Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 356)

Resumen:

El Sr. Solón Gómez Luna presentó un recurso de revisión especial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Impugnaba una decisión del Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos que lo declaró inelegible para beneficios de seguro por desempleo. El Sr. Gómez fue despedido de su empleo como guardia de seguridad por quedarse dormido en el trabajo. Inicialmente declarado elegible por el Negociado de Seguridad de Empleo, el patrono apeló la decisión. Un árbitro de la División de Apelaciones revocó la elegibilidad por conducta incorrecta. El Secretario confirmó esta determinación, resultando en la suspensión de beneficios y un reclamo de sobrepago. Ante el Tribunal, el Sr. Gómez solicitó la revocación de la decisión, la reinstalación de beneficios, y además pidió reinstalación laboral y una reunión con su ex patrono. El Tribunal de Apelaciones evaluó el caso. La sentencia confirma la determinación del Secretario. Así, el Tribunal ratifica la inelegibilidad del Sr. Gómez para recibir los beneficios de seguro por desempleo.

Resumen:

Mediante recurso de revisión administrativa, Barranquitas Auto Corp. apeló la Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que le impuso responsabilidad y le ordenó saldar el préstamo y pagar las multas de un vehículo entregado en pronto ("trade-in") por el querellante, Juan Morales Morales. El señor Morales había presentado una querella ante el DACo alegando que, al comprar un vehículo nuevo, entregó su auto usado con financiamiento pendiente a un representante del concesionario, quien se comprometió a gestionar el traspaso y pago del préstamo. Sin embargo, el concesionario no cumplió, y el señor Morales continuó recibiendo llamadas de cobro y multas por el vehículo entregado. El DACo determinó que Barranquitas Auto era responsable bajo la doctrina de autoridad aparente y emitió la orden de pago. La apelación de Barranquitas Auto buscaba revocar esta decisión administrativa. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, incluyendo los fundamentos y determinaciones de hecho del DACo. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida, validando la decisión del DACo en contra de Barranquitas Auto.

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Luis D. Rivera Estrada, un miembro de la población correccional, presentó una solicitud de remedios administrativos ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación impugnando el registro del vehículo de su madre durante una visita. Alegó que el registro fue ilegal al realizarse sin una orden judicial. Su solicitud inicial fue desestimada por extemporánea, pero tras una reconsideración donde explicó dificultades para obtener los formularios, el caso fue evaluado en los méritos, validándose el registro. Inconforme, Rivera Estrada acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión. El Tribunal constató que el recurso fue presentado fuera del término jurisdiccional de treinta días establecido por ley. Ante la falta de jurisdicción por la presentación tardía, el Tribunal, en cumplimiento de su deber de verificar su autoridad, procedió a desestimar el recurso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Kenides Moreno Marte. El peticionario solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación denegó su solicitud para incluir seis nuevas testigos, enfermeras, en el informe de la conferencia con antelación a juicio. El pleito original es una demanda por impericia médica y daños presentada en 2009. Las testigos fueron anunciadas por primera vez en la conferencia celebrada en febrero de 2015, cinco años después de iniciado el caso. Las partes demandadas se opusieron a la inclusión, alegando sorpresa y falta de descubrimiento previo. El TPI no permitió la inclusión de las testigos. El peticionario argumentó que el TPI cometió un error al denegar su solicitud. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y una moción urgente en auxilio de jurisdicción. Finalmente, el Tribunal declaró no ha lugar a la moción y DENEGÓ el recurso de certiorari.

Resumen:

Francisco R. Cosmes Nieves apeló una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en su demanda por daños y perjuicios contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El TPI había ordenado la paralización del caso por tres meses, requiriendo a Cosmes Nieves demostrar que había agotado los remedios administrativos ante la agencia. La resolución del TPI advertía que el incumplimiento resultaría en una desestimación sin perjuicio. Cosmes Nieves apeló esta orden interlocutoria, interpretándola erróneamente como una desestimación final. Argumentó que su caso, presentado como pleito de clase, estaba exento del requisito de agotamiento porque la agencia no podía conceder los daños reclamados. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari. El tribunal señaló el principio procesal de que los tribunales apelativos no resuelven cuestiones no planteadas ante el foro revisado. Esta resolución describe el trasfondo procesal y los argumentos del apelante respecto a la orden del TPI sobre el agotamiento de remedios administrativos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de deslinde entre propiedades colindantes. La controversia se originó por la confusión de los linderos entre las fincas de los Apelados (Vázquez Cedeño y otros) y los Apelantes (González Torres y otros). Previamente, el caso fue apelado, y el Tribunal de Apelaciones ordenó al foro primario permitir a la parte Apelante presentar su perito y contrainterrogar al perito judicial. Tras una nueva vista en el Tribunal de Primera Instancia, donde testificó el perito de la Apelante, el foro primario dictó sentencia declarando Ha Lugar la demanda de deslinde. Dicha sentencia ordenó establecer los puntos de colindancia según un plano de segregación y mensura específico. La parte Apelante recurrió nuevamente al Tribunal de Apelaciones contra esta segunda determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Finalmente, el panel judicial decidió confirmar la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia. Esto valida la orden de deslinde conforme al plano y hallazgos del perito original.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. La Autoridad busca revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de incumplimiento de contrato y cobro de dinero. El caso original fue iniciado por Motsons Corporation, pero la controversia apelada involucra a la Autoridad y New Hampshire Insurance Company (NHICO). NHICO, como fiadora del contratista, pagó a subcontratistas y proveedores y reclamó a la Autoridad el reembolso basado en derechos de subrogación sobre fondos contractuales. El Tribunal de Primera Instancia condenó a la Autoridad a pagar a NHICO \$364,308.18, más intereses, costas y honorarios de abogado. Dicho foro también desestimó la reconvención de la Autoridad contra NHICO. La apelación surge tras más de once años de litigio. Un aspecto procesal relevante fue el incumplimiento alegado de la Autoridad con una orden para presentar un informe pericial sobre las partidas reclamadas por NHICO. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la sentencia apelada y los argumentos de las partes.

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Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una apelación en un caso de cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca. Los apelantes, incluyendo Successful Management, Inc. e individuos, buscan revocar una sentencia sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La sentencia del tribunal inferior favoreció a Oriental Bank (anteriormente Eurobank), que demandó a los apelados por incumplimiento de dos préstamos comerciales garantizados con prendas e hipotecas. Los apelantes habían negado las deudas en el tribunal de primera instancia. También presentaron una reconvención alegando que el banco embargó ilegalmente fondos de una cuenta e incumplió un acuerdo verbal para consolidar y refinanciar los préstamos. La solicitud de reconsideración de la sentencia sumaria por parte de los apelantes fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones está revisando la decisión del tribunal inferior. El tribunal apelativo adelanta su evaluación preliminar de que el tribunal inferior no incidió.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante Certiorari una determinación del Tribunal de Primera Instancia. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico recurre la negativa del foro primario a desestimar una demanda por daños y perjuicios. La demanda fue presentada por Víctor Caraballo y una menor, relacionada con el suicidio de una reclusa. El Estado solicitó la desestimación alegando, entre otros motivos, la falta de notificación oportuna conforme a la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación y la posterior solicitud de reconsideración del Estado. El Estado argumentó ante el Apelativo que el foro primario erró al obviar el incumplimiento del requisito de notificación. El Tribunal de Apelaciones acogió el auto de Certiorari solicitado. Como resultado, el Tribunal de Apelaciones modificó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia. El caso centraliza en la aplicación del requisito de notificación previa para demandar al Estado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por accidente de tránsito. Tras una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia, una parte presentó mociones de reconsideración y solicitud de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Mientras estas mociones estaban pendientes de adjudicación en el foro primario, los apelantes presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Todas las partes reconocieron que el recurso se presentó antes de que se resolvieran las mociones pendientes. La resolución aborda la validez procesal de la apelación, considerando las reglas de procedimiento civil y del Tribunal de Apelaciones que establecen los términos para apelar y los mecanismos que interrumpen dichos términos. Se analiza si la presentación del recurso fue prematura al existir mociones de reconsideración pendientes en el tribunal de origen.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Osvaldo Castañer Diez contra el Departamento de Transportación y Obras Públicas. El recurso proviene de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó la revisión de un boleto de tránsito. Dicho boleto, de \$500, fue expedido a Castañer por estacionarse en un lugar reservado para impedidos sin la debida identificación. Castañer alegó poseer un carnet de impedido válido. Explicó que lo colocó de lado en el retrovisor debido a problemas con el vehículo y que pudo haberse caído o no ser visto por el policía. Durante la vista en Primera Instancia, la jueza cuestionó la ubicación del carnet al momento en que Castañer regresó a su vehículo. La juzgadora no quedó satisfecha con su explicación sobre la posible caída del carnet. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar el recurso de revisión. Ahora, el Tribunal de Apelaciones evalúa el caso basándose en el expediente y la grabación de la vista.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Carlos E. Oben Abreu contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación y otros. El apelante demandó por daños y perjuicios, alegando negligencia al no recibir medicamentos para la hipertensión mientras estuvo bajo custodia correccional. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda mediante sentencia sumaria. La desestimación se basó en la falta de agotamiento de los remedios administrativos disponibles dentro del Departamento de Corrección. El foro primario determinó que esta omisión privó al tribunal de jurisdicción para atender el reclamo. Oben Abreu apeló esta decisión. Argumentó que el reglamento administrativo era inadecuado o que la agencia perdió jurisdicción sobre él tras su excarcelación, constituyendo una excepción al requisito. El Tribunal de Apelaciones revisa si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente la doctrina del agotamiento de remedios administrativos.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una controversia sobre la administración de un condominio, originada en un acuerdo transaccional aprobado por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Las peticionarias demandaron en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) buscando la ejecución del acuerdo del DACo y reclamando daños por su incumplimiento. La cuestión central es si el TPI tiene jurisdicción para conocer de la reclamación de daños derivada del incumplimiento de dicho acuerdo administrativo. Inicialmente, el TPI afirmó tener jurisdicción, lo cual fue confirmado por un panel anterior de este Tribunal de Apelaciones respecto a la ejecución y remedios relacionados. No obstante, en una etapa posterior, el TPI determinó que carecía de jurisdicción específicamente sobre la causa de acción de daños y perjuicios. El Tribunal de Apelaciones revisa esta última determinación mediante certiorari. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Resolución del TPI que declaró la falta de jurisdicción sobre los daños. El caso es devuelto al TPI para la continuación de los procedimientos, implicando que sí posee jurisdicción sobre la reclamación de daños.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. El peticionario, Carmelo Sierra, Jr., impugna la denegatoria de su moción de desestimación por prescripción en un caso de injunction y daños. Las sucesiones demandantes alegaron que Sierra, un agrimensor, no entregó certificaciones y datos necesarios para inscribir fincas segregadas, causando daños. Contrataron sus servicios para mensura y segregación de propiedades en Patillas. Sierra sostuvo que completó su trabajo en 1997 y que la acción estaba prescrita al presentarse la demanda en 2012, más de 15 años después. Las sucesiones argumentaron que el término prescriptivo comenzó en 2012, al conocer del daño por una notificación del Registro de la Propiedad. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación por prescripción. El Tribunal de Apelaciones revocó esa determinación y devolvió el caso para continuar los procedimientos conforme a su sentencia. Esto implica que el foro apelativo encontró errónea la denegatoria de la desestimación por prescripción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por Triple S Propiedad. Triple S impugnaba una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le denegó autorización para enmendar sus alegaciones y presentar testigos. La aseguradora buscaba plantear la defensa de falta de cubierta de póliza para ARL Construction en un caso de daños iniciado en 2003. El TPI había señalado el juicio para agosto de 2013. Poco antes del juicio, Triple S intentó negar la cubierta, lo que llevó a sus abogados a solicitar relevarse por conflicto de interés. El TPI denegó tanto el relevo como la solicitud posterior de Triple S para levantar la defensa de cubierta. El TPI razonó que no había un conflicto válido y que Triple S esperó diez años para negar la cubierta, estando impedida de hacerlo tan tarde. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la decisión. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari presentada por Ernesto García Rodríguez y otros contra Oriental Bank and Trust. Los peticionarios buscaban la revisión y revocación de dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Estas resoluciones ordenaban a los peticionarios cumplir con requisitos relacionados con la revisión de pagarés hipotecarios por un perito y su deposición. Además, una de las resoluciones impuso sanciones económicas por incumplimiento de órdenes previas. El Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado. La denegación se basó en la naturaleza discrecional del recurso y en la Regla 40(f) de su reglamento. Se consideró que intervenir en este momento causaría una dilación indebida en un pleito que lleva más de tres años en la etapa de descubrimiento. La corte señaló que esta decisión no prejuzga la controversia y los peticionarios podrán cuestionar las resoluciones interlocutorias al apelar la sentencia final. El objetivo es evitar el fraccionamiento del pleito y promover una solución justa, rápida y económica.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. Los peticionarios, William F. McGraw Colón y otros, impugnan una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión denegó su solicitud de desestimación en un pleito de cobro de dinero. La demanda fue presentada por Palmas del Mar Homeowners Association contra Mimor Corporation y los peticionarios. La Asociación reclama cuotas de mantenimiento adeudadas por una propiedad de Mimor Corp. Los peticionarios fueron demandados por ser los únicos accionistas de Mimor Corp., cuyo certificado de incorporación fue revocado. Argumentaron que no eran responsables al no ser titulares de la propiedad y que no procedía demandarlos sin descorrer el velo corporativo. El foro primario denegó la desestimación, considerando a los peticionarios partes potencialmente indispensables. Ante la negativa, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y denegó su expedición.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201401114. El recurso fue presentado por Víctor González Ortiz contra VPH Motor h/n/c Triangle Dealers. Se apeló una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Dicha sentencia desestimó con perjuicio la Querella de Despido Injustificado presentada por el Sr. González al amparo de la Ley Núm. 80. El Sr. González reclamaba haber sido despedido injustificadamente el 29 de junio de 2012, tras ocupar una posición de Gerente de Ventas desde 2002. La empresa alegó justa causa por cierre permanente de operaciones. El Tribunal de Primera Instancia había declarado ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria de la empresa. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca el dictamen apelado.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Salvador Rovira Rodríguez, Minerva Luna Diou y su Sociedad Legal de Gananciales. Apelan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que les declaró con lugar una demanda de cobro de dinero instada por Trafon Group, Inc. Trafon Group reclamó que los apelantes eran personalmente responsables por una deuda de su corporación, RL Food Services Corp., basándose en un Convenio de Garantía suscrito por la Sra. Luna Diou. Los apelantes argumentaron que no procedía su responsabilidad personal ni descorrer el velo corporativo, y que solo uno de los cónyuges firmó la garantía. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Trafon Group, entendiendo que el Convenio de Garantía estaba cubierto por la presunción de ganancialidad y beneficiaba a la sociedad conyugal. Este documento presenta el inicio de la revisión apelativa de dicha determinación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari instado por el Sr. Yamil Díaz Benjamín. El recurso impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó una orden de protección solicitada por el Sr. Miguel Luna de Jesús contra el Sr. Díaz bajo la Ley contra el Acecho. El TPI concluyó que no se configuró un patrón de acecho, aunque sí hubo un incidente de alteración a la paz. No obstante, el TPI ordenó medidas para evitar la comunicación y el acercamiento entre las partes. Adicionalmente, el TPI ordenó al Departamento de Educación mantener al Sr. Díaz fuera de la escuela donde trabajaba el Sr. Luna. El Sr. Díaz apeló, señalando errores en la decisión del TPI, incluyendo la orden dirigida a una entidad no parte en el procedimiento. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del TPI.

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Operating Partners Co., Inc. solicita al Tribunal de Apelaciones la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó la Moción de Desestimación presentada por Operating Partners en un caso de daños y perjuicios. La demanda fue incoada por Sonia Morales Rodríguez, quien alega haber sufrido daños por el embargo ilegal de su vehículo. Morales Rodríguez sostiene que Operating Partners inscribió un gravamen sobre su automóvil basado en una sentencia previa por deuda, pero sin una orden judicial específica que lo autorizara. Argumenta que el embargo le impidió usar su vehículo por más de dos años. Operating Partners solicitó la desestimación de la demanda, alegando que estaba prescrita y que el embargo fue legal al derivar de una sentencia. Morales Rodríguez se opuso, reiterando la ilegalidad del embargo por falta de autorización y la no prescripción de la acción. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación. Inconforme, Operating Partners acudió en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, señalando errores en la denegación de la desestimación por prescripción y por la supuesta legalidad del embargo. Morales Rodríguez presentó alegato en oposición a la expedición del recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende el recurso de José A. Concepción Guerra, confinado. El recurrente solicita la revocación de una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Dicha resolución lo declaró culpable de violar los códigos de seguridad 206 (incitación a disturbios) y 227 (desobedecer orden directa). Los cargos se originaron por un incidente el 16 de julio de 2014. Se le imputa haber desobedecido una orden y salir de un área autorizada para facilitar el acceso de otros confinados a un pasillo restringido, perturbando la seguridad. Tras una vista disciplinaria donde negó los hechos, el DCR basó su determinación en declaraciones de testigos, el informe y el expediente administrativo. El confinado solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el foro recurrido. El Tribunal revisa la decisión administrativa aplicando el principio de deferencia a los organismos administrativos. Se evalúa si la determinación está sustentada por evidencia sustancial y si es razonable.

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Peticionarias confinadas solicitaron al Tribunal de Apelaciones un recurso de Mandamus contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Buscaban que se les ordenara acreditarles bonificaciones por trabajos y estudios realizados. Las peticionarias se encuentran bajo custodia del Departamento en la Escuela Industrial de Mujeres. El tribunal examinó la solicitud a la luz de los requisitos para la expedición de un Mandamus. Se explicó que este es un recurso extraordinario y discrecional. Procede únicamente para exigir el cumplimiento de un deber ministerial claro e imperativo, sin que exista otro remedio legal. Se detallaron los requisitos legales y procesales para este tipo de recurso. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por las peticionarias.

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José L. Ortiz Marrero, una persona confinada, solicitó revisión judicial de su clasificación inicial de custodia máxima por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Su clasificación se basó en la severidad de los delitos por los que fue convicto: maltrato de menor y violencia doméstica mediante amenaza bajo leyes recientes, resultando en una sentencia de nueve años. El Sr. Ortiz argumentó que el comité de clasificación debió aplicar la escala de severidad del Código Penal anterior y destacó ser primer ofensor y su buen comportamiento. El Comité de Clasificación del Departamento y posteriormente la Oficina de Clasificación denegaron sus apelaciones internas. Mantuvieron que los delitos eran de extrema severidad, involucrando violencia contra un menor y una mujer, y el uso de un arma de fuego. La Oficina de Clasificación también aclaró que el delito específico está incluido en la escala de severidad vigente y señaló el poco tiempo cumplido en relación con su sentencia, enfatizando la necesidad de rehabilitación. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación inicial de custodia máxima para el Sr. Ortiz.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión judicial. El recurrente, Luis D. Rivera Estrada, impugnó la suspensión de sus privilegios por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Las querellas disciplinarias (Q-919-14, Q-920-14, Q-921-14, Q-946-14) se relacionaban con actos de desorden. El panel de tres jueces no logró una decisión mayoritaria debido a criterios distintos sobre la disposición del recurso. Ante la falta de mayoría, la determinación original de la agencia recurrida quedó automáticamente confirmada. Los jueces emitieron votos separados para explicar sus posturas. La Jueza Cintrón Cintrón concurrió, considerando correcta la decisión de la agencia en sus méritos. La Jueza Vicenty Nazario disintió, entendiendo que procedía la desestimación por defectos en la notificación de la agencia. El Juez González Vargas también disintió, opinando que la determinación recurrida debió ser revocada, basándose en que el recurrente demostró no estar presente en el lugar de los hechos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante recurso de certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. El caso laboral subyacente, iniciado en 2010, trata sobre reclamaciones de represalias, despido injustificado y daños contra McNeil Healthcare. La querellante, Priscilla Medina Nazario, presentó la acción bajo el procedimiento sumario laboral. En 2013, solicitó enmendar la querella para incluir, entre otras, una causa de acción por acoso laboral. El patrono se opuso a la enmienda, argumentando que era tardía y que el acoso laboral no es una causa de acción reconocida. La resolución del foro primario denegó la solicitud de enmienda a la querella. Dicha resolución también excluyó el testimonio de una perito y de una testigo anunciada por la querellante. Tras evaluar los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari, manteniendo la decisión de instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió un recurso presentado por el confinado Luis Rivera Crespo contra una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El confinado había solicitado un remedio administrativo quejándose de manera vaga sobre condiciones institucionales sin proveer hechos específicos. Corrección desestimó la solicitud inicial y la posterior reconsideración, fundamentándose en que el confinado no ofreció la información necesaria para dilucidar su reclamo. La agencia requirió que el recurrente se circunscribiera al remedio solicitado y proveyera detalles conforme al Reglamento 8145. Este reglamento establece el procedimiento para las solicitudes de remedios administrativos de la población correccional y exige especificidad. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos de las partes. Tras el análisis, el tribunal confirmó la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La decisión valida la exigencia de la agencia de que las solicitudes de remedio administrativo cumplan con los requisitos de información detallada establecidos en la normativa aplicable.

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Scotiabank de Puerto Rico acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari para impugnar varias determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de cobro de dinero y ejecución de garantías. La institución bancaria solicitó la revisión de la denegatoria de su moción de sentencia sumaria. También cuestionó la decisión del tribunal primario de permitir a los recurridos, PM \& R Medical Diagnostics, P.S.C., y Dr. Ramón Rivera Morales, presentar una reconvención enmendada. Scotiabank impugnó además la orden del tribunal de instancia relativa al itinerario para el descubrimiento de prueba. El Tribunal de Apelaciones evaluó los escritos y documentos sometidos por las partes en el recurso. Tras considerar los argumentos, el panel resolvió denegar la expedición del auto de Certiorari solicitado por Scotiabank.

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Sombras de la Ceiba, Inc. solicitó revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La resolución de DACO, emitida el 10 de septiembre de 2014, ordenó a Sombras de la Ceiba, Inc. y Newport Surety, Inc. pagar solidariamente \$20,000.00 a Marlon Aguillón Troya y Carmen Tosado Fernández. El caso se originó por una querella ante DACO alegando vicios de construcción y alteraciones de materiales en una propiedad adquirida por los querellantes. Sombras de la Ceiba, Inc., como recurrente, impugna la decisión de DACO. Alega que DACO erró al no posponer la vista, eliminar sus alegaciones y dictar una resolución en rebeldía sin el debido proceso de ley, impidiéndole presentar defensa y prueba pericial. También sostiene que DACO erró en la apreciación de la prueba y en la valoración de la indemnización de \$20,000.00, considerándola arbitraria e irrazonable. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver el recurso de revisión judicial presentado por Sombras de la Ceiba, Inc.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de revisión judicial presentado por Bailefusión, Inc. contra el Departamento de Hacienda. Bailefusión apeló la desestimación de su querella administrativa por Hacienda, alegando que fue presentada fuera de término. El recurrente argumentó que la querella fue oportuna y solicitó la revocación de la decisión y la orden de una vista. Posteriormente, Hacienda compareció ante el Tribunal indicando que entendía que el caso debía devolverse a su Oficina de Procedimiento Adjudicativo. Hacienda solicitó la devolución para atender la controversia en los méritos, reconociendo su jurisdicción. El recurrente se allanó a la solicitud de Hacienda. Ante el acuerdo de ambas partes para que el caso continuara en la vía administrativa, el Tribunal desestimó el recurso judicial. La desestimación permite la continuación de los procedimientos administrativos ante el Departamento de Hacienda.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Wanda Meléndez Vázquez, demandó a Posadas de San Juan Associates (hotel) y otros tras ser secuestrada y agredida sexualmente en el estacionamiento de empleados en 2004. Atribuyó el incidente a la alegada negligencia del hotel por falta de vigilancia y alumbrado adecuado. El hotel negó negligencia, argumentando que los hechos fueron culpa de la apelante o de American Parking System, operador del estacionamiento. El hotel también presentó demandas contra el agresor alegado, Edward Viruet Medina, y contra American Parking System y su aseguradora. La apelación cuestiona una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó solicitudes de la apelante (anotación de rebeldía, relevo de sentencia, enmienda) y concedió el desistimiento con perjuicio de las demandas del hotel contra el agresor y la compañía de estacionamiento. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos presentados por las partes. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Rolando Ferrao Rivera. El acusado fue hallado culpable por un jurado de Asesinato en Primer Grado, violaciones a la Ley de Armas y Amenazas, por hechos ocurridos el 13 de enero de 2003. En esa fecha, Ferrao Rivera disparó mortalmente a su pareja, Adaliz Pereira Lugo, y amenazó a otra persona. Tras no comparecer a la culminación del juicio, el jurado emitió veredicto de culpabilidad por todos los cargos. El Tribunal de Primera Instancia lo sentenció a un total de 129 años y 6 meses de prisión. Ferrao Rivera había presentado una apelación previa que fue desestimada y solicitó sin éxito un nuevo juicio y re-sentencia. Este documento aborda el recurso de apelación KLAN201301416 relacionado con este caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un pleito de liquidación de comunidad post ganancial entre Ángel Figueroa Cruz y Edna Lynn González Tobi. La controversia principal es si el Tribunal de Primera Instancia se excedió en su discreción al no admitir la Contestación a demanda enmendada presentada por el señor Figueroa. Dicha contestación enmendada incluía una reconvención contra la señora González Tobi. La presentación de la contestación enmendada ocurrió luego de que la señora González Tobi presentara una Demanda enmendada. En su demanda enmendada, la señora González Tobi formuló por primera vez una reclamación en daños contra el señor Figueroa. El Tribunal de Apelaciones analizará la Solicitud de certiorari de Figueroa y el Alegato en oposición de González Tobi. Anticipa que procederá a expedir y revocar la Minuta-Resolución del Tribunal de Primera Instancia que rechazó la admisión de la contestación enmendada. El trasfondo del caso detalla la demanda inicial de liquidación, la contestación original, el proceso de descubrimiento y la solicitud de la demandante para enmendar su demanda. La enmienda solicitada por la demandante buscaba incluir alegaciones sobre el uso de fondos gananciales en otra relación y añadir a una tercera parte.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Eugenio Serafín, Inc. (EST) demandó a Diskin Construction Corp. (Diskin) y otros por falta de pago de materiales y mano de obra para el proyecto Palacios del Escorial. EST reclamó una cantidad total de \$718,291.33 por diversos conceptos relacionados con contratos de suministro e instalación de gabinetes, topes y puertas de duchas. Diskin contestó la demanda y presentó una reconvención alegando incumplimiento contractual y defectos en los materiales suplidos por EST. El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, declaró ha lugar la demanda de EST y desestimó la reconvención de Diskin. Diskin apeló esta sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por Diskin. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso laboral entre Graciano Ortega Cruz y Garriga Trading Co., Inc. Garriga Trading solicitó un recurso de certiorari para revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión denegó una solicitud de sentencia sumaria presentada por Garriga Trading. El pleito original fue instado por el señor Ortega Cruz reclamando indemnización por despido injustificado y salarios. Garriga Trading pidió sentencia sumaria argumentando que el empleado renunció voluntariamente y no se le adeudaba dinero. El empleado se opuso, alegando la existencia de controversias sobre hechos esenciales que requerían un juicio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al encontrar hechos controvertidos. En esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Garriga Trading.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones conoció de un recurso de Certiorari presentado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Estado solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de reconsideración. Dicha moción buscaba revertir un dictamen previo del TPI que había denegado una segunda solicitud de desestimación presentada por el Estado en un caso de daños. El Estado argumentaba que la demanda contra la Policía y el ELA debía desestimarse por alegado incumplimiento con la regla de emplazamiento 4.4(g), requiriendo emplazar al jefe de la Policía. El TPI denegó la desestimación al concluir que la regla aplicable era la 4.4(f) y que el emplazamiento al Secretario de Justicia era suficiente. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de Certiorari solicitado por el Estado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso presentado por el Estado Libre Asociado. El Estado apeló la sentencia sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una demanda de impugnación de confiscación. Dicha demanda fue instada por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y Popular Auto, Inc. Las demandantes impugnaron la confiscación de un vehículo Toyota Yaris por una alegada infracción a la Ley de Sustancias Controladas. Popular Auto reclamó derechos sobre el vehículo por un gravamen, y la Cooperativa por una póliza de seguro con cubierta de confiscación y subrogación. Argumentaron que la confiscación era improcedente, inválida o nula por diversas razones, incluyendo falta de notificación, violación de derechos constitucionales y la defensa de tercero inocente. El Estado contestó la demanda en instancia, negando hechos y levantando defensas afirmativas. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del foro primario que favoreció a los demandantes.

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El empleado José Luis López Ruíz presentó querella contra su pasado patrono, JC Penney, alegando despido injustificado y represalias por ofrecer testimonio en un proceso judicial. JC Penney sostuvo que el despido se debió a la violación de reglamentos internos por parte de López Ruíz al desestimar un caso criminal sin autorización y por no cooperar en la investigación. Tras el descubrimiento de prueba, JC Penney solicitó la desestimación sumaria de la reclamación por represalias, argumentando falta de evidencia por parte del querellante. López Ruíz se opuso, señalando que existían hechos en controversia y que no procedía la adjudicación sumaria. El Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia Parcial Final, desestimando la reclamación bajo la Ley de Represalias. Inconforme, López Ruíz apeló ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que el foro primario erró al dictar sentencia sumaria existiendo hechos en controversia y al evaluar la prueba. JC Penney compareció en oposición a la apelación. Este documento contiene la Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo dicha apelación.

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SENTENCIA del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, en el caso KLRA201500137. El Sr. Carlos Mojica Romero instó un recurso de revisión especial contra una Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. Dicha Decisión denegó su apelación a la descalificación para recibir beneficios por desempleo. La Decisión del Secretario fue notificada el 16 de diciembre de 2014, con un término de 30 días para solicitar revisión judicial. El Sr. Mojica presentó su recurso el 10 de febrero de 2015. El Tribunal evaluó los autos para determinar su jurisdicción. Se explica que la jurisdicción es esencial y que un recurso tardío priva al tribunal de autoridad. Citando la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, el Tribunal determinó que el recurso fue presentado fuera del término legal. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso instado por el Sr. Mojica por falta de jurisdicción, al considerarlo tardío.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El Municipio Autónomo de Guaynabo recurre la Resolución de la División de Reconsideración de Determinaciones Finales de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La controversia surge de una solicitud de lotificación simple con variación de cabida y ancho de solar presentada por Héctor R. Torres Mejías y su esposa. La Oficina de Permisos del Municipio de Guaynabo denegó inicialmente la solicitud de segregación. Los solicitantes presentaron mociones de reconsideración tanto ante la oficina municipal como ante la OGPe. La OGPe, mediante Resolución de 31 de agosto de 2014, revocó la determinación municipal y autorizó la segregación del terreno. El Municipio de Guaynabo acude al Tribunal de Apelaciones para revisar esta decisión de la OGPe. La sentencia fue emitida el 11 de febrero de 2015.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión del Negociado de Seguridad de Empleo denegando beneficios por desempleo a Milagros González Vega. La señora González Vega renunció a su empleo en Multi-Clean, Inc. tras no conseguir un acomodo para una plaza más cercana a su residencia, necesario por problemas de cuido de hijos y transportación. El Negociado determinó que la renuncia fue voluntaria, denegando los beneficios. La recurrente apeló, pero el árbitro de la División de Apelación desestimó la apelación por considerarla tardía, decisión que fue confirmada por el Secretario de Recursos Humanos. El Tribunal de Apelaciones encontró que el árbitro se declaró irrazonablemente sin jurisdicción al desestimar la apelación por tardía. Por tanto, revocó la resolución recurrida. El caso se devuelve al árbitro de la División de Apelación para que resuelva la apelación en los méritos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la expulsión del ex agente Anthony G. Quiñones Nazario de la Policía de Puerto Rico. El recurrente solicita revocar una resolución de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) que confirmó su expulsión. La decisión de expulsión se basó en tres investigaciones sobre su conducta entre 2007 y 2010. Los cargos incluyeron el uso no autorizado de vehículos oficiales, accidentes, notificación tardía de incidentes, multas de tránsito, abandono del servicio y desobediencia de órdenes. La Policía le imputó violaciones a su Reglamento de Personal. Tras una vista administrativa, la Policía emitió la resolución final de expulsión. El recurrente apeló ante la CIPA, la cual confirmó la expulsión, señalando que el recurrente admitió los hechos. El Tribunal de Apelaciones está listo para resolver la controversia.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en el recurso presentado por Ponce Expert Shooting Corp. contra la Policía de Puerto Rico. El caso se origina por la revocación del permiso del recurrente para operar como club de tiro al blanco. La Policía fundamentó la revocación en un informe que vinculaba proyectiles encontrados cerca de una escuela con el polígono. El proceso administrativo incluyó varias vistas donde la Policía no compareció ni presentó prueba. El recurrente sí presentó evidencia, incluyendo peritaje, y el oficial examinador recomendó dejar sin efecto la revocación. El Superintendente de la Policía no acogió la recomendación y ordenó la revocación. Un recurso anterior ante este tribunal resultó en la revocación de la decisión y la devolución del caso para una nueva vista administrativa. En la segunda vista administrativa, la Policía nuevamente no compareció ni presentó evidencia. El oficial examinador volvió a recomendar dejar sin efecto la revocación basándose en la prueba presentada por el recurrente. Esta sentencia aborda la revisión de la decisión de la Policía tras este proceso administrativo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, Yamil Pagán De Jesús, miembro de la población correccional, impugna una resolución que lo encontró culpable de violar el Código 200 (contrabando) del Reglamento Disciplinario. Tras una vista disciplinaria, la determinación fue confirmada y su solicitud de reconsideración fue denegada. Inconforme, el recurrente presentó un recurso de revisión judicial ante este foro. El Tribunal examina el proceso administrativo y los términos establecidos en el Reglamento Disciplinario para la Población Correccional. Dicho reglamento permite la revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro de 30 días tras la notificación de la resolución final. Sin embargo, el Tribunal desestima el recurso presentado por el Sr. Pagán De Jesús. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso.

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