Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 60)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Ricardo Alicea Otero, impugnó la denegación de su solicitud de recalificación de un predio en Bayamón. La solicitud buscaba cambiar la zonificación de Residencial Intermedio (R-I) a Comercial Intermedio (C-I). La Oficina de Planificación del Municipio de Bayamón denegó el cambio propuesto mediante resolución. La denegatoria se basó en información obtenida *ex parte* sobre la posible afectación del predio por la construcción de la carretera PR-5 y casos de expropiación. Dicha información fue recabada después de completado el expediente administrativo y el informe favorable del oficial examinador. El recurrente argumentó que la Oficina actuó *ultra vires* al considerar información obtenida de forma indebida. El Tribunal de Apelaciones determinó revocar la resolución emitida por la Oficina de Planificación del Municipio de Bayamón.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia revisando una decisión administrativa del Departamento de Educación. El caso involucra a una menor con trastornos de aprendizaje y TDAH, cuyos padres solicitaron el reembolso de servicios educativos privados. Los padres presentaron una querella ante el foro administrativo alegando que el Departamento de Educación no ofreció una ubicación escolar apropiada para la menor, a pesar de las recomendaciones de una evaluación profesional. Argumentaron que, ante la falta de alternativas públicas adecuadas, se vieron obligados a matricular a la menor en una escuela privada para el año escolar 2023-2024. El foro administrativo declaró No Ha Lugar la querella, denegando la compra de servicios privados. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, determinó que la decisión administrativa fue incorrecta. Por tanto, revocó la decisión del foro administrativo y ordenó al Departamento de Educación el pago de los servicios educativos privados reclamados por los padres de la menor.

Resumen:

El Departamento de Vivienda de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de dos órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla el 23 de mayo de 2024 en un caso sobre daños. Una orden denegó la solicitud del Departamento para dejar sin efecto unas admisiones tácitas de un codemandado, aceptadas previamente por el tribunal. Estas admisiones se relacionaban con un requerimiento de prueba de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. La otra orden impuso sanciones económicas a los abogados de récord por falta de diligencia en la presentación de un informe. El Departamento había solicitado reconsideración de las sanciones, pero fue denegada por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se basó en la determinación de que carecía de jurisdicción para atender la controversia planteada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una revisión administrativa procedente del Departamento de Educación. El caso involucra a un estudiante de educación especial ubicado en una escuela privada a costo público, representado por su madre. La madre solicitó al Departamento de Educación el reembolso de gastos por alimentos escolares, terapia cognitiva y una computadora. El Departamento de Educación denegó el reembolso por alimentos y terapia cognitiva, pero lo aprobó para la computadora. La madre recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó la resolución administrativa del Departamento de Educación. La controversia principal giró en torno a la obligación del Departamento de reembolsar el costo de los alimentos escolares. El Tribunal modificó la resolución recurrida. Revocó la denegación del reembolso por el pago de alimentos. Confirmó lo dispuesto por el Departamento de Educación en cuanto a los demás reembolsos solicitados.

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Panel judicial revisa recursos presentados por Ricardo Hatton Rentas contra Blanca Sáez Ortiz. Los recursos impugnan una Sentencia y una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo. La Sentencia apelada, del 17 de abril de 2024, declaró No ha Lugar la Demanda de incumplimiento contractual presentada por el señor Hatton. Dicha demanda versaba sobre la guarda y custodia de dos mascotas (una perra y una gata) tras la ruptura de la relación sentimental entre las partes. El foro primario asignó la custodia de las mascotas a la señora Sáez y le impuso al señor Hatton el pago de $2,000 en honorarios de abogado. La Resolución recurrida en certiorari, del 12 de junio de 2024, concedió las costas solicitadas por la parte apelada. El panel CONFIRMA la Sentencia apelada en cuanto al fondo y la custodia de las mascotas. Sin embargo, MODIFICA la Resolución sobre la concesión de costas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evalúa una petición de certiorari presentada por Fundación para el Desarrollo de Hogar Propio. La Fundación solicita revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia que permitió a Madelyn Morales Hernández enmendar su demanda. Originalmente, la señora Morales Hernández demandó por incumplimiento de contrato y daños tras la terminación de su empleo. Posteriormente, solicitó enmendar para incluir una causa de acción bajo la Ley 80 sobre despidos injustificados. La Fundación se opuso a la enmienda, alegando que la reclamación bajo la Ley 80 estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente denegó la enmienda, pero luego revirtió su decisión, autorizando la inclusión de la reclamación bajo la Ley 80. La Fundación impugna esta última orden mediante el presente recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones anticipa denegar la expedición del auto solicitado.

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NeoDeck Holdings, Corp. (ND Holdings) acude al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución declaró No Ha Lugar la solicitud de ND Holdings para descalificar la representación legal de Triple-S Management, Corp. (Triple-S), el bufete Pietrantoni Méndez & Álvarez, LLC (PBM). La solicitud de descalificación surgió en el contexto de una demanda de injunction estatutario presentada por Triple-S contra ND Holdings y sus oficiales. ND Holdings argumentó que PBM tenía un conflicto de interés por haberla representado previamente en la redacción de un Acuerdo de Accionistas en 2010, documento relevante para el pleito actual. Alegó que abogados de PBM podrían ser testigos necesarios para interpretar dicho acuerdo. Triple-S se opuso a la descalificación, sosteniendo que PBM la representó a ella, no a ND Holdings, en la negociación de 2010 y que no existió relación abogado-cliente con ND Holdings en ese proceso. El TPI, tras evaluar la prueba, concluyó que no procedía la descalificación solicitada por ND Holdings. La presente Resolución del Tribunal de Apelaciones revisa esta determinación del foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari sobre custodia y relaciones paterno filiales. La peticionaria, Melissa Pérez Rodríguez, impugna la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su solicitud de desistimiento voluntario de la demanda de custodia monoparental que ella misma instó. Este pleito ha generado múltiples recursos previos ante este Tribunal, incluyendo controversias sobre órdenes de protección y determinaciones de custodia. El Tribunal de Apelaciones había revocado previamente una decisión del foro primario, concediendo la custodia monoparental a la peticionaria y emitiendo una orden de protección final a su favor. Dicha determinación se encuentra actualmente bajo revisión del Tribunal Supremo. La peticionaria argumentó que el desistimiento de su demanda original era procedente dadas las circunstancias actuales y la sentencia previa del Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones deniega expedir el auto de certiorari solicitado. Esta denegatoria valida la decisión del foro primario de no permitir el desistimiento voluntario de la acción de custodia iniciada por la peticionaria.

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Dos partes, Caribe Physicians Plaza Corp. (CMC) y DUI Incorporado (DUI), apelaron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Dicha Sentencia determinó que DUI incumplió un contrato con CMC, permitiendo a esta última terminarlo anticipadamente sin penalidad. Sin embargo, el foro primario no concedió indemnización a CMC por no probar la cuantía de los daños. Los recursos de apelación, KLAN202400109 (CMC) y KLAN202400111 (DUI), fueron consolidados por el Tribunal de Apelaciones. El tribunal gestionó la presentación de la transcripción de prueba oral y concedió términos para la radicación de alegatos. DUI presentó su alegato suplementario y en oposición a la apelación de CMC, argumentando que la terminación contractual fue indebida y solicitando compensación. El Tribunal de Apelaciones concedió a CMC un término para presentar su alegato en oposición a los argumentos de DUI, preparando los casos para su decisión.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. La parte peticionaria impugnó dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de febrero de 2024. Dichas órdenes autorizaron la sustitución de Scotiabank de Puerto Rico por WM Capital 76 LLC como parte demandante. También permitieron a WM Capital 76 LLC continuar los procedimientos de ejecución de una sentencia en rebeldía de 2015. La sentencia original se dictó en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Scotiabank en 2014. Scotiabank había cedido créditos relacionados a WM Capital 76 LLC en 2019. WM Capital 76 LLC solicitó la sustitución y una nueva ejecución tras una ejecución parcial previa. Los peticionarios se opusieron alegando falta de prueba de la cesión y cosa juzgada. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y el derecho aplicable. Finalmente, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por la parte peticionaria.

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Un panel judicial revisa una petición de certiotari presentada por Universal Fitness Equipment, Inc. La peticionaria busca la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. El caso original trata sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero relacionado con un acuerdo de compraventa de equipos de gimnasio por \$200,000. Universal demandó a Mejías Fitness, Inc. y a Sra. Kathializ Mejías, alegando que la deuda sigue vigente a pesar de no obtenerse el financiamiento estipulado. Las recurridas argumentaron que el contrato no estaba vigente o fue novado por pagos parciales. Universal solicitó sentencia sumaria parcial, pidiendo la resolución del contrato y la responsabilidad personal de la Sra. Mejías, al entender que no había controversia de hechos. El foro primario determinó que existían hechos medulares en disputa, como la vigencia del contrato, una posible novación y el estatus de los equipos y la deuda. Por ello, declaró sin lugar la solicitud de sentencia sumaria. Universal recurrió, alegando error del foro primario al basarse en cuestiones inaplicables e inmateriales. El panel deniega la expedición del auto solicitado, confirmando que existen controversias fácticas que impiden resolver el pleito sumariamente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia el 28 de junio de 2024 en el caso KLAN202400523. Este recurso de apelación proviene de un caso civil sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Las partes apelantes son Banco Popular de Puerto Rico y Sun West Mortgage Company, Inc. Los apelados incluyen las Sucesiones de Florentino Rodríguez Torres y Lola Semidey, entre otros. Los apelantes presentaron una Moción Solicitando Desistimiento sin Perjuicio el 27 de junio de 2024. Tras examinar la moción, el Tribunal ordenó el cierre y archivo del caso. La decisión se basa en el desistimiento con perjuicio del recurso de apelación. Esto se realiza de conformidad con la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños. El Departamento de la Vivienda apeló una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. La demandante incoó la acción por daños, solicitando, entre otras cosas, el desalojo de una vecina residente en una propiedad administrada por el Departamento. El Departamento solicitó la desestimación alegando que la demandante incumplió con las reglas de emplazamiento al no notificar al Secretario de Justicia dentro del término de 120 días. La demandante admitió la falta de emplazamiento al Secretario, pero argumentó que el Departamento esperó intencionalmente a que venciera el término para plantear el defecto. El foro primario denegó la desestimación, indicando erróneamente que el Departamento era una corporación pública emplazada bajo otra regla. El Departamento recurrió, sosteniendo que es una instrumentalidad que requiere emplazamiento al Secretario de Justicia, lo cual no ocurrió. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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La Oficina del Procurador General presentó un recurso de certiorari contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La resolución del TPI determinó continuar los procedimientos, clasificando el caso como una Autorización Judicial y no una Partición Hereditaria. El caso se originó con una petición de la tutora de una persona incapaz para obtener autorización judicial para vender la participación indivisa de este en una propiedad. La propiedad es copropiedad del incapaz y sus diez hermanos. La tutora busca vender la propiedad y consignar al incapaz el valor de su participación según tasación. El Procurador General solicitó documentación adicional, como planillas de caudal relicto, argumentando la necesidad de conocer la totalidad de la herencia y proteger al incapaz. La tutora se opuso, sosteniendo que la información solicitada era innecesaria para la autorización de venta de una propiedad específica. El TPI acogió la postura de la tutora, considerando el caso una simple autorización. Este panel deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por el Procurador General. Con ello, se valida la decisión del TPI de continuar el procedimiento como una Autorización Judicial sin requerir la documentación adicional.

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Ana Oquendo Fernández apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Dicha sentencia desestimó su demanda sobre daños y perjuicios presentada contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La desestimación en primera instancia se basó en la alegación del ELA de que la notificación previa requerida por ley no cumplió con el requisito de especificar el lugar exacto del accidente. La Sra. Oquendo Fernández se opuso, argumentando que la notificación era adecuada y que el ELA no sufrió perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso de apelación. La desestimación por parte del Tribunal de Apelaciones se fundamenta en la falta de jurisdicción.

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Shifa Amin Abuellouf apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios contra Wal-Mart Puerto Rico, Inc. La demanda original alegaba que sufrió una caída y lesiones en la entrada de un Sam's Club debido a una sustancia resbalosa, imputando negligencia a Wal-Mart por no limpiar o advertir sobre la condición peligrosa. Wal-Mart contestó negando negligencia y atribuyendo la caída a la propia demandante. Posteriormente, Wal-Mart presentó una Moción de Sentencia Sumaria, argumentando que la apelante no tenía prueba suficiente para establecer su negligencia. La apelante se opuso, sosteniendo que Wal-Mart incumplió su deber de cuidado al no asegurar el área o colocar advertencias. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la moción de sentencia sumaria y desestimó el caso. La Sra. Amin Abuellouf recurrió en apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el recurso y el expediente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Multinational Insurance Company (MIC). MIC solicitó revocar órdenes del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegaron su solicitud de Sentencia Declaratoria y una moción de reconsideración. El caso subyacente fue iniciado por The Yacht Club LLC y otros (TYC) contra MIC por incumplimiento de contrato de seguros y daños y perjuicios relacionados con el huracán María. TYC alega que MIC no pagó las reclamaciones por daños a sus propiedades aseguradas. MIC presentó una Contestación y Reconvención, solicitando una Sentencia Declaratoria para determinar si TYC incumplió el contrato, cometió fraude, renunció a derechos o carecía de legitimación activa. MIC argumentó que estas controversias debían resolverse antes de la demanda principal. El TPI denegó la Sentencia Declaratoria "en esta etapa de los procedimientos". El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por MIC.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Edwin Rubero. El peticionario impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria parcial. El caso subyacente trata sobre desahucio en precario y cobro de dinero, donde Rubero alega que Best Petroleum ocupó su propiedad bajo un acuerdo verbal temporero durante negociaciones de arrendamiento fallidas. Best Petroleum y Tres Bravo, el subarrendatario, sostienen que se perfeccionó un contrato de arrendamiento verbal. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existen múltiples hechos materiales en controversia, como si se perfeccionó un acuerdo verbal, cuáles fueron sus términos y si Best Petroleum tenía derecho a la posesión o a subarrendar. Por ello, el foro primario concluyó que se requiere un juicio plenario para dilucidar la prueba. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari. Esta decisión valida la determinación del Tribunal de Primera Instancia de que las controversias fácticas impiden resolver el caso mediante sentencia sumaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una "Sentencia Parcial" emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha sentencia desestimó la demanda presentada por Rashida Santana Toro y Antonio Rivera Rivera. La demanda original fue incoada contra el Municipio Autónomo de Lajas, el Alcalde, la Directora de Recursos Humanos y un supervisor. Los demandantes alegaron discrimen por razón de impedimento, hostigamiento laboral y daños contra Santana Toro, empleada municipal. El Municipio solicitó la desestimación por incumplimiento en la notificación estatutaria, moción que fue denegada inicialmente. Los funcionarios individuales solicitaron la desestimación basándose en la doctrina de inmunidad condicionada. El caso fue referido a mediación, la cual no resultó en un acuerdo entre las partes. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el dictamen, confirmó la sentencia recurrida que desestimó la demanda.

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Un panel de jueces emite sentencia sobre un recurso de Certiorari presentado por Pep Boys Manny, Moe and Jack of Puerto Rico, Inc. La empresa solicitó la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró "No Ha Lugar" su Moción de Sentencia Sumaria. El caso subyacente fue iniciado por el Sr. Bruce Winchester Camacho, quien presentó una querella contra Pep Boys por despido injustificado, represalia y reclamación de salarios. El Sr. Winchester Camacho alegó que fue despedido en represalia por denunciar irregularidades relacionadas con el pago de seguros y el bono de navidad. Sostuvo que fue objeto de acoso, reasignado a un puesto de menor rango y que su posición fue eliminada como pretexto para su despido. Afirmó que sus tareas fueron reasignadas a una empleada más joven y con menor salario contratada poco antes. También alegó violación de la Ley Núm. 80 sobre preferencia por antigüedad. El tribunal expide el recurso de Certiorari y confirma la resolución del TPI que denegó la sentencia sumaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impericia médica y daños y perjuicios. La controversia principal en apelación es si los límites de responsabilidad establecidos por ley para los Centros Médicos Académicos Regionales y su facultad docente aplican también a sus aseguradoras. El Tribunal de Primera Instancia había dictaminado que dichos límites aplicaban al médico y al hospital, pero no a sus aseguradoras, SIMED y Beazley Group. El Hospital Episcopal San Lucas Ponce y Beazley Group apelaron esta sentencia parcial. Por separado, SIMED, aseguradora del Dr. Hiram M. Soler Bernadini, también apeló la misma decisión. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambas apelaciones para dilucidar esta cuestión legal recurrente. El caso original es una demanda presentada por Luis Samuel Negrón Castro y otros, alegando negligencia médica durante una cirugía en 2017. El Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a un recurso de certiorari. Los peticionarios, J.L. Sentinel Group, LLC y Jorge Luis Andújar Rivera, impugnan una Sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia parcial, emitida en febrero de 2024, desestimó la demanda de cobro de dinero presentada por los peticionarios. La reclamación original de Sentinel asciende a $213,250 por servicios profesionales prestados a Tommy Rudy Habibe Arrias. Sentinel alega que los servicios consistieron en negociar una reducción de deuda contributiva con el Departamento de Hacienda. La parte recurrida, Habibe, objeta la cantidad reclamada, argumentando que el pago dependía de lograr una reducción específica de la deuda que no ha sido probada. Habibe también alega que Sentinel no ha presentado evidencia del trabajo realizado y no ha acreditado un pago previo de $63,000. La Sentencia parcial del foro primario enmendó un dictamen anterior para incluir el lenguaje de finalidad tras desestimar la causa de acción. Los recurridos solicitaron la desestimación del certiorari por extemporáneo, mientras que los peticionarios pidieron que se tuviera por sometido sin oposición debido a la tardanza de los recurridos. El Tribunal de Apelaciones revisa el trámite procesal y los méritos del recurso de certiorari sobre la desestimación del caso de cobro de dinero.

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Patricia Corcino Pérez compareció ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su solicitud de relevo de una anotación de rebeldía en un caso de cobro de dinero iniciado por Island Portfolio Services, LLC. Island Portfolio demandó a Corcino Pérez por una deuda alegadamente adquirida por cesión. Tras no contestar la demanda inicialmente, Island Portfolio solicitó la anotación de rebeldía. Corcino Pérez presentó una moción de desestimación por falta de legitimación activa, la cual fue declarada no ha lugar. Posteriormente, Island Portfolio reiteró su solicitud de rebeldía, que fue concedida por el foro primario. Aunque Corcino Pérez presentó su contestación, esta fue declarada tardía y no presentada. La peticionaria solicitó reconsideración y relevo de la rebeldía, argumentando las razones de su tardanza. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha solicitud de relevo. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar la petición de certiorari, resolvió denegar la expedición del recurso solicitado por Corcino Pérez.

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El Tribunal de Apelaciones emite Sentencia en el caso de cobro de dinero entre Rafael Carrasquillo Martínez y las Sucesiones de Lorenzi Mesorana y Lorenzi Rossy. El Tribunal de Primera Instancia notificó su Sentencia el 29 de abril de 2024. El Demandante solicitó reconsideración, la cual fue denegada mediante Resolución notificada el 21 de mayo de 2024. El término jurisdiccional de 30 días para apelar comenzó a transcurrir desde esa fecha. Dicho término expiró el 20 de junio de 2024. El Demandante presentó su recurso de apelación el 24 de junio de 2024. Al haberse presentado la apelación dos días laborables después de vencido el término, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción. Por tanto, procede la desestimación del recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202400376. Milton Santiago Rodríguez solicita la revisión de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su demanda contra Norma Bonilla Medina. También pide revisar la denegatoria a descalificar a los abogados de la Cooperativa de Viviendas Rolling Hills. El Tribunal atenderá el recurso como una apelación. El trasfondo del caso se remonta a una querella de 2018 presentada por Bonilla contra Santiago en la Cooperativa por conducta alegadamente agresiva. Esa querella resultó en sanciones administrativas y un proceso de revisión judicial previo donde las sanciones fueron modificadas. Posteriormente, Santiago presentó la demanda actual por daños, persecución y represalias, alegando que la querella inicial fue frívola. La presente apelación se centra en la desestimación de la reclamación contra Bonilla y el asunto de la descalificación de abogados dentro de este nuevo litigio.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Consejo de Titulares del Condominio Náutica del Mar mediante solicitud de certiorari. Piden revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. La controversia principal surge de una demanda instada por Fideicomiso CBV, dueño de un apartamento en el condominio. El Fideicomiso alega que el Consejo de Titulares calculó incorrectamente su porciento de participación en los gastos comunes al incluir una terraza. Busca una sentencia declaratoria sobre el cálculo correcto y el cobro de supuestos sobrepagos. El Consejo de Titulares defiende la corrección del cálculo y reconvino por cuotas de mantenimiento impagadas y la reivindicación de un espacio comunal. Tras revisar la solicitud, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari. Esto significa que la decisión del foro primario de denegar la sentencia sumaria se mantiene.

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Un panel judicial emite una Sentencia resolviendo un recurso de Apelación presentado por el Fideicomiso Crespo Santiago. La apelación busca revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una Demanda. El foro primario desestimó la acción bajo la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. La desestimación fue sin perjuicio para dos partes y con perjuicio para la Sra. Kelly Gutiérrez del Arroyo. El documento revisa el historial procesal, incluyendo pleitos previos de desahucio e interdicto relacionados con las partes y la propiedad. Se detallan los intentos de emplazamiento a la Sra. Gutiérrez del Arroyo en un caso anterior. Tras evaluar los autos y el derecho aplicable, el panel confirma la Sentencia apelada. Esto valida la desestimación de la demanda, incluyendo la desestimación con perjuicio contra la Sra. Gutiérrez del Arroyo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Yadira Soto Laboy y Miguel López. Los peticionarios solicitaron la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 21 de febrero de 2024. Dicha Orden declaró no ha lugar su solicitud de relevo de sentencia y levantamiento de anotación de rebeldía. El caso subyacente es una demanda de desahucio en precario presentada por Ford Investment LLC contra Juanita Donato Rodríguez y otros. La demanda original alegaba la ocupación sin autorización de una propiedad. Los peticionarios fueron incluidos posteriormente como codemandados y emplazados. Ford Investment solicitó la rebeldía de los peticionarios. El TPI denegó inicialmente la solicitud de rebeldía, pero luego emitió la Orden impugnada. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar el dictamen del TPI. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen impugnado del foro primario.

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El panel de jueces denegó el auto solicitado por Ranger American of Puerto Rico, Inc. La empresa recurrió para revisar dos órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. La primera orden denegó la solicitud de reconsideración de Ranger American sobre una determinación de sentencia sumaria. La segunda mantuvo la exclusión de un documento y una defensa afirmativa por haber sido presentados tardíamente. El caso original surge de una demanda por incumplimiento contractual y daños presentada por Báez Pérez Inc. tras un incidente de hurto. Báez Pérez Inc. alegó que Ranger American produjo tardíamente una página del contrato con una cláusula de limitación de responsabilidad durante el descubrimiento de prueba. El Tribunal de Primera Instancia excluyó dicho documento y defensa por su presentación extemporánea. Tras evaluar los escritos de las partes, el panel resolvió no expedir el auto solicitado, dejando en firme las determinaciones del tribunal inferior.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de certiorari presentado por Roberto D. Acosta Martín. El peticionario solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha Resolución denegó una Moción Solicitando Determinación de Hechos Esenciales y Pertinentes bajo la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, presentada en un caso de liquidación de bienes gananciales. Acosta Martín argumentó que el TPI erró al no cumplir con los requisitos de la Regla 36.4 al denegar su moción. La parte recurrida, Waleska I. Irizarry Rosas, se opuso al recurso y solicitó su desestimación. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición de certiorari. Mediante Resolución, el Tribunal decidió desestimar el recurso de revisión judicial. La desestimación se basó en la determinación de falta de jurisdicción para atender el caso.

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Procedimientos criminales fueron iniciados contra Aaron Vick y Juan Maldonado De Jesús por violaciones al Código Penal. Una controversia principal surgió sobre la solicitud de la defensa para obtener un informe de investigación preliminar del Departamento de Justicia, alegando que contenía prueba exculpatoria. En 2022, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la entrega del informe tras determinar que contenía información exculpatoria, pero esta orden quedó sin efecto al desestimarse el caso por falta de jurisdicción del FEI, decisión que fue revertida por el Tribunal Supremo. Al regresar el caso, la defensa solicitó nuevamente el informe, y el Tribunal de Primera Instancia reiteró su orden de entrega en febrero de 2024, bajo apercibimiento de desacato. El Ministerio Público, a través del FEI, recurrió en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar esta orden. El FEI alega que el Tribunal de Primera Instancia erró al ordenar la entrega sin permitir agotar los remedios legales y al ordenar la entrega de la totalidad del informe basándose en su contenido exculpatorio. El Tribunal de Apelaciones concedió la solicitud del FEI para paralizar la ejecución de la orden de entrega mientras se resuelve el recurso. Esta sentencia detalla el historial procesal y los señalamientos de error presentados por el FEI en su apelación sobre la divulgación del informe de investigación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en respuesta a un recurso de apelación presentado por Billy Crespo Rivera. El recurso, acogido como certiorari, impugna cinco resoluciones del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Mayagüez. Mediante dichas resoluciones, el TPI declaró sin lugar las peticiones de revisión de cinco infracciones de tránsito instadas por el Sr. Crespo Rivera. El recurrente alegó que el TPI erró al confirmar las multas a pesar de la incomparecencia del agente de policía que las expidió. Argumentó que esta ausencia violó su derecho a la confrontación y a un juicio justo e imparcial. También señaló que el TPI no fundamentó adecuadamente la denegación de su solicitud de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones evaluó el escrito y los documentos presentados. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre violación de derechos civiles, daños y perjuicios, y difamación. El apelante, Juan Orta Cruz, demandó a agentes de la Policía alegando un registro ilegal, arresto contrario a ley y expresiones difamatorias. El Tribunal de Primera Instancia desestimó inicialmente la demanda en su totalidad, basándose en la inmunidad de los agentes y la falta de notificación al Estado. Tras una moción de reconsideración, el foro primario emitió una Sentencia Parcial Enmendada. Esta sentencia modificó la decisión previa, reinstalando únicamente la causa de acción por difamación contra uno de los agentes demandados. El demandante apeló esta Sentencia Parcial Enmendada, buscando la revocación de la desestimación parcial. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los argumentos, resuelve revocar la Sentencia Parcial Enmendada apelada.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Sr. Julio E. Gil De Lamadrid De Jesús para apelar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El apelante había solicitado un entredicho y sentencia declaratoria contra el CRIM y el ELA para que se declararan prescritas y se eliminaran deudas de contribuciones territoriales con más de cinco años de antigüedad. El ELA presentó una moción de desestimación, a la cual el apelante no se opuso. Posteriormente, el CRIM también solicitó la desestimación del caso, argumentando principalmente que el apelante no había agotado los remedios administrativos disponibles y que no se cumplían los requisitos para los remedios judiciales solicitados. El apelante se opuso a la desestimación, alegando que no pudo agotar la vía administrativa porque el CRIM no le notificó la deuda conforme a ley. Tras revisar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio por ruptura irreparable. El apelante impugna parcialmente la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la pensión alimentaria y la deuda retroactiva fijadas. El foro primario decretó el divorcio, estableció una pensión alimentaria mensual de \$750.45 y un plan de pago de \$48.80 bisemanal para una deuda retroactiva de \$2,537.58. La pensión fue calculada por la Examinadora de Pensiones basándose en un ingreso imputado al apelante. Esta imputación se realizó debido a la incomparecencia del apelante a la vista final de pensión y su falta de presentación de documentos económicos. La Examinadora consideró el testimonio de la apelada y datos de un caso previo para determinar el ingreso imputado. Tras revisar los fundamentos de la decisión, el Tribunal de Apelaciones concluyó que procedía confirmar la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre un caso de daños y perjuicios. La apelación fue presentada por Iraida M. Toro Gutiérrez y su esposo contra Universal Insurance Company y Frances Anaïs Gutiérrez Vega. Los apelantes solicitan la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original reclamaba daños sufridos por la señora Toro Gutiérrez en un accidente de vehículo de motor. El foro primario desestimó la acción sin perjuicio, acogiendo el argumento de la parte apelada. La parte apelada sostuvo que la demanda era prematura según la Ley Núm. 111-2020, al no ser firme la resolución de la ACAA. La parte apelante argumentó que la disposición legal citada no aplicaba y que la certificación de ACAA solo se requiere antes del pago de sentencia. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decide revocar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Ángel Areizaga Soto contra MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY. El apelante recurre de una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reclamación de cubierta de seguro. Areizaga Soto solicitó a MAPFRE que cubriera los gastos de defensa y posibles daños en un pleito previo incoado en su contra por sus vecinos. Dicho pleito original, aún pendiente, alega hostigamiento y daños relacionados con la convivencia durante la pandemia de COVID-19. Areizaga Soto argumentó que su póliza de MAPFRE cubría responsabilidad personal y lesiones personales, incluyendo daños emocionales. MAPFRE denegó la cubierta, lo que llevó al apelante a demandar a la aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de MAPFRE. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia del foro primario.

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Una apelación fue instada por Desarrollos GJOM, Inc. contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. El caso se originó con una demanda de interdicto presentada por la Asociación de Residentes de Estancias de Yauco, Inc. La Asociación alegó que Desarrollos realizaba trabajos en un predio colindante sin contar con todos los permisos necesarios, afectando a los residentes, y que proyectaba construir viviendas con acceso a través de la urbanización. El foro primario emitió inicialmente una orden de cese y desista provisional sobre la remoción de terreno. El pleito continuó bajo el marco del injunction estatutario de la Ley de Permisos, donde Desarrollos sostuvo que sus acciones estaban cubiertas por un permiso para un muro de contención. El Tribunal de Primera Instancia prohibió posteriormente a Desarrollos acceder a las calles de la urbanización para sus labores. Finalmente, el foro primario declaró con lugar la demanda, ordenando la paralización de ciertas obras por falta de autorizaciones completas. Desarrollos apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y la oposición, confirmando la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en los recursos consolidados KLAN202400200 y KLAN202400201. Los apelantes, en su capacidad de albaceas de las sucesiones de Iris Rodríguez Rosa y Santos Alonso Maldonado, solicitaron la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó sus demandas de Injunction Estatutario presentadas al amparo del Artículo 7.10 de la Ley General de Corporaciones. Las demandas buscaban obtener autorización para inspeccionar los libros corporativos de varias empresas en las que los causantes fueron accionistas. El foro primario desestimó los casos al concluir que los albaceas testamentarios carecen de legitimación activa para solicitar tal inspección. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la decisión apelada. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones modifica la sentencia apelada. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia es revocada en parte y confirmada en parte.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve los recursos consolidados KLAN202400200 y KLAN202400201. Los recursos fueron presentados por Debbie Alonso Rodríguez y Edwin Alonso Rodríguez, en sus capacidades de albaceas de las sucesiones de sus padres fallecidos. Solicitaron injunctions estatutarios bajo el Artículo 7.10 de la Ley General de Corporaciones para inspeccionar los libros corporativos de varias empresas que pertenecieron a sus causantes. El Tribunal de Primera Instancia desestimó sus demandas, resolviendo que los albaceas carecen de legitimación activa para solicitar dicha inspección. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia del foro primario. El Tribunal modifica la sentencia apelada, revocándola en parte y confirmándola en parte. El caso surge de una controversia entre los hermanos, actuando como albaceas, sobre el acceso a información de los negocios familiares.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a la liquidación de la comunidad de bienes tras el divorcio de Vanessa Muñiz López (apelante) y Diego Javier Ugobono Díaz (apelado). La apelante recurrió la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró liquidada toda la sociedad legal de gananciales y ordenó el archivo del caso. El proceso de liquidación se inició a raíz de una demanda presentada por el apelado tras la disolución del matrimonio en 2020. Un punto de controversia significativo durante los procedimientos en primera instancia fue la alegación de la apelante sobre la participación de la sociedad conyugal en la corporación DH Distributors, Inc. El apelado refutó esta afirmación, sosteniendo que la corporación pertenecía exclusivamente a su padre y que las partes no tenían acciones ni participación. También se discutieron otros asuntos, como un crédito privativo reclamado por el apelado. El Tribunal de Primera Instancia celebró varias conferencias y vistas para atender los asuntos pendientes, incluyendo el descubrimiento de prueba sobre la corporación. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada. Esto significa que el tribunal apelativo validó la determinación de primera instancia de que la comunidad de bienes había sido liquidada y el caso debía cerrarse.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por Dionisio Filomeno Osorio y otros, impugnando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario había denegado la petición de expediente de dominio sobre una propiedad. La denegación se basó en que los peticionarios no justificaron el dominio, existían discrepancias en la información de colindantes y no se cumplieron los requisitos legales. El tribunal de instancia señaló que el peticionario principal no residía en la propiedad y no había cumplido con artículos clave de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. Los peticionarios apelaron, argumentando que el foro primario erró al rechazar la petición basándose en supuestas inconsistencias de notificación a colindantes, cuando la notificación según el CRIM debió ser suficiente. Tras examinar los escritos, el Tribunal de Apelaciones concluyó que los peticionarios no demostraron que el foro primario hubiera incurrido en error. No concurrieron los criterios para expedir el auto de certiorari. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Luis Ángel Suárez Robles. El peticionario impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha resolución declaró a un testigo clave, el Agente Ángel Rosado Hernández, como no disponible para testificar debido a una condición médica. El foro primario permitió sustituir su testimonio con una declaración previa bajo juramento. Suárez Robles alegó que la prueba médica no demostró una condición tan grave que impidiera la comparecencia del agente. El Ministerio Público defendió la determinación del tribunal de instancia. Tras evaluar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de deslinde, reivindicación y daños iniciado en el año 2000. La apelación fue presentada por Juanita Castro Díaz contra una Sentencia Estipulada del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia la excluyó de la causa de acción por falta de legitimación activa. El caso original involucró alegaciones de movimiento ilegal de colindancias y ocupación de terrenos por parte de los demandados. Los demandados presentaron una reconvención por daños y perjuicios. Las partes llegaron a un acuerdo sobre las colindancias en una vista celebrada en 2005. En esa vista, todas las partes, incluyendo la Sra. Castro Díaz, confirmaron su consentimiento libre y voluntario al acuerdo. La Sra. Castro Díaz testificó que una casa de la sociedad de gananciales estaba en el terreno, pero el terreno no pertenecía a la sociedad. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. El Tribunal de Apelaciones confirmó la exclusión de la Sra. Castro Díaz por carecer de legitimación activa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un recurso de revisión administrativa presentado por Christian I. Rivera Ríos contra el Negociado de Seguridad de Empleo. El recurso impugnaba una determinación de inelegibilidad a los beneficios del seguro por desempleo. La Sentencia enfatiza la importancia de la jurisdicción del tribunal y los requisitos procesales para la presentación de recursos de revisión administrativa, según el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Se señala que el recurrente debe incluir documentos clave, como las resoluciones o decisiones de la agencia que se desean revisar. En este caso particular, el Tribunal encontró que el recurrente no proveyó las resoluciones o decisiones del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos que detallaran los hechos y conclusiones de derecho de la controversia. Los únicos documentos presentados fueron una carta y una decisión de reconsideración que no discutían la disputa en detalle. Ante la ausencia de los documentos necesarios para evaluar el fondo del recurso, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender los planteamientos. Por consiguiente, el recurso fue desestimado por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa. El recurrente, un miembro de la población correccional, solicitó permiso para utilizar cannabis medicinal para tratar ansiedad e insomnio, condición para la cual tenía licencia previa. Presentó una solicitud de remedio administrativo ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La División de Remedios Administrativos denegó la solicitud, indicando que el cannabis no se ofrece en los servicios de salud correccional y que el recurrente recibía tratamiento de salud mental. La solicitud de reconsideración presentada por el recurrente también fue denegada. Posteriormente, el recurrente presentó un escrito ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de la determinación administrativa. El Tribunal observa que el recurso de revisión judicial fue presentado luego de que transcurriera el término legal para acudir ante esta curia. Por tanto, el Tribunal desestima el presente recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción debido a la presentación tardía del recurso.

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El Sr. Edet Pastor Jiménez comparece ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revisión de una evaluación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha evaluación, emitida el 24 de enero de 2024, determinó que el recurrente no cumplía con los requisitos para el programa de pre-reinserción a la libre comunidad. El recurrente había presentado previamente un recurso de revisión administrativa idéntico ante este mismo foro. En ese recurso anterior (KLRA202400214), el Tribunal emitió una Sentencia el 26 de junio de 2024. Mediante esa Sentencia, el Tribunal confirmó la determinación original del Departamento. Dado que la controversia planteada en el presente recurso ya fue atendida y resuelta en el caso previo, el Tribunal considera que la acción actual es académica. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso por falta de jurisdicción al ser académico.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Víctor M. Vázquez Braña, quien fue hallado culpable por el Tribunal de Primera Instancia del delito de actos lascivos contra una menor de 13 años (Art. 133 CP). El apelante fue sentenciado a 15 años de prisión. En su apelación, el Sr. Vázquez Braña argumentó que la prueba no demostró el elemento de excitación o deseo sexual y que el testimonio de una psicóloga fue admitido erróneamente. La víctima testificó sobre varios incidentes, incluyendo tocamientos y pellizcos en el seno y un intento de beso. El Tribunal de Apelaciones concluyó que la prueba presentada fue suficiente para que el TPI hallara al apelante culpable más allá de duda razonable. Determinó que los actos probados tendían a despertar o satisfacer deseos sexuales. Asimismo, resolvió que el testimonio de la psicóloga fue correctamente admitido debido a que el apelante renunció por escrito a su privilegio. La sentencia confirma la validez de la conclusión de culpabilidad y la admisión de la prueba.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en un caso de pensión alimentaria. La peticionaria, Arlene Milagros Escobales Vélez, impugnó la decisión del foro primario que le imputó capacidad para generar un ingreso neto mensual de $870.40. La señora Escobales Vélez argumentó que no debía imputársele ingreso debido a que es la cuidadora principal de su hija menor de 13 años, quien padece perlesía cerebral, retraso global en el desarrollo y epilepsia. Presentó certificaciones médicas que acreditan la total dependencia de la menor para sus cuidados básicos, salud, aseo y alimentación. Sostuvo que los cuidados requeridos por la condición de su hija le impiden trabajar. El Tribunal de Primera Instancia, acogiendo la recomendación del examinador, imputó el ingreso a la madre. La madre solicitó reconsideración, la cual fue referida al examinador y recomendada sin lugar. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la determinación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que imputaba ingresos a la madre.