Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 42)

Resumen:

Condado 5, LLC instó una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Pedro José Palou Bosch y Nayda Teresa del Valle Apellaniz. Condado alegó ser el tenedor de un pagaré hipotecario y que los demandados incumplieron su obligación de pago. Los demandados contestaron, cuestionando la legitimación activa de Condado y la liquidez y exigibilidad de la deuda reclamada. Argumentaron la existencia de controversias fácticas relacionadas con un proceso previo sobre el pagaré y supuestas variaciones unilaterales en los pagos. Condado presentó una Moción de Sentencia Sumaria, la cual fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia. El TPI determinó que existían hechos materiales en controversia, específicamente sobre si Condado es tenedor de buena fe del pagaré y si la deuda es líquida y exigible. Condado solicitó la revocación de esta denegatoria mediante una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, mediante la presente Resolución, denegó la expedición del auto de certiorari. Esta decisión valida la determinación del TPI de que persisten controversias fácticas que impiden la disposición sumaria del caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió Sentencia el 16 de octubre de 2024, resolviendo la apelación de César Sanabria Gómez. El Sr. Sanabria buscaba revocar una Sentencia previa que le ordenó pagar $19,600 a Grand Homes Real Estate Corp. por incumplimiento contractual. La disputa surgió tras retractarse de la venta de una propiedad para la cual había firmado un acuerdo de exclusividad y un Contrato de Opción de Compraventa con la inmobiliaria y los compradores, respectivamente. Grand Homes Real Estate Corp. demandó el cobro de la comisión pactada. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria a favor de la inmobiliaria, determinando que el Sr. Sanabria firmó electrónicamente los contratos y no se opuso a la solicitud. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada, validando la obligación de pago por el incumplimiento.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega el auto de Certiorari solicitado por Reynaldo Rodríguez Colón. El Peticionario buscaba revocar una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La moción de desestimación se presentó en respuesta a una demanda incoada por la Asociación de Residentes de The Clusters, Inc. La Asociación demandó al señor Rodríguez Colón por alteración de fachada y violación de la escritura matriz bajo el régimen de propiedad horizontal. El Peticionario argumentó que la Asociación, al ser una entidad corporativa, carecía de legitimación activa según el Artículo 48 de la Ley de Condominios, que establece que el Consejo de Titulares no debe tomar forma corporativa. La Asociación reconoció el argumento legal pero sostuvo que representaba los intereses del Consejo. El foro primario denegó la solicitud de desestimación. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega el recurso de Certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de cobro de dinero. Banco Popular de Puerto Rico demandó al Sr. Roberto R. Félix Germosén por una garantía de una línea de crédito comercial concedida a su corporación extinta. El demandado alegó que la acción estaba prescrita, argumentando que se trataba de un préstamo mercantil. Ambas partes solicitaron sentencia sumaria. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud del banco, acogió la del demandado y desestimó la demanda con perjuicio. El banco apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400578 entre Firstbank Puerto Rico y Francisco Arturo González Delgado. El apelante recurre la sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia declaró que el apelante tiene una deuda líquida y exigible con Firstbank y desestimó su reconvención. La deuda se origina de un pagaré hipotecario emitido en 2002, por el cual Firstbank presentó una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en 2023. El apelante alegó incumplimiento de normas federales y deber de buena fe por parte del banco en su reconvención. Tras el proceso judicial, incluyendo un intento de mediación, el Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Firstbank. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el recurso, confirma la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio y cobro de dinero. La apelante, Zoraya Sánchez Vega, recurre la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El foro primario desestimó su demanda y declaró con lugar la reconvención de los apelados, Xiomara Pérez Santiago y Daniel J. Román Vázquez. Sánchez Vega demandó a los apelados por incumplimiento de un contrato de arrendamiento, reclamando el desahucio y \$7,500.00 en cánones adeudados. Los apelados contestaron alegando novación del contrato, incluyendo un posible acuerdo de compraventa. Argumentaron que realizaron cuantiosas reparaciones y construcciones en la propiedad, las cuales debían ser descontadas del canon o reembolsadas. También alegaron que la apelante ocultó vicios en el inmueble. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la apelante pagar a los apelados la suma de \$51,900.00. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Este recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia declaratoria del Tribunal de Primera Instancia. La disputa central gira en torno al derecho exclusivo sobre el espacio de estacionamiento número treinta (30) asignado al apartamento 1-B en el Condominio Continental Villa. Los apelados, propietarios del apartamento, demandaron a los apelantes alegando que estos bloqueaban y les impedían el uso de dicho estacionamiento, al cual tienen derecho según la descripción de su propiedad y una asignación del condominio. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda, ordenando a los apelantes liberar el estacionamiento y cesar la interferencia. Esta decisión del foro primario se emitió tras no comparecer los apelantes a tiempo, a pesar de haber sido emplazados por edicto. Los apelantes recurrieron la sentencia inicial solicitando su revocación. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar el dictamen apelado.

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Compareció ante el Tribunal de Apelaciones Ambassador Veteran's Services of Puerto Rico, LLC, apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El caso original se inició por Ambassador contra la Oficina del Procurador de Veteranos (OPV) por incumplimiento de contrato, interdicto y daños. Ambassador alegó que la OPV retuvo fondos federales (COVID-19 y FEMA) destinados a cubrir gastos incurridos por Ambassador en la administración de la Casa del Veterano, a pesar de su obligación contractual de distribuirlos. La falta de desembolso de estos fondos causó perjuicios económicos a Ambassador. Ambassador solicitó en el foro primario un interdicto para evitar la pérdida de fondos federales, la consignación y pago de los mismos, daños y un interdicto permanente. También pidió el embargo de cantidades específicas de fondos de COVID-19 y FEMA. El Gobierno solicitó la desestimación de la demanda, argumentando falta de legitimación activa, insuficiencia de alegaciones de incumplimiento y que los fondos públicos no son embargables. Ambassador se opuso, reafirmando sus argumentos y la naturaleza federal de los fondos reclamados. El Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia que fue apelada por Ambassador tras ser denegada una moción de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Sentencia, revoca la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación administrativa de ASSMCA. La controversia surge de la denegación de la renovación de licencia y orden de cierre del Hogar Shaddai, una institución geriátrica. ASSMCA basó su decisión en la alegada incomparecencia del Hogar Shaddai a una "Orden de Mostrar Causa" sobre denegación de licencia. El Hogar Shaddai apeló, argumentando que la orden no le fue debidamente notificada y que ASSMCA violó el debido proceso y sus propios reglamentos. Señaló errores como la falta de notificación, incumplimiento del procedimiento reglamentario, ausencia de determinaciones de hechos y violación de la ley de pequeños negocios. ASSMCA no compareció ante el Tribunal de Apelaciones para presentar su alegato. El Tribunal procedió a resolver el recurso sin la participación de la agencia recurrida. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal revocó la determinación de ASSMCA.

Resumen:

Se trata de una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión presentado por Benjamín Rosa Ramos contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente presentó su petición sin pagar aranceles ni solicitar litigar como indigente, y sin adjuntar documentos que permitieran auscultar la jurisdicción del tribunal. Se le concedió un término de diez días para subsanar, bajo apercibimiento de desestimación. Aunque el recurrente presentó la solicitud de indigencia, omitió adjuntar los documentos requeridos. El tribunal enfatiza su deber de salvaguardar la jurisdicción y que la falta de esta no es subsanable, procediendo la desestimación según la normativa aplicable. La omisión de adjuntar documentos necesarios impide al tribunal considerar el recurso en sus méritos y verificar su jurisdicción. Por tanto, el recurso es desestimado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una revisión judicial presentada por DCMC LLC contra el Departamento de Educación. DCMC impugnó la adjudicación de una Solicitud de Propuestas (RFP) para servicios de gestión de subvenciones para el diseño de rehabilitación de 50 escuelas, la cual fue otorgada a IEM International INC. El RFP forma parte de los esfuerzos del Departamento de Educación para restaurar la infraestructura escolar afectada por desastres naturales, con fondos de FEMA. DCMC alegó que la notificación de adjudicación fue defectuosa y que no se le proveyó la documentación administrativa solicitada. El tribunal revisó la actuación de la agencia bajo los parámetros de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación impugnada del Departamento de Educación.

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Compareció ante el Tribunal de Apelaciones una petición de certiorari presentada por William Luis Ramírez Garratón, Inmobiliaria Medio Mundo LLC y All Hands Development, LLC. Solicitaron la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de reconsideración. El caso subyacente fue iniciado por MR Construction Inc. en 2019 para cobrar una deuda previamente sentenciada de forma final y firme contra The Village Development Corporation. MR Construction alegó que los peticionarios están relacionados con The Village y realizaron transacciones en 2013 para defraudar a los acreedores. Buscan el pago solidario de la deuda, la nulidad de los contratos de 2013, o daños y perjuicios. La petición de certiorari impugnaba una decisión del TPI relacionada con una moción de desestimación presentada por los peticionarios. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Se presenta un recurso de Certiorari en un caso de desahucio por falta de pago iniciado por Luis Alfredo Corchado Serrano contra Iris Nereida Rodríguez Pagán. La señora Rodríguez Pagán, antigua dueña de la propiedad adquirida por el señor Corchado en venta judicial, solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden transfirió una vista, advirtiendo que la incomparecencia resultaría en la desestimación de la demanda. Además, la Orden dispuso que constara en el expediente información sobre el diagnóstico de salud de la señora Rodríguez y extendió su representación legal a un caso de ejecución de hipoteca. Durante el proceso, se discutió el diagnóstico de sicosis de la peticionaria y la preocupación por su capacidad mental para entender el procedimiento. La señora Rodríguez había presentado una moción de reconsideración contra la Orden, la cual fue declarada No Ha Lugar por el foro primario. Inconforme, acudió al Tribunal de Apelaciones mediante el presente recurso. Tras examinar los planteamientos, el Tribunal de Apelaciones resolvió DENEGAR el recurso de Certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños e incumplimiento de contrato por reclamación de seguro post-huracán María. La parte peticionaria, Consejo de Titulares del Condominio Vista Verde y otros, instó un certiorari contra Triple-S Propiedad, Inc. Buscan la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que tomó conocimiento judicial de una acusación criminal contra el señor Austin Lee Tanner. Triple-S solicitó dicho conocimiento alegando la relevancia de Tanner, dueño de ATA Consulting, para la credibilidad del perito de la peticionaria, quien trabaja para dicha empresa. La peticionaria se opuso, argumentando que la acusación no era un hecho adjudicativo ni relevante, y que Tanner no era perito en el caso. El foro primario denegó la reconsideración, manteniendo el conocimiento judicial de la acusación contra Tanner. La peticionaria alega que el tribunal erró al tomar conocimiento judicial de hechos que no cumplen los requisitos legales y se refieren a un tercero para impugnar a su perito. El Tribunal de Apelaciones revisará si la determinación del Tribunal de Primera Instancia fue correcta.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. La peticionaria, Laiza M. Carrero Montañez, impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha Resolución, emitida en abril de 2024, fijó la pensión alimentaria final en $410.00 mensuales. El foro primario determinó que esta cantidad era la pensión provisional y que no procedía el pago retroactivo. La peticionaria alegó que el TPI erró al establecer la cuantía final, denegar el retroactivo y al determinar sobre los gastos escolares. El caso se originó por una solicitud de revisión de una pensión previa, donde se había fijado una pensión provisional bisemanal. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el recurso de Certiorari, decidió revocar la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Antonio Luis Rivera Guzmán, solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó sus solicitudes de sentencia sumaria parcial. El caso original surge de una disputa entre el peticionario y su exesposa, Sandra Viscal Rodríguez, sobre la administración de Riscal, Inc., una corporación que co-poseen tras su divorcio. Rivera Guzmán alega ser dueño del 50% de las acciones y que Viscal Rodríguez, quien controla la corporación, le ha negado acceso a los libros y no ha rendido cuentas desde 2011. También sostiene que ella se ha beneficiado indebidamente de la corporación mientras él no ha recibido dividendos. La demanda inicial buscaba interdictos, remedios corporativos y daños, incluyendo la inspección de documentos corporativos. El Tribunal de Apelaciones había paralizado previamente los procedimientos en el foro primario. Mediante esta sentencia, el Tribunal deja sin efecto dicha paralización. Finalmente, el Tribunal expide el auto de certiorari y confirma la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó las sentencias sumarias parciales del peticionario.

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Se revisa la resolución del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una Petición de declaratoria de herederos. El peticionario solicitó la declaratoria alegando que, aunque el causante otorgó testamento, no ha podido conseguir el original ni copia certificada del mismo. El TPI desestimó la petición al confirmarse la existencia del testamento mediante certificación oficial. El peticionario argumentó sin éxito que la ausencia del testamento debía presumir su destrucción y dar paso a una sucesión intestada. Este tribunal acogió el recurso como certiorari para revisar la decisión. Se confirma la resolución recurrida. Se reitera que la declaratoria de herederos es un trámite para la sucesión intestada. Dicho procedimiento suple la ausencia de una institución de herederos establecida en testamento. No procede una declaratoria de herederos cuando se conoce la existencia de un testamento válido, aunque su paradero sea desconocido.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Sender Shub para revisar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia, emitida el 12 de abril de 2024, desestimó la demanda de Shub contra Nelson Menda. La demanda original versaba sobre la impugnación y selección de un árbitro sustituto en el contexto de un Acuerdo de Separación entre las partes. Shub y Menda, antiguos socios de negocios, firmaron este acuerdo en 2018 para disolver su relación comercial. El acuerdo incluía una cláusula de arbitraje que nombraba un árbitro principal y un sustituto. Tras el fallecimiento del árbitro principal, surgió una controversia sobre quién debía ser el árbitro sustituto, especialmente considerando un laudo previo que supuestamente modificó la cláusula de sustitución. Shub demandó buscando la designación de un nuevo árbitro y la descalificación del sustituto original. El Tribunal de Primera Instancia desestimó su reclamo. Luego de examinar el recurso de apelación, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia del 12 de abril de 2024.

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Hermanos recurren en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La resolución de instancia denegó una orden de protección solicitada por los hijos a nombre de su padre, residente en un hogar para envejecientes. Dicha resolución prohibió las visitas de los hijos, permitió las de la esposa y otorgó la custodia provisional del adulto mayor al Departamento de la Familia. Los peticionarios impugnan la decisión, señalando errores en la prohibición de visitas y la concesión de custodia. El hogar recurrido solicitó la desestimación del recurso por falta de notificación de la resolución apelada y por considerar el caso académico tras el traslado del padre a otro centro. El Tribunal de Apelaciones se dispone a resolver la controversia, analizando los argumentos de las partes y las reglas procesales sobre notificación.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones que resuelve un recurso presentado por Iris A. Santana Báez contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La Sentencia apelada declaró ha lugar una demanda presentada por sus vecinos, Idalis Ocasio Lozada y José M. González Aponte, ordenando la demolición de construcciones en la propiedad de la señora Santana. Los apelados argumentaron que las obras eran ilegales por falta de permiso de construcción. La apelante se defendió alegando poseer una autorización municipal. No obstante, los apelados demostraron que la División de Revisiones Apelativas (DRA) había revocado dicha autorización municipal. Esta determinación administrativa, que dejó sin efecto la consulta de construcción, advino final y firme. El TPI afirmó su jurisdicción y, considerando la revocación de la autorización, concedió la demanda de demolición. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y los fundamentos presentados. Finalmente, el panel confirma la Sentencia emitida por el TPI. La decisión valida la orden de demolición al concluir que las construcciones se realizaron sin una autorización válida y final.

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Juan Rafael Martinó Díaz apeló dos Sentencias Parciales del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimaron la reclamación en su contra. La primera sentencia (29 de mayo de 2024) desestimó el pleito contra Jarel Josué Cajigas Román, su esposa Yarinés Vázquez Acevedo y su sociedad legal de gananciales. La segunda sentencia (6 de agosto de 2024) desestimó la reclamación contra Joel Josué Cajigas Román, su esposa Jessica Marie Colón Franco y su sociedad legal de gananciales. Estas desestimaciones parciales se dictaron en el marco de una demanda por incumplimiento de contrato, violación de deberes fiduciarios, cobro de dinero, fraude y daños. El apelante alegó que el TPI erró al desestimar bajo la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, pues la demanda contenía alegaciones suficientes sobre las actuaciones de los demandados como oficiales de la co-demandada Medirec Inc. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestima el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento del apelante con las Reglas 17 y 80.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones y la Sección 5 de la Ley Núm. 17 de 1915.

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Se presenta una sentencia judicial en el contexto de un recurso de revisión administrativa contra una decisión de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La controversia surge de la aprobación por parte de la OGPe de una Solicitud de Consulta de Ubicación radicada por QMC Telecom, LLC para construir facilidades de telecomunicaciones. La parte recurrente se opuso a dicha solicitud, argumentando, entre otros puntos, la susceptibilidad del terreno a deslizamientos, una disputa sobre la titularidad del área propuesta y preocupaciones estéticas y de salud. QMC Telecom defendió la idoneidad de la ubicación y la falta de alternativas viables. Tras la aprobación inicial de la OGPe, los recurrentes presentaron un recurso de revisión administrativa ante la propia agencia. Al no recibir respuesta en el término legal, acudieron al tribunal, señalando múltiples errores de la OGPe. Entre los errores alegados, destacaron una seria violación al debido proceso de ley por no haber sido notificados de la resolución de la OGPe. La OGPe compareció ante el tribunal y aceptó haber incurrido en dicho error procesal al no notificar adecuadamente su dictamen a la parte recurrente. Esta admisión por parte de la agencia aborda directamente uno de los señalamientos de error principales presentados por los recurrentes.

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Se trata de un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Luis H. Quiñones Santiago impugna una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente solicitó una asignación de trabajo dentro del sistema correccional para obtener bonificación. Alegó que realizaba labores de mantenimiento voluntariamente pero no se le asignaba formalmente por el comité correspondiente. El DCR respondió que la asignación requiere una petición formal, aprobación médica y acción del comité, indicando que la petición aún no se había recibido. Tras denegar la reconsideración, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones. Argumentó que el DCR erró al no asignarle trabajo después de realizarlo y por supuestamente proveer información falsa, lo que podría constituir represalia. El Tribunal revisó el expediente administrativo y los argumentos de las partes, confirmando la respuesta original emitida por el DCR.

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El caso se origina por un accidente laboral sufrido por Diana I. Díaz Olmo en 2004, mientras trabajaba en el Centro Médico. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) determinó inicialmente un 5% de incapacidad en la mano derecha y 5% en la región lumbosacral, otorgando compensación. La reclamante apeló esta decisión ante la Comisión Industrial, iniciando un largo proceso de evaluaciones médicas y resoluciones. La Comisión Industrial emitió varias resoluciones a lo largo de los años, modificando los porcentajes de incapacidad para diferentes condiciones como esguince cervical, lumbosacral y síndrome del túnel carpiano. Se consolidaron o evaluaron conjuntamente reclamaciones relacionadas con distintos accidentes o condiciones. Una resolución de la Comisión de noviembre de 2010 aumentó la incapacidad lumbar al 10%, ordenando descontar pagos previos. Años después, un informe de la Oficial Examinadora de la Comisión de julio de 2024 concluyó que la decisión de descontar el 5% por radiculopatía del 10% por esguince lumbosacral era errónea. La CFSE recurrió judicialmente la Resolución de la Comisión de 1 de julio de 2024. El Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución emitida por la Comisión Industrial.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Jonathan Murga Rodríguez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, un confinado, solicitó la revisión de una resolución del Departamento relativa a su petición de audífonos nuevos y baterías, una necesidad que alega tener desde 2023. Presentó un remedio administrativo el 10 de junio de 2024. El Departamento respondió el 2 de julio de 2024, indicando que el equipo fue pedido pero no recibido y sugiriendo contactar a Physician Correctional. Inconforme, el señor Murga Rodríguez apeló, señalando inacción del director médico y suministro inadecuado de baterías. El Tribunal revisó el expediente administrativo y los escritos de las partes. Aplicando el estándar de revisión judicial de decisiones administrativas, el Tribunal encontró mérito en el recurso. Por consiguiente, el Tribunal revocó la Resolución recurrida del Departamento.

Resumen:

Obe E. Johnson presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El peticionario impugna la alegada negativa del Tribunal de Primera Instancia a ordenar la celebración de un nuevo juicio. Johnson sostiene que sus abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal interrumpieron o resistieron engañosamente dicho nuevo juicio el 7 de marzo de 2024. Alega obstrucción a la justicia y fabricación por parte de los letrados. Solicita al Tribunal de Apelaciones que celebre un nuevo juicio y resuelva sobre la conducta de los abogados. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado. Considerando la naturaleza discrecional del certiorari, el panel procedió a desestimar la petición. La desestimación se fundamenta en los criterios que rigen la expedición de este tipo de recursos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende dos peticiones de Certiorari consolidadas. Las peticiones fueron presentadas por MAPFRE PRAICO Insurance Company y por Marcelino Bellosta Varady y Triple S Propiedad, Inc. Buscan revocar determinaciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus respectivas solicitudes de sentencia sumaria. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios relacionada con un accidente de tránsito que causó la muerte de la señora Josefina Manuela Ballester Cabrera. La parte recurrida, la Sucesión de Israel Kopel Amster, se opuso a la expedición de los autos. El Tribunal de Apelaciones ordenó la consolidación de los recursos por versar sobre el mismo caso. Habiendo recibido las comparecencias de las partes, el Tribunal considera perfeccionados los recursos. La resolución detalla el historial procesal que llevó a la consolidación de las peticiones.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos peticiones de Certiorari consolidadas. Las peticiones, radicadas por MAPFRE PRAICO Insurance Company y por Marcelino Bellosta Varady y Triple S Propiedad, Inc., impugnan resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus respectivas solicitudes de sentencia sumaria. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios presentada por la Sucesión de Israel Kopel Amster y otros, relacionada con un accidente de tránsito fatal ocurrido en 2020. El Tribunal de Apelaciones ordenó la consolidación de ambos recursos al versar sobre determinaciones en el mismo caso. Tras recibir las oposiciones de la parte recurrida, el Tribunal considera perfeccionados los recursos consolidados. La resolución procede a detallar los hechos procesales y el trasfondo del caso de daños.

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Andrea Dragotto presentó una querella contra Calypso Café Inc. bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, reclamando compensación por despido injustificado y daños sustanciales por angustias mentales. Calypso solicitó la desestimación de la querella, argumentando que el procedimiento sumario no aplicaba a las reclamaciones de daños y perjuicios y que su moción constituía una alegación responsiva. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación y la conversión a procedimiento ordinario, declarando en rebeldía a Calypso por no presentar una contestación formal. Insatisfecho, Calypso recurrió en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, impugnando la aplicación del procedimiento sumario a los daños reclamados y la anotación de rebeldía. Dragotto se opuso al recurso, planteando la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar una determinación interlocutoria en un caso sumario bajo la Ley Núm. 2. El Tribunal de Apelaciones requirió a Calypso mostrar causa por la cual el recurso no debía ser desestimado conforme a la jurisprudencia aplicable. Calypso insistió en que el foro primario actuó sin jurisdicción y que la revisión es necesaria para evitar un fracaso de la justicia dada la naturaleza de los daños reclamados. El Tribunal de Apelaciones se dispone a resolver sobre la procedencia del recurso de Certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y Windmar Renewable Energy junto a Puerto Rico Land & Fruit. El DRNA presentó una querella en 2016 alegando que las compañías realizaron remoción de tierra, corte de árboles e impacto a hábitat natural, incluyendo una especie en peligro, sin los permisos requeridos para un proyecto fotovoltaico. La Resolución del DRNA de diciembre de 2016 ordenó mitigación de 150 cuerdas por hábitat y 50 por árboles, la donación de 75 cuerdas, una multa solidaria de $50,000 y la obtención de un Performance Bond. Las compañías apelaron la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que confirmó la Resolución del DRNA. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por la parte apelante. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El recurso, acogido como certiorari, proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. El peticionario, George Saber, solicita la revocación de la Sentencia emitida por el foro primario el 16 de febrero de 2024. Dicha sentencia declaró Ha Lugar la demanda presentada por Robert M. Lavie por incumplimiento de contrato, enriquecimiento injusto y daños. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existía un contrato de arrendamiento entre las partes para dividir el canon de un inmueble. Encontró que el señor Saber incumplió su obligación contractual y le ordenó pagar \$16,600 por incumplimiento y \$3,000 por daños morales, más costas. El foro primario guardó silencio sobre la reconvención presentada por el señor Saber. El peticionario presentó una moción de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar. En su apelación, el señor Saber alega que el Tribunal de Primera Instancia erró al apreciar la prueba y concluir la existencia de un contrato de arrendamiento entre él y el recurrido.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra David Junior Rodríguez de León. El señor Rodríguez de León apela la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama. Dicha sentencia, del 3 de mayo de 2023, lo condenó por Asesinato Atenuado (Artículo 95 del Código Penal) y disparar un arma de fuego (Artículo 5.15 de la Ley de Armas). Los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2019 en Salinas y resultaron en la muerte de Carlos J. Correa Reyes. El Tribunal de Primera Instancia le impuso penas de once años y tres meses por el homicidio y siete años por el delito de armas, a cumplirse consecutivamente. El documento detalla el tracto procesal del caso, incluyendo la presentación de las acusaciones y la alegación de no culpable. Se celebró un juicio por jurado en diciembre de 2022. La sentencia del Tribunal de Apelaciones reseña la prueba documental y testifical desfilada por el Ministerio Público durante el juicio.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de revisión judicial. El recurrente, Edgardo Delgado Brás, impugnó una determinación del Negociado de Energía. Dicha determinación desestimó por falta de jurisdicción una querella presentada por Delgado Brás contra LUMA Energy. La querella original cuestionaba el método de facturación de LUMA, alegando que se basaba en consumo bruto en lugar de neto para clientes con sistemas solares. El Negociado de Energía acogió la moción de desestimación de LUMA, argumentando que el recurrente no cumplió con los procedimientos informales requeridos por la Ley 57-2014 y el Reglamento 8863. Delgado Brás solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el Negociado. Ante el Tribunal de Apelaciones, el recurrente alegó errores en la determinación de falta de jurisdicción y la inconstitucionalidad de las leyes y reglamentos aplicables. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida del Negociado de Energía.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión judicial. Beckman Coulter Puerto Rico, Inc. impugna la adjudicación de una subasta por la Junta de Subastas del Municipio de San Juan. La subasta (RFP-2024-011) buscaba el arrendamiento de equipos de química e inmunología para facilidades de salud municipales. La Junta de Subastas adjudicó la buena pro a Isla Lab Products, LLC. Beckman, quien había arrendado equipos similares previamente, solicita al tribunal revocar la decisión y adjudicarle la subasta. En el proceso de evaluación, Isla Lab obtuvo una puntuación técnica significativamente mayor que Beckman. La Junta justificó la adjudicación a Isla Lab, a pesar de no ser la oferta más económica, por ofrecer equipo actualizado y atender mejor las necesidades del Municipio. La Junta consideró que la propuesta de Isla Lab beneficiaba el interés público. El Tribunal de Apelaciones adelanta que confirmará la Determinación Final recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una controversia entre Aramis Martínez Matos y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). El caso versa sobre la obligación de la ACT de realizar aportaciones al sistema de retiro por un diferencial recibido por el señor Martínez Matos durante un nombramiento interino (2006-2008). El recurrido solicitó la aportación, argumentando que el diferencial tenía visos de permanencia, aunque Recursos Humanos inicialmente lo denegó. A pesar de que el director ejecutivo de la ACT firmó una solicitud de reconsideración del recurrido como "Aprobado", la aportación no se procesó. Tras intentos infructuosos y un caso civil desestimado, el señor Martínez Matos acudió a la Junta de Apelaciones de la ACT. La Junta de Apelaciones falló a su favor, ordenando a la ACT realizar la aportación patronal. La ACT recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, REVOCÓ la Resolución Final de la Junta de Apelaciones. Esto implica que el Tribunal de Apelaciones determinó que la ACT no estaba obligada a realizar las aportaciones al retiro por dicho diferencial interino.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Banco Popular de Puerto Rico contra Jorge Antonio Laborde Corretjer, sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El apelante, Banco Popular, recurrió una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el archivo del caso. Tras la sentencia de instancia, Banco Popular presentó una moción de reconsideración ante dicho tribunal. Sin esperar la resolución de la moción de reconsideración, el Banco Popular presentó el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. La Regla 47 de Procedimiento Civil establece que la presentación de una moción de reconsideración interrumpe los términos para apelar hasta que sea resuelta. Al presentar la apelación antes de que el tribunal de instancia resolviera la reconsideración, el recurso resultó ser prematuro. Un recurso prematuro priva al tribunal apelativo de jurisdicción para atender el caso. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para conocer del recurso y procede su desestimación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca In Rem. Las partes son Banco Popular de Puerto Rico y los peticionarios Rubén Alicea Marrero y Arlenne Ivette de la Cruz Pérez. Los peticionarios acudieron en Certiorari para revisar y revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de mayo de 2024. Dicha Orden del TPI había declarado No Ha Lugar su solicitud de relevo de sentencia. El caso de ejecución de hipoteca fue iniciado en 2013 por Doral Bank (ahora BPPR) basado en un pagaré y hipoteca de 2004, radicándose In Rem tras un descargo en quiebra previo de los peticionarios. El pleito ha tenido un historial de apelaciones previas donde sentencias sumarias del TPI fueron revocadas, incluyendo una orden para referir el caso a mediación compulsoria. El Tribunal de Apelaciones revisó la Orden del TPI de mayo de 2024 con el beneficio de la comparecencia de ambas partes. El Tribunal dejó sin efecto la paralización de los procedimientos, expidió el auto y confirmó el recurso de Certiorari presentado. Esto significa que el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del TPI de denegar la solicitud de relevo de sentencia de los peticionarios.

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Sentencia de un panel judicial que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de despido injustificado. El apelante, Glenn Danilo Swanson, presentó una querella laboral contra Caribbean Hemp Farms, LLC (CHF) tras ser despedido. El TPI desestimó la querella, concluyendo que Swanson era un empleado ejecutivo despedido en periodo probatorio sin derecho a mesada bajo la Ley Núm. 80. Swanson fue contratado como Director of Extractions Operations con un salario anual de $104,000, amplias responsabilidades y beneficios, incluyendo bonificaciones contingentes y reembolso de gastos de mudanza. Alegó problemas con pagos y que su despido se basó en el cierre de un departamento que no ocurrió. Tras evaluar el expediente, el panel judicial adelanta la revocación del dictamen del TPI. La sentencia detalla el trasfondo fáctico y procesal, incluyendo las responsabilidades y condiciones de empleo del apelante.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400217. La Iglesia Pentecostal M.I. (Movimiento Internacional) apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha sentencia previa, dictada el 27 de diciembre de 2023, desestimó la solicitud de interdicto posesorio presentada por la apelante. El recurso de apelación fue presentado el 6 de marzo de 2024, tras la denegación de una reconsideración. La apelante, incorporada en 1922, es la organización religiosa principal que detalla su estructura y reglamentos. El caso involucra propiedades en el Barrio Piedra Gorda de Camuy, cuya historia de adquisición y desarrollo por la apelante se detalla desde la década de 1940. La apelante argumenta ser la propietaria y administradora de los bienes inmuebles en disputa. Tras evaluar los autos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia Parcial apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202300712. La apelante Seven Three Seventeen LLC (STS) recurre de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Dicha sentencia acogió mociones de sentencia sumaria presentadas por Luis Echegaray Méndez y MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY. Como resultado, se desestimó la reconvención incoada por STS. La reconvención incluía reclamaciones por daños y perjuicios por persecución maliciosa contra el Sr. Echegaray Méndez y por incumplimiento de contrato contra MAPFRE. La controversia original surge de una demanda por daños debido a filtraciones entre apartamentos en un condominio. El Sr. Echegaray Méndez, demandado inicialmente, presentó una demanda contra tercero y una acción independiente contra STS, propietario de un apartamento superior. STS, a su vez, presentó la reconvención desestimada. Tras evaluar los escritos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en respuesta a la apelación presentada por Luis Montalvo Saavedra. El apelante solicitó la revisión de una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. En dicha sentencia, Montalvo Saavedra fue hallado culpable de robo agravado (Art. 190 CP) y portación de arma de fuego sin licencia (Art. 6.05 Ley de Armas). El Tribunal de Primera Instancia le impuso una pena total de cuarenta y cinco (45) años de reclusión. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente del caso, incluyendo la transcripción de la prueba oral. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar el fallo condenatorio por el delito de robo agravado. No obstante, revocó la convicción y la pena impuesta por el delito de portación de arma de fuego sin licencia. El documento comienza a detallar la prueba presentada en el juicio original, incluyendo el testimonio de la víctima del robo.

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Neftalí Ortiz Colón apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito que lo declaró culpable de Asesinato en Primer Grado y dos infracciones a la Ley de Armas. Los cargos se relacionan con hechos ocurridos el 9 de abril de 2017. Inicialmente, Ortiz Colón renunció a su derecho a juicio por jurado. Luego, basándose en la jurisprudencia sobre la unanimidad del jurado, solicitó la reinstalación del jurado. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud, y dicha denegatoria fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Tras la celebración del juicio en su fondo ante el juez, se emitió la sentencia condenatoria. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. El caso enfrenta a Luis D. Irizarry Montalvo, un consumidor, contra Euro Japón Distributors, Inc., un concesionario de autos. El consumidor adquirió un vehículo usado que presentó fallas mecánicas graves poco después de la compra. El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) investigó la querella y determinó que el motor se rompió por causas internas, no por falta de mantenimiento. Mediante resolución, el DACo ordenó a Euro Japón pagar al Sr. Irizarry Montalvo la suma de $6,700.00 más intereses legales. Euro Japón recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución emitida por el DACo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Cosme Colón y otros contra Máximo Solar Industries Inc. El recurso impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia sobre la aprobación de costas y honorarios de abogado en un caso previo de acción resolutoria. Tras una sentencia inicial a favor de los peticionarios, el foro primario aprobó un memorando de costas limitado. El Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión, instruyendo al Tribunal de Primera Instancia a justificar los gastos denegados o celebrar una vista. Sin celebrar la vista pautada, el foro primario emitió una nueva Resolución aprobando algunas partidas adicionales de costas. Los peticionarios recurrieron nuevamente, alegando que el Tribunal de Primera Instancia erró al no conceder otros gastos solicitados sin justificación y abusó de su discreción. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Ricky Martínez. El peticionario impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que denegó su moción de desestimación. Martínez enfrenta cargos por manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes y resistencia u obstrucción a la autoridad pública. Su defensa argumentó que la prueba presentada en la vista de causa probable no lo identificaba como la persona que cometió los delitos imputados. Alegó una ausencia total de conexión entre los hechos y su persona. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la decisión. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el panel judicial confirmó la resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones, Panel IX, emitió una Sentencia en un caso de apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en Ponce. El apelante, Edmundo Rosaly Marchany, solicitó la revocación de una Sentencia del TPI que desestimó su demanda civil por incumplimiento de contrato y otros reclamos. El TPI desestimó el caso el 24 de junio de 2024, fundamentando su decisión en la alegada falta de diligencia del apelante en el emplazamiento personal dentro del término de la Regla 4.3 de Procedimiento Civil. Esta determinación del TPI se basó en la alegación de algunos codemandados de que no habían sido emplazados personalmente, a pesar de que el apelante había presentado evidencia de emplazamiento para algunos y explicado las dificultades para otros (dirección desconocida, fallecimiento del emplazador). El apelante había intentado cumplir con una orden previa del TPI presentando los emplazamientos diligenciados hasta el momento. Sin embargo, el TPI procedió a desestimar la demanda tras la negación de emplazamiento por parte de los codemandados. El Tribunal de Apelaciones revisó los autos y los fundamentos de la Sentencia apelada. Por los fundamentos expuestos en su dictamen, el Tribunal de Apelaciones determinó que la desestimación por parte del TPI fue errónea. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en una disputa entre ex cónyuges sobre una corporación dueña de una farmacia. La apelante, Emma Arocho Pirris, impugnó la decisión del TPI que desestimó su acción como accionista y acogió la reconvención de Benigno Domínguez Lara. El TPI había ordenado a la señora Arocho Pirris pagar \$104,000 al señor Domínguez Lara por su participación previa a la incorporación de DALP Corporation. Además, el TPI dispuso la liquidación y venta de la Farmacia Domínguez, activo principal de DALP, según lo acordado en su sentencia de divorcio. La señora Arocho Pirris había demandado alegando que el señor Domínguez Lara, como accionista mayoritario, le negaba acceso a información y decisiones corporativas. El señor Domínguez Lara reconvino, negando las alegaciones y solicitando el cumplimiento de la venta del negocio y el pago por su participación histórica. El Tribunal de Apelaciones acordó modificar la sentencia recurrida. La modificación consistió únicamente en reducir la suma que la señora Arocho Pirris debe pagar al señor Domínguez Lara de \$104,000 a \$52,000. Así modificada, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada.

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Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Puerto Rico Asphalt, LLC contra la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Bayamón. La recurrente impugnó la adjudicación de una subasta, alegando que la notificación de la resolución de adjudicación fue defectuosa. La Junta de Subastas reconoció el defecto en la notificación y manifestó su intención de emitir una nueva, solicitando la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. El Tribunal enfatizó que una notificación correcta es esencial para el debido proceso y para que comiencen a transcurrir los términos jurisdiccionales para la revisión. Una notificación defectuosa impide que dichos términos se activen. Dado que la Junta admitió que la notificación fue defectuosa, el término para presentar el recurso de revisión judicial no había comenzado. Por lo tanto, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. Se desestimó el recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.

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La Sucesión de Leocadio Morales Mojica presentó un Recurso de Revisión Administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una decisión de la Junta de Planificación. La Sucesión, propietaria de una finca en Trujillo Alto, buscaba una certificación del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras (ACT) sobre la legalidad de un acceso existente desde su propiedad a la Carretera PR-181, donde una valla rota creaba una entrada. Tras ser dirigidos a presentar una querella a través del portal de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Ing. Nelson Mattei, en representación de la Sucesión, formalizó la solicitud contra el DTOP. El DTOP respondió que no existía solicitud de acceso y que el camino no estaba bajo su control. La Junta de Planificación, tras una inspección ocular, ordenó el archivo de la querella al concluir que el DTOP no era dueño del predio en cuestión. La Sucesión solicitó reconsideración, argumentando que la decisión se basó en hechos ambiguos y sin considerar su evidencia sobre la titularidad del DTOP/ACT sobre la valla y el terreno. Al no ser acogida la reconsideración, la Sucesión acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, mediante Sentencia, confirmó el dictamen recurrido de la Junta de Planificación.