Para enmendar los Artículos 5.1, 5.2, 5.4, 5.7 y 5.10 de la Ley Núm. 58-2020, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico de 2020”, a los fines de proveer garantías de participación democrática a las y los electores que no concurren a las urnas en un proceso electoral determinado, de conformidad con las disposiciones del caso Colón-Marrero v. Vélez, 813 F.3d 1 (1st Cir. 2016); y para otros fines relacionados.

Para añadir la nueva Regla 517 a las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, según enmendadas, y reenumerar las actuales Reglas 517 y 518, como 518 y 519, respectivamente, a los fines de establecer el Privilegio del Reportero, para que cualquier persona editora, reportera, presentadora de noticias empleada o exempleada, u otra persona relacionada o empleada en un periódico, revista, agencia de noticias u otra publicación periódica, o por una asociación de prensa, servicio de cable, red de transmisión de radio o televisión, o cualquier persona que haya estado relacionada o empleada, no pueda ser declarada en desacato por un organismo judicial, legislativo, administrativo o cualquier otro organismo que tenga el poder de emitir citaciones, por negarse a revelar, en cualquier procedimiento, la fuente de cualquier información obtenida mientras estaba conectada o empleada para publicación en un periódico, revista u otra publicación periódica, o por negarse a divulgar cualquier información publicada o no publicada obtenida o preparada en la recopilación, recepción o procesamiento de información para su comunicación al público.

Para añadir un nuevo inciso (d) al Artículo 8 de la Ley 284-1999, según enmendada, conocida como “Ley Contra el Acecho en Puerto Rico”; y enmendar el Artículo 2.6 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de otorgar al Tribunal la potestad de incluir en las Órdenes de Protección un punto de distancia circunferencial mínimo de cincuenta (50) metros entre la parte peticionada y la parte peticionaria; renumerar los incisos subsiguientes del Artículo 8 de la Ley 284-1999; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 88 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de incluir el delito de perjurio entre los delitos que no prescriben cuando su comisión contribuya a la convicción de un acusado por cualquier delito grave o menos grave que acarree una pena de delito grave.

Para establecer la “Ley para la Protección de Fuentes Periodísticas” a los fines de que los periodistas o reporteros en Puerto Rico no sean obligados a revelar la identidad de cualquiera de sus fuentes de información confidenciales ni sean sancionados por negarse a revelarlas, establecer penalidades y causas de acción en protección al periodista, medio de comunicación o fuente; y para otros fines.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el proceso de expedición de certificaciones solicitadas al amparo de la Ley 300-1999, según enmendada, conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”, con el fin de conocer las razones que están provocando una dilación en la otorgación de las certificaciones a los solicitantes.

Para enmendar el Artículo 3.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de establecer la imprescriptibilidad del delito de agresión sexual conyugal, cuando la víctima sea menor de dieciocho (18) años y el imputado o imputada mayor de dieciocho (18) años al momento de la comisión del delito.

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 21-2021, conocida como “Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico”, a los fines de tipificar como delito menos grave la conducta de amenazar con difundir, divulgar, revelar o ceder a un tercero o terceros material explícito de la víctima, mediante cualquier tipo de comunicación, incluyendo comunicaciones electrónicas o utilizando medios de comunicación electrónica o cibernética; incluir la temeridad como elemento subjetivo del delito; aclarar las circunstancias agravantes y atenuantes aplicables al delito grave tipificado en dicho Artículo 4; realizar enmiendas técnicas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 y 2.9, añadir unos nuevos artículos 2.10, 2.11 y 2.12 enmendar los artículos 3.5 y 3.13, derogar el Artículo 3.15, enmendar los artículos 4.2, 4.3 y el Capítulo VII, derogar los artículos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4, y reenumerar los actuales artículos 7.5, 7.6 y 7.7, como los artículos 7.1, 7.2 y 7.3, respectivamente, en la Ley 81-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de dotar a la antes mencionada Comisión, con los poderes convenientes y necesarios para llevar a cabo, efectiva y eficientemente, su rol fiscalizador del segmento altamente especializado de las apuestas en eventos deportivos, en ligas de juegos electrónicos, tales como eSports y lo relacionado con los concursos de fantasía (fantasy contests), bajo los estándares más altos de rigurosidad; enmendar la Sección 5.2 del Artículo 5 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los efectos de excluir a la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, de las disposiciones de dicha Ley; enmendar las secciones 2-B, 5 y 9 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Máquinas Tragamonedas en los Casinos”; las secciones 5A, 11 y 32 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”; y los artículos 4, 5, 11, 12, 13, 19 y 31 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico”; a los fines de atemperar las antes referidas leyes, con la presente; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el artículo 259 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de 2012”, a los fines de tipificar el pago indebido por contragolpe o “kickback” dentro del delito de Soborno dentro de la pena máxima fijada en el referido artículo, y para otros fines relacionados.

Para enmendar el primer párrafo incisos (a) y (d), el segundo párrafo incisos (a) y (c), el tercer párrafo inciso (b), y cuarto párrafo del Artículo 10 de la Ley 183-1998, según enmendada conocida como “Ley de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito” a los fines de aumentar las cuantías de los beneficios de compensación a víctimas de delito, y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1157 y 1318 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como "Código Civil de Puerto Rico", a los fines de realizar una enmienda técnica que permita la más efectiva implementación de los términos legales relacionados a los herederos legitimarios; y para otros fines relacionados.

Para enmendar las Secciones 1020.02, 1030.01, 2021.01, 2022.03, 2023.01, 6020.05, 6020.09, 6020.10 y añadir las Secciones 1030.02, 2021.05, 2022.08, 2022.09, 2023.03, 2024.02, 2024.03 y 6020.13 de la Ley 60-2019, según emendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico;” para enmendar la Sección 6051.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de asegurar la creación de empleo e inversión a través del programa de Individuo Residente Inversionista Cualificado; y otros fines relacionados.

Para crear el ‘Programa de Capital Comunitario’, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), a los fines de proveerle a pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y a inversionistas locales la capacitación, el apoyo y las herramientas necesarias para que hagan provecho del Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act y las correspondientes regulaciones emitidas por el Securities and Exchange Commission, conocida como Regulation CF, que hacen disponible a las PyMEs otra alternativa para levantar capital, conocida como el micromecenazgo o equity crowdfunding; definir las responsabilidades de la Secretaría de Desarrollo Económico y Comercio en torno al Programa; proveer para la presentación de un Informe Anual sobre el rendimiento del Programa; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2, incisos (b), (h), (i), (j) y (v); enmendar el Artículo 4; eliminar el sub-inciso (iii) del inciso (a) y enmendar el inciso (j) del Artículo 5; enmendar el inciso (d) del Artículo 6; enmendar el inciso (a) (ii) del Artículo 10; enmendar los Artículos 11, 12 y 14; enmendar, , el sub-inciso (ii) del inciso (a), el sub-inciso (i) del inciso (c) , y el inciso (i) del Artículo 17; enmendar los incisos (c), (d) y (e) del Artículo 18; y enmendar los Artículos 20 y 22 de la Ley 42-2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para Mejorar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley MEDICINAL”); a los fines de atemperar la definición de “Cannabis Medicinal”, “Identificación de Acompañante Autorizado”, “Identificación de Paciente Cannabis Medicinal”, e “Identificación Ocupacional”; implementar un nuevo método de identificación electrónica para Pacientes, Acompañantes y la Identificación Ocupacional; extender la validez de la de la recomendación médica y la vigencia la Identificación para Pacientes de Cannabis Medicinal a dos años; extender la vigencia de la Identificación de Acompañantes a dos años; extender la vigencia de la Identificación Ocupacional a tres años; crear un mecanismo de emisión de recomendación médica y de expedición de la Identificación de Paciente más efectivo y accesible; modificar los parámetros de concesión de licencias a dispensarios, cultivos, manufacturas, y laboratorios; incluir la licencia de transporte sin el pago de aranceles adicionales a todo poseedor de licencia de cultivo; y modificar la facultad de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal para imponer multas

Para enmendar el Artículo 2 “Definiciones” de la Ley Núm. 42 de 9 de julio de 2017, conocida por la “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley MEDICINAL”) con el fin de añadir los nuevos incisos (d), (f) y (k) y reasignar con letras los subsiguientes incisos de dicho artículo. El nuevo inciso (d) incluirá la definición de “Centro de Cuidado”; el nuevo inciso (f) la definición de “Escuela”; el nuevo inciso (k) la definición de “Instalación recreativa pública o privada”. Se enmienda el Artículo 17 del Capítulo V titulado “Reglamentación” de la misma ley, en sus incisos a. (iii) y (iv) para incluir en su texto, el término “y/o instalación recreativa pública o privada”; y para otros fines.

Para establecer las normas que regirán la sustitución del índice conocido como London Interbank Offered Rate (LIBOR) como tasa de interés de referencia a pagarse en contratos de préstamo y en la valoración e implantación de tales préstamos y otros valores e instrumentos financieros emitidos conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuando dicho índice LIBOR deje de estar disponible, y para otros fines.

Para enmendar el Artículo 1327 de la Ley 55-2020 conocida como “Código civil de Puerto Rico”; para aclarar que en el contrato de préstamo no se deben intereses si no se pactan expresamente; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 595 de la Ley 55-2020, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, a los fines de autorizar a personas de dieciocho (18) años o más a consentir el recibo de inmunizaciones para sí o para sus hijos menores de edad.

Para enmendar el Artículo 1198 de la Ley 55-2020 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”; para aclarar que la prescripción queda suspendida respecto de las personas incapacitadas mientras dure su estado de incapacitación y respecto de las personas menores de edad no emancipadas; y derogar el Artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933.

Para enmendar la Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas, a fin de añadir los incisos 23.1 (c)(1)(A)(i), y 23.1 (c)(B)(i), (ii), (iii) con respecto a la protección de (1) borradores de informes de personas peritas anunciadas como testigos en un procedimiento judicial; (2) comunicaciones entre un representante legal de una parte y las personas peritas anunciadas como testigos en un procedimiento judicial.

Para crear la “Ley del Colegio Notarial de Puerto Rico”, establecer sus funciones, poderes, derechos, obligaciones, penalidades; emendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 6, 18, 70, 103, 104, 105, 107, 126, 130, 194, 253, 365, 389, 429, 455, 467, 477, 480, 507, 520, 556, 582, 609, 655, 703, 704, 728, 741, 823, 835, 861, 945, 1008 y 1157 de la Ley Núm. 55- 2020, según enmendada, mejor conocida como “Código Civil de Puerto Rico”; a los fines de aclarar, ampliar y dar coherencia a dichos artículos; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las Comisiones de Asuntos de las Mujeres; de lo Jurídico; y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”; su nivel de cumplimiento para atender la crisis de violencia de género en Puerto Rico, el efecto que han tenido las múltiples enmiendas que ha sufrido esta Ley y sus implicaciones en el ordenamiento legal, así como su potencial impacto sobre los servicios a las y los sobrevivientes de violencia de género, con el propósito de procurar un análisis integral de la misma y sobre otras leyes aprobadas relacionadas con la erradicación de la violencia, así como la posible presentación de enmiendas en el mejor interés de las personas víctimas y sobrevivientes de la violencia de género en Puerto Rico.

Para ordenar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), a la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), a la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés) y al Banco de Desarrollo Económico (BDE) a otorgar acuerdos colaborativos con el Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico, a los fines de integrar el modelo cooperativista como alternativa organizativa en los diversos programas de capacitación empresarial orientados a fomentar el emprendimiento que existen en las respectivas agencias y corporaciones públicas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 93 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico” para añadir el inciso (g) para reconocer y establecer el asesinato a un menor de edad como conducta que constituye el delito de asesinato en primer grado; añadir nuevas circunstancias constitutivas del delito y para establecer que cuando se configure el delito aquí definido no será de aplicabilidad el atenuante de súbita pendencia contemplado en el Artículo 95; ordenar al Departamento de Justicia, en conjunto con el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, a adoptar un protocolo de investigación de las muertes violentas de menores, con el fin de ofrecer directrices para el desarrollo de una investigación penal eficaz; y para otros fines relacionados.

“Para ordenar a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que, en el plazo de 6 meses a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta, atempere la reglamentación sobre permisos, licencias, inspecciones, certificaciones y cualquier otra autorización que le competa en ley conforme a las normas establecidas por el Religious Freedom Restoration Act Of 1993, 42 U.S.C. § 2000bb, según enmendado por el Religious Land Use and Institutionalized Persons Act, 42 U.S.C. § 2000cc, en aquellos asuntos que incidan sobre los trámites incoados por las iglesias e instituciones eclesiales; y para otros asuntos relacionados.

Para ordenar a la Junta de Planificación que, en el plazo de 6 meses a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta, atempere las disposiciones del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios; Reglamento Núm. 9233 de la Junta de Planificación; así como las disposiciones de sus demás reglamentos, resoluciones y órdenes administrativas, conforme a las normas establecidas por el Religious Freedom Restoration Act Of 1993, 42 U.S.C. § 2000bb, según enmendado por el Religious Land Use and Institutionalized Persons Act, 42 U.S.C. § 2000cc, en aquellos asuntos que incidan sobre los trámites incoados por las iglesias e instituciones eclesiales.

Para añadir una Sección al Artículo 8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, a los fines de prohibir la contratación de empleados o ex empleados de confianza para puestos de carrera hasta no cumplir con periodo de dos años fuera de la posición de confianza; para enmendar enmienda la Sección 8.4 de de la referida Ley 8-2017, a los fines de actualizarla a la nueva prohibición; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 4.02 de la Ley 154-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de limitar la discreción de intervención por parte del Gobierno en estos pleitos; para enmendar el Artículo 4.05 de la referida Ley Núm. 154-2018, a los fines de ampliar los derechos del delator; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para Regular la Participación de Empleados Públicos en Actividades Político-Partidistas”, a los fines de regular el nivel de envolvimiento en actividades políticopartidistas de aquellos empleados gubernamentales que sus ingresos provienen de fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; crear mecanismos de querellas, investigación y adjudicación por violaciones a esta Ley; imponer penalidades; enmendar el Artículo 18 de la Ley 205-2004, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”, para facultar al Secretario de Justicia, a través de la División de Integridad Pública, a realizar las investigaciones que dispone e imponer las sanciones y penalidades que crea en esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 5.000 de la Ley Núm. 222-2011, conocida como la “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”, a los fines de prohibirle a las personas naturales realizar donativos de dinero en efectivo; enmendar el Artículo 5.007 de la referida Ley Núm. 222-2011, a los fines de prohibirle a las personas jurídicas recibir y realizar donativos de dinero en efectivo; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para Regular la Participación de Empleados Públicos en Actividades Político-Partidistas”, a los fines de regular el nivel de envolvimiento en actividades político-partidistas de aquellos empleados gubernamentales que sus ingresos provienen de fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; crear mecanismos de querellas, investigación y adjudicación por violaciones a esta Ley; imponer penalidades; enmendar el Artículo 18 de la Ley 205-2004, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”, para facultar al Secretario de Justicia, a través de la División de Integridad Pública, a realizar las investigaciones que dispone e imponer las sanciones y penalidades que crea en esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 4.02 de la Ley 154-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de limitar la discreción de intervención por parte del Gobierno en estos pleitos; para enmendar el Artículo 4.05 de la referida Ley Núm. 154-2018, a los fines de ampliar los derechos del delator; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (ii) y renumerar los incisos (ii), al (tt) como los incisos (ii), al (uu) del artículo 14 de la Ley 146-2012 según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de establecer la definición de persona de edad avanzada y fijar en 65 años la edad mínima de estos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 9 del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, con el propósito de crear, formalmente, una denominada “Carta de Derechos de la Población Correccional en Puerto Rico”; disponer que los derechos otorgados sean interpretados de la forma más liberal y beneficiosa para el cliente; establecer la forma en que la población correccional podrá reclamar el cumplimiento de los derechos y beneficios otorgados mediante esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2.006 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, a los fines de establecer como parte del sistema de educación judicial, adiestramientos sobre la violencia, en especial la doméstica; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1541 de la Ley Núm. 55–2020, denominada “Código Civil de Puerto Rico”, a los fines de añadir un nuevo inciso (h) que establezca la responsabilidad objetiva de las organizaciones de seguros de salud por el daño que causen determinaciones realizadas en contravención con el criterio clínico de profesionales de la salud; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Para enmendar el Artículo 8 de la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”, a los fines de establecer que cuando la acción penal resulte en una absolución, el imputado resulte exonerado o si la posibilidad que tiene el Estado para encausar al imputado de delito se extingue, se aplicará la doctrina de cosa juzgada y de impedimento colateral por sentencia en todo caso de confiscación relacionado a los mismos hechos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (x) del Artículo 3 de la Ley Núm. 246-2011, según enmendada, denominada “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, con el fin de clarificar que el incumplimiento intencional o negligente con los derechos constitucionales, estatutarios, reglamentarios y reconocidos mediante determinación judicial de los niños con diversidad funcional constituye maltrato institucional; y para decretar otras disposiciones complementarias