Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 109)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. La parte peticionaria, Genserv, Inc., solicitó la revisión de tres Órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre daños y otros reclamos. Dichas Órdenes denegaron una solicitud de orden protectora sobre descubrimiento de prueba requerida por la parte recurrida, LMD & ASSC, LLC. También declararon No Ha Lugar una solicitud de prórroga para contestar un Requerimiento de Admisiones. Como resultado, el foro primario dio por admitidas las cuestiones contenidas en dicho requerimiento. Finalmente, una de las Órdenes determinó que la contestación al Requerimiento de Admisiones se presentó tardíamente. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los fundamentos, deniega el recurso instado por Genserv, Inc.

Resumen:

Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de Certiorari presentado por Noel Cintrón Aponte y Jeannette I. Santiago Fiol contra Banco Popular de Puerto Rico. Los peticionarios impugnan una determinación del Tribunal de Primera Instancia denegando su moción de relevo de sentencia bajo la Regla 49.2. El pleito original buscaba invalidar una modificación hipotecaria por alegada falta de "full disclosure" y jurisdicción. El Tribunal de Primera Instancia desestimó inicialmente la demanda por no exponer una reclamación, decisión que este Tribunal de Apelaciones confirmó previamente. Luego de que el mandato devolviera la jurisdicción, los peticionarios presentaron la moción bajo la Regla 49.2 en el Tribunal de Primera Instancia, la cual fue denegada el 13 de abril de 2021. El presente Certiorari busca la revisión de esa denegatoria. El Tribunal señala el incumplimiento de los peticionarios con una orden previa que requería certificación bajo la Regla 33. A pesar de ello, el Tribunal procede a evaluar el recurso tras la comparecencia de la parte recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de accidente de vehículo de motor y daños. El apelante, Raúl Enrique Ruiz Rodríguez, recurrió de una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia parcial desestimó la causa de acción presentada contra Alfredo Cortés en su capacidad personal. La demanda original surgió de un accidente donde el vehículo del apelante fue impactado por una ambulancia. El vehículo involucrado pertenecía a Cortés Medical Transport, Inc., una corporación, y era conducido por un empleado, Delvin González Medina, realizando gestiones corporativas. Alfredo Cortés solicitó la desestimación personal argumentando que la corporación tiene personalidad jurídica propia y él no responde por actos corporativos. El Tribunal de Primera Instancia acogió esta solicitud basándose en hechos incontrovertidos. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia parcial que desestimó la reclamación contra Alfredo Cortés a título personal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico deniega expedir un recurso de certiorari presentado por Francisco Valdés Pérez. El peticionario solicitaba la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que resolvió con un "Nada que proveer" tres mociones suyas. Las mociones incluían una impugnación de capacidad mental, una reconsideración y una solicitud de desestimación del caso. El señor Valdés Pérez alegaba principalmente que el TPI abusó de su discreción al no tramitar adecuadamente su solicitud de inhibición contra la Jueza María Teresa Rivera Corujo. Argumentaba que la jueza actuó de forma caprichosa y arbitraria, especialmente al ordenar una nueva evaluación psiquiátrica bajo la Regla 240. El Tribunal de Apelaciones señala que el asunto de la inhibición de la jueza ya ha sido planteado y resuelto por esta misma instancia judicial en recursos anteriores. El caso penal subyacente trata sobre infracciones al Código Penal y desacato criminal.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. Venegas Construction impugna la adjudicación de una subasta municipal del Municipio Autónomo de Ponce a favor de MFP Development LLC. Venegas alegó que la oferta de MFP Development no cumplía con los requisitos del pliego de licitación. Mientras el recurso judicial estaba pendiente, la Junta de Subastas del Municipio cambió su determinación inicial. La Junta decidió adjudicar la buena pro de la subasta a Venegas, el segundo postor más bajo. El Municipio solicitó la desestimación del recurso judicial argumentando que la controversia se había tornado académica. Venegas se opuso a la desestimación, cuestionando la validez formal de la nueva notificación de adjudicación. Posteriormente, el Municipio solicitó que el caso fuera devuelto a su Junta de Subastas para notificar formalmente la adjudicación a Venegas. El Tribunal se dispone a evaluar como primer asunto si conserva jurisdicción para continuar atendiendo la controversia ante estos desarrollos administrativos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de interdicto y daños. El caso fue iniciado por un residente contra la asociación de residentes y la administración de una urbanización. El residente, exento del pago de cuotas, alegó que se le prohibió el acceso a su hogar por un carril nuevo destinado a residentes que pagan. Consideró esta acción ilegal y discriminatoria, solicitando un interdicto para garantizar el acceso igualitario y reclamando daños. El Tribunal de Primera Instancia concedió un interdicto preliminar a favor del residente. Las demandadas apelaron, argumentando que el carril nuevo era para miembros pagadores y que el residente aún tenía acceso por el carril original. El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia de conceder el interdicto preliminar, basándose en la legislación vigente. No obstante, ordena que se celebre una vista para fijar la fianza correspondiente al interdicto.

Resumen:

Sentencia de un panel del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación. El apelante, Steven Joseph Hedrington, solicitó revocar una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su Querella sobre despido injustificado y represalias contra Hospital HIMA San Pablo Cupey. El apelante alegó que fue despedido de su puesto de "Head Nurse" tras informar quejas del personal sobre una supervisora. La parte apelada sostuvo que el despido fue por justa causa debido a violaciones de normas institucionales y porque el apelante no cumplió con los estándares del puesto durante su periodo de evaluación. El Tribunal de Primera Instancia concedió la Sentencia Sumaria a favor del hospital. Tras revisar el recurso, el panel apelativo determinó confirmar la Sentencia apelada. Por tanto, se valida la desestimación de la querella por despido injustificado y represalias.

Resumen:

Este caso es una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de una decisión del Negociado de Seguridad de Empleo (NSE) sobre la inelegibilidad a beneficios por desempleo. La peticionaria, Adriana Mangual Sepúlveda, impugnó la decisión del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) que denegó su solicitud de reconsideración. La señora Mangual argumentó haber presentado evidencia suficiente y a tiempo. Sin embargo, el Tribunal encontró que el recurso de revisión presentado era escueto y no cumplía con los requisitos procesales. Específicamente, el escrito y su apéndice no contenían la información y documentos exigidos por la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal enfatizó la naturaleza adversativa y rogada del sistema judicial y la importancia del cumplimiento reglamentario. Se recordó que el incumplimiento puede resultar en la desestimación, incluso para quienes comparecen por derecho propio. Por no cumplir con las formalidades requeridas, el Tribunal desestimó el recurso de revisión.

Resumen:

Félix Aníbal Pagán Centeno, exalcalde de Lares destituido en 1988 por actos de corrupción, demandó a la Administración de Retiro de Empleados del Gobierno y la Judicatura en 2019. Reclamaba el pago retroactivo de una pensión de exalcalde, daños y angustias mentales, alegando haber cotizado y tener un derecho adquirido. Previamente, en 1996, la Administración de Retiro le había denegado su solicitud de pensión, determinación que advino final y firme tras una reconsideración en 1997. La Administración de Retiro solicitó sentencia sumaria en el pleito de 2019, argumentando la doctrina de cosa juzgada y la falta de agotamiento de remedios administrativos. Pagán Centeno se opuso, alegando discriminación y violación de derechos civiles. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la sentencia sumaria, desestimando la demanda al considerar, entre otros hechos no controvertidos, la destitución del demandante y la denegación administrativa previa de la pensión. Pagán Centeno apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una sentencia de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) sobre reclamaciones de retribución de un empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El recurrente impugnó el monto del bono de navidad pagado entre 2014 y 2016, la denegación de un aumento salarial al ser reinstalado a su puesto de carrera, y la eliminación de ciertos días feriados. La CASP había denegado la apelación del empleado. La AAA argumentó que el bono se pagó según la Ley 66-2014 y que las leyes 66-2014 y 3-2017 prohibían o hacían discrecional el aumento por reinstalación. Sostuvo además que la eliminación de feriados se basó en la Ley 111-2014. El Tribunal de Apelaciones concluyó que la determinación de la CASP se sostiene por ser razonable a la luz del expediente administrativo. Por tanto, el Tribunal confirmó la decisión de la CASP, desestimando las reclamaciones del recurrente.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una orden de injunction preliminar. El caso surge de una demanda presentada por residentes de la Urbanización Jardín Central contra los desarrolladores y JC Holdings LLC, quien adquirió el proyecto. Los residentes alegaron incumplimiento de obligaciones contractuales y de las condiciones restrictivas de la urbanización. Solicitaron un injunction preliminar para que los demandados cumplieran con deberes como establecer control de acceso, reestablecer seguridad, pagar deudas de servicios públicos de áreas comunes y restaurar su mantenimiento. El Tribunal de Primera Instancia, tras evaluar la prueba, dictó una Sentencia Parcial concediendo el injunction preliminar contra JC Holdings LLC. La peticionaria, JC Holdings LLC, solicitó la revocación de esta Sentencia Parcial mediante un recurso de apelación, que el Tribunal de Apelaciones acogió como certiorari. La sentencia detalla los hechos probados por el tribunal de instancia, incluyendo la historia del proyecto, la creación de la asociación de residentes y las obligaciones del desarrollador respecto a las áreas comunes y servicios según la escritura de condiciones restrictivas. La controversia central gira en torno a la exigibilidad de estas obligaciones mediante un interdicto preliminar.

Resumen:

Roberto De Alarcón Natal, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, recurre ante el Tribunal de Apelaciones en revisión judicial. Impugna la Resolución de la agencia que declaró No Ha Lugar su moción de reconsideración sobre una determinación disciplinaria. El Departamento lo encontró incurso en agresión (Código 117) tras una querella de incidente disciplinario y una vista. Se le impuso una sanción de 60 días de suspensión de privilegios. El recurrente alega que la determinación carece de apoyo probatorio, hubo violaciones procesales, se afectó su debido proceso y la oficial examinadora carecía de jurisdicción para la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones advierte que el recurrente no incluyó copia de la querella inicial, la resolución original ni la moción de reconsideración en su recurso. Por ello, el Tribunal le concedió un término de 10 días para que sometiera dichos documentos faltantes.

Resumen:

Esta resolución atiende una petición de certiorari presentada por Edwin Kercado Alemany ante el Tribunal de Apelaciones. El peticionario solicita la revisión de la negativa del Tribunal de Primera Instancia a dejar sin efecto una orden de ejecución de sentencia en un pleito de desahucio. El caso original inició en 2012 y culminó con una sentencia en 2014 que acogió un acuerdo transaccional entre las partes. Dicho acuerdo establecía la opción de compra de la propiedad o el pago de un canon de arrendamiento mensual. En 2018, la parte recurrida solicitó la ejecución de la sentencia alegando incumplimiento en el pago de cánones de arrendamiento. El Tribunal de Primera Instancia emitió una orden de ejecución, la cual fue previamente recurrida por el peticionario ante este Tribunal de Apelaciones, siendo denegado dicho recurso en 2018. Posteriormente, en agosto de 2021, el peticionario presentó una moción en el foro primario solicitando dejar sin efecto la ejecución, la cual fue declarada "Nada que proveer" por el Tribunal de Primera Instancia, haciendo referencia a la sentencia previa del Tribunal de Apelaciones. El peticionario ahora recurre nuevamente ante este foro. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones rechaza intervenir en los asuntos.

Resumen:

Resumen:

El Director Administrativo de los Tribunales compareció ante el Tribunal de Apelaciones solicitando dejar sin efecto una Resolución de la Junta de Personal de la Rama Judicial. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar un Aviso de Paralización presentado por el Director Administrativo. El Aviso de Paralización buscaba detener una apelación interpuesta por el Sr. Rafael Colón Sánchez, un Alguacil Auxiliar suspendido de empleo y sueldo por 10 días. El Director Administrativo argumentó que la apelación debía paralizarse automáticamente bajo PROMESA Título III debido a la quiebra del Gobierno y el potencial reclamo monetario por haberes dejados de percibir. La Junta de Personal denegó la paralización, resolviendo que los hechos y la sanción disciplinaria ocurrieron después de la petición de quiebra. El Director Administrativo solicitó reconsideración, la cual fue denegada por la Junta de Personal. Ante esta negativa, el Director Administrativo presentó el recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

La Sentencia resuelve un recurso de certiorari presentado por Luz Nereida Pérez Bernal (peticionaria) ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La peticionaria impugna una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso iniciado por Lillian Jirau Lamboy (recurrida). El pleito original trata sobre la nulidad del matrimonio entre el fenecido padre de la recurrida y la peticionaria, así como daños y perjuicios. La recurrida alega que el matrimonio de su padre con la peticionaria era nulo porque él aún estaba casado con su madre, afectando sus derechos hereditarios como única heredera. La peticionaria sostiene que los padres de la recurrida ya estaban divorciados antes de su matrimonio y que la recurrida carece de legitimación activa para impugnar su unión. Además, la peticionaria presentó una reconvención por daños alegando persecución maliciosa por parte de la recurrida. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación de la peticionaria por falta de legitimación activa. También declaró Ha Lugar la solicitud de la recurrida para desestimar la reconvención de la peticionaria. La peticionaria acude al Tribunal de Apelaciones para revisar estas determinaciones del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Orden interlocutoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, en un caso sobre daños y perjuicios. El apelante, José D. Santiago Torres, impugna dicha Orden que resolvió varias de sus mociones. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No ha Lugar" la solicitud del apelante para revocar decisiones tomadas mediante el sistema SUMAC. También refirió al apelante a una resolución previa en cuanto a sus solicitudes dirigidas al Juez Administrador sobre la reconsideración de sentencias. La solicitud de investigar la conducta de la jueza que preside el caso fue referida por el TPI a la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de la Administración de los Tribunales. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como certiorari por tratarse de una orden interlocutoria. La revisión se limita a las controversias procesales planteadas por el apelante. Estas controversias se relacionan con el manejo del caso en el foro primario y desafíos a decisiones judiciales previas, incluyendo una orden de ingreso involuntario de 2015.

Resumen:

Unas asociaciones empresariales apelaron la desestimación de su solicitud de interdicto preliminar por el Tribunal de Primera Instancia. Argumentaron que el Reglamento Núm. 9293 del Negociado de Transporte y Otros Servicios (NTSP) impone ilegalmente requisitos y tarifas de porteadores públicos a vehículos de transporte comercial. Alegaron que esta actuación era ultra vires y les causaría daños económicos sustanciales e irreparables, afectando costos, ingresos y la recepción de inventario. El NTSP y el Estado Libre Asociado (ELA) se opusieron, señalando que las apelantes tenían otros remedios, los daños eran económicos y especulativos, y el interdicto perjudicaría el interés público. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la solicitud de interdicto preliminar. Las asociaciones apelaron esa decisión. El panel judicial revisó los argumentos y documentos presentados. Finalmente, el panel confirmó el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de revisión presentado por Vaquería Tres Monjitas. La recurrente solicitó la revisión de la Orden Administrativa Núm. 2021-18 de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL). Dicha orden administrativa fijó los precios de la leche fresca y UHT en Puerto Rico. Tres Monjitas impugnó la orden, alegando errores en el proceso administrativo de ORIL y la metodología utilizada para determinar los precios. Suiza Dairy Corporation intervino en el recurso, apoyando la petición de revisión de Tres Monjitas. ORIL, la agencia recurrida, presentó una moción solicitando la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. El Tribunal consideró los argumentos de las partes y el contexto del caso, incluyendo un acuerdo transaccional previo en un foro federal. La sentencia resuelve la controversia planteada. El Tribunal de Apelaciones desestimó la solicitud de revisión administrativa. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que condenó a Elizabeth Rivera Barrientos. La señora Rivera fue hallada culpable de Daño Agravado, según el Artículo 199(a) del Código Penal, por incendiar un vehículo. La sentencia original impuso una pena de dos años y tres meses bajo régimen de sentencia suspendida. La apelante argumentó que no se probó el uso de sustancias dañinas, requisito del inciso (a) del delito, y que la prueba no demostró su culpabilidad más allá de duda razonable. El tribunal analizó la configuración del delito de Daño Agravado, incluyendo el uso de sustancias inflamables. Tras evaluar los señalamientos y la prueba, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

Héctor Colón Álamo, un confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), solicitó la revisión judicial de una resolución que ratificó su nivel de custodia mediana. El Comité de Clasificación y Tratamiento del DCR, aunque la escala estándar arrojó una puntuación mínima, utilizó una modificación discrecional para mantener la custodia mediana. Esta determinación se fundamentó en un patrón consistente de desobediencia a las normas institucionales por parte del recurrente, incluyendo revocaciones previas de libertad bajo palabra. Colón Álamo argumentó que la decisión fue una represalia y que merecía custodia mínima. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación administrativa. El tribunal enfatizó la deferencia que se debe conceder al criterio especializado de las agencias administrativas y la presunción de legalidad de sus decisiones. Se señaló que la determinación de custodia balancea el interés público en la seguridad y rehabilitación con el interés del confinado. El DCR aplicó una modificación discrecional válida contemplada en su manual. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del DCR que mantuvo el nivel de custodia mediana.

Resumen:

El Municipio Autónomo de Carolina recurrió ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una decisión de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP había declarado Ha Lugar la apelación de Melvin Medina Ramos, un bombero municipal. Medina Ramos impugnó su destitución del puesto de carrera por parte del Municipio. La destitución se basó en alegados hechos ocurridos en abril de 2009, relacionados con la falta de respuesta a una llamada de fuego y el abandono del área de retén. Medina Ramos argumentó ante la CASP la falta de prueba por parte del Municipio y la desproporcionalidad de la sanción. Tras los trámites y la vista pública, la CASP falló a favor del bombero, revocando la destitución. El Municipio solicitó la revisión judicial de este dictamen ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, luego de evaluar el recurso, emitió una Sentencia. Mediante dicha Sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen emitido por la CASP. Esto implica que la decisión de la CASP de dejar sin efecto la destitución del bombero Medina Ramos fue ratificada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, emitió una resolución el 18 de octubre de 2021 en el caso KLCE202101266. Este recurso de certiorari proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, en un caso sobre cobro de dinero (Caso Núm. BY2019CV00729). Las partes involucradas son Maridian Construction Group como recurrida y Joshua Levy y otros como demandados, con Encontra, LLC. como peticionaria en este recurso. El Tribunal consideró una Moción en auxilio de jurisdicción solicitando la paralización de los procedimientos. Dicha moción fue declarada No Ha Lugar por el panel. Asimismo, el Tribunal evaluó el recurso de certiorari presentado por la parte peticionaria, Encontra, LLC. La expedición del recurso de certiorari fue denegada por el Tribunal. La resolución cita la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, que permite denegar la expedición sin fundamentar la decisión en ciertos casos.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso principal busca la nulidad de una sentencia obtenida en un pleito anterior contra una persona fallecida. Las demandantes, hijas del causante, alegan que la demandada obtuvo la sentencia fraudulentamente tras el fallecimiento de su padre. La demandada presentó una moción de desestimación argumentando que las demandantes carecían de legitimación activa por no tener declaratoria de herederos al momento de instar la demanda. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha moción. La demandada recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió no intervenir con la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Municipio de Maunabo demandó a COBRA Acquisitions, LLC reclamando el pago de arbitrios de construcción y patentes municipales por trabajos de reconstrucción del sistema energético tras los huracanes Irma y María. COBRA contestó la demanda alegando exención contributiva y falta de oficina o negocio establecido en el municipio para el cobro de patentes. Posteriormente, el Municipio solicitó enmendar su demanda por segunda vez para alegar específicamente la presencia física de COBRA en su jurisdicción. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente denegó esta solicitud, pero tras una moción de reconsideración, permitió la enmienda, citando la etapa inicial del caso y la liberalidad que rige las enmiendas. Insatisfecho con esta decisión, COBRA recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que el tribunal de instancia erró al autorizar la enmienda tardía sin justificación adecuada. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, procede a desestimar el recurso de certiorari presentado por COBRA. La controversia se centra en la procedencia de la autorización para enmendar la demanda en una etapa temprana del litigio.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial que atiende una Petición de Certiorari presentada por Próspero Tires Export, Inc. y otros. Los peticionarios solicitan la revisión y revocación de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Carolina el 9 de junio de 2021. La controversia se origina en una demanda presentada en 2019 por los peticionarios contra varias partes, incluyendo a Edgardo Velázquez Sánchez y Multi-Recycling & Manufacturing, Corp. La demanda original y su enmienda instaron reclamos de sentencia declaratoria sobre acciones corporativas, incumplimiento de contrato, fraude, cobro de dinero y daños. Durante el trámite en el TPI, se llevaron a cabo procedimientos como la consignación de dinero adeudado por los peticionarios y la presentación de una reconvención por los demandados. La Petición de Certiorari busca dejar sin efecto una determinación específica del TPI. Por los fundamentos expuestos en la Sentencia, el panel judicial expide el auto de certiorari. Como resultado, se revoca el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. La apelación fue presentada por la esposa, Yolanda Martínez Viruet, contra determinaciones del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI denegó las solicitudes de medidas cautelares y la reconvención presentadas por la esposa en el proceso de divorcio. Posteriormente, el TPI emitió una sentencia de divorcio que no resolvió sobre dichas medidas cautelares. El Tribunal de Apelaciones reclasificó el recurso inicial de certiorari como apelación. El matrimonio duró más de 20 años bajo un régimen de separación total de bienes, aunque las partes adquirieron bienes y deudas en común. La esposa solicitó medidas cautelares en su reconvención, alegando, entre otras cosas, ser propietaria del 80% de la residencia conyugal. La apelación busca la revocación de las órdenes y la sentencia del TPI que denegaron o no atendieron estas solicitudes. El Tribunal de Apelaciones considera el recurso perfeccionado y listo para su adjudicación final.

Resumen:

Jorge Díaz Medina, condenado por asesinato estatutario en 2011, solicitó un nuevo juicio diez años después. Alegó que el padre del occiso había declarado que él no tuvo participación en el crimen y que su abogado no le informó ni usó esta información. Basó su petición en la violación a su derecho a un juicio justo y debido proceso, así como en la representación legal inadecuada. El Tribunal de Primera Instancia denegó su moción. Díaz Medina recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante una petición de Certiorari. Argumenta que el tribunal inferior erró al desestimar sus señalamientos sin la debida consideración procesal. El Tribunal de Apelaciones revisará la procedencia del recurso extraordinario de Certiorari, considerando los criterios legales aplicables para determinar si procede expedir el auto y revisar la decisión del foro primario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa un dictamen del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. Los demandantes, padres de una menor, demandaron a la Academia San Agustín y Espíritu Santo, Inc. y su aseguradora. La demanda se basó en un incidente donde la menor sufrió lesiones al ser agarrada y soltada por otra estudiante en el patio de la escuela. Los padres alegaron que la Academia fue negligente por no supervisar adecuadamente a los estudiantes. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la Academia incurrió en negligencia al incumplir su deber de velar por la seguridad de la menor. Tras una vista de daños, el TPI emitió una sentencia a favor de los demandantes. La Academia y su aseguradora apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. La corte procede a modificar el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa un dictamen del Tribunal de Primera Instancia en un caso laboral bajo la Ley 2 de Procedimiento Sumario. La parte peticionaria, Eastern Consulting Group, Inc., solicita la revocación de la determinación que declaró injustificado el despido del demandante, Freddie Rodríguez Carrión. El Tribunal de Apelaciones concluye que el dictamen recurrido es una resolución interlocutoria, no una sentencia parcial final, al no haber resuelto todas las reclamaciones ni las partidas económicas. En consecuencia, el recurso se acoge como un certiorari, un vehículo procesal discrecional. Se destaca que la revisión de resoluciones interlocutorias es generalmente contraria al carácter sumario de los procedimientos laborales, según precedente del Tribunal Supremo. Sin embargo, se reconocen excepciones para casos extremos que requieran revisión inmediata para evitar una grave injusticia o disponer del caso definitivamente.

Resumen:

Este recurso de apelación proviene de una demanda sobre custodia y alimentos presentada por Karla Michelle Díaz León contra Víctor Saúl Santiago Santiago, su esposa y la sociedad de gananciales. La apelante impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que validó las capitulaciones matrimoniales de los apelados y fijó la pensión alimentaria de la menor. El foro primario determinó que la sociedad de gananciales respondía por la pensión mientras estuvo vigente (octubre 2017 a julio 2018), estableciendo un pago de \$982.00 mensual para ese periodo. Tras la inscripción de las capitulaciones, que cambiaron el régimen a separación de bienes, la pensión se fijó en \$749.00 mensual, pagadera por el padre. La apelante argumentó que las capitulaciones no podían afectar el derecho adquirido de la menor a la pensión de la sociedad de gananciales. El Tribunal de Primera Instancia ratificó su decisión, ajustando ligeramente las fechas. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la Orden apelada.

Resumen:

Comparece ante este foro el Sr. Rubén Omar Rodríguez Sepúlveda solicitando la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución mantuvo vigente una declaración de hogar seguro a favor de la Sra. Glorivee Ruiz Conde y sus hijas menores de edad. La solicitud de hogar seguro surgió en el contexto de un proceso de divorcio por ruptura irreparable. La señora Ruiz Conde, a quien se le concedió la custodia provisional de las menores, pidió la declaración para la residencia que ocupa con ellas, alegando su carácter ganancial. El señor Rodríguez Sepúlveda se opuso, argumentando que la solicitud era prematura al no haberse adjudicado aún la custodia permanente. El foro primario emitió una Resolución declarando la propiedad como hogar seguro. El señor Rodríguez Sepúlveda recurrió esa determinación ante este panel. El recurso fue acogido como un certiorari. Finalmente, el panel DENEGÓ el certiorari. Esto implica que la determinación del Tribunal de Primera Instancia de mantener el hogar seguro se sostiene.

Resumen:

Comparece Management Consultants & Computer Services, Inc. (MCCS) mediante certiorari para revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había declarado no ha lugar la solicitud de MCCS para desestimar una querella laboral presentada por el Sr. Rafael Santiago Pérez. MCCS alegó que el verdadero patrono del Sr. Santiago Pérez era Green Pack of Puerto Rico, no MCCS, y que Green Pack era una parte indispensable ausente del pleito. El Sr. Santiago Pérez sostuvo que MCCS era su patrono, presentando evidencia como talonarios de pago, W-2 y la participación de MCCS como patrono en procedimientos de desempleo. El TPI concluyó que MCCS era el patrono y que Green Pack no era parte indispensable. MCCS recurrió en certiorari, insistiendo en la falta de parte indispensable y un error procesal del TPI. El Sr. Santiago Pérez se opuso a la expedición del recurso. Tras examinar los planteamientos, el panel de jueces resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por MCCS.

Resumen:

Calvin Santos Feliciano, un confinado, presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones contra una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El DCR lo encontró incurso en violación de los códigos disciplinarios 106 y 129 por posesión de heroína encontrada cerca de su celda. Tras una vista administrativa, se confirmaron los hechos y se le impusieron sanciones, incluyendo la privación de privilegios por sesenta días. El confinado solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Ante el Tribunal de Apelaciones, alegó errores en la aplicación de los códigos, falta de debido proceso en la notificación y conflicto de interés en la revisión interna. El Tribunal examinó el recurso y la comparecencia del Procurador General. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la determinación recurrida del DCR.

Resumen:

Se trata de un recurso de revisión judicial presentado por el señor Héctor Rivera Arroyo contra una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La disputa se centra en el monto de una indemnización por daños causados por el huracán María en el Condominio Altos de Torrimar. El recurrente reclamaba \$14,295.70, pero DACo determinó que le correspondían \$11,913.08. DACo ordenó a la Junta del Condominio pagar al señor Rivera una diferencia de \$647.75. El señor Rivera impugnó la decisión de DACo ante el tribunal tras serle denegada una moción de reconsideración. Tanto DACo como la Junta del Condominio se oponen al recurso de revisión y solicitan que se confirme la determinación administrativa. El caso se originó con una querella ante DACo donde se solicitaba el pago de un remanente basado en un acuerdo de asamblea sobre la indemnización. La discrepancia principal radicaba en la inclusión o no de los cómputos de "Overhead and Profit" en el cálculo final. DACo celebró una vista administrativa y emitió determinaciones de hecho antes de dictar su resolución.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de Gabriel Rodríguez Pérez contra el Departamento de Corrección. El recurrente apeló una determinación administrativa relacionada con su acceso a terapias de rehabilitación del Negociado de Rehabilitación y Tratamiento (NRT). Alegó que llevaba muchos años en el sistema correccional sin recibir las terapias a pesar de haber sido referido. La División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección respondió que su referido fue recibido en 2019 y que se encuentra en lista de espera. Explicaron que se prioriza a los confinados bajo la jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo Palabra o próximos a estarlo, lo cual no aplica al recurrente hasta 2033. Tras denegarse su reconsideración, el señor Rodríguez Pérez acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando una orden para recibir las terapias. El Departamento de Corrección defendió su determinación administrativa, argumentando que merecía deferencia y corrigiendo la fecha del referido. El Panel del Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y los argumentos de las partes. Finalmente, el tribunal confirmó el dictamen administrativo recurrido.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia el 15 de octubre de 2021 en el caso KLCE202101102. El panel, compuesto por los jueces Lebrón Nieves, Rivera Torres y Santiago Calderón, atendió un Aviso de Desistimiento presentado por la parte peticionaria. La corte dispuso conforme a lo solicitado por la parte. En consecuencia, se ordenó el cierre y archivo definitivo del presente recurso. Esta decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La sentencia fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC contra One Alliance Insurance Corporation. El caso subyacente trata sobre una demanda por incumplimiento de contrato y otros reclamos relacionados con el pago de seguros por daños de huracán en 141 propiedades. PR Asset demandó a One Alliance por más de $9 millones y solicitó un embargo preventivo sobre fondos de la aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista y denegó la solicitud de embargo. La corte de instancia concluyó que no se justificaba un embargo ex parte y que la prueba de PR Asset fue insuficiente para demostrar la necesidad del remedio o la falta de capacidad económica de One Alliance. PR Asset acudió al Tribunal de Apelaciones para revocar dicha resolución. Tras examinar los escritos y documentos, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar el auto de certiorari solicitado por PR Asset.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de un auto de certiorari solicitado por PR Concrete Pumping. El peticionario buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de reconsideración y oposición a una sentencia sumaria. La acción original fue incoada por Ferrovial Agroman contra Concrete Pumping por incumplimiento de contrato y daños. Concrete Pumping alegó que los daños fueron causados por Cemex Concretos, quien fue incluido como tercero demandado. Cemex Concretos presentó una Moción de Sentencia Sumaria. Concrete Pumping solicitó varias prórrogas para presentar su oposición a dicha moción. El Tribunal de Primera Instancia finalmente denegó la oposición y reconsideración de Concrete Pumping. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los escritos, decidió denegar la solicitud de certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por El Pueblo de Puerto Rico contra Xavier Rivera Natal. El recurso buscaba revocar la desestimación de una causa criminal por violación a los términos de Juicio Rápido, decretada por el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones, por mayoría, denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado. La mayoría concluyó que el foro de instancia no actuó de forma arbitraria ni cometió error de derecho al desestimar el caso, ya que el Ministerio Público no estuvo procesalmente preparado para la Vista Preliminar en Alzada dentro de los términos extendidos. La Jueza Domínguez Irizarry emitió un voto disidente, argumentando que procedía expedir el auto y revocar la desestimación. Según la disidencia, el Ministerio Público sí estaba preparado con su prueba, y la desestimación basada únicamente en la falta de radicación de una moción fue contraria a derecho.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó un recurso de certiorari presentado por Julio E. Camacho. El peticionario solicitaba la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar una Moción Declaratoria. En dicha moción, Camacho alegaba que su sentencia incluía cargos no contemplados en un preacuerdo sobre violaciones a la Ley de Armas. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción por presentación tardía del recurso. El Tribunal determinó que el peticionario no incluyó en su apéndice la notificación de la orden cuya revisión interesaba. En su lugar, adjuntó una notificación correspondiente a una moción distinta, lo que evidenció que el recurso fue presentado fuera del término reglamentario. La resolución subraya la importancia del cumplimiento estricto con las reglas procesales para la presentación de recursos ante el Tribunal de Apelaciones. Se enfatiza que la comparecencia por derecho propio no exime a las partes de acatar dichas normas. La correcta documentación de las fechas de notificación es crucial para establecer la oportunidad del recurso.

Resumen:

Puerto Rico Asphalt, LLC impugna ante el Tribunal de Apelaciones la adjudicación de una subasta del Municipio de Naranjito para la adquisición de brea y hormigón asfáltico. La recurrente alega que la notificación de la primera carta de adjudicación fue defectuosa. Sostiene además que la Junta de Subastas no aplicó el porciento de descuento dispuesto en la Ley Núm. 14 de 2004 para la industria puertorriqueña. El Municipio solicitó la desestimación del recurso, argumentando que una segunda carta de adjudicación corrigió los errores imputados. PR Asphalt se opuso, indicando que la segunda carta se emitió sin jurisdicción mientras el caso estaba en apelación. La recurrente también argumenta que la segunda notificación contenía defectos, incluyendo discrepancias en las fechas de depósito de correo certificado. El caso se centra en la validez del proceso de adjudicación de la subasta y los procedimientos de notificación de las decisiones. Se discuten tanto fallos procesales en la comunicación de la decisión como la supuesta omisión de aplicar preferencias legales en la evaluación de las ofertas.

Resumen:

Wilfredo G. Santos Vázquez, una persona confinada, solicitó la revisión judicial de una resolución disciplinaria emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha resolución lo encontró incurso en una violación reglamentaria por posesión de un objeto prohibido ("fisga"). Como consecuencia de la determinación disciplinaria, su custodia fue reclasificada de mínima a máxima y fue trasladado a otra institución correccional. El recurrente buscaba la reconsideración de la resolución disciplinaria y la reversión de las medidas tomadas. El Departamento de Corrección y Rehabilitación solicitó la desestimación del recurso, planteando argumentos jurisdiccionales. El recurrente aclaró que solo impugnaba la determinación disciplinaria, no la decisión de clasificación y traslado. Al revisar sus archivos, el Tribunal de Apelaciones constató que el recurrente ya había presentado otro recurso de revisión administrativa (KLRA202100376) sobre la misma resolución disciplinaria. Un panel distinto de este Tribunal ya había confirmado la resolución recurrida mediante sentencia previa. La existencia de este fallo anterior sobre el mismo asunto afecta la procedencia del recurso actual.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de revisión judicial presentado por Jesús Anglada Zambrana contra determinaciones del Negociado de Energía (NEPR). El NEPR había desestimado la querella del recurrente el 11 de junio de 2021. Tras una moción de reconsideración, el NEPR sostuvo su decisión el 28 de junio de 2021, notificando el derecho a revisión judicial en 30 días. El recurrente presentó una solicitud de exposición de hechos y derecho ante el NEPR, la cual fue denegada el 17 de agosto de 2021. El recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado el 16 de septiembre de 2021. El Tribunal destaca que la revisión judicial de una determinación administrativa debe presentarse dentro de un término jurisdiccional de treinta días a partir de la notificación de la orden final. Al examinar el expediente, el Tribunal concluye que el recurso fue presentado fuera de dicho término. Por consiguiente, el Tribunal desestima el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

Luis José Rodríguez Pérez, Mayra Díaz Rivera y su sociedad legal apelaron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su querella. La acción legal se presentó contra Deportes Salvador Colom, Inc., al amparo de la Ley contra el Despido Injusto o Represalias y el Código Civil de 2020. Los apelantes alegaron que el empleador cesó de pagar el salario al señor Rodríguez Pérez, quien quedó parapléjico tras un accidente laboral, en represalia por haber incoado una demanda previa contra la empresa. Deportes Salvador Colom se defendió argumentando que la relación laboral concluyó tras el periodo de reserva de empleo bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. La parte apelada también sostuvo que gozaba de inmunidad patronal y que los pagos realizados fueron voluntarios, sin que procediera responsabilidad civil por cesarlos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la querella, lo que motivó la presente apelación buscando la revocación de dicha decisión.

Resumen:

Luis Enrique Valentín Román acudió al Tribunal de Apelaciones mediante una petición de certiorari para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha resolución declaró No Ha Lugar una moción in limine que buscaba suprimir la identificación realizada por el occiso antes de morir. El peticionario argumentó que la identificación no cumplía con los requisitos de las Reglas 806(b)(4) y 109 de Evidencia, ni con la Enmienda Sexta de la Constitución de EE.UU. y el caso *Michigan v. Bryant*. Alegó que el foro primario erró al denegar la moción sin emitir determinaciones de hecho o conclusiones de derecho y sin considerar el derecho aplicable. Solicitó la revisión de la determinación y la paralización de los procedimientos en instancia. El Tribunal de Apelaciones examinó el escrito y el apéndice. Explicó la naturaleza discrecional y cautelosa del recurso de certiorari y los criterios para su expedición. Concluyó que los argumentos y la determinación del Tribunal de Primera Instancia no presentaban una consideración de carácter excepcional que ameritara su intervención.

Resumen:

Se revisa la Resolución del Negociado de la Policía de Puerto Rico que denegó una Petición de Licencia de Armas presentada por el señor Víctor L. Camilo Sáez. El Negociado basó su denegatoria en convicciones previas del recurrente, incluyendo violaciones a la Ley de Armas. Sin embargo, el señor Camilo Sáez demostró que obtuvo la eliminación de su récord penal en 2014, presentando evidencia de la corrección de su récord y un certificado negativo de antecedentes penales. Alegó que el Negociado erró al no considerar la eliminación de sus antecedentes ni sus circunstancias particulares, como ser dueño de negocio y estar al día en sus obligaciones fiscales. El Negociado, a través del Procurador General, compareció en oposición. El panel judicial, tras revisar el caso, determinó revocar la Resolución del Negociado de la Policía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones, Panel VIII, emitió una Resolución el 14 de octubre de 2021 en el caso de divorcio entre Erick S. Hernández Figueroa y Pamela M. Rodríguez Hernández. La Resolución examinó una Solicitud urgente en auxilio de jurisdicción presentada por el peticionario el día anterior. Mediante esta solicitud, el Sr. Hernández Figueroa pedía la paralización de una vista evidenciaria de emergencia. Dicha vista había sido ordenada por un panel hermano en un recurso relacionado. El Tribunal declaró No Ha Lugar la solicitud urgente. La razón principal para la denegación fue que el peticionario presentó la solicitud sin incluir un recurso apelativo propiamente. El Tribunal señaló que esta omisión incumple las disposiciones jurisdiccionales del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Se ordenó la notificación inmediata de esta Resolución a todas las partes y a la jueza del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Dos recursos de certiorari consolidados fueron presentados ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Steidel Analytical Labs, LLC y La Arboleda, LLC. Ambos recursos buscaban la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao. En dicha Resolución, el foro primario denegó las solicitudes de sentencias sumarias presentadas por ambas partes en el caso civil. El caso original fue instado por La Arboleda contra Steidel Analytical y otros por alegada violación a la Ley Uniforme de Valores de Puerto Rico. La Arboleda reclamó que Steidel Analytical realizó una oferta ilegal de valores en 2016, por la cual invirtió $207,086, y solicitó la devolución del dinero. Steidel Analytical y la co-demandada Dra. Rodríguez Steidel negaron los hechos y alegaron que La Arboleda carecía de legitimación activa por no existir relación contractual directa. Las partes presentaron mociones de desestimación y oposición basadas en la cuestión de la legitimación activa. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los recursos, denegó los autos de certiorari solicitados por ambas partes.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos recursos de certiorari consolidados (KLCE202100892 y KLCE202100932). Ambos recursos solicitan la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó las solicitudes de sentencias sumarias presentadas por las partes. El caso subyacente (HU2018CV00505) fue iniciado por La Arboleda, LLC contra Steidel Analytical Labs, LLC y otros. La demanda alega una violación a la Ley Uniforme de Valores de Puerto Rico. La Arboleda reclama que Steidel Analytical realizó una oferta ilegal de valores y busca la devolución de $207,086 invertidos. Steidel Analytical y una co-demandada niegan los hechos y cuestionan la legitimación activa de La Arboleda. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega los autos de certiorari solicitados por Steidel Analytical y La Arboleda.