Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 78)

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces de apelación resolviendo un recurso presentado por Dorado Beach East Homeowners' Association, Inc. La Asociación demandó a Francisco José Rivera Fernández y Aurora Sofía Valladares Díaz por cobro de dinero. El Tribunal de Primera Instancia desestimó inicialmente la demanda contra el Sr. Rivera Fernández por falta de jurisdicción debido a problemas de emplazamiento. Posteriormente, el TPI desestimó el caso completo al considerar al Sr. Rivera Fernández una parte indispensable. La Asociación apeló esta determinación, alegando que la obligación era solidaria y que el codemandado no era indispensable. El tribunal de apelación revisó los antecedentes del caso y los argumentos de las partes. La sentencia detalla el proceso judicial previo, incluyendo las mociones y decisiones del TPI. Concluye revocando la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Este fallo del Tribunal de Apelaciones resuelve una apelación en un caso de cobro de dinero y ejecución de garantías. La apelación fue presentada por Dail Rodríguez Pérez contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que favoreció a Banco Popular de Puerto Rico. La sentencia apelada concedió sentencia sumaria al Banco Popular y desestimó la reconvención del apelante. Durante el proceso de apelación, Banco Popular solicitó la desestimación del recurso. Alegó que el apelante incumplió con el requisito de notificar la portada del recurso al tribunal de origen. El apelante admitió el incumplimiento, justificándolo como un error o inadvertencia humana. Banco Popular argumentó que dicho error no constituía justa causa para obviar la regla procesal. El Tribunal de Apelaciones evaluó la moción de desestimación y la respuesta del apelante. Determinó que el apelante no cumplió con el requisito de notificación. Por tanto, declaró Ha Lugar la solicitud de desestimación del Banco Popular y desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLRA202400120. El recurso de revisión proviene de un caso de la Oficina del Comisionado de Seguros (CM-DA-2023-07) sobre alegadas violaciones al Código de Seguros. Las partes involucradas son la Oficina del Comisionado, Irma M. Martínez Colón (recurrente) y Triple-S Vida, Inc. La recurrente, Irma M. Martínez Colón, presentó una moción solicitando el desistimiento del recurso. El Tribunal de Apelaciones declaró Ha Lugar dicha moción el 8 de abril de 2024. Como resultado, se ordenó el cierre y archivo del recurso de revisión. Esta decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por International PR Parking Service, Inc. contra el Municipio Autónomo de Arecibo. El recurso busca revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de desahucio en precario. El Municipio demandó a International por la ocupación de dos estacionamientos municipales cuyos contratos habían vencido. Tras una vista, el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden provisional de cese y desista contra International. International presentó una moción para recusar al juez, alegando que la orden provisional demostraba prejuzgamiento. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de recusación el 28 de febrero de 2024. International acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari para impugnar dicha denegatoria. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del recurso de Certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso original es un cobro de dinero presentado por Retail Value, Inc. contra Danny & Daniel's Management, LLC y los peticionarios, Carlos D. Ayala Nieves y Noelia L. Marrero Porrata. La demanda reclama el pago de \$148,300.72 por renta impagada bajo un contrato de arrendamiento comercial. Los peticionarios, emplazados por edicto, contestaron la demanda negando las alegaciones y presentando defensas afirmativas. Alegaron que no operaban el negocio cuando se acumuló la deuda y que habían cedido la operación a un tercero, CM Holding Group, Inc., a quien demandaron. El recurso de certiorari fue presentado por los peticionarios para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para dejar sin efecto una anotación de rebeldía. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Josué Ortiz Colón, un confinado, presentó una solicitud de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Peticionó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le denegó la exención del pago de aranceles por indigencia en un caso sobre violación de derechos. La denegatoria se fundamentó en que, según el TPI, no completó adecuadamente el Formulario OAT-1480 para solicitar dicha exención. El peticionario alegó haber completado el formulario y que este no está diseñado para personas confinadas. El Tribunal de Apelaciones observó que el señor Ortiz Colón no incluyó en su apéndice una copia del Formulario OAT-1480 rechazado por el TPI. Esta omisión impide al Tribunal de Apelaciones conocer el contenido de lo informado al foro primario. Se destaca la obligación de las partes, incluso las que comparecen por derecho propio, de cumplir con las reglas procesales apelativas. La Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige incluir documentos relevantes del expediente original en el apéndice. La omisión de un documento crucial puede impedir el perfeccionamiento del recurso y llevar a su desestimación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari. Antonio Maldonado Vargas solicitó la revisión de órdenes del Tribunal de Primera Instancia en un caso de custodia. El foro primario denegó su impugnación a un Informe Social por haber transcurrido el término de 20 días concedido. Posteriormente, el tribunal de instancia acogió dicho Informe Social. Maldonado Vargas argumentó que la enfermedad de su abogada justificaba la tardanza en la presentación de la impugnación. El Tribunal de Apelaciones evaluó la solicitud. Determinó que la condición de salud de la representación legal constituía causa justificada para no cumplir con el término. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Revocó la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia. La decisión permite al peticionario impugnar el Informe Social a pesar del vencimiento del término inicial.

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El Tribunal de Apelaciones emite Sentencia en Reconsideración en un caso de revisión de pensión alimentaria. Acoge la moción de reconsideración presentada por el apelado, Juan C. Albors Lahongrais. Deja sin efecto su Sentencia anterior del 19 de diciembre de 2023. En su lugar, confirma la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 23 de mayo de 2023. Dicha Resolución acogió el informe de la Examinadora de Pensiones Alimenticias. Este informe validó un acuerdo de pensión alcanzado por las partes en 2018. El acuerdo había sido previamente devuelto por el Tribunal de Apelaciones para su formalización y evaluación. La Examinadora concluyó que el acuerdo satisfacía las necesidades de los menores, lo cual fue adoptado por el foro primario y ahora confirmado por el Tribunal de Apelaciones.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impericia médica. Los apelantes, el Dr. Ángel Nazario Rodríguez y SIMED, impugnan una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que archivó la reclamación en su contra sin perjuicio. Los demandantes habían solicitado un desistimiento voluntario parcial sin perjuicio, al cual los apelantes se opusieron argumentando el estado avanzado del pleito. Aunque los demandantes posteriormente accedieron a que el desistimiento fuera con perjuicio, el foro primario mantuvo la desestimación sin perjuicio tras una vista de autorización judicial. Los apelantes recurrieron esta determinación, señalando que el TPI erró al no desestimar con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación instado. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción.

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La apelación se relaciona con la desestimación de una demanda presentada por Charlene A. Greene Rodríguez contra el Departamento de Educación y el Departamento de Justicia. La demandante impugnaba su despido y la demora en un proceso administrativo previo. El Tribunal de Primera Instancia desestimó inicialmente por falta de jurisdicción, pero el Tribunal de Apelaciones, tras reconsideración, revocó esa decisión y devolvió el caso. En el foro primario, se requirió a la señora Greene Rodríguez que obtuviera representación legal para el descubrimiento de prueba. A pesar de múltiples advertencias y sanciones, compareció sin abogado. El Tribunal de Primera Instancia desestimó finalmente la demanda sin perjuicio debido a su incumplimiento y la interrupción de los procedimientos. La señora Greene Rodríguez ha apelado esta última determinación ante el Tribunal de Apelaciones.

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El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) solicitó la revisión de dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de expropiación forzosa iniciado por el Municipio de Juncos sobre una propiedad declarada estorbo público. El Municipio estimó la justa compensación en $25,245.00, pero alegó que las deudas por contribuciones y gastos de limpieza/mantenimiento excedían este valor, resultando en una deficiencia. El TPI, en una Resolución, determinó que el CRIM carecía de legitimación activa y que el Municipio podía deducir deudas y gastos, sin requerir depósito alguno debido a la deficiencia. Posteriormente, en una Sentencia, el TPI declaró Ha Lugar la expropiación, invistió el título al Municipio y reiteró que no se requería depósito por la deficiencia existente. El CRIM había comparecido previamente para notificar una deuda contributiva de $82,613.29 sobre la propiedad y reclamar su acreencia. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación. No obstante, expide el auto de certiorari. Finalmente, revoca la Resolución del TPI que negaba legitimación al CRIM y permitía la deducción de deudas sin depósito.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202400251. La apelación procedía de un caso de cobro de dinero del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao. Las partes incluían al Consejo de Titulares del Condominio Maralago como apelados y a entidades como Deutsche Bank y Bosco Puerto Rico, LLC como apelantes. Los apelantes presentaron una moción de desistimiento voluntario del recurso. Esta solicitud se basó en que las partes alcanzaron una transacción sobre la propiedad objeto del litigio. Dicho acuerdo puso fin a las controversias pendientes ante el foro apelativo. El Tribunal consideró que el recurso se tornó académico. En consecuencia, dictó sentencia de desistimiento con perjuicio. Se ordena el cierre y archivo definitivo del caso. Adicionalmente, se dejó sin efecto una resolución previa del 19 de marzo de 2024.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en una Solicitud de Revisión Administrativa presentada por Heidie Calero Calero. La recurrente impugna una Resolución del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) relacionada con una querella sobre información del Condominio Montebello. DACO declaró parcialmente Ha Lugar la querella, ordenando la entrega de cierta información financiera y contractual, pero denegó la solicitud de nombres, firmas y datos de contacto de los titulares del condominio. La Sra. Calero apeló esta denegatoria, argumentando su derecho a dicha información para convocar una asamblea. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que carece de jurisdicción para atender el recurso. La razón principal es que la Solicitud de Revisión Administrativa fue presentada de forma prematura. Por lo tanto, el Tribunal no puede resolver el fondo del señalamiento de error planteado por la recurrente en este momento procesal.

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El Tribunal de Apelaciones acogió como certiorari un recurso presentado por la Asociación de Residentes del Condominio San Francisco. La Asociación recurrió de una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso contra One Alliance Insurance Corporation por incumplimiento de contrato y daños tras el Huracán María. La Orden apelada denegó una "Moción en Solicitud de Rebeldía y Sentencia Sumaria Parcial" presentada por la Asociación. Mediante dicha moción, la Asociación buscaba que se ordenara a la aseguradora el pago de una oferta de ajuste inicial. El foro primario declaró "No Ha Lugar" la moción por entender que no cumplía con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil. La Asociación alegó como error que el TPI no concediera el remedio solicitado de ordenar el pago de lo debido. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones resolvió prescindir de la comparecencia de la parte recurrida. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y confirmó la Orden recurrida. Esto valida la decisión del tribunal inferior de denegar la moción de sentencia sumaria parcial por incumplimiento procesal.

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Esta sentencia del panel de apelaciones revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) sobre la custodia y relaciones paternofiliales de dos menores. El apelante, Enier Camacho Rodríguez, impugna la Resolución del TPI que acogió las recomendaciones de un informe social forense. Dicho informe, preparado por una Trabajadora Social, propuso la custodia monoparental del menor AECR para el padre y la del menor AGCR para la madre, Nydia Luz Rivera Rivera (apelada). También detalló las relaciones filiales recomendadas para cada menor con el progenitor no custodio. El TPI adoptó provisionalmente estas recomendaciones y concedió a las partes un término para mostrar causa o impugnar el informe. El apelante manifestó su intención de impugnar el informe con un perito, pero una vista programada para ello no se llevó a cabo. La apelada presentó su alegato solicitando la confirmación de la decisión del TPI. El panel de apelaciones procede a revisar el recurso con las comparecencias de ambas partes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una resolución de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). El recurrente, ex sargento Jorge Rivera Sánchez, impugna la decisión de la CIPA que confirmó su expulsión de la Policía de Puerto Rico. La expulsión se originó por una querella administrativa de 2018 que imputaba al recurrente conducta constitutiva de violencia doméstica en varios incidentes entre 2017 y 2018. Tras una investigación y proceso administrativo, el Negociado de la Policía emitió una resolución final en 2022 confirmando la destitución. Rivera Sánchez apeló ante la CIPA, alegando violación al debido proceso por la dilación en el proceso administrativo. La CIPA declaró con lugar una moción de desestimación del Negociado y confirmó la expulsión. El recurrente solicitó revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar la Resolución recurrida emitida por la CIPA.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación de la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente, Reinaldo Rivera Morales, impugnó la resolución de la Junta del 12 de diciembre de 2023 que le denegó el beneficio de libertad bajo palabra. La Junta fundamentó su decisión en varios factores, incluyendo el nivel de custodia del confinado, la existencia de un detainer federal, la falta de un hogar viable y la ausencia de propuestas de empleo o estudio. El señor Rivera alegó que la Junta erró en sus apreciaciones y que sus fundamentos para la denegación eran incorrectos o injustificados. Tras evaluar el recurso de revisión, el Tribunal de Apelaciones procedió a confirmar el dictamen emitido por la Junta de Libertad Bajo Palabra.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución en un recurso de Certiorari presentado por Samuel Silva Ramírez. El recurso impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 6 de febrero de 2024. En dicha resolución, el foro primario consignó que no había autorizado la comparecencia por derecho propio del peticionario en el caso. El caso subyacente en Primera Instancia trata sobre la impugnación o nulidad de un testamento otorgado por la madre de las partes en 2011. Samuel Silva Ramírez alega fraude, dolo, intimidación y falta de capacidad de la testadora, buscando anular el testamento que beneficia a su hermano, Luis Daniel Silva Ramírez. Luis Daniel Silva Ramírez solicitó la desestimación de la demanda por cosa juzgada, basándose en acuerdos transaccionales previos. El Tribunal de Primera Instancia también había ordenado al peticionario mostrar causa sobre su representación legal. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de Certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por haber sido presentado de forma tardía.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, KLAN202400100, trata sobre una apelación presentada por Jesús Berrios Ortiz contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia concedió una pensión alimentaria excónyuge a Nilsa Enid Pujols Chico. El Tribunal de Primera Instancia fijó la pensión en $550 mensuales, retroactiva a julio de 2013, resultando en una deuda de $67,100, además de ordenar el pago de $5,000 en honorarios de abogado. Las partes se divorciaron en 2013, y la solicitud de alimentos fue presentada poco después. El caso tuvo un historial procesal extenso, incluyendo órdenes de pensión provisional y apelaciones previas relacionadas con la capacidad económica de la apelada tras recibir fondos de bienes gananciales. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, decidió modificar el dictamen apelado. Una vez modificado, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Gabriel López Hiraldo presentó un recurso de mandamus ante el Tribunal de Apelaciones solicitando que se ordenara a la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) a emitir una resolución final en su apelación sobre una denegatoria de ascenso, pendiente desde 2016. El peticionario acudió al foro apelativo intermedio ante la prolongada inacción de la CASP, a pesar de que esta había declarado en rebeldía al Negociado de la Policía en 2022. El Tribunal de Apelaciones solicitó a la CASP mostrar justa causa para la demora. La CASP informó que, con posterioridad a la presentación del mandamus, había emitido una orden señalando vista en su fondo para el 17 de abril de 2024. En sentencia de 4 de abril de 2024, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de mandamus. La desestimación se fundamentó en la doctrina de justiciabilidad. El Tribunal concluyó que la controversia se tornó académica. Dado que la CASP ya había tomado acción para adjudicar el caso subyacente, no procedía emitir una orden de mandamus.

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Freddy García Tatis presentó un auto de mandamus ante el Tribunal de Apelaciones solicitando que se ordenara a la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) a adjudicar su apelación administrativa. La apelación original, radicada en 2015, impugnaba un proceso de selección de personal en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), alegando violación a la Ley Núm. 66-2014. Aunque la vista adjudicativa ante la CASP se celebró en marzo de 2022, el caso permaneció sin resolver por casi dos años. Ante la falta de decisión, García Tatis acudió al Tribunal de Apelaciones en marzo de 2024. El Tribunal requirió a la CASP que explicara la demora. La CASP informó que el caso se había resuelto el 20 de marzo de 2024, antes de su respuesta al mandamus. En su resolución, la CASP declaró Ha Lugar la apelación de García Tatis. La CASP anuló el proceso de reclutamiento y la convocatoria, ordenando a la CFSE ocupar el puesto según la Ley Núm. 66-2014. Dado que la CASP ya había adjudicado el caso subyacente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de mandamus por haberse tornado académico.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se trata de un recurso de Certiorari, originado de una apelación, sobre la adveración de un testamento ológrafo. Emilio Fagot Rodríguez, primo del causante Pedro Remberto Fagot Bigas, solicitó la verificación y protocolización de un testamento que alegó haber recibido del fallecido. Carmen Margarita Fagot Bigas, hermana del causante, intervino en el proceso. Ella había iniciado previamente un procedimiento de declaratoria de herederos asumiendo que su hermano había fallecido intestado. La hermana se opuso a la petición de adveración, argumentando falta de notificación adecuada y cuestionando la jurisdicción del tribunal. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la petición de adveración y protocolización del testamento. La hermana apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como Certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revoca una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un pleito por incumplimiento de contrato. La resolución apelada determinó que una moción de reconsideración presentada por el peticionario, MRD, LLC, no interrumpió los términos para apelar. El foro primario basó su decisión en que la moción de reconsideración no fue notificada a todas las partes, específicamente a Deya Elevators Services, Inc. El caso se originó con una demanda de MRD contra Pro Site y Deya por cobro de dinero relacionado con trabajos de construcción. Previamente, el Tribunal de Primera Instancia había desestimado la acción contra Deya mediante sentencia parcial. MRD solicitó la reconsideración de esa sentencia, pero Deya alegó falta de notificación. El Tribunal de Primera Instancia acogió el argumento de Deya, declarando que la reconsideración no interrumpió los términos. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el dictamen, concluye que la determinación del foro primario es incorrecta. Por tanto, revoca la resolución del 1 de diciembre de 2023.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, instado por Carmen Torres Parra contra el Municipio Autónomo de San Juan. La apelante solicitó revocar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda del Municipio. Dicha Sentencia ordenó la revocación del permiso concedido a la señora Torres Parra para operar el Restaurante Iris. El Municipio alegó que el establecimiento operaba como barra con música en vivo, en violación al permiso original de restaurante con recreación comercial simple. Se expidieron multas administrativas por estas infracciones en varias ocasiones. El Municipio también argumentó que se utilizó información falsa para obtener un permiso posterior. Tras evaluar los argumentos y la prueba presentada en el foro primario, incluyendo la incomparecencia inicial de la apelante a la vista, el Tribunal de Primera Instancia revocó el permiso. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el recurso, resolvió confirmar la Sentencia apelada.

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Luis Alberto Miranda Burgos appeals a judgment from the Court of First Instance in Bayamón. He was convicted by a jury for a shooting incident on November 23, 2020. The convictions include two counts of first-degree murder, one count of attempted first-degree murder, and two violations of the firearms law. These charges relate to shooting three individuals, resulting in two deaths and one injury. Mr. Miranda Burgos was sentenced to 129 years in prison. His appeal challenges the verdict, arguing the prosecution did not prove guilt beyond a reasonable doubt. He contends the court erred by not applying self-defense or the Castle Doctrine. Other grounds for appeal involve alleged inconsistencies in evidence and investigation errors. The Court of Appeals is reviewing the case based on these arguments and the legal standards, starting with the burden of proof.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la Resolución Núm. 67 de la Junta de Subastas del Municipio de Bayamón. Dicha resolución adjudicó la buena pro de la subasta SP-2023-24-05 para la adquisición y mantenimiento de un sistema de alarma a International Security Experts, Corp. Ranger American of Puerto Rico, LLC solicitó la revisión, alegando que el aviso de adjudicación era inoficioso y que la Junta erró al evaluar las propuestas. La recurrente argumentó fallas en la determinación del "mejor valor" y en el manejo de un supuesto empate entre las propuestas. La Junta había recomendado la propuesta de ISEC por considerarla la de mejor valor y más económica. El Tribunal examinó el expediente administrativo a la luz del Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107-2020, que regula estos procesos y confiere jurisdicción apelativa. Tras evaluar los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación recurrida de la Junta de Subastas.

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SENTENCIA La controversia ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se centra en determinar si una demanda por daños y perjuicios presentada contra el Estado Libre Asociado y otras partes antes de la quiebra bajo el Título III de PROMESA puede continuar su curso o si está impedida por el injunction permanente de la orden de confirmación del plan de quiebra. El caso original fue paralizado en 2017 debido a la petición de quiebra. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la reapertura del caso, interpretando una orden modificatoria del foro federal de quiebras de octubre de 2022 como una exclusión para este pleito. El Estado apeló esta decisión mediante certiorari, argumentando que el foro primario carecía de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones analizó si la orden modificatoria debía interpretarse para excluir este pleito instado previo a la quiebra del injunction permanente. El tribunal concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al decretar la reapertura. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución del foro primario, determinando que la demanda no podía continuar.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de Certiorari presentado por Royal Isabela, Inc. y otros, solicitando la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó una moción de sentencia sumaria presentada por los peticionarios en un caso de difamación, libelo, calumnia y daños y perjuicios. El foro primario concluyó que existían controversias de hechos que impedían resolver el pleito sumariamente. La demanda original fue instada por Maribel Riollano Ramos, una sargento de la policía municipal, quien alegó que el Director de Seguridad de Royal Isabela presentó una querella falsa en su contra ante el municipio. Esta querella, según la demandante, afirmaba falsamente que ella acudió a las facilidades de Royal Isabela para fines personales en horas laborables. La demandante sostuvo que estas alegaciones falsas resultaron en una investigación municipal, medidas disciplinarias y la posibilidad de su despido. Los peticionarios buscaron la desestimación o sentencia sumaria del caso. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la solicitud, deniega la expedición del auto de Certiorari.

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Jorge Carlo Sánchez Marchosky presentó un Recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra Firstbank de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El peticionario solicitó la revisión de dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia de San Juan emitidas en febrero de 2024. La primera orden determinó que el caso se reactivó por las actuaciones de las partes, a pesar de una paralización previa para mitigación de pérdidas. La segunda orden denegó la moción de reconsideración del peticionario y su solicitud de referido a mediación. El caso había sido paralizado en julio de 2023 por 45 días para permitir el proceso de mitigación. Firstbank solicitó la continuación de los procedimientos en agosto de 2023, indicando que la oferta de transacción no fue aceptada. El peticionario se opuso, alegando mala fe por parte del banco en el proceso de mitigación. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que el caso se había reactivado y denegó la reconsideración. El peticionario impugnó estas decisiones mediante el Certiorari, señalando seis errores. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los planteamientos, denegó la expedición del auto de Certiorari.

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Resolución de un panel judicial sobre una petición de certiorari presentada por condóminos de Costa Dorada y Costa Dorada II. La petición busca revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de intervención en una etapa post-sentencia. El pleito original fue iniciado en 2009 por BBVA (sustituido por CDJR) contra Costa Real y otros por cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Dicho pleito se relaciona con préstamos de construcción para el proyecto Costa Dorada, garantizados con hipotecas sobre propiedades en Río Grande. La corte re-encauzó la apelación inicial de los condóminos como un certiorari. Se solicitó a las partes originales, incluyendo CDJR, que expusieran su posición sobre la expedición del auto. CDJR presentó un alegato oponiéndose al certiorari por falta de jurisdicción. La corte ha considerado las comparecencias y da por perfeccionado el recurso. Se procederá a detallar los hechos relevantes para la petición de certiorari.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una Petición de Certiorari presentada por Olga Iris Montijo Cruz. La peticionaria solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria en un caso sobre liquidación de comunidad de bienes. La Sra. Montijo litiga con la sucesión de Andrés Rivera Laboy respecto a una propiedad adquirida durante su convivencia. Ella alega que nunca estuvieron casados y que ella fue la única que aportó económicamente a la propiedad, buscando ser declarada dueña exclusiva. La sucesión reconvino, afirmando la existencia de una comunidad de bienes de 21 años y solicitando su liquidación. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al identificar controversias de hechos materiales, específicamente sobre la capacidad económica de la Sra. Montijo para adquirir y pagar la propiedad e hipoteca. Al encontrar estos hechos en disputa, el tribunal de instancia determinó que el caso requería procedimientos adicionales. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la petición, deniega el Certiorari solicitado.

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Peticionarios comparecen mediante recurso de Certiorari para solicitar la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La resolución recurrida denegó la solicitud de los peticionarios para que se les entregara el pagaré original objeto del litigio. Asimismo, ordenó la devolución de la suma de $150,000 previamente consignada por los peticionarios. El foro primario fundamentó su decisión en que la consignación fue autorizada sin el análisis requerido, solo por la falta de oposición oportuna del banco. Argumentó que el banco no aceptó la suma como pago total ni el tribunal determinó su suficiencia para saldar la obligación. Los peticionarios alegaron en su recurso que el TPI incidió al emitir la resolución "Motu Proprio" ante la inacción de la parte recurrida. Tras evaluar el recurso y el expediente, el Tribunal de Apelaciones concluye que los peticionarios no lograron establecer que el foro primario incurriera en error. Por consiguiente, se deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación administrativa sobre la clasificación de custodia del confinado José Figueroa Pérez. Figueroa Pérez impugnó la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación de mantenerlo en custodia mediana. Cumple una sentencia de 149 años por asesinato en primer grado e infracciones a la Ley de Armas. A pesar de haber demostrado buenos ajustes institucionales, completar programas y no tener querellas disciplinarias recientes, el Comité de Clasificación y Tratamiento ratificó su nivel de custodia. Aunque la escala de clasificación sugería custodia mínima, el Comité ejerció discreción para mantener un nivel más alto. Esta decisión discrecional se fundamentó en la extrema severidad de los delitos, la extensa sentencia y el tiempo restante por cumplir. El Tribunal de Apelaciones evaluó el expediente y la justificación de la agencia. Finalmente, el tribunal confirmó la determinación del Departamento de mantener a Figueroa Pérez en custodia mediana.

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Resuelve las apelaciones consolidadas KLAN202300928 y KLAN202300931, presentadas por Ivonne Martínez Cordero e Inti Guarionex Santiago Nieves. El caso se origina en una demanda sobre liquidación de comunidad de bienes post gananciales presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Las partes se divorciaron en 2017, habiendo estado casados bajo el régimen de sociedad legal de gananciales. La Sra. Martínez Cordero reclamó un crédito por haber utilizado dinero privativo, proveniente de la venta de un apartamento pre-marital y una donación, para pagar deudas y obligaciones gananciales. El Sr. Santiago Nieves, en su reconvención, alegó que la Sra. Martínez Cordero sustrajo fondos gananciales de una cuenta de cooperativa sin su autorización. Las partes estipularon varios hechos relevantes, incluyendo el uso del apartamento privativo como hogar conyugal, el destino del producto de su venta, una donación recibida, aportaciones a planes de retiro y pagos hipotecarios post-divorcio. El Tribunal de Primera Instancia había declarado Con Lugar la demanda de liquidación. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia apelada considerando los argumentos de ambas partes. Como resultado, el Tribunal de Apelaciones determinó Modificar en parte la Sentencia del foro primario y, así modificada, la Confirma.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El Hospital Español Auxilio Mutuo solicitó revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había desestimado por falta de jurisdicción una Petición de Impugnación de Laudo de Arbitraje presentada por el Hospital contra la Unidad Laboral de Enfermeras(os) y Empleados de la Salud. El laudo arbitral impugnado, emitido por el Negociado de Conciliación y Arbitraje, declaró injustificado el despido de una empleada y ordenó su reinstalación con paga atrasada. La desestimación del TPI se basó en la solicitud de la Unidad Laboral. El documento detalla el intento del Hospital de radicar la impugnación y problemas con el pago de aranceles a través del sistema SUMAC, lo que llevó a la Secretaría del TPI a considerar el caso no presentado. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del TPI. Tras revisar el tracto procesal y las normas aplicables, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida. Se expidió el auto de certiorari, pero se mantuvo la desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio y pensión alimentaria. Pedro Juan Hernández Rivera apeló una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de compensación por supuestos pagos en exceso de mantenimiento, hipoteca y seguro de auto, así como por honorarios de abogado. La resolución del TPI le indicó que debía reclamar los supuestos pagos en exceso mediante una acción de reembolso independiente. Además, el TPI ordenó al señor Hernández Rivera cumplir con el pago de varios gastos específicos de los menores previamente establecidos. El caso se originó con la demanda de divorcio y solicitud de pensión alimentaria. Tras aceptar capacidad económica sin revelar ingresos, el TPI, basándose en un informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias, le ordenó pagar el 100% de los gastos de los menores. El señor Hernández Rivera solicitó reconsideración, cuestionando esta obligación y gastos específicos, pero el TPI confirmó su decisión. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado por el señor Hernández Rivera. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre una Petición de Certiorari. El caso subyacente trata sobre la liquidación de la comunidad de bienes tras un divorcio decretado en 2006. La controversia principal gira en torno al periodo que debe utilizarse para valorar unas acciones corporativas adquiridas por el esposo durante el matrimonio. La peticionaria, Mayra Soler Mutt, acudió en Certiorari contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución determinó que el periodo de valorización de las acciones sería los tres años anteriores a la fecha de radicación de la demanda de divorcio. La señora Soler Mutt alega que el periodo correcto debe ser desde la fecha del divorcio hasta la liquidación final de la comunidad post ganancial. El recurrido, Jorge Gandía Portela, se opone, argumentando que el periodo debe ser el ganancial o según una estipulación previa. El Tribunal de Apelaciones evalúa la corrección de la determinación del foro primario sobre el periodo de valorización en este proceso de liquidación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Empresas Y-Nuina, Inc. La empresa solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. El caso original es una demanda por daños y perjuicios presentada por Héctor Jaime Benero Ramos. El demandante alegó sufrir lesiones al resbalar en una rampa en un edificio propiedad de Y-Nuina, atribuyendo la caída a negligencia en el mantenimiento. Y-Nuina argumentó que no era responsable del mantenimiento del área del incidente, ya que el edificio estaba arrendado a Century Frozen Foods, LLC, quien contractualmente asumió esa obligación. La moción de sentencia sumaria de Y-Nuina buscaba la desestimación basada en este argumento. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha moción. El Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto de certiorari. El propósito limitado fue modificar las determinaciones de hechos de la Resolución recurrida. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución del foro primario que denegó la sentencia sumaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones consolidadas sobre la liquidación de la comunidad de bienes post gananciales entre Ivonne Martínez Cordero e Inti Guarionex Santiago Nieves. Las partes se divorciaron en 2017 y la Sra. Martínez Cordero inició el proceso de liquidación en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. La Sra. Martínez Cordero reclamó créditos por haber utilizado dinero privativo, proveniente de la venta de un apartamento pre-marital y una donación, para pagar gastos gananciales. El Sr. Santiago Nieves, por su parte, alegó que la Sra. Martínez Cordero sustrajo fondos gananciales de una cooperativa sin autorización. Las partes estipularon varios hechos relevantes, incluyendo el uso de los fondos de la venta del apartamento, la donación, aportaciones a planes de retiro y pagos hipotecarios post-divorcio. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la demanda de liquidación. Ambas partes apelaron la sentencia de instancia. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y la evidencia presentada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones modificó en parte la sentencia apelada y, así modificada, la confirmó.

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Gemini VIII Corporation presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico impugnando una determinación del CEDBI. El CEDBI canceló la propuesta de Gemini para adquirir el plantel escolar en desuso Noel Estrada en Bayamón. La decisión del CEDBI se fundamentó en que la oferta de Gemini (\$75,000) estaba muy por debajo del valor de mercado de la propiedad (\$180,000). El CEDBI también consideró inaceptable la tasación provista por Gemini por no considerar el valor "as is" de la propiedad. Gemini argumentó que el reglamento permite ventas por debajo del valor de mercado si benefician el interés público. Luego de que el CEDBI mantuviera su posición exigiendo una oferta igual al valor de mercado "as is", Gemini solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Gemini entonces presentó este recurso, alegando errores en la valoración de la propiedad por parte del CEDBI y en su interpretación de los requisitos legales para el precio de venta.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202400015, una apelación de María de Mater O'Neill Becerra contra Washington Partners, LLC Y OTROS. El recurso, procedente del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, versaba sobre reclamaciones de daños, injunctions y sentencia declaratoria. La apelante presentó una moción de desistimiento voluntario por acuerdo ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar la moción, el tribunal la declaró Ha Lugar mediante sentencia de 2 de abril de 2024. En consecuencia, se ordenó el archivo del caso de epígrafe. Esta decisión se basa en el desistimiento del recurso incoado por la apelante, conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por José Antonio Carmona Gutiérrez y otros. La apelación impugna la desestimación de una demanda por daños y perjuicios contra Samaria Iglesia Evangélica, Inc. y otros. La demanda original alegaba incumplimiento de deberes corporativos, falta de debido proceso y difamación, relacionados con la destitución del señor Carmona Gutiérrez como presidente de la Junta Conciliar de la iglesia. Los demandados solicitaron la desestimación argumentando que el caso involucraba disputas eclesiásticas internas. Invocaron las doctrinas de abstención judicial y no intervención del Estado en asuntos religiosos. Sostuvieron que el tribunal no tenía jurisdicción para revisar procedimientos disciplinarios internos de la iglesia ni valorar declaraciones hechas en ese contexto. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud y desestimó la demanda por falta de jurisdicción sobre la materia. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la desestimación de una demanda por daños. Agustín Burgos Torres demandó a Yazmira Rodríguez Álvarez reclamando compensación por daños. Alegaba que dos menores no eran sus hijos biológicos y que su filiación fue inscrita fraudulentamente. La demanda incluía reclamos por daños, devolución de pensiones alimentarias y perjuicios a la herencia de otro hijo. La parte apelada solicitó la desestimación, argumentando que la reclamación de daños era prematura. La impugnación de la filiación de los menores estaba siendo litigada en un caso separado. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por considerar que la controversia de daños no era justiciable al no estar madura. El apelante recurrió esta decisión. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia desestimatoria del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia de un panel de jueces en Puerto Rico resolviendo una apelación. La apelante, Sra. Odette S. Rivera Rivera, solicitó la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había declarado Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada por el Hospital Episcopal San Lucas, Inc. (HESL), desestimando la reclamación de la Sra. Rivera Rivera. La reclamación original de la apelante era una querella por discrimen injustificado, discrimen por religión y represalias contra su antiguo patrono, HESL. HESL argumentó que el despido fue justificado por conducta contraria a las normas de la empresa, específicamente acoso laboral, y que no había controversia real sobre hechos materiales. La apelante, por su parte, sostuvo que su despido fue sin justa causa, debido a sus creencias religiosas y en represalia. Tras evaluar el expediente, el panel de jueces confirmó la Sentencia apelada.

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Una sentencia judicial revisa la decisión de un Tribunal de Primera Instancia en un caso laboral. La Sra. Silmarie Méndez Ruiz demandó a Techno Plastics Industries Inc. por despido injustificado, alegando que fue cesanteada mientras recibía tratamiento médico por un accidente de trabajo. La empresa defendió el despido argumentando que el período de reserva de empleo de 12 meses bajo la Ley 45 había caducado. La empleada replicó que el término de 360 días de descanso no fue continuo, interrumpiéndose con periodos de tratamiento mientras trabajaba, manteniendo así la protección. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria parcial, concluyendo que el despido fue injustificado y arbitrario por incumplir el Artículo 5-A de la Ley 45. Techno Plastics apeló esta decisión mediante Certiorari. La apelación plantea cinco errores, cuestionando la aplicación de leyes laborales, los hechos considerados, el cumplimiento de la empresa con la reserva de empleo, y la interpretación judicial del Artículo 5-A de la Ley 45 en aparente contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

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Sentencia de un panel de jueces sobre la apelación presentada por el Sr. Rafael Antonio Benitez Parrilla. El apelante recurre una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra el ELA, la Junta de Retiro y Banco Popular. La demanda original alegó incumplimiento contractual, daños y fraude relacionados con un préstamo hipotecario y un seguro de vida colectivo adquiridos a través del Sistema de Retiro. El Sr. Benítez sostuvo que, tras su jubilación, errores en el procesamiento de pagos de pensión causaron atrasos en el préstamo y la cancelación del seguro sin aviso. Al fallecer su esposa, la reclamación del seguro para saldar la hipoteca fue denegada. El foro primario desestimó la demanda contra el ELA por presentación tardía de "proof of claim" y falta de jurisdicción, extendiendo la desestimación a todas las partes. El panel apelativo REVOCA el dictamen recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso KLAN202301119. El recurso es una apelación presentada por Anja M. Rojas López contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. Dicha Sentencia declaró Ha Lugar una demanda de cobro de dinero instada por PR Recovery and Development JV, LLC. PR Recovery alegó que un contrato de préstamo estaba vencido y que la señora Rojas López adeudaba una suma principal más intereses. PR Recovery solicitó sentencia sumaria, presentando evidencia del incumplimiento y la deuda. La señora Rojas López se opuso, aunque aceptó la mayoría de los hechos materiales, cuestionando la legitimación activa y la cuantía adeudada. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria, al entender que no existían controversias de hechos materiales, y condenó a la apelante al pago de la deuda y honorarios. La apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Osvaldo Báez Alicea. El peticionario solicitó la revisión mediante certiorari de una sentencia de más de 300 años, alegando su inconstitucionalidad. El Tribunal le requirió presentar la decisión objeto de revisión y otros documentos relevantes. El peticionario no cumplió con este requerimiento dentro del término concedido. La solicitud inicial tampoco incluía la sentencia recurrida, solo una hoja de liquidación. El Tribunal destaca que las reglas procesales deben cumplirse, incluso por quienes comparecen por derecho propio. La Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige la presentación de la decisión recurrida y documentos pertinentes. El incumplimiento con estas reglas constituye craso incumplimiento, por lo que el Tribunal desestimó la solicitud de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por alegada negligencia médica. La demanda original, presentada en 2018 por eventos de 2017, fue desestimada en 2019 por falta de diligenciamiento. Una segunda demanda fue presentada en 2020, incluyendo al Dr. José R. Villamil Rodríguez como codemandado. El Dr. Villamil solicitó la desestimación de la acción en su contra por prescripción, argumentando que los demandantes conocían su participación desde finales de 2017. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar a su moción de desestimación y a una posterior moción de reconsideración. El Dr. Villamil acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari para revisar dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones consideró la solicitud del peticionario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de certiorari.