Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 103)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, en el caso identificado como KLCE20211282. El recurso de Certiorari fue presentado por Acoba Realty Development, Inc. contra Rafael Ortiz Lebrón en representación de Ralph VIP Security, Inc. El caso original proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, bajo el número FECI201600547. La controversia principal trata sobre cobro de dinero e incumplimiento de contrato. En la resolución emitida el 18 de noviembre de 2021, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de Certiorari solicitado por la parte peticionaria, Acoba Realty Development, Inc. La decisión se fundamenta en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Enrique Milva Pérez Galán. El peticionario solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que le impuso honorarios de abogado por $300.00 a favor de la recurrida, Ana Minerva Román González, en un caso de divorcio. La imposición de honorarios se basó en una moción al amparo de la Regla 34 de Procedimiento Civil. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado. Consideró que el foro de instancia posee amplia discreción en el manejo de los casos y no encontró indicio de actuación arbitraria, caprichosa o error de derecho. Se señaló que la imposición de honorarios como sanción está permitida en casos relacionados, citando el Artículo 16 de la Ley Orgánica de ASUME. El tribunal concluyó que no existían fundamentos jurídicos para ejercer su facultad revisora. La Jueza Rivera Marchand hizo constar que, de forma disidente, habría expedido el auto para examinar el error de derecho y el alcance de las disposiciones aplicables a la imposición de honorarios como sanción interlocutoria.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari presentada por Gustavo Sánchez Montalvo. El peticionario impugnó la denegatoria de su moción de supresión de evidencia por el Tribunal de Primera Instancia. La moción se fundamentaba en la Regla 234(f) de Procedimiento Criminal, alegando falsedad en la declaración jurada que sustentó una orden de allanamiento. El peticionario argumentaba que el foro primario debió celebrar una vista evidenciaria antes de resolver la moción. La Regla 234 dispone que la vista es necesaria solo si se demuestra una controversia sustancial de hechos. La moción inicial del peticionario carecía de hechos precisos y se basó en la apreciación de su abogado sobre una grabación, sin proveerla al tribunal. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción sin vista al no apreciar una controversia sustancial. La solicitud de reconsideración, aunque ofreció la grabación, mantuvo una argumentación general sin detallar las supuestas discrepancias. El Tribunal de Apelaciones concluye que la actuación del foro primario estuvo justificada y no constituyó un abuso de discreción. Por tanto, se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso presentado por Iván Torres Rodríguez. El señor Torres Rodríguez apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le impuso pena por agresión grave (Artículo 127). La sentencia apelada fue emitida el 14 de julio de 2021. El apelante presentó su recurso el 18 de octubre de 2021, noventa y cuatro días después. Argumentó que no tuvo un juicio justo y solicitó la revocación de la sentencia o una reducción de pena. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su propia jurisdicción para atender el caso. Determinó que carecía de jurisdicción para entender sobre el asunto. La falta de jurisdicción impide al tribunal adjudicar la controversia. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso presentado por el señor Torres Rodríguez. La desestimación se basa en la ausencia de jurisdicción para revisar el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de relevo de sentencia. La peticionaria, Grace Monge La Fosse, busca la revisión de esta determinación en un caso de ejecución de hipoteca iniciado por DLJ Mortgage Capital, Inc. DLJ demandó a la señora Monge La Fosse en 2014 por incumplimiento de pagos, reclamando una deuda de más de $397,000 más intereses y otros cargos. La peticionaria intentó desestimar el caso en múltiples ocasiones, alegando cosa juzgada y falta de legitimación activa de DLJ, sin éxito en el TPI ni en recursos apelativos previos. Tras una moción de sentencia sumaria de DLJ, el TPI dictó sentencia en febrero de 2021, condenando a la peticionaria al pago de la deuda y ordenando la venta en pública subasta del inmueble hipotecado si no se satisfacía la sentencia. La peticionaria solicitó posteriormente el relevo de esta sentencia, lo cual fue denegado por el TPI. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones, aunque presentado como apelación, se atiende como certiorari por tratarse de una determinación post sentencia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión administrativa. T-Boards, Inc. solicitó la revisión de la denegatoria de un permiso para construir un anuncio publicitario de 60 pies de altura. La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) denegó la solicitud por múltiples incumplimientos reglamentarios. Entre las razones citadas estaban la reducción de estacionamientos, la falta de endosos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Municipio de Vega Baja. La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) también objetó el proyecto por su ubicación colindante con la PR-22, una vía interestatal, citando razones de seguridad vial. La OGPe determinó que el proyecto violaba la Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios y el Reglamento Conjunto, especialmente la prohibición de anuncios adyacentes a vías del National Highway Systems. T-Boards solicitó reconsideración, pero la División de Reconsideraciones confirmó la denegatoria, señalando que la certificación eléctrica no cumplía el requisito de la AEE. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución administrativa recurrida, manteniendo la denegatoria del permiso de construcción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Carlos L. Pérez Miranda, impugna la denegación de su solicitud de licencia de armas por parte del Negociado de la Policía. La denegación inicial se basó en un antecedente reflejado en el sistema policial. El recurrente presentó evidencia de la eliminación judicial de sus antecedentes penales y un certificado negativo. Tras una vista administrativa, el Negociado confirmó la denegación. Fundamentó su decisión en el Artículo 2.11 de la Ley de Armas, que prohíbe licencias a convictos de delito grave. Además, invocó la jurisprudencia del Tribunal Supremo (*Rolón Martínez*) que permite considerar el historial de actos violentos o agresivos del solicitante, independientemente de una convicción penal. El Negociado concluyó que el historial de violencia puede ser motivo suficiente para denegar la licencia. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado por Pérez Miranda. Finalmente, el Tribunal confirmó la determinación administrativa del Negociado de la Policía denegando la licencia de armas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión presentado por Metro Pavia at Home, LLC. El recurso impugnaba una resolución del Departamento de Salud que otorgó un Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) a Nueva Vida de la Salud Home Care Corp. para servicios de salud en el hogar en la región Este. Metro Pavia había participado como parte opositora en el proceso administrativo. La notificación de la resolución del Departamento de Salud indicaba que la parte adversamente afectada debía presentar una Querella y solicitar una Vista Adjudicativa en 30 días. Metro Pavia, en cambio, presentó una Moción de Reconsideración. El tribunal determinó que Metro Pavia no agotó el remedio administrativo expresamente provisto en la notificación. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión por falta de jurisdicción, al considerarlo prematuro.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Edwin Ramón Torres Figueroa contra Banco Popular de Puerto Rico. El recurso apela una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda del apelante. El Sr. Torres Figueroa demandó por despido injustificado y discrimen por edad y sexo bajo las Leyes Núm. 80, 100 y 69. Alegó que su despido por baja productividad fue un pretexto tras la división de su cartera de préstamos y discrimen por parte de su supervisora. Banco Popular sostuvo que el despido estuvo justificado por el patrón de desempeño deficiente, incumplimiento de funciones y violaciones éticas del apelante. El banco argumentó que el apelante admitió haber incurrido en violaciones a las normas de conducta y haber recibido una advertencia final. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de sentencia sumaria de Banco Popular. La Sentencia apelada desestimó las reclamaciones de despido injustificado y discrimen. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia emitida por el foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. La apelación fue presentada por los demandantes, familiares de una paciente fallecida, contra un hospital y varios médicos. Los apelantes buscaban la revisión de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó con perjuicio las causas de acción incoadas únicamente contra varios de los médicos demandados y sus sociedades conyugales. La demanda original alegaba negligencia médica en la atención de la paciente entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, que culminó en su muerte. El Hospital Dr. Pila, uno de los demandados, había contestado la demanda argumentando que el tratamiento se ajustó a la mejor práctica. El Tribunal de Apelaciones analizó los fundamentos de la decisión del foro primario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una apelación presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Aquátika. El recurso buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud del Consejo para intervenir en un caso y anular una subasta de ejecución de hipoteca. El pleito subyacente fue iniciado por Carl Roy Leyva Ramos y Maribel Romero Merced contra CPA Carl Leyva \& Asociados, P.S.C. (CPA Leyva PSC) para ejecutar una hipoteca sobre un apartamento. CPA Leyva PSC, propietario del apartamento, también adeuda cuotas de mantenimiento al Consejo de Titulares, quien previamente obtuvo una sentencia a su favor. Leyva y Romero-SLG son los actuales tenedores del pagaré hipotecario sobre la propiedad. Iniciaron la ejecución tras obtener una sentencia por la deuda de CPA Leyva PSC. El Consejo de Titulares intentó intervenir en este proceso de ejecución, pero su solicitud fue denegada por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari discrecional. No obstante, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del auto solicitado por el Consejo de Titulares.

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MLM Restaurants, Inc. apela una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra terceros contra Pedro Frontera h/n/c PFA Production Services (PFA). El foro primario declaró prescrita la causa de acción de MLM contra PFA. La apelación surge de una demanda original por daños y perjuicios presentada por Juan Nevárez y su esposa contra Vivo Beach Club (MLM). Los demandantes primarios alegaron haber sufrido daños el 13 de octubre de 2018 durante un evento en Vivo Beach Club, cuando una baranda cedió. La demanda original fue instada el 16 de agosto de 2019 y posteriormente enmendada para sustituir a Vivo Beach Club por MLM Restaurants, Inc. el 6 de diciembre de 2019. MLM contestó la demanda enmendada el 23 de enero de 2020, alegando que el incidente fue causado por un altercado entre los demandantes y otra pareja. MLM presentó una demanda contra terceros contra PFA, presumiblemente involucrado en el evento. El Tribunal de Apelaciones revisará de novo la sentencia sumaria para determinar si existen hechos en controversia y si la acción contra PFA es contractual o extracontractual para aplicar el término prescriptivo correcto.

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Se revisa una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia que desestimó sumariamente una demanda. La demanda fue presentada por la Sra. María E. Romero Ortiz contra la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico por incumplimiento contractual y daños tras el Huracán María. La Cooperativa solicitó sentencia sumaria, alegando que la aceptación de cheques por la apelante constituyó un pago en finiquito y una transacción que extinguió la reclamación. La Sra. Romero Ortiz se opuso, argumentando que los cheques no fueron presentados como pago total y final y la suma era insuficiente. El foro primario desestimó la demanda aplicando la doctrina de pago en finiquito. La Sra. Romero Ortiz apeló esta decisión. El panel revisor evaluó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el tribunal apelativo REVOCA la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por José D. Santiago Torres contra el Hospital Damas Ponce y otros. El apelante impugna la Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar su solicitud de desistimiento. Dicha sentencia ordenó el desistimiento y cierre de los casos consolidados *con perjuicio*. Los pleitos originales, instados por el apelante pro se, reclamaban daños y perjuicios por una hospitalización involuntaria. El apelante había solicitado inicialmente desistimientos *sin perjuicio* para algunos demandados. Posteriormente, pidió el desistimiento de *todos* los casos, lo que motivó la sentencia del TPI decretando el desistimiento *con perjuicio* para todas las partes. El apelante solicitó reconsideración para que el desistimiento fuera *sin perjuicio*, pero fue denegada. El Tribunal de Apelaciones anuncia que, por los fundamentos que expondrá, modificará la Sentencia Enmendada apelada.

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José D. Santiago Torres apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El caso original consistía en demandas consolidadas por daños y perjuicios relacionadas con una hospitalización involuntaria. Tras varios trámites procesales, el Sr. Santiago Torres solicitó el desistimiento de sus casos. El foro primario concedió la solicitud, declarando el desistimiento con perjuicio. El apelante recurrió la determinación, alegando que el desistimiento debió ser sin perjuicio y señalando errores procesales. El Tribunal de Apelaciones revisa la sentencia apelada. El documento indica que la Sentencia Enmendada apelada será modificada.

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Se trata de una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado. Veintiún exempleados del Hospital Damas, Inc. presentaron querellas bajo la Ley Núm. 2 de 1961 tras ser cesanteados. Los apelantes alegaron haber sido despedidos injustificadamente poco después de votar para unionarse. El Hospital solicitó la desestimación por falta de jurisdicción, argumentando que los empleados estaban cubiertos por un convenio colectivo vigente. Según el Hospital, este convenio obligaba a las partes a agotar un proceso de arbitraje antes de acudir al foro judicial. Los apelantes negaron la existencia de un convenio colectivo válido para su grupo en la fecha del despido, alegando que no fue ratificado ni firmado por sus miembros. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a las partes acudir al foro administrativo debido a la controversia sobre la existencia del convenio colectivo. Determinó que la existencia de un convenio válido privaría al foro judicial de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia apelada. Confirmó la decisión del foro de instancia de enviar el caso al foro administrativo para resolver la disputa jurisdiccional.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y cobro de dinero. La apelación se presentó contra una sentencia sumaria parcial que desestimó una reconvención. El apelante presentó una moción de reconsideración de la sentencia el último día del término para apelar. La notificación inicial de la moción al abogado de la parte contraria falló debido a un error en la dirección de correo electrónico. El apelante corrigió la notificación tres días después e informó al tribunal de primera instancia. Ante la incertidumbre sobre la interrupción del término, el apelante presentó el recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones evaluó si existió justa causa para la tardanza en la notificación correcta de la moción. Se determinó que hubo justa causa para la breve dilación en la notificación. Por tanto, la moción de reconsideración interrumpió el término para apelar. El recurso de apelación, presentado mientras la moción de reconsideración estaba pendiente, resultó ser prematuro y procede su desestimación.

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Este caso se origina en una demanda por incumplimiento de contrato presentada por el Colegio Emilio Díaz Lebrón contra MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY, relacionada con una reclamación de daños tras el huracán María. La disputa principal se centra en la valoración de los daños a la propiedad asegurada, con una diferencia significativa entre la estimación del Colegio y la oferta de MAPFRE. El Colegio solicitó al Tribunal de Primera Instancia que la controversia sobre la cuantía de los daños fuera referida al proceso de appraisal según la Ley Núm. 242-2018. MAPFRE se opuso a esta solicitud, argumentando que la póliza excluía el appraisal y que la ley no aplicaba o era inconstitucional. El Tribunal de Primera Instancia ordenó la paralización del caso y que las partes procedieran con el appraisal. MAPFRE recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Colegio presentó evidencia de que MAPFRE había aceptado previamente la solicitud de appraisal por escrito. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y la evidencia presentada. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenaba el proceso de appraisal.

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José Sánchez Ruiz y otros presentaron un interdicto posesorio contra Julio Alfaro Vázquez, alegando que este les impidió el acceso a un local arrendado tras suscribir un contrato. Alfaro Vázquez respondió que colocó un candado para proteger sus bienes y que el local estaba arrendado a un tercero no incluido en el pleito. El Tribunal de Primera Instancia ordenó enmendar la demanda para incluir partes indispensables. Los demandantes enmendaron la demanda, incluyendo a la propietaria y a Meditcaffe Inc. como interventor. Posteriormente, el tribunal desestimó el caso sin perjuicio por no haberse emplazado a una parte indispensable incluida en la demanda enmendada. Los demandantes solicitaron reconsideración, argumentando que el término para emplazar no había iniciado. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración. Inconformes, los demandantes presentaron una segunda solicitud de reconsideración, pidiendo una exposición más definida de la sentencia, la continuación del caso y sanciones contra Alfaro Vázquez. Este documento del Tribunal de Apelaciones revisa el historial procesal de este litigio.

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El caso de divorcio por ruptura irreparable fue iniciado por Rafael Ángel Fernández Betancourt contra Aura Alicia Estrada Zacarías, solicitando el peticionario la custodia o custodia compartida de la hija menor. La recurrida contestó la demanda y reconvino, pidiendo custodia monoparental, autorización para mudarse a Florida con la menor y alegando violencia doméstica por parte del peticionario, existiendo una orden de protección vigente. El Tribunal de Primera Instancia señaló y luego reseñaló la vista de divorcio por videoconferencia. La abogada del peticionario presentó una moción de renuncia por diferencias irreconciliables. El tribunal apercibió al peticionario sobre la necesidad de comparecer a la vista y contestar la reconvención, advirtiendo que de no hacerlo, se dispondría del caso conforme a la reconvención. Estas advertencias fueron notificadas a la dirección en récord del peticionario. Llegada la fecha de la vista, la recurrida compareció con su representación legal, pero el peticionario no compareció ni estuvo representado.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende casos consolidados entre varios Consejos de Titulares de Condominios y Triple S Propiedad Inc. Las controversias se originan por alegados incumplimientos de contratos de seguro por parte de Triple S tras los huracanes Irma y María. Triple S impugnó una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia que le ordenaba someterse al proceso de arbitraje acordado con los Condominios. Dicha orden del TPI requería a Triple S seleccionar un árbitro en 10 días, iniciar el arbitraje y reportar su estatus en 60 días. Triple S solicitó la expedición de un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar esta determinación. El panel del Tribunal de Apelaciones, presidido por la Jueza Cintrón Cintrón, evaluó la petición. La resolución deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Triple S. Esto significa que la orden del Tribunal de Primera Instancia que exige a Triple S proceder con el arbitraje se mantiene vigente.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en casos consolidados. Las partes son varios consejos de titulares de condominios y Triple S Propiedad Inc. Los casos versan sobre reclamaciones de seguros por incumplimiento tras los huracanes Irma y María. Triple S Propiedad impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha decisión ordenó a Triple S someterse a un proceso de arbitraje, según lo acordado con los consejos de titulares. El TPI instruyó a Triple S a seleccionar un árbitro en 10 días, iniciar el arbitraje y reportar su estatus en 60 días. Triple S solicitó un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar esta orden. Mediante esta Resolución del 17 de noviembre de 2021, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Triple S. Esto implica que la orden del TPI para que Triple S proceda al arbitraje se mantiene vigente.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en casos consolidados entre Triple S Propiedad Inc. y varios Consejos de Titulares de Condominios. Los casos se refieren a reclamaciones de seguros por daños de los huracanes Irma y María e incumplimiento de contrato. Triple S impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le ordenaba someterse al proceso de arbitraje. El TPI había dispuesto que Triple S debía seleccionar un árbitro e iniciar el arbitraje conforme a lo pactado con los condominios. Triple S solicitó un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar esta orden. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Triple S. Esta decisión confirma la orden del TPI de que Triple S debe proceder con el arbitraje en estos casos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en casos consolidados. Múltiples Consejos de Titulares de Condominios demandaron a Triple S Propiedad Inc. por incumplimiento de contratos de seguro tras los huracanes Irma y María. Triple S impugnó una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha orden del TPI requirió a Triple S someterse a un proceso de arbitraje acordado con los Consejos de Titulares. El TPI también impuso plazos para la selección del árbitro y el inicio del arbitraje. Triple S solicitó un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar esta determinación. El Tribunal de Apelaciones consideró la petición. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. Esto confirma la orden del TPI de que Triple S debe ir a arbitraje.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en casos consolidados. Triple S Propiedad Inc. impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La disputa involucra a varios Consejos de Titulares de Condominios y se relaciona con reclamaciones de seguros por daños causados por los huracanes Irma y María. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a Triple S someterse a un proceso de arbitraje, según lo acordado con los Consejos de Titulares. Dicha orden incluía seleccionar un árbitro e iniciar el proceso en plazos específicos. Triple S solicitó un auto de certiorari para revisar esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, en su resolución del 17 de noviembre de 2021, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Triple S.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por Triple-S Propiedad contra una orden del Tribunal de Primera Instancia. El caso surge de una reclamación por daños causados por el huracán María al Condominio San Patricio Apartments. Triple-S, la aseguradora, realizó un ajuste de la reclamación ofreciendo pagar \$197,905.81. El Condominio argumentó que esta oferta constituía un reconocimiento de deuda por dicha suma y solicitó su pago inmediato. Inicialmente, el foro primario denegó una moción de sentencia sumaria parcial con ese fin. No obstante, basándose en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo en *Feliciano Aguayo v. Mapfre*, el Condominio solicitó y obtuvo una orden de pago por la suma ofrecida. Triple-S recurrió en certiorari, alegando error al aplicar *Feliciano Aguayo* y que la deuda no era líquida. El Tribunal de Apelaciones revisó la actuación del foro primario. Confirmó la orden de pago, aplicando el principio de que la oferta de ajuste de la aseguradora constituye un reconocimiento de deuda por la suma ofrecida. El Tribunal sostuvo la obligación de Triple-S de pagar los \$197,905.81 previamente estimados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso KLAN202100794, presentado por José A. Rodríguez Torres y Carmen Romero. Los apelantes impugnan una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su acción civil sobre interdicto posesorio, desahucio y daños. El Tribunal de Apelaciones requirió en varias ocasiones a los apelantes cumplir con las reglas de notificación del recurso a los apelados y al foro primario, así como presentar el apéndice. Los apelantes incumplieron reiteradamente con los plazos para estas gestiones procesales. El apéndice fue presentado fuera de término. La notificación a los apelados se realizó tardíamente, veinte días después de radicar el recurso, y la prueba se presentó con retraso. La notificación al Tribunal de Primera Instancia también se efectuó fuera de término, a pesar de múltiples requerimientos. Los apelantes atribuyeron los incumplimientos a fallas en los servicios de mensajería. El Tribunal consideró que las justificaciones y las acciones correctivas no fueron suficientes ni oportunas. Debido a los incumplimientos procesales, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Grace English Evangelical Lutheran Congregation, Inc. contra una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia sumaria fue dictada a favor de Banco Popular de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El TPI ordenó a Grace English y a los codemandados el pago de \$646,000 más intereses y costas, o la ejecución de la hipoteca sobre un inmueble. Banco Popular demandó por incumplimiento de un préstamo garantizado con hipoteca. Grace English se opuso a la sentencia sumaria alegando que era prematura por falta de descubrimiento de prueba. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Trinity Metal Roof and Steel Structure Corp. presentó un recurso de revisión judicial contra la Junta de Subasta del Municipio Autónomo de Humacao. La empresa impugna su descalificación de la Subasta 21-2201 para el techado de una cancha de baloncesto. Trinity, el licitador con la oferta más baja, fue descalificado por supuestamente no incluir un diseño esquemático. Alega que dicho requisito no estaba en las especificaciones escritas de la subasta. Trinity solicita revocar la adjudicación a TOP Construction & More, LLC. y que se le otorgue la buena pro. Tanto TOP como la Junta de Subasta solicitaron la desestimación del recurso. Argumentan que Trinity presentó su apelación fuera del término jurisdiccional de diez días. Dicho término se cuenta a partir del 30 de septiembre de 2021, fecha en que se notificó la adjudicación por correo. Trinity se opuso a la desestimación, atribuyendo el retraso a problemas postales. El tribunal procederá a evaluar primero el asunto jurisdiccional de la extemporaneidad del recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100578. El apelante, Héctor Manuel Francisquini Encarnación, recurre contra una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que favoreció a Banco Popular de Puerto Rico. Dicha sentencia condenó al apelante al pago de deudas, intereses, costas y honorarios en un pleito de cobro de dinero, ejecución de prenda e hipoteca. El apelante alega que su oposición a la sentencia sumaria cumplió los requisitos procesales y que los pagarés suscritos caducaron. También impugna la imposición de honorarios de abogado. El Tribunal de Apelaciones determina que los argumentos del apelante carecen de fundamento. El caso se origina en préstamos y garantías hipotecarias otorgados originalmente por Westernbank, predecesor de BPPR. Las garantías incluyen varios pagarés hipotecarios sobre propiedades inmuebles en Carolina. El Tribunal concluye que procede confirmar la sentencia apelada.

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Se resuelve un recurso de apelación presentado por Centro Ceski, PSC contra MMM Healthcare Inc. y otras entidades. El apelante impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su causa de acción. La desestimación se fundamentó en los incumplimientos del apelante con las órdenes del TPI relativas al descubrimiento de prueba. El historial procesal revela que el TPI concedió múltiples extensiones para completar el descubrimiento. A pesar de las gestiones de la parte apelada, las vistas celebradas y las advertencias del tribunal, el apelante no cumplió con sus obligaciones de descubrimiento. El TPI incluso impuso previamente una sanción monetaria al apelante por su falta de cooperación. Ante la persistencia en el incumplimiento, el TPI procedió a desestimar la demanda. El panel apelativo revisó los fundamentos y el dictamen del foro primario. Por los motivos expuestos, el tribunal apelativo confirma la Sentencia Parcial que desestimó la causa de acción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero e incumplimiento de contrato. Involucra a Suncom Construction Group (contratista), Prolmo, Inc. (dueño de obra) y United Surety & Indemnity Company (USIC, fiadora). Prolmo apeló la desestimación de su demanda contra tercero contra USIC por el Tribunal de Primera Instancia. Suncom había demandado a Prolmo, y Prolmo reconvino y demandó a USIC como fiadora de las fianzas de cumplimiento y pago. El contrato de fianza de cumplimiento establecía condiciones para la obligación de la fiadora y un término de prescripción de dos años para acciones legales. La demanda original de Suncom fue en agosto de 2008; la demanda de Prolmo contra USIC fue en diciembre de 2008. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra USIC. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia apelada. Considerando los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia que desestimó la demanda de Prolmo contra USIC. La decisión valida la desestimación de la reclamación del dueño contra la compañía fiadora.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un recurso de certiorari presentado por Ramón Arturo Nenadich Deglans. El peticionario impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de relevo de sentencia. La sentencia original del TPI había desestimado la demanda de Nenadich Deglans por infracción de derechos de autor y daños. El TPI desestimó la demanda al considerar que el peticionario no demostró la inscripción de su obra en el Registro de la Propiedad Intelectual, a pesar de haber sido requerido para mostrar causa. Nenadich Deglans solicitó el relevo de la sentencia argumentando que la desestimación se basó en una ley derogada y que, bajo la ley vigente, los derechos morales existen independientemente del registro. Tras la negativa del TPI a conceder el relevo, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado y revoca la Resolución del TPI que denegó la moción de relevo de sentencia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de tutela. La peticionaria, representada por Servicios Legales, solicitó la tutela de su hija incapacitada, ambas indigentes. El Tribunal de Primera Instancia requirió a la peticionaria contratar a una persona cualificada para realizar un informe socioeconómico, conforme al Artículo 117 del Código Civil. La peticionaria argumentó la imposibilidad de cumplir por su indigencia y la falta de claridad legal sobre quién debe preparar y costear dicho informe. Servicios Legales sugirió que el informe debía ser preparado por un funcionario judicial o que se le eximiera del requisito. El Ministerio Público coincidió en que la ley requería el informe, pero también entendió que un funcionario judicial debía prepararlo. El foro primario mantuvo su determinación, indicando que las unidades sociales del tribunal no estaban autorizadas para ello sin enmiendas administrativas. La peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia que obligaba a la peticionaria a contratar el informe socioeconómico.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en casos consolidados. Involucra a Triple S Propiedad Inc. como peticionario y varios Consejos de Titulares de Condominios como recurridos. Los casos se originan por demandas de incumplimiento de contrato de seguros tras los huracanes Irma y María. Triple S impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan. El TPI había ordenado a Triple S someterse a un proceso de arbitraje, según lo acordado con los Consejos de Titulares. La orden del TPI incluía seleccionar un árbitro e iniciar el proceso en plazos específicos. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Triple S. Esta denegación confirma la orden del TPI que obliga a Triple S a proceder con el arbitraje.

Resumen:

Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en casos consolidados entre varios consejos de titulares de condominios y Triple S Propiedad Inc. Las disputas subyacentes se relacionan con reclamaciones de seguros e incumplimiento alegado por la aseguradora respecto a daños causados por los huracanes Irma y María. Triple S impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le exigía someterse a arbitraje, según lo acordado previamente con los consejos de titulares. El TPI había ordenado a Triple S seleccionar un árbitro, iniciar el proceso e informar su estado. Triple S solicitó un auto de certiorari al Tribunal de Apelaciones para revocar esta orden. No obstante, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. Por lo tanto, la decisión del TPI que obliga a Triple S a proceder con el arbitraje se mantiene vigente.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre el nivel de custodia del confinado Martín Mejías Ortiz. El recurrente impugnó la determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) y la Supervisora de Clasificación (OCC) de ratificar su custodia mediana. Esta decisión se tomó a pesar de que obtuvo una puntuación en la escala de clasificación que, por norma general, correspondería a custodia mínima. Las autoridades justificaron mantener la custodia mediana aplicando una modificación discrecional basada en la naturaleza grave y severidad extrema de los delitos originales (asesinato, secuestro, Ley de Armas), por los que cumple una sentencia de 184 años. Aunque reconocieron el buen ajuste institucional y la participación en programas del confinado, consideraron que la puntuación de la escala subestimaba la gravedad de sus crímenes. Mejías Ortiz alegó que se ignoraron la escala y sus progresos, y que se aplicó erróneamente la modificación discrecional. El Departamento de Corrección y Rehabilitación defendió su determinación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión recurrida de mantener la custodia mediana.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en casos consolidados. Los casos involucran a varios Consejos de Titulares de Condominios como recurridos y a Triple S Propiedad Inc. como peticionario. La disputa se centra en reclamaciones de seguros y presunto incumplimiento de contrato por parte de Triple S tras los huracanes Irma y María. Triple S impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha decisión ordenaba a Triple S someterse a un proceso de arbitraje, según lo acordado con los Consejos de Titulares. El TPI instruyó a Triple S a seleccionar un árbitro e iniciar el arbitraje en plazos determinados. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Triple S. Esto confirma la orden del Tribunal de Primera Instancia para que Triple S proceda con el arbitraje.

Resumen:

Varios Consejos de Titulares de condominios presentaron demandas contra Triple S Propiedad por incumplimiento de contratos de seguro relacionados con daños causados por los huracanes Irma y María. Estos casos fueron consolidados ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El TPI emitió una Resolución y Orden determinando que Triple S debía someterse al proceso de arbitraje acordado con los condominios. La orden del TPI dispuso que Triple S seleccionara un árbitro en 10 días, iniciara el arbitraje e informara su estatus en 60 días. Triple S impugnó esta decisión del TPI mediante un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, Panel IV, revisó la petición de Triple S. Mediante Resolución, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. Esta decisión confirma la orden del TPI de que Triple S debe proceder con el arbitraje en los casos consolidados.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en casos consolidados. Triple S Propiedad Inc. impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia que le requería someterse a arbitraje. La orden del TPI surgió de demandas presentadas por varios Consejos de Titulares de Condominios y una Asociación de Residentes. Estos casos originales versan sobre incumplimiento de contrato de seguros tras los huracanes Irma y María. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a Triple S seleccionar un árbitro, iniciar el proceso de arbitraje pactado e informar su estatus. Triple S solicitó un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar esta determinación. La Resolución del Tribunal de Apelaciones, emitida el 17 de noviembre de 2021, denegó la expedición del auto solicitado. Esta denegatoria confirma la obligación de Triple S de proceder con el arbitraje según lo ordenado por el tribunal inferior.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación administrativa sobre la inelegibilidad a beneficios de desempleo. David A. Camacho Renta recurre la decisión del Negociado de Seguridad en el Empleo, confirmada por el Secretario del Trabajo. La agencia descalificó al recurrente para recibir beneficios tras ser despedido por supuesta conducta incorrecta relacionada al trabajo. Se determinó que Camacho Renta rechazó alternativas de trabajo, tanto remoto como presencial con acomodos, durante la pandemia. La Árbitro designada concluyó que esta acción constituyó abandono de trabajo e insubordinación. El Secretario del Trabajo confirmó esta conclusión, manteniendo la inelegibilidad. Camacho Renta apeló ante el Tribunal de Apelaciones, alegando errores en la valoración de la prueba y la aplicación del derecho. El Tribunal evaluó el caso. Finalmente, la sentencia confirma el dictamen administrativo recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia en el caso de Matthew Ryan McCurley, acusado de delitos de maltrato de animales y armas. El foro primario, tras varias evaluaciones, declaró al peticionario no procesable permanentemente conforme a la Regla 240 de Procedimiento Criminal. Como resultado, ordenó el archivo de los cargos penales pendientes y su excarcelación según la Regla 247(b). No obstante, dispuso como medida de seguridad temporera su ingreso en el Hospital Psiquiátrico Forense. Esto fue en espera de una vista bajo la Regla 241 para imponer medidas de seguridad. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari para revisar este dictamen. La corte de apelaciones procede a modificar la resolución y sentencia enmendada del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari instado por Serafín Wholesale Distributors, Inc. La peticionaria impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia que declaró sin lugar su solicitud de desestimación en un caso de daños y perjuicios. Serafín Wholesale Distributors alegó errores del foro primario relacionados con la prescripción de la acción, la interrupción del término prescriptivo por reclamación extrajudicial, la naturaleza de daños continuados y la determinación de ser parte indispensable. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición y la oposición, recordando su limitada intervención en las decisiones discrecionales del foro primario. Concluyó que la parte peticionaria no logró demostrar la comisión de un error que justificara su intervención en esta etapa del procedimiento. Por tanto, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico involucra una revisión administrativa solicitada por Gabriel Pérez López contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, confinado, denunció que la cocina de la institución correccional incumplía el menú establecido y no notificaba los cambios a tiempo. La institución justificó los cambios por averías en el equipo de cocina (boilas). El señor Pérez López presentó una Solicitud de Remedio Administrativo y una Solicitud de Reconsideración, las cuales fueron denegadas por el Departamento. Posteriormente, acudió al Tribunal de Apelaciones argumentando errores del Departamento al no reconocer los incumplimientos y la falta de mantenimiento del equipo. El Departamento solicitó la desestimación o confirmación de su decisión, alegando que el recurrente no presentó evidencia para rebatir la presunción de corrección. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen administrativo. Finalmente, el Tribunal CONFIRMÓ la determinación recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación presentada por la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) contra el Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico. La ASR apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que concedió un interdicto preliminar a favor del Sindicato. El litigio se originó cuando la ASR, mediante Carta Circular, excluyó a los miembros del Cuerpo de Bomberos de los beneficios de retiro temprano establecidos en la Ley Núm. 80. El Sindicato de Bomberos demandó para dejar sin efecto dicha exclusión y poder acogerse a la ley. El TPI ordenó a la ASR incluir a los bomberos en el programa de retiro temprano. La ASR argumentó en apelación que la exclusión estaba implícita en la Ley Núm. 81 y que el TPI carecía de jurisdicción. El Sindicato sostuvo que la ASR se excedió en sus poderes al excluir a los bomberos sin base legal en la Ley Núm. 80. Tras examinar los escritos, el Tribunal de Apelaciones procedió a confirmar la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso entre el Consejo de Titulares de Terralinda Park y Triple-S Propiedad, Inc., originado por un reclamo de seguros tras el huracán María. El Consejo demandó a Triple-S en el Tribunal de Primera Instancia por incumplimiento de contrato y violaciones al Código de Seguros. Alegaron que Triple-S ofreció una indemnización de solo $65,818.70 por daños estimados en $13.6 millones. El Consejo argumentó que la aseguradora actuó de mala fe, retrasó injustificadamente la investigación y presentó ofertas irrazonables. Triple-S respondió que actuó de forma diligente, justificando las demoras por el elevado número de reclamaciones. El Consejo recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari tras la negativa del foro primario a reconsiderar una orden. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la orden impugnada.

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El Estado Libre Asociado de Puerto Rico comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso civil sobre un accidente de tránsito fatal. La Orden recurrida determinó que información de un sumario fiscal, concerniente a un menor ajeno a la controversia civil, podía ser compartida a las partes. El Estado argumenta que la divulgación de este sumario fiscal viola la confidencialidad dispuesta en el Art. 37 de la Ley de Menores. El sumario fiscal solicitado contiene información del menor K.R.M., quien fue encontrado incurso en falta por los mismos hechos que motivan la demanda civil. Las partes recurridas en el certiorari, codemandados en el caso civil, solicitaron la orden para obtener el sumario fiscal. La parte demandante en el caso civil se opuso a esta solicitud. Las recurridas también se opusieron al recurso de certiorari del Estado, alegando, entre otras cosas, que fue radicado de manera tardía. El Tribunal de Apelaciones evalúa las posturas de las partes y el historial procesal relacionado con la solicitud de divulgación del sumario fiscal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa. Rule Caribbean Investment Trust y Juan C. Ruaño Muñoz solicitaron revocar una Resolución Enmendada de la OGPe relativa a una consulta de ubicación en San Juan. Las partes recurridas informaron que otro panel del Tribunal ya había dejado sin efecto la misma resolución en un caso relacionado. Además, la OGPe había emitido una nueva resolución sobre la consulta de ubicación tras recibir el mandato de casos previos. Argumentaron que el recurso se había tornado académico. La parte recurrente coincidió con la academicidad del caso. En vista de los planteamientos y el allanamiento de la recurrente, el Tribunal desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción al haberse tornado académico el asunto.

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Se resuelve una apelación presentada por Sonia L. Colón Rivera y Luis C. Lebrón Cordero contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Salinas. Dicha sentencia desestimó la causa de acción por daños y perjuicios por persecución maliciosa que los apelantes habían presentado contra Fioldaliza Pacheco Caraballo. La apelada había solicitado sentencia sumaria, alegando que la acción no cumplía los criterios legales o estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción y desestimó la demanda con perjuicio, ordenando continuar con la reconvención presentada por la apelada. Los apelantes recurrieron, argumentando que la moción de sentencia sumaria no cumplía con los requisitos procesales. Tras examinar el expediente, el panel de jueces confirma la Sentencia Parcial apelada. El Tribunal de Primera Instancia determinó que los casos invocados por los apelantes no cumplían con los criterios jurisprudenciales de persecución maliciosa o estaban prescritos.

Resumen:

Comparecen los Sres. Carmelo Sierra González y Gladys Quiles Obera solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución denegó una Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por los peticionarios en un pleito iniciado por el Municipio Autónomo de Bayamón. El Municipio demandó la revocación parcial de un permiso de construcción, específicamente un acceso a la Avenida Duero, alegando que fue otorgado en contravención a la reglamentación aplicable y que fue inducido a error. Los peticionarios argumentaron que el Municipio no puede ir contra sus propios actos y que incurrió en incuria y violación al debido proceso. El TPI declaró no ha lugar ambas solicitudes de sentencia sumaria, determinando la existencia de controversias reales y sustanciales, particularmente sobre si los peticionarios indujeron a error al Municipio. Insatisfechos, los peticionarios presentaron una Petición de Certiorari contra la decisión del TPI. Por los fundamentos expuestos, el panel deniega la expedición del auto solicitado por los peticionarios.