Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 101)

Resumen:

Luis Hiram Quiñones Santiago presentó un recurso de revisión judicial contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente buscaba que el tribunal atendiera una solicitud administrativa sobre un incidente de fumigación en su celda que, según alegó, afectó su salud. Quiñones Santiago había presentado varias solicitudes de remedio administrativo ante el DCR, quejándose de la falta de respuesta oportuna. El DCR respondió en sede administrativa indicando que ya se había emitido una contestación a su solicitud inicial. Inconforme y alegando no haber recibido dicha respuesta, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones. En su recurso, imputó varios errores al DCR relacionados con el incidente, la identificación del personal y el proceso de remedios administrativos. El DCR solicitó la desestimación del recurso judicial. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción por haber sido presentado de forma tardía.

Resumen:

Recurso de revisión administrativa presentado por B-Billboard LLC y B Billboard NC LLC ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Las recurrentes impugnan un permiso de construcción y su prórroga, otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a One Media Corp. para una valla publicitaria. Alegan ser competidores con vallas existentes en la misma área, cuyos intereses económicos y propietarios se ven afectados por la nueva construcción. Fundamentan su recurso en supuestos incumplimientos de requisitos legales, incluyendo la distancia mínima de separación entre vallas y respecto a salidas de autopistas. También señalan la ausencia de recomendaciones requeridas de agencias como ACT y AEE para vallas digitales en vías del National Highway System. Las recurrentes argumentan un vicio procesal, al no haber sido notificadas de la solicitud de prórroga ni de su aprobación por OGPe, a pesar de ser partes interventoras. Presentaron solicitudes de revisión administrativa ante la División de Remedios Administrativos de OGPe (DRAOGPe), que consolidó los casos y emitió una resolución. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa dicha resolución de DRAOGPe.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari presentada por Delmaris García Figueroa. La peticionaria impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que ordenó relaciones paternofiliales provisionales a favor de Jimmy López Ortiz en un caso de custodia. García Figueroa había demandado custodia monoparental, mientras que López Ortiz solicitó custodia compartida y relaciones provisionales. El Tribunal de Primera Instancia señaló dos vistas por videoconferencia para atender la solicitud de relaciones paternofiliales provisionales. La peticionaria y su representación legal no comparecieron a ninguna de las vistas, alegando problemas de conexión, a pesar de las instrucciones detalladas provistas por el tribunal. El foro primario celebró la segunda vista en ausencia de la peticionaria, escuchó al recurrido y dictó la Resolución concediendo las relaciones provisionales. La solicitud de reconsideración de la peticionaria fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia. Mediante el recurso de Certiorari, García Figueroa solicitó la revocación de dicha orden provisional y la paralización de los encuentros. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de Certiorari y declara No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción.

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Travel Planners, Inc. presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una decisión del Tribunal de Primera Instancia. La decisión recurrida dejó sin efecto una sentencia previa que había desestimado con perjuicio la reclamación laboral de varios exempleados. La sentencia original se basó en la solicitud de desistimiento de uno solo de los coquerellantes, pero el tribunal la extendió a todos. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia corrigió su error, limitando el desistimiento con perjuicio únicamente a la causa de acción del coquerellante que lo solicitó y permitiendo que el caso continuara para los demás. Travel Planners argumentó que la sentencia inicial era final y firme y no debía ser modificada. La parte peticionaria también solicitó la paralización de los procedimientos en el foro primario. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición y los documentos presentados. Resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por Travel Planners. De igual manera, declaró no ha lugar la moción solicitando auxilio de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito. La Resolución impugnada, emitida el 3 de agosto de 2021, asignó porcentajes de responsabilidad en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el Hospital General Menonita de Aibonito era responsable en un 10%, el Dr. Carlos Avellanet Quiñones en un 15%, y el Dr. Vidal Rosario León en un 75%. El caso original fue incoado en 2009 por Hilda Lupiáñez y otros contra el hospital y los doctores. La demanda alegó negligencia durante una cirugía de mastectomía y reconstrucción de seno realizada en diciembre de 2005. Se argumentó que la cirugía se apartó de la mejor práctica médica, incluyendo la participación del Dr. Avellanet Quiñones, cuya licencia estaba suspendida para practicar fuera de su especialidad. También se imputó negligencia al Dr. Rosario León por permitir dicha intervención y al hospital por permitir la entrada de un médico suspendido. La parte peticionaria reclamó daños físicos, emocionales y económicos resultantes de la alegada mala práctica.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Vicente Vázquez Sánchez. El peticionario, codemandado en un caso de subrogación iniciado por Multinational Insurance Company, impugnó una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Mediante dicha sentencia, el TPI denegó la Moción de Sentencia Sumaria de Vázquez Sánchez, al encontrar hechos en controversia. Sin embargo, el TPI sí concedió la moción similar al otro codemandado, Elite Motors, desestimando la reclamación contra este último. El caso original de Multinational buscaba recobrar el pago a su asegurado por la pérdida de un vehículo que, entregado a Vázquez Sánchez para venta, fue robado y chocado tras ser dejado desatendido. Vázquez Sánchez argumentó que no era responsable por el acto delictivo de un tercero. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso solicitando la modificación del dictamen del TPI. Tras la evaluación, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del recurso de Certiorari. Por tanto, la decisión del TPI que mantiene la causa de acción contra Vicente Vázquez Sánchez permanece vigente.

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Mark B. Díaz Escobar apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Dicha Sentencia, emitida el 18 de mayo de 2021, lo declaró culpable del delito de posesión de sustancias controladas bajo el Art. 404(A) de la Ley de Sustancias Controladas. El foro primario le impuso una pena de dos años de cárcel. En su apelación, el señor Díaz Escobar alegó que la prueba de cargo no estableció su culpabilidad más allá de duda razonable. También argumentó que el tribunal erró al otorgar credibilidad al testimonio del agente interviniente, calificándolo de estereotipado y usado para justificar una intervención ilegal. El Pueblo de Puerto Rico, por su parte, sostuvo que la comisión del delito y su conexión con el apelante fueron probadas más allá de duda razonable. Destacó que el testimonio del agente, al que el foro primario dio crédito, detalló específicamente la posesión de sustancias controladas por el apelante. El Pueblo concluyó que no existían razones para variar el fallo de culpabilidad. El Tribunal de Apelaciones evaluó la prueba oral, documental y los alegatos de las partes para resolver el recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión judicial de la expulsión de un socio de una cooperativa de viviendas. El socio fue expulsado tras un incidente con un arma de fuego en su unidad. Demandó a la cooperativa en el Tribunal de Primera Instancia, alegando violación a su debido proceso de ley. La cooperativa argumentó que cumplió con las garantías procesales, notificó al socio y le dio oportunidad de ser oído, pero este no participó plenamente. Defendió que el incidente no era aislado y que el socio representaba un riesgo para la comunidad. El Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión de expulsión. La cooperativa apeló esa determinación. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró. Determinó que la cooperativa brindó las debidas garantías procesales y que su decisión sobre la conducta del socio merecía deferencia.

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Sentencia de un panel de jueces en San Juan, Puerto Rico, revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La Sra. Carmen Flores Torres solicitó la revisión de la desestimación de su querella contra Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. La querella alegaba despido injustificado y discrimen por condición de salud, supuestamente ocurrido el 9 de febrero de 2019. La Sra. Flores presentó su querella judicial el 21 de diciembre de 2020, tras haber radicado un cargo administrativo ante el EEOC el 5 de diciembre de 2019. Servicios Legales argumentó que las reclamaciones estaban prescritas por haberse presentado la querella judicial fuera del término de un año. Sostuvo que la presentación ante el EEOC no interrumpió la prescripción al no haberse notificado debidamente. La Sra. Flores replicó que la radicación ante el EEOC constituyó notificación e interrupción. El TPI desestimó la querella por prescripción. El panel de jueces confirma la Sentencia del TPI.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una orden del Tribunal de Primera Instancia. El caso subyacente es un procedimiento sumario laboral bajo la Ley Núm. 2 sobre despido injustificado. El peticionario, parte prevaleciente, solicitó el reembolso de gastos de transcripción de deposición como costas. El foro primario denegó la solicitud, interpretando que la Ley Núm. 2 prohíbe la concesión de costas en estos procedimientos. El peticionario alega que dicha ley solo exime del pago de derechos de radicación, no del reembolso de gastos necesarios. El Tribunal de Apelaciones examina la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, que generalmente concede costas a la parte vencedora por gastos necesarios, salvo disposición legal en contrario. Las costas buscan reembolsar gastos necesarios y penalizar litigios inmeritorios. El foro primario tiene discreción para conceder costas por gastos necesarios y razonables. La revisión se centra en si el foro primario incidió al denegar las costas basándose en su interpretación de la Ley Núm. 2.

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Sentencia de un panel judicial que resuelve recursos de certiorari presentados por el Hospital Español Auxilio Mutuo de PR. Los recursos impugnan sentencias del Tribunal de Primera Instancia que confirmaron laudos arbitrales del Negociado de Conciliación y Arbitraje. La controversia principal detallada se centra en la arbitrabilidad de una querella presentada por la Unión en representación de un empleado suspendido. El Hospital argumentó la falta de un convenio colectivo vigente al momento de la suspensión para negar la arbitrabilidad. La Unión sostuvo que la implementación unilateral de la propuesta final del Hospital tras un impasse estableció el procedimiento de quejas y agravios. Tanto el Árbitro como el TPI determinaron que la controversia era arbitrable. El Hospital recurrió esta decisión ante este tribunal. Los recursos fueron consolidados por tratarse de la misma controversia y el tribunal confirma las sentencias recurridas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso de certiorari instado por Luis H. Martínez Adames. El peticionario solicitó la revocación de una Orden y Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Toa Baja. Dicho foro primario, tras una vista, ordenó a las hijas Carmen A. y Ada L. Martínez Adames ubicar a su madre, Amalia Adames Prieto, en un hogar sustituto debido a su condición de salud. Simultáneamente, el Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar y archivó la petición presentada por Luis H. Martínez Adames al amparo de la Ley Núm. 121-2019. El peticionario se oponía a la ubicación de su madre en un centro de cuido para envejecientes. Tras evaluar la petición de certiorari y la oposición, el Tribunal de Apelaciones concluye que la parte peticionaria no demostró que el foro primario cometiera un error. Por consiguiente, el Tribunal deniega la expedición del auto de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. MAPFRE PRAICO Insurance Company presentó un recurso de Certiorari para impugnar una Resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. Dicha Resolución ordenó a MAPFRE ajustar el estimado de daños de su perito y pagar de inmediato la cantidad resultante al Consejo de Titulares del Condominio Jardines del Parque Escorial. El Consejo de Titulares demandó a MAPFRE por incumplimiento de contrato y daños tras el huracán María, reclamando más de \$11 millones. MAPFRE había ajustado y pagado previamente \$142,600.54 por ciertos daños. Posteriormente, el perito de MAPFRE emitió un segundo estimado no ajustado por \$1,705,143.13. El Consejo de Titulares solicitó al foro primario que ordenara el ajuste y pago inmediato de este segundo estimado, argumentando que no impedía reclamar daños adicionales. El Tribunal de Apelaciones evalúa si revoca la orden del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202100803. Sunnova Energy Corporation apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda de cobro de dinero contra el matrimonio Massanet-Ruiz. La desestimación del TPI se fundamentó en la falta de jurisdicción, al determinar que el contrato entre las partes contenía una cláusula de arbitraje aplicable a la controversia. Sunnova argumentó en su apelación que el TPI erró al desestimar la demanda por este motivo. El Tribunal de Apelaciones revisó el marco legal del arbitraje en Puerto Rico, reconociendo la fuerte política pública a su favor. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del TPI. La decisión valida la desestimación de la acción judicial en cobro de dinero, reafirmando la primacía de la cláusula de arbitraje pactada por las partes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari. Paleteras Unidas, Inc. y Caribe Recycling Corp. impugnan una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución declaró Ha Lugar un Memorándum de Costas presentado por la parte recurrida. La controversia original fue un pleito de daños e injunction donde los recurridos obtuvieron sentencia favorable. Esta sentencia fue confirmada en apelación y advino final y firme tras la denegatoria del Tribunal Supremo. Los recurridos presentaron el Memorándum de Costas por \$90,404.72 después de que la sentencia fuera final. Los peticionarios argumentaron que el TPI carecía de jurisdicción para conceder las costas en ese momento. El Tribunal de Apelaciones expide el auto solicitado y revoca la Resolución recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Edgardo Ocasio Vélez. El recurrente impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de revisión y desestimación de sentencia bajo las Reglas de Procedimiento Criminal. Ocasio Vélez fue sentenciado por violaciones a la Ley 54 y la Ley de Armas, alegando error en la aplicación de un artículo y falta de jurisdicción del foro primario. El Pueblo de Puerto Rico solicitó la desestimación del recurso por múltiples incumplimientos procesales. Entre las razones citadas por el recurrido se encuentran la falta de documentos esenciales, el incumplimiento de normas reglamentarias, la presentación fuera del término de 30 días y la falta de notificación. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los escritos, desestima la petición de certiorari. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento con las disposiciones aplicables de su Reglamento, particularmente el término estricto de 30 días para la presentación del recurso. La tardanza en la presentación priva al tribunal de jurisdicción para considerar los méritos de la reclamación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia sobre un recurso de certiorari presentado por José M. Meléndez Sánchez. El peticionario impugna una sentencia de resentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia dispuso que las penas por asesinato y Ley de Armas se cumplieran concurrentemente. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia aún no ha resuelto una moción de corrección de sentencia presentada por el peticionario. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. Se determina que el recurso es prematuro, ya que el proceso en el foro primario no ha concluido. Un tribunal que carece de jurisdicción solo puede declararlo y desestimar el caso sin entrar en los méritos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión. Juan B. Torré Martínez impugnó la resolución de la Junta de Directores de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). Dicha resolución confirmó su destitución del puesto de Gerente de Contabilidad y Presupuesto. La AFI destituyó al señor Torré tras imputarle la apropiación ilegal de un sobre con giros postales propiedad de otro empleado. La investigación interna concluyó que violó normas de conducta y ética, incluyendo una que sanciona con destitución la primera falta de apropiación ilegal. El señor Torré apeló la decisión inicial ante la Junta de Directores de la AFI. La Junta confirmó la destitución al encontrar probada la conducta imputada. El recurrente acudió entonces al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el expediente y los fundamentos presentados por las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación recurrida de la Junta de Directores de la AFI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso de Certiorari presentado por Oriental Bank contra Jaime J. Serrano Cardona y varias corporaciones. Oriental Bank solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria en una demanda por daños y perjuicios. El recurrido, señor Serrano, alegó que Oriental Bank cerró unilateralmente sus cuentas bancarias y las de sus negocios sin previo aviso en marzo de 2016. Sostuvo que el banco se negó a honrar cheques y le impuso cargos, contraviniendo la buena fe y la práctica bancaria de notificar con antelación. Además, afirmó que Oriental Bank instigó una querella falsa en su contra en agosto de 2016, lo que llevó a la revocación temporal de su fianza federal y arresto domiciliario. El señor Serrano y sus corporaciones reclamaron daños por estas acciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre la moción de sentencia sumaria. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirmó en parte y revocó en parte la resolución recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de certiorari. La Peticionaria, ULICO Life Insurance Company, buscaba la revocación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión denegó una moción de desestimación presentada por ULICO en un pleito iniciado por Trans Oceanic Life Insurance Company (TOLIC). TOLIC demandó a ULICO por fraude, dolo, incumplimiento de contrato y daños relacionados con la venta de una cartera de pólizas en 2008. ULICO argumentó que la demanda debía desestimarse por prescripción de la acción y por falta de una parte indispensable. El Tribunal de Apelaciones resolvió no intervenir con el dictamen recurrido. Consideró que no se solicitaba remedio contra la supuesta parte indispensable ni sus derechos se verían afectados. Respecto a la prescripción, determinó que de las alegaciones no se podía concluir que aplicara el término de 4 años para acciones de nulidad por dolo. Tampoco era posible determinar cuándo habría comenzado a transcurrir el término aplicable.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Carlos A. Maldonado Rodríguez. El peticionario solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de relaciones de familia. El pleito original involucra la solicitud de Ismarit Quiles Valle para relocalizar a los hijos menores de edad procreados con el peticionario al estado de Florida. El peticionario se opuso al traslado y solicitó custodia compartida. Los casos fueron consolidados y se ordenaron informes sociales y periciales. La recurrida presentó un informe pericial que recomendó el traslado, el cual el peticionario manifestó intención de impugnar. La Resolución del TPI del 10 de septiembre de 2021, objeto del recurso, autorizó a la recurrida a presentar un nuevo perito y su informe sobre el asunto de la relocalización. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar la procedencia de dicho dictamen.

Resumen:

Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. La peticionaria impugna dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre daños por vicios de construcción. El TPI denegó una solicitud de embargo de cuentas bancarias del demandado sin previa notificación. También denegó una petición para ordenar a un banco que proveyera la dirección del demandado. El Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del TPI de no ordenar el embargo sin notificación, al considerar que no se cumplieron los requisitos legales. No obstante, revoca la decisión del TPI sobre la solicitud al banco. Ordena que se expida el auto para que el banco proporcione la dirección del demandado. Esto se resuelve para facilitar el emplazamiento del demandado y propiciar una solución justa al litigio.

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El escrito del señor Rivera presenta solicitudes aparentemente contradictorias sobre la corrección de su sentencia y la impugnación de bonificaciones. El Tribunal de Apelaciones evalúa el documento y encuentra que incumple gravemente con múltiples requisitos de su Reglamento. No incluye la decisión del Tribunal de Primera Instancia que se busca revisar, ni establece la razón para intervenir en la resolución administrativa sobre bonificaciones. El escrito carece de una relación fiel de hechos, no señala ni discute los errores alegados del TPI, ni cita ley o jurisprudencia aplicable. Tampoco acompaña documentos clave del expediente original del TPI o de la agencia administrativa. Estas deficiencias impiden determinar la jurisdicción del foro y hacen que el escrito no sea un recurso revisable. Conforme al Reglamento, el Tribunal puede desestimar recursos no perfeccionados. Por los fundamentos expuestos, se desestima el escrito del señor Rivera. La desestimación se basa en no haberse proseguido con diligencia, conforme a la Regla 83 (B) (3) y (C). Se ordena notificar la decisión al Departamento de Corrección y al Procurador General.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Luis Mercado Antonetti. El peticionario cumple una sentencia de 21 años por robo y portación ilegal de arma de fuego, impuesta por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) tras un preacuerdo. Mercado Antonetti solicitó al TPI la reconsideración o modificación de su sentencia, argumentando que las penas por robo debieron ser concurrentes y no consecutivas. El TPI declaró no ha lugar dicha moción mediante una Orden. Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la enmienda de su sentencia. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, resuelve desestimar el certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender el asunto planteado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico de 30 de noviembre de 2021. El recurso de revisión judicial fue presentado por North Sight Communications, Inc. contra la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). North Sight impugnaba la adjudicación del Request for Proposal Núm. S-21-01 por parte de la ACT. Durante la tramitación del recurso, la parte recurrente solicitó autorización para desistir del caso. Alegó que el recurso se tornó académico porque la Junta de Subastas de la ACT la reconoció como el licitador responsivo más bajo. La parte con interés, Skytec, Inc., se opuso al desistimiento. El tribunal declaró No Ha lugar la oposición de Skytec, Inc. Acogiendo la solicitud de North Sight Communications, el tribunal autorizó el desistimiento. En consecuencia, se ordenó el archivo del recurso de revisión judicial.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Ángel Ortiz Cruz, impugnó la decisión del Departamento de Corrección de mantenerlo en custodia máxima. El Comité de Clasificación y Tratamiento ratificó el nivel de custodia basándose en el historial de violencia extrema del recurrente y la larga sentencia que cumple, a pesar de una puntuación de reclasificación que indicaba custodia mínima. Tras agotar los remedios administrativos, el recurrente presentó una solicitud de revisión judicial. El tribunal solicitó información sobre la fecha de entrega del recurso a la institución penal para determinar la jurisdicción. Habiendo evaluado la comparecencia de las partes, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de ejecución de hipoteca *in rem*. La desestimación se basó en la doctrina de cosa juzgada, específicamente impedimento colateral por sentencia. Banco Popular de Puerto Rico había demandado previamente a los apelados por cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. En el caso anterior, se dictó sentencia parcial en rebeldía ordenando el pago de la deuda. No obstante, el foro primario no ordenó la ejecución hipotecaria porque el inmueble y la hipoteca no estaban inscritos en el Registro de la Propiedad al momento de esa sentencia. Tras la posterior inscripción registral, Banco Popular presentó la demanda de autos para la ejecución *in rem*. El Tribunal de Primera Instancia consideró que la nueva demanda estaba impedida por la sentencia previa. El Tribunal de Apelaciones REVOCA la Sentencia apelada.

Resumen:

Se apela una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de cobro de dinero iniciado por una asociación de residentes contra un propietario. La asociación reclamó cuotas impagadas, a lo que el demandado opuso defensas de prescripción y falta de partes. Tras trámites iniciales, el demandado presentó una reconvención contra la asociación, cuestionando la legalidad de su sistema de acceso, y una demanda contra el Municipio de Bayamón. El tribunal de instancia desestimó la reconvención aplicando la doctrina de cosa juzgada, al entender que el asunto ya había sido resuelto en un caso anterior. Asimismo, desestimó la demanda contra el Municipio por no cumplir con el requisito de notificación previa. El propietario apeló esta decisión, alegando que el tribunal erró al aplicar la cosa juzgada y al desestimar sus reclamaciones. Argumenta que la doctrina no aplica por falta de identidad entre los casos y por la ausencia de una parte indispensable en el pleito previo.

Resumen:

El Municipio Autónomo de Barceloneta solicitó un certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revocar resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. Dichas resoluciones denegaron las solicitudes del Municipio para desestimar alegaciones de fraude presentadas por Mapfre Praico Insurance Company. El pleito original inició con la demanda del Municipio contra Mapfre por incumplimiento de contrato de seguro tras el huracán María. Mapfre, a su vez, alegó que el Municipio cometió fraude al inflar las reclamaciones de daños, lo que, según la póliza, anulaba la cubierta. El Municipio intentó desestimar estas alegaciones de fraude en el caso principal y en un pleito declaratorio aparte iniciado por Mapfre. Argumentó que las alegaciones de fraude carecían de especificidad y que el remedio de Mapfre no era la anulación de la póliza. El Tribunal de Primera Instancia denegó las desestimaciones, considerando que las alegaciones de Mapfre eran suficientes en esa etapa procesal y que la póliza contemplaba la anulación por fraude. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado por el Municipio.

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Comparece Edwin Berganzo Martínez ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Dicha Resolución, emitida el 23 de julio de 2021, denegó su solicitud de licencia de armas. La denegatoria inicial, de junio de 2019, se fundamentó en una convicción previa del recurrente por violación a la Ley de Armas de 2000. Tras solicitar una vista administrativa, celebrada en junio de 2021, el recurrente presentó evidencia de que sus convicciones, incluyendo las de agresión y resistencia a la autoridad pública, habían sido eliminadas de su expediente. Aportó un certificado negativo de antecedentes penales emitido en junio de 2021. No obstante, el oficial examinador recomendó denegar la licencia basándose en la convicción previa por Ley de Armas y el historial de incidentes violentos. El Negociado de la Policía acogió esta recomendación, manteniendo la denegatoria al amparo del Artículo 2.11 de la Ley de Armas de 2000.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico procedente de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguada. El caso original versaba sobre una demanda de interdicto presentada por Alex Tulchinsky y otros contra William Stanley Nagle III y otros. La demanda buscaba detener una construcción alegando que interfería con la vista al mar de los demandantes y que existía una servidumbre de luces y vistas a su favor. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la demanda. Determinó que la parte demandada obtuvo el permiso de construcción conforme a la ley aplicable. Además, concluyó que la parte demandante no probó la existencia de un título que estableciera la alegada servidumbre. La sentencia de primera instancia también señaló que la propiedad de los demandantes tenía una construcción (tercer nivel) sin el permiso correspondiente. La parte demandante apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por el confinado Joel Israel Nieves Vélez. El recurrente alegó que la Junta de Libertad Bajo Palabra no evaluó su caso en la fecha prevista, causándole ansiedad y daños psicológicos. Solicitó al tribunal que interviniera y ordenara a la Junta evaluar su caso para concederle la libertad bajo palabra. El tribunal revisa la política pública sobre instituciones correccionales y la necesidad de un régimen disciplinario. Destaca la existencia del Reglamento Núm. 8583 del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Este reglamento establece un proceso administrativo formal para que los confinados presenten quejas y solicitudes. El objetivo es resolver estos asuntos internamente antes de acudir a los tribunales. La División de Remedios Administrativos tiene jurisdicción sobre solicitudes relacionadas con el bienestar, seguridad o plan institucional del confinado. El tribunal anuncia que procederá a desestimar el recurso incoado.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, la Farmacia Belmonte y otros apelantes impugnan una sentencia enmendada del Tribunal de Primera Instancia que adjudicó indemnizaciones por daños y perjuicios. La reclamación original, presentada en 2014, alegaba negligencia de la farmacia por no dispensar un medicamento (Xarelto) a Carmen Semidey Ramos en 2013. Esta omisión habría causado daños a su salud, sufrimiento y afectado su calidad de vida, extendiéndose los daños morales y especiales a sus familiares. El caso fue inicialmente desestimado por el foro primario en 2017. Sin embargo, un panel anterior del Tribunal de Apelaciones revocó esa desestimación en 2018 y ordenó al tribunal de instancia valorar los daños. Tras el reenvío, el Tribunal de Primera Instancia emitió la sentencia enmendada en febrero de 2020, concediendo las indemnizaciones. Los apelantes solicitan ahora dejar sin efecto dicho dictamen. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, modifica el pronunciamiento judicial apelado.

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Este caso se origina en una acción de división de comunidad postganancial presentada por Luis F. Delgado Robles contra Jeannette Toledo Rodríguez tras su divorcio en 2004. La disputa central es la naturaleza ganancial de un negocio de laboratorio clínico y su división. El Sr. Delgado alegó que este y otros bienes no fueron incluidos en la sentencia de divorcio. La Sra. Toledo se opuso, argumentando la finalidad de la sentencia y falta de jurisdicción. Tras un extenso historial procesal, incluyendo una apelación previa que llegó al Tribunal Supremo, el Tribunal de Primera Instancia determinó que el laboratorio era un bien ganancial. La Resolución del TPI de 8 de octubre de 2020 estableció la participación del Sr. Delgado en la plusvalía y frutos, ordenando descubrimiento de prueba y nombramiento de un Comisionado Especial. La Sra. Toledo impugnó esta determinación mediante un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, en su Resolución de 30 de noviembre de 2021, denegó expedir el auto solicitado. Esta decisión permite que el caso continúe en el TPI para la valoración y división del laboratorio.

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Comparece Conduent Business Solutions of Puerto Rico, Inc. ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar la recomendación de adjudicación de un requerimiento de propuestas (RFP) del Departamento de Salud. El Programa de Medicaid del Departamento de Salud, a través de su Comité Evaluador, emitió un "Notice of Intent to Award Memorandum" recomendando adjudicar el RFP 2021-PRMP-MES-MMIS-P3-001 a Gainwell Technologies. Inconforme, Conduent presentó un recurso de revisión judicial alegando múltiples errores en el proceso de evaluación y adjudicación, incluyendo la elegibilidad del proponente favorecido y la falta de acceso a información. El Tribunal solicitó a las partes argumentar sobre la naturaleza final o interlocutoria del "Notice of Intent" impugnado. Conduent sostuvo que, a pesar de su título, constituía una adjudicación final. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por Conduent. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso en esta etapa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por Gilberto Mass Banch. Mass Banch apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce del 20 de febrero de 2020. Dicha sentencia lo declaró culpable de infringir artículos de la Ley de Armas y el Código Penal, condenándolo a 137 años de reclusión. Los delitos incluyeron asesinato en primer grado y tentativa. El apelante señaló como errores principales la apreciación de la prueba y la aplicación del derecho, argumentando que la prueba no estableció su culpabilidad más allá de duda razonable. El Tribunal de Apelaciones ordenó al apelante acreditar el método de reproducción de la prueba oral, dado que se cuestionaba su apreciación. El apelante presentó una moción informativa en respuesta a dicha orden. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de apelación.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación presentada por Ray Rubio Meléndez contra Popular, Inc. y Banco Popular de Puerto Rico. El apelante impugna una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. Rubio Meléndez demandó por despido injustificado y represalias al amparo de las Leyes Núm. 80 y Núm. 115. Alegó que fue despedido en junio de 2017 en represalia por denunciar supuestas irregularidades en los procesos de revisión de tasaciones del banco. Sostuvo que su supervisor menoscabó su trabajo y le asignó tareas menos complejas, afectando su desempeño y resultando en evaluaciones inferiores. Reclamó reinstalación, salarios dejados de devengar, beneficios y daños. Los apelados negaron las alegaciones, afirmando que el despido fue justificado por negligencia crasa y desempeño ineficiente del empleado, documentado con disciplina progresiva. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de sentencia sumaria de los bancos y desestimó la demanda con perjuicio. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000919. La apelante, Ana C. Díaz Martínez, solicita la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI declaró prescrita su causa de acción por incumplimiento de contrato contra United Surety & Indemnity Company (USIC). La demanda se originó por los daños sufridos en su propiedad asegurada tras el huracán María en septiembre de 2017. Díaz Martínez notificó la reclamación, USIC realizó un ajuste y pagó \$758 en diciembre de 2017, que la apelante cobró en enero de 2018. La apelante presentó la demanda en septiembre de 2019, alegando que USIC no proveyó una compensación justa. Su argumento principal en apelación es que pleitos de clase previos interrumpieron el término de prescripción. El TPI desestimó la demanda con perjuicio al encontrarla prescrita.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos recursos de certiorari (KLCE202100709 y KLCE202100710) en un caso de liquidación de particiones hereditarias. Los recursos solicitaban la revisión de dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. La primera orden, de 3 de mayo de 2021, declaró ha lugar una moción oponiéndose a la representación legal del Lcdo. Gerardo Casanova Tirado. La segunda orden, de 6 de abril de 2021, denegó la solicitud de representación legal del Lcdo. Gerardo Casanova Tirado para sí y sus hermanos. El caso subyacente involucra disputas sobre la representación legal de coherederos y el albacea de la sucesión. El Tribunal de Primera Instancia había abordado previamente el tema de conflictos de interés en la representación. En el ejercicio de su discreción, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir los autos de certiorari solicitados en ambos recursos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Nélida Adorno Ríos, en representación del menor E.G.A., contra órdenes de protección a favor de F.S.P. y Lee Sepulvado Maldonado. Las órdenes fueron dictadas por el Tribunal de Primera Instancia tras alegaciones de acecho, agresión y amenazas por parte de E.G.A. contra los apelados, derivadas de incidentes ocurridos, principalmente, el 5 de marzo de 2021. El foro primario encontró causa suficiente para emitir y luego confirmar las órdenes tras una vista. El apelante impugnó la decisión alegando falta de notificación de la petición y ausencia de prueba de conducta constitutiva de acecho. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como auto de certiorari. Tras revisar los fundamentos, el panel judicial decidió expedir el auto. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó las órdenes de protección recurridas.

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El Tribunal de Apelaciones emitió sentencia en el recurso de revisión judicial presentado por Gabriel Cruz López contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnaba la denegatoria de un remedio administrativo relacionado con la alegada pérdida de cigarrillos y un PlayStation tras un traslado institucional. La División de Remedios Administrativos del Departamento había denegado la reconsideración sobre los cigarrillos por falta de evidencia (recibo), aunque confirmó la disponibilidad del PlayStation. Al evaluar el recurso, el Tribunal identificó deficiencias procesales, incluyendo la ausencia de la fecha de notificación de la determinación administrativa recurrida. El Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender el caso. Se enfatizó que la jurisdicción es un requisito de umbral que no puede ser presumido ni conferido por las partes. Por tanto, el recurso fue desestimado por falta de jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Norberto Colón Canales. El Peticionario cumple una condena de 117 años por asesinato y delitos de armas desde 1999. En 2019, solicitó un nuevo juicio alegando que un informe de accidente de tránsito contenía prueba exculpatoria. El Tribunal de Primera Instancia denegó inicialmente la solicitud, pero el Tribunal de Apelaciones ordenó una vista para evaluar la prueba. Tras la vista, el TPI volvió a denegar el nuevo juicio, concluyendo que el informe no era prueba exculpatoria y no habría cambiado el veredicto. El Peticionario recurre nuevamente ante el Tribunal de Apelaciones, señalando errores en la denegación del nuevo juicio y en el manejo de la prueba y testigos. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega el auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por el Municipio Autónomo de Barceloneta contra Mapfre Praico Insurance Company. El Municipio solicitó revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que permitió el descubrimiento de prueba sobre el Sr. Scott M. Favre. El Sr. Favre fue contratado inicialmente por el Municipio como ajustador público y anunciado como perito en su reclamación de seguros contra Mapfre por daños de huracanes. Mapfre alegó fraude basado en las estimaciones de daños de Favre y buscó deponerlo después de que el Municipio cancelara su contrato. El Municipio argumentó que Favre debía ser considerado un perito consultor protegido del descubrimiento. El Tribunal de Primera Instancia no acogió este argumento y autorizó el descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición del Municipio impugnando esta determinación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado. Esta denegación valida la decisión del Tribunal de Primera Instancia de permitir el descubrimiento relacionado con el Sr. Favre.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en dos recursos de certiorari (KLCE202100709 y KLCE202100710). Los recursos provienen de un caso de liquidación de particiones hereditarias y cuota viudal usufructuaria. Se solicitaba la revisión de dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Una orden (3 de mayo de 2021) declaró ha lugar una moción oponiéndose a la representación legal del Lcdo. Gerardo Casanova Tirado. La otra orden (6 de abril de 2021) denegó su solicitud para representarse a sí mismo y a dos hermanos. Estas órdenes abordan disputas sobre la representación legal de las partes en el litigio sucesorio. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, denegó la expedición de los autos de certiorari solicitados. El documento menciona determinaciones previas del TPI sobre la representación del albacea por otro abogado, indicando que no había conflicto si solo representaba al albacea.

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Sentencia de un panel de jueces sobre un recurso presentado por el Sr. Eduardo M. Joglar Castillo. El Sr. Joglar solicitó la revocación de una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. Esa sentencia había desestimado su segunda causa de acción en un pleito original. La causa de acción desestimada buscaba la disolución involuntaria de la corporación Advanced Wireless Communications, Inc. (AWC). En su demanda inicial, el Sr. Joglar alegó incumplimiento contractual, disolución corporativa y una acción derivativa. Argumentó que la corporación se manejaba de forma opresiva tras ser destituido de su cargo. Consideró la disolución como una alternativa justa y equitativa al no querer continuar su inversión. El panel revisó los escritos presentados por las partes. Finalmente, el recurso de apelación fue desestimado. La razón para la desestimación fue la falta de jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El Consejo de Titulares del Condominio Chalets de San Fernando impugna la denegatoria de su moción de sentencia sumaria parcial por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). La moción buscaba que se declarara la obligación de Triple-S Propiedad de pagar una suma específica ($263,533.45) que el Consejo alegaba fue ofrecida y no estaba en controversia en un caso de incumplimiento de contrato de seguros. Triple-S se opuso, argumentando que el documento citado era interno, no una oferta, y que existían controversias de hecho. El TPI denegó la moción, resolviendo que el documento era una comunicación interna y que la suma no era líquida ni exigible al no haber sido aceptada. El Consejo de Titulares recurrió, alegando error del TPI. El Tribunal de Apelaciones revisó los planteamientos de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado.

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Este recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, Panel VII, fue presentado por Integrand Assurance Company en el marco de su procedimiento de rehabilitación. Integrand solicitó la descalificación del licenciado Juan Moldes Rodríguez, designado como Comisionado Auxiliar Especial en dicho proceso. El Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, mediante resolución del 17 de febrero de 2021, declaró No Ha Lugar la petición de descalificación. Integrand recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, en su Sentencia del 30 de noviembre de 2021 (KLCE202100741), desestimó la causa de acción. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo para atender el recurso. Este caso se origina en el procedimiento de rehabilitación iniciado por el Comisionado de Seguros al amparo del Capítulo 40 del Código de Seguros.

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Se presenta un recurso de certiorari por el Sr. Carlos Erazo Santana solicitando la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución dispuso "Nada que disponer" respecto a una solicitud del peticionario relacionada con la notificación de una Sentencia previa en un caso de incumplimiento de contrato y daños. El peticionario había acudido previamente a este Tribunal de Apelaciones alegando falta de notificación de la Sentencia y solicitando una orden al foro primario. Este Tribunal remitió el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que examinara la notificación. El foro primario resolvió que la Sentencia había sido notificada a la dirección conocida del peticionario y no fue devuelta. Mediante el presente recurso, el peticionario impugna esa resolución y reitera su solicitud de notificación adecuada. El Tribunal de Apelaciones, considerando la naturaleza discrecional del certiorari, DENEGA el recurso presentado.

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Este tribunal revisa dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia que denegaron solicitudes de relevo de anotación de rebeldía. Las solicitudes fueron presentadas por Maritza Ortega Ramos, Alexandra Marcano Ortega, Josué M. Marcano Ortega y Puerto Rico MC Concrete Contractor, Corp. Estos fueron demandados por Condado Key, Inc. en un pleito sobre fraude de acreedores, alegando traspaso de bienes para defraudar una acreencia previa. El TPI anotó la rebeldía contra los demandados por no comparecer tras ser emplazados, algunos por edictos y la corporación mediante un codemandado. Los demandados solicitaron dejar sin efecto la rebeldía, argumentando defectos en el emplazamiento y falta de conocimiento oportuno de la demanda, citando razones como la pandemia de COVID-19 y residencia fuera de Puerto Rico. El TPI declaró no ha lugar las solicitudes, concluyendo que no se evidenció justa causa para la incomparecencia. Los demandados presentaron reconsideración ante el TPI y luego acudieron a este tribunal mediante certiorari. El tribunal expide el certiorari y revoca las órdenes del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida tres recursos de certiorari presentados por el Hospital Auxilio Mutuo. El Hospital impugnó sentencias del Tribunal de Primera Instancia que confirmaron laudos de arbitraje. La controversia principal en los casos consolidados, particularmente en el detallado, giró en torno a la arbitrabilidad de una querella laboral. El Hospital alegó que no existía un convenio colectivo vigente al momento de la suspensión de un empleado. La Unión sostuvo que el Hospital había implementado unilateralmente su propuesta final de convenio, la cual incluía el procedimiento de quejas y agravios. El Árbitro y el Tribunal de Primera Instancia concluyeron que la controversia era arbitrable. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del TPI. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma las sentencias recurridas, validando la arbitrabilidad de las controversias.