Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 83)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de Certiorari presentado por Hospital Español Auxilio Mutuo. El Hospital solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción de Desestimación por falta de jurisdicción. La demanda original fue presentada por Alexander Santana Marrero y otros, alegando despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 y represalias bajo la Ley Núm. 115. Santana alegó que su despido fue en represalia por testificar en una querella sindical ante el Departamento de Salud. El Hospital argumentó que el caso debía ser desestimado por falta de jurisdicción, alegando que las reclamaciones caían bajo la jurisdicción exclusiva del National Labor Relations Board (NLRB). El TPI determinó que las alegaciones presentaban causas de acción bajo las leyes locales y no bajo actividades exclusivas del NLRB. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado por el Hospital. Esta denegatoria confirma la decisión del TPI de retener jurisdicción sobre el caso.

Resumen:

Miguel Jaime Blas, confinado que cumple una sentencia de setenta años por delitos de la derogada Ley de Armas y Ley de Sustancias Controladas, ha impugnado su condena en múltiples ocasiones sin éxito. En su recurso de Certiorari más reciente, presentado el 1 de febrero de 2024, solicitó la nulidad de ciertos cargos y una reducción de pena. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición. Sin embargo, el recurso adolece de serios defectos de perfeccionamiento. Incumple con requisitos reglamentarios como la inclusión de un índice detallado, una relación fiel de los hechos procesales y un apéndice con documentos clave, incluyendo la moción presentada en primera instancia y la sentencia impugnada. Debido a estos incumplimientos sustanciales, el Tribunal determina que carece de jurisdicción para atender el recurso. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones se ve obligado a desestimar la petición de Certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega un recurso de certiorari presentado por Luis D. Echevarría González. El peticionario solicitaba la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción de Desestimación. Dicha moción buscaba la desestimación de cargos estatales por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Armas. El peticionario alegó que los cargos estatales violaban la prohibición constitucional a la doble exposición. Argumentó que los hechos estatales fueron considerados conducta relevante en una alegación preacordada que suscribió en un caso federal. El Ministerio Público se opuso, indicando que los cargos y hechos no eran idénticos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación. El peticionario recurrió en certiorari, reiterando el argumento de doble exposición basado en la alegación preacordada federal. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega el recurso.

Resumen:

Fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de comunidad de bienes. La apelante, Wanda Ramírez Montalvo, solicitó la división de bienes tras su divorcio, alegando la existencia de propiedad conjunta adquirida durante el matrimonio. El apelado, José Enrique Rodríguez Rosa, argumentó que las partes se casaron bajo un régimen de total separación de bienes según capitulaciones matrimoniales. Sostuvo que no existía propiedad ganancial y que él adquirió los bienes reclamados con fondos privativos. El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia parcial determinando que el matrimonio se rigió por la separación de bienes. La apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y el historial del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado del foro primario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una Petición de Certiorari presentada por el Estado Libre Asociado (ELA). El ELA, en representación del Departamento de Corrección, solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden declaró No Ha Lugar el Aviso de Injunction Paralizando la Litigación presentado por el ELA en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. La demanda original fue presentada por la señora Mabel del Carmen Colón Berrios y otros contra el ELA/DCR por la muerte de un familiar en una institución correccional. El ELA argumentó que la reclamación excedía los límites estatutarios permitidos bajo la modificación del injunction de PROMESA en la Orden de Confirmación del Plan de Ajuste. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de paralización y la posterior moción de reconsideración del ELA. El ELA recurrió en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, alegando error del foro primario al no ordenar la paralización. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este es un juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. El tribunal enfatiza la importancia de la jurisdicción y la nulidad de las actuaciones sin ella. Se discuten las reglas para apelar múltiples sentencias, incluyendo la consolidación y la necesidad de recursos separados para determinaciones distintas. Un requisito legal fundamental es el pago de los aranceles correspondientes por cada recurso de apelación presentado. La falta de pago de estos aranceles anula los documentos o escritos radicados ante el tribunal. En este caso, la apelante intentó apelar dos sentencias de casos diferentes y no consolidados con un solo recurso. El tribunal determinó que se trataba de sentencias distintas que requerían apelaciones separadas y el pago de aranceles por cada una. La apelante no pagó los aranceles correspondientes al segundo recurso necesario. Este incumplimiento con el requisito de pago de aranceles afecta la validez de la presentación apelativa.

Resumen:

La Sra. Nina Chock Rivera presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Impugnaba una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de reconsideración. El caso subyacente trata sobre la designación de un síndico y la disolución de la corporación ART-DRAFT AUTHORITY, INC., instado por José Ignacio Blanco Aneiros. Tras una apelación previa, la corporación presentó un certificado de disolución, del cual el TPI tomó conocimiento. En una vista posterior, el TPI limitó el descubrimiento de prueba al plan de liquidación y valoración de acciones, considerando la disolución acreditada. La Sra. Chock Rivera argumentó que no se le permitió impugnar la disolución ni realizar una auditoría forense. El TPI denegó su reconsideración, lo que motivó el presente certiorari. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestimó el recurso de certiorari. La desestimación se basó en la determinación del tribunal apelativo de que carecía de jurisdicción para atender el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre una petición de certiorari presentada por Luis José Irizarry Zapata. El peticionario impugnaba una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha determinación establecía que el peso de la prueba en la vista de supresión de evidencia correspondía a la defensa. La moción de supresión se relacionaba con evidencia obtenida tras el arresto del peticionario por infracciones de tránsito y una posterior orden de registro de su vehículo. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición de certiorari y una moción posterior en auxilio de jurisdicción. El tribunal decidió desestimar ambos recursos. La desestimación se fundamentó en que la petición era prematura. La determinación del Tribunal de Primera Instancia sobre el peso de la prueba fue emitida en corte abierta pero no fue notificada formalmente como una resolución. La notificación formal es indispensable para activar los términos jurisdiccionales para la revisión apelativa.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari presentado por Walter Castillo. El peticionario solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Dicha resolución denegó una Moción en solicitud supresión de evidencia presentada por Castillo. El peticionario enfrenta cargos por infracción a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Armas. Alegó que la evidencia ocupada (marihuana, cocaína y un arma de fuego) fue obtenida ilegalmente durante una intervención sin orden judicial ni motivos fundados. El Ministerio Público se opuso, argumentando la legalidad de la intervención y la credibilidad del testimonio del agente. Tras evaluar las mociones y la vista de supresión celebrada en el foro primario, el Tribunal de Apelaciones procedió a resolver el recurso. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario. Consecuentemente, también declaró no ha lugar la Moción Solicitando Paralización de los Procedimientos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202400083. El Estado Libre Asociado apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la devolución de un vehículo confiscado a Gabriel C. Maldonado Rodríguez. El Sr. Maldonado Rodríguez impugnó la confiscación de su vehículo, alegando ilegalidad y falta de notificación oportuna. El ELA solicitó la desestimación de la demanda, argumentando que la impugnación fue presentada fuera del término jurisdiccional de 30 días, el cual, según su interpretación, comenzó a correr cuando la notificación enviada fue devuelta por no reclamada. El Sr. Maldonado Rodríguez se opuso, sosteniendo que la Junta de Confiscaciones no le notificó dentro del término legal de 30 días desde la ocupación del bien. Tras examinar el recurso, el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de ejecución de hipoteca. La peticionaria, Lydia I. Otero Encarnación, solicitó la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden denegó su solicitud de reconsideración de una previa denegatoria de relevo de sentencia. La sentencia original, dictada en rebeldía en 2021, condenó a la peticionaria al pago de una deuda hipotecaria. Tras el inicio de los procedimientos de ejecución y levantamiento de paralizaciones por quiebra, la peticionaria solicitó en 2023 el relevo de la sentencia por supuesta nulidad. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar esta solicitud y su posterior reconsideración. La peticionaria recurrió en apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma la orden recurrida. En consecuencia, se mantiene la denegatoria del relevo de la sentencia en rebeldía solicitada por la peticionaria.

Resumen:

Se trata de una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, presentada por Yoel Ortiz Rivera contra una decisión de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). El recurrente buscaba legalizar la construcción de cuatro apartamentos en una residencia unifamiliar en Toa Baja, ubicada en una zona Residencial Intermedio (R-I). La OGPe declaró la solicitud No Favorable, señalando principalmente incumplimientos con los requisitos de estacionamiento. A pesar de que el recurrente presentó planos enmendados y explicaciones para demostrar la existencia de seis espacios compactos y la viabilidad del acceso, la OGPe mantuvo su determinación. La División de Revisiones Administrativas de la OGPe confirmó la decisión original. Ante esto, el señor Ortiz Rivera acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la resolución administrativa. Tras examinar los argumentos y documentos, el Tribunal decidió confirmar la determinación administrativa recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por Alianza Hipotecaria Inc. La apelación busca la revocación de una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. El caso subyacente se originó como una demanda por daños y perjuicios relacionada con vicios de construcción y problemas asociados a un préstamo de refinanciamiento hipotecario. La disputa involucra confusión sobre la propiedad objeto del financiamiento y los servicios de tasación y agrimensura relacionados. La Cooperativa Yabucoop, demandada original, presentó una demanda contra terceros, incluyendo a Alianza Hipotecaria, por su participación en estos servicios. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia Parcial apelada. Tras su análisis, el Tribunal decidió modificar la Sentencia Parcial. Finalmente, el Tribunal confirmó la Sentencia Parcial tal como fue modificada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación del Comité de Subastas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). St. James Security Services, LLC impugnó la adjudicación de la Subasta RFP 00003252 para servicios de vigilancia y protección. La AEE publicó la invitación a la subasta y realizó una reunión pre-subasta con los licitadores interesados. Tras la apertura de las propuestas, el Comité Técnico Evaluador analizó las cotizaciones. El informe técnico señaló que la cotización de St. James era significativamente más alta que el costo estimado. Inicialmente, la AEE adjudicó la subasta a Bridge Security Services como el postor más bajo. St. James solicitó reconsideración y revisión, alegando defectos en la notificación de adjudicación. Un recurso anterior de St. James fue desestimado por falta de jurisdicción debido a la notificación defectuosa. Posteriormente, la AEE emitió una Notificación de Adjudicación Enmendada el 9 de noviembre de 2022, favoreciendo a Genesis Security Services, Inc. St. James presentó un nuevo Recurso de Revisión Judicial contra esta determinación, el cual el Tribunal de Apelaciones confirmó.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400017. La apelación fue presentada por Palmas de Lucía Inc. y otros demandados contra Condado 6, LLC. Los apelantes buscaban revocar la Sentencia Enmendada dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao. Dicha sentencia había declarado "Ha Lugar" la moción de Condado 6 y ordenado a los apelantes el pago de deudas. El caso original inició con una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca y gravamen mobiliario por parte de Condado 6. Condado 6 alegó haber adquirido los intereses del Banco de Desarrollo Económico en seis préstamos comerciales. Los apelantes cuestionaron la legalidad y validez de la cesión de estos préstamos a favor de Condado 6. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Enmendada del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel Especial (VI), en el caso de Pearson PEM PR, INC. contra el Departamento de Educación de PR. El recurso era una revisión judicial de una adjudicación administrativa (RFP DEPR-UAF-22010) del Departamento de Educación, sobre errores en dicha adjudicación. Pearson PEM PR, INC., la parte recurrente, presentó un Aviso de Desistimiento de Solicitud de Revisión Judicial el 5 de marzo de 2024. El Tribunal examinó dicho aviso. Mediante sentencia emitida el 7 de marzo de 2024, el Tribunal declaró "Ha Lugar" al desistimiento solicitado. En consecuencia, se ordenó el cierre y archivo del recurso del caso. La decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El panel estuvo integrado por las Juezas Ortiz Flores y Rivera Pérez, y el Juez Rivera Torres.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. El caso surge de una querella por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 presentada por Neida Matute Arroyo contra Pep Boys ante la OMA del DTRH. Pep Boys recurrió la determinación de la OMA que declaró no ha lugar su solicitud de sentencia sumaria. Pep Boys argumentó que el despido de la Sra. Matute Arroyo fue por justa causa debido a violaciones a las normas de la empresa. La querellante se opuso a la sentencia sumaria, alegando la existencia de controversias materiales de hechos. Posteriormente, la Sra. Matute Arroyo solicitó el desistimiento voluntario del caso ante la OMA tras presentar una demanda en el Tribunal de Primera Instancia. La OMA emitió una resolución denegando la sentencia sumaria y otra ordenando el cierre y archivo del caso sin perjuicio. Pep Boys apeló ambas resoluciones ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de las decisiones de la OMA. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó las resoluciones recurridas.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Los peticionarios, José A. Rivera García y Lycette González Andrades, impugnaron la desestimación de su querella bajo la Ley 140. La querella original en el Tribunal de Primera Instancia se refería al olor y humo de cannabis proveniente del apartamento del recurrido, Gian C. Santiago De la Rosa. El foro primario desestimó la acción por falta de jurisdicción, indicando que la jurisdicción primaria recaía en el Departamento de Salud. Tras un proceso para asegurar la notificación escrita de la desestimación y resolver un asunto de oportunidad del recurso, el Tribunal de Apelaciones procedió a revisar la determinación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Revocó la Orden del Tribunal de Primera Instancia que había desestimado la querella. La sentencia aborda la naturaleza discrecional del certiorari y los principios de jurisdicción sobre la materia.

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Franco Luis Román Quiles y Yolanda Nieves Vargas apelaron la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla que denegó su solicitud de expediente de dominio. Buscaban justificar su titularidad e inmatricular una finca que alegaban poseer por más de 41 años, adquirida mediante un documento privado extraviado. El tribunal primario les requirió presentar certificaciones del CRIM y de mensura, así como notificar y citar a diversas agencias gubernamentales, compañías de servicio público, colindantes y dueños anteriores. Los peticionarios cumplieron con algunos requisitos, pero argumentaron contra la necesidad de notificar a LUMA y AAA y de realizar una nueva mensura. Sostuvieron que las leyes aplicables no exigían estas notificaciones y la mensura en su caso particular. A pesar de sus argumentos y esfuerzos parciales de cumplimiento, el foro primario declaró No Ha Lugar la petición de inmatriculación. Este documento es la resolución del Tribunal de Apelaciones que da curso al recurso presentado contra esa determinación.

Resumen:

Brian E. Santiago López presentó un recurso de Revisión Administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la nulidad de las sanciones impuestas por el Comité de Disciplina del Conservatorio de Música, avaladas por el Rector, tras una querella por hostigamiento sexual. El recurrente alegó violaciones al debido proceso de ley y la nulidad del reglamento administrativo utilizado en su contra. El proceso administrativo en el Conservatorio incluyó la presentación de la querella, su remisión al Comité de Disciplina y la celebración de vistas. Durante el proceso surgieron controversias procesales, como la asistencia del recurrente a las vistas y la presentación de prueba, influenciadas por una orden de protección. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado por Santiago López. La Resolución del Tribunal determina desestimar la acción. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso de revisión administrativa.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una Petición de Certiorari. El recurso fue presentado por JAAV, Inc. contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una solicitud de desistimiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La AAA había instado una demanda de expropiación forzosa en 2008 para adquirir un predio de terreno para un pozo de agua, la cual fue inicialmente concedida por el TPI. Quince años después, en 2023, la AAA solicitó desistir del caso alegando la inexistencia del fin público. JAAV, Inc. se opuso al desistimiento, argumentando abuso de derecho y falta de justa compensación por el uso prolongado de la propiedad. El TPI concedió el desistimiento pero pautó juicio para la adjudicación de daños. Inconforme, JAAV, Inc. acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, determinó desestimar la Petición de Certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por ASSMCA. ASSMCA impugnó una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo. Dicha orden instruía a ASSMCA a ubicar a Edwin Candelario Sosa en un hogar de cuido prolongado o a sufragar sus gastos hospitalarios. ASSMCA alegó que la orden del TPI era contraria a derecho e interfería con sus funciones y la separación de poderes. El participante, Edwin Candelario Sosa, solicitó la desestimación del recurso. Argumentó que ASSMCA incumplió con la notificación requerida a la peticionaria original, Hilda Sosa Quiñones. ASSMCA sostuvo haber notificado a otras partes relevantes. Tras revisar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por incumplimiento de la Regla 33(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Un consumidor presentó una querella ante DACo alegando que un concesionario no le informó sobre un accidente previo al comprar un vehículo usado en 2016. El consumidor descubrió el historial del vehículo tras un accidente propio en 2020 y solicitó la rescisión del contrato y daños. DACo inspeccionó el vehículo, confirmando reparaciones y reemplazo de piezas por un impacto anterior. Tras una vista, DACo declaró sin lugar la querella. La agencia determinó que el concesionario sí informó al consumidor por escrito, al momento de la compra, que el vehículo había sido impactado, reparado y tenía piezas de reemplazo. El Tribunal de Apelaciones confirma la decisión de DACo. El récord sostiene la conclusión de la agencia de que el querellante fue debidamente informado sobre el historial del vehículo antes de adquirirlo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso KLAN202400022. La apelante, Karla Tatiana Rivera Lamberty, impugna una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reclamación por daños y perjuicios contra la abogada Pilar Pérez Rojas. La acción se fundamenta en alegada impericia profesional durante la representación legal de la señora Rivera Lamberty en un litigio previo sobre liquidación de gananciales. En aquel caso, la licenciada Pérez Rojas apeló una sentencia adversa, pero no incluyó la transcripción de la prueba oral requerida por el reglamento. Esta omisión impidió al Tribunal de Apelaciones revisar la evaluación de la evidencia por el foro primario, resultando en la confirmación de la sentencia original. En la presente Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia Sumaria apelada. Considera que no procedía desestimar la reclamación de impericia profesional en esa etapa.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes recurrieron la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró ha lugar las demandas presentadas en su contra por los apelados. Las demandas se basaban en el incumplimiento de pago de tres pagarés hipotecarios garantizados. Un argumento clave de los apelantes era que el demandante (apelado) requería una licencia especial para otorgar dichos préstamos. El foro primario había concluido que el demandante no era un prestamista sujeto a dicha regulación. Tras revisar el tracto procesal y los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. Se detallan los montos originales y las modificaciones de interés de los tres préstamos hipotecarios en disputa. La propiedad que garantiza las obligaciones también se identifica.

Resumen:

Esta resolución considera un recurso de Certiorari presentado por Pedro Juan Rivera Amador. El peticionario solicita revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su solicitud para anular una venta judicial de dos inmuebles. Dicha venta se realizó como parte de la ejecución de una Sentencia por las alegaciones dictada por el TPI en 2016. Esa sentencia ordenó al peticionario y su esposa pagar más de \$1 millón al Banco Popular por deudas hipotecarias. El caso original comenzó en 2011 como una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Tras la sentencia de 2016, el TPI ordenó en 2023 la ejecución mediante subasta pública de dos propiedades. El peticionario impugnó la validez de esta venta judicial ante el TPI, siendo denegada su solicitud. El tribunal de apelaciones evalúa ahora el recurso de Certiorari presentado por el señor Rivera Amador. El Banco Popular ha comparecido oponiéndose a la expedición del auto.

Resumen:

El recurrente, Josué Ortiz Colón, solicitó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) la corrección de su Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia. Alegó que la fecha de cumplimiento del término mínimo de su sentencia debía ser el 16 de enero de 2024, según la Ley Núm. 85-2022, y no el 16 de agosto de 2024. La División de Remedios Administrativos del DCR denegó su solicitud inicial y una posterior petición de reconsideración, confirmando la corrección del cálculo. Inconforme, el señor Ortiz Colón acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión administrativa. El Tribunal examinó su facultad revisora sobre decisiones administrativas, limitada por ley a órdenes o resoluciones finales. Señaló que un dictamen final debe incluir determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y advertencias sobre recursos disponibles. La normativa busca asegurar el agotamiento de los remedios administrativos ante la agencia antes de la revisión judicial. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal desestimó el recurso presentado por el recurrente. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción del Tribunal para revisar la determinación agencial en este caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III, emitió una resolución en el caso de revisión judicial Q-2023-AC-0005. Las partes en el procedimiento eran Julián Londoño Guzmán como recurrido y la Cooperativa de Ahorro y Crédito TU COOP como recurrente. El caso provenía de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas. La recurrente, TU COOP, presentó una moción solicitando desistir del recurso de revisión con perjuicio. El Tribunal atendió y declaró Ha lugar dicha moción. En consecuencia, se dictó sentencia de desistimiento con perjuicio. La resolución ordena el cierre y archivo definitivo del procedimiento. Esta decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por la Sucesión de Carmen Delia Meléndez Alicea contra Banco Popular de Puerto Rico. La apelación surge de una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciada por el Banco Popular. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado una reconvención de la Sucesión y dictado sentencia sumaria a favor del Banco. Dicha sentencia condenaba a la Sucesión al pago de principal adeudado, intereses, cargos por demora, costas, gastos y honorarios de abogado. Además, imponía el pago de sumas adicionales para cubrir futuros adelantos e intereses extra. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación del foro primario. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones modifica la decisión apelada. La modificación consiste en revocar la imposición del pago de las sumas destinadas a cubrir cualquier otro adelanto y los intereses adicionales a los garantizados por ley.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202300664. El caso se origina de una demanda presentada por Nazareno Enterprises and Services Inc. contra exempleados y Puerto Rico Prosthetics Manufacturing, Corp. Nazareno alegó que sus exempleados violaron una cláusula de no competencia al trabajar para PR Prosthetics. La demanda inicial buscaba interdictos y daños por incumplimiento contractual. El caso ha tenido un historial procesal extenso, incluyendo apelaciones previas. Una apelación anterior validó la cláusula de no competencia, que el Tribunal de Primera Instancia había declarado nula inicialmente. Otra apelación previa modificó una sentencia del foro primario sobre la responsabilidad de las partes. El presente recurso revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que impuso responsabilidad a los demandados por la violación de la cláusula. El Tribunal de Apelaciones modifica la Sentencia apelada y, así modificada, la confirma.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una Apelación. El apelante, Héctor Rubén Márquez Villanueva, solicitó revocar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su demanda y le impuso honorarios. La demanda original buscaba la rescisión de una compraventa de propiedad y daños, alegando que los apelados incumplieron el pago de la hipoteca asumida y una cláusula contractual que exigía la devolución de la propiedad. Los apelados negaron el incumplimiento, cuestionaron la legalidad de la cláusula y reconvinieron por daños. En el juicio, se presentó evidencia de que los apelados saldaron la hipoteca. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda del apelante y le impuso honorarios por temeridad. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada, ratificando la decisión del foro primario.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Juan José Crespo Rivera solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de reconsideración. Dicha solicitud de reconsideración se relacionaba con la previa denegación de una moción de relevo de sentencia. El peticionario argumentó la nulidad de una sentencia de 2014 en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Luquillo Development, S.E. Alegó ser parte indispensable en dicho pleito, dada su participación del 33.34% en la sociedad deudora, y que su ausencia invalidaba el dictamen. La sentencia de 2014 se basó en un acuerdo de consentimiento que permitía la ejecución hipotecaria de la finca Consuelo si no se pagaban las deudas a Paisajes de Praga, LLC. Paisajes de Praga se opuso, sosteniendo que Crespo Rivera no era parte indispensable y señalando problemas con la divulgación de sus activos en un caso de quiebra. El TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de relevo de sentencia y la posterior reconsideración. Este recurso de certiorari busca revisar esa determinación del TPI.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. La parte peticionaria, Jaime Antonio Sierra Albertorio y Mr. Pelican Restaurant and Tapas, Inc., solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha resolución del TPI, emitida el 4 de febrero de 2024, declaró No Ha Lugar una Moción de Desestimación presentada por los peticionarios. La moción de desestimación se fundamentaba en la alegada falta de una parte indispensable y en que la demanda no exponía una reclamación que justificara un remedio. Junto al recurso, los peticionarios presentaron una moción en auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos. El Tribunal de Apelaciones, tras analizar el escrito y el expediente, resolvió denegar la expedición del recurso de Certiorari solicitado. En consecuencia, también declaró No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción. La decisión se tomó prescindiendo de trámite ulterior conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. La peticionaria, Ashline Nicole Olivo Villafañe, impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia en su caso de divorcio. Dicha orden denegó su solicitud para emplazar por edictos al demandado, Félix Elnes Ramos Cirino, quien reside en New York. El foro primario requirió prueba de diligencias específicas para localizar al demandado por parte de alguien sin interés en el pleito, considerando insuficiente la declaración jurada de la peticionaria. La peticionaria alegó que la Regla de Procedimiento Civil permite el emplazamiento por edicto cuando el demandado está fuera de Puerto Rico. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Tras analizar el recurso y el derecho aplicable, el tribunal concluyó que el foro primario erró. Por tanto, revocó la orden recurrida, permitiendo el emplazamiento por edictos.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por Gladimar Ortiz Aponte. La peticionaria solicitó la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de posponer un juicio pautado para el 7 de marzo de 2024. La peticionaria alegaba no tener representación legal ni fondos para contratarla debido a un proceso de quiebra, argumentando que esto le impedía el acceso a la justicia. El Tribunal de Primera Instancia había relevado a su abogado anterior y le había concedido varios términos para conseguir nueva representación, reiterando la fecha del juicio. La peticionaria presentó la Petición de Certiorari y una Moción Solicitando Auxilio de Jurisdicción ante el foro apelativo. El Tribunal de Apelaciones declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando Auxilio de Jurisdicción. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de Certiorari presentado por la peticionaria.

Resumen:

Sentencia de un panel apelativo sobre un recurso instado contra una decisión en un caso de desahucio. La apelante buscaba la revocación de una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La parte apelada solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción, alegando que la apelación fue presentada fuera del término legal. El tribunal apelativo evaluó su jurisdicción, requiriendo información adicional a la apelante sobre la naturaleza del procedimiento. Tras considerar los escritos, el panel concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso, aunque por razones distintas a las alegadas por la apelada. Se reitera la norma de que la falta de jurisdicción sobre la materia es un defecto insubsanable y que los tribunales deben ser guardianes de su propia jurisdicción. Se menciona el término de cinco días dispuesto en el Código de Enjuiciamiento Civil para apelar sentencias de desahucio. Por tanto, el recurso de apelación es desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños. La desestimación, sin perjuicio, se fundamentó en que el demandante, Carlos E. Vargas Figueroa, no diligenció el emplazamiento al demandado, David Villanueva Matías, dentro del término de 120 días dispuesto en la Regla 4.3 de Procedimiento Civil. El apelante solicitó reconsideración, argumentando que no fue notificado de la necesidad de emplazar y que la desestimación sin previo apercibimiento bajo la Regla 39.2 era improcedente. El foro primario denegó las mociones de reconsideración y solicitud de emplazamiento. El Tribunal de Apelaciones considera la apelación para determinar si procedía la desestimación por la falta de emplazamiento oportuno. Se reitera la importancia del emplazamiento para adquirir jurisdicción y cumplir con el debido proceso. El Tribunal de Apelaciones adelanta que confirmará la Sentencia apelada.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico involucra la revisión judicial de dos determinaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, Héctor Román Montañez, confinado por asesinato en primer grado, impugnó la denegación de su participación en los programas de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico y Religioso/Hogar Crea. El DCR basó su decisión en que la normativa vigente excluye a personas convictas por dicho delito de los programas de desvío. El recurrente alegó que la denegación fue arbitraria, carente de base legal y contraria al mandato constitucional de rehabilitación, argumentando la inaplicabilidad de la ley citada por el DCR. Tras la reconsideración administrativa denegada, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó los planteamientos del recurrente. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó las determinaciones emitidas por el DCR.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial que examina dos recursos de revisión presentados por Serrallés Hotel, Inc., Hotel Plaza Las Delicias, Inc., y H.I. Development Puerto Rico, Corp. Los recurrentes impugnan determinaciones de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Estas determinaciones se relacionan con la solicitud de franquicia de JRC Consolidated, Inc. para operar una sala de juegos de azar en Ponce. Los hoteles recurrentes se opusieron a dicha solicitud ante la OCIF, alegando incumplimientos reglamentarios y sobresaturación del mercado. Solicitaron intervenir en el proceso administrativo, lo cual fue denegado por la OCIF. También recurrieron una resolución de la OCIF favorable a JRC Consolidated. El panel judicial evaluó ambos recursos de revisión. La sentencia concluye con la desestimación de ambos recursos. La razón fundamental para la desestimación es la falta de jurisdicción del tribunal para atender los recursos.

Resumen:

Comparece una peticionaria en un caso de divorcio solicitando la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción para Emplazar por Medio de Edictos. La peticionaria alegó desconocer la dirección actual del recurrido, indicando que vive en la República Dominicana y que su última dirección conocida era la de ella, donde convivieron. El Tribunal de Primera Instancia declaró "no ha lugar" la moción, señalando contradicciones en el affidavit y que la dirección provista no era la actual. La peticionaria presentó una Moción de Reconsideración, explicando su imposibilidad de localizar al recurrido tras más de veinte años sin comunicación. El Tribunal de Primera Instancia también denegó la reconsideración. Inconforme, la peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Certiorari. La peticionaria argumentó que el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar la solicitud de emplazamiento por edicto. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del presente recurso de Certiorari.

Resumen:

La Corte de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución sobre una petición de certiorari presentada por Randolfo Rivera Sanfeliz contra FirstBank Puerto Rico. El señor Rivera Sanfeliz buscaba revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Demanda para impugnar un laudo parcial de arbitraje. Dicho laudo se relacionaba con su alegación de que FirstBank lo despidió sin justa causa, incumpliendo su contrato de empleo y violando el debido proceso. FirstBank argumentó que la terminación estaba vinculada a programas federales como TARP, que el señor Rivera Sanfeliz firmó un relevo, y que la cláusula de arbitraje del contrato establecía que el laudo sería final y vinculante, limitando la revisión judicial. Tras examinar los antecedentes fácticos y procesales, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Esta determinación valida la desestimación por parte del Tribunal de Primera Instancia de la acción del señor Rivera Sanfeliz para revocar el laudo arbitral.

Resumen:

Ana Paula Fernández Borges apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, notificada el 24 de octubre de 2023. Dicha sentencia ordenó la ejecución de una hipoteca sobre una propiedad residencial. El caso se originó con una demanda de ejecución de hipoteca instada en 2020 por Reverse Mortgage Funding LLC (luego Longbridge Financial LLC) contra Héctor Manuel Fernández Soto y su sucesión. La demanda alegaba incumplimiento en el pago de seguro y/o contribuciones sobre una hipoteca revertida otorgada en 2013. El proceso incluyó el emplazamiento de múltiples partes, incluyendo herederos residentes fuera de Puerto Rico mediante edicto. Tras los trámites procesales y la falta de alegaciones responsivas, el foro primario dictó la sentencia de ejecución. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por la apelante. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo para atender el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó dos recursos de revisión judicial presentados por Héctor Román Montañez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Román Montañez impugnó las determinaciones del DCR que denegaron sus solicitudes para participar en los programas de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico y Religioso/Hogar CREA. El DCR basó sus denegaciones en que la convicción por asesinato en primer grado excluía al recurrente de dichos programas, citando la derogada Ley Núm. 315-2004 y el Plan de Reorganización del DCR. Román Montañez solicitó reconsideración, alegando falta de evidencia sustancial, aplicación errónea de la ley y violación al mandato de rehabilitación. El DCR reafirmó sus decisiones. El recurrente acudió entonces al Tribunal de Apelaciones, argumentando múltiples errores en la actuación del DCR. El Tribunal, tras evaluar los recursos, confirmó las determinaciones emitidas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Comparecen varios hoteles y casinos (recurrentes) ante un panel judicial para solicitar la revisión de dos determinaciones de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Uno de los recursos impugna la denegatoria de su solicitud de intervención en un trámite administrativo. El otro recurso cuestiona una resolución de la OCIF que acogió una moción de JRC Consolidated. JRC Consolidated había solicitado una franquicia para operar una sala de juegos de azar. Los recurrentes se opusieron a dicha solicitud ante la OCIF y la Comisión de Juegos, alegando incumplimientos reglamentarios y sobresaturación del mercado. Solicitaron intervención, un estudio de viabilidad y una vista administrativa. La Comisión de Juegos emitió un endoso para el proyecto de JRC Consolidated. El panel judicial evaluó los recursos presentados por los recurrentes. Finalmente, el tribunal desestima ambos recursos de revisión por falta de jurisdicción.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación presentado por María I. Rivera Maldonado contra Truenorth Corporation. La apelación proviene de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia acogió una moción de sentencia sumaria parcial de Truenorth, desestimando la reclamación por represalias bajo la Ley Núm. 115-1991, pero ordenando la continuación del pleito por salarios y beneficios. La Sra. Rivera Maldonado había demandado alegando ser empleada a la que se le negaban beneficios y se le redujo el salario en represalia por sus reclamos. Truenorth sostuvo que era contratista independiente y negó las represalias. La apelante argumenta que el foro primario erró al concluir que no hubo acción protegida ni acción adversa bajo la Ley 115, y al admitir cierta declaración jurada. Tras examinar el recurso, el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones desestima la apelación.

Resumen:

Comparece Wanda I. Cabezas Ortiz ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revocación de la Resolución 2023-093 de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Dicha resolución denegó su solicitud relacionada con la devolución de las aportaciones de retiro de su fallecido esposo. La AEE intentó notificar la resolución en dos ocasiones, logrando la notificación final el 31 de enero de 2024. Inconforme, la señora Cabezas Ortiz presentó el recurso de revisión administrativa el 29 de febrero de 2024. El Tribunal procedió a examinar el recurso y su propia jurisdicción para atenderlo. Tras evaluar el derecho aplicable, el Tribunal determinó que carece de jurisdicción para considerar el recurso al amparo de la Regla 57 de su Reglamento. La falta de jurisdicción sobre la materia es insubsanable y obliga al Tribunal a desestimar el caso. Por tanto, el recurso de revisión administrativa es desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari sobre liquidación de comunidad de bienes. La peticionaria, Miriam Montes Mock, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su solicitud de remedio en relación con un presunto activo ocultado por su exesposo, José E. Pedroza Rodríguez, durante la liquidación. Las partes habían alcanzado previamente un acuerdo transaccional que fue aprobado por el tribunal. La peticionaria alegó que el recurrido adquirió una participación en una propiedad usando fondos gananciales sin revelarlo en el acuerdo. Solicitó la valoración del bien y el pago de su parte, amparándose en una cláusula del acuerdo sobre activos ocultos. El recurrido sostuvo que los fondos utilizados provenían de su herencia privativa. La peticionaria argumentó que el recurrido no presentó evidencia para rebatir la presunción de ganancialidad. El Tribunal de Primera Instancia no proveyó la solicitud de la peticionaria. El Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto de certiorari y revocar la determinación recurrida.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Vector Builders Group Corp. La empresa interpuso una Revisión Judicial contra una Resolución de Denegatoria de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La OGPe denegó la Solicitud de Permiso Formal para Extracción de Materiales de la Corteza Terrestre presentada por Vector Builders. La denegatoria se fundamentó en la Regla 3.5.2 del Reglamento Conjunto 2020. Vector Builders es propietaria de un terreno en Vega Alta afectado por un derrumbe en una ladera ("mogote"). Diversas certificaciones e informes documentaron la inestabilidad de la montaña y el riesgo que representa, agravado tras el paso del huracán Fiona. Se recomendó procurar autorización urgente para cortes de terreno con el fin de estabilizar los taludes por razones de salud y seguridad. La solicitud de permiso buscaba precisamente realizar trabajos de mitigación de emergencia en el área inestable. El recurso de Revisión Judicial busca que el Tribunal de Apelaciones revise la decisión administrativa de la OGPe.

Resumen:

En un caso de Asesinato en Primer Grado, Roberto Santiago Vélez presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, solicitando la revisión de dos determinaciones del Tribunal de Primera Instancia y auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos. El peticionario impugnó una alegada determinación verbal denegando una moción de desestimación bajo la Regla 64-p, de la cual no existe resolución escrita notificada. También solicitó la revisión de una Orden que denegó su moción urgente para transferir el juicio, argumentando que su representación legal no había completado la revisión de la prueba. El Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud de auxilio de jurisdicción. Respecto a la determinación verbal sobre la moción de desestimación, el Tribunal declaró que no podía atenderla por falta de jurisdicción al no existir un dictamen escrito y notificado. Finalmente, el Tribunal denegó la solicitud relacionada con la transferencia del juicio en su fondo.

Resumen:

Un panel de jueces revisa una apelación presentada por WM Capital Partners 53, LLC contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución declaró a Pearl Holdings, LLC como la parte con derecho preferente sobre fondos depositados por Golden Triangle Realty, S.E. El TPI ordenó la liberación de más de $3.1 millones a favor de Pearl Holdings. El caso subyacente se inició en 2011 con una demanda de Scotiabank por cobro de dinero y ejecución de garantías contra Golden Triangle y otros. Scotiabank cedió su crédito a WM Capital, quien asumió la representación legal. Un intento previo de los co-demandados de ejercer el retracto de crédito litigioso fue desestimado por el Tribunal Supremo en 2020, que devolvió el caso al TPI. La apelación actual se enfoca en la determinación de la preferencia de Pearl Holdings sobre los fondos consignados en el foro primario. Las partes han completado la presentación de sus alegatos ante esta Curia.