Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 40)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegó una petición de certiorari presentada por Caparra Center Associates LLC (CCA). CCA solicitaba dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Dicha determinación declaró No Ha Lugar las mociones de sentencia sumaria presentadas tanto por CCA como por la recurrida, María Cortés Porrata. El foro primario ordenó la continuación de los procedimientos en el pleito laboral. La recurrida demandó a CCA alegando despido discriminatorio y en represalia por una condición de salud mental. Sostuvo que el discrimen y las represalias comenzaron tras revelar un intento de atentar contra su vida. CCA argumentó que el despido ocurrió durante el periodo probatorio debido a la falta de desempeño de la recurrida. La Resolución del Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del foro primario de continuar con el caso. Al denegar el recurso, el Tribunal de Apelaciones permite que el litigio siga su curso en la instancia inferior.

Resumen:

Esta es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Claribel Ramos Padilla. La señora Ramos solicitó la revisión de una decisión de la Junta de Personal de la Rama Judicial que declaró No Ha Lugar a su Moción en Solicitud de Desparalización del Caso. El caso subyacente trata sobre la querella de la señora Ramos pidiendo la reclasificación a Técnico de Inspección de Notarías II y ajustes salariales retroactivos. Ella alegó realizar funciones de este puesto superior desde 2012, luego enmendando la retroactividad a 2019. El Director Administrativo de los Tribunales argumentó que el caso debía paralizarse bajo PROMESA por su posible impacto económico en el gobierno. La señora Ramos se opuso a la paralización, sosteniendo que su reclamo surgió después de la fecha de la petición de quiebra bajo PROMESA y que la paralización no aplicaba. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los fundamentos, DENEGÓ el recurso de Certiorari.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo una apelación presentada por JJJ Adventure LLC. JJJ apeló la desestimación sin perjuicio de su demanda por cobro de dinero y enriquecimiento injusto contra el Consejo de Titulares del Condominio Adaligia. La demanda original reclamaba indemnización por daños causados a un apartamento de su propiedad por personal contratado por el Consejo. El Consejo de Titulares solicitó la desestimación argumentando falta de jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, pues la controversia sobre actos u omisiones de la Junta de Directores es materia de jurisdicción primaria exclusiva de DACO. JJJ se opuso, alegando que la jurisdicción de DACO no le aplicaba al no ser ya titular del apartamento. El Consejo replicó que la jurisdicción de DACO aplicaba porque los daños ocurrieron mientras JJJ era titular. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio, dirigiendo a JJJ a presentar su reclamación ante DACO. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, confirma la Sentencia apelada. La decisión valida que la reclamación, al versar sobre actos del Consejo de Titulares relacionados con daños a un apartamento bajo el régimen de propiedad horizontal, debe ser atendida inicialmente por DACO.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en casos consolidados entre Jorge Rivera Camacho y Publi-Inversiones de Puerto Rico. Los recursos provienen del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, donde el señor Rivera demandó por despido injustificado y discrimen por edad. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la demanda por despido injustificado, condenando a Publi-Inversiones al pago de mesada y honorarios de abogado, pero desestimó la causa de acción por discrimen. Ambas partes apelaron la sentencia y una resolución posterior que aumentó los honorarios de abogado. Publi-Inversiones también presentó un recurso de certiorari contra una orden de costas. El Tribunal de Apelaciones ordenó la consolidación de los dos recursos de apelación y el recurso de certiorari. La sentencia detalla el historial procesal y los hechos alegados por el señor Rivera sobre su despido. El Tribunal procederá a revisar los méritos de los casos consolidados.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se refiere a una apelación presentada por el Consejo y la Junta de Directores del Condominio Playa Dorada. Impugnan una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, que les ordenó pagar al titular Luis Enrique Landestoy Zapata \$2,105.66 y \$1,059.00. Estas sumas corresponden a pagos realizados por el titular para dos derramas aprobadas en 2008 y 2010, respectivamente, que alegadamente fueron canceladas sin devolución de los fondos. Los apelantes argumentan que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción, sosteniendo que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) tiene jurisdicción primaria exclusiva para tales reclamaciones contra la Junta. También afirmaron que la acción estaba prescrita. El apelado sostuvo que DACO no tenía jurisdicción para un caso de cobro de dinero y que el Tribunal de Primera Instancia era el foro adecuado. El Tribunal de Apelaciones revisa la apelación basándose en estos argumentos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones atiende recursos consolidados presentados por Jorge Rivera Camacho y Publi-Inversiones de Puerto Rico. Las partes apelaron y presentaron certiorari contra dictámenes del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre despido injustificado y discrimen por edad. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda de despido injustificado, condenando a Publi-Inversiones al pago de mesada y honorarios de abogado. Sin embargo, desestimó la causa de acción por discrimen por edad. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia aumentó los honorarios de abogado y ordenó el pago de costas. El señor Rivera demandó alegando despido ilegal sin causa justificada tras años de servicio, así como discrimen por edad y antigüedad. El Tribunal de Apelaciones ordenó la consolidación de las apelaciones de ambas partes y la petición de certiorari de Publi-Inversiones para su consideración conjunta.

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Este caso es una revisión judicial de una decisión disciplinaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación contra Roberto Sostre Rosado. Tras una vista administrativa, se encontró al recurrente incurso en una falta y se le impuso una sanción. El señor Sostre Rosado solicitó reconsideración de la decisión, la cual fue denegada el 10 de julio de 2024. Presentó su recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones el 11 de octubre de 2024. El Tribunal señala que la ley establece un término jurisdiccional de treinta días para solicitar revisión judicial de una decisión administrativa final. Dado que el recurso fue presentado más de tres meses después de la notificación de la denegatoria de reconsideración, se considera tardío. La presentación tardía de un recurso priva al tribunal de jurisdicción para atenderlo. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción.

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Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de herencia. El apelante José Rodríguez recurrió una decisión del Tribunal de Primera Instancia relativa a la sucesión de su difunta esposa, Sylvia Rodríguez. La causante otorgó testamento en Nueva York, pero también poseía dos inmuebles en Puerto Rico (un apartamento y un estacionamiento). Su testamento adjudicó el 25% de los bienes restantes al apelante y el 75% a sus nietos, los apelados. El apelante presentó una demanda en el foro primario solicitando la declaratoria de herederos, la partición de la herencia y la división de la comunidad sobre los bienes en PR. Los apelados, localizados fuera de Puerto Rico, fueron emplazados por edicto y declarados en rebeldía. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria parcial pero determinó que no podía resolver otros asuntos por falta de prueba. El apelante impugnó esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal apelativo revisó el caso, incluyendo el testamento y la descripción de las propiedades en Puerto Rico. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en un caso de propiedad retenida. Un miembro de la población correccional, Leoncio Lebrón Quevedo, reclamó que sus pertenencias no le fueron entregadas tras ser trasladado entre instituciones. Inició un proceso de remedios administrativos ante el DCR solicitando la devolución de sus artículos personales. Tras varias comunicaciones, el DCR emitió una respuesta a la reconsideración. La agencia determinó que las pertenencias solicitadas por el recurrente fueron entregadas el 30 de mayo de 2024. El DCR adjuntó fotografías como evidencia de dicha entrega. Inconforme con esta determinación, el señor Lebrón Quevedo presentó una revisión judicial. Alegó que su traslado sin sus pertenencias constituyó un error procesal. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso, confirmó el dictamen administrativo del DCR.

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Una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de apelación presentado por Carla Camir Cancel Cardona. La apelante impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reconvención y ordenó el cumplimiento con la renovación de un contrato de venta, suministro y uso de marca con Peerless Oil & Chemicals Inc. El contrato original, firmado en 2014 y enmendado en 2015, regulaba la operación de una estación de gasolina. Peerless Oil & Chemicals Inc. alegó que el contrato se renovó automáticamente hasta 2029, mientras que la apelante se rehusó a reconocer dicha renovación, citando supuestos incumplimientos. Peerless Oil & Chemicals Inc. demandó buscando una sentencia declaratoria y un injunction para asegurar la continuidad del contrato y el uso de su marca Ecomaxx. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Peerless Oil & Chemicals Inc., ordenando el cumplimiento del contrato renovado y el uso de la marca. No obstante, el Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos en su Sentencia, revoca el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de LUMA Energy contra el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). LUMA solicitó una tasa preferencial de contribución sobre ingresos del 4% bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019). Argumentó que sus servicios bajo el acuerdo de operación con la AEE calificaban como actividades de Energía Verde o Altamente Eficiente, buscando reducir la tasa actual del 20%. El DDEC denegó la solicitud de LUMA el 7 de mayo de 2024. Esta denegatoria se produjo tras recibir objeciones de varios municipios, el CRIM y el Departamento de Hacienda, quienes señalaron un significativo impacto fiscal negativo. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión administrativa del DDEC. Mediante esta sentencia, el Tribunal Revoca la denegatoria emitida por el DDEC.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un caso de cobro de dinero. Carlos Bermúdez González recurre una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud urgente de tiempo adicional. Dicha moción fue presentada por sus nuevos abogados poco antes de una vista para mostrar causa por desacato. El caso se originó con una demanda de cobro de dinero que resultó en una sentencia en rebeldía contra el señor Bermúdez González. La notificación inicial de la sentencia fue devuelta por correo. Posteriormente, se le ordenó comparecer a una vista para explicar su incomparecencia a una deposición. Sus representantes legales solicitaron la suspensión de esta vista para estudiar el expediente. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar esta petición. El Tribunal de Apelaciones revisó esta determinación mediante certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expide el auto y revoca la Orden recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de apelación presentado por Héctor López Quiñones en un caso de daños y perjuicios. El apelante impugnaba una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de reconsideración de una sentencia parcial previa. La parte apelada, el Consejo de Titulares, solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción, alegando que el apelante no notificó a todas las partes necesarias del pleito. El Tribunal de Apelaciones observó que el apelante incumplió con requisitos procesales esenciales, como la omisión de anejar documentos clave y un recuento procesal, lo cual dificultó la evaluación del caso. Ante la solicitud de desestimación y las deficiencias del recurso, el Tribunal procedió a evaluar su propia jurisdicción. Concluyó que carecía de jurisdicción para atender la apelación. Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso de apelación por falta de jurisdicción, sin entrar a considerar los méritos de la controversia subyacente.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Consolidated Waste Services, LLC mediante un recurso de Certiorari. La petición busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez emitida el 16 de mayo de 2024. El caso original trata sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños contra el Municipio Autónomo de San Germán y otros. Consolidated Waste Services demandó al Municipio en agosto de 2021 alegando la terminación unilateral e injustificada de un contrato de servicios de recogido de desperdicios sólidos y reciclaje. Según la demanda, el Municipio canceló el contrato efectivo el 1 de julio de 2021 sin aducir justa causa. Consolidated Waste Services reclamó el pago por servicios prestados y el reembolso de gastos de implementación, ascendiendo este último a $572,361.00. La parte peticionaria solicitó al Tribunal de Apelaciones que ordenara al Municipio el pago de dicha cantidad. El Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto solicitado. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari. La peticionaria, Arlene Ethel Santiago Velázquez, solicitó la revisión de órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia el 30 de agosto de 2024. El caso subyacente es un cobro de dinero iniciado en 2009 por Western Bank (ahora NUI Investments) contra Open MRI, Dr. Crespo y la Sra. Santiago. La Sra. Santiago y el Dr. Crespo eran fiadores solidarios de las deudas de Open MRI. Una sentencia de 2011 declaró Ha Lugar la demanda y ordenó la ejecución. Aunque el Dr. Crespo descargó sus deudas en quiebra, la obligación solidaria de la Sra. Santiago persistió. NUI Investments adquirió la acreencia y gestionó su cobro contra la Sra. Santiago, solicitando subrogarse en otras acreencias a su favor. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición de la Sra. Santiago para revisar las órdenes del TPI. Por las razones expuestas, el Tribunal denegó expedir el recurso de Certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por el Dr. Antonio L. Rivera Guzmán. El recurso impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó sus mociones sobre la eliminación de créditos a favor de la demandante y el reconocimiento de un crédito a su favor. La controversia se relaciona con deudas y créditos derivados de la pensión alimentaria de los hijos de las partes, quienes ya son mayores de edad. Existía una deuda reconocida en 2013 a cargo del peticionario, y posteriormente, la agencia ASUME retuvo fondos del peticionario y los envió a la recurrida. El TPI inicialmente se declaró sin jurisdicción sobre el asunto de la retención de ASUME, pero el Tribunal de Apelaciones revocó esa determinación en un caso previo, confirmando la jurisdicción del TPI. A pesar de ello, el TPI denegó las mociones del peticionario sobre los créditos y deudas pendientes. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de Certiorari para revisar esta última orden del TPI. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones modifica el dictamen emitido por el TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en un recurso de certiorari presentado por Víctor Pérez Alameda. El peticionario impugnó una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que denegó su solicitud de exención del pago de un arancel especial. Dicho arancel fue impuesto bajo la Ley de Compensación y Servicios a las Victimas y Testigos de Delito (Ley Núm. 183-1998). Pérez Alameda argumentó que, tras 14 años confinado, carecía de ingresos y no podía pagar los \$600.00 adeudados. Alegó que esta deuda le impedía cualificar para beneficios como la libertad bajo palabra. El Tribunal de Primera Instancia había declarado No Ha Lugar su petición de exención por indigencia. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, expidió el auto de certiorari. Finalmente, el panel revocó la determinación recurrida del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de certiorari presentado por Ángel Luis Pagán Mercado. El peticionario impugna la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su moción de desestimación de cargos criminales. Los cargos imputados son asesinato en primer grado, destrucción de prueba y apuntar/disparar un arma de fuego causando muerte, relacionados con hechos del 8 de noviembre de 2021. Tras una determinación inicial de no causa, el Tribunal de Primera Instancia en alzada sí encontró causa probable. El peticionario solicitó la desestimación alegando ausencia de prueba y violación al debido proceso. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta moción mediante resolución del 25 de marzo de 2024. El Tribunal de Apelaciones anticipa denegar la expedición del auto de certiorari solicitado contra dicha resolución. La denegatoria de la moción de desestimación se basó en la prueba desfilada, incluyendo amenazas previas, un fragmento de proyectil hallado en el vehículo incendiado de la víctima y las armas registradas a nombre del acusado. La resolución detalla el trámite procesal y los hechos considerados por el tribunal de instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite un dictamen sobre la apelación presentada por Pan American Grain Manufacturing, Inc. (PAG). PAG recurre la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar la querella de despido injustificado instada por la Sra. Sasha Valdés Orta. La Sra. Valdés Orta fue despedida de su puesto de Gerente de Recursos Humanos, aduciendo PAG que la plaza fue eliminada por reestructuración. El foro primario concluyó que PAG no presentó evidencia suficiente para justificar el despido. Determinó que la Sra. Valdés Orta fue despedida sin explicación, amonestación previa ni oferta de otra plaza, poco después de cambios en la estructura gerencial de Recursos Humanos. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a PAG el pago de la mesada de $\$18,857.87$ y $\$2,828.68$ en honorarios de abogado. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, confirma la Sentencia apelada.

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Se revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar un recurso de revisión administrativa. El caso se origina en un accidente de tránsito de 2015 donde la apelante conducía bajo los efectos de alcohol y fue convicta. La ACAA inició una acción de recobro por gastos, anotando un gravamen sobre su licencia y vehículo en 2019 debido a la exclusión por embriaguez. La apelante solicitó revisión administrativa ante la ACAA en 2024, impugnando el gravamen. La ACAA determinó que la solicitud fue radicada tardíamente y carecía de jurisdicción para atenderla. La apelante recurrió al Tribunal de Primera Instancia, el cual confirmó la determinación de la ACAA sobre la tardanza. La apelante ahora apela la Sentencia del TPI ante este foro.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos de revisión judicial consolidados. Las partes recurrentes, Custom Group, LLC e Innovative Emergency Management, Inc., impugnaron la determinación de la Junta de Subastas del Departamento de la Vivienda. Dicha determinación, emitida el 19 de septiembre de 2024, adjudicó la buena pro del RFP núm. CDBG-DRMIT-RFP-2024-03 a Hunt, Guillot and Associates, LLC y Heartland Energy Partners, LLC. El RFP solicitaba servicios de manejo de programas para los Programas FEMA Match, incluyendo CDBG-DR y CDBG-MIT. El Tribunal consolidó los recursos (KLRA202400553 y KLRA202400556) por impugnar la misma decisión administrativa. El proceso de licitación, iniciado el 7 de marzo de 2024, evaluó nueve propuestas basándose en criterios como cualificaciones, enfoque, personal, capacidad, estabilidad financiera y precio. La Junta de Subastas había clasificado a varios proponentes, incluyendo a los recurrentes y a los agraciados, como "Altamente Cualificados". Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación recurrida de la Junta de Subastas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos de revisión judicial consolidados. Las partes recurrentes, Custom Group, LLC e Innovative Emergency Management, Inc., impugnaron una determinación de la Junta de Subastas del Departamento de la Vivienda. La decisión administrativa, emitida el 19 de septiembre de 2024, adjudicó la buena pro del RFP núm. CDBG-DRMIT-RFP-2024-03. Este requerimiento de propuestas buscaba servicios de manejo de programas para los Programas FEMA Match CDBG-DR, CDBG-MIT, entre otros. La adjudicación fue a favor de Hunt, Guillot and Associates, LLC y Heartland Energy Partners, LLC. Los recurrentes solicitaron la revocación de dicha determinación. El Tribunal consolidó ambos recursos por impugnar la misma decisión administrativa. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación recurrida de la Junta de Subastas. El proceso de licitación incluyó la evaluación de nueve propuestas basadas en criterios como cualificaciones, enfoque, personal, estabilidad financiera y precio.

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Joel Hernández Santos presentó un recurso de revisión judicial contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Solicitó al tribunal que ordenara al Departamento proveerle servicios de evaluación de optometría, alegando que su petición administrativa no había sido atendida. El Departamento informó al tribunal que el recurrente recibió la evaluación solicitada el 8 de octubre de 2024, presentando una certificación como prueba. El tribunal consideró la doctrina de la academicidad, que establece que un caso pierde justiciabilidad si los cambios fácticos durante el proceso tornan ineficaz el remedio solicitado. Dado que el servicio de optometría ya fue provisto, la controversia original dejó de existir. Por tanto, el tribunal concluyó que carece de autoridad para entender sobre los méritos del caso. En consecuencia, se desestimó el recurso de revisión judicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia había confirmado una resolución administrativa del Municipio de San Juan. La resolución municipal denegó una apelación contra un boleto administrativo de \$5,000 impuesto a Bulon Group (DBA D'Girls). La multa fue por supuesta venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, según el Código de Orden Público municipal. En la vista administrativa, un policía municipal testificó sobre sus observaciones, mencionando un video de "body cam" que no fue presentado. El gerente del negocio apelante testificó y presentó un video editado. El juez administrativo concluyó que el apelante no refutó las presunciones legales del Código y que su video carecía de confiabilidad. Por estos motivos, el juez administrativo recomendó denegar la apelación, decisión que fue confirmada por el foro primario antes de ser revocada por el Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso KLRA202400485. El recurrente, Walter Pérez Montaz h/n/c Hormigueros Auto, apeló una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La resolución del DACO declaró Con Lugar una querella presentada por Jessica Morales. La querella se relacionaba con la compra de un vehículo Dodge Journey que presentó desperfectos mecánicos y de aire acondicionado poco después de la adquisición. A pesar de múltiples intentos de reparación por parte del vendedor, los problemas persistieron. El DACO, tras una inspección y vista administrativa, ordenó a los querellados reembolsar \$5,447.28, devolver \$1,545.00 adicionales y rescindir el contrato de compraventa. El recurrente solicitó la revocación de esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras estudiar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución emitida por el DACO. La sentencia valida la decisión administrativa que encontró mérito en la reclamación de la consumidora.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurrente solicitando la revisión de una respuesta del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente buscaba una certificación laboral necesaria para obtener bonificaciones a su sentencia bajo la Ley 66-2022 por trabajos realizados en un programa comunitario. Alegó que el DCR no había emitido la certificación tras más de un año de espera, informándole que aún estaba en proceso. El recurrente solicitó al tribunal revocar la respuesta del DCR y ordenar la emisión de la certificación. El DCR compareció oponiéndose, argumentando que el tribunal carecía de jurisdicción. La falta de jurisdicción se basó en que el recurso fue presentado tardíamente y no se pagó el arancel judicial ni se solicitó litigar como indigente. El Tribunal de Apelaciones evaluó las comparecencias de ambas partes. Mediante sentencia, el tribunal desestimó el recurso presentado por el recurrente. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción, conforme a la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por el Estado Libre Asociado. El Estado apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que declaró con lugar una demanda de impugnación de confiscación presentada por Universal Insurance Company y Oriental Bank and Trust. La demanda original cuestionaba la confiscación de un vehículo, alegando que la notificación de la misma fue tardía e ilegal. Oriental Bank, como entidad financiera con gravamen, argumentó que la notificación se envió fuera del término legal de 30 días. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a Oriental Bank, determinando que la notificación se realizó el 8 de noviembre de 2023, posterior al vencimiento del término el 5 de noviembre de 2023. El Estado apeló, sosteniendo que existían controversias de hecho. El Tribunal de Apelaciones estudió el legajo y el derecho aplicable. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del foro primario. La confirmación se fundamenta en el incumplimiento del Estado con el término legal para notificar la confiscación a la parte interesada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión administrativa. La Asociación de Condóminos Azure Beach recurrió la resolución de una jueza administrativa que declaró Ha Lugar las revisiones de GK Realty, Defensores Área Costera y Concilio de Preservación Costera. Dichas revisiones impugnaban un permiso de construcción del Municipio de San Juan a Azure para obras de estabilización costera. El permiso fue cuestionado por permitir construcción en la zona marítimo-terrestre sin autorizaciones del DRNA o una DIA. Azure argumentó que la descripción del permiso era errónea y que solicitó un deflector de olas. Azure también pidió declarar inconstitucional una sección del Reglamento Conjunto de Permisos. El Tribunal revisó el caso considerando los argumentos y el derecho aplicable. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de la jueza administrativa, validando la revocación del permiso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso de Rubi Ayala Mercado contra Juan Alberto Luna Echevarría y otros, sobre acoso laboral. La peticionaria instó un recurso de certiorari para revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que concedió costas y honorarios a una parte recurrida. Dicha resolución de costas fue emitida tras la desestimación sin perjuicio del caso principal por no consignar una fianza de no residente. La peticionaria había solicitado reconsideración de la resolución de costas ante el TPI el 19 de septiembre de 2024. Sin esperar la decisión del TPI sobre la reconsideración, la peticionaria presentó el certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el 4 de octubre de 2024. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y determinó que carece de jurisdicción. Concluye que el recurso es prematuro, ya que el TPI aún no se había expresado sobre la solicitud de reconsideración. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de certiorari presentada por William Montalvo Pérez contra El Pueblo de Puerto Rico. El tribunal recibió la petición el 27 de septiembre de 2024. Tras evaluarla, el tribunal determinó que la petición incumplía sustancialmente con las Reglas 32, 33 y 34 de su Reglamento, relativas al contenido y forma de los escritos de certiorari. El peticionario, quien se encuentra bajo custodia, presentó un escrito que solo citaba disposiciones legales sobre reducción de sentencias sin solicitar la revisión de una orden o resolución judicial específica. Además, el escrito no formuló ni discutió señalamiento de error alguno. El tribunal concluyó que este incumplimiento impedía considerar el caso en los méritos. Por consiguiente, el tribunal desestimó el escrito por falta de jurisdicción, conforme a la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La resolución fue emitida el 22 de octubre de 2024.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación presentada por SN Transport, Inc. contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Sentencia Parcial declaró Ha Lugar la demanda de Ramón A. Carbó Santana contra SN Transport por despido injustificado, represalias y licencia de vacaciones bajo la Ley Núm. 2. El Sr. Carbó Santana, chofer de la empresa, alegó haber sido despedido tras notificar al USPS sobre desperfectos en su vehículo que SN Transport ignoró. Esta notificación resultó en una amonestación del USPS a SN Transport. La empresa justificó el despido por supuesta falta de lealtad e insubordinación. El TPI concluyó que el despido ocurrió como consecuencia de la comunicación del empleado al USPS sobre los problemas del vehículo. El Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación de SN Transport por incumplimiento con la Sección 9 de la Ley Núm. 2.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de divorcio entre Soraida Asad Sánchez y Danny González Rivera. La sentencia revisa una Petición de Certiorari presentada por la Sra. Asad Sánchez contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia del 16 de julio de 2024. Dicha resolución denegó su solicitud de reembolso de gastos escolares y médicos de las hijas menores. El historial del caso incluye una resolución provisional de 2019 que estableció la pensión alimentaria. Esta resolución asignó la responsabilidad de la matrícula escolar (66% Danny, 34% Soraida) y otros gastos (50/50 para costos mayores de $50). Posteriormente, surgió una disputa en 2020 sobre la matrícula de las menores en un colegio más costoso, a lo que el Sr. González Rivera se opuso alegando dificultades económicas. El Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto de certiorari, revocó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia y devolvió el caso para la continuación de los procedimientos.

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Comparece First Hospital Panamericano (FHP) ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que mantuvo una anotación en rebeldía en su contra dentro de un caso de daños e impericia médica. Los procedimientos en el TPI fueron paralizados inicialmente debido a la quiebra de un codemandado. La parte demandante solicitó y obtuvo la continuación de los procedimientos, pero FHP no fue notificado de esta moción ni de la Orden que levantó la paralización. Posteriormente, la parte demandante solicitó la anotación de rebeldía contra FHP por no haber contestado la demanda, moción de la cual FHP tampoco fue notificado. El TPI anotó la rebeldía contra FHP. FHP compareció solicitando dejar sin efecto la rebeldía por falta de notificación de los trámites relevantes que levantaron la paralización y llevaron a la anotación. El TPI denegó la solicitud de FHP y su posterior reconsideración, argumentando que el término para contestar continuó decursando tras levantarse la paralización. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, decide expedir el certiorari y revocar la Orden recurrida del TPI.

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Grupo Cooperativo Seguros Múltiples (GCSM) comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Caguas. La Resolución del TPI, emitida el 11 de julio de 2024, declaró No Ha Lugar a la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por GCSM. El caso original fue incoado por Juan A. Lugo Meléndez contra GCSM por alegado despido injustificado e incumplimiento de contrato, reclamando daños y perjuicios. Lugo Meléndez adujo que fue despedido sin justa causa mientras su contrato estaba vigente y reclamó diversas indemnizaciones y daños emocionales. GCSM, por su parte, alegó que el despido fue con justa causa debido a incumplimiento de reglamentos e insubordinación del empleado. Ambas partes presentaron mociones de sentencia sumaria, exponiendo hechos y argumentos en conflicto sobre la justificación del despido y las reclamaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición de GCSM que impugnaba la decisión del TPI de denegar su solicitud de sentencia sumaria. Finalmente, el panel del Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por GCSM.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por el Pueblo de Puerto Rico. El Pueblo solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una moción de supresión de evidencia presentada por José Hiram Rosado Zayas. El foro primario determinó que la evidencia ocupada en la residencia del señor Rosado Zayas fue producto de un registro irrazonable sin orden judicial. Concluyó que se violaron sus derechos constitucionales al no rebatir el Estado la presunción de ilegalidad de la incautación. El señor Rosado Zayas argumentó que el allanamiento fue sin orden y que los agentes usaron un registro administrativo como subterfugio. El Ministerio Público sostuvo que la presencia de los agentes en la residencia era para un proceso administrativo relacionado con un arma legal de la esposa del Recurrido, donde se percataron de evidencia ilegal a simple vista. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Sin embargo, confirmó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia. Esto valida la supresión de la evidencia obtenida en el registro de la residencia del señor Rosado Zayas.

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La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha sentencia desestimó la Demanda de Intervención y Subrogación presentada por la CFSE en un caso de daños y perjuicios. El caso original fue incoado por Miguel A. Andino Vélez, un empleado que sufrió un accidente laboral y recibió tratamiento de la CFSE. La CFSE buscaba recuperar los gastos médicos y compensaciones pagadas, subrogándose en los derechos del empleado contra terceros responsables. Uno de los demandados, Bio Systems International, Inc., solicitó la desestimación alegando que la acción de la CFSE estaba prescrita. Argumentó que la fecha de alta del empleado por la CFSE hacía que la presentación de la demanda de intervención fuera tardía. El Tribunal de Primera Instancia acogió este argumento y desestimó la intervención de la CFSE. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario y revocó la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. Los apelantes demandaron a médicos y un hospital tras el fallecimiento de una familiar, alegando negligencia en la atención postquirúrgica. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio. Los apelantes solicitaron la revisión y revocación de dicha sentencia desestimatoria ante el foro apelativo. El caso, iniciado en 2018, presentó diversas incidencias procesales, incluyendo la solicitud de los apelantes para retirar a su perito y posponer el juicio poco antes de su inicio. Tras evaluar los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la sentencia apelada. Esta decisión valida la desestimación de la demanda por el foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión judicial. AIROLG, Inc. recurre una determinación interlocutoria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La determinación de DACo, emitida el 13 de septiembre de 2024, ordenó la celebración de una vista administrativa. El caso original en DACo, iniciado en 2018, involucra una querella de AIROLG contra la Junta de Directores del Condominio Plaza del Prado sobre la impugnación de una asamblea. Este pleito ya había sido objeto de una revisión judicial previa ante este Tribunal en 2019 (KLRA201800700). En aquella ocasión, el Tribunal revocó una resolución anterior de DACo y devolvió el caso para que se emitiera una resolución final con determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. AIROLG argumentó que el mandato de 2019 privó a DACo de jurisdicción para celebrar vistas posteriores. La parte recurrente solicitó dejar sin efecto la orden de vista de septiembre de 2024. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, resuelve desestimar la revisión judicial presentada por AIROLG, Inc.

Resumen:

Se presenta un recurso de Revisión Judicial por Multy-Medical Facilities Corp. contra una Orden de la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP). La Orden recurrida denegó una solicitud de desestimación presentada por Multy Medical en un procedimiento adjudicativo. Dicho procedimiento fue iniciado por Hospital Damas, Inc. para impugnar la concesión de un Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) a Multy Medical. Multy Medical argumentó que la SARSP carecía de jurisdicción porque Hospital Damas no incluyó una resolución corporativa autorizando a su representante al presentar la querella, según lo exige el reglamento. Hospital Damas reconoció la omisión como un error involuntario y un defecto procesal subsanable, presentando la resolución posteriormente. Multy Medical insistió en que la falta de la resolución inicial era un defecto fatal. La SARSP, tras una vista, determinó en la Orden recurrida que la omisión era subsanable. Fundamentó su decisión en la interpretación de la Regla 2 del Reglamento Núm. 9321 y en jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la interpretación de términos como "deberá". Multy Medical solicitó, junto al recurso, la paralización de los procedimientos ante la SARSP. El tribunal decidió prescindir de escritos de las demás partes para el despacho del recurso.

Resumen:

Este caso es una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Luis O. Rivera Torres impugna una resolución disciplinaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La querella original lo acusaba de desobedecer una orden directa y mostrar una actitud hostil el 14 de junio de 2024. Tras una investigación y vista administrativa, se le encontró incurso en un acto prohibido de Nivel II (Código 233.12). La oficial examinadora dio crédito a la versión de la oficial de custodia. Como sanción, se le suspendió el privilegio de comisaría por quince días. Rivera Torres solicitó la revisión judicial de esta determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente administrativo y la posición del Procurador General y confirmó la resolución administrativa recurrida.

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Miguel A. Gómez Rivera, miembro de la población correccional, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revocación de una respuesta de la División de Remedios del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Dicha división se declaró sin jurisdicción para atender su reclamo sobre la suspensión de privilegios. La suspensión se impuso como medida de seguridad bajo la Regla 9 del reglamento aplicable, tras el hallazgo de contrabando en su galera. El recurrente argumentó que la aplicación de la medida fue ilegal y violó su debido proceso. La suspensión inicial fue del 23 de agosto al 1 de septiembre de 2024, extendiéndose posteriormente hasta el 11 de octubre de 2024. El recurrente cuestionó la falta de notificación adecuada y la ausencia de un informe detallado del hallazgo. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Finalmente, el Tribunal desestimó el recurso. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción del propio Tribunal para atender el asunto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. La recurrente, una estudiante de medicina, impugna una decisión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (JGUPR). La JGUPR había declarado sin lugar una apelación previa de la recurrente por falta de jurisdicción. El caso se origina tras la recomendación de separación permanente de la estudiante de la Escuela de Medicina por supuestos cursos fracasados. La estudiante alega que su situación académica y la resolución de disputas están regidas por dos acuerdos transaccionales confidenciales suscritos con el Recinto de Ciencias Médicas. Argumenta que la separación es improcedente bajo los términos de dichos acuerdos. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen de la JGUPR. La sentencia valida la decisión del foro apelado de desestimar la apelación de la estudiante por carecer de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de apelación sobre una demanda de daños y perjuicios. El apelante, Wilfredo Vega Villanueva, impugnó la Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reclamación contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El caso se originó en 2018 tras el hallazgo de una conexión no autorizada ("niple") en la residencia del apelante. La AAA impuso una multa de \$1,000, cuya validez fue confirmada tras procesos administrativos y judiciales, incluyendo una denegatoria de certiorari por el Tribunal Supremo. La cuenta acumuló deuda, incluyendo la multa y otros cargos, llevando a acuerdos de pago. El apelante y la abonada incumplieron los términos de estos acuerdos en múltiples ocasiones. Como resultado del impago y el incumplimiento, la AAA suspendió el servicio de agua repetidamente, previa notificación. El apelante demandó a la AAA por daños, alegando violaciones reglamentarias y estatutarias. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda mediante sentencia sumaria al no justificar la concesión de un remedio. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la Sentencia Sumaria recurrida, validando la desestimación de la demanda por daños y perjuicios.

Resumen:

Luis G. Santiago Morales, confinado en el Complejo Correccional de Ponce, presentó un recurso de Revisión Administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Impugnaba la Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación que denegó su solicitud de cambio de custodia, ratificando la custodia mediana. Previamente, el DCR había denegado su solicitud inicial y una posterior reconsideración. El recurrente alegó que la denegación se basó incorrectamente en la gravedad del delito, contrario al manual institucional. El Departamento de Corrección y Rehabilitación solicitó la desestimación del recurso. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el caso, determinó que carecía de jurisdicción para atender la revisión judicial. Por consiguiente, la corte desestimó el recurso presentado por Santiago Morales. La sentencia enfatiza la importancia fundamental de la jurisdicción en todo procedimiento judicial.

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Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una Sentencia Sumaria Parcial. La apelante, Luz Enilda Cancel Morales, busca revocar la desestimación de su demanda contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Pepiniana. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato, negligencia y daños por parte de la Cooperativa. La apelante sostenía que la Cooperativa entregó dinero de sus cuentas y congeló sus acciones basándose en un embargo contra su esposo, a pesar de su régimen de separación de bienes y de no estar incluida en la orden. La Cooperativa argumentó que actuó conforme a una orden judicial y acuerdos contractuales, señalando que la apelante autorizó transacciones a su esposo y no informó sobre su régimen matrimonial. La defensa de la Cooperativa también indicó que la apelante recuperó su dinero y sus acciones fueron liquidadas, sugiriendo que ella causó sus propios daños. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de la Cooperativa. Esta decisión se basó en la prueba documental, los acuerdos contractuales y las autorizaciones de la apelante, así como su falta de oposición a la moción de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones revisará ahora si procedía la desestimación sumaria de la demanda.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) apeló una resolución de la Comisión Industrial de Puerto Rico. El caso involucra a Orlando Hernández Soto, un trabajador lesionado en un accidente laboral en julio de 2022. La disputa surge por las decisiones de la CFSE sobre el tratamiento médico del lesionado. Tras el accidente, la CFSE determinó inicialmente tratamiento mientras trabajaba, decisión que no fue apelada. Posteriormente, la CFSE emitió varias decisiones que programaban descanso seguido de tratamiento mientras trabajaba. El trabajador apeló estas últimas decisiones ante la Comisión Industrial. La CFSE recurrió la resolución de la Comisión Industrial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal examinó el expediente y el derecho aplicable. La sentencia confirma la resolución emitida por la Comisión Industrial.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión. Angélica M. Santos Rosado impugna una Resolución de la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. La Junta Adjudicativa desestimó con perjuicio su apelación administrativa por entender que fue presentada tardíamente. La apelación administrativa buscaba paralizar deducciones salariales por un alegado cobro indebido del Programa PAN. La Junta Adjudicativa determinó que la apelación se presentó fuera del término de 15 días tras la notificación de ADSEF. La recurrente argumentó que la notificación inicial de ADSEF fue inadecuada, careciendo de detalles sobre la deuda, la investigación y los foros de apelación, violando el debido proceso. Sostuvo que la Junta Adjudicativa erró al declararse sin jurisdicción basándose en una notificación defectuosa. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la determinación de la Junta Adjudicativa.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de cobro de dinero entre RST ERP PR, INC. (apelado) y EMPIRE GAS COMPANY, INC. (apelante). Empire apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó partes de su reconvención. RST demandó a Empire por el cobro de servicios de desarrollo de una plataforma de manejo financiero, alegando falta de pago desde finales de 2017. Empire respondió y presentó una reconvención, reclamando que el incumplimiento de RST le causó pérdidas millonarias. Empire alegó que no pudo utilizar los servicios pagados a RST ni equipos de terceros debido a la falta de integración. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de sentencia parcial de RST, desestimando varios párrafos de la reconvención de Empire. Dicho tribunal también limitó la posible responsabilidad de RST a la cantidad pagada por Empire por servicios (\$426,638.32). Empire recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó el dictamen recurrido.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de revisión administrativa. Antonio Borrás Borrero impugnó ante la Junta de Apelaciones de la CFSE la selección y nombramiento de Bárbara Lago Amparo para el puesto de Especialista en Pólizas de Seguro I. El recurrente alegó que el proceso de convocatoria violó el principio de mérito. La Junta de Apelaciones inicialmente emitió una resolución sumaria declarando no ha lugar la apelación. Tras una solicitud de reconsideración por un error de firma, la Junta emitió una resolución sumaria enmendada confirmando su decisión. Borrás Borrero recurrió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la resolución enmendada. El Tribunal examinó el recurso presentado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Resolución Sumaria Enmendada emitida por la Junta de Apelaciones de la CFSE.