Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 121)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó un caso entre Elsa Molina Rivera y Mapfre Praico Insurance Company sobre daños causados por el huracán María. La señora Molina Rivera demandó a Mapfre por incumplimiento de contrato y mala fe, alegando que la aseguradora subvaloró los daños a su propiedad. Mapfre había emitido un cheque por \$23,224.19, marcado como pago total y final, el cual la señora Molina Rivera cobró. Mapfre solicitó sentencia sumaria, argumentando que la demanda estaba impedida por la doctrina de pago en finiquito al haber aceptado el cheque. El Tribunal de Primera Instancia concedió la moción de Mapfre y desestimó el pleito. La señora Molina Rivera apeló, sosteniendo que existían controversias de hechos y derecho pendientes. El Tribunal de Apelaciones examinó los argumentos y la evidencia. Encontrando fundamentos para discrepar con la aplicación de la doctrina de pago en finiquito por el tribunal inferior, el tribunal apelativo revocó la sentencia apelada. Esta decisión reinstala el caso, permitiendo que las reclamaciones de la señora Molina Rivera contra Mapfre continúen.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre un recurso de Certiorari presentado por el Municipio de San Juan. El Municipio apeló la denegatoria de su Solicitud de Sentencia Sumaria por parte del Tribunal de Primera Instancia. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones concluye que el foro primario no actuó de forma arbitraria, caprichosa, ni abusó de su discreción al denegar la sentencia sumaria. Tampoco identificó errores de derecho o fundamentos jurídicos que justifiquen expedir el auto de Certiorari en esta etapa procesal. Conforme a los criterios que rigen este tipo de recurso, se deniega la expedición del auto solicitado. El asunto se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Miguel A. Ferrer Bolívar mediante recurso de Certiorari. Solicita la revocación de una Minuta-Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia en mayo de 2021. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios contra Rocca Development Corp. y el Consejo de Titulares del Condominio Millenium, relacionada con vicios de construcción. El pleito tiene un historial previo, incluyendo un juicio inicial y una sentencia del TPI que fue apelada. En 2016, este Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del TPI y devolvió el caso para la continuación de los procedimientos. El recurso actual surge de una determinación del TPI posterior a dicho reenvío. El panel, presidido por el Juez Bonilla Ortiz y con el Juez Rivera Torres como ponente, evalúa el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de Certiorari. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción por prematuridad.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Osnet Wireless Corp. mediante recurso de certiorari. Solicita la revisión de una orden de embargo y prohibición de enajenar emitida por el Tribunal de Primera Instancia. El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero instada por Blackburn Technologies II, LLC contra Osnet. Blackburn reclama incumplimiento de contrato y falta de pago por servicios de acceso a red de fibra óptica y conectividad provistos bajo acuerdos de 2017. Según Blackburn, Osnet acumuló una deuda significativa por los servicios prestados desde 2018. Blackburn solicitó remedios provisionales, incluyendo un embargo preventivo, alegando la precaria situación económica de Osnet. El Tribunal de Primera Instancia ordenó un embargo preventivo sobre bienes de Osnet hasta \$1,100,000, condicionado a una fianza. Osnet impugnó la orden de embargo, argumentando falta de notificación y otros fundamentos. El foro primario suspendió la efectividad del embargo mientras atendía la moción de Osnet. El Tribunal de Apelaciones se encuentra ahora en posición de atender el recurso de certiorari perfeccionado por ambas partes.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una Petición de Certiorari. La petición fue presentada por Loraine Martínez Adorno, codemandada en una demanda por violación de derechos civiles. La demanda original fue incoada por Carlos Luis González Rivera, un confinado, contra funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación en su carácter personal. El confinado alegó negligencia y castigos colectivos relacionados con la muerte de otro recluso. La señora Martínez Adorno solicitó la desestimación de la demanda en su contra, argumentando que sus actuaciones fueron en carácter oficial y que procedía la inmunidad. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" su solicitud de desestimación y una moción de reconsideración. La Petición de Certiorari busca la revocación de esas resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar la petición sin la comparecencia del recurrido.

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Este caso se origina con la solicitud de beneficios por desempleo de una exempleada que renunció a su puesto en Hospicio La Milagrosa. A pesar de que el empleador informó la renuncia, el Departamento del Trabajo concedió los beneficios. Hospicio La Milagrosa apeló esta determinación en varias instancias administrativas, sin éxito. Finalmente, el empleador presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que la exempleada no cualificaba por haber renunciado sin justa causa y que se violentó el debido proceso. El tribunal decidió desestimar el recurso de manera sumaria, haciendo uso de su facultad discrecional. La desestimación se basa en el análisis de los requisitos de legitimación activa para solicitar la revisión judicial de decisiones de agencias. Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, se requiere ser parte adversamente afectada, haber agotado los remedios administrativos y cumplir con el término. El tribunal detalla quién se considera "parte" en el proceso administrativo y judicial.

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El Sr. Aneudy Rivera Silva solicitó revisión judicial de querellas disciplinarias impuestas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Procurador General argumentó que las reclamaciones estaban fuera de término y el tribunal carecía de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones revisó el escrito presentado por el peticionario. Encontró que el escrito era deficiente, careciendo de señalamientos de error y documentación adecuada para sustentar las alegaciones. Las fotocopias incluidas no permitían verificar fechas ni el trámite administrativo. Esta falta de diligencia e incumplimiento con el reglamento del tribunal impidió el ejercicio de la función judicial. El tribunal concluyó que el escrito era conclusorio, impreciso y sin corroboración documental. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el escrito del Sr. Rivera Silva. La sentencia ordena notificar al DCR y al Procurador General, asegurando que se entregue copia al confinado.

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El Tribunal de Apelaciones emite una resolución en el contexto del procedimiento de liquidación de National Insurance Company. El Gobierno de Puerto Rico, representado por el Procurador General, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La resolución del TPI dispuso que la paralización bajo PROMESA no exime al Departamento de Hacienda de devolver un embargo ilegalmente realizado. El caso se originó con una querella laboral contra National, que llevó a un embargo por el Departamento del Trabajo (DTRH) tras una sentencia. El Comisionado de Seguros, como liquidador, argumentó que el embargo violaba la paralización del proceso de liquidación. El TPI ordenó al DTRH devolver los fondos, orden que fue confirmada en apelación. Posteriormente, el Departamento de Hacienda embargó esos mismos fondos por deudas de National. El TPI determinó que el embargo de Hacienda también violaba la paralización de la liquidación y ordenó su devolución. El Gobierno de Puerto Rico impugnó esta última orden mediante certiorari, invocando la ley PROMESA. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el Gobierno.

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Resolución de un panel judicial sobre un recurso de *certiorari* presentado por los peticionarios, demandados en una acción de daños y perjuicios instada por ESJ Towers, Inc. Los peticionarios solicitaron la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó sus mociones de desestimación. Argumentaron que la demanda en su contra debía ser desestimada por falta de jurisdicción sobre su persona, al no haberse diligenciado el emplazamiento dentro del término de 120 días. El documento detalla los intentos infructuosos de emplazamiento personal y las dilaciones en el proceso de emplazamiento por edicto que fue autorizado. Los peticionarios presentaron sus mociones de desestimación tras completarse el emplazamiento por edicto, alegando que el término para emplazar había vencido. El foro primario declaró sin lugar sus mociones. El panel judicial, tras considerar el recurso, DENEGÓ la expedición del auto de *certiorari* solicitado. Esta decisión confirma la determinación del foro primario de no desestimar la demanda contra los peticionarios por los fundamentos alegados.

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El documento presenta el historial procesal de una demanda por daños y perjuicios radicada en 2015 tras un accidente de vehículo de motor de 2013. La controversia principal gira en torno a la validez del emplazamiento de los demandados, BJ Carriers Inc. y Edwin González. Tras una demanda previa desestimada, los demandantes obtuvieron autorización para emplazar por edicto. Sin embargo, la publicación de los edictos se realizó 140 días después de su expedición, excediendo el término de 120 días establecido por la Regla 4.3(c). Aunque el tribunal inicialmente tuvo por emplazados a los demandados y anotó su rebeldía, estos impugnaron el emplazamiento por defectuoso. El tribunal denegó la primera moción de desestimación basada en la nulidad del emplazamiento. Años después, uno de los demandados reiteró la solicitud de desestimación, enfocándose en la publicación tardía de los edictos como causa de falta de jurisdicción. Este historial de impugnaciones al emplazamiento constituye el trasfondo del recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Examina la apelación de Pedro Soto Paz y su esposa contra la desestimación de su demanda por daños y perjuicios contra el Sindicato UIA. El empleado fue despedido por la AAA en 2009, representado por la unión en un proceso administrativo que culminó en su reinstalación y pago de salarios en 2014. En diciembre de 2017, el empleado demandó a la unión, alegando que esta no le orientó sobre reclamar penalidades ni sobre el término para demandar por daños tras su despido. También reclamó negligencia de la unión por tardar en solicitar a la Junta de Relaciones del Trabajo la ejecución del laudo respecto a días de licencia acumulados. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra la unión por prescripción. Los demandantes apelaron, argumentando que el TPI erró y que al menos la reclamación sobre la tardanza en la ejecución del laudo no estaba prescrita. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI actuó correctamente. Determina que la demanda contra la unión fue presentada más de un año después de que el unionado debió conocer de su potencial reclamación. Por tanto, confirma la desestimación por razón de prescripción.

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Este caso es una apelación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños y perjuicios. El demandante, un miembro de la población correccional, demandó a varios funcionarios del Departamento de Corrección en su carácter personal. Alegó que los funcionarios impusieron una medida de seguridad colectiva dañina e ilegal tras el hallazgo de contrabando, causándole angustias mentales y trauma psicológico. Los funcionarios solicitaron la desestimación, argumentando que no responden personalmente por actos discrecionales realizados de buena fe en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción y desestimó la demanda. El demandante apeló, alegando un error procesal al no habérsele permitido mostrar causa contra la desestimación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia desestimatoria. Determinó que la demanda, de su faz, no exponía hechos que justificaran un remedio contra los funcionarios en su carácter personal. La decisión se fundamenta en la jurisprudencia sobre la responsabilidad limitada de los funcionarios públicos por actuaciones discrecionales. El recurso fue resuelto sin ulterior trámite.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación contra un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. La apelación proviene de un caso de cobro de dinero bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, instado por Sea World, LLC contra Joel Rodríguez Báez y otros. El Tribunal de Primera Instancia había dictado una Sentencia en Rebeldía contra el señor Rodríguez Báez, condenándolo al pago de una deuda, intereses, costas y honorarios de abogado. Dicha demanda se basó en una Solicitud de Crédito donde el señor Rodríguez Báez garantizó personalmente las obligaciones de su negocio, Ceviche Place, Corp. Sea World realizó gestiones de cobro extrajudiciales, enviando comunicaciones a la dirección proporcionada por el apelante. Ante el incumplimiento, Sea World presentó la demanda judicial. El señor Rodríguez Báez apeló la sentencia en rebeldía, alegando que el foro primario carecía de jurisdicción sobre su persona y sobre la materia. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el tracto procesal y los argumentos, determina que la alegación de falta de jurisdicción del señor Rodríguez Báez no tiene fundamento. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la Sentencia en Rebeldía apelada.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico es una revisión judicial de la denegatoria de una licencia de armas solicitada por Alexander Lebrón Torres. El Negociado de la Policía de Puerto Rico denegó la solicitud basándose en convicciones previas del recurrente, conforme a la Ley de Armas vigente al momento de la solicitud. Lebrón Torres solicitó una vista administrativa, donde argumentó que sus convicciones habían sido eliminadas judicialmente y que la Policía no presentó prueba para sustentar la denegatoria. A pesar de que el Oficial Examinador recomendó conceder la licencia, la agencia confirmó la denegatoria inicial. El recurrente impugna esta decisión administrativa alegando errores de procedimiento, falta de prueba y violación al debido proceso. El Tribunal de Apelaciones considera que el recurrente tiene razón y procede revocar la denegatoria administrativa.

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José R. Reyes Caldero apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato contra Mapfre Insurance Company. El TPI concedió la moción de sentencia sumaria de Mapfre, aplicando la doctrina de pago en finiquito al considerar que el cobro de un cheque por el señor Reyes extinguió la obligación. El apelante argumentó que el TPI erró al desestimar sumariamente, alegando la existencia de controversias de hechos materiales y que no se configuró la defensa de pago en finiquito. Sostuvo que Mapfre incurrió en actos desleales que viciaron su consentimiento al aceptar el cheque. Mapfre, por su parte, afirmó que el cheque fue entregado como pago total y final. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía revocar la sentencia apelada del TPI.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Banco Popular de Puerto Rico apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda contra el codemandado Fernando Pérez González. La desestimación se basó en el incumplimiento de la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, al considerar el foro primario que las gestiones para emplazar personalmente al Sr. Pérez González fueron insuficientes antes de autorizar el emplazamiento por edicto. Este emplazamiento se realizó tras enmendar la demanda para incluir a la sucesión de los deudores originales. A pesar de haberse dictado sentencia en rebeldía y completado la subasta, el codemandado impugnó el emplazamiento. El Tribunal de Apelaciones REVOCA la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso instado por Thompson Realty Company y William Bryce Thompson. Los apelantes recurrieron una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda sobre división de comunidad de bienes. Dicha demanda, presentada en 2006, buscaba la partición o venta de varias fincas en Culebra, alegando co-propiedad con los numerosos apelados. Los apelados se opusieron a la demanda, presentando defensas basadas en sentencias previas y acciones sobre las propiedades. El Tribunal de Primera Instancia declaró la demanda de división "Sin Lugar". Los apelantes solicitaron al Tribunal de Apelaciones revocar esa decisión. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar la apelación. La desestimación se fundamentó en el incumplimiento de los apelantes con las Reglas del Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso incoado por MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY. MAPFRE apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró con lugar una demanda de daños y perjuicios. La demanda fue presentada por Migdalia París Díaz en representación de su hijo menor, quien sufrió una caída en un residencial. La reclamación se basó en alegada negligencia de entidades cubiertas por la póliza de MAPFRE. En el TPI, MAPFRE inicialmente admitió negligencia, pero luego retiró dicha admisión durante el proceso judicial. El TPI permitió el retiro y la parte demandante procedió a presentar prueba. Tras examinar el recurso de apelación, el Tribunal de Apelaciones decide revocar la Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc dictada por el TPI. Como resultado, la demanda original presentada por la Sra. París Díaz es desestimada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Ramón A. Martínez Medina contra la Federación de Tiro Con Arco y el Comité Olímpico. El apelante, un atleta veterano discapacitado, recurre la desestimación de su demanda por interdicto y daños. Alegó que la Federación lo discriminó, le negó oportunidades y lo desafilió en represalia por presentar quejas ante el Comité Olímpico. También sostuvo que el Comité Olímpico manejó sus quejas de forma inadecuada, sin permitirle presentar prueba ni garantizar el debido proceso. Martínez Medina solicitó su restitución a la Federación para competir en las Olimpiadas de Tokio y una indemnización por daños. Argumentó que ambas entidades están sujetas a la doctrina de "state action" por recibir fondos públicos. La Federación negó el discrimen, alegando que el demandante se negó a participar en actividades y violó reglamentos al contratar entrenadores por su cuenta.

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Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico solicitó la revocación de dicha resolución. La resolución recurrida había declarado no ha lugar la moción de desestimación del Estado y con lugar la moción de sentencia sumaria de los demandantes, el matrimonio Ortiz-Mateo. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el Estado incautó la propiedad de los demandantes, dándoles derecho a justa compensación. Los demandantes habían presentado una demanda de expropiación a la inversa. Alegaron que el Estado ocupó su local comercial por 31 meses sin contrato ni pago tras vencer el arrendamiento. El Estado argumentó que la expropiación a la inversa no aplicaba, pues reconocería una obligación sin contrato válido bajo las leyes de contratación gubernamental. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, revocó la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelante, Diana Vázquez Oliveras, recurrió una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra MAPFRE Pan American Insurance Company. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato por parte de MAPFRE al no compensarla adecuadamente por los daños causados por el huracán María a su propiedad asegurada. MAPFRE solicitó la desestimación sumaria, argumentando que la reclamación fue saldada mediante la figura de "pago en finiquito" cuando la apelante cobró un cheque presentado como pago total y final. La apelante se opuso, cuestionando la suficiencia del pago, la buena fe de la aseguradora y la aplicabilidad de la doctrina de "pago en finiquito" a las reclamaciones de seguros. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de MAPFRE y desestimó la demanda. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, decidió revocar la sentencia apelada. La sentencia detalla el historial procesal y los argumentos de las partes en este litigio sobre daños por huracán.

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El Dr. José L. Fossas Blanco presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones contra una decisión de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico. Dicha decisión había decretado el cierre y archivo de su solicitud de investigación contra MCS Advantage, Inc. La Oficina del Comisionado había concluido que carecía de jurisdicción para atender las alegaciones del Dr. Fossas Blanco. Mientras el recurso de revisión estaba pendiente, la Oficina del Comisionado informó al Tribunal de Apelaciones sobre una nueva determinación. La agencia decidió reabrir la investigación solicitada originalmente por el Dr. Fossas Blanco. Ante esta nueva circunstancia, la Oficina del Comisionado solicitó la desestimación del recurso de apelación. Argumentó que el recurso se había tornado académico, ya que el asunto principal (el cierre de la investigación) había sido resuelto. El Tribunal de Apelaciones acogió la solicitud. Encontró que, efectivamente, el recurso se había tornado académico. Por tanto, desestimó el recurso de revisión presentado por el Dr. Fossas Blanco.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una impugnación de subasta municipal. Venegas Construction recurrió la adjudicación de la Subasta Núm. 11-AE2020-2021 por el Municipio de Ponce a favor de MFP Development, LLC. Venegas alegó que MFP no cumplió con los requisitos del pliego y solicitó que se le adjudicara la subasta a su favor. El Municipio solicitó la desestimación del recurso por ser académico. Explicó que el licitador originalmente agraciado (MFP) solicitó su descualificación. La Junta de Subastas del Municipio resolvió adjudicar la buena pro al segundo postor más bajo, que resultó ser Venegas Construction. Venegas se opuso a la desestimación, argumentando que la controversia no era académica ya que el Municipio no había emitido formalmente un nuevo aviso de adjudicación a su favor. El Municipio indicó que paralizó la adjudicación formal en espera de la determinación judicial. El Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. El caso fue presentado por Venegas Construction contra el Municipio Autónomo de Ponce y Green Earth Engineer Services, Inc., el licitador agraciado. Venegas impugnó la adjudicación de la subasta municipal número 12-AE-2020-2021 (ADM), relacionada con proyectos de reconstrucción en Ponce. La subasta pública fue convocada para contratar trabajos de reconstrucción tras el Huracán María. Cuatro compañías presentaron ofertas, siendo Green Earth la que ofreció el precio más bajo. La propuesta de Green Earth fue evaluada por el Municipio y sus consultores, quienes verificaron su cumplimiento técnico, la razonabilidad de costos y la adhesión a las normativas aplicables. La Junta de Subastas del Municipio de Ponce adjudicó la subasta a Green Earth, concluyendo que cumplía con todos los requisitos y representaba el mejor interés municipal. Venegas presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones, al cual el Municipio se opuso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una Petición de Certiorari. La petición fue presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Monte Real contra Mapfre Praico Insurance Company. El Consejo solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar ciertas objeciones de Mapfre sobre descubrimiento de prueba. El pleito original fue incoado por el Consejo contra Mapfre alegando incumplimiento de contrato y violaciones al Código de Seguros. El Consejo reclamaba daños sufridos por el Condominio tras el huracán María y la alegada negativa ilegal de Mapfre a pagar la reclamación bajo la póliza. También alegó prácticas desleales en el manejo de la reclamación. Tras revisar la petición, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso civil de daños. Los peticionarios, Félix A. Peña Fernández y Magda Cecilia Rodríguez Rodríguez, recurrieron una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden denegó su solicitud para paralizar el descubrimiento de prueba, específicamente deposiciones. La demanda civil fue presentada por Salinas South Plaza, Inc. y otras entidades, alegando que Peña se apropió ilegalmente de más de $4.5 millones mientras era su Gerente de Contabilidad. Los peticionarios basaron su pedido de paralización en el privilegio a la no autoincriminación para Peña, dado un caso criminal federal pendiente por hechos relacionados. La Sra. Rodríguez invocó el privilegio de comunicaciones confidenciales matrimoniales. El foro primario denegó la paralización del descubrimiento. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Firstbank Puerto Rico contra Carmelo Hernández Berrios, originado en el Tribunal de Primera Instancia de Humacao sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El apelante recurre de una sentencia en rebeldía y una resolución posterior que denegó su solicitud de nulidad. Firstbank demandó en septiembre de 2019 y el apelante no contestó a tiempo. Firstbank solicitó la anotación de rebeldía y sentencia. El apelante presentó su contestación a la demanda el 6 de marzo de 2020, argumentando la necesidad de mediación compulsoria. Sin embargo, en esa misma fecha, el foro primario anotó la rebeldía y dictó sentencia ordenando la venta de la propiedad. El apelante solicitó dejar sin efecto la rebeldía y la sentencia, alegando que la rebeldía se anotó después de contestar y que no se cumplió con la ley de mediación compulsoria. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud, lo que motivó la apelación ante este foro.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso instado por el Estado Libre Asociado (ELA) contra Universal Insurance Co. El ELA apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró con lugar una demanda de impugnación de confiscación de un vehículo. La confiscación original se basó en una supuesta infracción de regateo (Art. 5.06), que conlleva la incautación del automóvil. Universal, como aseguradora, impugnó la confiscación y solicitó sentencia sumaria. Argumentó que en el caso criminal relacionado, el conductor se declaró culpable de un delito menor (exceso de velocidad, Art. 5.02) que no apareja la confiscación. El TPI acogió este argumento y ordenó la devolución del vehículo o su valor. El ELA apeló, sosteniendo que el resultado del proceso penal era irrelevante para la acción civil de confiscación. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia dictada por el TPI.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Gravero Las 14, Inc. La corporación impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero contra Bellagio Corp. La disputa central se relaciona con la representación legal de Gravero, cuyos dos accionistas poseen 50% cada uno y están en conflicto. El TPI había dejado sin efecto la autorización a un abogado para representar a la corporación. Además, el TPI resolvió que solo autorizaría como representante legal a un abogado que contara con el aval de ambos accionistas. Gravero argumentó que esta exigencia era incorrecta y que la ley no requiere consentimiento de accionistas para actos administrativos como nombrar abogado. La corporación también destacó la imposibilidad de acuerdo entre los accionistas debido a su tensa relación. Bellagio Corp., la parte recurrida, se opuso a la expedición del auto. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del Certiorari solicitado por Gravero.

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Revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de pensión alimentaria. El recurrente, Miguel Delgado Ortiz, impugna la determinación de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) de que su moción de reconsideración fue presentada fuera de término. ASUME emitió una Resolución sobre Modificación de Pensión Alimentaria y sostuvo que fue notificada el 24 de mayo de 2021. El recurrente presentó una Moción de Reconsideración el 25 de junio de 2021. ASUME resolvió que la moción fue extemporánea, pues el término de 20 días venció el 14 de junio de 2021, declarando que carecía de jurisdicción. El recurrente alegó que la notificación efectiva ocurrió el 7 u 8 de junio de 2021 por un Examinador de Pensiones Alimentarias, lo que haría su reconsideración oportuna. ASUME reiteró que la notificación válida fue la del 24 de mayo de 2021 y que la notificación posterior fue contraria a derecho. La agencia declaró "No Ha Lugar" la segunda solicitud de reconsideración del recurrente. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones cuestiona la determinación de ASUME sobre la falta de jurisdicción para evaluar la moción de reconsideración inicial.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Jorge Rodríguez Rivera contra Celia Rodríguez Silva. La petición impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, en casos consolidados sobre división de comunidad de bienes. La sentencia parcial desestimó las reclamaciones relativas a dos propiedades inmuebles, determinando que eran privativas de la señora Rodríguez Silva. Esta determinación afectó las demandas de la Sucesión de Julia García Garnier y las alegaciones del señor Rodríguez Rivera. El Tribunal de Apelaciones acogió la apelación como certiorari al no disponer la sentencia de la totalidad de la comunidad. La señora Rodríguez Silva solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción, alegando presentación tardía. El Tribunal de Apelaciones declaró No Ha Lugar dicha solicitud tras analizar los argumentos. Ahora procederá a resolver en sus méritos la controversia sobre la clasificación de las dos propiedades.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Resolución en Reconsideración emitida por la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. La recurrente, Arasely Nieves Oyola, impugnó la denegación de su solicitud para ser registrada como Hogar Adoptivo. Dicha solicitud surgió de su interés en adoptar a dos menores que ya se encontraban bajo su custodia física. El Departamento de la Familia realizó un estudio social que, si bien destacó aspectos positivos de la recurrente, concluyó con una recomendación no favorable, identificando deficiencias en el renglón de Solvencia Moral. La señora Nieves Oyola solicitó la paralización de procesos administrativos y judiciales relacionados. El Tribunal de Apelaciones ordenó la paralización de los procedimientos administrativos ante la Junta Adjudicativa. Tras un estudio del caso, el Tribunal resolvió revocar la Resolución en Reconsideración recurrida. Esta sentencia anula la decisión del Departamento de la Familia que denegó la solicitud de adopción de la recurrente.

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El Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso de certiorari presentado por John Sánchez Nieves, miembro de la población correccional. El peticionario solicitaba la revisión de una supuesta decisión del Tribunal de Primera Instancia que le denegó ser eximido del pago de la pena especial, alegando insolvencia económica. El Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso incumplía de forma sustancial con los requisitos reglamentarios, incluyendo la falta de presentación de documentos esenciales como la decisión recurrida. La corte señaló que el incumplimiento craso impedía establecer jurisdicción y perfeccionar el recurso, a pesar de que el peticionario comparecía por derecho propio. Además, el tribunal indicó que, aun de haber tenido jurisdicción, la solicitud de exención sería denegada. Esto se debe a que la ley vigente (Código Penal de 2012) dispone el pago de la pena especial sin contemplar su eliminación por indigencia, a diferencia de enmiendas anteriores a la Ley 183.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Natalio Mejías Feliciano y otros, apelantes, contra Mapfre Pan American Insurance Company, apelado. El recurso busca revisar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sumariamente su demanda. Los apelantes demandaron a Mapfre por incumplimiento de contrato y mala fe en el ajuste de una reclamación de seguro por daños del Huracán María. Alegaron que Mapfre subvaloró los daños a su propiedad y actuó de forma desleal. Mapfre se defendió argumentando que ajustó los daños de buena fe y que el cobro de un cheque por $75.72 constituyó un pago en finiquito que extinguió la obligación. El Tribunal de Primera Instancia acogió la defensa de pago en finiquito y desestimó el caso. Los apelantes se opusieron, señalando controversias fácticas y falta de orientación por parte de la aseguradora. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el dictamen, determinó revocar la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo. El peticionario, José Trinidad Narváez, impugna la denegatoria de su moción de desestimación por prescripción. Se le imputan dos cargos de agresión sexual por hechos alegadamente ocurridos el 1 de agosto de 2004 contra una menor. El peticionario argumentó que los delitos estaban prescritos bajo el Código Penal de 1974. El Ministerio Público sostuvo que leyes posteriores extendieron el término prescriptivo, haciendo las denuncias presentadas en 2021 oportunas. El Ministerio Público también argumentó que los principios de favorabilidad y leyes ex post facto no aplican a la prescripción. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la oposición del Ministerio Público, denegando la desestimación. El Tribunal de Apelaciones examina ahora si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente las normas sobre prescripción a los hechos imputados.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. Examina la petición del Consejo de Titulares del Condominio Puerta de la Bahía para revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó la Moción para Eliminar Defensas Renunciadas por la Aseguradora, presentada por el Consejo de Titulares contra MAPFRE PRAICO Insurance Company. El Consejo de Titulares argumentó que MAPFRE PRAICO renunció a defensas afirmativas, como la falta de cubierta, al no plantearlas oportunamente tras la reclamación por daños del Huracán María. MAPFRE PRAICO se opuso, alegando que la moción era extemporánea y buscaba una determinación sustantiva improcedente mediante una moción eliminatoria. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción del Consejo de Titulares. El Consejo de Titulares recurrió en certiorari, señalando error en esa denegatoria. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de certiorari. Esto confirma la decisión del foro primario de no eliminar las defensas de la aseguradora en esta etapa procesal.

Resumen:

Tribunal de Apelaciones revisa una petición de certiorari en el caso KLCE202100957, sobre Derecho Corporativo. El peticionario, Wilfredo Bonilla López, solicita la revocación de órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia relativas a la Comunidad Gabino Negrón del Barrio Cerro Gordo de Aguada, P.R., Inc. La disputa se centra en acciones del peticionario relacionadas con la gobernanza y el control de la cuenta bancaria de la Corporación. Este recurso se presenta en el contexto de un litigio previo que incluyó apelaciones sobre intervención y culminó en una Sentencia Parcial final y firme. Los recurridos alegan que el peticionario ha actuado en contravención de determinaciones judiciales previas al convocar reuniones y retener control de fondos. El peticionario defiende sus acciones como conformes a la ley corporativa. El Tribunal de Apelaciones evalúa la procedencia de expedir el auto de certiorari tras recibir la oposición de la parte recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero iniciado por BT (Recovery) Corp. contra Dennis Vélez Barlucea por deficiencias en contratos de arrendamiento de vehículos. La controversia principal se centra en la legitimación activa de BT para reclamar la deuda. Previamente, el Tribunal de Apelaciones revocó una desestimación sumaria del caso por el Tribunal de Primera Instancia, indicando que la legitimación debía probarse en juicio y que el TPI erró al desviarse de la ley del caso. Tras el reenvío, BT solicitó nuevamente sentencia sumaria, alegando poseer legitimación y la ausencia de controversia sobre el incumplimiento del demandado. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta segunda solicitud de sentencia sumaria. BT presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones impugnando dicha denegatoria. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado. Se revoca la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de sentencia sumaria de BT.

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Carlos M. Padilla Viera, quien cumple condena tras una alegación de culpabilidad, presentó una moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Arguyó que las penas impuestas por infracciones a la Ley de Armas (Art. 5.15) y al Código Penal (Art. 95) eran excesivas o incorrectas según la ley aplicable. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, indicando que las penas eran cónsonas con la alegación pre-acordada y las penas agravadas vigentes. Inconforme, Padilla Viera acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Certiorari, solicitando la anulación o modificación de su sentencia. El Tribunal de Apelaciones procederá a denegar la expedición del recurso incoado. La resolución explica que la Regla 192.1 permite cuestionar la legalidad de una sentencia por motivos específicos de derecho, como violaciones constitucionales o legales o penas que exceden lo prescrito, pero no para reabrir cuestiones de hecho ya adjudicadas. Aunque una alegación de culpabilidad no impide un ataque colateral, este debe basarse en la falta de inteligencia de la alegación o una defensa meritoria de derecho.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Otoniel Marcano Velázquez para revisar una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. El pleito original es una reclamación laboral contra la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) bajo la Ley Núm. 2, incluyendo horas extras y tiempo compensatorio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria del apelante y concedió parcialmente la de la AMA. Esta sentencia parcial desestimó la causa de acción por cobro de horas extras, ordenando continuar el caso para dilucidar el tiempo compensatorio. El apelante solicitó reconsideración ante el tribunal primario, a lo que la AMA se opuso alegando que no procede en este tipo de procedimiento. El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia Parcial emitida el 14 de junio de 2021. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202000388. Triangle REO PR CORP. recurrió en certiorari contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La resolución denegó la sentencia sumaria de Triangle y le ordenó devolver pagarés hipotecarios a Inmobiliaria Río Lajas, Inc. Inmobiliaria demandó a Triangle, alegando haber ejercido su derecho de retracto de crédito litigioso sobre facilidades originadas en Eurobank, adquiridas por Oriental y luego por Triangle. Inmobiliaria afirmó haber pagado el crédito pero no recibió los pagarés, reclamando daños. Triangle se opuso, argumentando que la intervención del FDIC desplazaba el retracto o que el pago fue incorrecto. El TPI determinó que Inmobiliaria ejerció correctamente el retracto, ordenó la devolución de los pagarés y continuó el proceso por daños. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado por Triangle y confirmó la Resolución y Orden impugnada del Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de división de comunidad postganancial. La apelante, Melissa Colón Rodríguez, impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia determinó que su excónyuge, Luis A. Rodríguez Torres, es accionista de la corporación Melissa Colón Rodríguez, Inc., creada durante el matrimonio. El TPI concluyó que estas acciones son de naturaleza ganancial y forman parte de la comunidad sujeta a liquidación. La decisión del TPI se basó en evidencia extrínseca, la recepción de recursos considerados dividendos implícitos y la aportación de bienes inmuebles a la corporación. La apelante alegó errores en la apreciación de la prueba y en la conclusión sobre la calidad de accionista de su excónyuge. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una determinación de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). El Municipio de San Juan apeló la resolución de la CASP que concluyó que la destitución de Miguel A. Pabón Vega fue sin observar las garantías del debido proceso de ley. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida. La destitución de Pabón Vega se originó por alegadas amenazas a sus supervisores tras negarse a regresar a su área de trabajo. El Municipio le notificó una intención de destitución y lo citó a una vista administrativa informal siete días después. Pabón Vega argumentó que esta notificación violaba el Reglamento de Conducta del Municipio, que requería una advertencia sobre el derecho a solicitar una vista en quince días. También señaló que se le denegó un reseñalamiento de la vista a pesar de la ausencia de su abogada. El Oficial Examinador municipal desestimó sus argumentos procesales. El Tribunal de Apelaciones validó la determinación de la CASP sobre la violación al debido proceso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones en un recurso de certiorari presentado por el matrimonio González González. Los peticionarios solicitaron la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de Relevo de Sentencia. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios a raíz de un accidente de tránsito. Los peticionarios demandaron a varias partes, incluyendo a la señora Neida Oliveras, alegando que era propietaria de un vehículo involucrado. Oliveras y Garaje Isla Verde (GIV) presentaron prueba indicando que Oliveras no era la dueña al momento del accidente. GIV alegó haber comunicado esta información a la abogada de los peticionarios antes de que enmendaran la demanda. A pesar de ello, los peticionarios continuaron el pleito contra Oliveras y añadieron a GIV. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por los peticionarios. El panel resolvió expedir el auto de certiorari. Tras examinar los fundamentos, el Tribunal confirmó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de Certiorari presentado por One Alliance Insurance Corporation. La aseguradora solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que refirió una controversia sobre daños causados por los huracanes Irma y María al proceso de "appraisal" dispuesto en la Ley 242. La disputa es entre One Alliance y el Consejo de Titulares del Condominio Miradores del Yunque. One Alliance argumentó que el TPI erró al ordenar el referido sin resolver primero la controversia sobre la cubierta de la póliza, que consideraba el asunto principal. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado por la aseguradora. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado. Esta decisión mantiene en vigor la determinación del foro primario de enviar el caso al proceso de valoración de daños.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial presentado por Melbert Pérez contra ABZCO, LLC. El recurrente solicitó la revocación de una resolución sumaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). DACO había desestimado la querella de Pérez al determinar que ABZCO había resuelto el Contrato Uniforme de Compraventa conforme a sus cláusulas. La querella original ante DACO trataba sobre alegados defectos en una propiedad y la validez de la resolución contractual. ABZCO argumentó que resolvió el contrato debido a que Pérez rehusó proveer la documentación necesaria para el financiamiento. El Tribunal de Apelaciones revisó los escritos y documentos de las partes. Considerando el derecho aplicable, el Tribunal confirmó el dictamen apelado de DACO. Esto resultó en la validación de la desestimación de la querella de Pérez.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Certiorari presentada por Triple-S Propiedad, Inc. contra el Council of Owners of the Aquátika Condominium. Triple-S impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia que le exigía adelantar fondos al condominio para mitigar daños por huracanes, basándose en el informe pericial de la propia aseguradora. El pago ordenado representaba el mínimo reservado por Triple-S para la reclamación. La aseguradora solicitó la paralización de la orden y la expedición del auto de Certiorari para revocarla. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Concluyó que la orden no adjudicaba la controversia principal, sino que era una medida provisional para atemperar la realidad de la parte recurrida. El Tribunal no encontró indicio de que el Tribunal de Primera Instancia actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera error de derecho. Por tanto, denegó la Moción en Solicitud de Orden de Paralización y la expedición del auto de Certiorari solicitado. El asunto fue devuelto al foro de origen para la continuación de los procedimientos.

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Elías Figueroa Liciaga impugnó la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de mantener su nivel de custodia máxima. Argumentó que su puntuación en el manual de clasificación justificaba una reclasificación a custodia mínima y que el DCR aplicó arbitrariamente una modificación discrecional. El DCR defendió su decisión, afirmando que cumplió con la reglamentación y utilizó apropiadamente el criterio de "historial de violencia excesiva". Este criterio se aplicó debido a la condena de Figueroa por múltiples asesinatos e intentos de asesinato que involucraron disparos indiscriminados. El DCR también consideró su fecha proyectada de elegibilidad para libertad bajo palabra en 2093. El DCR sostuvo que el tribunal debía deferir a su experiencia en la interpretación y aplicación de su manual de clasificación. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. La sentencia indica que el tribunal confirmará la determinación del DCR de ratificar el nivel de custodia máxima de Figueroa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión judicial. CMA-CPM-CSA JOINT VENTURE, LLC (JV3) recurre contra una decisión de la Junta de Revisión Administrativa del Departamento de Educación. La Junta declaró que carecía de jurisdicción para atender la solicitud de reconsideración de JV3. Argumentó que la solicitud fue sometida fuera del término de 20 días tras la notificación de la adjudicación del RFP PRDE (ER)-2020-01. El Departamento notificó la adjudicación por correo certificado el 9 de abril de 2021 y por correo electrónico el 18 de abril de 2021. JV3 afirmó haber recibido la notificación el 18 de abril. El Tribunal de Apelaciones revocó la resolución de la Junta. Determinó que la Junta sí tenía jurisdicción para considerar la solicitud. Ordenó devolver el caso a la Junta de Revisión Administrativa. La Junta deberá acoger y resolver en los méritos la solicitud de reconsideración presentada por JV3.

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Capital Improvements Program Management, P.S.C. impugnó ante el Tribunal de Apelaciones la adjudicación de la Subasta Núm. 2021-0003 por parte del Municipio de Adjuntas. La recurrente alegó que la notificación de adjudicación era defectuosa y violaba el debido proceso de ley al no detallar las propuestas ni justificar la decisión. El Municipio y la Junta de Subastas solicitaron la desestimación del recurso, informando que habían cancelado la adjudicación impugnada conforme a su reglamento. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso. Determinó que, al haberse cancelado la adjudicación, la controversia se tornó académica. Aplicando la doctrina de academicidad, que priva al tribunal de jurisdicción sobre asuntos sin controversia viva, procedió a desestimar el recurso de revisión administrativa.