Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 59)

Resumen:

Myrmarie Santiago Ortega apeló dos dictámenes emitidos por el Tribunal de Primera Instancia de Caguas. El caso original trataba sobre la declaración de incapacidad y nombramiento de tutor para Modesto Santiago Rosa. El TPI emitió una Resolución estableciendo medidas cautelares para la conservación de los bienes del Sr. Rosa. Posteriormente, dictó una Sentencia desestimando la solicitud de incapacidad y nombramiento de tutor debido al fallecimiento del Sr. Rosa, pero mantuvo vigentes las medidas cautelares. La Apelante argumentó que el TPI erró al ordenar y mantener dichas medidas una vez fallecido el presunto incapaz. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en casos consolidados donde la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es la parte recurrente. La AEE objeta dictámenes de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) que rehusaron desestimar recursos apelativos instados por varios de sus empleados. Los empleados impugnaron acciones de movilidad notificadas por la AEE el 30 de mayo de 2023. Ante la CASP, la AEE solicitó la desestimación de las apelaciones de los empleados alegando incumplimiento con el reglamento procesal. La CASP emitió una orden declarando no ha lugar a la solicitud de desestimación de la AEE. La AEE recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones para impugnar esta determinación de la CASP. El Tribunal de Apelaciones consolida los recursos presentados por la AEE. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestima los recursos de la AEE por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión judicial solicitada por Joel Hernández Santos contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente pedía que se ordenara al DCR proveerle tratamiento dental. El DCR respondió al recurrente el 11 de marzo de 2024, indicando que sería citado a la clínica dental y cómo proceder en casos de urgencia. El señor Hernández no presentó una moción de reconsideración ante la agencia. El 8 de mayo de 2024, presentó una solicitud de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal examinó el expediente administrativo y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Dicha ley establece un término jurisdiccional de treinta días para solicitar revisión judicial tras una orden final de agencia, salvo interrupción por reconsideración. Dado que la respuesta del DCR fue el 11 de marzo de 2024 y la revisión se presentó el 8 de mayo de 2024, el término de treinta días había vencido. El recurso fue presentado tardíamente, por lo que el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. Maridian Construction Group, Corp. y el Matrimonio Rachid-Battle solicitaron la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha resolución del TPI declaró No Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria presentada por Incom Investment Corp. El caso original trata sobre daños y perjuicios relacionados con un contrato entre Incom y Maridian para reparar techos dañados por el huracán María. Incom demandó a Maridian y otros alegando incumplimiento contractual y trabajos deficientes que causaron pérdidas significativas. Maridian, por su parte, presentó una reconvención alegando incumplimiento de Incom y reclamando pagos adeudados. La Moción de Sentencia Sumaria de Incom buscaba la desestimación del caso. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en casos consolidados. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recurre contra determinaciones de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP se negó a desestimar apelaciones presentadas por empleados de la AEE. Dichas apelaciones impugnaban acciones de movilidad notificadas por la AEE el 30 de mayo de 2023. Los empleados fueron transferidos a otras agencias gubernamentales bajo leyes de transformación. La AEE solicitó la desestimación ante la CASP alegando incumplimiento procesal por parte de los empleados. La CASP denegó la solicitud de desestimación de la AEE. La AEE apeló esta decisión de la CASP ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los recursos presentados por la AEE. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar los recursos de la AEE por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en casos consolidados donde la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) figuraba como recurrente. La AEE objetaba dictámenes de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Dichos dictámenes de la CASP habían denegado solicitudes de desestimación presentadas por la AEE. Estas solicitudes buscaban desestimar recursos apelativos instados por varios empleados de la AEE. Los empleados impugnaban una acción de movilidad que les fue notificada el 30 de mayo de 2023. La AEE argumentó ante la CASP que los empleados incumplieron con requisitos procesales al no incluir el medio de notificación de sus recursos. La CASP determinó no desestimar las apelaciones de los empleados, dando paso a la revisión por parte del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, al revisar los casos, desestimó los recursos presentados por la AEE. La desestimación por parte del Tribunal de Apelaciones se fundamentó en la falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en casos consolidados. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recurre decisiones de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP se negó a desestimar apelaciones presentadas por empleados de la AEE. Dichos empleados impugnaron una acción de movilidad notificada el 30 de mayo de 2023. Esta acción implicaba su transferencia a otras agencias gubernamentales bajo leyes específicas. La AEE solicitó la desestimación ante la CASP alegando incumplimiento procesal por parte de los empleados. La CASP denegó la solicitud de desestimación de la AEE. La AEE apeló esta determinación de la CASP ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal consolida los recursos presentados por la AEE. La sentencia del Tribunal de Apelaciones desestima los recursos de la AEE por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en casos consolidados. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recurre contra dictámenes de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Los dictámenes de la CASP denegaron la desestimación de recursos apelativos presentados por empleados de la AEE. Estos empleados impugnan una acción de movilidad notificada el 30 de mayo de 2023. La AEE había solicitado la desestimación ante la CASP alegando incumplimiento procesal por parte de los empleados. La CASP determinó no desestimar las apelaciones de los empleados. La AEE presentó recursos de revisión ante el Tribunal de Apelaciones objetando la decisión de la CASP. El Tribunal de Apelaciones consolidó los casos por referirse al mismo proceso de movilidad. Tras revisar los recursos, el Tribunal desestima las apelaciones de la AEE. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender los recursos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que denegó la renovación de la licencia de urbanizador y/o constructor a C & C Management Holdings Corp. La denegatoria de DACo se fundamentó en el incumplimiento de la corporación con órdenes de la agencia y sentencias judiciales. Estas resoluciones requerían la corrección de vicios de construcción en el proyecto Urbanización Veredas del Mar. Se identificaron cinco querellas específicas que resultaron en sentencias judiciales entre 2017 y 2019, ordenando pagos y/o reparaciones. La corporación argumentó que no pudo cumplir debido a la supuesta obstrucción de residentes y la falta de liquidez tras perder la licencia. DACo rechazó estos argumentos, señalando que las sentencias eran anteriores a la caducidad de la licencia. El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación de DACo, ratificando la denegación de la renovación de la licencia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La Sentencia apelada ordenó someter a arbitraje las reclamaciones de los demandantes y desestimó la demanda. El pleito de clase original fue presentado por José Ruiz Vega y Yaritza Hernández Nieves contra Best Buy y el Departamento de Hacienda. Los demandantes alegaron que Best Buy les cobró indebidamente el impuesto sobre ventas y uso (IVU) en la compra de garantías extendidas. Sostuvieron que, conforme a la ley, las garantías extendidas están exentas de dicho impuesto. Best Buy, entre otras defensas, argumentó que los demandantes estaban obligados a arbitraje por una cláusula en el programa de lealtad My Best Buy. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de Best Buy para compeler arbitraje y desestimar el caso. Los demandantes apelaron esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la Sentencia apelada. La decisión valida la orden de someter las reclamaciones a arbitraje y la desestimación del pleito judicial.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa presentado por José Vargas contra el Negociado de Seguridad de Empleo (NSE). El Sr. Vargas impugna una decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos que denegó su reconsideración. La controversia se relaciona con una determinación previa de inelegibilidad para beneficios de desempleo bajo la Ley de Seguridad de Empleo. El recurrente recibió y gastó fondos que el NSE ahora reclama, alegando que no solicitó ese dinero sino desempleo. Admite haber presentado una apelación tardía ante el Departamento del Trabajo. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de revisión judicial presentado por el Sr. Vargas. La desestimación se fundamenta en la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Aunque se le eximió del pago de aranceles por indigencia, el recurso es archivado sin trámite ulterior. La decisión original del NSE confirmó la inelegibilidad inicial y la resolución de la División de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió Sentencia en el caso KLAN202400598. Jorge Burgos Ramos y Lisvia Arce García apelaron una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda sobre acción contradictoria de dominio y usucapión. El foro apelativo procedió a examinar el recurso presentado. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar la apelación. La desestimación se basa en la determinación de falta de jurisdicción para atender el recurso. El Tribunal enfatiza la importancia de verificar la jurisdicción como cuestión privilegiada antes de entrar en los méritos. Se señala que la falta de jurisdicción es un defecto insubsanable que requiere la desestimación del caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones considera un auto de certiorari presentado por Miguel Ángel Carrasquillo Ramos. El peticionario solicita la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Caguas. Dicha orden declaró No Ha Lugar una moción de reconsideración. En la moción, el peticionario pedía convertir una Vista de Conferencia con Antelación a Juicio en una Vista de Estado de los Procedimientos. Esta solicitud surgió tras asumir su propia representación legal en un caso sobre acción reivindicatoria y otros. El TPI había aceptado su representación pero mantuvo la fecha y tipo de vista original. El Tribunal de Apelaciones procede a denegar el auto de certiorari solicitado. La denegación se fundamenta en el carácter discrecional del recurso y las limitaciones para revisar órdenes interlocutorias.

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Eliezer Santana Báez, un miembro de la población correccional, acudió al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para revisar una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente había solicitado una investigación administrativa sobre un oficial correccional por alegado acoso, trato hostil, suspensión de visitas familiares, y manejo de propiedad personal. El DCR respondió a la solicitud indicando que la visita de la persona mencionada estaba prohibida desde agosto de 2023 por un incidente previo con un paquete. Respecto a los otros asuntos, el DCR abordó el tema de los espejuelos y señaló que se informaría al oficial sobre el mattress y se le orientaría sobre sus funciones. Inconforme con la respuesta, Santana Báez solicitó reconsideración, la cual fue acogida, pero el DCR confirmó su determinación inicial. Ante el Tribunal de Apelaciones, el recurrente argumentó que el DCR debió realizar una investigación sobre alegadas actuaciones de corrupción y violaciones de derechos civiles en lugar de solo orientar al oficial. El DCR compareció ante el foro apelativo. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar la determinación administrativa. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal confirmó la decisión recurrida del DCR.

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Ana Oquendo Fernández apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Dicha sentencia desestimó su demanda sobre daños y perjuicios presentada contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La desestimación en primera instancia se basó en la alegación del ELA de que la notificación previa requerida por ley no cumplió con el requisito de especificar el lugar exacto del accidente. La Sra. Oquendo Fernández se opuso, argumentando que la notificación era adecuada y que el ELA no sufrió perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso de apelación. La desestimación por parte del Tribunal de Apelaciones se fundamenta en la falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sanción disciplinaria impuesta por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) al confinado Jaime De León Hernández. El recurrente impugna la Resolución del DCR que lo encontró incurso en violaciones a los Códigos 104, 107 y 111 del Reglamento Núm. 9221. La sanción impuesta fue de 125 días de segregación disciplinaria. Las violaciones se basan en un registro de su celda donde se encontró propiedad dañada (conducto de aire, receptáculo eléctrico, interruptor, roseta) y una "fisga" (arma blanca improvisada). Los códigos violados prohíben la posesión de herramientas/objetos que afecten la seguridad, la posesión de armas blancas y el daño a la propiedad gubernamental. El recurrente negó los cargos en la vista disciplinaria. Posteriormente, solicitó reconsideración alegando violaciones al debido proceso, como la falta de testimonio de su compañero de celda y un oficial, y las condiciones preexistentes de la celda. El DCR confirmó su determinación basándose en la prueba. El Tribunal de Apelaciones anticipa confirmar la decisión administrativa impugnada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari. El caso enfrenta a Luna Residential III LLC como demandante-recurrida contra Samuel Pastrana Meléndez y Josefina Amilivia Reyes como demandada-peticionaria. La parte peticionaria solicitó la revisión y revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción Solicitando Desestimación. El litigio original es una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada en 2018 por alegado incumplimiento de pago. Los demandados contestaron la demanda invocando varias defensas, incluyendo que la propiedad era su hogar seguro y la falta de una parte indispensable. El proceso judicial incluyó un intento de mediación que no resultó en acuerdo y una paralización de los procedimientos debido a la pandemia. La parte peticionaria también buscó una modificación hipotecaria y una paralización bajo el Reglamento X de RESPA. El Tribunal de Apelaciones procedió a expedir el auto de certiorari. Como resultado, el Tribunal revoca la Resolución recurrida emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impericia médica y daños y perjuicios. La controversia principal en apelación es si los límites de responsabilidad establecidos por ley para los Centros Médicos Académicos Regionales y su facultad docente aplican también a sus aseguradoras. El Tribunal de Primera Instancia había dictaminado que dichos límites aplicaban al médico y al hospital, pero no a sus aseguradoras, SIMED y Beazley Group. El Hospital Episcopal San Lucas Ponce y Beazley Group apelaron esta sentencia parcial. Por separado, SIMED, aseguradora del Dr. Hiram M. Soler Bernadini, también apeló la misma decisión. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambas apelaciones para dilucidar esta cuestión legal recurrente. El caso original es una demanda presentada por Luis Samuel Negrón Castro y otros, alegando negligencia médica durante una cirugía en 2017. El Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una revisión administrativa. El recurso fue presentado por Sonnell Fleet Solutions II, LLC contra la Junta de Subastas del Municipio de Patillas. Sonnell impugna la adjudicación de la Subasta SM2023-005, relativa a servicios de mantenimiento para la flota vehicular municipal, a favor de JE Sales & Services, Inc. Previamente, Sonnell había apelado la notificación inicial de adjudicación, la cual fue desestimada por el tribunal por notificación defectuosa de la Junta. La Junta emitió una nueva notificación, nuevamente adjudicando a JE Sales, lo que motivó esta segunda revisión administrativa. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la adjudicación de la subasta impugnada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400450, una apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El recurso fue presentado por Karla Sabrina Avilés Pérez y otros contra PR Recovery & Development JV, LLC. Apela una Sentencia Sumaria del foro primario que declaró ha lugar una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La demanda fue instada por PRD, quien adquirió un préstamo comercial otorgado originalmente por el Banco de Desarrollo Económico (BDE) a la apelante. El préstamo estaba evidenciado por varios pagarés y garantizado con hipoteca, gravamen mobiliario y garantías personales. PRD reclamó el pago de la deuda, alegando que estaba vencida, líquida y exigible. Los apelantes se opusieron, argumentando que la adquisición del préstamo por PRD era nula y que esta carecía de legitimación activa. El Tribunal de Primera Instancia emitió sentencia sumaria a favor de PRD. Tras revisar los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar el dictamen apelado. La decisión valida la reclamación de PRD y la ejecución de las garantías.

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Se trata de una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones, donde José Guillermo Rodríguez Valle impugna una decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra. La resolución recurrida, emitida en noviembre de 2023, denegó la solicitud del recurrente para obtener el privilegio de libertad bajo palabra. La Junta fundamentó su denegatoria principalmente en la falta de un hogar viable para que el recurrente residiera, según se desprendía de un informe sociopenal. El recurrente cuestionó tanto la denegación como la razón específica utilizada, además de la ausencia de remisión a un programa de tratamiento interno. El Tribunal revisó la decisión administrativa aplicando el estándar de deferencia a las determinaciones de hecho sustentadas por evidencia sustancial en el expediente. Tras examinar los autos y escuchar a las partes, el Tribunal procedió a resolver el recurso de revisión. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución administrativa emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra.

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Procedimientos criminales fueron iniciados contra Aaron Vick y Juan Maldonado De Jesús por violaciones al Código Penal. Una controversia principal surgió sobre la solicitud de la defensa para obtener un informe de investigación preliminar del Departamento de Justicia, alegando que contenía prueba exculpatoria. En 2022, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la entrega del informe tras determinar que contenía información exculpatoria, pero esta orden quedó sin efecto al desestimarse el caso por falta de jurisdicción del FEI, decisión que fue revertida por el Tribunal Supremo. Al regresar el caso, la defensa solicitó nuevamente el informe, y el Tribunal de Primera Instancia reiteró su orden de entrega en febrero de 2024, bajo apercibimiento de desacato. El Ministerio Público, a través del FEI, recurrió en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar esta orden. El FEI alega que el Tribunal de Primera Instancia erró al ordenar la entrega sin permitir agotar los remedios legales y al ordenar la entrega de la totalidad del informe basándose en su contenido exculpatorio. El Tribunal de Apelaciones concedió la solicitud del FEI para paralizar la ejecución de la orden de entrega mientras se resuelve el recurso. Esta sentencia detalla el historial procesal y los señalamientos de error presentados por el FEI en su apelación sobre la divulgación del informe de investigación.

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Un agente de la Policía de Puerto Rico fue expulsado por el Negociado tras arrojar positivo a marihuana en una prueba de detección de sustancias. El agente apeló la expulsión, alegando que poseía una licencia vigente para el uso de cannabis medicinal al momento de la prueba. Sostuvo que la reglamentación no prohibía el uso medicinal y que su licencia no interfería con sus funciones. La Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) inicialmente revocó la expulsión, pero luego reconsideró su determinación. Finalmente, la CIPA desestimó la apelación del agente, razonando que la reglamentación establece la incompatibilidad del uso de sustancias controladas con los puestos policiales. El agente apeló la decisión final de la CIPA ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el caso, evaluando si la CIPA erró al desestimar la apelación a pesar de la licencia médica del agente. El Tribunal concluyó que la CIPA actuó correctamente al confirmar la expulsión.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. El Sr. Abdiel Gutiérrez del Río apeló la Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha orden acogió el informe de un Examinador de Pensiones Alimentarias. El informe fijó la pensión alimentaria para dos hijos menores en dos periodos distintos y estableció un plan de pago para la deuda retroactiva. El Apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada. En apelación, el Sr. Gutiérrez del Río alegó errores relacionados con la imputación y promedio de ingresos, el tiempo con los menores, la aplicación de reglas y los honorarios. La Sra. Brenda Liz Villalobos Rivera, parte apelada, se opuso a la apelación. El Tribunal de Apelaciones solicitó al Apelante una exposición narrativa de la prueba, la cual no fue presentada, y por los fundamentos que se exponen, confirma la Resolución y Orden apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue presentado por un vendedor contra compradores de un inmueble por incumplimiento de contrato, daños y desahucio. El vendedor alegó falta de pago de plazos acordados y un préstamo para gastos de cierre, solicitando la resolución del contrato y la devolución de la propiedad. Los compradores negaron la cuantía adeudada y el préstamo, aunque admitieron cierto incumplimiento, y argumentaron que el vendedor no podía resolver el contrato sin garantía hipotecaria. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sumariamente, concluyendo que los compradores habían pagado más de lo alegado y que el vendedor no tenía derecho a resolver el contrato. El Tribunal de Apelaciones determina que el Tribunal de Primera Instancia erró al resolver el caso de forma sumaria. Señala que existen incertidumbres fácticas en el récord sobre la cantidad exacta de pagos realizados y el acuerdo sobre los gastos de cierre. Concluye que, dependiendo de la resolución de estas cuestiones fácticas, el vendedor podría tener derecho a cobrar la deuda o a obtener la resolución del contrato. Por tanto, el caso no podía ser resuelto por la vía sumaria.

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Se trata de una apelación presentada por Edgar A. Cruz Ortiz contra la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). El apelante demandó a la CFSE reclamando ajuste salarial y daños y perjuicios tras la terminación de su interinato como Director de Presupuesto. La demanda se presentó al amparo de la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales (Ley 2-1961). La CFSE solicitó la desestimación de la demanda alegando insuficiencia en el emplazamiento y falta de agotamiento de remedios administrativos. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimó la demanda basándose únicamente en la insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento, declarándolo nulo. El TPI concluyó que, al ser nulo el emplazamiento, no adquirió jurisdicción sobre la CFSE y no entró a considerar la alegación sobre el agotamiento de remedios. El señor Cruz Ortiz apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución apelada que desestimó la demanda. La confirmación se realiza, sin embargo, por fundamentos distintos a los esgrimidos por el TPI.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Josué Ortiz Colón, el recurrente, impugna la denegatoria de su solicitud de reconsideración por parte de la División de Remedios Administrativos del DCR. El recurrente busca ser referido para participar en el Programa de Pases sin custodia. Tras una solicitud inicial, se le informó que su caso sería entrevistado y orientado. Al solicitar reconsideración, la DRA-DCR le indicó que se habían realizado gestiones y que su caso estaba pendiente de respuesta de Nivel Central. Ortiz Colón presentó revisión judicial alegando errores como falta de evidencia, incumplimiento reglamentario y no iniciar el proceso para el programa. El DCR presentó su oposición al recurso. El Tribunal examinó los argumentos y la decisión administrativa. Aplicando el principio de deferencia a las agencias administrativas, el Tribunal confirmó la decisión recurrida.

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Una sentencia judicial resuelve una solicitud de revisión de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La solicitud fue presentada por Sun Air Photovoltaic, LLC. y Carlos Cáceres Maury contra Israel Martínez Gutiérrez. El caso original en el DACo trataba sobre una querella de consumo por la instalación de un sistema fotovoltaico. La resolución del DACo recurrida pautó directrices para completar la instalación y la interconexión del sistema. Sin embargo, el tribunal determinó que carecía de jurisdicción para revisar dicha resolución administrativa. Por esta razón, el recurso de revisión fue desestimado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso involucra a un consumidor, Héctor M. Torres Morales, y el concesionario Options Dealer. La disputa se centra en la compraventa de un vehículo usado. El consumidor alegó que el vehículo fue vendido con vicios ocultos, habiendo sido impactado y reparado, lo que anuló la garantía de fábrica. También reclamó un cobro ilegal por concepto de "doc fee". Options Dealer se defendió argumentando que el vehículo se vendió sin vicios ocultos. El DACo determinó que el contrato era nulo y ordenó la devolución de las prestaciones pagadas por el consumidor. Options Dealer apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, en esta Sentencia, CONFIRMÓ la Resolución emitida por el DACo.

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Sentencia de un panel apelativo revisando decisiones del Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo. El caso surge de una Demanda presentada por Ricardo Hatton Rentas contra Blanca Sáez Ortiz tras la ruptura de su relación sentimental. El señor Hatton reclamaba el cumplimiento de un acuerdo de guarda y custodia sobre dos mascotas, una perra y una gata. La señora Sáez se opuso, alegando que las mascotas pertenecían a su hija menor y que ella sufragaba sus gastos. El foro primario declaró No ha Lugar la Demanda del señor Hatton. Además, el TPI asignó la guarda y custodia de las mascotas a la señora Sáez. El TPI también impuso al señor Hatton el pago de honorarios de abogado y concedió costas a la parte apelada. El señor Hatton apeló la Sentencia y presentó un recurso de Certiorari contra la Resolución de costas. El panel apelativo CONFIRMÓ la Sentencia del TPI en cuanto al fondo del caso. Sin embargo, el tribunal apelativo MODIFICÓ la Resolución del TPI sobre la concesión de costas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación. El recurso fue presentado por Efraín González Droz, Yessenia Candelaria y su sociedad de gananciales. Buscan revocar una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original fue incoada contra Organic Med Growers, Inc. (y su sucesora) y el Secretario de Estado. Los apelantes alegaron ser accionistas mayoritarios de OMG. Denunciaron acciones corporativas ilegales relacionadas con el cambio de directores y la presentación de resoluciones en el Departamento de Estado sin su consentimiento. Sostuvieron que estas acciones les causaron daños y perjuicios, incluyendo la negación de acceso a las facilidades de la corporación. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar una moción de desestimación presentada por la parte apelada. El Tribunal de Apelaciones adelanta la confirmación del dictamen apelado, manteniendo la desestimación de la demanda.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impericia profesional. La parte peticionaria, BVI Gas, Inc. y otros, solicitó la intervención del tribunal para dejar sin efecto una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución, emitida el 4 de marzo de 2024, impidió a los peticionarios preguntar a la parte recurrida, Elvira Flores Cruz, sobre acusaciones criminales previas durante su deposición. Los peticionarios argumentaron que la recurrida se negó a contestar estas preguntas a pesar de una estipulación y las reglas de procedimiento civil. La recurrida se opuso, alegando que las preguntas eran generales e impertinentes a la causa de acción. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción para compeler el descubrimiento sobre este tema. Tras una solicitud de reconsideración infructuosa, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, en su Resolución del 28 de junio de 2024, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de incumplimiento de contrato. La apelación fue presentada por Doris González Bonilla contra Walixsa Torres Rodríguez. El litigio se originó por un Contrato de Opción de Compra y Venta de un inmueble en Ponce. La Sra. Torres Rodríguez demandó alegando que la Sra. González Bonilla incumplió el acuerdo al negarse a formalizar la venta. Por su parte, la Sra. González Bonilla reconvino reclamando el pago por la ocupación de la propiedad por la Sra. Torres Rodríguez. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la demandante (Sra. Torres Rodríguez) y desestimó la reconvención. La Sra. González Bonilla apeló dicha determinación. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La decisión del foro apelativo valida el dictamen que declaró el incumplimiento de contrato por parte de la vendedora y denegó la reclamación de la vendedora por supuesta ocupación gratuita.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución en el caso de certiorari presentado por Ricardo Hernández Rossy contra Bridge Security Services, Inc. y otros. El peticionario solicitó la revisión de dos determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre daños, discrimen y otros. Específicamente, impugnó la Resolución que declaró Con Lugar una Moción In Limine, excluyendo unas grabaciones de "WhatsApp" como prueba. También recurrió la determinación que declaró No Ha Lugar su solicitud para que se dieran por admitidas ciertas alegaciones de la demanda negadas por los codemandados (UPR y Bridge) por falta de información. Las partes recurridas se opusieron a la expedición del auto. Tras evaluar la solicitud, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari solicitado por el Sr. Hernández Rossy.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio una demanda. Dicha demanda fue presentada por Vianette Cruz Figueroa y Luis Jonel Cruz Cruz contra José Orlando Cruz Figueroa y otros. Esta acción legal se originó tras un caso previo entre algunas de las partes, que involucraba reclamaciones sobre una propiedad y otros asuntos. El caso anterior concluyó con una desestimación con perjuicio en 2021, basada en un acuerdo transaccional privado y una moción conjunta. La nueva demanda, presentada en 2022, incluyó reclamaciones similares y añadió asuntos de herencia, alegando un incumplimiento del acuerdo previo. El foro primario desestimó esta segunda demanda con perjuicio, lo cual fue apelado. El panel apelativo, tras considerar los argumentos, determinó revocar la Sentencia apelada.

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Avilés Auto apela una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que declaró nulo un contrato de compraventa de vehículo de motor usado. La resolución de DACo ordenó la devolución de las prestaciones a la consumidora, Julia Morales Flores. La querella original de la consumidora alegaba que Avilés Auto no le informó que el vehículo, un BMW X5, había sido impactado y reparado previamente. La consumidora descubrió documentos sobre la colisión y reparación después de la compra. Solicitó la cancelación del contrato por vicios ocultos y el reembolso de su pronto pago, crédito por intercambio y otros gastos. Una inspección técnica de DACo determinó que el vehículo aparentaba haber sido intervenido por colisión. Avilés Auto negó desperfectos mecánicos y alegó desconocer la existencia de vicios de fábrica. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión administrativa de DACo sobre esta disputa de compraventa. El Tribunal anuncia que modificará la resolución recurrida basándose en los fundamentos que expondrá.

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El documento presenta el trasfondo de un caso de sentencia declaratoria, prescripción adquisitiva y acción reivindicatoria ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La peticionaria, heredera de Manuel Díaz-Piferrer, reclama la propiedad de un inmueble en Cabo Rojo, alegando que su padre fue el único dueño porque la entidad corporativa que figuró como compradora en la escritura de 1991 no existía legalmente en ese momento. El recurrido, hermano del causante, sostiene que la corporación fue un acuerdo entre ambos hermanos y que la propiedad y negocios asociados eran un esfuerzo conjunto, reclamando el 50% de la propiedad. Ambas partes solicitaron sentencia sumaria en el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario denegó ambas solicitudes. Identificó siete controversias de hechos materiales que impiden resolver el caso sumariamente. Estas controversias giran en torno al origen de los fondos para la compra, el pago de la deuda, el uso del inmueble, la naturaleza de los negocios, las mejoras realizadas por el recurrido y el efecto legal de la no existencia de la corporación al momento de la compra. El documento detalla los hechos no controvertidos, como la adquisición de la propiedad por la corporación y Manuel Díaz-Piferrer en 1991, la no inscripción de la corporación en esa fecha, y su posterior inscripción en el año 2000.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Juan Carlos Albors Lahongrais y Teresita Del C. Riera Carrión en apelación. El señor Albors Lahongrais solicita la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Demanda de daños y perjuicios y enajenación parental y de afecto. Dicho dictamen también desestimó la Reconvención de la señora Riera Carrión, con excepción de un reclamo por impago hipotecario. El apelante alegó maltrato emocional, acusaciones falsas e influencia maliciosa en sus hijos por parte de la apelada y sus padres, causándole daños emocionales y económicos. La apelada, por su parte, reconvino alegando un patrón de maltrato físico, psicológico y económico por parte del apelante durante y después del matrimonio, resultando en angustias y daños financieros. El Tribunal de Primera Instancia determinó que ambos alegaron daños continuos y que se requería prueba para evaluar su naturaleza y la prescripción. El Tribunal de Apelaciones adelanta la confirmación del dictamen apelado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Ricardo Alicea Otero, impugnó la denegación de su solicitud de recalificación de un predio en Bayamón. La solicitud buscaba cambiar la zonificación de Residencial Intermedio (R-I) a Comercial Intermedio (C-I). La Oficina de Planificación del Municipio de Bayamón denegó el cambio propuesto mediante resolución. La denegatoria se basó en información obtenida *ex parte* sobre la posible afectación del predio por la construcción de la carretera PR-5 y casos de expropiación. Dicha información fue recabada después de completado el expediente administrativo y el informe favorable del oficial examinador. El recurrente argumentó que la Oficina actuó *ultra vires* al considerar información obtenida de forma indebida. El Tribunal de Apelaciones determinó revocar la resolución emitida por la Oficina de Planificación del Municipio de Bayamón.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia revisando una decisión administrativa del Departamento de Educación. El caso involucra a una menor con trastornos de aprendizaje y TDAH, cuyos padres solicitaron el reembolso de servicios educativos privados. Los padres presentaron una querella ante el foro administrativo alegando que el Departamento de Educación no ofreció una ubicación escolar apropiada para la menor, a pesar de las recomendaciones de una evaluación profesional. Argumentaron que, ante la falta de alternativas públicas adecuadas, se vieron obligados a matricular a la menor en una escuela privada para el año escolar 2023-2024. El foro administrativo declaró No Ha Lugar la querella, denegando la compra de servicios privados. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, determinó que la decisión administrativa fue incorrecta. Por tanto, revocó la decisión del foro administrativo y ordenó al Departamento de Educación el pago de los servicios educativos privados reclamados por los padres de la menor.

Resumen:

El Departamento de Vivienda de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de dos órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla el 23 de mayo de 2024 en un caso sobre daños. Una orden denegó la solicitud del Departamento para dejar sin efecto unas admisiones tácitas de un codemandado, aceptadas previamente por el tribunal. Estas admisiones se relacionaban con un requerimiento de prueba de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. La otra orden impuso sanciones económicas a los abogados de récord por falta de diligencia en la presentación de un informe. El Departamento había solicitado reconsideración de las sanciones, pero fue denegada por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se basó en la determinación de que carecía de jurisdicción para atender la controversia planteada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una revisión administrativa procedente del Departamento de Educación. El caso involucra a un estudiante de educación especial ubicado en una escuela privada a costo público, representado por su madre. La madre solicitó al Departamento de Educación el reembolso de gastos por alimentos escolares, terapia cognitiva y una computadora. El Departamento de Educación denegó el reembolso por alimentos y terapia cognitiva, pero lo aprobó para la computadora. La madre recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó la resolución administrativa del Departamento de Educación. La controversia principal giró en torno a la obligación del Departamento de reembolsar el costo de los alimentos escolares. El Tribunal modificó la resolución recurrida. Revocó la denegación del reembolso por el pago de alimentos. Confirmó lo dispuesto por el Departamento de Educación en cuanto a los demás reembolsos solicitados.

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Panel judicial revisa recursos presentados por Ricardo Hatton Rentas contra Blanca Sáez Ortiz. Los recursos impugnan una Sentencia y una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo. La Sentencia apelada, del 17 de abril de 2024, declaró No ha Lugar la Demanda de incumplimiento contractual presentada por el señor Hatton. Dicha demanda versaba sobre la guarda y custodia de dos mascotas (una perra y una gata) tras la ruptura de la relación sentimental entre las partes. El foro primario asignó la custodia de las mascotas a la señora Sáez y le impuso al señor Hatton el pago de $2,000 en honorarios de abogado. La Resolución recurrida en certiorari, del 12 de junio de 2024, concedió las costas solicitadas por la parte apelada. El panel CONFIRMA la Sentencia apelada en cuanto al fondo y la custodia de las mascotas. Sin embargo, MODIFICA la Resolución sobre la concesión de costas.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había declarado con lugar una demanda para hacer cumplir una determinación final y firme del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha determinación requería al apelante, Manuel Orsini, pagar una suma de dinero más intereses a la apelada, Marisol Lucre Quiñones. El apelante presentó tres señalamientos de error, argumentando principalmente que la decisión de DACo no era final y que el TPI carecía de jurisdicción. También impugnó la imposición de honorarios de abogado. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI actuó correctamente. Determina que no se demostró vicio alguno en el proceso administrativo que impidiera la ejecución de la decisión de DACo. Por tanto, se confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evalúa una petición de certiorari presentada por Fundación para el Desarrollo de Hogar Propio. La Fundación solicita revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia que permitió a Madelyn Morales Hernández enmendar su demanda. Originalmente, la señora Morales Hernández demandó por incumplimiento de contrato y daños tras la terminación de su empleo. Posteriormente, solicitó enmendar para incluir una causa de acción bajo la Ley 80 sobre despidos injustificados. La Fundación se opuso a la enmienda, alegando que la reclamación bajo la Ley 80 estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente denegó la enmienda, pero luego revirtió su decisión, autorizando la inclusión de la reclamación bajo la Ley 80. La Fundación impugna esta última orden mediante el presente recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones anticipa denegar la expedición del auto solicitado.

Resumen:

NeoDeck Holdings, Corp. (ND Holdings) acude al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución declaró No Ha Lugar la solicitud de ND Holdings para descalificar la representación legal de Triple-S Management, Corp. (Triple-S), el bufete Pietrantoni Méndez & Álvarez, LLC (PBM). La solicitud de descalificación surgió en el contexto de una demanda de injunction estatutario presentada por Triple-S contra ND Holdings y sus oficiales. ND Holdings argumentó que PBM tenía un conflicto de interés por haberla representado previamente en la redacción de un Acuerdo de Accionistas en 2010, documento relevante para el pleito actual. Alegó que abogados de PBM podrían ser testigos necesarios para interpretar dicho acuerdo. Triple-S se opuso a la descalificación, sosteniendo que PBM la representó a ella, no a ND Holdings, en la negociación de 2010 y que no existió relación abogado-cliente con ND Holdings en ese proceso. El TPI, tras evaluar la prueba, concluyó que no procedía la descalificación solicitada por ND Holdings. La presente Resolución del Tribunal de Apelaciones revisa esta determinación del foro primario.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari sobre custodia y relaciones paterno filiales. La peticionaria, Melissa Pérez Rodríguez, impugna la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su solicitud de desistimiento voluntario de la demanda de custodia monoparental que ella misma instó. Este pleito ha generado múltiples recursos previos ante este Tribunal, incluyendo controversias sobre órdenes de protección y determinaciones de custodia. El Tribunal de Apelaciones había revocado previamente una decisión del foro primario, concediendo la custodia monoparental a la peticionaria y emitiendo una orden de protección final a su favor. Dicha determinación se encuentra actualmente bajo revisión del Tribunal Supremo. La peticionaria argumentó que el desistimiento de su demanda original era procedente dadas las circunstancias actuales y la sentencia previa del Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones deniega expedir el auto de certiorari solicitado. Esta denegatoria valida la decisión del foro primario de no permitir el desistimiento voluntario de la acción de custodia iniciada por la peticionaria.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por LVR Forever LLC y César Efraín Sainz Rodríguez contra Opción 1 Entertaiment LLC y otros. La apelación proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso sobre incumplimiento de contrato, daños y enriquecimiento injusto relacionado con un concierto de Olga Tañón. Los apelantes demandaron en el foro judicial tras un proceso de arbitraje previo ante la AAA, iniciado por ellos, que fue desestimado sin perjuicio por falta de pago de las partes. Los apelados argumentaron que el contrato contenía una cláusula de arbitraje exclusivo y mandatario que privaba de jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia. El TPI ordenó a los apelantes mostrar causa por la cual el caso no debía ser desestimado en virtud de dicha cláusula. Tras evaluar las mociones de las partes, el Tribunal de Apelaciones resuelve modificar la Sentencia apelada. La modificación consiste en desestimar la demanda sin perjuicio. Esta desestimación sin perjuicio se realiza para salvaguardar el derecho de arbitraje de las partes. Así modificada, la Sentencia del TPI es confirmada.

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El Tribunal de Apelaciones revisó mediante certiorari una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que impuso una cuarta sanción de $500 a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). La sanción se debió al incumplimiento de una orden previa para ubicar a Edgardo J. Feliciano Cintrón en un hogar. ASSMCA solicitó reconsideración, alegando que la orden judicial interfería con su política de lista de espera y la separación de poderes, ya que el paciente ocupaba el undécimo turno y no había cabida inmediata. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración. ASSMCA recurrió al Tribunal de Apelaciones, imputando error al foro primario por interferir con su operación administrativa. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y solicitó información sobre las gestiones de ubicación. Antes de una vista señalada, ASSMCA informó que el paciente ya había sido ubicado. A pesar de la ubicación, el Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar la legalidad de la sanción impuesta. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido, validando la sanción contra ASSMCA.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en los recursos consolidados KLAN202101076 y KLAN202300098. Carlos E. Infante Rosa y Héctor E. Fontánez Carballo apelaron sentencias dictadas en su contra por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. Los casos involucran cargos por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas, la Ley de Armas y el Código Penal. Un punto central de la apelación se relaciona con la admisibilidad del testimonio de un testigo fallecido (Peter Rodríguez Vélez) rendido en la vista preliminar. La defensa argumentó que el contrainterrogatorio en la vista preliminar no fue efectivo debido a la existencia de una declaración jurada posterior del testigo que contradecía su testimonio previo. Se planteó que esta declaración posterior no estaba disponible para confrontar al testigo durante la vista preliminar. El Tribunal de Primera Instancia consideró que estos argumentos se dirigían al valor probatorio del testimonio para el jurado, no a su admisibilidad como prueba de referencia de un testigo no disponible. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar las sentencias apeladas.