ANDINO RIVERA, ZENAIDA V. EX-PARTE

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de tutela. La peticionaria, representada por Servicios Legales, solicitó la tutela de su hija incapacitada, ambas indigentes. El Tribunal de Primera Instancia requirió a la peticionaria contratar a una persona cualificada para realizar un informe socioeconómico, conforme al Artículo 117 del Código Civil. La peticionaria argumentó la imposibilidad de cumplir por su indigencia y la falta de claridad legal sobre quién debe preparar y costear dicho informe. Servicios Legales sugirió que el informe debía ser preparado por un funcionario judicial o que se le eximiera del requisito. El Ministerio Público coincidió en que la ley requería el informe, pero también entendió que un funcionario judicial debía prepararlo. El foro primario mantuvo su determinación, indicando que las unidades sociales del tribunal no estaban autorizadas para ello sin enmiendas administrativas. La peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia que obligaba a la peticionaria a contratar el informe socioeconómico.