la determinación de mantener su nivel de custodia mediana. El Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) había ratificado su custodia mediana a pesar de su buen ajuste institucional. El CCT explicó que, aunque la escala de reclasificación arrojó una puntuación para custodia mínima, una modificación no discrecional en el manual de clasificación exige custodia mediana para confinados con más de 15 años restantes antes de la fecha máxima de libertad bajo palabra. La Sra. Torres cumple una sentencia de 129 años por delitos graves. Ella solicitó al Tribunal de Apelaciones que la reclasificara a custodia mínima. El Tribunal revisó el proceso de clasificación del Departamento, que utiliza un formulario empírico pero permite modificaciones. El Tribunal concluyó que la aplicación de la regla de modificación por parte del Departamento fue correcta según su propio manual. Por lo tanto, el Tribunal confirmó la decisión del CCT de ratificar la custodia mediana de la Sra. Torres.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones que atiende recursos de revisión judicial consolidados presentados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Global Auto Group, Corp. Ambas partes impugnan una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) emitida el 19 de mayo de 2021. Mediante dicha resolución, el DACO declaró Ha Lugar una querella presentada por la señora Jazzlyn Otero Román. La querella se originó tras la compra de un vehículo usado a Global Auto, financiado por la Cooperativa. La señora Otero Román descubrió posteriormente que el vehículo había sido declarado pérdida total en 2017 debido a daños significativos y había perdido su garantía de fabricante. El DACO determinó que la compradora no fue informada de este historial al momento de la venta. En consecuencia, el DACO decretó la nulidad del contrato de compraventa del vehículo. Los recursos de revisión buscan la revocación de esta determinación administrativa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari sobre alimentos entre parientes. Jesús Berrios Ortiz solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su relevo de una pensión provisional de $400 mensuales a favor de su excónyuge, Nilsa Enid Pujols. Este pago provisional fue ordenado en 2018, no como pensión excónyuge tradicional, sino como suma razonable para la señora Pujols en su rol de coadministradora de la comunidad de bienes post ganancial. El señor Berrios Ortiz argumentó que la señora Pujols recibió $75,000 de la venta de un bien ganancial, lo que eliminaba su necesidad de la pensión. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar su solicitud y la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión. Determina que el foro primario erró al denegar el relevo sin celebrar una vista evidenciaria para evaluar la nueva situación económica de la recurrida. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revoca la resolución recurrida y devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia. Se ordena la celebración de una vista para considerar la solicitud de relevo de pensión provisional.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de divorcio sobre fijación de pensión alimentaria. La peticionaria, Brenda L. Del Valle Toledo, impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que permitió al recurrido, Eric Acevedo Torres, retirar su previa aceptación de capacidad económica. La señora Del Valle alegó que el retiro fue indebido al no haber transcurrido tres años ni demostrarse justa causa. El historial procesal detalla la demanda de divorcio, la solicitud de alimentos y la aceptación inicial de capacidad por parte del señor Acevedo. Se estableció una pensión alimentaria provisional y luego una final mediante estipulación de las partes, fijada en $1,000 mensuales más otras partidas. Las partes fueron advertidas sobre el derecho a solicitar modificación tras tres años o cambio sustancial de circunstancias. El Tribunal de Apelaciones analizó la controversia centrada en la validez del retiro de la admisión inicial de capacidad económica. Concluyó que la peticionaria no tenía razón en su planteamiento. Por tanto, el Tribunal confirmó la orden del foro primario que permitió al señor Acevedo retirar dicha aceptación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100166. Caparra Construction Corp. apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sumariamente su demanda contra los propietarios de la obra (Taubman, Plaza Internacional, New Century). La demanda original de Caparra, subcontratista en el proyecto The Mall of San Juan, reclamaba incumplimiento de contrato y cobro de dinero contra los contratistas principales. Caparra también buscaba responsabilizar a los propietarios por la deuda bajo el Artículo 1489 del Código Civil, alegando su responsabilidad como dueños de la obra. Los propietarios argumentaron que el contrato de construcción principal incluía una cláusula que liberaba al dueño de responsabilidad por reclamaciones de subcontratistas. Sostuvieron que el dueño (Plaza Internacional) había pagado al contratista principal y que otras entidades demandadas no eran dueñas ni partes contractuales con Caparra. El Tribunal de Primera Instancia concedió la moción de sentencia sumaria de los propietarios, desestimando las causas de acción contra ellos. El Tribunal de Apelaciones revisó el trasfondo fáctico y los fundamentos legales presentados por las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Faustino Xavier Colón Betancourt contra HMH REAL ESTATE, INC. et al., procedente del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. El foro primario había desestimado la demanda de injunction por falta de jurisdicción, al considerar inoficioso el emplazamiento a la corporación demandada. El apelante recurrió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de dicha sentencia. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para atender los méritos. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue notificada el 26 de mayo de 2021. El apelante presentó una reconsideración, la cual fue declarada sin lugar el 14 de junio de 2021, notificada el 15 de junio de 2021. El término jurisdiccional de 30 días para apelar comenzó el 16 de junio de 2021 y venció el 15 de julio de 2021. El recurso de apelación fue presentado tardíamente el 20 de julio de 2021, por lo que el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción.

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Este recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones surge de un caso de división de comunidad hereditaria. Los demandados solicitaron enmendar su contestación, dos años y medio después de la demanda y a una semana del juicio, para incluir una reconvención impugnando la capacidad del testador. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud. Anteriormente, los demandados habían intentado obtener expedientes médicos del causante para este propósito, pero el TPI y este Tribunal de Apelaciones denegaron la gestión por considerarla ajena a la naturaleza del pleito de división. Los demandados recurren la denegatoria de la enmienda, alegando que la reconvención era compulsoria y que fueron diligentes. El Tribunal de Apelaciones concluye que no procede intervenir con la decisión recurrida del TPI.

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Fernando Espada Aponte presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación por alegada violación al derecho a juicio rápido. El caso subyacente es por infracción a la Ley de Sustancias Controladas. El proceso judicial experimentó dilaciones, incluyendo suspensiones y cambios operacionales debido a la pandemia de COVID-19. El peticionario también solicitó una orden en auxilio de jurisdicción para paralizar la vista preliminar señalada. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y la solicitud. Decidió prescindir de trámites ulteriores para disponer del recurso de manera expedita.

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El Municipio de San Juan inició un procedimiento especial en el Tribunal de Primera Instancia para revocar el permiso de uso de Evinmotors PR, Inc. Alegó que el negocio de venta de vehículos operaba en violación a la calificación de uso del terreno y que el permiso se obtuvo mediante certificación errónea. Evinmotors solicitó la desestimación del caso en el TPI, argumentando violación al debido proceso por falta de notificación previa, insuficiencia de prueba y ausencia de parte indispensable. El TPI declaró no ha lugar la solicitud de desestimación y pautó una vista evidenciaria. En desacuerdo, Evinmotors acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari. Planteó errores del TPI al no desestimar el caso por las mismas razones: falta de notificación de la querella administrativa, base en investigación viciada, insuficiencia probatoria de la petición municipal y falta de parte indispensable (el ingeniero). El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado por Evinmotors. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones declara no ha lugar la solicitud en auxilio de jurisdicción. Asimismo, deniega expedir el auto de Certiorari solicitado por Evinmotors.

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Se presenta una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, Marino Sánchez Alcántara, impugna la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento que ratificó su clasificación de custodia máxima. Dicha clasificación se mantuvo a pesar de un puntaje menor en la Escala de Reclasificación, basándose en factores discrecionales. Estos factores incluyeron su historial de violencia excesiva, manejo difícil y desobediencia a las normas institucionales. La decisión administrativa consideró querellas disciplinarias y la negativa del confinado a recibir tratamiento. Tras agotar los remedios administrativos, el señor Sánchez Alcántara acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, aplicando el estándar de revisión judicial a determinaciones administrativas, evaluó la decisión recurrida. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de una apelación presentada por Michel Medina Díaz contra Lizbeth Hernández Dávila, relacionada con una sentencia de divorcio del Tribunal de Primera Instancia. La apelación impugnaba específicamente la porción de la sentencia que imponía el pago de honorarios de abogado al apelante. Al momento de presentarse el recurso de apelación, el apelante tenía pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia una moción de reconsideración sobre la misma sentencia. El apelante admitió posteriormente que la apelación se presentó de forma prematura. El Tribunal de Apelaciones determinó que un recurso es prematuro cuando se presenta antes de que el foro primario resuelva una moción de reconsideración debidamente presentada. La presentación prematura de un recurso implica una falta de jurisdicción para el tribunal apelativo. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación por haber sido presentada antes de que el Tribunal de Primera Instancia adjudicara la moción de reconsideración pendiente, concluyendo que carecía de jurisdicción para atender el recurso.

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Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. El demandante, Kevin Molina Pagán, reclamó compensación por un accidente laboral contra su empleador, Puerto Rico Pallet Recycling, Inc. (PR Pallet). PR Pallet solicitó la desestimación de la demanda, alegando inmunidad patronal bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes de Trabajo, ya que el accidente estaba cubierto y el demandante recibía tratamiento. El demandante no respondió a la moción de desestimación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por no exponer una reclamación que justificara un remedio, pero lo hizo sin perjuicio. PR Pallet apeló, objetando que la desestimación fuera sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La modificación consistió en cambiar la desestimación de sin perjuicio a con perjuicio. Así modificada, la sentencia fue confirmada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una impugnación a una adjudicación de subasta municipal. Redline Global, licitador perdidoso en una subasta del Municipio Autónomo de Arecibo, recurrió la notificación de adjudicación. Alegó que el Aviso de Adjudicación era defectuoso por no incluir una síntesis de las propuestas, sus defectos, ni los criterios de la determinación. Sostuvo que esta omisión impidió su derecho a solicitar revisión judicial. Redline Global había obtenido previamente una paralización de los procesos municipales relacionados con la subasta. El Municipio de Arecibo solicitó dejar sin efecto la paralización para emitir un nuevo Aviso de Adjudicación. El documento detalla el marco legal aplicable a las subastas municipales en Puerto Rico. Este marco establece la obligación de subastar, la función y criterios de la Junta de Subastas, y el requisito de notificar a los licitadores no agraciados las razones de la no adjudicación. El caso gira en torno a si el aviso inicial cumplió con los requisitos legales para garantizar los derechos de los licitadores.

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Isleta LLC comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante petición de certiorari. Busca revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia que limitó el alcance de su intervención en un pleito sobre daños e incumplimiento de contrato incoado por Inversiones Isleta Maria, Inc. Isleta intervino en el pleito presentando una demanda propia con reclamaciones adicionales. Aunque la intervención de Isleta fue previamente permitida y confirmada en apelación, IIM solicitó limitar su alcance. El foro primario ordenó a IIM contestar la demanda de intervención, pero solo en cuanto a los asuntos pertinentes al caso original. Esta limitación buscaba evitar la duplicación de acciones, según el tribunal de instancia. Isleta solicitó reconsideración de dicha orden, la cual fue denegada. Inconforme, Isleta acudió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del auto de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo un recurso de certiorari presentado por Christian Jordán Placeres. El peticionario impugnaba la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción Solicitando Supresión de Identificación. El caso criminal subyacente involucra cargos por infracciones a varios artículos, incluyendo robo. Los hechos se centran en un robo a un establecimiento de comida rápida donde una empleada, Eneida Santana, fue testigo presencial. La Sra. Santana observó al perpetrador sin mascarilla antes del incidente y proporcionó una descripción detallada a la policía. Esta descripción llevó a la coordinación de una rueda de confrontación fotográfica. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la identificación no debía ser suprimida. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, acordó denegar el auto de certiorari solicitado. Esta decisión valida la determinación del tribunal inferior respecto a la admisibilidad de la identificación.

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El Tribunal de Apelaciones emite una resolución sobre un recurso presentado por Luis M. Ortiz Mendoza. El peticionario solicita la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas del 16 de mayo de 2019. Dicha sentencia lo condenó por infracciones al Código Penal, Ley de Violencia Doméstica y Ley de Armas, imponiendo penas de prisión concurrentes y consecutivas. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determina que procede su desestimación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el recurso presentado. Se reitera la doctrina legal que obliga a los tribunales a velar por su propia jurisdicción. La ausencia de jurisdicción sobre la materia no puede ser subsanada y conlleva la nulidad de los dictámenes. Conforme a su reglamento, el Tribunal de Apelaciones puede desestimar un recurso a iniciativa propia por falta de jurisdicción. Por tanto, el recurso presentado por el señor Ortiz Mendoza es desestimado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso de daños y perjuicios presentado por un confinado. Pedro Rodríguez Báez demandó a empleadas del Departamento de Corrección en su carácter personal. Alegó negligencia y discrimen en el manejo de su clasificación de custodia, reclamando daños emocionales. Las empleadas, técnicas de servicios sociopenales, argumentaron que actuaron en su capacidad oficial y estaban protegidas por inmunidad condicionada. Sostuvieron que sus funciones implicaban discreción y que el proceso adecuado para impugnar la clasificación era la revisión judicial. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación de las empleadas, citando las alegaciones de discrimen. Las empleadas recurrieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones concedió el recurso y revocó la decisión del tribunal inferior. Determinó que la reclamación contra las empleadas en su carácter personal debió ser desestimada, pues no se justificaba la concesión de remedio.

Resumen:

Este recurso de apelación surge de la desestimación de una demanda por incumplimiento de contrato contra una aseguradora por parte del Tribunal de Primera Instancia. La desestimación se fundamentó en que la parte demandante nombró incorrectamente a la aseguradora en la demanda y el emplazamiento. El Tribunal de Primera Instancia razonó que la entidad nombrada en el emplazamiento ("Mapfre Praico") no era la que emitió la póliza ("Mapfre Pan American"). La parte demandante apeló, argumentando que su intención era demandar a la aseguradora correcta y que el error en el nombre era subsanable mediante enmienda. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar la acción. Determinó que un error en el nombre del demandado no invalida el emplazamiento si la persona o entidad correcta fue notificada y no se perjudicaron sus derechos esenciales. Este tipo de error es meramente técnico y debe corregirse mediante enmienda, especialmente si la aseguradora realmente demandada fue válidamente emplazada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la desestimación sumaria de una demanda por incumplimiento de contrato y mala fe contra una aseguradora, relacionada con daños causados por el huracán María. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado el caso aplicando la doctrina de pago en finiquito, al entender que la asegurada aceptó un pago final al cobrar un cheque de la aseguradora. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al desestimar sumariamente. Determinó que la doctrina de pago en finiquito no era aplicable porque la aseguradora no demostró, como hechos incontrovertidos, que la oferta fuera de buena fe, que brindara la debida asistencia a la asegurada, que esta entendiera claramente que el pago era una transacción final, o que no mediara opresión. La asegurada reclamaba daños significativamente mayores a la oferta de la aseguradora y alegaba mala fe en el proceso de ajuste. Existían controversias de hechos esenciales que impedían la desestimación sumaria.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por la sucesión del Dr. Raúl Garcia Rinaldi contra Víctor Carmona Rivera en un caso de daños y perjuicios. La parte peticionaria solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenó anotar la rebeldía en su contra. Junto al recurso, presentó una moción en auxilio de jurisdicción. La parte recurrida se opuso a la moción, alegando incumplimiento con la notificación simultánea y que la controversia se había tornado académica. Posteriormente, la parte peticionaria presentó una moción de desistimiento, informando que el recurso se había tornado académico. En vista de lo anterior, el Tribunal de Apelaciones tuvo a la parte apelante por desistida conforme a su reglamento. En consecuencia, ordenó el archivo del recurso y declaró sin lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia. El caso original es una reclamación de daños y perjuicios presentada por Jorge Ríos Pulpeiro. El apelante alega la pérdida de bienes valiosos de una covacha en un condominio, implicando a un empleado, Juan Santana. El TPI desestimó la demanda contra Santana al acoger la defensa de prescripción. La controversia principal gira en torno a si una reclamación extrajudicial enviada por carta certificada, recibida por la administradora del condominio en lugar de Santana personalmente, interrumpió el término prescriptivo. El apelante argumentó que la notificación fue válida o que se requería una vista evidenciaria. El TPI determinó que la reclamación no interrumpió la prescripción contra Santana. El Tribunal de Apelaciones consideró los argumentos presentados por el apelante. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia recurrida que había desestimado la acción contra el apelado Santana.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso de divorcio entre Karim Berríos Gómez y Danny Carrasquillo Neira, relacionado con su hijo menor. El padre, Carrasquillo Neira, recurrió una orden del tribunal de primera instancia sobre la matrícula escolar del menor para el año académico en curso. Dicha orden disponía que el niño debía ser matriculado en una escuela en Caguas o Gurabo. El historial del caso incluye la solicitud de custodia compartida por parte del padre y su propuesta de matricular al menor en la escuela Antilles en Fort Buchanan. Un informe social forense recomendó la custodia compartida pero no especificó la institución académica. El tribunal de primera instancia emitió la orden recurrida sin celebrar una vista solicitada. Tras revisar el asunto mediante certiorari, el Tribunal de Apelaciones encontró fundamentos para intervenir. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la orden del foro primario referente a la matrícula escolar del menor.

Resumen:

Este es un juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Certiorari presentada por un abogado. El abogado impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que redujo sus honorarios como abogado de oficio. Inicialmente, el TPI había ordenado al Estado pagarle \$15,120 por sus servicios en un caso penal. Años después, un juez administrador del TPI redujo la cantidad a \$3,500, basándose en un límite máximo de honorarios establecido en el reglamento aplicable para abogados de oficio. El peticionario argumenta que el TPI erró al enmendar una orden final de un juez de igual jerarquía sin jurisdicción. También señala que el TPI interpretó incorrectamente la regla del reglamento sobre la cantidad máxima autorizada. El Tribunal de Apelaciones considera la petición bajo las normas que rigen la expedición discrecional del auto de certiorari. El documento detalla el historial procesal y el marco legal para la revisión de determinaciones del TPI mediante este recurso.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por Manuel Prats Vega contra Branda Cruz Díaz en un caso de custodia. El peticionario solicitaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción relativa a la matrícula unilateral de un hijo en la universidad y una propuesta de pago de gastos educativos. El foro primario se basó en facultades tutelares previamente concedidas a la madre, aunque el peticionario alegaba que estas facultades fueron mal interpretadas y que se violó su derecho a participar en la decisión educativa y a una vista. El peticionario argumentó que el Tribunal de Primera Instancia erró al no reconocer la patria potestad compartida y al negarle el debido proceso. Tras evaluar los señalamientos de error, el Tribunal de Apelaciones decidió no ejercer su facultad discrecional. Por tanto, se denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

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Chubb Insurance Company of Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra una orden del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. La orden impugnada surgió en un litigio por incumplimiento de contrato y daños iniciado por el Consejo de Titulares del Condominio Palacios del Escorial tras el huracán María. El Consejo de Titulares demandó a Chubb alegando que no cumplió con sus obligaciones bajo la póliza. El Consejo solicitó órdenes protectoras para impedir que Chubb se comunicara directamente con propietarios individuales sin la presencia de su abogado y para prohibir inspecciones adicionales del condominio. Alegaron que tales acciones eran irrazonables y dilatorias. Chubb se opuso, argumentando su derecho a comunicarse con los titulares como parte del proceso de ajuste y descubrimiento, y la necesidad de reinspecciones para su defensa. El Tribunal de Primera Instancia concedió las órdenes protectoras, determinando que Chubb solo podía negociar con el Consejo de Titulares y que no procedían inspecciones adicionales. El TPI fundamentó su decisión en que el contrato de seguro era únicamente entre el Consejo y la aseguradora. Chubb recurrió esta decisión, pero el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre custodia y relaciones filiales. La señora Suheidy Acosta Ramos presentó una Petición de Certiorari solicitando revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación ordenó la celebración de una vista para dilucidar la procedencia del traslado de un menor fuera de Puerto Rico. El caso se originó por una demanda de Héctor Javier Jiménez Sánchez sobre patria potestad, custodia y relaciones filiales de su hijo en común. Jiménez Sánchez alegó que Acosta Ramos trasladó al menor al estado de Wisconsin sin su autorización. El Tribunal de Primera Instancia emitió varias órdenes en el proceso, incluyendo la notificación a la demandada y el señalamiento de vistas. Acosta Ramos compareció asumiendo representación legal. Tras evaluar la petición y los antecedentes del caso, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari incoado por la señora Acosta Ramos.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una solicitud de injunction. Rubén Ruiz Sosa demandó a la Policía de Puerto Rico para que le devolvieran un arma de fuego que había sido ocupada. El Demandante alegó que la ocupación fue ilegal y que no existía un procedimiento administrativo para solicitar su devolución. La Policía solicitó la desestimación, argumentando que el Demandante no había solicitado la devolución administrativamente y que existía un remedio adecuado en ley. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que el Demandante sí tenía una vía administrativa disponible bajo la ley anterior o la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. El Demandante apeló, reiterando sus argumentos. El Tribunal de Apelaciones reafirma la norma de agotar los remedios administrativos antes de acudir a los tribunales. También recuerda que el injunction es un remedio discrecional que requiere demostrar la ausencia de un remedio adecuado en ley y daño irreparable. Concluye que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al desestimar la demanda. El Demandante nunca intentó obtener la devolución del arma por la vía administrativa disponible.

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Recurso de apelación presentado ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Greengift Capital contra Doral Bank (por conducto del FDIC) y otros. Procede de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Vega Baja, que denegó una solicitud de sentencia en rebeldía y desestimó la demanda con perjuicio. La demanda original buscaba el reconocimiento y la permuta de rango registral de dos hipotecas sobre un mismo inmueble. Greengift Capital, tenedor de una hipoteca de \$101,600 inscrita posteriormente, alegaba que el orden de inscripción de esta y otra hipoteca de \$16,500 contradecía la intención original de las partes y las escrituras. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso al entender que la inacción del acreedor original implicó consentimiento al rango inscrito. Además, determinó que Greengift Capital no actuó con buena fe registral ni diligencia mínima. Greengift Capital presentó una moción de reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar por el foro primario. Este documento detalla el trasfondo del caso y la decisión del Tribunal de Primera Instancia que es objeto de la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió esta sentencia en un caso entre Banco Popular de Puerto Rico y Garage Nacional, Inc. y Héctor Orizondo Borges. La parte apelante había recurrido para solicitar la revocación de una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El caso original trataba sobre relevo de sentencia, incumplimiento de contrato, cobro de dinero y ejecución de garantías. Posteriormente, la parte apelante presentó una moción solicitando desistir del recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones evaluó dicha solicitud. En vista del desistimiento voluntario, el Tribunal declaró ha lugar la moción. Se ordenó el archivo del presente caso de apelación. La sentencia fue dictada el 11 de agosto de 2021.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una controversia procesal en un caso laboral bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. Zulay Marie Torres Soto demandó a Collins Aerospace por despido injustificado, hostigamiento sexual y represalias. El Tribunal de Primera Instancia anotó la rebeldía de Collins Aerospace y ordenó sentencia tras su alegada falta de contestación oportuna luego de ser emplazada. Collins Aerospace solicitó dejar sin efecto la rebeldía, alegando que no tuvo conocimiento de la demanda hasta después de anotada la rebeldía y que no recibió el emplazamiento. Argumentó que el procedimiento sumario fue usado para crear indefensión y solicitó un término para contestar. La demandante se opuso, sosteniendo que la reconsideración no procede en casos de Ley Núm. 2 y que la solicitud de prórroga debió hacerse juramentada y dentro del término legal. La disputa se centra en la validez del emplazamiento, el conocimiento de la demanda por parte de la querellada y los mecanismos procesales disponibles bajo la Ley Núm. 2 para remediar una rebeldía. El Tribunal de Apelaciones emite esta resolución para dirimir estos puntos procesales.

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La resolución del Tribunal de Apelaciones atiende una petición de certiorari presentada por New Security Investigation and Correctional Consultant, Inc. La peticionaria busca revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en un caso de despido injustificado. La controversia principal se centra en la validez del emplazamiento realizado a New Security. La peticionaria impugnó el emplazamiento alegando que era nulo por la omisión del lenguaje sobre la presentación electrónica de documentos a través del sistema SUMAC. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la impugnación, determinando que la falta del lenguaje SUMAC no vicia de nulidad el emplazamiento al no ser un requisito sustantivo. El foro primario concluyó que el emplazamiento contenía los elementos esenciales del debido proceso, como la notificación de la reclamación, la identificación de las partes y el término para alegar. New Security recurrió al Tribunal de Apelaciones imputando errores al TPI por no considerar el requisito SUMAC como esencial. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la petición, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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María Gómez García apeló una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha sentencia desestimó su demanda por incumplimiento de contrato contra Mapfre Pan American Insurance Company. La señora Gómez García demandó a Mapfre por daños a su propiedad causados por el huracán María, alegando que la aseguradora incumplió la póliza al negar o subvalorar la cubierta y actuar de mala fe. Mapfre solicitó sentencia sumaria argumentando que la demandante aceptó un pago total y final al endosar y cambiar cheques emitidos tras una reconsideración de su reclamación. La aseguradora sostuvo que el endoso de los cheques, que contenían advertencias de pago total y definitivo, extinguía su obligación. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de Mapfre y desestimó la demanda con perjuicio. La señora Gómez García recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de esa determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, determinó revocar la Sentencia Sumaria apelada.

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United Surety & Indemnity Company (USIC) solicitó un auto de certiorari para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La moción de USIC argumentaba la prescripción de una demanda por incumplimiento de contrato presentada por Julio Camacho Concepción. El señor Camacho Concepción reclamó daños a su propiedad causados por el huracán María, alegando que USIC no ajustó la pérdida conforme a la póliza. USIC sostuvo que la demanda fue presentada fuera del término legal. El demandante alegó que el término prescriptivo fue interrumpido por reclamaciones extrajudiciales y, crucialmente, por una demanda de clase incoada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la demanda de clase del DACO interrumpió el término para el señor Camacho Concepción, al ser este un miembro potencial de dicha clase. Por consiguiente, el foro primario denegó la desestimación solicitada por USIC. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega el auto de certiorari solicitado por USIC.

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La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación contra la desestimación de una demanda de partición de herencia. Los demandantes, herederos de Exequiel Sánchez Lebrón y Marciana González Martínez, solicitaron la partición judicial ante la ausencia de uno de los coherederos, Samuel Sánchez. Este heredero ausente fue emplazado por edicto y declarado en rebeldía por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Los demandantes presentaron un acuerdo de partición notarial, alegando que protegía la porción hereditaria del ausente. Sin embargo, el TPI requirió un cuaderno particional jurado y firmado por todos los herederos, incluyendo al ausente, y desestimó el caso al no cumplirse dicho requisito. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al desestimar la demanda. Determinó que el TPI tenía jurisdicción sobre el heredero ausente tras el emplazamiento por edicto y la rebeldía. Además, señaló que el acuerdo de partición presentado no afectaba los derechos del heredero ausente, cuya porción estaba protegida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso KLAN202100085. EGR Anesthesian Services, PSC apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha sentencia acogió una moción de reconsideración de la Sra. Elsa Vargas Pérez, desestimó la demanda en su contra e impuso honorarios de abogado a EGR. La demanda original de EGR alegaba incumplimiento de cláusulas de no competencia por parte de exempleados y daños por interferencia torticera contra Dulces Sueños, LLC. El Hospital Metropolitano Dr. Pila intervino, argumentando que su contrato con EGR permitía contratar al personal de EGR tras la terminación del servicio. El Hospital y los codemandados solicitaron sentencia sumaria, la cual fue concedida parcialmente por el TPI, inicialmente excluyendo a la Sra. Vargas Pérez. Tras la reconsideración, el TPI desestimó el caso también contra ella. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la decisión apelada. Por los motivos expuestos en su sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio una demanda. La demanda fue presentada por el Fideicomiso Alfredo y Esther Ramírez De Arellano contra el Banco Popular de Puerto Rico. El Fideicomiso alegó que el Banco, actuando como fiduciario, incumplió sus deberes al invertir fondos en bonos que no cumplían con el requisito de clasificación Triple A estipulado en la escritura del Fideicomiso. Estas inversiones, según la parte apelante, resultaron en pérdidas para el Fideicomiso. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la demanda a solicitud del Banco Popular. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones modifica la Sentencia apelada. La modificación consiste en cambiar la desestimación de la demanda de "con perjuicio" a "sin perjuicio". En cuanto a todo lo demás, la Sentencia del foro primario es confirmada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en relación con un recurso de certiorari presentado por Borinquen Town Plaza, Corp. contra O. F. Ortiz, LLC. El caso subyacente es una demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios iniciada en 2015. Las partes habían llegado previamente a una estipulación transaccional que fue aprobada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Posteriormente, O.F. Ortiz solicitó la ejecución de la sentencia y el desembolso de una suma basada en un alegado sobrepago. Borinquen se opuso a dicha solicitud. El TPI, mediante Resolución de 22 de diciembre de 2020, declaró con lugar la moción de desembolso de O.F. Ortiz y ordenó la expedición de un cheque por $48,257.30. Borinquen presentó el recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revocar dicha Resolución. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar el recurso y los antecedentes procesales. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción, por considerar el recurso prematuro.