Para establecer la “Ley para Regular los Cargos por Fotocopias de Estados Bancarios de Cuentas Personales de Depósito”; brindarle al Departamento de Asuntos del Consumidor la autoridad para fiscalizar su cumplimiento y aprobar reglamentación conforme a las disposiciones de la presente Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 3, 7 y 10 de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras”, a los fines de agrupar y consolidar las funciones, facultades y deberes del Instituto de Educación Financiera de Puerto Rico; disponer para la transferencia de toda la propiedad, documentos, cantidades no gastadas de las asignaciones, partidas y otros fondos en poder y bajo la custodia del antes mencionado Instituto, hacia la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras; derogar el Plan de Reorganización 5-2010, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización para establecer el Instituto de Educación Financiera de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 62 de la Ley 129-2020, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de establecer que el Consejo de Titulares podrá adquirir pólizas contra riesgos para asegurar elementos privativos originales de los apartamentos; permitir que los titulares adquieran pólizas individuales contra riesgos para asegurar su propiedad privada y elementos privativos; ordenar a la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico enmendar cualquier reglamento o carta normativa que sea inconsistente con esta Ley; y para otros fines.

Para ordenar a las comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano y Sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador sobre la Ley 129-2020, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de evaluar su aplicabilidad, alcance y efectividad, con el fin de tomar las medidas administrativas y legislativas necesarias, incluyendo la posibilidad de enmiendas a la ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 7.022 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, mejor conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de realizar una enmienda técnica para aclarar que la contribución especial sobre primas contenida en el referido Artículo no es de aplicación a los aseguradores cooperativos.

Para prohibir a toda compañía de telefonía celular que ofrezca servicios en Puerto Rico, requerir a los clientes extender o renovar el contrato existente para poder cambiar su plan de servicio, cuando con este nuevo plan el cliente pagará una cantidad igual o mayor a la anterior; y para otros fines.

Para añadir un inciso (gg) al Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a los fines de proveer un procedimiento administrativo para resolver las controversias relacionadas a las fianzas en los contratos de alquiler residencial; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 5 y adicionar un inciso (c) al Artículo 6, de la Ley Núm. 182 de 3 de septiembre de 1996, según enmendada, conocida como “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos”, a los fines de disponer la devolución al consumidor de los cargos por servicios en la venta de boletos, cuando los espectáculos hayan sido cancelados; imponer esa obligación a las empresas vendedoras de boletos cuando hayan sido contratadas para realizar esa función; para establecer una multa administrativa por incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para establecer “La Carta de Derechos de los Consumidores” con el propósito de reafirmar la política pública de fomentar los derechos de los consumidores, comprometer a las entidades gubernamentales a educar a los ciudadanos sobre su alcance y garantizar que los referidos derechos sean reconocidos, en todas las agencias o instrumentalidades con competencia para atender los asuntos de los consumidores o para dirimir las controversias en que estén envueltos uno o más consumidores y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, según enmendada, a los fines de aumentar las multas administrativas para ajustarlas al valor adquisitivo actual del dólar; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 6(j) de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor” a los fines de conceder expresamente la facultad de reglamentar y fiscalizar los anuncios, ofertas y ventas de productos con cannabidiol (CBD) o relacionados al cannabis medicinal, en comercios que no son dispensarios autorizados bajo la Ley Núm. 42-2017, al Departamento de Asuntos del Consumidor; autorizar la aprobación de reglamentos; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 7A a la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, con el propósito de establecer la “Carta de Derechos del Consumidor”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (6) del Artículo 25.030 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de aclarar el mecanismo que utilizará el asegurador para reflejar el monto de la Reserva requerido por el Capítulo 25 de dicha Ley; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Derechos al Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el alegado aumento en las tarifas a distribuidores por cargos por el montaje y descarga por unidad de carga en los muelles, así como el aumento por furgón por concepto de seguridad interna y el efecto que podría tener en el precio final que pagaría la ciudadanía por dichos artículos; y para otros fines relacionados.

Para crear el “Catálogo de Buenas Prácticas en el Manejo de Préstamos Hipotecarios” con el fin de garantizar acceso a la justicia en el manejo de préstamos hipotecarios y durante el proceso de ejecución de hipoteca por parte de las instituciones financieras.

Para crear la “Ley de Orientación al Consumidor Sobre la Información de Contacto de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor en las Facturas de Compañías de Telecomunicaciones”.

Para ordenar a la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación de naturaleza continua sobre la vigencia, implementación, suficiencia de la legislación y reglamentación que se ha aprobado para vindicar y proteger los derechos de los consumidores así como, los procedimientos, legislación y asuntos relacionados a la banca y seguros en Puerto Rico; y para otros fines.

Para añadir un inciso (d) en el Artículo 3.8, y un inciso (e) en el Artículo 6.1, de la Ley 247-2010, según enmendada, conocida como “Ley para Regular el Negocio de Préstamos Hipotecarios de Puerto Rico”, a los fines de imponer a las instituciones hipotecarias que adquieran involuntariamente una propiedad inmueble, por medio de su ejecución hipotecaria, la responsabilidad de mantener en buen estado la misma, a fin de evitar que el abandono de la propiedad reposeída se constituya en un problema inminente a la salud pública, que ésta sea utilizada para fines ilícitos, y que se afecte la valorización de otras propiedades adyacentes y/o similares; ordenar a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras a establecer aquellos procedimientos conducentes a la cabal fiscalización, supervisión y reglamentación de lo perseguido mediante esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a todos los acreedores financieros, incluyendo a todas las instituciones bancarias o financieras autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico establecer una moratoria voluntaria, a opción del cliente o deudor, sobre los pagos a préstamos personales, préstamos de auto, préstamos hipotecarios y/o tarjetas de crédito correspondientes a los seis (6) meses siguientes a la aprobación de esta Resolución Conjunta; prohibir el cobro de recargos, penalidades y/o aumento en tasas de intereses adicionales por un cliente o deudor acogerse a la referida moratoria; otorgar poder a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras para fiscalizar el fiel cumplimiento con las disposiciones de esta Resolución Conjunta de acuerdo con los poderes y facultades delegadas mediante la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como la “Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras”; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las comisiones sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros; y de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de energía por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica en el Municipio Autónomo de Juana Díaz, a los fines de auscultar alternativas reales para corregir el problema de interrupción constante del servicio de energía eléctrica; cuantificar las pérdidas económicas de los comercios y empresas de manufactura en dicho municipio; auscultar las gestiones afirmativas por parte de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor sobre este problema recurrente; así como, el efecto de estas interrupciones en la planificación de los servicios esenciales a ser brindados por el Municipio Autónomo de Juana Díaz; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que investigue la alegada violación a los procedimientos establecidos por el Departamento de Asuntos del Consumidor, en cuanto al aumento del precio de venta, el pasado mes de diciembre de 2020, del tanque de gas licuado por parte de los importadores, así como la justificación para dicho aumento; también, el impacto económico para los consumidores por la alegada obtención de ganancias extraordinarias de las empresas importadoras de gas licuado, debido a la caída del precio de este combustible durante la pandemia del COVID-19; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el vertiginoso aumento en el costo del gas propano en la Isla durante los pasados 12 meses; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión Sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno a las estrategias de monitoreo y fijación de precios utilizadas por el Gobierno para evitar la especulación desmedida que resulta en alzas injustificadas de precios en la venta de combustible en Puerto Rico, con el fin de analizar la efectividad de dichas estrategias en el costo de gasolina a los consumidores; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a toda persona que actúe de árbitro en procesos de valoración “appraisal” de reclamaciones de seguros de propiedad, a presentar ante el Comisionado de Seguros un informe sobre los casos que han sido atendidos por estos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 4, 14 y 17 de la Ley 23-2011, según enmendada, conocida como “Ley para Regular el Negocio y las Operaciones en las Casas de Empeño”, a los fines de imponer nuevos requisitos para la expedición de licencias; establecer nuevos requisitos de retención para bienes que se sospechen sean robados o apropiados ilegalmente; enmendar la Sección 8 de la Ley Núm. 18 de 21 de septiembre de 1983, según enmendada, conocida como “Ley de Compra y Venta de Metales y Piedras Preciosas”, con el propósito de reducir el término provisto; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras”, a los fines de eliminar el pago de gastos de viaje a los integrantes de la Junta Financiera.

Para enmendar el Artículo 5-112 a la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, con el propósito de establecer que la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura proveerá más de una opción de seguro por incapacidad provisto por compañías de seguro autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico y proveer los mecanismos para garantizar la libre selección del proveedor por parte de los empleados públicos; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la reventa de boletos para eventos que se realizan en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, y otros centros de espectáculos en Puerto Rico; así como buscar opciones para regular esta práctica; y para otros fines relacionados.

Para establecer como mandatorio que todo contrato de seguro médico en Puerto Rico deberá ofrecer como opción en su cubierta de seguro todo tipo de tratamiento para la condición médica de infertilidad, así como para sufragar los procedimientos y medicamentos relacionados a ella.

Para enmendar los Artículos 9.300, 9.331, 9.332 y 9.370 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de imponer un límite de diez por ciento (10%) a los honorarios que pueda contratar un ajustador público por sus servicios; para otorgarle al Comisionado de Seguros la autoridad para la imposición de sanciones, incluyendo multas, la no renovación, suspensión o revocación de la licencia los ajustadores que incumplan con las normas establecidas en el Código de Seguros, su Reglamento, normativas y órdenes del Comisionado; para imponerle a las personas que actúan como árbitro en procesos de valoración “appraisal” de reclamaciones la obligación de presentar informes de sus gestiones al Comisionado de Seguros; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a todos los comercios, persona natural o persona jurídica, a cesar y desistir de imponerles a los consumidores una cantidad mínima al momento de realizar los pagos, por conceptos de compras o servicios, con tarjetas de crédito o débito en cualquier comercio; facultar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor a adoptar la reglamentación necesaria sobre el particular; para establecer penalidades por incumplimiento a las disposiciones de esta ley; y para otros fines relacionados.

Para requerir a toda persona natural o jurídica notificar a su asegurador u organización de servicios de salud cuando presente una reclamación judicial, extrajudicial o administrativa de daños y perjuicios y dichos daños le hayan sido total o parcialmente sufragados por el asegurador u organización de servicios de salud, de modo que este pueda ejercer su derecho de subrogación.

Para crear la “Ley de Políticas de Devolución de Mercancías de Puerto Rico”; establecer definiciones; disponer sobre el procedimiento de devolución de mercancía que regirá en todos los comercios debidamente registrados para hacer negocios en Puerto Rico; establecer penalidades por incumplimiento; delegar al Departamento de Asuntos del Consumidor la jurisdicción para velar por el fiel cumplimiento de la presente ley y el procedimiento de reglamentación; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Uniformidad en la Venta, Distribución y Despacho del Gas Licuado en Puerto Rico”, con el fin de proveer mayor transparencia y mejor fiscalización en la venta del gas licuado en Puerto Rico; ordenar al Departamento de Asuntos del Consumidor y al Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos de Puerto Rico atemperar sus reglamentos y normas administrativas para cumplir con los objetivos de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (gg) al Artículo 7.010 y añadir un nuevo Capítulo 54 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de disponer para el registro de las entidades que interesen operar en Puerto Rico como terceros administradores y los derechos y responsabilidades de estas entidades y las normas que regulen la contratación con los aseguradores; y para otros fines relacionados.

Para obligar a todo asegurador, organización de servicios de salud u otro proveedor de planes de salud, autorizado en Puerto Rico, a incluir en su plan básico, la cubierta de transporte terrestre de ambulancia para emergencias médicas, en los casos de ambulancias bajo las categorías II y III, según definidas por la Ley Núm. 225 de 23 de julio de 1974, según enmendada.

Para añadir un nuevo inciso (22) al Artículo 27.161 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de establecer que ninguna compañía de seguros podrá extinguir una obligación mediante la figura de pago en finiquito sin antes proveerle al asegurado una explicación detallada, por escrito y oral, sobre el alcance y consecuencias de recibir dicho pago; y para otros fines relacionados.

Para requerir a todo asegurador y organizaciones de servicios de salud constituidos conforme a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, planes de seguros que brinden servicios en la Isla y cualquier otra entidad contratada para ofrecer beneficios de salud localmente, así como a la Administración de Seguros de Salud, y a cualquier entidad contratada para ofrecer servicios de salud o de seguros de salud en Puerto Rico, a través de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, que incluyan, como parte de sus cubiertas, todo tipo de tratamiento y medicamento disponible para atender a pacientes diagnosticados con el trastorno de la fibromialgia, siempre que los mismos se encuentren debidamente aprobados por las autoridades competentes.

Para enmendar el Artículo 28 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, a los fines de disponer una tasa de reducción fija para primas de seguros de obreros de un cinco por ciento (5%) adicional, que aplicará como bonificación especial a concederse una sola vez a patronos del sector privado que durante los dos (2) años precedentes a dicha revisión no hayan sido objeto de reclamación de accidente o enfermedad ocupacional, como medida de incentivo, reconocimiento y estímulo a dichos patronos responsables para con las condiciones de trabajo de sus empleados; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 5-A de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, a fin de disponer que en el caso de accidentes graves que sean manejados por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y que requieran tratamientos prolongados, según se defina mediante reglamento, el término para solicitar reposición de empleo será de quince (15) días luego de que el trabajador sea dado de alta; siempre y cuando no hayan transcurrido veinticuatro (24) meses desde la fecha del accidente; y para otros fines.