Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 50)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400571. Campo Caribe LLC apela la Sentencia en Rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Solid Core Construction LLC. Solid Core demandó a Campo Caribe por cobro de dinero e incumplimiento de contrato, reclamando $574,416.89 más intereses, costas y honorarios. Tras no lograr el emplazamiento personal, Solid Core emplazó por edicto y solicitó la anotación de rebeldía y sentencia. El foro primario dictó sentencia en rebeldía condenando a Campo Caribe al pago de la suma reclamada. Campo Caribe solicitó levantar la rebeldía y apeló la sentencia, argumentando falta de notificación de los trámites procesales. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la Sentencia en Rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de un litigio sobre la liquidación de bienes gananciales, específicamente una vivienda. Tras el divorcio, la propiedad fue designada hogar seguro para una hija con discapacidad, y la exesposa asumió el pago de la hipoteca. El Tribunal de Primera Instancia adjudicó la vivienda a la exesposa y reconoció un crédito a su favor en la sentencia de liquidación. El exesposo no apeló esta sentencia, pero solicitó su relevo por presunta nulidad bajo la Regla 49.2. Inicialmente, el foro primario desestimó la solicitud por extemporaneidad, pero el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión y ordenó considerar el fondo del asunto. Al reevaluar, el Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la solicitud de relevo de sentencia. El exesposo recurrió nuevamente ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Este Tribunal expidió el auto solicitado y confirmó la Resolución del foro primario que denegó el relevo de sentencia por nulidad.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un caso de impericia médica. El peticionario solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que le impidió presentar nueva prueba pericial. El peticionario anunció un nuevo perito cirujano y su informe durante la etapa de descubrimiento de prueba. Argumentó que la notificación era oportuna ya que el periodo de descubrimiento no había culminado y no se había fijado fecha de juicio. La parte recurrida se opuso, alegando que el perito era repetitivo, la notificación tardía y que causaría perjuicio al requerir nuevos peritos de su parte. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar a la moción del peticionario, prohibiendo la presentación del nuevo perito. El peticionario recurrió esta decisión mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del foro primario. Por los fundamentos expuestos en la Sentencia, el Tribunal de Apelaciones expidió el recurso. Finalmente, revocó la Resolución recurrida, permitiendo al peticionario presentar la nueva prueba pericial.

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El caso se origina en una demanda sobre división de comunidad de bienes hereditarios instada por la viuda del causante contra sus hijas. Las demandadas reconvinieron y solicitaron medidas para asegurar la sentencia, incluyendo la consignación de fondos y la restricción sobre cuentas 401K. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la viuda consignar cantidades específicas de dinero provenientes de cuentas bancarias, liquidación de patrono y venta de propiedad, así como abstenerse de alterar los balances de las cuentas 401K. La viuda solicitó dejar sin efecto la orden, alegando falta de jurisdicción sobre bienes regidos por leyes de otro estado. El foro primario reiteró su orden de consignación, apercibiendo de desacato en caso de incumplimiento. La viuda recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante Petición de Certiorari. La peticionaria plantea que el TPI erró al ordenar embargos sobre bienes fuera de su jurisdicción y violó sus derechos constitucionales al emitir una orden ex parte.

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Este documento es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un recurso de certiorari presentado por Carmen Milagros Ríos Negrón. La Peticionaria buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de desahucio por falta de pago. El caso original fue iniciado por Ríos Negrón contra Myriam Rodríguez Latimer respecto a una propiedad en Cidra. La controversia surge de un Contrato de Opción y Promesa de Compraventa sobre dicho inmueble. Ríos Negrón alegó incumplimiento de pago y vencimiento del término de opción por parte de Rodríguez Latimer. Rodríguez Latimer, por su parte, negó el incumplimiento, afirmó haber realizado pagos sustanciales y mejoras, y sostuvo que la venta no se concretó por falta de cooperación de la Peticionaria (deuda con el CRIM, negativa a firmar documentos bancarios). La Recurrida presentó una reconvención solicitando el cumplimiento del contrato y el pago de daños y perjuicios. Tras evaluar la solicitud de certiorari, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar su expedición.

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El Tribunal de Primera Instancia declaró en desacato a una abogada y la condenó a reclusión por seis meses o hasta cumplir con una orden previa. La abogada se negó a cumplir con las órdenes del tribunal, como preparar un informe, argumentando que el contrato de su bufete con su cliente (Corporación del Fondo del Seguro del Estado) había vencido. Sostuvo que continuar trabajando sin contrato vigente violaría la Ley de Ética Gubernamental. El tribunal de instancia denegó sus solicitudes de suspensión y reconsideración, y tras una vista de mostrar causa a la que la abogada no compareció, la encontró culpable de desacato sumario. La abogada recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, solicitando la paralización de la sentencia. Durante la tramitación del recurso, la abogada informó que se había suscrito un nuevo contrato de servicios con el cliente. Ante este hecho superveniente que elimina la razón del incumplimiento original, el Tribunal de Apelaciones deja sin efecto la decisión recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Municipio de Carolina solicitó la revisión de una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Mediante dicha resolución, el TPI determinó que poseía jurisdicción para atender un caso civil. El caso fue incoado por unos vecinos (González y Ocasio) contra otra vecina (Santana) solicitando la demolición de construcciones realizadas sin los permisos correspondientes. Los demandantes se opusieron a un permiso de construcción expedido por el Municipio a favor de Santana. La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) revocó dicho permiso, determinando que el Municipio no cumplió con las disposiciones de ley. Santana argumentó inicialmente que el TPI carecía de jurisdicción debido a un trámite administrativo pendiente ante OGPe. Los demandantes sostuvieron que la determinación de OGPe era final y firme. Posteriormente, los demandantes enmendaron la demanda para incluir al Municipio como codemandado. El TPI, tras evaluar la madurez del caso y la jurisdicción primaria, afirmó su competencia. El Municipio recurrió esta determinación jurisdiccional ante el panel, el cual deniega expedir el recurso solicitado.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una controversia sobre el recobro de costas tras una transacción judicial. El caso se originó por una demanda de una asociación de residentes contra una aseguradora por daños causados por el huracán María. Luego de trámites judiciales y un pago parcial ordenado por el Tribunal de Primera Instancia (confirmado en apelación), la aseguradora presentó una oferta de sentencia por $600,000 adicionales, la cual fue aceptada por la asociación. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia incorporando la suma transigida e imponiendo a la aseguradora el pago de las costas. La asociación presentó un memorando de costas solicitando el recobro de gastos, incluyendo honorarios de peritos y costos de deposiciones. El Tribunal de Primera Instancia aprobó dichas partidas, considerándolas razonables y necesarias. La aseguradora recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirma la actuación del Tribunal de Primera Instancia. Considera que las partidas solicitadas, como gastos de perito y toma de deposiciones, son típicamente recobrables. Concluye que el Tribunal de Primera Instancia no abusó de su discreción al determinar que dichos gastos fueron razonables y necesarios para que la demandante prevaleciera mediante la transacción.

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Luis Alberto Mercado Rolón presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio. La determinación impugnada decretó el cese de la designación de hogar seguro, pero estableció que su efectividad sería el 30 de septiembre de 2024. El hogar seguro fue concedido originalmente para el hijo menor de las partes. El peticionario solicitó el cese porque el hijo alcanzó la mayoría de edad y es independiente. La recurrida pidió una extensión porque el hijo adulto residía con ella bajo condiciones de probatoria que culminaban en septiembre. El Tribunal de Primera Instancia justificó la extensión hasta septiembre para proteger el interés familiar. El peticionario alegó que la suspensión de la efectividad carecía de base legal y que la recurrida no tenía legitimación para pedir la extensión para un hijo mayor de edad. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de filiación y custodia. El recurso de certiorari fue presentado por Sairis Anaid Dieppa López contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su solicitud de desestimación de una demanda presentada por Lourdes Ambert González y Jorge Adrián Dávila Dávila. Los demandantes, abuelos paternos, buscan establecer la filiación de un menor como hijo de su hijo fallecido y obtener custodia compartida. La peticionaria argumentó que los abuelos carecían de legitimación activa para iniciar la acción filiatoria. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Sin embargo, la sentencia confirma la Resolución recurrida del foro primario y declara No Ha Lugar una moción de desestimación de la defensora judicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre una apelación presentada por el Dr. Marco A. De Jesús Ruiz contra la Universidad de Puerto Rico, su Presidente y el Rector del Recinto Universitario de Mayagüez. El Dr. De Jesús Ruiz, catedrático, demandó a los apelados en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) por reclamaciones laborales, violación a la ley y reglamentos de la UPR, derechos constitucionales y daños. Alegó que fue removido indebidamente de tareas académicas por quejas estudiantiles sin debido proceso, a pesar de ser exonerado posteriormente de alegaciones de hostigamiento sexual. Los demandados de la UPR argumentaron que el profesor no agotó los remedios administrativos y presentó la demanda en el foro incorrecto. El apelante sostuvo que no se emitieron determinaciones administrativas adecuadas para apelar. El TPI desestimó la demanda por falta de jurisdicción, al considerar que el apelante no agotó los procedimientos administrativos. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. El Tribunal de Apelaciones confirmó la desestimación del caso por parte del TPI.

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La Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia desestimó una demanda presentada por la Asociación contra el Estado Libre Asociado, la Junta de Retiro y MetLife. En la demanda original, la Asociación solicitaba que se declararan inconstitucionales ciertos artículos de la Ley del Sistema de Retiro. Argumentaban que el seguro de incapacidad compulsorio con una compañía privada violaba derechos constitucionales. MetLife solicitó la desestimación alegando que la Asociación ya había presentado y desistido voluntariamente de la misma causa de acción en dos ocasiones previas. La Asociación sostuvo que uno de los desistimientos fue un error inadvertido. El Tribunal de Primera Instancia determinó que, efectivamente, la Asociación había desistido voluntariamente de pleitos anteriores con la misma reclamación y partes. Por ello, el TPI desestimó la demanda actual en su totalidad. Tras revisar los argumentos y los autos, el panel apelativo confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Así, se ratifica la desestimación de la demanda de la Asociación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de certiorari presentado por Denise Irizarry Pintor. El recurso impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero bajo la Regla 60. Juan M. Peña Méndez y José M. Peña Muñiz demandaron a la señora Irizarry Pintor reclamando \$5,600 por cánones de arrendamiento impagados de una propiedad. Los demandantes alegan tener interés propietario en el inmueble por herencia y cesión. La demandada negó la deuda y la obligación de pago. Durante el juicio, la señora Irizarry Pintor solicitó la desestimación por falta de partes indispensables. El foro primario determinó que la Sucesión de Gilberta Muñiz era parte indispensable y ordenó su inclusión en el pleito. Inconforme, la señora Irizarry Pintor acudió en certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revocó la Resolución recurrida.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un caso del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). El caso se originó por una querella de Carmelo Rivas McClin contra Advanced Marine Mechanix, LLC y Héctor Rivera Ochart por la reparación defectuosa de un motor de embarcación. Inicialmente, DACO falló contra Advanced Marine, pero luego revocó la decisión al determinarse que la querella debió ser contra Rivera Ochart, quien realizó el trabajo. Tras enmendarse la querella para incluir a Rivera Ochart, este negó las alegaciones y planteó la defensa de prescripción. Surgió una controversia sobre la validez de un informe de inspección de un técnico de DACO, ya que Rivera Ochart no fue parte en ese momento y el motor fue dispuesto. DACO emitió una resolución parcial desestimando a Advanced Marine y excluyendo el informe del técnico. El proceso continuó contra Rivera Ochart, quien solicitó la desestimación final por falta de prueba. La Sentencia revisa este historial procesal y las determinaciones de DACO.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por David Efrón. El recurso busca revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio contra Madeleine Candelario del Moral. La Resolución recurrida, de 17 de abril de 2024, encontró al señor Efrón incurso en desacato por no pagar la suma de $50,000 mensuales ordenada a favor de la señora Candelario. El foro primario impuso una sanción de $10,000 por cada mensualidad futura no abonada y determinó una deuda acumulada de $28,303,287 más intereses. La obligación de pago mensual de $50,000 se originó en una orden de 2001, confirmada por el Tribunal de Apelaciones en 2006. El señor Efrón argumentó, entre otros puntos, la falta de ingresos, la necesidad de cuantificar la participación ganancial y la denegación de una vista por cambio de circunstancias. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202400659. Jeyleen Ortiz Ortiz apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. El foro primario desestimó con perjuicio su demanda contra Ponce Health Sciences University (PHSU) y Hospital Menonita. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato y daños relacionados con la expulsión de la apelante de un programa universitario. El TPI concedió sentencia sumaria a favor de PHSU y desestimación a favor del Hospital Menonita. La apelante argumentó que el TPI erró al desestimar el caso y que PHSU no siguió sus reglamentos. PHSU solicitó la desestimación del recurso de apelación por incumplimiento procesal de la apelante. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Nolliam Asencio Vélez. La peticionaria impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia de convertir su querella laboral, radicada bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, a un trámite civil ordinario. La querella original alega acoso laboral en su empleo, lo que la llevó a renunciar y reclamar compensación por salarios, lucro cesante y daños emocionales, entre otros. La peticionaria argumentó que el foro primario erró al abusar de su discreción al ordenar la conversión sin fundamentación adecuada. Los recurridos se opusieron, indicando que la complejidad del caso, la necesidad de descubrimiento de prueba amplio y la naturaleza de las reclamaciones justificaban el trámite ordinario. El Tribunal de Primera Instancia había convertido el caso a la vía ordinaria y denegado la reconsideración de la peticionaria. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega expedir el auto de certiorari solicitado. Con esta denegatoria, se confirma la determinación del foro primario de que el caso continúe por la vía civil ordinaria.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari presentado por Ángel Sánchez Berríos. El peticionario solicitó la revisión de una Orden de Protección ex parte emitida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia bajo la Ley 148-2015, a favor de Luzmaria Miranda Galarza. La orden inicial fue expedida en noviembre de 2023 y extendida repetidamente debido a la alegada imposibilidad de diligenciarla personalmente. El peticionario argumentó que el foro primario erró al extender la orden sin haber adquirido jurisdicción sobre su persona, violando su derecho al debido proceso. También sostuvo que las determinaciones de hecho no justificaban la emisión de la orden. Tras examinar el recurso y la respuesta de la parte recurrida, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación contra una Sentencia Sumaria que desestimó una demanda laboral. La apelante, Elizabeth Rivera Luna, demandó a Mennonite General Hospital por despido injustificado, discrimen por edad, represalias y violación al derecho de reserva de empleo. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor del hospital. Determinó que el hospital estaba exento de la Ley 139-1968 (SINOT) y podía ofrecer un plan privado con seis meses de reserva de empleo. Concluyó que el despido fue justificado porque la empleada no estaba apta para reincorporarse tras ese periodo. La apelante sostiene que el hospital no podía acortar el término de reserva de doce meses establecido por la Ley 139-1968, por ser contrario a la política pública. El hospital afirma su exención y la validez de su plan privado de seis meses. El Tribunal de Apelaciones indica que no le persuade el argumento de la apelante.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una disputa sobre pensión alimentaria y gastos escolares entre un padre y una madre. Las partes tenían un acuerdo previo que incluía el pago mensual y el 100% de los gastos académicos por parte del padre. La controversia se centró en si los gastos de cafetería escolar debían ser cubiertos por la pensión básica o por los gastos académicos. La madre presentó múltiples gestiones legales para que el padre pagara la deuda de la cafetería y solicitó honorarios de abogado por su oposición. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la madre respecto a la deuda, pero solo concedió $500 en honorarios. El Tribunal de Apelaciones revisa esta cuantía. Concluye que el Tribunal de Primera Instancia debió imponer una suma mayor de honorarios de abogado. Esto se debe al trabajo legal de la madre provocado por la oposición infundada del padre a la reclamación. La sentencia modifica la decisión inicial en cuanto a los honorarios.

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El Gobierno de Puerto Rico, en representación del Departamento de la Vivienda, compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante una Petición de Certiorari. Solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón emitida el 21 de mayo de 2024. Dicha Orden declaró No Ha Lugar la solicitud de paralización presentada por el Gobierno. El caso subyacente es una Demanda por daños y perjuicios e incumplimiento contractual instada por Cindy Prieto Adames. La señora Prieto Adames alega que el Departamento de Vivienda incumplió un acuerdo para segregar y venderle una porción de una parcela colindante (Solar 21-F). En su lugar, la agencia vendió la parcela completa (21-E) a otra codemandada con alegados errores administrativos. El Departamento de Vivienda argumentó que el acuerdo no se finalizó y no cumplió con las formalidades gubernamentales. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. La Sentencia modifica la Orden recurrida y, así modificada, la confirma.

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Comparece el Lcdo. Antonio J. Santos Prats ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón el 23 de julio de 2024. Mediante dicha Orden, el TPI le requirió contestar 72 interrogatorios y requerimientos de producción de documentos. El TPI determinó que la materia solicitada no constituía información privilegiada. El peticionario alega que el TPI incidió al ordenar el descubrimiento, pues la información es privilegiada y no descubrible. El caso subyacente es una querella por incumplimiento de contrato de empleo presentada por el peticionario contra varias entidades, inicialmente bajo procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, que fue convertido a ordinario. Los recurridos argumentan que el contrato es nulo o que hubo justa causa para el despido. El Tribunal de Apelaciones evaluó los planteamientos del peticionario. Finalmente, el Tribunal determinó denegar el recurso de certiorari presentado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una demanda por daños y perjuicios. La acción se originó por la caída de una persona en una acera frente a las facilidades del CESCO en Caguas. Los demandantes apelaron la sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó el caso contra el Municipio Autónomo de Caguas y su aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el Municipio no era responsable porque la acera no estaba bajo su titularidad o control. Esta decisión se fundamentó en evidencia no controvertida que indicaba que la acera pertenecía al desarrollador de la zona industrial. Los demandantes no lograron refutar esta prueba sobre la falta de cesión de la acera al Municipio. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del tribunal inferior. Concluye que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al desestimar la demanda. El récord demuestra de forma incontrovertida que el Municipio no es el titular de la acera donde ocurrió el accidente.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de disolución de comunidad de bienes. La controversia surge de una demanda presentada por Roberto Palou Bosch y Amarilys de Jesús González contra la Sucesión de Jorge Morales Cruz y Julia Navarro Navarro. Las partes comparten la propiedad de una finca en Guaynabo donde opera un negocio. Los demandantes (recurridos) buscaron la disolución de la comunidad y la venta del bien común. La parte demandada (peticionarios) se opuso a la venta a terceros, alegando un derecho de adquisición preferente y presentando reconvención por daños. El Tribunal de Primera Instancia autorizó la venta de la propiedad a COOPORCI-PR. Los peticionarios recurrieron esta determinación mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del foro primario. La sentencia valida la autorización para la venta del bien común a la entidad designada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de FirstBank Puerto Rico contra Carmen Rojas Cosme. La señora Rojas Cosme apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia de mayo de 2024 que denegó su moción para anular una sentencia de ejecución de hipoteca de 2014/2015. En su moción ante el foro primario, alegó falta de notificación de la moción de sentencia sumaria original y fraude en la hipoteca. El Tribunal de Primera Instancia declaró que la sentencia de 2014/2015 era final y firme. En su apelación, la señora Rojas Cosme plantea errores relacionados con el debido proceso y la validez del contrato hipotecario. FirstBank Puerto Rico solicitó la desestimación del recurso o su denegación si se acogía como Certiorari. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar el recurso, enfatizando su deber de verificar la jurisdicción. La resolución cita las reglas que permiten desestimar un recurso por falta de jurisdicción. El enfoque actual del tribunal es determinar si tiene autoridad para atender la apelación presentada tan tardíamente respecto a la sentencia original.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por Carmen Yanira González Rodríguez. La peticionaria solicitó dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama. Dicha determinación declaró No Ha Lugar su solicitud de sentencia sumaria bajo la Regla 36. El caso subyacente es un pleito consolidado entre González Rodríguez y Edwin Anaya Cortijo. Originalmente, Anaya demandó a González por incumplimiento de contrato de arrendamiento y daños. González contestó, reconvino y luego demandó a Anaya por desahucio en precario, alegando el vencimiento del término y la falta de pago de canon. En su moción de sentencia sumaria, González argumentó que no había controversia sobre el vencimiento del contrato y la posesión precaria sin pago de renta, además de alegar dolo por parte de Anaya. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta moción. Por los fundamentos expuestos en la resolución, el Tribunal de Apelaciones determinó no expedir el recurso de certiorari solicitado por la peticionaria.

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Se revisa la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó las causas de acción por acoso laboral bajo la Ley Núm. 90-2020. El apelante, Randy S. Hernández Acosta, demandó al Estado Libre Asociado y a dos supervisores del Negociado 911, alegando haber sido víctima de hostigamiento laboral por parte de sus supervisores. Denunció gritos, lenguaje soez, amenazas y un procedimiento disciplinario que consideró frívolo, resultando en daños emocionales. Los demandados negaron el acoso, afirmando que las acciones fueron medidas disciplinarias justificadas dentro de sus funciones oficiales. Argumentaron que el apelante no cumplió con los requisitos de la ley ni agotó trámites administrativos. Los apelados presentaron una Moción de Sentencia Sumaria, la cual fue concedida parcialmente por el TPI, desestimando las reclamaciones bajo la Ley 90-2020 contra el Gobierno y los supervisores en su carácter personal. El apelante recurrió esta decisión. El panel judicial revisó los fundamentos y confirma la Sentencia Parcial recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo la apelación presentada por Taili Tee Thula Tovar. La apelante recurrió la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de pensión alimentaria para menores y excónyuge contra Asdrúbal Simón Mata Cabello. El apelado solicitó la desestimación argumentando que las reclamaciones eran idénticas a las de un caso previo (SJ2020RF00274). Dicho caso anterior ya había sido desestimado por el foro primario en diciembre de 2023 y confirmado por este Tribunal de Apelaciones en marzo de 2024. El apelado también planteó la práctica de "forum shopping" por parte de la apelante. La apelante se opuso a la desestimación, alegando fraude y solicitando remedios provisionales. También informó sobre un recurso de Certiorari ante el Tribunal Supremo relacionado con el caso previo. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación administrativa del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Deric López Rodríguez apeló la Resolución de DACO que le otorgó \$5,000.00 en compensación económica. La querella original de López Rodríguez ante DACO involucró a Bella Retail Group, FCA US, Popular Auto y Assurant Services. El consumidor se quejó de un vehículo Jeep Gran Wagoneer 2022 que presentó fallas poco después de la compra y estuvo inoperable por un tiempo prolongado. En su querella, solicitó un vehículo nuevo o la cancelación del contrato. DACO resolvió imponer la compensación a Bella Retail y FCA. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la determinación administrativa recurrida.

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Steven Gutiérrez Rivera apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Humacao del 10 de mayo de 2023, que lo declaró culpable de asesinato atenuado y otros delitos relacionados con armas. En su apelación, Gutiérrez Rivera argumentó que la prueba presentada fue insuficiente para sostener las convicciones y que hubo errores en la agravación de las penas. Durante el proceso apelativo, solicitó un relevo de su representación legal, lo que llevó a la designación de un nuevo abogado de oficio. El Tribunal de Apelaciones ordenó la regrabación y transcripción de la prueba oral del juicio. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por Steven Gutiérrez Rivera. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal para atender la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó desestimar una petición de declaratoria de herederos. La petición fue presentada por una hermana del causante, alegando que este falleció intestado. Un primo del causante solicitó la desestimación, presentando un testamento ológrafo que ya había sido adverado y protocolizado. La hermana argumentó la posibilidad de una sucesión mixta debido a supuestas insuficiencias en el testamento respecto a ciertos bienes. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, entendiendo que la ambigüedad en el testamento justificaba una declaratoria de herederos para la porción no dispuesta. El primo recurrió en certiorari, sosteniendo que la declaratoria de herederos no procede existiendo un testamento válido y adverado, cuya interpretación debe ventilarse en un proceso ordinario. El Tribunal de Apelaciones concluye que el Tribunal de Primera Instancia erró. Determina que la petición de declaratoria de herederos no es el mecanismo adecuado para adjudicar la validez o alcance de un testamento ológrafo ya adverado. Este tipo de controversia, especialmente cuando las partes la litigan en otro foro, requiere un proceso ordinario y no una simple declaratoria de herederos.

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Se trata de una resolución judicial en un pleito sobre acceso a información pública bajo la Ley Núm. 141-2019. La señora Carmen Enid Acevedo Betancourt solicitó a COSSEC una lista de sus empleados de confianza. La solicitud fue dirigida a una persona identificada como contacto de prensa, quien COSSEC alegó ser una contratista y no una funcionaria oficial. COSSEC argumentó que la solicitud fue indebidamente presentada, impidiendo levantar defensas de confidencialidad. La señora Acevedo Betancourt sostuvo que la ley no exige presentar la solicitud únicamente a oficiales designados y que la persona contactada actuaba como enlace de prensa para la agencia. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar el recurso de la solicitante y ordenó a COSSEC entregar la información. COSSEC solicitó la revocación de esta sentencia ante un panel judicial superior. El panel, tras evaluar los fundamentos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por COSSEC.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de Certiorari presentado por la señora Darla Natalie Delgado Pamías. El caso de origen en el Tribunal de Primera Instancia trata sobre la solicitud de custodia compartida de una menor por parte del padre, Esteban Miguel Hernández Reyes, quien previamente tuvo una orden de protección en su contra. La madre, quien ostenta la custodia monoparental, recurre la decisión del TPI de calificar a un trabajador social como perito en el caso. La peticionaria alega que el TPI abusó de su discreción al admitir al perito, argumentando que este admitió ejercer ilegalmente y carecía de educación continuada validada al momento de intervenir. El Tribunal de Apelaciones revisó los autos, incluyendo la transcripción estipulada del testimonio del trabajador social sobre sus cualificaciones. Tras evaluar los fundamentos expuestos por las partes, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado. La resolución confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre la admisibilidad del trabajador social como testigo pericial en el caso de custodia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por CBM Capitol Building Maintenance, Inc. La empresa solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó la petición de CBM para paralizar la ejecución de una sentencia previa. La sentencia original, dictada en un caso de despido injustificado, represalia y cobro de comisiones, favoreció a Ricardo Pedroza Guzmán. El Tribunal de Primera Instancia había condenado a CBM al pago de daños, doble penalidad, honorarios de abogado e intereses. CBM argumentó novación para solicitar la paralización, mientras Pedroza Guzmán se opuso, señalando pagos parciales recibidos. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. No obstante, tras examinar el expediente, el Tribunal confirmó la Orden del foro primario. Consecuentemente, se mantiene la denegatoria a paralizar la ejecución de la sentencia contra CBM.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. El peticionario, Phalanx Capital Series LLC Series 11, impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Dicha resolución permitió la comparecencia de la señora Grace Monge La Fosse. Además, la resolución autorizó a la señora Monge a ejercer el derecho de retracto de crédito litigioso. La señora Monge alegó que los demandados originales le habían cedido el crédito litigioso. Phalanx, como adquirente de la deuda hipotecaria, solicitó la revocación de la decisión del tribunal inferior. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia. La decisión implica que la señora Monge no pudo ejercer el derecho de retracto en este caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400717. El recurso fue presentado por Héctor Dávila Román y Cristina Pizarro Fernández, apelantes, contra Israel Rodríguez Rodríguez y Carmen Rodríguez Martínez, apelados. Los apelantes solicitan revocar una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo. Dicha sentencia declaró con lugar una demanda de cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños. La demanda fue presentada por los apelados, quienes reclamaban la devolución de $27,500 pagados bajo un contrato de opción de compraventa de un solar. Los apelados alegaron que los apelantes incumplieron el acuerdo al vender la propiedad a un tercero antes de cumplir una condición pactada. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a los apelantes pagar los $27,500 adelantados, más intereses y $8,000 en honorarios de abogado. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Un panel de jueces emite una Sentencia en el caso KLRA202300571. La parte recurrente, Avilés Auto, solicitó la revocación de una Resolución en Reconsideración del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución del DACo había declarado con lugar una querella del Sr. Giovanny A. Cruz Rivera contra Avilés Auto. La querella se basaba en la compra de un vehículo usado que presentó problemas mecánicos significativos, alegando el comprador que no se le informó de un impacto previo y daños ocultos. El DACo había decretado la nulidad del contrato de compraventa, ordenado la restitución de prestaciones e impuesto honorarios de abogado a Avilés Auto. Tras evaluar el recurso de revisión judicial, la oposición y los documentos, el tribunal decidió revocar la resolución recurrida del DACo. Consecuentemente, se desestima la querella instada por el Sr. Cruz Rivera.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones, Panel VI, conoció de una solicitud de revisión judicial presentada por Lérida I. Ríos Mendoza contra una determinación de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La recurrente buscaba la revisión de un caso relacionado con cobro de dinero (Núm. 2022-460231-PU-177152). El Tribunal desestimó el recurso apelativo por incumplimiento craso con su Reglamento. La documentación presentada estaba incompleta, faltando páginas cruciales del Informe de Vista Pública de la OGPe. No se incluyó la parte dispositiva de la determinación administrativa ni la fecha de su notificación. El expediente no demostró la existencia de una determinación final de la OGPe que causara un daño real a la recurrente. Bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, la revisión judicial procede únicamente contra adjudicaciones administrativas formales y finales. La ausencia de estos elementos impidió al Tribunal auscultar su jurisdicción y revisar el fondo del asunto.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa solicitada por Juanita Harper. La señora Harper impugnó una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que cerró su querella por alegados problemas de moho en un condominio arrendado. DACo desestimó la querella por falta de jurisdicción, al considerar el arrendamiento como comercial. La recurrente apeló, argumentando que el contrato era de vivienda y sí cualificaba bajo la jurisdicción del DACo. El Tribunal de Apelaciones enfatizó la obligación de los tribunales de asegurar su propia jurisdicción antes de entrar en los méritos de un caso. Destacó que la falta de jurisdicción conlleva la desestimación del recurso. Aplicando estos principios, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender la revisión administrativa. Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso presentado por la señora Harper.

Resumen:

Energy Homes, Corp. solicita la revisión de tres dictámenes: un relevo de resolución del DACo que denegó su moción de nulidad, una orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró ha lugar la ejecución de sentencia, y otra orden del foro primario que denegó su moción de nulidad de la resolución del DACo y ordenó continuar la ejecución. Estos procesos derivan de una querella original ante el DACo presentada por el señor Pablo Rivera Peña contra Energy Homes por incumplimiento contractual. El DACo emitió una resolución ordenando a Energy Homes pagar \$12,238.00, la cual fue confirmada por este foro en un recurso previo y se convirtió en final y firme. Ante el incumplimiento, el señor Rivera solicitó la ejecución de la orden del DACo en el Tribunal de Primera Instancia, la cual fue concedida. Posteriormente, Energy Homes intentó anular la resolución original del DACo, argumentando una supuesta exención de registro de contratistas, tanto ante el DACo como ante el foro primario, pero ambas instancias denegaron sus solicitudes y ordenaron la continuación de la ejecución. El panel resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por Energy Homes.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión administrativa de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. La Junta suspendió la licencia de perito electricista de Lisa N. Spickers Sepúlveda. La suspensión se fundamentó en un supuesto incumplimiento con las horas de educación continua requeridas para el periodo que culminó el 31 de diciembre de 2023, según lo certificado por el Colegio de Peritos Electricistas. La señora Spickers presentó un recurso de revisión judicial, argumentando que sí había cumplido con el requisito al tomar un curso de ocho horas en mayo de 2023, el cual contaba con el aval del Colegio. Envió comunicaciones a la Junta y al Colegio detallando los cursos tomados y adjuntando evidencia. La Junta emitió su resolución de suspensión tras recibir la certificación del Colegio y la publicación del nombre de la recurrente en una lista de incumplidores. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, determinó revocar el dictamen recurrido de la Junta Examinadora.

Resumen:

First Medical Health Plan, Inc. solicitó la revisión de una orden interlocutoria de la Administración de Seguros de Salud (ASES). Dicha orden denegó una moción de desestimación presentada por First Medical en respuesta a una querella de la Cooperativa de Dueños de Laboratorios Clínicos Privados de Puerto Rico (COOPLAB). COOPLAB alegó que First Medical incumplió cartas normativas de ASES sobre códigos de laboratorios de Covid-19. First Medical argumentó que ASES carecía de jurisdicción y que COOPLAB no tenía legitimación activa. ASES declaró sin lugar la moción de desestimación y ordenó la continuación del procedimiento administrativo. First Medical apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones, señalando errores sobre la jurisdicción de ASES y la legitimación de COOPLAB. El Tribunal revisó la orden recurrida, enfocándose en el planteamiento jurisdiccional. La sentencia confirma la orden de ASES que denegó la desestimación, permitiendo que el procedimiento administrativo ante ASES continúe.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó un recurso presentado por Juan Suárez, Inc. contra la Junta de Subastas del Municipio de Humacao. Suárez impugnó la adjudicación del Renglón 8 de la Subasta Núm. 23-24-44, referente a la compra de equipo para escuelas. La Junta de Subastas había adjudicado la totalidad de dicho renglón a la compañía Camera Mundi, LLC. Juan Suárez, Inc. alegó haber sido el mejor postor en numerosas partidas del renglón y que la adjudicación a Camera Mundi carecía de justificación adecuada. La Junta, posteriormente, manifestó su intención de emitir una nueva notificación de adjudicación conforme a derecho. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la decisión original de la Junta de Subastas del Municipio de Humacao respecto a la adjudicación del Renglón 8.

Resumen:

Unique Security Corp. solicitó la revisión judicial de la decisión de la Junta de Subastas del Municipio de Toa Alta de cancelar la adjudicación de un contrato de servicios de seguridad. Unique Security había ganado la Subasta Núm. 25-023 tras presentar su propuesta, que incluía una certificación de deuda de Hacienda y un plan de pagos aprobado. Durante el proceso de formalización del contrato, el Municipio solicitó documentos actualizados de Hacienda. Unique Security proporcionó una certificación de deuda actualizada y un nuevo plan de pagos aprobado. A pesar de esto, el Municipio canceló la adjudicación, alegando que Unique Security no estaba al día con el plan de pagos presentado con la oferta original. Unique Security impugnó esta cancelación por arbitrariedad. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. El Tribunal finalmente revocó la determinación del Municipio de cancelar la adjudicación.

Resumen:

Este documento detalla el historial procesal de un caso criminal contra Melvin Rafael Rosario Nieves, Erkin Joel Meléndez Sánchez y Justin Daniel Rodríguez Sánchez en Puerto Rico. Se les imputan violaciones al Código Penal y la Ley de Armas. El enfoque principal es la serie de señalamientos y posposiciones de la vista preliminar. Las demoras se debieron a la ausencia de abogados defensores, razones médicas, falta de preparación y negociaciones de alegación de culpabilidad. Se determinó causa probable para arresto en ausencia para Rosario Nieves, quien fue detenido al no prestar fianza. Los coimputados también enfrentaron fianzas elevadas y detención preventiva. El abogado de Rosario Nieves renunció a los términos de juicio rápido para facilitar vistas conjuntas. A pesar de que el Ministerio Público estuvo listo en varias ocasiones, la vista preliminar fue pospuesta repetidamente. La última posposición mencionada ocurrió el 14 de marzo de 2024, debido a que un co-demandado necesitaba más tiempo para considerar una oferta de la fiscalía.

Resumen:

Se presentó una petición de Certiorari por Domingo Caraballo Santos ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso criminal sobre delitos tentados. El foro primario había denegado una petición del señor Caraballo Santos relacionada con una moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El peticionario pidió la nulidad del dictamen del foro primario y de una supuesta Sentencia. Sin embargo, el peticionario no articuló errores específicos supuestamente cometidos por el tribunal inferior. Además, la petición incumplió numerosos requisitos procesales para la presentación de un Certiorari. Documentos esenciales, incluyendo la supuesta Sentencia y las mociones relevantes consideradas por el foro primario, no fueron incluidos. El Tribunal de Apelaciones señaló estas deficiencias significativas en la presentación. A pesar de las fallas procesales, el tribunal procedió con la revisión, haciendo referencia a su autoridad para prescindir de ciertos escritos. La sentencia comienza delineando el concepto legal de jurisdicción en el sistema puertorriqueño.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de apelación sobre un caso de cobro de dinero. El apelante, Javier R. Aponte Betancourt, solicitó la revocación de una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Bayamón. La parte apelada, Island Portfolio Services, LLC (como agente), presentó la demanda original en julio de 2022 reclamando una deuda de \$8,875.39. Los intentos iniciales de notificación al demandado en una dirección de San Juan resultaron en correo devuelto. Tras la incomparecencia del demandado a una vista, la parte apelada localizó una nueva dirección en Guaynabo. El caso fue trasladado del TPI de San Juan al TPI de Bayamón, la región judicial competente. Se ordenó una nueva notificación a la dirección de Guaynabo, la cual fue enviada por correo certificado pero marcada como no reclamada. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó el dictamen apelado del TPI de Bayamón.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Ana Oquendo Fernández, impugna la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda original fue presentada contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). Reclamaba compensación por daños sufridos en una caída el 27 de septiembre de 2023. El accidente ocurrió al tropezar con un tubo que sobresalía de una acera en San Juan. La demandante cumplió con el requisito legal de notificar al Secretario de Justicia el 5 de octubre de 2023. Dicha notificación describió el incidente, las lesiones y la alegada negligencia del ELA. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Finalmente, el panel judicial decidió revocar la Sentencia Parcial apelada. Esta revocación deja sin efecto la desestimación de la demanda por el tribunal inferior.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una sentencia en respuesta a dos recursos de revisión judicial presentados por First Medical Health Plan contra la Administración de Servicios de Salud de Puerto Rico (ASES). First Medical impugna dos órdenes de la ASES, ambas del 24 de julio de 2024, que denegaron sus solicitudes de desestimación en procedimientos administrativos separados. Estos procedimientos (Querellas Núm. 24-ML-04-807 y 24-ML-04-808) resultaron en la imposición de multas a First Medical por alegado incumplimiento con las métricas de pago a proveedores bajo el contrato del Plan Vital. First Medical solicita al tribunal que revoque las órdenes de la ASES, declare inválidos los procedimientos administrativos y anule las multas. El tribunal consolidó los dos recursos de revisión judicial (KLRA202400462 y KLRA202400464) por tratarse de la misma controversia. También denegó las mociones urgentes de First Medical para paralizar los procedimientos administrativos ante la ASES. La sentencia detalla los antecedentes, incluyendo las notificaciones de la ASES sobre la intención de multar por el incumplimiento en los pagos a proveedores. El tribunal procede a examinar los hechos procesales relevantes que llevaron a la presentación de estos recursos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones recibió un escrito del Sr. Obe E. Johnson buscando la revisión de una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El caso se relaciona con un procedimiento disciplinario contra Johnson por supuestas violaciones a los códigos de higiene y desobediencia de una orden directa. Tras una vista administrativa, se determinó que Johnson cometió los actos imputados, sancionándolo con una amonestación y la orden de guardar el exceso de correspondencia legal fuera de su celda. Johnson presentó un remedio administrativo, el cual fue denegado por el Departamento, invocando reglamentación y seguridad sobre el exceso de pertenencias en las celdas. El recurrente expresó su inconformidad con la acción del Departamento. El Tribunal estudió el escrito y la documentación sometida por Johnson. Encontró que carece de jurisdicción para atender el recurso presentado. Por tanto, el Tribunal desestimó el escrito del recurrente.