Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 57)

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Rafael Schettini Gracia contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que decretó su desahucio. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento de los requisitos jurisdiccionales para apelar sentencias de desahucio. La ley exige que la apelación se presente dentro de un término de cinco días desde la notificación de la sentencia. Además, el apelante debe prestar una fianza fijada por el tribunal de instancia dentro de ese mismo término. El documento cita los artículos pertinentes del Código de Enjuiciamiento Civil y jurisprudencia del Tribunal Supremo que establecen estos requisitos como jurisdiccionales. La apelación fue presentada fuera del término de cinco días desde la notificación de la sentencia apelada, la cual también requería la prestación de una fianza.

Resumen:

Eliezer Santana Báez presentó una petición de mandamus ante el Tribunal de Apelaciones contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Solicitaba que se ordenara al DCR atender su solicitud administrativa sobre su elegibilidad para el Programa de Pre-Reinserción a la Libre Comunidad. El peticionario alegó inacción de la agencia tras presentar su solicitud administrativa. El tribunal, al revisar la petición de mandamus, notó que carecía del juramento requerido por la Regla 54 de Procedimiento Civil. Se le concedió un término al peticionario para subsanar este defecto formal, bajo apercibimiento de desestimación. Habiendo transcurrido el término sin que el peticionario cumpliera con el requerimiento de juramentar la petición, el tribunal procede a desestimar el recurso. Se reitera que el mandamus es un remedio extraordinario que exige el cumplimiento estricto de sus requisitos formales, incluyendo la presentación juramentada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre B Billboard NC, LLC y Hello Media, LLC. B Billboard impugna un permiso de construcción para una valla publicitaria digital expedido a Hello Media por el Municipio de Carolina. B Billboard solicitó revisión administrativa ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Hello Media pidió la desestimación de la revisión administrativa por falta de jurisdicción, alegando que fue presentada fuera del término legal de 20 días desde la notificación del permiso el 2 de abril de 2024. B Billboard se opuso, argumentando que el término no había comenzado a cursar debido a supuestos incumplimientos de Hello Media. La OGPe determinó no acoger la solicitud de revisión administrativa de B Billboard. B Billboard presentó entonces un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones contra la determinación de la OGPe. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de revisión por falta de jurisdicción, al considerarlo prematuro.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia de la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan. El recurrente, Homar Torres Pabón h/n/c Papi Joe, solicitó la revisión judicial de una resolución que denegó la reconsideración de una multa administrativa de \$2,000. La multa fue impuesta por supuestamente operar su negocio con un uso distinto al autorizado, específicamente como barra principal, tras un operativo nocturno en septiembre de 2023. El recurrente solicitó la reconsideración administrativa, la cual fue inicialmente acogida para trámite, pero finalmente denegada mediante resolución de febrero de 2024. Ante esta denegatoria, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones. El tribunal determina que, por los fundamentos que expondrá, procede revocar la resolución recurrida. En consecuencia, la multa administrativa Boleto Núm. 002970 queda sin efecto.

Resumen:

Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones atiende un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca relacionado con un préstamo tipo balloon. El Tribunal de Primera Instancia había dictado previamente sentencia sumaria, estableciendo que el Deudor adeudaba una cantidad específica, principalmente el pago final del balloon. El caso fue referido a mediación, pero el Deudor planteó cuestionamientos sobre la liquidez de la deuda, que el centro de mediación consideró fuera de su alcance. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia determinó que no existía impedimento legal para proceder con la mediación, ya que el asunto central sobre la validez de la deuda había sido determinado judicialmente. El Tribunal de Apelaciones confirma esta decisión. Concluye que la cuestión que el Deudor intentó re-litigar respecto a la deuda ya había sido adjudicada por el Tribunal de Primera Instancia, el propio Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al no encontrar barrera para iniciar la mediación basada en re-litigar el asunto de la deuda ya resuelta.

Resumen:

Se presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones por Luisito Aguilar Abreu contra el Municipio de Hatillo, relacionado con un caso de despido injustificado. El recurso buscaba la revisión de una sentencia dictada previamente en el Tribunal de Primera Instancia. Durante el trámite apelativo, el peticionario informó al tribunal que el Municipio de Hatillo se comunicó para notificar la disponibilidad de fondos para el pago total de la sentencia original. El municipio adjuntó una certificación de su Directora de Finanzas confirmando los fondos y se comprometió a coordinar y efectuar el pago con premura. Ante este compromiso de satisfacer la sentencia, el peticionario presentó una moción solicitando el desistimiento del recurso de Certiorari, al considerar que ya no era necesario. El Tribunal de Apelaciones, atendiendo la solicitud de desistimiento del peticionario, procedió a desestimar el presente recurso con perjuicio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico deniega un recurso de Certiorari presentado por Joaquín Rodríguez García y otros. Los peticionarios buscaban la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Humacao que declaró No Ha Lugar su solicitud de descalificación. La moción de descalificación se dirigía contra la representación legal de Breeze Point at Ocean Corp., una de las partes recurridas en un pleito sobre daños y perjuicios e injunction. Los peticionarios alegaron que el abogado de Breeze Point violó cánones de ética profesional al incluir en una reconvención acusaciones de conducta delictiva y fraude sin aparente sustento probatorio. Argumentaron que esta conducta obstaculizaba la administración de justicia y era irrespetuosa. Breeze Point se opuso, señalando que los peticionarios no demostraron perjuicio ni falsedad en las alegaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, resuelve denegar el recurso de certiorari, confirmando implícitamente la decisión del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en un recurso de certiorari presentado por José Yamil Báez Meléndez. El recurso buscaba la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso original fue iniciado por María Angélica Pastor Escobar, quien reclamó ser la heredera universal del dueño de las acciones de la corporación Escotech, Inc. Pastor Escobar alegó que Báez Meléndez, un empleado, se apropió de la corporación basándose en una supuesta donación verbal de acciones del causante poco antes de morir, la cual considera nula. Báez Meléndez, en su moción de sentencia sumaria, argumentó que la donación fue válida y que la demandante no era heredera forzosa. La demandante se opuso, señalando que la moción se basaba en prueba de referencia inadmisible y que el demandado había modificado su testimonio. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y confirmó el dictamen recurrido, manteniendo la denegación de la sentencia sumaria. Esto implica que la controversia sobre la titularidad de las acciones deberá dilucidarse en un juicio en el foro primario.

Resumen:

La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una Apelación en un caso de Cobro de Dinero. La apelación fue presentada por la Sucesión de Wilfredo Torres Ramos contra Edmundo Álvarez Cruz. Se impugnaba una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar la moción del demandante. El caso original se basaba en una deuda de 1996 relacionada con el negocio Arenero la Montaña, reclamada por el señor Álvarez Cruz. La Sentencia Sumaria había resuelto el caso sin la celebración de un juicio. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del dictamen apelado. Determinó que procedía revocar la Sentencia Sumaria. Por tanto, se ordena la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia. El objetivo es que se celebre una vista en sus méritos para dilucidar la controversia.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Richard C. Brown Wood y Maricarmen Gianati Medina. Los apelantes buscaban revocar una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra varios codemandados, incluyendo el Alcalde de Isabela, por prescripción de la acción. La demanda original alegaba difamación, libelo, calumnia, invasión a la privacidad y daños y perjuicios. Los apelantes, residentes de Royal Isabela, alegaron que una investigación municipal contra una sargento de policía, iniciada tras una querella del director de seguridad del complejo, les causó daños. Incluyeron al Alcalde y otros como demandados en una demanda enmendada posterior a la original. El foro primario determinó que la acción contra estos nuevos demandados estaba prescrita. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada, validando la desestimación basada en la prescripción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia sobre alimentos y otros gastos para tres menores. La apelación fue presentada por la madre, Itzel García Catalán, contra el padre, Pedro Antonio Rosa Rivera. La resolución apelada fijó la pensión alimentaria final, la pensión retroactiva y la proporción de gastos compartidos. También concedió honorarios de abogado a la apelante. El foro primario basó su decisión en el informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias. Dicho informe estableció la proporción de ingresos de los padres (64.16% padre, 35.84% madre) para gastos como campamentos y actividades extracurriculares. Asimismo, determinó que los gastos médicos no cubiertos mayores de $50 se sufragarían en esa misma proporción. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la resolución impugnada. Una vez modificada, la resolución del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada. El documento detalla los antecedentes procesales y las determinaciones clave adoptadas por el foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre un interdicto posesorio. La apelación fue presentada por Paulson & Co., Inc. y otros contra PCI DE LLC y otros. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia tras una demanda por interferencia en el uso y disfrute de una zona franca (FTZ). La parte apelada alegó que la parte apelante realizó actos para impedirles el acceso y la posesión de un área de la FTZ donde almacenaban vehículos importados. La demanda buscaba proteger la posesión de más de 250 autos y evitar el pago de aproximadamente $2,000,000 en arbitrios. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente ordenó mantener el status quo y, tras un intento fallido de traslado a la corte federal, emitió una sentencia declarando Ha Lugar la demanda de interdicto posesorio. La parte apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los antecedentes del caso y los fundamentos presentados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

SA Pobla Investment, LLC apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda en su contra presentada por GeodataPR International, Inc. SA Pobla había demandado a Costa del Sur Investments, LLC, Healthcare Ventures, LLC y GeodataPR por cobro de dinero y disolución de empresa común. Alegó que Healthcare, GeodataPR y Costa del Sur eran garantizadores solidarios de una deuda. GeodataPR solicitó la desestimación argumentando que no era parte del contrato relevante como firmante, deudor o garantizador. SA Pobla se opuso, sosteniendo que la participación de los oficiales de GeodataPR en la transacción vinculaba a la empresa. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de GeodataPR y desestimó parcialmente la demanda. SA Pobla recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación. La apelación fue presentada por Néctor Robles Abraham, Irma Morales García, su sociedad legal de gananciales e Inversiones Romont, S.E. contra el Municipio Autónomo de Humacao y su Oficina de Planificación. Los apelantes buscaban la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original alegaba incautación reglamentaria, expropiación a la inversa, nulidad de revisión municipal y daños y perjuicios. El foro primario desestimó el caso al entender que el Plan de Ordenación Territorial del Municipio de Humacao prevalece sobre la zonificación de la Junta de Planificación. El caso involucra varias propiedades rústicas y urbanas propiedad de los apelantes en el Barrio Río Abajo de Humacao. La controversia central gira en torno a la primacía de la normativa municipal de planificación sobre la estatal y sus efectos en los derechos de propiedad. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, determinó revocar la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó un recurso de certiorari presentado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental. La Cooperativa buscaba la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso original trata sobre rescisión de contrato por dolo y daños y perjuicios relacionados con supuestos vicios ocultos en una propiedad. El Tribunal de Apelaciones recordó que una sentencia sumaria parcial previa ya había desestimado la demanda contra Oriental Bank, el tenedor del pagaré, al determinar que no participó en la compraventa ni era responsable por los defectos. Dicha sentencia previa también estableció que la propiedad fue vendida "as is". A pesar de estos hechos probados, el foro primario denegó la solicitud de la Cooperativa, argumentando una controversia sobre si excedió sus funciones o conocía los defectos. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición y la oposición. Finalmente, expidió el auto, revocó la resolución recurrida y desestimó con perjuicio la demanda instada en contra de la Cooperativa.

Resumen:

Procedimiento de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La recurrente solicita la revisión de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) sobre filtraciones de agua en su apartamento. La resolución del DACO ordenó a la Junta de Directores y al Consejo de Titulares del condominio reparar deficiencias comunes y requerir a la titular del apartamento superior realizar las reparaciones necesarias. El DACO también ordenó el pago de \$2,000 a la recurrente por angustias mentales. La recurrente está de acuerdo con el resultado de la resolución del DACO, pero solicita la eliminación de una determinación de hecho y una conclusión de derecho específicas. El caso presenta un historial extenso de querellas y procedimientos judiciales previos sobre los mismos problemas de filtración, iniciados en 2005. Una resolución previa del DACO de 2008, que ordenaba reparaciones, fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en 2008. La revisión actual se origina en una nueva querella presentada en 2019. El Tribunal de Apelaciones considera la solicitud de la recurrente sobre el texto de la resolución del DACO.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurrente, un confinado, solicitó la intervención del tribunal respecto a una supuesta determinación relacionada con su interés en participar de un programa de pre-inserción a la comunidad. El tribunal examinó si poseía la autoridad jurisdiccional para atender el recurso presentado. Se explica que la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar decisiones de agencias administrativas se limita a órdenes o resoluciones finales. Para que una decisión sea considerada final y revisable, debe ser emitida por la última autoridad decisoria de la agencia, poner fin a la controversia y contener determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. La parte que acude al tribunal tiene la obligación de demostrar que este tiene jurisdicción sobre el asunto. En este caso, el recurrente no acreditó que el Tribunal de Apelaciones tuviera jurisdicción sobre la determinación impugnada. Por lo tanto, al no acreditarse la jurisdicción, el tribunal desestimó el recurso de revisión.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión judicial de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La querellante, Melissa Medero Maldonado, presentó una queja contra Home Mortgage Corp. (HMC) por vicios ocultos en una propiedad adquirida. El DACo resolvió que HMC debía realizar reparaciones específicas en la residencia, incluyendo remoción de comején, instalación de losas y sellado de techo. HMC recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. La parte recurrente había presentado previamente una moción de reconsideración ante el DACo, la cual se entendió rechazada. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso. Determinó que el recurso de revisión judicial fue presentado de forma prematura. Por lo tanto, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa administrativamente una resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La Junta de Directores y el Consejo de Titulares del Condominio Torre del Cardenal solicitan la revocación de dicha resolución. La determinación del DACo resolvió que la querella presentada por los titulares Christian O. Cintrón Pérez y Cristina Guerra Cáceres fue radicada en término. Además, el DACo ordenó eliminar cualquier penalidad impuesta a los titulares en relación con la disputa sobre cuotas de mantenimiento y penalidades por atraso. El Condominio había argumentado que la querella ante el DACo era tardía y que no estaba obligado a aceptar pagos parciales. Los titulares habían objetado las penalidades y solicitado un comité de conciliación antes de acudir al foro administrativo. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos presentados, confirma la determinación recurrida del DACo.

Resumen:

Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari derivada de un caso de daños y perjuicios y despido injustificado. La controversia principal surgió cuando los demandantes presentaron sus contestaciones a un requerimiento de admisiones fuera del término reglamentario. El Tribunal de Primera Instancia tomó decisiones contradictorias, primero permitiendo las contestaciones tardías, luego dándolas por admitidas tras reconsideración, y finalmente reconsiderando nuevamente para permitir las contestaciones tardías. El demandado peticionó al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari, argumentando que las contestaciones tardías no debieron ser aceptadas. El Tribunal revisó la petición y el historial procesal. Determinó que la controversia específica sobre la decisión del tribunal de instancia respecto a las contestaciones tardías no se encuentra entre los asuntos autorizados para revisión mediante Certiorari bajo la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil. En consecuencia, el Tribunal concluyó que carecía de autoridad para revisar este asunto particular vía Certiorari. Por esta razón, el Tribunal denegó la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo un recurso de Certiorari presentado por Carlos M. Hernández Domínguez. El peticionario solicitó ser eximido del pago de una pena especial impuesta en una sentencia de 2015 por múltiples casos criminales. Dicha pena especial ascendía a $300.00 en cada caso. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia ya había eximido al peticionario de dicha pena especial mediante una orden emitida el 6 de octubre de 2021. Esta exención previa se concedió en virtud de la Ley Núm. 34-2021. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y el expediente. Procedió a desestimar el Certiorari presentado. La desestimación se fundamenta en la doctrina de justiciabilidad. El tribunal determinó que, al haber sido ya resuelta la solicitud de exención por el foro primario, el recurso carece de una controversia justiciable y se torna académico.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por Diversified and Special Services, Inc. La peticionaria buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha resolución se negó a desestimar la segunda causa de acción instada por Arlene Vélez Ramos y otros. La demanda original se basó en el incumplimiento de contratos de compraventa de unidades de vivienda, solicitando cumplimiento específico o daños. Diversified pidió la desestimación de la causa de acción de cumplimiento específico alegando que los apartamentos originales fueron vendidos. La parte recurrida se opuso, argumentando que Diversified tenía otras unidades similares o que el caso debía continuar por daños. El TPI adoptó este planteamiento y resolvió que el caso debía proceder bajo el procedimiento ordinario para una posible causa de acción en daños. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos y resolvió denegar la solicitud de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Edwin Mojica Rodríguez. El peticionario solicitó la revisión de órdenes del Tribunal de Primera Instancia relativas a un caso de divorcio. La controversia principal gira en torno a la solicitud del padre para relevarse del pago de pensión alimentaria a su hijo mayor de edad, Pablo Mojica Reyes. El señor Mojica Rodríguez argumentó que su hijo no cumplía con los requisitos académicos para continuar recibiendo la pensión, señalando bajo promedio y falta de estudio a tiempo completo. El hijo se opuso al relevo, indicando que cursa estudios universitarios, trabaja a tiempo parcial y atribuyó sus bajas calificaciones a la ansiedad del proceso legal. El foro primario había denegado previamente las solicitudes de relevo de pensión alimentaria presentadas por el padre. También denegó una solicitud del hijo para declarar su residencia como hogar seguro y una solicitud del padre para descalificar la representación legal del hijo. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar los dictámenes. No obstante, la corte apelativa confirmó las órdenes recurridas del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Ann Marie Santana Santos apeló la Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio por ruptura irreparable iniciado por Julio Hiram García Pérez. La apelante había reconvenido solicitando la nulidad del matrimonio, alegando que nunca se consumó según el derecho canónico y que el demandante actuó de mala fe. También reclamó daños y perjuicios e intentó presentar prueba médica post-juicio sobre la no consumación. El demandante se opuso a la nulidad, argumentando que la no consumación no es causal legal en Puerto Rico y que el derecho canónico es impertinente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconvención de nulidad y las mociones post-sentencia de la apelante, modificando algunas determinaciones de hecho. La apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso y confirmó la Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones atiende un recurso de apelación presentado por Lisette Alers contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. El Municipio de Isabela demandó a Temperature Developers Investment Corp. y otros, incluyendo a la apelante, por deudas de patente municipal e IVU municipal retenido. El foro primario declaró con lugar la demanda, ordenando el pago de \$71,010.12 por patente, \$5,600.25 por patente de arrendamiento, y \$187,581.52 por IVU retenido, más intereses, recargos, penalidades y \$10,000 en honorarios de abogado. La apelante argumentó, entre otras cosas, falta de jurisdicción por incumplimiento del municipio con el procedimiento de notificación de deficiencia previo al cobro. El municipio sostuvo que los demandados fueron notificados y que la tasación no era requerida si no se radicaba la declaración de volumen. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

Resumen:

Servicios Médicos Universitarios, Inc. (SMU) apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra coparte contra su aseguradora, Triple-S Propiedad, Inc. La demanda original fue presentada por terceros contra SMU y otros por daños alegados debido a un brote bacteriano en un hospital administrado por SMU. SMU reclamó a Triple-S defensa y cubierta bajo su póliza de seguros. Inicialmente, el tribunal primario ordenó a Triple-S proveer defensa y cubierta. Posteriormente, Triple-S solicitó sentencia sumaria parcial, argumentando que la reclamación estaba excluida de la póliza por tratarse de daños causados por "servicios profesionales", citando jurisprudencia previa. SMU se opuso, alegando que la aplicación de exclusiones era prematura. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a Triple-S, desestimando la demanda de SMU contra su aseguradora. Inconforme, SMU apeló esta decisión, y el Tribunal de Apelaciones Revoca la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Comparece ante este foro el Sr. Osvaldo Muñiz Ruiz solicitando la revisión de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia denegó su Moción de Sentencia Sumaria y desestimó sus reclamos contra AmSpec Puerto Rico, LLC al amparo de la Ley Núm. 90 (acoso laboral) y la Ley Núm. 115 (represalias). El apelante había presentado una querella alegando acoso, represalias, despido injustificado y daños. Sostuvo que fue objeto de hostigamiento y represalias tras quejarse de la carga laboral y tomar una ausencia médica, culminando en su despido por alegada insubordinación. AmSpec, por su parte, afirmó que el despido se debió a insubordinación y negó las alegaciones de acoso o represalias. Tras revisar los fundamentos, este panel CONFIRMA la Sentencia Parcial apelada. Esto valida la desestimación de los reclamos por acoso laboral y represalias en la instancia inferior.

Resumen:

El caso se origina tras la sentencia de restricción domiciliaria impuesta a Jaime R. Ramírez Figueroa por posesión de cocaína, la cual incluía condiciones como abstenerse del uso de drogas. Un informe de violación de condiciones, que reportó resultados positivos a sustancias controladas, motivó al Ministerio Público a solicitar la revocación de la sentencia. Aunque el tribunal de primera instancia inicialmente encontró causa probable para la violación, en la vista sumaria posterior determinó que no había causa en ese momento para continuar el proceso de revocación. El foro primario ordenó la excarcelación del sentenciado bajo supervisión electrónica. El Ministerio Público solicitó reconsideración sin éxito, argumentando que las violaciones de condiciones fueron probadas. Inconforme con esta determinación, El Pueblo de Puerto Rico presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Alega que el tribunal primario erró al no revocar la sentencia a pesar de la evidencia de incumplimiento. Ramírez Figueroa se opuso al certiorari, cuestionando la validez de la prueba de violación y defendiendo la decisión del foro primario. El Tribunal de Apelaciones revisará ahora la actuación del tribunal de primera instancia.

Resumen:

El Ministerio Público presentó acusaciones contra Daniel Velázquez Valentín por maltrato de menores, agresión sexual y actos lascivos. En una vista bajo la Regla 240, un psiquiatra del Estado lo declaró inicialmente no procesable temporalmente. Posteriormente, el psiquiatra determinó que padecía demencia degenerativa y lo declaró no procesable permanentemente. El Tribunal de Primera Instancia acogió este diagnóstico, declaró al acusado no procesable de forma permanente y ordenó el archivo del caso. El Ministerio Público solicitó reconsideración, argumentando que no se le concedió tiempo para consultar un perito propio ni se le notificó adecuadamente que se determinaría la procesabilidad permanente. Tras ser denegada la reconsideración, el Ministerio Público presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Alegan que la determinación de no procesabilidad permanente violó el debido proceso y la jurisprudencia aplicable. El Tribunal de Apelaciones ha recibido la oposición del recurrido y procede a resolver la controversia planteada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión administrativa solicitada por José A. Cruz Vega contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El Sr. Cruz Vega impugnó la designación interina de otra empleada al puesto de Gerente de Compras. Alegó que la persona designada no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia para el puesto. El recurrente sostuvo que él sí cumplía con los requisitos, figuraba en el registro de elegibles y no fue considerado para el interinato. Argumentó que su exclusión violaba el principio de mérito y potencialmente constituía discriminación por su condición de persona con impedimento. La Oficina de Apelaciones de la AAA declaró Con Lugar el recurso de apelación presentado por el Sr. Cruz Vega. El Sr. Cruz Vega solicitó una revisión parcial de dicha resolución ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirma la Resolución Final recurrida emitida por la Oficina de Apelaciones de la AAA.

Resumen:

Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La recurrente, Johanna Enid Guzmán Colón, solicitó la revisión judicial de una resolución de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. Dicha resolución denegó su solicitud de pensión por incapacidad. El recurso de revisión fue presentado el 8 de julio de 2024. El Tribunal observó que el escrito de la recurrente era muy breve y no exponía los fundamentos de derecho para solicitar la revocación de la decisión administrativa. Señaló que el escrito presentaba incumplimientos graves con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, específicamente con la Regla 59. Esta regla exige, entre otros requisitos, un señalamiento y discusión fundamentada de los errores imputados. La ausencia de estos elementos impide al Tribunal evaluar la controversia. Por consiguiente, el Tribunal determinó desestimar el recurso de revisión. La desestimación se basa en deficiencias procesales, sin entrar a considerar los méritos de la denegatoria de pensión.

Resumen:

Compareció ante este Tribunal la parte peticionaria, la Sra. Jessica Rivera Ramos, mediante recurso de certiorari. Solicitó la revocación de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso sobre liquidación de bienes hereditarios. El caso original fue iniciado por la Sra. Olga L. Merced Torres contra las hermanas Jennifer y Jessica Rivera Ramos, hijas del causante Misael Rivera Girona. La Sra. Merced Torres, declarada heredera universal junto a las hijas, buscaba la partición de la herencia. Alegó que las hermanas Rivera Ramos eran indignas de heredar por haber abandonado al causante durante su enfermedad, afirmando haber sido la única cuidadora y haber sufragado gastos. La Sra. Jessica Rivera Ramos contestó la demanda, negando la indignidad y planteando que la herencia incluía más bienes y que la demandante mezcló activos. Tras la Resolución del TPI y la denegación de una reconsideración, la Sra. Jessica Rivera Ramos acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió Sentencia en un recurso de Certiorari presentado por el Departamento de Agricultura y el Municipio de Lajas. La acción recurre de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto una vista señalada en un caso de Desahucio en Precario. Los peticionarios demandaron a Harrison Ramírez Jusino y la Asociación de Pescadores Unidos de La Parguera, Inc., alegando que ocupan facilidades en La Villa Pesquera La Parguera sin derecho ni pago de canon. El DAPR es titular de la propiedad, transferida de CODEMAR, y la arrendó al Municipio para su administración. Los recurridos basan su posesión en endosos municipales que los peticionarios consideran inválidos. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la decisión recurrida. Ordenó devolver el caso al foro de instancia para que calendarice y celebre la vista de desahucio sumario en un término de diez días. Respecto a la reconvención, dispuso su traslado para ser atendida conjuntamente con otro pleito relacionado en la Sala de Mayagüez.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Erick Shaun Hernández Figueroa en un caso de divorcio. El peticionario solicita la revisión de dos Órdenes del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La controversia central gira en torno a la patria potestad de un menor, cuyo ejercicio exclusivo fue adjudicado a la madre, Betzaida Rivera Trinidad, desde 2021 debido a las actuaciones del padre. El Tribunal de Primera Instancia había denegado previamente las solicitudes del padre para la restitución de la patria potestad. Las Órdenes recurridas requerían que el peticionario, quien comparece por derecho propio, contratara un abogado para atender su reciente solicitud de restitución y nulidad de la determinación sobre la patria potestad. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración, sugiriendo buscar servicios pro bono. El peticionario alegó errores relacionados con la limitación de su patria potestad y la exigencia de representación legal. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Kimberly Winter presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Dicha Orden autorizó a su esposo, Matthew Winter, a matricular al hijo menor de tres años en un colegio privado para el año académico 2024-2025. El caso principal es una demanda de divorcio que incluye determinaciones sobre el menor. La señora Winter se opuso a la matrícula alegando dificultades de transporte, la distancia del colegio y la inmadurez del menor para la estructura escolar y un campamento requerido. El señor Winter argumentó a favor de la necesidad del menor de asistir a la escuela y socializar, refutando las objeciones de la madre. El Tribunal de Primera Instancia había autorizado la matrícula y denegado una solicitud de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso de Certiorari presentado por la señora Winter. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por Javier Hiram Morales López. Morales López buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud de desestimación. El caso subyacente es una demanda por daños incoada por Gabriel Díaz Rodríguez contra el Municipio de Naranjito y otros. La demanda surge de un accidente automovilístico fatal ocurrido en noviembre de 2017 en una carretera municipal. Se alega que la carretera quedó en condiciones peligrosas tras labores de limpieza post-huracán María. Díaz Rodríguez demanda por daños emocionales para sí y sus hijos menores, quienes perdieron a su madre en el accidente. Morales López fue solicitado como codemandado en una segunda enmienda a la demanda. Esta inclusión se basó en información obtenida en su deposición sobre su alegada participación personal en los trabajos de limpieza. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación solicitada por Morales López. El Tribunal de Apelaciones confirma esa decisión al denegar el recurso de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari (KLCE202400651). El recurso fue presentado por Stephanie Torres Muñiz y Casa Realty Corporation. Impugnaron una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 9 de mayo de 2024. Dicha resolución primigenia declaró Ha Lugar una Moción para la Descalificación del Lic. Ángel Bonnet por conflicto de intereses. La controversia surge de un caso civil (LR2022CV00095) instado por Cynthia Méndez Segarra. La demanda original reclama discrimen, hostigamiento laboral, despido constructivo bajo la Ley Núm. 80 y daños y perjuicios contra Casa Realty y la Sucesión de Ludovina Sigurani. La demandante alegó un ambiente de trabajo hostil que la llevó a renunciar. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega el recurso de Certiorari. Con esta decisión, se confirma la determinación del foro primario de descalificar al abogado.

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Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. Las partes son Pan American Properties, Corp. (Recurrida) y Sazerac Company, Inc. y CC1 Beer Distributors, Inc. (Peticionarios). El caso de instancia trata sobre interdicto preliminar, Ley 75, incumplimiento de contrato y otros reclamos relacionados con la venta de Fireball Malt. Los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones para revisar y revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia del 7 de junio de 2024. Dicha Orden denegó la solicitud de los peticionarios para suspender una vista de injunction preliminar. La vista había sido señalada para fechas específicas en junio de 2024 a raíz de una petición urgente de la parte recurrida bajo la Ley 75. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso y las mociones presentadas por las partes. El Tribunal determina que el recurso de Certiorari debe ser desestimado. La desestimación se fundamenta en que el recurso se ha tornado académico.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Elizabeth Rosado Pérez. La apelación impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Esa sentencia desestimó, con perjuicio, la Primera Demanda Enmendada de la señora Rosado Pérez contra Coco Vacation Club I, LLC. La demanda original buscaba compensación por daños y perjuicios tras una caída ocurrida en las facilidades de Coco Beach Resorts en junio de 2021. El caso involucró la identificación de la entidad responsable, inicialmente demandando a una corporación ficticia. Tras enmendar la demanda para incluir a Coco Vacation Club I, LLC, esta entidad solicitó la desestimación. Coco Vacation argumentó que opera un club de tiempo compartido, distinto al hotel donde ocurrió el alegado incidente. El tribunal primario acogió la solicitud de desestimación contra Coco Vacation. La presente sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa la corrección de esa desestimación. Se detalla el trasfondo fáctico y procesal que llevó a la apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III, sobre una acción contradictoria para inscribir dominio. Gaspar Luis Rodríguez Zayas, Irasema Ortiz Rodríguez y su sociedad de gananciales apelaron la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Los apelantes buscaban registrar a su nombre una finca, alegando haberla adquirido mediante compraventa verbal en el año 2000 o, subsidiariamente, por usucapión tras 22 años de posesión. La demanda se dirigió contra las sucesiones de los alegados vendedores, quienes fallecieron antes o poco después de la supuesta compraventa. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al determinar que los apelantes no probaron la adquisición del dominio ni por compraventa ni por usucapión. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Por los fundamentos expuestos, se Confirma la Sentencia apelada.

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Este caso es una apelación de una acción de entredicho, interdicto y sentencia declaratoria incoada por una asociación de propietarios contra unos residentes. La asociación alegó que los residentes construyeron un muro perimetral que excedía la altura permitida y violaba las condiciones restrictivas de la urbanización. Tras intentos fallidos de emplazamiento personal, la asociación obtuvo autorización para emplazar a los demandados por edicto. El emplazamiento por edicto se realizó y se enviaron copias por correo certificado a la última dirección conocida. Los demandados no comparecieron ni presentaron alegación responsiva dentro del término, por lo que se les anotó la rebeldía. El Tribunal de Primera Instancia denegó una solicitud de desestimación de los demandados y dictó sentencia en rebeldía a favor de la asociación. Los demandados apelaron dicha Orden y Sentencia en rebeldía. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó los dictámenes apelados del foro primario.

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Este documento es una Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelación fue presentada por Island Portfolio Services, LLC en un caso de cobro de dinero contra María V. Rolón Ayala. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la demanda sin perjuicio por falta de jurisdicción sobre la persona. La desestimación se basó en que, según el foro primario, no se había diligenciado el emplazamiento contra la demandada dentro del término de 120 días. La parte apelante argumentó que había realizado gestiones de notificación a la dirección correcta, incluyendo el envío previo de una carta de cobro que fue recibida. Presentaron evidencia de intentos de notificación de la demanda y citación. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Tras analizar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de desahucio en precario. La Administración de Vivienda Pública demandó a Alixmarie Cristóbal Balay por incumplimiento de contrato y ocupación sin título. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía contra la señora Cristóbal Balay al no comparecer a la vista, ordenando su desalojo de la propiedad. La señora Cristóbal Balay apeló esta decisión, explicando su situación económica y un intento de pago que no fue aceptado. La parte apelada, Administración de Vivienda, solicitó la desestimación del recurso de apelación argumentando que fue presentado fuera del término jurisdiccional. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación del Gobierno contra Oriental Bank and Trust. El caso versa sobre la impugnación de la confiscación de un vehículo Mitsubishi ocupado por alegada violación a la Ley de Sustancias Controladas. Oriental Bank, como parte con interés, demandó la nulidad de la confiscación argumentando que el Gobierno incumplió el término de notificación de 30 días establecido por la Ley Uniforme de Confiscaciones. El Tribunal de Primera Instancia declaró nula la confiscación al acoger la solicitud de sentencia sumaria de Oriental Bank. El Gobierno apeló, alegando que cumplió con los términos legales, incluyendo posibles extensiones en casos penales. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Esto valida la nulidad de la confiscación del vehículo.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios por caída. José Ramos Bermúdez demandó inicialmente a Supermax y su aseguradora tras sufrir una caída, alegando un derrame de líquido en las instalaciones. Supermax negó que la caída ocurriera dentro de su tienda, indicando que fue en un pasillo del centro comercial frente a su local, causada por agua de una nevera de hielo de Ponce Ice. El demandante enmendó la demanda para incluir a Ponce Ice y B.V. Properties, imputándoles responsabilidad como dueños o encargados del lugar o el objeto causante. Ponce Ice solicitó la desestimación parcial, argumentando que la demanda enmendada no contenía alegaciones suficientes para imputarle responsabilidad. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de Ponce Ice y desestimó parcialmente la acción en su contra. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia Parcial apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El caso involucra una disputa entre hermanas sobre la administración y división de la herencia de sus padres, centrada en la corporación Puerto Rico Memorial, Inc. Las peticionarias originales solicitaron administración judicial y división de herencia, alegando que su hermana Jennifer Adán, administradora de la corporación, les negaba acceso a información y supuestamente usaba fondos corporativos para gastos personales. Jennifer Adán se opuso a estas alegaciones y solicitó la desestimación parcial del caso. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de Jennifer Adán para descalificar al administrador judicial, extendió su nombramiento y denegó una solicitud de sentencia sumaria para desestimar el pleito. Jennifer Adán recurrió esta resolución mediante Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisa el dictamen del foro primario. El tribunal indica que expedirá el auto de Certiorari para modificar en parte la decisión recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por los codemandados en un pleito de cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños. Los peticionarios impugnaban una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que, si bien desestimó la acción contra otros codemandados, denegó su solicitud de sentencia sumaria. El foro primario ordenó la continuación del caso contra los peticionarios, determinación que fue mantenida tras una solicitud de reconsideración. Mediante el certiorari, los peticionarios buscaban la revocación de esta denegatoria de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los argumentos y el historial procesal, deniega el auto de certiorari solicitado. Esta resolución valida la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no resolver el caso sumariamente contra los peticionarios y permite que el litigio continúe.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de revisión administrativa. José A. Sánchez Roa recurre una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Sánchez Roa solicitó ser referido e integrado al Proyecto para la Pre-Reinserción a la libre comunidad. El DCR denegó su petición inicial y la reconsideración subsiguiente. La agencia argumentó que el recurrente debía completar un tratamiento requerido y cumplir otros criterios de elegibilidad antes de ser considerado para el programa. Inconforme, Sánchez Roa acudió al tribunal apelativo. Alegó que la determinación del DCR no se basó en evidencia sustancial y que la agencia aplicó erróneamente las leyes y reglamentos. El tribunal revisará si la actuación del DCR fue legal y razonable, dentro de sus facultades. Se concede deferencia a las decisiones administrativas por la experiencia de la agencia. El documento detalla el proceso administrativo previo y los fundamentos del recurso ante el tribunal.

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Se trata de un recurso de revisión judicial presentado por Master Roofing, Inc. contra la Junta de Subastas del Municipio de San Juan. El recurso impugna la Determinación Final de la Subasta Número 2024-009 para la impermeabilización de techos del CDT José S. Belaval. Inicialmente, la Junta de Subastas adjudicó la buena pro a All Green Cleaning \& Maintenance, LLC, descalificando a Master Roofing por una supuesta deficiencia en la fianza de licitación. Master Roofing solicitó reconsideración, argumentando que cumplía con el requisito de fianza y que All Green no cumplía con otros requisitos de la subasta. La Junta de Subastas acogió la reconsideración, canceló la adjudicación inicial y decidió reevaluar las ofertas. Posteriormente, se solicitó información adicional, incluyendo estados financieros, a ambos licitadores. La Determinación Final recurrida, emitida el 21 de mayo de 2024, fue objeto de esta revisión judicial. El tribunal, tras evaluar los fundamentos, confirma la Determinación Final de la Junta de Subastas que adjudicó la Subasta.

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Comparece la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP había declarado nula la transferencia del empleado Nelson Cotto Aponte de la AEE al Departamento de Salud bajo un plan de movilidad gubernamental. El empleado apeló la transferencia ante la CASP, nombrando únicamente a la AEE como parte recurrida. La CASP resolvió que hubo incumplimientos en el proceso de movilidad, particularmente en cuanto a la necesidad del servicio, y ordenó a la AEE reubicar al empleado. La AEE solicitó reconsideración, alegando que la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) era parte indispensable y su ausencia privaba a la CASP de jurisdicción. La OATRH también intentó intervenir, señalando que no fue incluida en el proceso administrativo. La CASP denegó la reconsideración y la intervención de la OATRH. La AEE acudió al Tribunal de Apelaciones, señalando errores relacionados con la falta de una parte indispensable y la aplicación incorrecta de los criterios de movilidad. El Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución de la CASP por ausencia de parte indispensable.