Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 91)

Resumen:

La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de revisión judicial instado por un confinado. El recurrente impugnó una respuesta del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) relacionada con los estímulos económicos federales por COVID-19. El confinado buscaba información sobre el estado y desembolso de estos pagos y cuestionaba la existencia de cuentas bancarias a su nombre en el sistema correccional. El DCR le informó que solo existía una cuenta a su nombre y le proporcionó el detalle de transacciones. Respecto a los estímulos, el DCR indicó haber notificado a Hacienda sobre los primeros dos pagos y le instruyó sobre cómo solicitar el tercer estímulo a través del sistema SURI. Inconforme con esta respuesta administrativa, el confinado presentó el recurso de revisión. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del DCR aplicando el estándar de deferencia a las determinaciones administrativas basadas en evidencia sustancial. Tras la revisión, el tribunal confirmó el dictamen administrativo recurrido.

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Se resuelve sobre un recurso instado por Edwin Rodríguez Rodríguez, Olga Cancel Rivera y su Comunidad de Bienes. Los peticionarios solicitaron la revocación de varias órdenes del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Estas órdenes denegaron su solicitud de desestimación por falta de legitimación activa contra PRCI Loan, LLC. PRCI había demandado para cancelar un pagaré hipotecario extraviado. Los peticionarios alegaron que PRCI carecía de interés en dicho pagaré. PRCI se opuso, explicando que buscaba cancelar la primera hipoteca para que su pagaré de segundo rango adquiriera preferencia. El TPI rechazó la solicitud de desestimación de los peticionarios, denegó la reconsideración y les anotó la rebeldía. El panel evaluó el recurso de apelación presentado por los peticionarios contra estas decisiones. Tras la evaluación, el panel denegó la expedición del recurso solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una revisión de un caso procedente del Departamento de Asuntos del Consumidor. La recurrente, Myrta Morales Cruz, impugna decisiones del Consejo de Titulares del Condominio Caribbean Towers. La controversia se centra en las aprobaciones de asamblea sobre cambios en los parapetos del edificio. Asambleas previas aprobaron modificaciones en los lados este/oeste pero rechazaron cambios en los norte/sur. En una asamblea extraordinaria de junio de 2022, se aprobó votar sobre el material (rejas o cristal) y proceder con la remoción/reconstrucción de los parapetos norte/sur, a pesar de que el cambio de material no figuraba en la agenda. Morales Cruz presentó una querella ante DACO alegando que las decisiones de junio de 2022 violaban la Ley de Condominios y fueron presentadas de forma engañosa. Solicitó también estudios de seguridad y acciones sobre parapetos en riesgo. El Consejo de Titulares se defendió argumentando la prescripción de la querella y el cumplimiento con los requisitos de votación. El documento expone el historial procesal y los hechos relevantes del caso.

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Un panel judicial revisó un recurso de Certiorari presentado por Carlos Román González. El peticionario solicitaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha resolución denegó una Petición de Orden de Protección que Carlos Román había presentado contra Wilson Valentín Acevedo. La solicitud de orden se basaba en la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico. Carlos Román alegó haber sido acechado por Wilson Valentín en tres ocasiones específicas en octubre de 2023. El foro primario había expedido inicialmente una orden ex parte. Sin embargo, tras celebrar una vista final con la comparecencia de ambas partes y testigos, determinó que no se cumplían todos los elementos para emitir la orden final. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia denegó la orden de protección. El panel judicial, al evaluar el recurso de Certiorari, decidió denegarlo. Esto confirma la determinación del foro primario de no expedir la orden de protección solicitada.

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La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le ordenó entregar información pública a Espacios Abiertos (EA). EA solicitó el sexo y la fecha de nacimiento de todos los legisladores municipales, amparándose en la Ley de Transparencia. La CEE se opuso, alegando que la divulgación lesionaría derechos fundamentales de los legisladores, violaría leyes de privacidad y datos, y podría desalentar candidaturas. Argumentó que la controversia no estaba madura y que los legisladores eran partes indispensables. EA sostuvo que la información de funcionarios electos es pública y que la fecha de nacimiento es relevante para verificar requisitos de edad. El TPI falló a favor de EA, ordenando la entrega de los datos. La CEE apeló esta decisión ante el panel de jueces. Tras revisar los argumentos, el panel confirmó la Sentencia apelada. La decisión ratifica la obligación de la CEE de suministrar el sexo y la fecha de nacimiento de los legisladores municipales.

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El Tribunal de Apelaciones revisó mediante certiorari una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito. El caso involucra una denuncia por infracción al Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54 (violencia doméstica). Durante la etapa de vista preliminar, el foro primario ordenó el archivo y sobreseimiento de la denuncia. Esta determinación se basó en la Regla 247(b) de Procedimiento Criminal y la doctrina de *Pueblo v. Castellón*, tras el testimonio de la perjudicada. El Ministerio Público solicitó reconsideración, alegando que no se cumplieron los requisitos de *Castellón* y que el TPI no consideró su prueba. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la reconsideración, argumentando principalmente que la moción fue presentada fuera del término legal. Inconforme, el Ministerio Público acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la determinación recurrida del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio. GLI Pet Services, LLC. apela una decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó su desalojo de un local comercial arrendado a JG B, LLC. El contrato de arrendamiento, suscrito en 2022 por tres años, establecía un canon mensual de $1,200.00. JG B demandó el desahucio alegando incumplimiento en el pago de la renta, adeudando $1,835.00, y señaló que era la segunda demanda por la misma causa. GLI Pet Services se defendió argumentando que JG B incumplió el contrato al no permitir la instalación de un contador eléctrico independiente ni designar un área para parque de perros, y que devolvió pagos de renta. En la vista, el Tribunal de Primera Instancia escuchó la prueba del arrendador sobre la deuda y el contrato, y procedió a ordenar el desahucio. GLI Pet Services no presentó su testigo. La sentencia apelada, emitida el 6 de noviembre de 2023, declaró Ha Lugar la demanda de desahucio.

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Comparecen apelantes solicitando la revocación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la reclamación sobre una finca rústica y la nulidad de las Escrituras Públicas Núm. 79 y Núm. 13. El fundamento de la desestimación fue la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia. El foro primario concluyó que los hechos esenciales de la demanda fueron previamente adjudicados en el caso Civil Núm. CAC 2003-4241. Consideró que existía identidad de litigantes (sucesores en interés) y de causas (misma transacción o núcleo de hechos). Respecto a la Escritura Núm. 79, el TPI señaló que los apelantes no presentaron prueba de su invalidez en el caso anterior, siendo dados por allanados. Los apelantes argumentaron que no existía perfecta concurrencia de cosas, causas, litigantes ni calidad para aplicar la cosa juzgada. Solicitaron reconsideración, alegando que la comunidad hereditaria no fue adjudicada en el caso previo. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirma el dictamen impugnado del Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa solicitada por Luis D. Valdés Meléndez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El señor Valdés Meléndez impugna la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) del DCR del 25 de septiembre de 2023, que ratificó su clasificación de custodia mediana. Tras denegarse su solicitud de reconsideración, presentó esta revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Alega que el CCT erró al basarse únicamente en la "Gravedad del Delito" y al utilizar un informe disciplinario de hace más de nueve años para justificar la clasificación. El Tribunal revisa la decisión administrativa bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, evaluando si la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable, aunque generalmente difiere a la pericia de la agencia. Habiendo recibido las comparecencias de ambas partes, el Tribunal se encuentra en posición de adjudicar los errores señalados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en revisión administrativa de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). El recurso fue presentado por Felipe Colón Service Corp. contra Jesús M. Sosa Carrasquillo. La disputa se originó por una querella de Sosa Carrasquillo alegando que el hormigón suministrado por Felipe Colón Service Corp. para un falso techo no cumplió con la resistencia pactada de 4,000 PSI. Sosa Carrasquillo reclamó la indemnización por el costo del material y gastos asociados a la demolición y nueva construcción. Felipe Colón Service Corp. argumentó que el problema se debió al manejo inadecuado del hormigón por parte de los empleados de Sosa Carrasquillo. Tras vistas administrativas, DACO determinó que ambas partes incurrieron en imprudencia concurrente. DACO ordenó a Felipe Colón Service Corp. pagar \$11,437.50 a Sosa Carrasquillo. El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por Juan Manuel Rodríguez Sellés contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia, dictada tras una alegación de culpabilidad, lo encontró culpable de infracciones a la Ley de Armas y la Ley de Violencia Doméstica. El foro primario impuso penas consecutivas de ocho años y seis años de cárcel, sumando un total de catorce meses, además de multas y registro. El peticionario solicitó la revocación de la sentencia, alegando siete errores relacionados principalmente con la suficiencia de la prueba y el proceso de juicio. Sin embargo, la sentencia impugnada provino de una alegación de culpabilidad, no de un juicio. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se basó en el incumplimiento del peticionario con el Reglamento del Tribunal. Específicamente, no acompañó el recurso con los anejos requeridos y los errores planteados no guardaban relación con un dictamen de alegación de culpabilidad.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se presenta una apelación en un caso de cobro de dinero. La apelante, Alvida Isabel Toro Casellas, solicita la revocación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar \$49,962.44 a Wyndmar PV Energy, Inc. Wyndmar demandó a la Sra. Toro Casellas por transacciones supuestamente no autorizadas realizadas con una tarjeta corporativa emitida a nombre de su ex esposo. La corporación solicitó sentencia sumaria, argumentando que la deuda por el uso no autorizado era indisputada. La Sra. Toro Casellas se opuso, negando una obligación directa con Wyndmar y alegando que utilizó la tarjeta con el conocimiento y consentimiento de su ex esposo, bajo la creencia de que la corporación cubría gastos familiares. Además, presentó una demanda contra tercero contra su ex esposo, quien negó haber autorizado el uso y afirmó que las transacciones ocurrieron tras su separación y divorcio. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Wyndmar. La Sra. Toro Casellas apeló dicha determinación, y este documento contiene la sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo esa apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, actuando mediante un panel especial, evaluó una Petición de Certiorari presentada por la Sra. Hilda Del Rosario Figueroa Santiago. La petición se originó en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra San Carlos Mortage LLC, procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo. La peticionaria solicitó la intervención del Tribunal de Apelaciones alegando errores cometidos por el foro primario. Tras examinar la Petición de Certiorari, el Tribunal concluyó que la peticionaria no logró establecer que el Tribunal de Primera Instancia hubiera incurrido en error alguno. Por consiguiente, el Tribunal determinó que no existía justificación para su intervención en el asunto. En virtud de las reglas de procedimiento aplicables, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de Certiorari solicitado. Esta resolución fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 30 de enero de 2024.

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El Tribunal de Apelaciones, Panel VII, emite una Resolución en el caso de FirstBank Puerto Rico contra la Sucesión de Natalia Pabón García. FirstBank solicitó un auto de certiorari para revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La decisión recurrida del foro primario declaró Con Lugar una solicitud de relevo de sentencia presentada por la Sucesión de Luis Pabón García, representada por Miriam Martí Isaac. El Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto una sentencia previa y una anotación de rebeldía contra Luis Pabón García. Esto se debió a que el codemandado falleció tras ser emplazado por edicto pero antes de expirar el término para contestar, y su heredera no fue incluida ni notificada en el pleito original. FirstBank alegó errores del tribunal primario, incluyendo la determinación de falta de parte indispensable y la aplicación de reglas de procedimiento. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por FirstBank.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una petición de mandamus presentada por Carol Elizabeth Vivoni Beaty. La peticionaria solicita que se ordene al Tribunal Superior de San Juan cumplir con una sentencia previa de este foro apelativo. Dicha sentencia anterior (KLAN202300294) revocó una desestimación en el caso SJ2022CV05839 y emitió mandatos específicos. Los mandatos incluían unir herederos indispensables, ordenar a los ejecutores contestar la demanda y rendir un informe detallado de su gestión y tareas pendientes. También se ordenó mantener el intercambio de información entre herederos para lograr la partición de la herencia. Tras recibir el mandato, la jueza del Tribunal Superior inició el trámite para unir a las partes faltantes. Sin embargo, los procedimientos subsiguientes han incluido múltiples mociones, una vista suspendida y órdenes concediendo prórrogas. Los ejecutores no han rendido el informe detallado sobre la administración del caudal según lo ordenado. La petición de mandamus se presenta alegando incumplimiento del Tribunal Superior con los mandatos de la sentencia apelativa. El Tribunal de Apelaciones evalúa ahora si procede disponer del recurso de mandamus.

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Sentencia de un panel judicial que resuelve dos recursos de Certiorari consolidados (KLCE202400031 y KLCE202400039). Los recursos solicitan la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 14 de noviembre de 2023. Dicha Resolución ordenó a MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY pagar al Consejo de Titulares del Condominio Playa Azul II un balance insoluto de ajuste de \$390,479.02 más intereses diarios. El caso original se inició por una demanda del Condominio contra MAPFRE por daños del huracán María, reclamando compensación, costas y honorarios. El TPI había concedido parcialmente el pago de intereses, costas y honorarios. Este tribunal expide el auto de Certiorari en KLCE202400031 y revoca la Resolución del TPI en lo concerniente al pago de intereses por mora. En cuanto al recurso KLCE202400039, se deniega la expedición del auto de Certiorari. La decisión principal modifica la orden del TPI respecto a los intereses aplicables al pago pendiente del ajuste de seguro.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de revisión administrativa presentado por Juan Romero Hernández contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Romero Hernández impugna la denegatoria del DCR a su solicitud de participar en el Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico y en los Programas Religiosos y Hogar CREA. La agencia fundamentó su decisión en que el recurrente no cumplía los criterios de elegibilidad. Específicamente, el DCR determinó que su delito de Asesinato en Primer Grado constituía un delito excluyente bajo la Ley Núm. 49 de 1995 y el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011. El recurrente alegó que la agencia erró al aplicar dicha ley y plan, violando su derecho constitucional a la rehabilitación y actuando de forma arbitraria. El DCR sostuvo que la normativa vigente excluye categóricamente a personas sentenciadas por delitos graves de primer grado y que su decisión fue correcta. Tras revisar el expediente administrativo y las comparecencias de las partes, el Tribunal procedió a resolver el recurso. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma las determinaciones administrativas recurridas.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones desestimando un recurso de certiorari. Los peticionarios, Manuel De Jesús Rodríguez Céspedes y otros, solicitaron revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha resolución denegó la descalificación de abogados, determinó la falta de legitimación activa de los peticionarios sobre secretos de negocio y aclaró que una transacción de acciones no estaba en controversia. El Tribunal de Apelaciones concluye que carece de jurisdicción para atender el recurso. Se enfatiza la obligación de los tribunales de velar por su jurisdicción y la naturaleza estricta de los términos procesales, como el plazo de 30 días para presentar un certiorari. La desestimación se basa únicamente en la falta de potestad del tribunal para revisar el asunto presentado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución desestimando un recurso de certiorari presentado por José L. Camacho Ramos. El peticionario, confinado y actuando por derecho propio, impugnaba una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para modificar su sentencia bajo la Ley Núm. 85-2022. Buscaba que las penas impuestas fueran cumplidas de manera concurrente y no consecutiva. El peticionario alegó que el TPI resolvió la moción sin celebrar una vista evidenciaria y sin expresar los fundamentos de la decisión. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se fundamenta en que el peticionario no incluyó en su recurso una copia de la moción original presentada ante el TPI. El Tribunal subraya la obligatoriedad de cumplir con las reglas procesales y la necesidad de un expediente completo para considerar los méritos. La falta del documento esencial impide la consideración del caso. Proceder por derecho propio no exime del cumplimiento de normas estrictas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. El apelado demandó a los apelantes por incumplimiento de pago de un pagaré hipotecario al portador de \$350,000, garantizado con hipoteca sobre dos apartamentos. El apelado alegó que los apelantes incumplieron con la obligación de pago desde enero de 2012, adeudando una suma considerable. Los apelantes negaron la deuda en la cantidad reclamada, sosteniendo que el principal acordado era de \$300,000 tras un pronto pago y que los documentos notariales no fueron corregidos conforme a lo pactado. También presentaron una reconvención por daños en la propiedad, la cual fue desestimada por el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario adoptó el informe de una Comisionada Especial y dictó sentencia sumaria a favor del apelado. Los apelantes recurrieron dicha sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por B-Billboard BG, LLC. La apelación impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por supuesta falta de jurisdicción para ordenar emplazamientos por edicto. El foro primario entendió que había transcurrido el término de 120 días para diligenciar el emplazamiento. El Apelante argumentó que el término de 120 días, según la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil y jurisprudencia, comienza a transcurrir desde la fecha de expedición del emplazamiento por secretaría. Dado que la secretaría expidió los emplazamientos un día después de presentada la demanda, el término de 120 días culminaba el 6 de octubre de 2023, fecha en que se solicitó el emplazamiento por edicto. El Tribunal de Apelaciones determinó que el foro primario erró al calcular el término desde la fecha de presentación de la demanda. Confirmó que el término inicia con la expedición del emplazamiento (8 de junio de 2023), haciendo que la solicitud del 6 de octubre de 2023 fuera oportuna. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia parcial apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación presentada por el Municipio de Loíza. El Municipio apela una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños contractuales iniciado por GP Strategies Corporation. GP Strategies demandó al Municipio reclamando más de $1.3 millones por servicios profesionales impagados. La Sentencia Parcial apelada ordenó al Municipio pagar $369,126.00 a GP Strategies, más intereses legales. Esta cantidad corresponde a 16 facturas que el foro primario determinó como vencidas, líquidas y exigibles al no existir controversia de hechos sobre ellas. El Municipio busca la revocación de dicho dictamen parcial. El proceso apelativo incluyó la subsanación de un apéndice incompleto por parte del Municipio. El Tribunal de Apelaciones ha recibido las comparecencias de las partes y considera el recurso perfeccionado para su adjudicación.

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Un panel judicial revisó la determinación de la Jueza Administrativa de la ACAA sobre la impugnación de Sr. Héctor Ibáñez Hernández al proceso de selección para un puesto de Ayudante del Director. Ibáñez, quien inicialmente ocupó el primer lugar en el registro de elegibles tras la evaluación inicial y puntos de veterano, no fue seleccionado después de la fase de entrevista. En su apelación administrativa, alegó incumplimiento reglamentario, discrimen político y violación a la Carta de Derechos del Veterano, argumentando ser el candidato más idóneo y que el comité de selección estaba sesgado. La ACAA solicitó la desestimación, señalando que la impugnación a la puntuación inicial fue extemporánea y que el candidato seleccionado obtuvo una puntuación superior en la entrevista. La Jueza Administrativa desestimó la impugnación de Ibáñez. El panel judicial, tras revisar el recurso, confirmó la determinación recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202300364. El recurso fue presentado por Antonio José Chévere Mari contra Espacio Residential, LLC. Se apela la Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, en un pleito sobre incumplimiento de contrato. La demanda original, incoada por el predecesor de Espacio Residential, reclamaba la entrega de una propiedad hipotecada. Esta entrega en dación en pago fue acordada por el Sr. Chévere Mari y el acreedor hipotecario durante un proceso de quiebra bajo el Capítulo 11 en 2008. Espacio Residential solicitó sentencia sumaria para hacer cumplir dicho acuerdo ante el incumplimiento del Sr. Chévere Mari. El Tribunal de Primera Instancia declaró "Ha Lugar" la solicitud de sentencia sumaria, ordenando la entrega de la propiedad. El Sr. Chévere Mari apeló, alegando, entre otras cosas, que el acuerdo había sido rechazado. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen del foro primario.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial que resuelve dos recursos de certiorari consolidados presentados por MAPFRE y el Consejo de Titulares del Condominio Playa Azul II. Los recursos impugnan una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Fajardo del 14 de noviembre de 2023. Dicha resolución del TPI concedió parcialmente una solicitud de pago de intereses, costas y honorarios de abogado. El TPI ordenó a MAPFRE pagar al Condominio un balance pendiente de ajuste por \$390,479.02, más intereses diarios desde el 27 de octubre de 2023. El caso original se relaciona con una reclamación de seguro por daños del huracán María presentada por el Condominio contra MAPFRE en 2019. El Condominio había solicitado previamente costas, honorarios y el pago de una suma no disputada. Este tribunal ya había intervenido en un recurso anterior relacionado. Mediante esta sentencia, el tribunal expide el auto de certiorari de MAPFRE (KLCE202400031) y revoca la resolución del TPI en cuanto al pago de intereses por mora. Se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el Condominio (KLCE202400039).

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José A. Vega García, confinado en el Campamento Zarzal, presentó una moción ante el Tribunal de Apelaciones solicitando revisión de una respuesta de remedio administrativo. Alega que técnicas socio-penales le han negado bonificaciones para reducción de sentencia por trabajos y terapias. Sostiene que la denegación se basa en la creencia errónea de que no posee diploma de cuarto año, el cual afirma tener desde 1996. El recurrente indica haber intentado resolver la situación a través de la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección sin éxito. Pide al Tribunal ordenar al Departamento realizar los cómputos de bonificaciones conforme a la ley y entregar su hoja de liquidación de sentencia. El Tribunal observa que la moción no incluyó copias de las solicitudes administrativas, el diploma o las certificaciones de talleres. Conforme a la regla aplicable, el Tribunal adelanta la desestimación del recurso presentado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202400022, originado en un cobro de dinero. El peticionario, Domingo Arturo Quiles Rosado, impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que concedió una prórroga a la Sucesión César Vázquez Navarro. La prórroga fue solicitada por la Sucesión para contestar requerimientos de admisiones, alegando razones de salud de la hija de su abogada. El peticionario se opuso, argumentando falta de justa causa y que las admisiones debían tenerse por admitidas. El foro primario concedió la extensión, y la Sucesión presentó las contestaciones dentro del nuevo término. El peticionario presentó reconsideración, la cual fue denegada. Ante el Tribunal de Apelaciones, el peticionario alega que el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al conceder la prórroga sin justa causa probada. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la solicitud, deniega la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución denegando un auto de certiorari solicitado por Carmen David Rosario. La peticionaria buscaba la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su moción sobre relevo de sentencia y nulidad de sentencia y ejecución. Dicha moción fue presentada en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instado por Legacy Mortgage Asset Trust contra la sucesión de su hermano, Andrés David Rosario, y otros. Legacy Mortgage reclamó la deuda sobre un inmueble hipotecado por el deudor original. Tras su fallecimiento, la demanda fue enmendada para incluir a los herederos desconocidos, quienes fueron emplazados por edicto. La peticionaria, identificada como hermana del fallecido, intentó anular la sentencia y detener la ejecución y orden de lanzamiento. El Tribunal de Apelaciones, al analizar el recurso, determina no expedir el auto solicitado, confirmando implícitamente la decisión del foro primario.

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Se presenta una Revisión Administrativa por Mirta Ortiz Ortega contra una decisión del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. La decisión recurrida declaró elegible a Christian Resto Vázquez para recibir beneficios de seguro por desempleo tras ser despedido por Ortiz Ortega. El Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento otorgó los beneficios inicialmente, al no considerar el despido atribuible a conducta incorrecta. La División de Apelaciones del Departamento, tras una audiencia, confirmó la elegibilidad, determinando que el despido se debió a errores o falta de agilidad, no a conducta incorrecta intencional. Ortiz Ortega apeló ante el Departamento, cuestionando la adjudicación de credibilidad, pero la decisión fue confirmada. Ortiz Ortega solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Ante este panel judicial, Ortiz Ortega solicita la revocación de la decisión del Departamento. El panel resuelve desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por The Stadium, LLC contra la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y la Puerto Rico Hotel \& Tourism Association. The Stadium, LLC apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de injunction y sentencia declaratoria. La demanda original impugnaba la Orden Administrativa OACJ-AD-23-16 de la Comisión de Juegos, alegando que permitía el registro de apostadores en lugares no autorizados por la Ley Núm. 81-2019. Stadium argumentaba que esta orden le causaba daños irreparables al afectar su volumen de negocio y permitir competencia desleal. El foro primario desestimó la demanda por entender que Stadium carecía de legitimación activa y no había demostrado un daño irreparable. Stadium apeló, señalando errores en la interpretación de la ley y en la determinación de falta de legitimación y daño. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. El peticionario, Dr. Pierre M. Diomi, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su moción de sentencia sumaria en un caso de impericia médica. La demandante, Anjanette López Agustini, alega daños por un diagnóstico erróneo en diciembre de 2019. Inicialmente diagnosticada con gastritis, luego se le diagnosticó diverticulitis aguda con perforación. El Dr. Diomi fue incluido como codemandado en una demanda enmendada. El Dr. Diomi argumentó que la acción en su contra estaba prescrita y solicitó la desestimación mediante sentencia sumaria. El foro primario denegó la moción, concluyendo que existían controversias de hechos genuinas. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado, pero confirma la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia. Esto implica que el caso continuará para dilucidar los hechos en una vista en su fondo.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por el Municipio Autónomo de Carolina. El Municipio solicitó la revisión de varias órdenes del Tribunal de Primera Instancia en un caso de Ley de Represalias instado por Rogelio Sánchez Martínez. Específicamente, el Municipio impugnó la decisión del foro primario de permitir la deposición del Alcalde, Hon. José Carlos Aponte Dalmau, y una orden sobre la representación de un codemandado. El caso original alega que Sánchez Martínez fue despedido en represalia por presentar quejas ante el Alcalde. Surgieron disputas procesales sobre la toma de deposiciones, incluyendo el lugar y la fecha para la del Alcalde. El Tribunal de Primera Instancia sostuvo la procedencia de la deposición del Alcalde, aunque ordenó que se llevara a cabo en Carolina. Previamente, el Municipio había presentado un Certiorari y Moción en Auxilio de Jurisdicción que inicialmente paralizó los procedimientos, pero el recurso fue denegado y la paralización levantada. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto de Certiorari solicitado por el Municipio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari. La petición fue presentada por Isla Verde Holdings, LLC y otros contra Golden Debt, LLC, Golden RE, LLC, David Efrón, Efrón Dorado S.E., LLC y PDP Holdings, LLC. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia trataba sobre incumplimiento de un contrato de compraventa de inmueble. Isla Verde Holdings demandó a las entidades Golden buscando cumplimiento específico y daños. Posteriormente, Isla Verde Holdings enmendó la demanda para incluir a Efrón Dorado S.E. y David Efrón, solicitando descorrer el velo corporativo para responsabilizar personalmente a Efrón. Efrón Dorado S.E. y David Efrón solicitaron la desestimación de esta causa de acción. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la solicitud de descorrer el velo corporativo sin perjuicio. Consideró que la acción era prematura según la Ley General de Corporaciones, que requiere una sentencia previa contra la corporación que no haya podido ejecutarse. El Tribunal de Apelaciones revisó la resolución del foro primario mediante certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución apelada.

Resumen:

Josué Ortiz Colón, confinado en la Institución Penal de Aguadilla, presentó un recurso de Mandamus ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó que se ordenara al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) referirlo al Programa de Evaluación y Asesoramiento (SPEA) para una evaluación psicológica. Esta evaluación es requerida por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) para su posible consideración de parole, a la que será elegible en agosto de 2024. El peticionario indicó que su última evaluación data de 2011 y que ha solicitado una actualizada desde marzo de 2023 a diversos funcionarios. Se le informó que la evaluación psicológica por parte de SPEA requiere una orden previa de la JLBP. Tras agotar remedios administrativos que confirmaron esta posición, presentó una solicitud de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones, luego de considerar los fundamentos, denegó el auto de Mandamus solicitado por el señor Ortiz Colón.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones varias partes en recursos de certiorari consolidados. Los peticionarios, incluyendo a José A. Santana De La Rosa, Management Group Investors, LLC, Airport Shoppes & Hotels Corp. y Surfside Hotel Corp., buscan dejar sin efecto una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución, emitida el 15 de junio de 2023, atendió diversas mociones, incluyendo objeciones al descubrimiento de prueba y una solicitud de reconsideración sobre órdenes protectoras. El caso original es una demanda por daños y perjuicios instada por Edwin Santana De La Rosa contra el albacea de una sucesión. La demanda alega incumplimiento del deber fiduciario del albacea en perjuicio de los herederos y accionistas de las Empresas Santana. Aunque José A. Santana fue codemandado, las causas de acción contra él fueron desestimadas por prescripción, decisión confirmada en apelación previa. El foro primario había concedido órdenes protectoras a algunas de las corporaciones peticionarias y ordenado la producción de documentos por parte de José A. Santana. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos KLCE202400080, KLCE202400084 y KLCE202400088. Finalmente, el tribunal apelativo denegó la expedición de los recursos de certiorari solicitados por los peticionarios.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en recursos de certiorari consolidados (KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088). Los peticionarios, incluyendo a José A. Santana De La Rosa y varias corporaciones, impugnan una resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha resolución del foro primario, emitida el 15 de junio de 2023, atendió diversas mociones, entre ellas, objeciones al descubrimiento de prueba. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios presentada por Edwin Santana De La Rosa contra el albacea de una sucesión y otros. La demanda original alega incumplimiento de deberes fiduciarios por parte del albacea y actuaciones perjudiciales para los herederos y accionistas de Empresas Santana. El Tribunal de Primera Instancia había dictado previamente órdenes protectoras para algunas corporaciones y ordenado la producción de documentos. La resolución apelada abordó, entre otros asuntos, una solicitud de reconsideración sobre la orden protectora para dos corporaciones. El Tribunal de Apelaciones consolida los recursos presentados. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de los recursos de certiorari solicitados.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consolida los recursos de Certiorari KLCE202400080, KLCE202400084 y KLCE202400088. Estos recursos fueron presentados por José A. Santana De La Rosa, Management Group Investors, LLC, Airport Shoppes \& Hotels Corp. y Surfside Hotel Corp. Los peticionarios solicitan dejar sin efecto una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Dicha resolución, dictada el 15 de junio de 2023, atendió varias mociones, incluyendo diversas objeciones al descubrimiento de prueba. También abordó una solicitud de reconsideración respecto a una orden protectora previamente concedida a las corporaciones. El caso subyacente es una demanda sobre daños y perjuicios instada por Edwin Santana De La Rosa contra el albacea de una sucesión y otros. La causa de acción original se basó en una alegada falta al deber de fiducia del albacea. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar las solicitudes presentadas, deniega la expedición de los recursos de certiorari solicitados.

Resumen:

Recurso de Certiorari presentado ante el Tribunal de Apelaciones por Adrián Mercado Jiménez. El peticionario busca la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha Resolución denegó su solicitud para recusar a la Jueza Valerie Concepción Cintrón. La recusación se fundamentó en la alegación del peticionario de que la Jueza no había leído el expediente. Argumentó que la orden de informar sobre representación legal ignoraba su comparecencia por derecho propio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud. Determinó que la alegación era una inferencia y que la parte demandada tenía otros abogados de récord. Concluyó que no existía fundamento legal para la recusación. El peticionario, en desacuerdo con la denegatoria y su reconsideración, acudió al Tribunal de Apelaciones en este caso sobre cobro de dinero y fraude contra acreedores.

Resumen:

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari y Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción. La AEE solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su petición de transferir un juicio por daños y perjuicios. El juicio estaba señalado para febrero de 2024 desde diciembre de 2022. La AEE argumentó un conflicto de calendario de su nueva representación legal, que asumió el caso tras la renuncia del bufete anterior. El TPI denegó la transferencia, indicando que el señalamiento era antiguo y que la nueva representación certificó disponibilidad. La AEE alegó que el TPI erró al aplicar los criterios para la suspensión o transferencia de vista. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado por la AEE. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari y declaró No Ha Lugar la solicitud en auxilio de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia revisando una decisión administrativa de la Comisión de Juegos. El recurrente, Omar Carrión Torres, propietario de una agencia hípica, se opuso a la solicitud de licencia para una nueva agencia cercana. La Comisión de Juegos determinó que el señor Carrión Torres debía esperar la decisión final del Director Ejecutivo sobre la solicitud de licencia antes de poder solicitar ser parte interventora en el proceso. El recurrente impugnó esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. La controversia se centra en la aplicación de la Ley de la Industria y el Deporte Hípico y sus reglamentos sobre licencias y procedimientos de investigación. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la decisión administrativa. Tras su análisis, el Tribunal confirmó la determinación emitida por la Comisión de Juegos. La sentencia valida el requisito de esperar la resolución sobre la licencia antes de permitir la intervención formal del opositor.

Resumen:

El peticionario, un confinado, solicitó la revisión administrativa de la denegatoria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a su participación en el Programa de Pre-Reinserción a la Libre Comunidad. El DCR denegó la solicitud basándose en la inviabilidad del hogar propuesto para los pases extendidos y pernoctar. La investigación reveló que la residencia, propuesta por el hermano del peticionario, estaba ocupada únicamente por la excuñada del peticionario, quien es paciente de desprendimiento de retina. El hermano del peticionario cumple pena por delitos, incluyendo violencia doméstica contra la ocupante del hogar. Aunque la ocupante accedió a recibirlo, no lo conoce personalmente y tiene expectativas sobre su manutención y orden. El DCR también consideró las opiniones mixtas de las víctimas y la comunidad, así como el progreso positivo del peticionario en terapias. La evaluación final del DCR fue "no favorable" debido a la investigación del hogar. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del DCR.

Resumen:

Recurso de Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico instado por Luis A. Pérez Ríos contra la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. Pérez Ríos impugna la Resolución de la Junta que suspendió sumariamente su licencia de perito electricista. La suspensión se fundamentó en el alegado incumplimiento de Pérez Ríos con las horas de educación continua requeridas para el periodo que culminó el 31 de diciembre de 2021. La Junta actuó basándose en una certificación del Colegio de Peritos Electricistas, aplicando el Artículo 16(h) de la Ley 115-1976. Pérez Ríos argumentó que la suspensión sumaria violó su derecho al debido proceso de ley al no concederle una vista. También planteó la inconstitucionalidad del Artículo 16(h) de la Ley 115-1976. La Junta sostuvo que la revisión judicial no es la vía para impugnar la constitucionalidad de la ley. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de la Junta Examinadora.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Island Portfolio Services, LLC. apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero contra Alexander Santiago Cora. El foro primario desestimó el caso por falta de jurisdicción, al entender que la agencia de cobro no probó adecuadamente la notificación de la carta de cobro requerida por ley. Específicamente, el tribunal de instancia consideró que, al haber sido recibida la carta certificada por un "agente", la agencia debía probar que el deudor designó a dicha persona. Island Portfolio Services argumentó en apelación que la Ley de Agencias de Cobro y su reglamento solo exigen enviar la carta a la última dirección conocida del deudor, no probar su recepción personal o la designación de un agente. El apelado no compareció ni presentó escrito en oposición al recurso. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los argumentos, determinó revocar la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202400023, relacionado con un cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La parte apelante presentó un aviso de desistimiento basado en un contrato de transacción entre las partes. El Tribunal atendió el aviso y ordenó el cierre y archivo del recurso de apelación. Adicionalmente, se impuso una sanción de $2,000.00 a la señora Grace Monge La Fosse por conducta temeraria y frívola al no acatar dictámenes del caso. Se destaca que su conducta ha sido referida al Tribunal Supremo para evaluar si constituye práctica legal mediante subterfugios en contravención a su suspensión. La sanción debe pagarse en sellos de Rentas Internas antes del 5 de febrero de 2024.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de Viva Vieques, LLC contra el Municipio de Vieques. Viva Vieques demandó al Municipio reclamando la titularidad de una propiedad inmueble ubicada en una finca municipal. La reclamación se basaba en la posesión por más de 30 años por parte de Viva Vieques y sus predecesores, buscando la inscripción a su favor. El Municipio se opuso, alegando que los poseedores anteriores reconocieron su titularidad en documentos públicos, interrumpiendo la prescripción. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de Viva Vieques. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida.

Resumen:

Se presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Ruth Marín Rivera Rosario contra Jabel Santiago Rivera y Jahdiel Santiago Rivera. El recurso buscaba la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de Sentencia Sumaria presentada por la peticionaria. El caso subyacente es una demanda sobre división o liquidación de la comunidad de bienes hereditarios de Alfredo Santiago Morales, fallecido en 2011. Las partes constituyen la comunidad hereditaria, siendo la peticionaria y los recurridos herederos. La moción de sentencia sumaria alegaba la inexistencia de controversia sobre la composición de la herencia, incluyendo bienes inmuebles, acciones, rentas y diversas deudas y gastos. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del recurso de certiorari solicitado.

Resumen:

Este documento presenta el trasfondo de un caso judicial en Puerto Rico donde William I. Torres Rosario demandó a Laboratorio Clínico M. Landrón, Inc. y sus dueños. El demandante alegó despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 y represalias bajo la Ley Núm. 115. La reclamación de represalias se basa en una queja que presentó sobre el tipo de mascarilla provista por el patrono durante la pandemia de COVID-19. Tras la queja y una ausencia, Torres Rosario fue suspendido indefinidamente y se le solicitaron pruebas médicas específicas. El patrono argumentó que la suspensión se debió a insubordinación y conducta agresiva, no a represalias, y que las pruebas médicas eran una precaución por el COVID-19. El patrono solicitó sentencia sumaria parcial, alegando que quejarse de una mascarilla no es una actividad protegida por la Ley Núm. 115. Torres Rosario se opuso y pidió sentencia sumaria a su favor, sosteniendo que la suspensión fue una clara represalia por quejarse de las condiciones laborales. El Tribunal de Primera Instancia denegó ambas solicitudes de sentencia sumaria, concluyendo que la prueba presentada no permitía determinar si el despido fue injustificado o si hubo represalias relacionadas con la queja de la mascarilla.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Luis Delgado Márquez contra el Municipio Autónomo de Naguabo. El peticionario solicitó la revisión de órdenes y una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus mociones urgentes y de reconsideración. En el foro primario, Delgado Márquez demandó al Municipio por sentencia declaratoria, interdicto permanente y daños y perjuicios. Alegó que el Municipio intentaba expropiar ilegalmente su propiedad, utilizada como comité de campaña política, sin justa compensación y con posible discrimen. Sus mociones urgentes buscaban paralizar el proceso de expropiación forzosa. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dichas solicitudes. Ante la denegatoria, Delgado Márquez acudió en certiorari al Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Jonathan Delgado Benítez presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Buscaba la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Guayama. El TPI había desestimado su solicitud para establecer relaciones paterno filiales con su hija. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción, dado que la menor reside en Massachusetts. El peticionario impugnó esta decisión del foro primario. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por el Sr. Delgado Benítez. Considerando la naturaleza discrecional del certiorari, el panel decidió denegar la expedición del recurso solicitado. La sentencia confirma la denegatoria de la revisión apelativa de la resolución del TPI.

Resumen:

Este caso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de un proceso penal contra Cristian R. Marrero Roche por violación al Artículo 3.2 de la Ley 54 (violencia doméstica). El Ministerio Público acusó a Marrero Roche de agredir gravemente a su expareja, quien luego no compareció a varios señalamientos de vista preliminar. Ante la incomparecencia, el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Primera Instancia que declarara a la testigo no disponible y permitiera usar su testimonio de la vista de causa para arresto. El Tribunal de Primera Instancia accedió a esta solicitud mediante Resolución. Inconforme, Marrero Roche presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que el tribunal inferior erró al permitir la sustitución del testimonio sin una vista evidenciaria sobre la disponibilidad voluntaria de la testigo. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Esto implica que el testimonio anterior de la testigo no podrá ser utilizado en la vista preliminar.