Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 86)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegó la expedición de un auto de certiorari solicitado por Juan G. Almonte Olivence. El peticionario buscaba dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar sus mociones. Dichas mociones solicitaban, esencialmente, la modificación de su sentencia y un nuevo juicio al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Almonte Olivence fue convicto en 2013 por asesinato y violaciones a la Ley de Armas, recibiendo una pena de 129 años tras un veredicto de jurado no unánime. Sus argumentos post-convicción incluyeron la eliminación de una pena por entenderla subsumida en el delito de asesinato. También alegó la aplicación retroactiva de la norma de veredictos unánimes establecida en *Ramos v. Louisiana*. El peticionario argumentó que la evidencia de identificación fue viciada y que la no retroactividad constituía discrimen. El Ministerio Público se opuso, señalando que el discrimen alegado es improcedente y que la identificación ya fue resuelta en apelación previa. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, confirmó la decisión del foro primario al denegar el recurso de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación dentro de un caso de acción reivindicatoria y desahucio. Sofía Pérez Toledo demandó a Jessica Alicea Ruiz y otros por la posesión de una propiedad en Hatillo, alegando ser la dueña y que los demandados la ocupaban ilegalmente tras una supuesta adquisición por subasta. Las acciones principales fueron consolidadas en el Tribunal de Primera Instancia. La apelación se centra en la desestimación de una demanda contra terceros presentada por Pérez Toledo. Esta demanda se dirigió contra Miguel Ortiz Arocho y Universal Properties Real State, LLC, alegando su negligencia como agentes de bienes raíces al mostrar la propiedad equivocada a los demandados principales. Pérez Toledo sostuvo que este error llevó a la ocupación ilegal de su inmueble. Los terceros negaron haber mostrado la propiedad en disputa. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial del foro primario que desestimó la demanda contra terceros.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VII, emitió una resolución el 27 de febrero de 2024 en el caso de certiorari KLCE202400235. Este recurso fue presentado por Osvaldo Villegas Martínez contra Marielys Meléndez Llinas, relacionado con un caso de custodia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La resolución examinó una Moción en Solicitud de Auxilio de Jurisdicción presentada por el peticionario, declarándola No Ha Lugar. Asimismo, el Tribunal denegó la expedición del recurso de certiorari. La determinación se fundamentó en la ausencia de criterios que justifiquen la intervención con una resolución interlocutoria dentro de un proceso de relaciones de familia. Se citó la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones y jurisprudencia aplicable como base para esta decisión. La resolución ordena la notificación inmediata a las partes y a la jueza de instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Domingo Caraballo Santos contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación y Physician Correctional. El apelante, un confinado, recurre una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda por daños, negligencia, discrimen y violación de derechos. Caraballo Santos alegó haber recibido tratamiento médico inadecuado por heridas de arma blanca mientras estaba bajo custodia del DCR, resultando en infección y pérdida de función en su mano, además de discrimen por su nacionalidad. Solicitó servicios médicos y una indemnización de \$75,000. Los demandados solicitaron prórrogas y el DCR presentó una moción de exposición más definida, argumentando que la demanda no cumplía con los requisitos formales de las reglas de procedimiento civil al presentar los hechos como una narrativa sin párrafos numerados. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, decidió confirmar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa presentado por Josué Ortiz Colón. El recurrente, confinado en la Institución Correccional Guerrero, impugnó una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Ortiz Colón había solicitado una evaluación psicológica actualizada, la cual consideraba necesaria para la Junta de Libertad Bajo Palabra. La División de Remedios Administrativos del DCR denegó su solicitud inicial y una posterior reconsideración. El DCR indicó que se requería una orden de la Junta de Libertad Bajo Palabra para el referido y que planificaba preparar un informe para la Junta en marzo de 2024. Ortiz Colón recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que el DCR actuó arbitrariamente y no siguió sus propios reglamentos. El Tribunal admitió su comparecencia *in forma pauperis*. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación administrativa del DCR.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) relativa a una Consulta de Ubicación. La controversia se origina en la aprobación por la Oficina de Permisos del Municipio de Caguas de un proyecto de lavado y mantenimiento de vehículos en una zona residencial, solicitado por IIB, LLC. Un grupo de vecinos presentó una solicitud de revisión administrativa ante la OGPe, argumentando que el proyecto afectaría negativamente el vecindario. IIB, LLC solicitó la desestimación del recurso administrativo por falta de notificación. La OGPe requirió a los vecinos que probaran haber notificado a IIB, LLC. Al no acreditarse la notificación, la OGPe desestimó la solicitud de revisión administrativa por falta de jurisdicción. Los vecinos apelaron esta desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación de la OGPe, validando la desestimación por la falta de notificación adecuada al proponente del proyecto.

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Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de revisión administrativa presentada por el Sr. Hamid Crespo Ruiz contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). El Sr. Crespo Ruiz solicitó la revisión de una resolución del DRNA que declaró Ha Lugar una querella en su contra por violaciones a reglamentos ambientales. Tras la denegación de su reconsideración por el DRNA, el Sr. Crespo Ruiz acudió al Tribunal de Apelaciones alegando errores procesales de la agencia. El Tribunal emitió varias resoluciones requiriendo al Sr. Crespo Ruiz la presentación de un apéndice, concediendo prórrogas y apercibiendo de desestimación por incumplimiento. El DRNA solicitó la desestimación del recurso por el incumplimiento del recurrente en presentar el apéndice y notificar a la agencia. Habiendo transcurrido en exceso los términos concedidos, el Tribunal procedió a resolver. El Tribunal determinó que la ausencia de la presentación del apéndice resultaba en una falta de jurisdicción para adjudicar la controversia. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión administrativa.

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Panel del Tribunal de Apelaciones considera una petición de Certiorari presentada por Ángel M. Santiago Bernier. El peticionario busca revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Solicitud de Desestimación. La solicitud de desestimación se presentó en respuesta a una demanda de Kiara Del Valle Morales por hostigamiento laboral, despido injustificado, discrimen y daños. Santiago argumentó que no respondía personalmente bajo la Ley 80 y que la demandante no agotó los remedios administrativos bajo la Ley 90 para el acoso laboral. El TPI declaró no ha lugar la moción, indicando que no contaba con los elementos fácticos necesarios en esa etapa y concedió término a la demandante para enmendar. Tras una reconsideración denegada, Santiago presentó el Certiorari alegando errores del TPI al denegar la desestimación y considerar un escrito sin firma. La recurrida no presentó oposición al recurso. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su facultad de revisión discrecional, procede a evaluar la petición. Por los fundamentos expuestos en la resolución, se deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por el señor Santiago.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI. El caso es una revisión administrativa presentada por el Municipio de Dorado contra la Comisión Apelativa del Servicio Público. La controversia original proviene de la Comisión bajo el número CASP 2021-03-0580 y trata sobre un Mandamus. El Municipio de Dorado, como peticionario, presentó un Aviso de Desistimiento el 23 de febrero de 2024. El Tribunal examinó dicho aviso. El Tribunal declaró "Ha Lugar" al desistimiento solicitado. Como resultado, se ordenó el cierre y archivo del recurso. Esta disposición se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución en respuesta a un recurso de certiorari presentado por el Sr. Asdrúbal Simón Mata Cabello. El recurrente solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de reconsideración. Dicha moción buscaba revertir una decisión previa del TPI que reconoció el derecho de la Sra. Tali Tee Thula Tovar a solicitar la residencia principal como hogar seguro para ella y sus hijos. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió no intervenir con la determinación recurrida. Fundamenta su decisión en que no surge del expediente que el TPI actuara de manera arbitraria, caprichosa, en abuso de discreción o con error de derecho. Tampoco encontró fundamentos jurídicos para expedir el auto conforme a su reglamento. Por consiguiente, se deniega la expedición del auto de certiorari y se devuelve el asunto al TPI para la continuación de los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos recursos presentados por Antonio Rivera Ortega contra William López Colón y otros. El señor Rivera Ortega impugna decisiones del Tribunal de Primera Instancia en un pleito sobre incumplimiento de contrato, daños y otros remedios. Los recursos buscan revisar tres órdenes que le negaron enmendar su reconvención, inadmitieron prueba pericial por tardía y le requirieron suplementar contestaciones a interrogatorios bajo apercibimiento. También apela una Sentencia Parcial que le anotó la rebeldía, eliminó sus alegaciones y desestimó su reconvención. El caso subyacente fue iniciado por el señor López Colón alegando incumplimiento de un acuerdo de distribución exclusiva de productos de Maná's Bakery. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos KLCE202301153 (Certiorari) y KLCE202301178 (Apelación). Se denegaron solicitudes de paralización de procedimientos presentadas por el apelante en ambas ocasiones. Una solicitud de desestimación de uno de los recursos por la parte apelada fue declarada sin lugar. La Sentencia detalla el historial procesal pertinente a las controversias planteadas en los recursos consolidados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que desestimó cargos criminales contra Marcelino Nieves Flores. Los cargos incluían violaciones a los Artículos 284 y 246 del Código Penal. La desestimación se basó en la Regla 64(n)(6) de Procedimiento Criminal por el transcurso del término para la vista preliminar. El acusado no compareció a varias citaciones para la vista preliminar porque se encontraba bajo custodia federal. A pesar de las órdenes judiciales para su traslado, no fue llevado al tribunal. El Ministerio Público solicitó la revisión de esta desestimación mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari en un caso de alimentos procedente del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La peticionaria, Sarah M. Hernández, impugna una Orden del foro primario que limitó el alcance del testimonio de su perito. Dicha perito, una psicóloga, fue contratada para impugnar un informe social presentado en el caso. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la perito solo podía impugnar las evaluaciones psicológicas contenidas en el informe social, no el informe completo, por considerar que eran disciplinas distintas. La peticionaria solicitó reconsideración de esta orden, la cual fue declarada no ha lugar. Alegó ante el foro apelativo que el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción y erró en derecho al limitar la perito sin seguir las reglas de evidencia y basándose únicamente en la diferencia de disciplinas. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari tres Resoluciones interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia en un pleito laboral. Quality Health Services of Puerto Rico Inc., Hospital San Cristóbal, solicita la revocación de estas resoluciones que denegaron sus peticiones para paralizar el descubrimiento de prueba, dejar sin efecto un aviso de deposición y expedir una Orden Protectora. El pleito subyacente fue iniciado por exempleados que demandaron a San Cristóbal y Hospital Menonita de Ponce por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. Los demandantes alegan haber sido despedidos sin justa causa tras la venta de activos de San Cristóbal a Menonita, argumentando que este último es un patrono sucesor y que ninguno cumplió con las disposiciones de la Ley Núm. 80. Menonita se defiende alegando que nunca fue el patrono de los demandantes y que la controversia debe resolverse mediante arbitraje según el convenio colectivo, no en el tribunal. La sentencia se centra en la revisión de las decisiones del TPI respecto al manejo del descubrimiento de prueba en el contexto de este litigio.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por Luis O. Jiménez Colón contra Alanna Colón Rivera en un caso de custodia y alimentos. El peticionario solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de reconsideración. El caso se originó por una solicitud de modificación de pensión alimentaria presentada por la recurrida. Un Examinador de Pensiones emitió un informe recomendando una pensión provisional a cargo de la madre, basado en un cambio de custodia y cálculos de ingresos. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente acogió el informe, pero luego, tras una moción de reconsideración de la madre, dejó sin efecto la pensión provisional y mantuvo vigente el acuerdo original de 2014, pendiente de una vista evidenciaria. El peticionario impugnó esta decisión mediante moción de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el expediente, denegó el recurso de certiorari presentado por el padre.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una Moción por Derecho Propio presentada por Luis Figueroa Vélez. El señor Figueroa Vélez solicitó que se le abonaran 103 días de detención cumplidos en Wisconsin State Corrections, en relación con los casos ASC2019G0082 y ASC2019G0086 sobre sustancias controladas. Fundamentó su petición en el Artículo 68 del Código Penal de Puerto Rico. Tras evaluar el recurso, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender el asunto. Se explicó la importancia de la jurisdicción como requisito fundamental para que un tribunal pueda adjudicar una controversia. La función del Tribunal de Apelaciones se centra en revisar sentencias finales o, discrecionalmente, otras resoluciones del Tribunal de Primera Instancia, a menudo mediante un recurso de certiorari. Al no cumplirse los requisitos jurisdiccionales, el Tribunal desestimó el recurso sin entrar en los méritos de la solicitud. La desestimación se realizó sin solicitar escritos adicionales no jurisdiccionales.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Certiorari presentada por Jean Carlos Figueroa Lugo. El peticionario solicita la revisión de la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para suprimir evidencia. Figueroa Lugo enfrenta cargos por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Armas, resultantes de una intervención de tránsito. Alega que su detención fue ilegal y que la evidencia obtenida debe ser excluida por violar sus derechos constitucionales. Presenta cinco señalamientos de error, cuestionando la legalidad de la parada, la determinación de causa probable, la doctrina de plena vista y la razonabilidad de un registro. El Tribunal de Apelaciones revisa el caso considerando los argumentos de las partes y la jurisprudencia aplicable. La resolución inicia exponiendo los principios constitucionales que prohíben los registros y allanamientos irrazonables y establecen la inadmisibilidad de la evidencia obtenida ilegalmente. El tribunal procederá a determinar si la evidencia en su contra es admisible.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la denegatoria de libertad bajo palabra al confinado Guillermo Cruz Correa por parte de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Cruz Correa, elegible tras cumplir parte de una sentencia de 48 años, vio su solicitud inicial denegada por falta de un hogar viable y plan de salida estructurado. Tras proponer un nuevo hogar en reconsideración, este fue corroborado por el Departamento de Corrección, y un Oficial Examinador recomendó conceder el privilegio. No obstante, la Junta denegó la reconsideración sin expresar razones detalladas. El recurrente apela, alegando error y abuso de discreción de la Junta al ir en contra de la recomendación favorable y no justificar su decisión. El tribunal establece el estándar de revisión judicial, que otorga deferencia a las agencias administrativas a menos que actúen de forma arbitraria o irrazonable. El documento presenta el historial del caso y los argumentos del recurrente en preparación para la decisión judicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. La apelación fue presentada por Yeriel M. Marrero Rolón contra Patricia Vázquez Cintrón en un caso de custodia de su hija menor. El Tribunal de Primera Instancia había archivado la petición de custodia monoparental del señor Marrero Rolón. La razón fue la falta de jurisdicción, al determinar que el apelante podía intervenir en un caso iniciado por el Departamento de la Familia. El señor Marrero Rolón buscaba la custodia debido a preocupaciones sobre el uso de cannabis por parte de la madre y su salud mental. El Departamento de la Familia se involucró en el caso, otorgando inicialmente custodia provisional al padre y luego iniciando su propio procedimiento por alegado maltrato. La madre también solicitó la custodia de la menor. Tras revisar los antecedentes fácticos y procesales, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la decisión del Tribunal de Primera Instancia de archivar el caso por falta de jurisdicción fue correcta. La sentencia confirma que el asunto de la custodia debe ventilarse en el caso promovido por el Departamento de la Familia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en los recursos de revisión judicial consolidados KLRA202300563 y KLRA202300566. Perfect Integrated Solutions, Inc. y Prime Janitorial Services, Corp. impugnaron la adjudicación de la subasta RFP-2024-003. La Junta de Subastas del Municipio Autónomo de San Juan había otorgado la buena pro a National Building Maintenance, Corp. para servicios de limpieza en facilidades de salud municipal. Los recurrentes solicitaron dejar sin efecto dicha determinación y, en el caso de Prime Janitorial, que se le adjudicara la subasta. El proceso de subasta incluyó aviso público, reunión presubasta, múltiples adéndums y la apertura de propuestas de tres licitadores. Un Comité Evaluador revisó las ofertas basándose en criterios como experiencia, capacidad operacional, plan de contingencia, valor añadido y oferta económica. Tras la consolidación de los recursos y la revisión de los planteamientos de las partes, el Tribunal procedió a resolver. La sentencia confirma la determinación recurrida de la Junta de Subastas. Por tanto, se valida la adjudicación de la subasta RFP-2024-003 a National Building Maintenance, Corp.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de revisión administrativa presentado por North Sight Communications, LLC. El recurso impugna la adjudicación de la Subasta Núm. 2024-62 por parte de la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Aguadilla. Esta subasta tenía como propósito la adquisición e instalación de cámaras de seguridad para centros Head Start y Early Head Start. La Junta de Subastas adjudicó la buena pro a Julio Santos Aponte DBA Diversified Business Systems, considerándolo el licitador con la oferta más económica y que cumplió con las especificaciones. North Sight Communications, LLC, como recurrente, alega que la oferta de Julio Santos no cumplió con múltiples requerimientos de la subasta y, por tanto, no era responsiva. El recurrente señala específicamente el incumplimiento con la ley "Buy American Act", requisito explícitamente solicitado en los pliegos y confirmado por la Junta de Subastas en un addendum. El recurrente solicita revocar la adjudicación y que se le otorgue la buena pro a NSC.

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Se trata de una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El caso surge de una consulta de construcción presentada por Iris A. Santana Báez para obras en su residencia, la cual fue inicialmente autorizada. Vecinos colindantes, José M. González Aponte e Idalis Ocasio Lozada, impugnaron la autorización ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Los vecinos alegaron que la recurrente no notificó a todos los colindantes requeridos por ley y reglamento. La OGPe declaró Ha Lugar la revisión administrativa de los vecinos. La agencia revocó la autorización de la consulta de construcción. La OGPe basó su decisión en el incumplimiento de la recurrente con los requisitos de notificación a colindantes y la presentación de una lista certificada. Iris A. Santana Báez presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones contra la decisión de la OGPe. El documento describe el historial procesal hasta la presentación del recurso ante el Tribunal de Apelaciones.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una solicitud de revisión judicial presentada por Christopher Hernández Collazo contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, confinado, impugna el cómputo de su sentencia, alegando errores en la aplicación de bonificaciones por estudio y reclusión preventiva. También solicita la aplicación de leyes específicas (Ley Núm. 85 de 2022 y Ley Núm. 87 de 2020) relacionadas con la elegibilidad para libertad bajo palabra y porcentajes de crédito. Pide representación legal, excarcelación inmediata y cambio de custodia. Aunque alega haber agotado los remedios administrativos, no presentó copia de una resolución final, respuesta a solicitud o detalles del proceso administrativo y errores imputados. La jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar decisiones administrativas requiere un dictamen final basado en evidencia sustancial en el expediente. Al no existir una determinación administrativa final revisable ni la documentación pertinente, el tribunal no puede ejercer su función judicial. Por tanto, el tribunal anticipa desestimar el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, emitió una Resolución sobre un recurso de Certiorari presentado por Heriberto García Parra. El señor García Parra, quien cumple una sentencia de 99 años, solicitó previamente al Tribunal de Primera Instancia una reducción de sentencia alegando condiciones de salud limitantes. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha petición. Inconforme, el señor García Parra acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari para revisar esa determinación. El Tribunal de Apelaciones examinó el escrito del peticionario y el estado de derecho aplicable. La Resolución explica que el Certiorari es un vehículo procesal discrecional. Se citan los criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para la expedición de dicho recurso. El Tribunal señala que el escrito del peticionario no planteó claramente el error del foro recurrido ni incluyó disposiciones legales o jurisprudencia. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de Certiorari solicitado por el señor García Parra.

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Las apelantes, Hyperbaric Skin and Health Clinic, Inc. y Surima Suárez Cestero, comparecen ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revocación de una Sentencia Sumaria Parcial. Dicha sentencia fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, a favor de FirstBank Puerto Rico. El foro primario declaró Ha Lugar la demanda de FirstBank sobre cobro de dinero, ejecución de prenda y ejecución de hipoteca. La acción legal de FirstBank se fundamentó en el alegado incumplimiento de dos contratos de préstamo suscritos con las apelantes. El primer préstamo, por $649,300.00$, fue garantizado con un pagaré hipotecario y una hipoteca sobre un inmueble. El segundo préstamo, por $120,000.00$, fue garantizado con un gravamen mobiliario sobre cuentas por cobrar e inventario. FirstBank alegó que las apelantes dejaron de satisfacer las mensualidades correspondientes a ambos préstamos. Por los fundamentos que se expondrán, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia Sumaria Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a un recurso de Apelación, acogido como Certiorari, presentado por Carlos Manuel y Carlos Rafael Quiñones González. Los peticionarios solicitan la revocación de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de octubre de 2023. Dicha resolución del TPI dejó sin efecto una Sentencia Enmendada previa de julio de 2023. El caso subyacente es una disputa iniciada en 2013 sobre la conmutación y valoración del usufructo viudal de la Dra. Ana Hilda Mejía Soto. La controversia principal gira en torno a la fecha de valoración de acciones donadas por el causante. El pleito ha pasado por sentencias del TPI y del propio Tribunal de Apelaciones, que en 2019 modificó cálculos y estableció pautas para la valoración del usufructo. Tras revisar el recurso, el panel especial del Tribunal de Apelaciones decide denegar la expedición del recurso de Certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. La apelante, Carmen Vyria Ramírez Alvarado, impugna sentencias parciales del Tribunal de Primera Instancia que desestimaron al Estado Libre Asociado (representando al DTOP) y a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) de su demanda. El caso original surge de una caída sufrida por la apelante en una acera cercana a la Avenida F.D. Roosevelt en San Juan, alegando negligencia de múltiples partes por un desnivel. El DTOP y la ACT solicitaron la desestimación argumentando falta de jurisdicción, control y mantenimiento del área del accidente, citando leyes y presentando certificaciones. La apelante se opuso, argumentando que leyes municipales eximían a los municipios de responsabilidad en carreteras estatales y cuestionando la prueba de las agencias. El Tribunal de Primera Instancia, tras requerir certificaciones, concedió la desestimación a favor de DTOP y ACT. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y el derecho aplicable al caso. El Tribunal de Apelaciones confirmó las sentencias apeladas. Con ello, se mantiene la desestimación del Estado Libre Asociado (DTOP) y la ACT en el pleito.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia resolviendo una apelación presentada por varias organizaciones ambientales y agrícolas. Estas organizaciones impugnaron la desestimación de su Petición de Mandamus por parte del Tribunal de Primera Instancia. La Petición de Mandamus se dirigía contra el Negociado de Energía, el DDEC, la OGPe, la Junta de Planificación y otras entidades gubernamentales. Las organizaciones alegaban que estas agencias incumplieron su deber ministerial de identificar lugares aptos para proyectos de energía renovable y proteger suelos agrícolas y ecológicos. La controversia se originó tras la aprobación de proyectos de energía renovable bajo el Plan Integrado de Recursos (PIR), muchos de los cuales, según las organizaciones, se ubicarían en terrenos agrícolas protegidos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso por entender que carecía de jurisdicción sobre la materia. El Tribunal de Apelaciones revisó esta decisión. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. Con esta decisión, se ratificó la desestimación del pleito por parte del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia el 26 de febrero de 2024. La decisión responde a una Moción solicitando desestimación por academicidad presentada por la parte apelante. Dicha moción fue radicada el 23 de febrero de 2024. El Tribunal determinó que la controversia en el caso se tornó académica. Consecuentemente, se tuvo a la parte apelante por desistida de la acción que ejercitaba. En virtud de la Regla 83 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, se ordenó el archivo del caso. La sentencia fue acordada por el panel de jueces y certificada por la Secretaría del Tribunal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una Solicitud de Certiorari presentada por el Municipio Autónomo de San Juan y Óptima Seguros. Buscan revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción en Solicitud de Desestimación por Falta de Parte Indispensable. El caso original es una demanda por daños y perjuicios incoada por el matrimonio Cruz-González contra el Municipio, Óptima, el ELA y el DTOP. La demanda surge de una presunta caída en una acera en San Juan. El ELA y el DTOP invocaron la aplicabilidad del injunction del caso de Título III (quiebra). El Tribunal de Primera Instancia paralizó los procedimientos únicamente en cuanto al ELA, basándose en el Plan de Ajuste. Posteriormente, el foro primario denegó la moción del Municipio y Óptima para desestimar el caso por la ausencia del ELA como parte indispensable. La presente sentencia del Tribunal de Apelaciones aborda la corrección de esta determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por la Autoridad de los Puertos. La Autoridad recurre una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) del 4 de abril de 2023. Dicha resolución denegó la solicitud de la Autoridad para desestimar una querella presentada por la señora Carmen E. Reyes Cobián. La señora Reyes Cobián alegó discrimen por género, ambiente hostil de trabajo y traslado unilateral. La Autoridad argumentó que las alegaciones eran insuficientes, que no era patrono bajo la Ley Núm. 100 y que no se agotaron los remedios administrativos. El TPI rechazó estos argumentos, ordenó tramitar la querella por la vía ordinaria y refirió el caso a mediación. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la legalidad de esa determinación del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por el Estado en representación del oficial Ferdinand Mercado Borrero. El recurso impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de desestimación contra el oficial en su carácter personal. La demanda original fue incoada por el confinado Heriberto Madera González. El señor Madera González alegó violación de derechos civiles y daños por supuesta persecución y acciones hostiles del oficial Mercado Borrero y otros. Describió incidentes que culminaron en su confinamiento forzado y le causaron daños emocionales y psicológicos. El Tribunal de Apelaciones concedió al demandante la oportunidad de expresarse sobre el recurso. El demandante presentó alegaciones adicionales y solicitó representación legal o una vista. El Tribunal denegó la solicitud del demandante. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la determinación recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impericia médica. La controversia principal es si la demanda presentada por Fernando Colón Serrano contra Mauro Iranzo González y otros está prescrita. El recurrido había presentado una demanda previa que fue desestimada sin perjuicio por no diligenciar los emplazamientos a tiempo. El peticionario argumentó que el término para volver a demandar comenzó a correr automáticamente al vencer el plazo para emplazar en el caso original. Alegó que, al presentar la nueva demanda después de esa fecha, la acción estaba prescrita. El recurrido se opuso, sosteniendo que el término comenzó cuando se le notificó la sentencia desestimando el primer caso. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari, modifica y confirma la Resolución recurrida.

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Sentencia emitida el 26 de febrero de 2024 por un panel de jueces en San Juan, Puerto Rico. Resuelve un recurso de Apelación presentado por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). El CRIM apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Caguas del 1 de septiembre de 2022. Dicha Sentencia del TPI declaró Ha Lugar una Petición sobre expropiación forzosa presentada por el Municipio de Caguas. El Municipio buscaba expropiar una propiedad declarada estorbo público, argumentando que las deudas superaban la compensación estimada. El CRIM intervino en el TPI reclamando una deuda contributiva sobre la propiedad. El TPI concedió la expropiación. La presente Sentencia desestima el recurso de apelación del CRIM. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo para atender el recurso.

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Comparece la parte peticionaria, Efraín Torres Pérez y su esposa Mirka Ivelisse Cabrera Vélez, mediante recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitan la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, dictada el 29 de diciembre de 2023. Dicha Orden declaró No Ha Lugar una moción de reconsideración presentada por los peticionarios. La moción de reconsideración buscaba revertir la desestimación de su Petición de Expediente de Dominio. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la petición al no presentarse prueba que evidenciara que el predio objeto del expediente fue segregado de una finca de mayor cabida, como sugerían los datos del CRIM y la objeción del Municipio de Isabela. Los peticionarios alegaron que la finca se formó antes de 1940 y no requería aprobación de segregación, presentando una declaración jurada sobre el tracto histórico. El Municipio de Isabela se opuso, señalando incongruencias en la ubicación, cabida y la falta de prueba de segregación. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos en la resolución, deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por el matrimonio Torres Cabrera.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución relativa a una petición de certiorari presentada por National Lumber & Hardware. La petición impugna una Sentencia Parcial y Resolución del Tribunal Superior de Fajardo en un caso civil. La demanda subyacente fue presentada por Martha Helena Blandon Correa reclamando daños por una caída cerca de la tienda de National Lumber. National Lumber negó las alegaciones de negligencia. El caso avanzó a través del descubrimiento de prueba, incluyendo deposiciones. El representante designado de National Lumber declaró que ningún empleado tenía conocimiento personal del incidente. El tribunal de primera instancia denegó la solicitud de la demandante para deponer a otros empleados basándose en este testimonio. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición y el historial procesal del caso. La resolución concluye denegando la expedición del auto de certiorari solicitado por National Lumber & Hardware.

Resumen:

Metro Guaynabo Dev, LLC instó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una orden y un mandamiento del Tribunal de Primera Instancia. Dicho dictamen primario había ordenado la anotación preventiva de prohibición de enajenar sobre un inmueble de la peticionaria. El Tribunal de Apelaciones concedió inicialmente una moción en auxilio de jurisdicción, paralizando los procedimientos en el foro inferior. Posteriormente, la peticionaria informó haber presentado un aviso de desistimiento con perjuicio en el caso original ante el Tribunal de Primera Instancia. En virtud de ello, solicitó el desistimiento con perjuicio del recurso de certiorari. Habiendo la parte promovente desistido del caso subyacente, la controversia ante el Tribunal de Apelaciones se tornó académica. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones ordenó la desestimación del recurso de certiorari.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve dos recursos de revisión judicial consolidados (KLRA202300563 y KLRA202300566). Perfect Integrated Solutions, Inc. y Prime Janitorial Services, Corp. impugnaron la determinación de la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de San Juan. Dicha determinación adjudicó la buena pro de la subasta tipo RFP-2024-003 a National Building Maintenance, Corp. La subasta tenía como objeto la contratación de servicios de limpieza para facilidades de salud municipales. Perfect Integrated cuestionó su exclusión, mientras que Prime Janitorial solicitó que se le adjudicara la buena pro. El documento detalla el proceso de subasta, incluyendo la publicación, reuniones, adéndums y la evaluación de propuestas por un comité. Tras evaluar los planteamientos de las partes, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la determinación recurrida.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el señor Israel Galarza Vega mediante un Certiorari Civil. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en un caso de divorcio con alimentos. La resolución impugnada ordenó que las cuentas de servicios de acueductos y energía eléctrica de la propiedad familiar continuaran a nombre del señor Galarza Vega. Esta determinación se relaciona con una pensión alimentaria provisional fijada para el hijo menor. La pensión incluía una porción que el señor Galarza Vega retendría para pagar, entre otros gastos, \$113.50 mensuales para dichas utilidades. El señor Galarza Vega argumentó que su responsabilidad de pago no implicaba mantener las cuentas a su nombre y solicitó que la señora Angelira González Torres las cambiara. La señora González Torres se opuso a esta solicitud. El foro primario, tras considerar las mociones, dictaminó que las cuentas debían permanecer a nombre del peticionario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial presentado por la Junta de Directores del Condominio Valles de Torrimar. La Junta impugna una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que atendió una querella del residente Edgard N. Gutarra. El señor Gutarra se quejó de la presencia y alimentación de gatos realengos en las áreas comunes y la falta de acción de la Junta. El DACo ordenó a la Junta tomar medidas para evitar el uso de áreas comunes para alimentar animales y prevenir su permanencia en dichas zonas. Adicionalmente, el DACo impuso a la Junta el pago de $500 en honorarios por temeridad a favor del querellante. La Junta argumentó que el DACo carecía de jurisdicción y que los gatos realengos no eran animales domésticos bajo su reglamento, mencionando un programa de TNR gestionado por residentes. El señor Gutarra replicó que la omisión de la Junta impedía el disfrute de su propiedad y constituyó temeridad. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución en reconsideración dictada por el DACo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación. La apelación fue presentada por Inmobiliaria Santurce, Inc. y CCVA, Inc. contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha sentencia de instancia desestimó parcialmente una acción contra Quintana Holding, Corp. y ordenó a Inmobiliaria pagar a JLL Puerto Rico Realty \& Co., S en C la suma de $249,769.30. El caso original fue incoado por JLL por cobro de dinero e incumplimiento de contrato. JLL reclamaba comisiones impagas por servicios como agente exclusivo de arrendamiento bajo un contrato. La deuda alegada por JLL ascendía a $140,628.99 por servicios facturados, principalmente en un centro comercial no listado en el contrato inicial, más otras sumas. El Tribunal de Apelaciones revocó parcialmente la Sentencia Parcial del tribunal de instancia. Específicamente, declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de JLL.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió un recurso de Certiorari presentado por Capital Management Group, LLC. La peticionaria solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia de Patillas en un caso de cobro de dinero. La orden impugnada, del 9 de febrero de 2024, sancionó a la demandante con \$100. Además, le exigió cumplir con una resolución previa del 11 de enero de 2024. Esta resolución anterior había convertido el caso a proceso ordinario tras no lograrse la notificación de la demandada para una vista de Regla 60. La orden del 11 de enero requería la presentación de un proyecto de emplazamiento y un informe sobre las gestiones para diligenciarlo. La peticionaria admitió haber incumplido parcialmente la fecha límite para informar las gestiones debido a un error de calendario. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso, determinó denegar la expedición del Certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso presentado por Marta Pérez Guzmán contra Edwin Pérez Rosa. El recurso impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó un auto inhibitorio sin vista. Dicho auto buscaba impedir que una jueza del Tribunal Municipal de Caguas continuara atendiendo un caso bajo la Ley 140. El caso municipal se originó por una querella de Edwin Pérez Rosa sobre la venta de un vehículo, donde la jueza ordenó a la Sra. Pérez Guzmán pagar \$3,000. La peticionaria cuestionó la jurisdicción del Tribunal Municipal bajo la Ley 140 mediante mociones que fueron denegadas. Ante la denegatoria del TPI y la continuación del caso municipal, incluyendo una citación por desacato, la Sra. Pérez Guzmán acudió al Tribunal de Apelaciones. Este Tribunal concedió auxilio de jurisdicción, paralizando los procedimientos en ambas instancias. Aunque el recurso correcto contra la sentencia del TPI era una apelación, el Tribunal de Apelaciones lo atenderá como tal. El recurrido no compareció ni expresó su posición en el término concedido.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una resolución sobre un recurso de certiorari presentado por Chubb Insurance Company of Puerto Rico. Chubb Insurance solicitó la revisión de una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia desestimó con perjuicio reclamaciones relacionadas con una póliza específica de responsabilidad general comercial de Chubb Insurance. No obstante, el TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria respecto a las restantes causas de acción y controversias en el caso. El litigio subyacente se originó con una demanda de cobro de dinero presentada por una Asociación de Condómines contra MMC, LLC. MMC, a su vez, presentó una demanda contra terceros contra Las Brisas Property Management, Inc. y su aseguradora, Chubb Insurance. MMC alegó que Las Brisas aprobó cuotas desmedidas e instigó cobros ilegales, y que Las Brisas y Chubb Insurance incumplieron con sus deberes. Chubb Insurance contestó negando las alegaciones en su contra. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, deniega expedir el auto de certiorari solicitado por Chubb Insurance.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Franklin Credit Management Corporation (FCMC) demandó a Jorge José Rosa Miranda por incumplimiento de pago de un pagaré hipotecario. El TPI dictó Sentencia Sumaria a favor de FCMC, ordenando al señor Rosa Miranda pagar \$126,431.55 más intereses y honorarios de abogado, y autorizando la ejecución de la hipoteca. El señor Rosa Miranda solicitó la revisión de esta sentencia. El Tribunal de Apelaciones observó que la Sentencia Sumaria no adjudicó de forma fehaciente la reconvención presentada por el señor Rosa Miranda. Ante la pendencia de esta causa de acción, el Tribunal acogió el recurso como un certiorari. No obstante, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari. El caso es devuelto al TPI para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de certiorari presentado por Scott Anderson Cortés Guzmán. El peticionario solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo sobre relaciones paternofiliales. Al presentar el recurso, el peticionario omitió información esencial y documentos requeridos, como la fecha y contenido de la determinación recurrida. El Tribunal le concedió un término de quince días para que proveyera la documentación faltante y perfeccionara el recurso. El peticionario incumplió con dicha orden. El Tribunal reitera la obligación de las partes de perfeccionar sus recursos de alzada, incluyendo los documentos necesarios conforme a las reglas procesales, como la Regla 34(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La falta de inclusión de la documentación requerida impide que el recurso se perfeccione y priva al Tribunal de jurisdicción para atender el asunto. Ante el incumplimiento del peticionario con la orden de perfeccionamiento, el recurso se considera inadecuado. Por consiguiente, el Tribunal desestima el presente auto de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio sobre pensión alimentaria. El apelante, Francisco De La Cruz López, recurrió una resolución del Tribunal de Primera Instancia que fijó su obligación de pensión alimentaria mensual en \$1,154.75 y ordenó el pago retroactivo de \$33,487.75. El recurso, presentado inicialmente como Certiorari, fue reclasificado por el Tribunal como apelación. La apelada, Yazmin Margarita Crespo, se opuso al recurso y solicitó su desestimación por alegado incumplimiento en la notificación. El apelante no presentó su posición sobre la solicitud de desestimación dentro del término concedido. El Tribunal da por perfeccionado el recurso y procede a detallar los hechos pertinentes a la apelación. El asunto de la pensión alimentaria se originó con una moción de la madre en marzo de 2021, resultando en un informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias en septiembre de 2021 que recomendó una pensión provisional. La resolución apelada acogió un informe posterior de la Examinadora.

Resumen:

Se revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de desahucio por falta de pago de cánones de arrendamiento. La demandante, dueña de la propiedad, alegó que el apelante dejó de pagar la renta pactada de $350 mensuales desde mayo de 2023. El apelante presentó mociones cuestionando la validez de la citación y solicitando prueba del contrato de arrendamiento. Tras una vista en su fondo, el foro primario determinó que existía un contrato de arrendamiento y que el apelante no había pagado la renta desde mayo de 2023. La sentencia apelada ordenó el desalojo inmediato de la propiedad. El apelante recurrió la decisión ante este foro. El panel revisó los fundamentos y las determinaciones de hecho del tribunal de primera instancia. Considerando la falta de pago probada, se concluyó que procedía el desahucio. Por tanto, se confirmó la Sentencia apelada que ordenó el desalojo del apelante.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso KLRA202400015. Este caso era una revisión administrativa presentada por Learn Aid, LLC contra el Departamento de Educación. El recurso impugnaba errores en la adjudicación de la Solicitud de Propuestas (RFP) DEPR-UAF-22-010 por parte de la Oficina Central de Compras del Departamento. Learn Aid, LLC presentó un Aviso de Desistimiento el 22 de febrero de 2024. El Tribunal examinó dicho aviso y determinó que procedía. En consecuencia, la Sentencia ordena el cierre y archivo del recurso. Esta decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La Sentencia fue emitida el 23 de febrero de 2024.