Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 361)

Resumen:

Eduardo Torres Maldonado apeló una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Dicha sentencia se basó en un veredicto de culpabilidad de un jurado por infracción al Artículo 5.05 de la Ley de Armas y al Artículo 109 del Código Penal (agresión agravada). Los hechos ocurrieron el 23 de diciembre de 2012 en Juana Díaz, donde el apelante agredió a Julio Joel Matos Santiago con una cuchilla, causándole una lesión abdominal que requirió hospitalización. Fue absuelto de un cargo bajo la Ley Núm. 54. La Sentencia apelada le impuso penas de tres años (duplicada a seis) por la Ley de Armas y ocho años bajo sentencia suspendida por la agresión agravada, a cumplirse consecutivamente. El juicio se llevó a cabo ante un jurado, con presentación de prueba por el Ministerio Público y la defensa. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Integrand Assurance Company apela una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. El TPI había declarado No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de Integrand y Ha Lugar la demanda de Edwin Rosario Carrión. Rosario Carrión demandó a Integrand directamente por lesiones sufridas debido a una alcantarilla defectuosa en Manatí, imputando negligencia al municipio. Integrand argumentó que administraba un programa de responsabilidad pública municipal con fondos públicos, no una póliza tradicional, y que no procedía una acción directa en su contra. El TPI concluyó que el acuerdo funcionaba como una póliza de seguro, permitiendo la demanda directa sin incluir al municipio. Integrand apeló alegando error del TPI al considerarlo asegurador y permitir la acción directa. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La Directora Administrativa de los Tribunales solicita la revocación de determinaciones emitidas por la Junta de Personal de la Rama Judicial. Estas determinaciones corresponden a numerosos casos de empleados relacionados con ausencia sin autorización y suspensión de empleo y sueldo. En dichos casos, la Junta de Personal resolvió devolver el asunto de la imposición de la medida disciplinaria a la Directora Administrativa. La Directora Administrativa impugna esta decisión de la Junta ante el Tribunal de Apelaciones. El presente procedimiento consolida múltiples recursos de revisión judicial previamente incoados por los empleados afectados contra la Directora Administrativa. El Tribunal evalúa la solicitud de la Directora Administrativa en el contexto de estos recursos consolidados.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación contra la desestimación de una demanda por daños y perjuicios. La acción fue presentada por Gustavo Casanova Rivera y otros contra Suiza Dairy Corp. a raíz de un robo sufrido en 2005. Una demanda inicial incoada en 2006 fue paralizada por el Tribunal de Primera Instancia en espera de la culminación de un trámite administrativo ante el Fondo del Seguro del Estado y la Comisión Industrial. Dicho trámite finalizó en agosto de 2007 tras el desistimiento del demandante de su apelación administrativa. A pesar de la culminación del proceso administrativo, no se solicitó la reapertura del caso paralizado. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por considerar que la acción estaba prescrita. La apelación busca revocar esta determinación de prescripción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por el Senador Martín Vargas Morales contra el Alcalde de Guánica, Santos Seda. El caso original era un recurso de mandamus donde el Senador buscaba compeler al Alcalde a entregar información sobre el uso de fondos municipales. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción de mandamus, acogiendo la solicitud del Alcalde. El Senador presentó una moción de reconsideración, la cual fue denegada por el foro primario. Inconforme con dicho dictamen, el Senador apeló ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestimó el recurso de apelación. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción. El tribunal determinó que la apelación fue presentada de manera prematura.

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Scotiabank de Puerto Rico apela la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Jenaro Báez Lugo. El TPI concluyó que la demanda constituía cosa juzgada. Anteriormente, en 2005, Scotiabank (entonces R&G Mortgage) había presentado una demanda similar (Civil Núm. NSCI200500188) por incumplimiento de un pagaré hipotecario. En 2007, el TPI dictó sentencia en el primer caso, declarando con lugar el cobro de dinero pero sin disponer sobre la ejecución de la hipoteca. En 2013, Scotiabank presentó una segunda demanda (Civil Núm. NSCI201300799) con las mismas alegaciones, solicitando cobro y ejecución. El Sr. Báez Lugo alegó cosa juzgada, mientras Scotiabank argumentó que en el primer caso solo se adjudicó el cobro por no estar inscrita la hipoteca. El TPI determinó que existía identidad perfecta entre ambos pleitos, declarando sin lugar la segunda demanda. Scotiabank solicitó reconsideración, la cual fue denegada. La apelación busca revocar la determinación del TPI sobre la cosa juzgada.

Resumen:

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo una solicitud de la Directora Administrativa de los Tribunales. La Directora solicita la revocación de determinaciones de la Junta de Personal de la Rama Judicial. Dichas determinaciones se refieren a múltiples casos de empleados relacionados con ausencia sin autorización y suspensión de empleo y sueldo. La Junta de Personal había resuelto devolver el asunto de la imposición de la medida disciplinaria a la Directora Administrativa. La sentencia consolida varios recursos de revisión judicial presentados por empleados contra la Directora Administrativa. El asunto principal ante el tribunal es la impugnación de la decisión de la Junta de Personal de remitir los casos disciplinarios de vuelta a la Directora Administrativa para su resolución.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Región Judicial de San Juan, Panel III. La Directora Administrativa de los Tribunales comparece solicitando la revocación de determinaciones de la Junta de Personal de la Rama Judicial. Las determinaciones impugnadas corresponden a numerosos casos sobre ausencia sin autorización y suspensión de empleo y sueldo de empleados judiciales. La Junta de Personal había resuelto devolver estos asuntos disciplinarios a la Directora Administrativa. La Directora presentó múltiples recursos de revisión judicial para dejar sin efecto estas decisiones de la Junta. El documento consolida varios de estos recursos de revisión judicial presentados por los empleados afectados contra la Directora. El Tribunal de Apelaciones evalúa la solicitud de la Directora para revocar la determinación de la Junta de Personal de devolverle los casos disciplinarios.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Iván Hernández González contra el Ministerio Público. El peticionario recurre una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que limitó el descubrimiento de prueba. Hernández González solicitó copia certificada de los estados bancarios de un testigo clave, Ramón E. Martínez Rivera, de enero de 2011 a diciembre de 2012. El testigo había declarado sobre cheques de una cuenta específica, información que la defensa consideraba esencial para su caso. El Ministerio Público se opuso a la solicitud, alegando intromisión en la privacidad y falta de pertinencia. El TPI inicialmente ordenó la entrega de los estados, pero luego declaró con lugar la oposición del Ministerio Público, limitando el descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de Certiorari. Se revoca la Resolución recurrida del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones conoce de una apelación presentada por David Vélez Serra contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró ha lugar una demanda de liquidación de bienes gananciales. El apelante solicitó la revocación de dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se fundamenta en que la apelación es prematura. La prematuridad surge de notificaciones defectuosas emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. El TPI utilizó formularios incorrectos al denegar mociones de enmienda y reconsideración presentadas por el apelante. Estas notificaciones incorrectas no informaron adecuadamente a las partes sobre su derecho a apelar ni el término para hacerlo. Un recurso de apelación anterior en este mismo caso fue desestimado por el mismo motivo, devolviéndose el caso al TPI para que emitiera las notificaciones correctas. Al no haberse subsanado el defecto de notificación previo, el presente recurso es desestimado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el recurso de apelación presentado por Luis A. Camacho Figueroa. El señor Camacho apeló el veredicto de un jurado que lo declaró culpable de dos cargos por posesión con intención de distribuir sustancias controladas (heroína y cocaína). También recurrió la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le impuso veinte años de cárcel en cada cargo, a cumplirse concurrentemente. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia recurrida. La sentencia detalla los hechos esenciales del caso, ocurridos el 5 de enero de 2012. Posteriormente, resume la prueba testifical presentada en el juicio, comenzando con el testimonio de un agente de la policía sobre la operación en el Residencial Hogares de Portugués.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una orden del Tribunal de Primera Instancia. La peticionaria, PR Asset Portfolio 2013-1 International Sub III, LLC, impugna la denegatoria de una moción de reconsideración. Dicha moción buscaba dejar sin efecto una orden que le requería notificar al Banco Popular y al Estado Libre Asociado sobre una venta judicial. La peticionaria adquirió dos fincas mediante venta judicial y solicitó la cancelación de gravámenes posteriores. El foro primario denegó la cancelación y ordenó acreditar la notificación de la subasta a los acreedores posteriores. La peticionaria argumentó en reconsideración que, respecto a una de las fincas, el único gravamen era un aviso de demanda, no un acreedor posterior a quien notificar. La sentencia aborda si el tribunal de instancia actuó correctamente al insistir en la notificación a pesar de la naturaleza de los gravámenes identificados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación contra una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue presentado por LSREF2 Island Holdings, Ltd., Inc. contra Diego Francisco Canals Canals y María Soledad Reyes Delfaus por cobro de dinero y ejecución de hipoteca. LSREF2 alegó que los apelantes incumplieron con un pagaré hipotecario y adeudaban más de \$1.2 millones, solicitando la ejecución de las propiedades hipotecadas. Los apelantes admitieron la deuda y el atraso, pero cuestionaron la legitimación activa de LSREF2 y la inscripción registral de la hipoteca. LSREF2 solicitó sentencia sumaria, a la cual los apelantes se opusieron, planteando controversias sobre la constitución de la hipoteca y las cabidas de las fincas. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria, ordenando el pago o la venta en pública subasta de los inmuebles. Los apelantes recurrieron, alegando que el Tribunal de Primera Instancia erró al dictar sentencia sumaria sin permitir la conclusión del descubrimiento de prueba. Tras revisar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia sumaria apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por los demandantes en un caso consolidado de daños y perjuicios y resolución de contrato por vicios de construcción. La acción original fue incoada contra R. Bird Development Corp. y otros, incluyendo posteriormente a FAB Construction Corp., Felix Álvarez Bracero y Xiomara Ortiz. La apelación impugna una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia desestimó la demanda en cuanto a Felix Álvarez Bracero y Xiomara Ortiz. El foro primario determinó que no hubo prueba suficiente para justificar descorrer el velo corporativo de FAB Construction Corp. e imponer responsabilidad personal al Sr. Álvarez. Los apelantes alegaron errores en la apreciación de la prueba por el tribunal de instancia respecto a la supervisión del Ing. Álvarez y la teoría del alter ego. También plantearon un error relacionado con la oportunidad de interrogar al Sr. Álvarez. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y el trasfondo procesal y fáctico del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia parcial recurrida, manteniendo la desestimación de la demanda contra el Sr. Álvarez y la Sra. Ortiz.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, emitida el 30 de enero de 2015. La Directora Administrativa de los Tribunales comparece ante este foro. Solicita la revocación de determinaciones realizadas por la Junta de Personal de la Rama Judicial. Estas determinaciones se refieren a numerosos casos de empleados. Los casos tratan sobre ausencia sin autorización y suspensión de empleo y sueldo. La Junta de Personal había decidido devolver el asunto de la medida disciplinaria a la Directora Administrativa. La Directora busca que el Tribunal de Apelaciones revoque estas decisiones de la Junta de Personal. El caso consolida múltiples recursos de revisión judicial presentados por los empleados afectados contra la Directora. La sentencia aborda la disputa sobre la autoridad y el proceso disciplinario dentro de la Rama Judicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de apelación presentado por unos padres en representación de su hijo menor. La apelación provenía de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los demandantes alegaron que su hijo, un tenista escolar, sufrió abusos, difamación y exclusión de torneos por parte de un entrenador y oficiales escolares. Sostuvieron que estos actos perjudicaron las oportunidades del menor para ser evaluado por universidades y recibir reconocimientos. Los padres notificaron la situación a las autoridades escolares, pero alegaron que no se tomaron medidas. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la reclamación contra el Estado. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la parte de la sentencia que desestimó la causa de acción del menor contra el Estado. No obstante, confirmó la desestimación de la causa de acción de los padres apelantes contra el Estado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación de negligencia en un caso de daños y perjuicios. La acción fue instada por los padres de un menor que sufrió un accidente durante una clase de educación física en Antilles Military Academy. El foro primario había bifurcado el caso y dictado una resolución, erróneamente titulada "sentencia parcial", imputando 50% de responsabilidad a cada parte. El Tribunal de Apelaciones aclara que dicho dictamen no es una sentencia apelable, sino una resolución revisable mediante certiorari. No obstante, para evitar un fracaso de la justicia, el Tribunal acogió el recurso como uno de certiorari. Se revisó la determinación del foro primario sobre el aspecto de negligencia. El caso involucra a un menor de seis años, el accidente ocurrido en 2007, y detalles sobre su calzado y la clase de educación física. El profesor de educación física testificó haber instruido a los estudiantes a ponerse en fila y verificar sus tenis. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la determinación de negligencia del foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos recursos que impugnan parcialmente una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El caso original trata sobre la construcción de un muro de contención por los demandados (Los Coates) en la propiedad de los demandantes (Meuser y Kissel). El foro primario determinó que la construcción fue de mala fe y ordenó la demolición, pero denegó una reclamación por daños basada en un alegado incumplimiento de contrato de 2007. Los demandantes apelaron la denegación de daños, mientras que los demandados apelaron la determinación de mala fe, la orden de demolición y la falta de atención a su reconvención. El Tribunal de Apelaciones identifica que la sentencia recurrida es parcial y no atendió la reconvención. Ante esta situación, el tribunal acoge los recursos como certiorari y procede a consolidarlos para su consideración conjunta. La controversia se originó con la construcción en la propiedad colindante y un supuesto acuerdo de 2007 para resolver la disputa, que los demandantes alegan fue incumplido por los demandados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso de certiorari presentado por Fernando Rodríguez Díaz. El Peticionario solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción Solicitando Relevo de Orden al amparo de la Regla 49.2. Dicha moción buscaba anular una orden de pensión alimentaria provisional de \$3,000 mensuales dictada en su ausencia. Rodríguez Díaz alegó que no fue debidamente citado para la vista donde se fijó la pensión y que el juramento de diligenciamiento era falso. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista sobre la moción de relevo y la denegó mediante resolución. El Peticionario acude al Tribunal de Apelaciones para impugnar dicha denegatoria. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera dos recursos que impugnan parcialmente una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La controversia central gira en torno a la construcción de un muro de contención por los demandados (Los Coates) en la propiedad de los demandantes (Meuser y Kissel) en Vieques. El foro primario determinó que la construcción fue de mala fe y ordenó su demolición. No obstante, denegó la reclamación de daños de los demandantes por incumplimiento de un alegado contrato de 2007. Los demandantes apelaron la denegación de daños, mientras que los demandados apelaron la determinación de mala fe y la orden de demolición, negando la existencia del contrato. Los demandados también señalaron que el Tribunal de Primera Instancia no atendió su reconvención. El Tribunal de Apelaciones identificó que la sentencia recurrida es parcial y no cumplió con la Regla 42.3 de Procedimiento Civil. Por ello, acogió los recursos como *certiorari* y procedió a consolidarlos para su evaluación. El caso se originó por la disputa sobre las obras construidas y un acuerdo previo entre las partes para resolver la situación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Plaza Finance Corp. apeló la desestimación de su demanda de cobro de dinero contra Edgar Y. Suárez Román. El caso original involucra un préstamo de Plaza Finance a Suárez Román, cubierto parcialmente por una póliza de seguro de crédito de Multinational Life Insurance Company. Debido a la incapacidad de Suárez Román, la aseguradora realizó pagos significativos sobre la deuda. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de Plaza Finance. Concluyó que la deuda de Suárez Román se había extinguido por los pagos del seguro. Además, el foro primario consideró a Multinational una parte indispensable en el litigio. Impuso a Plaza Finance el pago de honorarios de abogado al demandado. Plaza Finance solicita la revisión de esta sentencia adversa.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en el caso de Héctor Cordero Pérez y otros contra Marcelino Acevedo Lorenzo. Los apelantes recurrieron una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda por incumplimiento de contrato. Tras la desestimación inicial, los apelantes solicitaron reconsideración, la cual fue denegada. Presentaron entonces un escrito de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El apelado solicitó la desestimación del recurso de apelación por falta de jurisdicción. Alegó que la notificación del escrito de apelación no se realizó dentro del término legal de 30 días. También argumentó que no se notificó la cubierta del escrito debidamente sellada por la secretaría. El Tribunal de Apelaciones concedió a los apelantes un término para mostrar causa sobre por qué no debía desestimarse la apelación. Luego de evaluar los escritos y documentos, el Tribunal determina desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en que la apelación no fue perfeccionada conforme a derecho.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la impugnación de la confiscación de un vehículo. El vehículo fue ocupado en marzo de 2011 por su presunto uso en actividades delictivas. Estaba financiado por Oriental y asegurado contra confiscación por la Cooperativa de Seguros Múltiples, la parte apelante. El Estado notificó la confiscación al dueño registral en mayo de 2011, pero no a la compradora, la financiera ni la aseguradora. La Cooperativa y Oriental demandaron para impugnar la confiscación, alegando interés legítimo y vicios procesales. Argumentaron que la notificación de confiscación fue tardía bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. El caso se inició en el Tribunal de Primera Instancia y fue apelado. Una nueva ley de confiscaciones fue promulgada durante la tramitación del caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un caso criminal contra Tommy Rodríguez Santiago por robo y ley de armas. El recurso se tramita como certiorari al provenir de una sentencia dictada tras una alegación de culpabilidad. El apelante impugna la determinación del foro primario sobre su alegación de culpabilidad por robo. El Tribunal verifica que la última resolución pertinente fue notificada el 15 de noviembre de 2013, no el 26 de noviembre de 2014 como alegó el apelante. Se explica que el certiorari para revisar sentencias por alegación de culpabilidad tiene un término jurisdiccional de 30 días para su presentación. Dado que el recurso se presentó el 14 de enero de 2015, excede el término establecido por la Regla 193 de Procedimiento Criminal y la Regla 32(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Por consiguiente, el Tribunal desestima el recurso por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso KLAN201401840. El recurso fue presentado por Wilma Santiago Torres y otros, apelantes, contra Luis Adlih Santiago Torres y otros, apelados. Los apelantes buscaban la revocación de una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. Esta falta de jurisdicción surge de un incumplimiento procesal por parte de los apelantes. Los apelados argumentaron que la moción de reconsideración presentada ante el Tribunal de Primera Instancia no fue notificada a tiempo. Dicha falta de notificación impidió que la moción interrumpiera el término jurisdiccional para apelar. Por tanto, el recurso de apelación presentado el 10 de noviembre de 2014 resultó ser tardío. El término para apelar había vencido el 14 de octubre de 2014.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Examina una petición de certiorari presentada por Oriental Bank. El banco impugna una resolución y orden post sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). En el caso original de ejecución de hipoteca, el TPI dictó sentencia a favor de Oriental Bank. Posteriormente, el TPI ordenó la ejecución mediante venta de la prenda, no de la propiedad hipotecada. Oriental Bank solicitó enmendar la orden para que se ejecutara la hipoteca sobre la propiedad. El TPI denegó la enmienda, argumentando que había expirado el término para enmendar la sentencia bajo la Regla 49.2. Oriental Bank recurrió al Apelativo, alegando error del TPI al no ordenar la venta de la propiedad hipotecada según lo pactado. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, deniega la expedición del auto de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Ramón Quiñones Rodríguez contra Ford Motor Company y Alberic Ford, Inc. El apelante recurrió de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original buscaba la nulidad de un contrato de compraventa de vehículo y daños y perjuicios por un alegado defecto de fábrica. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso por falta de jurisdicción. Fundamentó su decisión en las doctrinas de jurisdicción primaria exclusiva y concurrente. Esto se debió a que el apelante ya había presentado una querella sobre el mismo asunto ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El apelante argumentó en su recurso que el TPI erró al aplicar la doctrina de jurisdicción primaria y al no considerar excepciones. También señaló errores relacionados con reglamentos y términos del DACo. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la sentencia apelada. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, emitida el 30 de enero de 2015. La Directora Administrativa de los Tribunales comparece ante este foro judicial. Solicita la revocación de determinaciones realizadas por la Junta de Personal de la Rama Judicial. Estas determinaciones se refieren a múltiples casos de personal. Los casos tratan sobre la ausencia sin autorización y la suspensión de empleo y sueldo de ciertos empleados judiciales. La Junta de Personal había resuelto devolver el asunto sobre la imposición de la medida disciplinaria a la Directora Administrativa. Se consolidan numerosos recursos de revisión judicial presentados por la Directora Administrativa. Estos recursos impugnan las decisiones de la Junta de Personal en los casos de disciplina de empleados. El tribunal revisa la solicitud de la Directora Administrativa para revocar las determinaciones de la Junta de Personal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. LSREF2 Island Holdings, Ltd. solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Dicha Resolución denegó la petición de LSREF2 para ejecutar una sentencia previa mediante el embargo de bienes muebles de los recurridos, incluyendo a Mansiones de la Cittadella, Inc. El caso se originó con una demanda de First Bank Puerto Rico (predecesor de LSREF2) en 2009 por incumplimiento de un préstamo de $3 millones. El préstamo fue garantizado por varios individuos y entidades, y asegurado con una prenda sobre un pagaré hipotecario que gravaba 164 inmuebles. First Bank obtuvo una sentencia sumaria parcial en 2010 contra algunos de los demandados. LSREF2 buscaba hacer efectiva la sentencia contra los bienes personales de los recurridos tras la negativa del foro primario y su moción de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones acordó expedir el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una controversia sobre el pago de servicio eléctrico. El Sr. Héctor Rosado contrató el servicio con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para su negocio en Yauco en enero de 2007. El contrato y los reglamentos de la AEE establecían que el cliente es responsable del pago hasta que solicite la baja formal del servicio, incluso si otra persona lo utiliza. También indicaban que el contrato no podía ser cedido o transferido. United Surety & Indemnity Co. (USIC) emitió una fianza garantizando el pago del servicio a nombre del Sr. Rosado en esa localidad. En diciembre de 2007, el Sr. Rosado vendió el negocio al Sr. John López de Jesús. A pesar de la venta, el Sr. Rosado no solicitó la terminación del servicio eléctrico con la AEE. El Sr. López continuó utilizando el servicio bajo la cuenta del Sr. Rosado. La disputa se centra en la responsabilidad por el servicio consumido después de la venta del negocio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por el Estado Libre Asociado (ELA). El ELA recurre de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de impugnación de confiscación instada por la Cooperativa de Seguros Múltiples. La Cooperativa impugnó la confiscación de un vehículo Ford F-150, alegando que no fue utilizado en violación de ley y que el ELA incumplió requisitos procesales. La confiscación se basó en supuestas infracciones a la Ley de Armas, Código Penal y Ley Núm. 22 por parte del conductor. La Cooperativa solicitó sentencia sumaria argumentando impedimento colateral por sentencia, dado que los cargos criminales graves contra el conductor relacionados con los hechos fueron archivados. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de sentencia sumaria, aplicando dicha doctrina. Consecuentemente, ordenó al ELA devolver el vehículo o consignar su valor. El ELA apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201401920. La apelante, Nitza Zoral Acosta Vega, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha resolución dejó en todo su vigor una sentencia emitida en 2013 que desestimó su demanda. La demanda original, presentada en 2012, alegaba incumplimiento de contrato y despido injustificado por parte de Universal Pharmacy Supplies Corp. y otros, relacionados con su empleo y una opción de compra de la farmacia. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la demanda con perjuicio en 2013 debido a múltiples incumplimientos procesales de la señora Acosta. El Tribunal de Apelaciones admite el recurso presentado como uno de certiorari. No obstante, deniega su expedición bajo la Regla 40 de su Reglamento. Con esta decisión, se mantiene la desestimación de la demanda original.

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El Banco Santander de Puerto Rico apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La demanda se presentó contra Edwin David Román Miranda y su sociedad legal de gananciales por alegado incumplimiento de un pagaré hipotecario de 2005. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso al determinar que la controversia ya había sido adjudicada de forma final y firme en un pleito anterior entre las mismas partes. Se encontró que el caso actual era idéntico al previo en cuanto a partes, controversias, cosa y calidad en que litigaron. La parte demandante, Banco Santander, incluso se allanó a que el tribunal dictara sentencia, aceptando la identidad de hechos esenciales entre ambos casos. La desestimación se fundamentó en evitar contradecir el derecho ya afirmado en la sentencia final y firme del caso anterior. El Tribunal de Apelaciones examina ahora el recurso para resolver la controversia sometida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, que desestimó la demanda de la Sra. María I. Vélez Crespo e impuso honorarios de abogado por temeridad. El caso se origina en un préstamo de \$900 que Vélez Crespo hizo al Sr. Ángel Vélez Flores, garantizado con un vehículo todo terreno. Al no pagar la deuda en el término acordado, Vélez Crespo vendió el vehículo que tenía en posesión como garantía. Posteriormente, Vélez Flores ofreció pagar, presentó una querella policíaca por apropiación ilegal y se inició una investigación. La investigación aclaró que el vehículo fue entregado como garantía, no hurtado. Las partes finalmente llegaron a un acuerdo y el vehículo fue devuelto por el comprador. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción legal de Vélez Crespo y la sancionó por temeridad. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los fundamentos, confirma la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) contra PC Puerto Rico LLC. La AMA solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó dejar sin efecto una orden de ejecución de sentencia por estipulación. El pleito original fue una demanda de cobro de dinero presentada por PC Puerto Rico LLC contra la AMA por la compra de combustible. Las partes llegaron a una estipulación sobre la deuda y la forma de pago, la cual fue aprobada por el TPI mediante sentencia. Ante el incumplimiento de la AMA, PC Puerto Rico solicitó la ejecución de la sentencia. El TPI ordenó la ejecución, concluyendo que no aplicaba la Ley núm. 66 de 2014. La AMA recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones DENIEGA la expedición del recurso de certiorari solicitado por la AMA, confirmando la decisión del TPI de proceder con la ejecución de la sentencia estipulada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de sociedad gananciales. Betzaida Bonilla Sierra apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario desestimó la reclamación por incumplimiento reiterado de la demandante con las órdenes judiciales. Se citó la incomparecencia a varias vistas señaladas para juicio y la falta de pago de sanciones económicas impuestas. La apelante solicitó la revocación de dicha desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso, inicialmente presentado como certiorari, fue corregido y aceptado como apelación. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los hechos procesales, decidió revocar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia fue emitida el 30 de enero de 2015.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El peticionario, Ricardo Muñiz Meléndez, solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó su Moción de Desestimación en un caso de ejecución de hipoteca incoado por Scotiabank. El peticionario argumentó que la demanda en su contra debía ser desestimada por haber sido emplazado fuera del término de 120 días. Alegó que Scotiabank utilizó una demanda enmendada como subterfugio para obtener nuevos emplazamientos y prorrogar el plazo. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, concluyendo que el emplazamiento fue oportuno. El peticionario recurrió en certiorari, señalando errores del TPI al evaluar el uso de la demanda enmendada y la oportunidad del emplazamiento. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por Francisco Javier Pérez contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. El apelante buscaba revocar una sentencia que favoreció a Diana Ojeda Fernández en un procedimiento especial. El tribunal ordenó al apelante evidenciar el cumplimiento con las reglas procesales para perfeccionar la apelación, incluyendo la notificación a las partes y al tribunal de origen. El apelante demostró haber notificado a los apelados, pero admitió un incumplimiento en la notificación al Tribunal de Primera Instancia dentro del término de 72 horas. La sentencia subraya la obligación estricta de los apelantes de cumplir con los requisitos reglamentarios para que el recurso sea perfeccionado. El incumplimiento con la notificación oportuna al tribunal sentenciador impide que el Tribunal de Apelaciones pueda atender el caso. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación debido a la falta de perfeccionamiento procesal por parte del apelante.

Resumen:

Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El apelante, Gerardo Miranda Ortiz, impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda era por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra Hojalateria y Pintura JR, Inc. El apelante alegó daños a su vehículo y falta de entrega de documentos tras unas reparaciones. Previamente, el apelante presentó una querella ante el DACo por los mismos hechos, la cual fue desestimada al encontrar los trabajos adecuados. Esa resolución del DACo fue confirmada por este Tribunal de Apelaciones en 2012. La parte apelada solicitó la desestimación de la nueva demanda por prescripción y cosa juzgada. El foro primario acogió la solicitud y desestimó la demanda con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Se resuelve una apelación en un pleito de cobro de dinero iniciado por Clínica Veterinaria La Muda contra María y Francis Schiavetti. La Clínica reclamó $18,470.84 por servicios veterinarios impagados. Al residir los demandados en Florida, se autorizó y efectuó el emplazamiento mediante edicto tras intentos de notificación personal. Los señores Schiavetti solicitaron prórrogas para contestar la demanda, haciendo constar que no se sometían a la jurisdicción. El Tribunal de Primera Instancia denegó una segunda solicitud de prórroga. Posteriormente, el foro primario dictó sentencia en rebeldía a favor de la Clínica por la totalidad de la deuda. Los demandados apelaron esta determinación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por HIMA San Pablo Fajardo. HIMA solicitó revisar y revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había resuelto que los médicos que atendieron a un bebé en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal de HIMA no eran parte indispensable en el caso. El caso original fue presentado por los padres del bebé contra varios doctores y entidades, alegando negligencia en una cesárea electiva. Los padres sostienen que la cesárea prematura causó problemas pulmonares al recién nacido, resultando en su fallecimiento dos días después en la unidad de HIMA. HIMA fue posteriormente incluida en la demanda enmendada. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso de certiorari. Basado en los fundamentos expuestos, el Tribunal denegó la expedición del auto solicitado. Esta denegatoria confirma la determinación del TPI respecto a la no indispensabilidad de los médicos de la unidad neonatal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La Directora Administrativa de los Tribunales comparece solicitando la revocación de determinaciones emitidas por la Junta de Personal de la Rama Judicial. Dichas determinaciones corresponden a numerosos casos relacionados con la ausencia sin autorización y la suspensión de empleo y sueldo de ciertos empleados. En estos casos, la Junta de Personal resolvió devolver el asunto de la imposición de la medida disciplinaria a la Directora Administrativa. La solicitud de revocación se presenta a través de múltiples recursos de revisión judicial que han sido consolidados. Estos recursos fueron incoados por la Directora Administrativa contra varios empleados involucrados. La sentencia fue emitida por un panel del Tribunal de Apelaciones en San Juan.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El recurso fue presentado por Teatro de la Opera Inc. y Universal Insurance Company contra resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. La controversia principal gira en torno a la defensa de prescripción presentada por Universal Insurance Company. Universal fue incluida como parte demandada mediante enmienda a la demanda original por hechos ocurridos casi dos años antes. Alegó que la causa de acción en su contra estaba prescrita al momento de su inclusión, basándose en jurisprudencia aplicable. Universal también solicitó la desestimación de una demanda contra tercero presentada por Integrand Assurance Company, igualmente por prescripción. El Tribunal de Primera Instancia denegó las mociones de desestimación por prescripción y la solicitud de reconsideración de Universal. Los peticionarios argumentan que el TPI erró al no declarar prescritas las acciones y en el manejo procesal de las mociones. El Tribunal de Apelaciones se dispone a resolver el recurso.

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Carlos Beltrán Santiago presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha resolución, emitida en marzo de 2014, denegó su reinstalación al Centro de Detención con Libertad para Trabajar. El recurrente había sido removido del programa tras una alegada violación, aunque un oficial examinador recomendó desestimar la querella y reinstalarlo. La agencia no acogió la recomendación, revocó su participación en el programa y lo reclasificó a custodia máxima. El recurrente solicitó reconsideración ante la agencia, sin obtener respuesta. Previamente, un recurso de revisión ante este tribunal fue desestimado por prematuro al estar pendiente la reconsideración. El presente recurso buscaba la revocación de la resolución original de la agencia. Tras analizar el trámite procesal, el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia. El Tribunal desestimó el recurso presentado por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un recurso de revisión administrativa. El recurso fue presentado por la unión Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La unión impugnó una Resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP había desestimado un cargo de práctica ilícita presentado por la unión. El cargo alegaba que el Departamento de Corrección no cumplió con un laudo arbitral. La CASP desestimó el cargo porque la unión no presentó la información y evidencia solicitada en dos ocasiones. La unión solicitó reconsideración a la CASP, la cual fue declarada No Ha Lugar. La unión acudió entonces al Tribunal de Apelaciones en revisión administrativa. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso instado por la unión. La desestimación se basa en que el Tribunal carece de jurisdicción para atender el recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio por ruptura irreparable. La demandada, Sra. Maribel Deliz Jiménez, presentó un recurso de certiorari cuestionando la negativa del Tribunal de Primera Instancia a descalificar al abogado de su esposo, el Lcdo. Luis Ramón Rodríguez Cintrón. La Sra. Jiménez Vázquez argumentó que el licenciado había asesorado previamente al matrimonio sobre asuntos familiares relacionados con sus hijos de matrimonios anteriores. Alegó además la existencia de una relación de amistad y social entre el abogado y la pareja. En la vista de descalificación se presentaron testimonios que apoyaron las alegaciones de la peticionaria. El Tribunal de Apelaciones revisó la prueba desfilada en el foro primario. Tras considerar los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía la descalificación del abogado. Por consiguiente, revocó la resolución recurrida y ordenó la descalificación del Lcdo. Rodríguez Cintrón.

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Comparece Brunilda Sánchez Rivera ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó una moción de sentencia sumaria presentada por la señora Sánchez en un caso sobre violación a la dignidad del ser humano, hostigamiento sexual y laboral, represalias y daños y perjuicios. La peticionaria había argumentado la inexistencia de controversia sustancial sobre hechos esenciales para declarar hostigamiento sexual, despido en represalia y despido injustificado. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción. Consideró que aún existía controversia sobre los hechos constitutivos de hostigamiento sexual, especialmente los de una reunión específica. Además, el TPI señaló que el factor credibilidad era esencial y impedía resolver el caso sumariamente. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la señora Sánchez.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de Jessica Rodríguez Castro. La apelante impugnó la desestimación de su demanda por daños tras un accidente de ciclismo por el Tribunal de Primera Instancia. El tribunal de instancia determinó que el lugar del accidente era responsabilidad del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Concluyó que no se probó que la Federación de Ciclismo fuera la única auspiciante ni que incumpliera deber alguno. El Tribunal de Primera Instancia también negó credibilidad a la prueba testifical de la demandante y no encontró nexo causal probado. Señaló además la falta de prueba pericial y la improcedencia de la demanda por una sociedad legal inexistente. La apelante alegó errores en la evaluación de la prueba y la credibilidad. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó la Sentencia apelada.

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El Consejo de Titulares del Condominio Costa Esmeralda demandó a Félix A. Padró por la construcción de un baño en su terraza, alegando que violaba la Escritura Matriz y la Ley de Propiedad Horizontal. El Consejo solicitó sentencia sumaria en el Tribunal de Primera Instancia para ordenar la remoción de la construcción. El señor Padró se opuso, argumentando la existencia de controversias de hechos que impedían la adjudicación sumaria. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria. El foro primario identificó controversias sustanciales de hechos, como si el Consejo permitió tácitamente la construcción, actuó con negligencia, agotó remedios administrativos, y si la azotea es un elemento común o privativo. Concluyó que era necesaria una vista en su fondo para aquilatar la prueba y determinar si la construcción infringía la normativa. Insatisfecho, el Consejo presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Consejo imputó error al TPI por denegar la sentencia sumaria al entender que no existían controversias sustanciales. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, denegó la expedición del recurso de certiorari.