Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 11)

Resumen:

Anthony R. Negrón Burgos solicitó al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la revisión de una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Dicha resolución mantuvo su clasificación de custodia en el nivel mediano. El DCR justificó su decisión basándose en la gravedad del delito cometido, un asesinato en primer grado de una menor, a pesar de que la escala de clasificación arrojaba una puntuación para custodia mínima. La agencia utilizó una modificación discrecional por la seriedad del crimen y consideró la sentencia de 99 años y las lejanas fechas para posible libertad bajo palabra o excarcelación. Negrón Burgos argumentó que la decisión era caprichosa y arbitraria, y que no se consideraron aspectos como su buena conducta. El Tribunal de Apelaciones, aplicando el estándar de revisión administrativa que otorga deferencia a las determinaciones de las agencias, confirmó el dictamen recurrido del DCR.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa de una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso surge de una querella presentada por el titular Adelino Vega Cardona contra el Consejo de Titulares del Condominio Río Mar II. El señor Vega Cardona impugnó la decisión de la Junta de Directores de dar por no puesto su voto de oposición emitido por escrito en una asamblea del 19 de agosto de 2023. Su voto se oponía a la ratificación de cambios de fachada, basándose en querellas previas ante el DACo y una sentencia anterior del Tribunal de Apelaciones. La Junta de Directores argumentó que el voto de oposición era generalizado, carecía de fundamentos específicos para cada cambio y buscaba únicamente evitar la unanimidad. El DACo, en su Resolución Sumaria, concluyó que el voto de oposición del señor Vega Cardona no expresó un fundamento válido conforme a la Ley de Condominios. La agencia también determinó que la asamblea del 19 de agosto de 2023 no evaluó adecuadamente los fundamentos de los votos en contra. Esto motivó la celebración de una asamblea posterior el 28 de octubre de 2023 para subsanar dicha deficiencia. El documento detalla el historial procesal y los argumentos presentados ante el DACo que llevaron a la revisión ante el Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia procedente del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) en un caso de incumplimiento de contrato. La querella original fue presentada por Ashley Santiago contra Energy Power Solutions, LLC, por un generador eléctrico que no funcionó correctamente. DACo resolvió el contrato de compraventa y ordenó a Energy Power reembolsar a la consumidora la suma de $15,051.39 más intereses. Energy Power solicitó reconsideración ante DACo, alegando falta de notificación de la querella y la vista administrativa, lo que, a su juicio, violó su derecho al debido proceso. DACo denegó la solicitud de reconsideración, determinando que la ausencia de Energy Power fue voluntaria y no hubo violación procesal. Energy Power apeló ante el Tribunal, señalando como error que DACo ordenó la resolución contractual sin las debidas garantías procesales. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los argumentos y el principio de deferencia administrativa, confirma la determinación emitida por el Departamento.

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Antonia Rosado Charón solicitó la revisión judicial de una resolución de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico. La Junta de Retiro había archivado su caso por falta de jurisdicción, al determinar que no existía una decisión revisable. La señora Rosado Charón se retiró en 2021 y comenzó a recibir una pensión significativamente menor a la que entendía le correspondía. Tras gestiones informales en 2021, apeló formalmente ante la Junta de Retiro en 2024, argumentando que nunca fue notificada oficialmente del monto de su pensión o de un error. La Junta de Retiro sostuvo que la apelación era prematura o tardía. El Tribunal de Apelaciones revisó la resolución de archivo de la Junta de Retiro. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial presentado por la señora Rosado Charón por considerarlo prematuro. Asimismo, el Tribunal emitió una orden dirigida a la Junta de Retiro.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico South American Restaurants Corp. (SARCO) para revisar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Dicha Sentencia, dictada el 30 de octubre de 2024, declaró con lugar una Querella Enmendada por despido injustificado presentada por Scarlett Vega Justiniano. La señora Vega Justiniano alegó haber sido despedida ilegalmente por SARCO en octubre de 2023 tras un incidente en su lugar de trabajo. El foro primario dictó la Sentencia apelada tras anotar la rebeldía a SARCO por no contestar la Querella Enmendada. La Sentencia ordenó a SARCO pagar a la señora Vega Justiniano \$44,763.90 por mesada y salarios dejados de devengar. Adicionalmente, impuso la restitución inmediata de la empleada a su puesto de trabajo. También se fijó una cuantía de \$11,190.97 por concepto de honorarios de abogados. SARCO interpuso la Apelación el 12 de noviembre de 2024 solicitando la revisión de esta decisión.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un auto de Certiorari presentado por César M. Pérez Morales y Lydia Z. Merced Hernández. Los peticionarios solicitan la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación en un caso de ejecución de hipoteca y cobro de dinero. Alegaron que los demandantes, Julio Cruz Olmo y Marta M. Sánchez Santiago, incumplieron con la Ley 184-2012 al no ofrecer alternativas de mitigación de pérdidas. El Tribunal de Apelaciones recuerda que previamente confirmó la decisión del foro primario. En aquella ocasión, determinó que las disposiciones de mitigación de pérdidas no aplican a personas naturales privadas, solo a instituciones financieras. Dicha determinación fue validada por la denegatoria de un auto por el Tribunal Supremo. A pesar de estos precedentes, los peticionarios presentaron una nueva moción de desestimación basada en los mismos argumentos, la cual fue nuevamente declarada No Ha Lugar por el foro primario. Tras evaluar el recurso y el expediente, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto de Certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso de divorcio sobre custodia y alimentos. El peticionario, Jonathan de Jesús Colón, solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Aibonito. Dicha orden declaró Ha Lugar una moción de reconsideración presentada por la recurrida, Allyss Yamel Alicea Jiménez. La recurrida buscaba reconsiderar una resolución previa sobre pensión alimentaria, alegando que no compareció a la vista inicial por error y que la pensión fijada era incorrecta. El peticionario se opuso a la reconsideración. El TPI refirió el asunto a la Examinadora de Pensiones Alimentarias. La Examinadora recomendó acoger la reconsideración y señalar una nueva vista final de alimentos. El TPI adoptó la recomendación de la Examinadora y ordenó la vista. El Tribunal de Apelaciones deniega el recurso de apelación, acogido como certiorari, presentado por el peticionario contra esta determinación del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones emite Sentencia en el recurso presentado por José Luis Carrión Rodríguez contra Site Resource Group. El apelante impugnaba una Sentencia Sumaria que desestimó su querella por despido injustificado. Señaló errores en la decisión del foro primario al conceder la sentencia sumaria. La parte apelada solicitó la desestimación del recurso por incumplimiento con las reglas procesales. Argumentó que el recurso de apelación no fue notificado adecuadamente el mismo día de su presentación. También destacó la omisión del apelante en presentar el apéndice requerido. El apelante se opuso a la desestimación, explicando la leve demora en la notificación. El Tribunal desestima el recurso de apelación. La decisión se basa en la falta de notificación adecuada del recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202500202. El recurso fue presentado por Carlos Rosaly Molina contra el Municipio de San Juan. El Municipio solicitó la paralización de operaciones del taller de mecánica del apelante por no contar con el Permiso Único requerido por la Ley Núm. 161-2009. El apelante alegó poseer un Permiso de Uso anterior y estar en proceso de obtener la conversión al Permiso Único. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el cese de operaciones, determinando que el negocio operaba al margen de la ley sin el Permiso Único. Inconforme, el apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones. Tras revisar los argumentos y la aplicación del Artículo 8.4A de la Ley Núm. 161-2009, el foro apelativo confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Se ratifica así la orden de paralizar las operaciones del taller por la falta del Permiso Único obligatorio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLCE202500331, relacionado con la liquidación de una comunidad de bienes. El peticionario, Regalado Maldonado Hernández, instó un recurso de certiorari para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito. Dicha Orden le impuso una sanción de $1,000.00 por incumplimiento. El incumplimiento consistió en no presentar oportunamente informes de valoración de bienes, requeridos para la adjudicación del pleito. La parte recurrida, Ana María Ortiz Aponte, presentó su oposición a la expedición del auto. Tras evaluar la petición y la oposición, el Tribunal de Apelaciones concluyó que no se justifica su intervención. Determinó que no concurren los criterios establecidos en la Regla 40 de su Reglamento para expedir el auto. En consecuencia, el Tribunal denegó la expedición del certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones deniega el recurso de Certiorari presentado por Christopher Alemán Arce contra el Hospital Español Auxilio Mutuo. El peticionario solicitó la revocación de una Orden de Protección Patronal Ex Parte emitida y enmendada por el Tribunal de Primera Instancia bajo la Ley Núm. 284-1999. Dicha orden fue solicitada por el Hospital Auxilio Mutuo alegando un patrón de hostigamiento por parte del Sr. Alemán Arce, empleado enfermero. El foro primario expidió la orden inicialmente y ordenó el desarme del peticionario. Posteriormente, el Sr. Alemán Arce solicitó el archivo, alegando afectación a su salud por prohibición de entrada y violación al debido proceso por no celebrarse vista a tiempo. El Tribunal de Primera Instancia enmendó la orden para permitirle acudir a citas médicas, manteniendo las demás condiciones y extendiendo su vigencia. El peticionario recurre ante el Tribunal de Apelaciones señalando errores relacionados con la expedición Ex Parte sin vista, la falta de configuración de excepciones legales y la extensión *motu proprio* de la orden. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones deniega el recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso presentado por Gloria Cordero Haydon. La apelante impugnó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) del 8 de enero de 2025. Dicha sentencia del TPI declaró Ha Lugar una Moción de Anotación de Rebeldía y Sentencia Sumaria presentada por Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). El caso original es una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoada por BPPR el 7 de mayo de 2024. BPPR demandó a la Sra. Cordero Haydon y a la Sucesión de René Jesús Fernández por el impago de un pagaré hipotecario de 2004 garantizado por una propiedad. Los pagos cesaron en noviembre de 2019, llevando a BPPR a reclamar la deuda o la venta en pública subasta del inmueble. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la Sentencia apelada del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de comunidad de bienes. El peticionario solicitó la revocación de seis órdenes del Tribunal de Primera Instancia que denegaron la enmienda del informe preliminar entre abogados. La controversia principal gira en torno a la admisión como evidencia de la tasación de una propiedad en Florida, realizada por un perito designado por el foro primario. El perito, señor Enio Russe-García, rindió su informe de tasación con estudio de rentas. Aunque los informes preliminares de las partes mencionaban al perito y la tasación, no lo incluyeron en la lista de testigos. El Tribunal de Primera Instancia dictaminó que la tasación no sería admitida como evidencia sin el testimonio del perito. Ante la denegación de la enmienda o estipulación, el peticionario acudió en certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Se revocaron las órdenes del Tribunal de Primera Instancia que denegaron la enmienda del informe preliminar.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Caguas. La peticionaria, Alina Vicente López, impugna la decisión del foro primario que denegó su solicitud de orden de protección bajo la Ley Contra el Acecho (Ley 284) contra Lilliam Maldonado y Carlos Mercado. La peticionaria alegó un patrón de acecho, persecución y amenazas por parte de los recurridos desde 2020, incluyendo invasión de propiedad y vigilancia. Tras una vista, el Tribunal de Primera Instancia determinó que no se configuraban los elementos para expedir una orden final, señalando, entre otras cosas, la falta de prueba de una amenaza específica. En su recurso, la peticionaria argumenta que el foro primario cometió múltiples errores y abusó de su discreción judicial, incluyendo fallas procesales, no considerar evidencia y violar derechos constitucionales. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la señora Vicente López.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a dos recursos de Certiorari presentados por Immutable Holdings, Inc., Fried LLC, The NFT Company Inc., y otros. Estos recursos provienen de un caso civil en el Tribunal de Primera Instancia sobre injunction, nulidad, fraude y cobro de dinero relacionado con el dominio NFT.com. Los peticionarios apelaron dos Órdenes emitidas el 14 de abril de 2025 por el foro primario. La primera Orden denegó su moción solicitando fianza de no residente y suspensión de los procedimientos. La segunda Orden denegó su moción sobre desglose de descubrimiento o prórroga para responder. El Tribunal de Apelaciones evaluó las solicitudes y la evidencia anejada. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal denegó ambos recursos de Certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos recursos de Certiorari consolidados. Los peticionarios, entre ellos Immutable Holdings, Inc. y Fried LLC, solicitaron la revocación de dos órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia el 14 de abril de 2025. Una orden denegó su moción para imponer una fianza de no residente y suspender los procedimientos en el pleito principal. La otra orden apelada rechazó su moción sobre el descubrimiento de prueba o una prórroga para responder. El caso subyacente trata sobre alegaciones de fraude y violación al deber fiduciario en relación con el dominio NFT.com. Tras evaluar los recursos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar ambos recursos de Certiorari presentados por los peticionarios.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, José Enrique Fernández Bjerg, solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar su moción para excluir a su cónyuge, Mary Jane Rita Richards Berrios, de un procedimiento de declaración de incapacidad. El peticionario argumentó que el Artículo 110 del Código Civil exige convivencia para que el cónyuge pueda instar la acción, y su esposa no convivía con él al momento de la petición. Los recurridos, incluyendo la esposa, se opusieron, alegando que ella tiene un interés legítimo y que la separación fue forzada por la conducta del peticionario debido a su condición de salud. El foro primario denegó la solicitud de exclusión. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202500263. La peticionaria, Morovis Community Health Center, Inc., solicitó un recurso de certiorari. Buscaba dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha determinación declaró No Ha Lugar la Solicitud de Desestimación presentada por la peticionaria. El caso subyacente fue iniciado por Betsy N. Rodríguez Ortiz por despido injustificado, acoso laboral, discrímen por edad y represalias. La empleada fue despedida el 15 de febrero de 2022 y presentó su querella el 9 de septiembre de 2024. La peticionaria alegó, entre otras cosas, que las causas de acción estaban prescritas bajo la Ley Núm. 4 de 2017. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación basada en la prescripción y otras defensas. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado. Esto implica que la decisión del foro primario de no desestimar el caso se mantiene.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo dos recursos consolidados en un caso de daños y difamación. La acción principal fue incoada por Israel Velázquez Zayas contra el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) y otros, luego de que su contrato no fuera renovado tras una investigación por hostigamiento sexual. SUAGM recurrió en certiorari la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó sus mociones de desestimación. Por su parte, Velázquez Zayas apeló la sentencia parcial que desestimó la demanda enmendada contra el oficial examinador, Lcdo. Ricardo A. Piovanetti Döhnert. El Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado por SUAGM. Además, confirmó la Sentencia Parcial que desestimó la acción contra el Lcdo. Piovanetti Döhnert. La decisión valida la continuación del caso por daños y difamación contra SUAGM y las estudiantes querellantes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de impericia médica. La recurrida, Vivian López Llamas, demandó al Dr. Luis Báez Díaz (cuya sucesión ahora es parte) y otros por daños sufridos durante un tratamiento de quimioterapia. La demanda alega negligencia que resultó en extravasación y quemaduras químicas. La Sucesión Báez Díaz solicitó sentencia sumaria en el foro de instancia. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha solicitud y declaró Ha Lugar la oposición de la recurrida. La sucesión peticionaria acude al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de esa determinación. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega la expedición del auto de certiorari. Esto significa que se mantiene la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no dictar sentencia sumaria a favor de la sucesión demandada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso consolidado de certiorari y apelación. El litigio principal involucra una demanda por daños y difamación presentada por Israel Velázquez Zayas contra el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM), estudiantes querellantes y un investigador. La demanda surgió tras una investigación institucional por alegaciones de hostigamiento sexual contra Velázquez Zayas, que resultó en su suspensión y la no renovación de su contrato. SUAGM presentó un recurso de certiorari solicitando revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó las mociones de desestimación de los codemandados (SUAGM y estudiantes). Por su parte, Velázquez Zayas apeló una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda enmendada contra el Lcdo. Ricardo A. Piovanetti Döhnert, el oficial examinador. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los recursos, denegó expedir el auto de certiorari solicitado por SUAGM. Asimismo, confirmó la Sentencia Parcial recurrida por Velázquez Zayas, ratificando la desestimación de las reclamaciones contra el Lcdo. Piovanetti Döhnert.

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El Tribunal de Apelaciones atiende un recurso de certiorari presentado por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. La Comisión solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación en un caso de discrimen. El pleito original fue incoado por Jean C. Reyes Marrero, quien demandó a la Comisión alegando que fue discriminado en un proceso de reclutamiento. Reyes Marrero sostuvo que fue seleccionado para un puesto de mensajero pero rechazado al informar que era paciente de cannabis medicinal. Reclamó daños económicos y por angustias mentales. La Comisión de Juegos solicitó la desestimación argumentando falta de jurisdicción, jurisdicción primaria exclusiva de la CASP, inaplicabilidad de la ley invocada, y defectos en el emplazamiento. Reyes Marrero se opuso, alegando jurisdicción concurrente, aunque reconoció que el procedimiento sumario no aplicaba. El foro primario declaró No Ha Lugar a la desestimación. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones expide el recurso de certiorari y revoca el dictamen recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el Departamento de la Familia. La petición buscaba dejar sin efecto una resolución del Tribunal de Primera Instancia que confirmó un Laudo de Arbitraje. El Laudo, emitido por la Comisión Apelativa del Servicio Público, ordenó el pago de un diferencial por interinato y un ajuste salarial a favor de la señora Elsie D. Ortiz. La reclamación se basó en funciones desempeñadas por la señora Ortiz como supervisora interina entre 2015 y 2019. El Laudo determinó que los pagos procedían conforme al Convenio Colectivo y que la Unión estaba exenta de las limitaciones económicas de la Ley Núm. 66-2014. El Tribunal de Primera Instancia validó esta determinación al denegar la revisión judicial del Laudo. Tras evaluar la petición del Departamento y la oposición de la Unión, el Tribunal de Apelaciones decidió no expedir el auto solicitado.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de una disputa de seguro posterior al Huracán María. El Consejo de Titulares del Condominio Bahía del Mar apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra MAPFRE Praico Insurance Company. La controversia se centra en la valoración de los daños sufridos por el condominio a causa del huracán. MAPFRE ajustó inicialmente la reclamación por una cantidad mínima (\$2,753.28), luego ofreciendo un pequeño adicional. El Consejo de Titulares obtuvo informes independientes que estimaron los daños en cantidades sustancialmente mayores (\$487,573.65 y \$1,401,635.49). Ante la discrepancia, el Consejo demandó a MAPFRE por incumplimiento contractual y daños. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" la demanda incoada por el apelante. El Tribunal de Apelaciones revisa esta decisión judicial. El panel especial del Tribunal de Apelaciones ha decidido revocar parcialmente la sentencia apelada.

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Elvin Castro Márquez presentó una Petición de Mandamus ante el Tribunal de Apelaciones contra la Administración de los Sistemas de Retiro. El propósito era obligar a la Junta de Retiro a cumplir una Sentencia previa de este mismo Tribunal, emitida el 31 de marzo de 2022. Dicha sentencia anterior revocó una determinación de la Junta que denegaba al señor Castro una pensión por treinta años de servicio. El Tribunal en 2022 encontró que la Junta erró al no considerar evidencia que demostraba que el peticionario cumplía con los años de servicio requeridos. La sentencia de 2022 ordenó a la Junta calcular el costo del tiempo no acreditado y, tras el pago, conceder la pensión por mérito. En la presente Sentencia, el Tribunal de Apelaciones desestima el auto de Mandamus solicitado por el señor Castro. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender esta petición particular.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Ángel Sánchez Velázquez. El apelante recurre la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de infracción al Art. 241(c) del Código Penal (Alteración a la Paz). La convicción se basó en un incidente donde el apelante confrontó agresivamente a José A. Cancel Torres, lo insultó y golpeó la ventanilla de su vehículo, causando temor a la víctima. El foro primario impuso una sentencia de 10 días de prisión, \$1,000 de multa y \$100 de pena especial. El apelante alegó varios errores, incluyendo la falta de prueba más allá de duda razonable, insuficiencia de prueba sobre la intención criminal, que su conducta no constituyó "palabras de riña", errores en la apreciación de la credibilidad del perjudicado y la excesiva severidad de la pena. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y la prueba oral estipulada. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que declaró Ha Lugar una Demanda de Sentencia Declaratoria y Daños y Perjuicios. La demanda fue presentada por Reymundo Rullán Rullán y Damaris Ruiz Cruz contra Nubin Rullán Peña. La controversia se centra en una estructura que los demandantes alegan les fue cedida por el demandado, la cual mejoraron, pero que este luego donó a su hijo. Los demandantes reclamaron perturbación de la posesión y solicitaron indemnización por daños. Una solicitud inicial de interdicto posesorio fue denegada en una sentencia parcial previa, la cual fue confirmada en apelación. Durante el proceso, intervinieron terceros que alegaron poseer la estructura y fueron incluidos como demandados. El foro primario continuó con la adjudicación de los reclamos de sentencia declaratoria y daños. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de revisión administrativa instado por Jaime A. Lafuente González. Solicita la revisión de una resolución de la Oficina de Apelaciones Administrativas (OAA) del Departamento de Hacienda. Dicha resolución sostuvo la determinación de la División de Intervenciones Contabilidad Central de Gobierno. La determinación original denegó una solicitud de reembolso de gastos de viaje del recurrente. La razón fundamental para la denegación fue que la solicitud fue presentada fuera del término reglamentario. Según el Reglamento Núm. 7162, la petición debía radicarse dentro de los treinta (30) días laborables posteriores al regreso del viaje. El señor Lafuente González viajó en abril/mayo de 2024 y presentó la documentación en julio de 2024. Tanto la División como la OAA concluyeron que la presentación fue tardía. El recurrente presentó su recurso ante el Tribunal de Apelaciones el 13 de enero de 2025.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) presentó un recurso de revisión judicial. La AAA buscaba revocar una determinación del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. Dicha determinación, emitida el 2 de diciembre de 2024, concedió un aumento temporáneo a las tarifas aplicables al servicio de transporte de agua en tanque. La solicitud de aumento fue presentada por Liquids and Water Transport (LWT) y otros concesionarios, argumentando el incremento en los gastos operacionales y la falta de revisión tarifaria. El Negociado llevó a cabo un proceso administrativo que incluyó un aviso público y una vista. Un oficial examinador recomendó conceder el aumento solicitado. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto la paralización y confirmó la determinación administrativa recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre liquidación de comunidad de bienes. El apelante, David Gómez Acevedo, impugna una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia ordenó al apelante vender su participación indivisa en una propiedad al apelado, Briam Santiago Feliciano, conforme a un precio tasado. Santiago Feliciano, dueño de 2/3 de la propiedad, demandó a Gómez Acevedo, dueño de 1/3, para la división de la comunidad. Alegó que Gómez Acevedo se negó a vender su parte tras acuerdos previos y buscó la venta forzosa basada en una tasación de \$38,000. Gómez Acevedo negó haber acordado vender al precio tasado, afirmando la existencia de un acuerdo previo para la venta de su participación por \$90,000. Presentó una reconvención por incumplimiento de dicho acuerdo y daños. El foro primario concedió la sentencia sumaria a favor de Santiago Feliciano, ordenando la venta al valor tasado. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, revoca la sentencia apelada. Esto sugiere la existencia de controversias de hechos materiales que impiden resolver el caso mediante sentencia sumaria.

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Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 y Ley Núm. 2. El peticionario, Arnaldo Enrique Luna Madera, demandó a Barra Vieja LLC. Tras el emplazamiento, la recurrida compareció solicitando la desestimación por alegada nulidad del emplazamiento, sin someterse a jurisdicción. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al peticionario exponer su posición sobre la moción de desestimación. La recurrida solicitó una prórroga para contestar la querella, supeditada a la resolución de su moción dispositiva. El peticionario solicitó la anotación de rebeldía y sentencia a su favor, argumentando que la recurrida no había cumplido con los términos procesales y citando jurisprudencia reciente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de rebeldía sin exponer fundamentos. Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. La recurrida solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción, lo cual fue denegado. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la resolución del foro primario que denegó la solicitud de anotación de rebeldía y sentencia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari instado por Richard Omar Darmanin Serrano. El recurso impugna un dictamen del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 6 de febrero de 2025. Dicho dictamen aclaró una resolución previa del TPI de 13 de mayo de 2024 en un caso de divorcio. La aclaración establece que el señor Darmanin Serrano está obligado a asumir el 100% de los gastos educativos de los menores. La madre, Gabriela Cristina Sosa Dawson, solo debe aportar a los gastos extracurriculares según la proporción recomendada por la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA). La resolución de mayo de 2024 se emitió tras una audiencia donde el padre expresó su disposición a cubrir los gastos educativos para mantener a los hijos en sus escuelas actuales. El TPI, en la resolución impugnada, interpretó esta disposición como una obligación total. El certiorari busca la revisión de esta determinación sobre la distribución de los gastos educativos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari. Los peticionarios, Carmen Margarita Fagot Bigas y los Hermanos Marxuach Fagot, solicitaron la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha decisión ordenó la expedición de cartas testamentarias a favor de Emilio Fagot Rodríguez como albacea de la herencia de Pedro Remberto Fagot Bigas. El foro primario concedió el cargo de albacea por un año, renovable, y lo relevó de prestar fianza conforme al Código Civil de 2020. Los peticionarios se opusieron en instancia, argumentando que la división de las sucesiones de los padres del causante era necesaria antes de expedir las cartas testamentarias. Alegaron que sin esta división, la designación del albacea sería inoficiosa y prematura. También mencionaron la existencia de bienes no legados que requerirían sucesión intestada y un pleito de nulidad parcial del testamento en San Juan. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la parte peticionaria.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un Certiorari presentado por Jaime Luis Frontera Tacoronte contra Ydashia Enid Quevedo Padua. El recurso se relaciona con un caso de custodia y relaciones paterno/materno filiales originado en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. El peticionario, señor Frontera Tacoronte, solicita la revisión de varias órdenes emitidas por el foro primario. Entre las determinaciones impugnadas se encuentran las relativas al pago de utilidades de la residencia del menor y la gestión para la reconexión del servicio eléctrico. También se cuestiona la orden que concedió la custodia provisional a la señora Quevedo Padua, la patria potestad compartida provisional y la declaración de la vivienda como hogar seguro. Una orden adicional sobre el pago de un vehículo de motor también forma parte de la revisión solicitada. El Certiorari fue incoado el 21 de marzo de 2025, buscando revisar dictámenes de febrero de 2025. El trasfondo describe la relación de las partes, su hijo, la separación y la presentación inicial de la demanda de custodia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Yahaira Cáceres Orta. La apelación buscaba revocar la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia había declarado con lugar la moción de Oriental Bank y desestimado la demanda de la señora Cáceres por despido injustificado. La señora Cáceres alegó haber sido despedida sin justa causa tras laborar para el banco desde 2003, reclamando indemnizaciones bajo la Ley 80. Su despido se relacionó con la modificación de ingresos de clientes en solicitudes de préstamo bajo un programa piloto. Oriental Bank sostuvo que el despido fue justificado por una falta grave, consistente en falsificar información de ingresos para asegurar la aprobación de préstamos. El banco argumentó que esta conducta violaba su Manual de Normas de Conducta. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de Oriental Bank al encontrar justificada la causa del despido. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Tania Enid Cardona Montalvo. La peticionaria impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de paralización de un procedimiento civil. El caso civil subyacente, presentado por Wanda Lissette Ojeda Santana, trata sobre fraude, dolo contractual y daños y perjuicios, alegando que Cardona Montalvo se hizo pasar por abogada y recibió dinero por servicios no prestados. Cardona Montalvo solicitó la paralización del caso civil argumentando la existencia de un caso criminal relacionado y para proteger su derecho a la no autoincriminación. El TPI denegó la paralización y ordenó a la peticionaria contestar la demanda, decisión que mantuvo al denegar una reconsideración. Cardona Montalvo recurrió al Tribunal de Apelaciones alegando violación de su derecho constitucional. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari.

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Alina López Marrero, en su capacidad de tutora legal de su madre incapacitada, solicitó autorización judicial para retirar fondos pertenecientes a esta, consignados en el Tribunal de Primera Instancia tras la venta de una propiedad. La petición buscaba invertir dicho dinero para obtener mayores rendimientos que contribuyeran al cuidado de la tutelada. Durante el proceso, se presentó prueba pericial financiera que identificó opciones de inversión con intereses superiores a los generados en la cuenta judicial, las cuales fueron favorecidas por el Ministerio Público. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, basándose en una Carta Circular y Memorandos sobre la inversión de fondos de incapacitados. Inconforme con esta determinación, la peticionaria presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso argumentó que el foro primario erró al denegar la autorización basándose en una carta circular y no en los mejores intereses de la incapaz. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia. Mediante su dictamen, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones consolidadas en un caso de daños y perjuicios. Las partes son los esposos Ortega-Correa y Amistad Properties Inc. h/n/c Maderas Tratadas. El Tribunal de Primera Instancia halló a Maderas Tratadas responsable de causar daños por obstruir una servidumbre de desagüe con un muro, resultando en inundaciones. El foro primario condenó a Maderas Tratadas a pagar \$30,000.00 a cada esposo por sufrimientos mentales. Esta compensación fue reducida en un 25% por negligencia comparada de los demandantes. El TPI también denegó la solicitud de los esposos Ortega-Correa para la restitución de la servidumbre. Maderas Tratadas apeló la determinación de responsabilidad y la cuantía de los daños. Los esposos Ortega-Correa apelaron la denegatoria de restitución y la aplicación de negligencia comparada. Tras la consolidación de ambos recursos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Este juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una Petición de Certiorari en un caso de cobro de dinero. El demandante, Roberto H. Hau Rosa, alegó que su exempleada, Merari Velázquez Aldarondo, lo defraudó, lo que llevó a un caso federal donde ella acordó pagarle restitución. Hau Rosa presentó una demanda civil reclamando daños por el incumplimiento de dicho acuerdo de restitución. Los demandados, Velázquez Aldarondo y José Manuel Castro Cabán, solicitaron sentencia sumaria, argumentando que la reclamación estaba impedida por cosa juzgada/impedimento colateral y constituía enriquecimiento injusto debido al acuerdo federal previo. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria de los demandados. Los demandados recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la orden recurrida del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El caso original fue presentado por Olga Margarita Méndez Olivieri contra el Consejo de Titulares del Condominio Surfside Mansion, varios individuos y la empresa Monitoreo 24 Horas con su aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial que desestimó la demanda contra el Consejo y los individuos mediante sentencia sumaria. Dicha sentencia también denegó la solicitud de sentencia sumaria de Monitoreo y su aseguradora. La señora Méndez Olivieri apeló la desestimación a favor del Consejo y los individuos. Monitoreo y su aseguradora apelaron la denegación de su solicitud de sentencia sumaria y la concesión de sentencia sumaria a favor de la demandante. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos. Tras evaluar los escritos y el derecho aplicable, el panel del Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia Parcial apelada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se refiere a un recurso presentado por Sandra Desardén Pérez contra Edgar Olivera Olán, solicitando la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la solicitud de pensión ex cónyuge de la señora Desardén Pérez tras su divorcio. La apelante argumentó que no podía trabajar y carecía de medios para subsistir, mientras que el apelado alegó tener ingresos limitados. Tras una vista celebrada en 2020, el Tribunal de Primera Instancia tardó casi cuatro años en notificar su decisión. Finalmente, el foro primario denegó la pensión al concluir que la apelante no demostró no contar con medios suficientes ni que el apelado tuviera capacidad económica para sufragarla. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. Resolvió confirmar la Resolución apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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La Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA solicitó mediante certiorari la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia confirmó un laudo arbitral que validó la intención de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de suspender a un empleado por conducta irrespetuosa. La controversia principal giraba en torno a si el debido proceso de ley o el convenio colectivo exigían una vista administrativa informal previa a la notificación de la intención de imponer una sanción disciplinaria en casos no sumarios. El Negociado de Conciliación y Arbitraje determinó que el convenio colectivo no establecía tal requisito para casos no sumarios, a diferencia de los sumarios. El árbitro concluyó que la notificación de cargos cumplió con el debido proceso. El Tribunal de Primera Instancia, al revisar el laudo, coincidió en que el convenio colectivo no imponía la obligación de una vista informal en casos no sumarios y confirmó la decisión arbitral. La unión recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar la petición, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegó la expedición de un auto de certiorari solicitado por Magic Transport, Inc. La empresa buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud de sentencia sumaria. El caso subyacente fue iniciado por Brenda J. González Oquendo, quien demandó a Magic Transport por despido injustificado y discrimen en el empleo al amparo de la Ley Núm. 100. González Oquendo alegó que su despido fue discriminatorio y arbitrario, contrario a la norma de sanción progresiva. Específicamente, argumentó haber sufrido discrimen relacionado con su necesidad de trabajar remoto durante la pandemia y, posteriormente, debido a su embarazo de alto riesgo. Señaló que, tras notificar su condición médica, la empresa le exigió regresar al trabajo presencial a tiempo completo. Alegó que fue suspendida mientras estaba de licencia médica y que, al regresar, le redujeron la jornada laboral. También mencionó constantes requerimientos de documentación médica y problemas con el pago post-parto. La denegatoria del certiorari implica que el caso continuará en el Tribunal de Primera Instancia para dilucidar los méritos de las reclamaciones de discrimen y despido.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un caso de daños y perjuicios. El recurso proviene de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda contra el Consejo de Titulares del Condominio Surfside Mansion y otros codemandados mediante sentencia sumaria. Dicha sentencia también denegó la solicitud de sentencia sumaria de Monitoreo 24 Horas, su aseguradora y Karen Santiago, y concedió una solicitud de sentencia sumaria de la parte demandante. La parte demandante apeló la desestimación a favor del Consejo y otros. Monitoreo, su aseguradora y Karen Santiago también apelaron la denegatoria de su solicitud y la concesión de la de la demandante. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos. Tras evaluar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal resolvió confirmar la Sentencia Parcial apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari en un caso de liquidación de comunidad de bienes. El recurso cuestiona la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a una solicitud de honorarios de abogado basada en una oferta de sentencia bajo la Regla 35.1. La parte demandada solicitó los honorarios alegando que su oferta de \$50,000 fue rechazada y la sentencia final resultó menos favorable para el demandante. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud por considerar que la oferta no cumplía con los requisitos formales de la Regla 35.1. El Tribunal de Apelaciones, al revisar la determinación, concluye que la oferta realizada no es del tipo contemplado por la referida regla. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones determina que no procede intervenir con lo actuado por el Tribunal de Primera Instancia y confirma su decisión.

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La resolución del Tribunal de Apelaciones expone el historial procesal de un litigio sobre acción confesoria o denegatoria de servidumbre e injunction. El caso, iniciado en el Tribunal de Primera Instancia, continuó por la vía ordinaria tras el desistimiento de la solicitud de injunction preliminar. Durante la Conferencia Inicial, se establecieron términos para el descubrimiento de prueba, incluyendo el intercambio de prueba escrita. La parte recurrida presentó un requerimiento de admisiones dentro del término, el cual la parte peticionaria no contestó a tiempo. El foro primario tuvo por admitidas las alegaciones contenidas en dicho requerimiento debido a la falta de contestación oportuna. Posteriormente, la parte peticionaria remitió su prueba escrita fuera del término fijado para el intercambio. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que la parte peticionaria había renunciado a realizar descubrimiento de prueba al incumplir con el término establecido. En consecuencia, declaró concluido el proceso de descubrimiento de prueba. Tras denegarse una solicitud de reconsideración, la parte peticionaria recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante Petición de Certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de impericia médica. Víctor Carmona Rivera apela la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda con perjuicio. El foro primario fundamentó la desestimación en la Regla 39.2 de Procedimiento Civil. Además, impuso honorarios de abogado sustanciales a favor de la parte demandada. La demanda original alegaba daños por presuntos actos negligentes durante una intervención quirúrgica y cuidado médico deficiente. El historial procesal del caso incluyó desestimaciones parciales previas por falta de diligenciamiento y problemas con la sustitución de partes. También hubo múltiples controversias relacionadas con el descubrimiento de prueba y el incumplimiento de órdenes judiciales. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos que llevaron a la desestimación final. Tras evaluar el recurso, el panel apelativo determinó confirmar la sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Management Administration Services Corp. solicitó al Tribunal de Apelaciones un auto de mandamus contra la Presidenta Ejecutiva de COSSEC. La petición buscaba obligar a COSSEC a resolver una solicitud de intervención presentada por la peticionaria y a emitir una resolución final en una querella administrativa en curso. La querella original, presentada en diciembre de 2024, trata sobre la legitimidad de la junta de directores de la Cooperativa de Vivienda La Ceiba. La peticionaria alegó que COSSEC incurrió en desviación procesal y dilación injustificada al continuar el procedimiento sin resolver su solicitud de intervención. Argumentó que resolver la intervención es un deber ministerial de la agencia. El Tribunal examinó el expediente y el derecho aplicable. Se adelantó la denegatoria del mandamus solicitado. El Tribunal recordó que el mandamus es un recurso altamente privilegiado y discrecional cuya expedición está sujeta a requisitos estrictos.

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Sentencia de un panel de jueces en apelación presentada por el Municipio de Juncos. El Municipio apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le anotó la rebeldía y declaró Con Lugar una demanda de la Autoridad de Recuperación de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento. La demanda original de la Autoridad era por cumplimiento específico y daños por incumplimiento de un contrato de préstamo. El TPI dictó sentencia en rebeldía contra el Municipio por no presentar su alegación responsiva a tiempo. El Municipio solicitó dejar sin efecto la rebeldía, alegando un error no intencional, pero el TPI denegó su petición. En una apelación previa, este mismo foro revocó la anotación de rebeldía y la sentencia, ordenando al TPI permitir al Municipio contestar la demanda. En esta Sentencia actual, el panel revoca la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por Iglesia Universal de Jesucristo contra Lease Option Company. La apelación surge de un caso de cobro de dinero e incumplimiento de contrato iniciado por Lease Option Company en el Tribunal de Primera Instancia. Lease Option Company demandó a la Iglesia por una deuda relacionada con la compra de una impresora. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía contra la Iglesia al no contestar la demanda dentro del término legal. Dicha sentencia condenó a la Iglesia a pagar la deuda reclamada, intereses y honorarios de abogado. La Iglesia apeló la sentencia, argumentando que tenía una defensa válida (fraude) y solicitando que se dejara sin efecto la rebeldía. La parte apelada, Lease Option Company, no presentó oposición a la apelación. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.