Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 349)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones en un caso de expropiación forzosa iniciado por el Municipio Autónomo de Bayamón. El Municipio solicitó un auto de certiorari para revisar una orden del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2014. Dicha orden requirió al Municipio producir los originales de los acuses de recibo de emplazamientos por edicto para ciertas partes. El Municipio informó previamente haber emplazado a todas las partes, detallando los métodos. Alegó haber acompañado con una moción anterior la declaración jurada de publicación del edicto y los originales de los diligenciamientos por correo certificado. Sostuvo que, al haber entregado los originales, le era imposible producirlos nuevamente y pidió a la Secretaría del tribunal primario que los localizara. El foro de instancia, sin embargo, indicó que la evidencia requerida no obraba en el expediente. Reafirmó su orden de producir la documentación exigida. El Municipio reiteró su planteamiento en una moción posterior. Este recurso busca la revisión de la orden que exige la producción de dichos documentos originales.

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Carmelo Talavera Bosch presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones contra la Administración de Familias y Niños (ADFAN). El recurso se basaba en la alegada inacción de ADFAN para eliminar su nombre del Registro Central, a pesar de que un referido en su contra resultó "sin fundamento" y él había solicitado su remoción. Durante la tramitación del recurso, Talavera Bosch presentó un aviso de desistimiento. Informó al Tribunal que el Departamento de la Familia le había notificado que su nombre no figuraba en el Registro Central en relación con el referido específico. En virtud de esta notificación y conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el Tribunal acogió el pedido de desistimiento. Por consiguiente, declaró desistida la causa y ordenó el archivo de la apelación. El recurso de revisión administrativo fue desestimado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación presentada por Kenneth Pérez Trabal contra dos sentencias del Tribunal de Primera Instancia. El señor Pérez fue declarado culpable de infringir el Artículo 93(e)(2) y el Artículo 285 del Código Penal, recibiendo penas de 99 y 3 años respectivamente. Los cargos se originaron por hechos del 26 de febrero de 2013, incluyendo asesinato en primer grado bajo la modalidad específica relacionada con parejas íntimas. El señor Pérez solicitó la desestimación del cargo de asesinato, alegando falta de prueba de intención, pero el tribunal de instancia lo denegó, aceptando la naturaleza estatutaria del delito. Un asunto procesal clave durante el juicio fue la admisibilidad de testimonios sobre el temor de la víctima hacia el acusado debido a amenazas previas. El tribunal de instancia inicialmente excluyó esta prueba de referencia, pero luego reconsideró y la permitió. El señor Pérez apeló sin éxito esta decisión probatoria ante tribunales superiores. El Tribunal de Apelaciones procede ahora a resolver en los méritos la apelación contra las convicciones y sentencias.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) emitida el 30 de mayo de 2014. Dicha resolución encontró que varios porteadores escolares recurrentes violaron la Ley de Monopolios. Se les imputó formar una combinación para manipular y limitar la capacidad de los servicios de transportación escolar. La Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia presentó querellas contra ellos por violación a la Ley Núm. 77 de Monopolios y al Reglamento VII de Competencia Justa. Las querellas detallan cómo los porteadores se opusieron a solicitudes de expansión de flota de competidores ante la Comisión de Servicio Público. Se alegó que llegaron a acuerdos para que los solicitantes redujeran sus peticiones a cambio de retirar la oposición. DACo resolvió sumariamente que hubo violación a la Ley 77. Les ordenó cesar y desistir de acordar, fijar, controlar o limitar los servicios. Además, les impuso una multa de \$5,000 a cada uno. Los porteadores recurrentes comparecen ante el Tribunal de Apelaciones para cuestionar la corrección de esta resolución de DACo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Región Judicial de Bayamón, consideró un escrito presentado por Víctor Lyons Villanueva solicitando la reconsideración de una sentencia de 2008. La sentencia original impuso 22 años y 6 días de cárcel por agresión sexual e infracciones a la Ley de Armas. El tribunal acogió el escrito como misceláneo. Tras examinarlo, el tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender la solicitud. La sentencia enfatiza que la jurisdicción es fundamental y su ausencia es insubsanable, lo que requiere la desestimación. Los tribunales deben examinar su propia jurisdicción y, si carecen de ella, solo pueden declararlo y desestimar el caso. Por consiguiente, el tribunal desestimó el escrito por falta de jurisdicción, sin entrar en los méritos de la solicitud de reconsideración.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso de El Pueblo contra Gabriel Valentín García. El señor Valentín García apeló la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha Sentencia lo condenó a doce años y seis meses de cárcel y multas. Fue declarado culpable por Homicidio Negligente (Artículo 109 del Código Penal) y por infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley Núm. 22-2000). Los cargos se relacionan con hechos ocurridos el 12 de mayo de 2012 en Toa Baja. El apelante conducía bajo los efectos de bebidas embriagantes, con un nivel de alcohol de .104%. De forma negligente, impactó a un ciclista, Wilfredo De Jesús Hernández, causándole la muerte. También causó daño corporal a otro ciclista y se dio a la fuga. El Tribunal de Primera Instancia le impuso penas por estos delitos, incluyendo manejo bajo los efectos y causar daño corporal. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso presentado por la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. La Unión apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por falta de jurisdicción. La demanda original buscaba declarar inconstitucional la Ley 66-2014. La Unión alegaba un conflicto de interés de un representante al votar por la ley, solicitando anular su voto y la ley. El Estado Libre Asociado solicitó la desestimación, argumentando que las alegaciones constituían una cuestión política no justiciable. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción por considerar las alegaciones una cuestión política. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos de las partes. Confirmó la sentencia apelada. La decisión se fundamenta en la doctrina de que los tribunales requieren un caso o controversia real y no intervienen en cuestiones políticas no justiciables.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso instado por Strong Institute of Education, Inc. y Félix Plaud de Choudens. Los apelantes solicitan revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que falló en su contra en un pleito de cobro de dinero y daños instado por Carmen Rosa García. El foro primario eliminó las alegaciones de los demandados por su reiterada falta de interés y el incumplimiento injustificado de órdenes judiciales, incluyendo la incomparecencia a vistas. Como resultado, el tribunal de instancia dio por ciertos los hechos de la demanda y condenó solidariamente a los apelantes a pagar \$48,285.80 por servicios profesionales no pagados. También los condenó al pago de una parte de los daños futuros, costas y \$16,000 en honorarios de abogado por temeridad. Los apelantes alegaron no haber recibido notificación de una vista y que el foro primario debió celebrar una vista evidenciaria antes de dictar sentencia. Tras revisar los fundamentos del caso, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una demanda por daños y perjuicios derivada de un accidente automovilístico en Ponce el 31 de mayo de 2013. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el accidente fue causado por la negligencia de la apelante, Francely Figueroa García, quien no respetó una señal de pare. A la fecha del accidente, la apelante era menor de edad y vivía con sus padres. La demanda fue instada contra la menor y sus padres, quienes fueron emplazados pero no contestaron. La menor contestó la demanda y compareció al juicio sin la representación de sus padres. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda, hallando a la menor negligente. Condenó a la menor y a sus padres solidariamente al pago de $\$15,000.00$ en daños, menos $\$1,000.00$ conforme a la ley, y $\$1,000.00$ en honorarios de abogado por temeridad. La menor presentó una moción de reconsideración compareciendo nuevamente sola.

Resumen:

Víctor Arzuaga Rivera comparece ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de una Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha Resolución le impuso una sanción disciplinaria. Se le encontró incurso en violación a los Códigos Núm. 215 (Interferir con un recuento) y Núm. 227 (Desobedecer una orden directa) del Reglamento Disciplinario para la Población Correccional. Los hechos se relacionan con un incidente donde el recurrente bloqueó una entrada durante un recuento y desobedeció una orden directa de moverse. Tras una vista administrativa, se determinó la violación de dichos códigos. La sanción impuesta fue la suspensión del privilegio de Comisaría por veintiún días. El recurrente solicitó reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar. Inconforme, presentó el recurso de revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el caso, confirma la Resolución recurrida.

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El Pueblo de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar una moción de supresión de evidencia. Dicha moción fue presentada por el recurrido, Luis Manuel Márquez Rivera, en un caso criminal por violación a la Ley de Armas. El recurrido argumentó que la evidencia, consistente en el testimonio de un agente, era estereotipada y producto de un registro ilegal. El foro primario, tras una vista, accedió a la supresión de la prueba. El Pueblo sostuvo que el testimonio del agente fue detallado y creíble, brindando motivos fundados para la ocupación de la evidencia. Conjuntamente con el certiorari, el Pueblo solicitó una moción en auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos en el foro primario. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, denegó expedir el auto de certiorari solicitado. En consecuencia, declaró No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El caso original es una demanda de daños y perjuicios presentada por Eliezer Santana Báez contra la Administración de Corrección y el ELA. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio. La desestimación se fundamentó en el alegado incumplimiento del demandante con el requisito de notificación al Estado dentro del término de 90 días. El demandante presentó una moción de reconsideración contra la sentencia de desestimación. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la reconsideración por haber sido presentada fuera del término jurisdiccional de 15 días. Inconforme con esta determinación, el demandante acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. En su recurso, el demandante alega que el TPI erró al desestimar la causa de acción por falta de notificación. Argumenta que sí se realizó la notificación o que existían justificaciones válidas para no cumplir estrictamente el requisito. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora este proceso y los argumentos presentados por el peticionario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por el Municipio de Vega Baja. El Municipio impugna la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud de desestimación por falta de jurisdicción en un procedimiento de mandamus iniciado por Longo de Puerto Rico. La controversia principal surge del cobro de arbitrios de construcción y patentes municipales por parte del Municipio a Longo, quien discrepa del monto calculado. El litigio se centra en determinar si el Municipio estaba obligado a notificar su determinación final sobre los tributos tanto a Longo como a su abogada. La validez de la notificación es fundamental para establecer si el término legal para que Longo impugne judicialmente la determinación municipal ha comenzado a decursar o si ya expiró. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación considerando los argumentos de Longo y la obligación de evaluar las alegaciones favorablemente al demandante. El Tribunal de Apelaciones revisa esta determinación y los planteamientos de ambas partes.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de cobro de dinero entre Banco Popular de Puerto Rico y Raúl A. Candelario López. El recurso, presentado por Candelario López, impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha Orden concedió permiso al Banco Popular para enmendar su demanda original en el pleito de cobro de dinero. El Banco buscaba enmendar la demanda tras descubrir que las cuentas de crédito en disputa se originaron en otras instituciones. El peticionario se opuso a la enmienda, alegando perjuicio indebido. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de enmienda y No Ha Lugar la oposición. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari, a pesar de haber sido presentado como apelación. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. También declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando Paralización y Certificación de Notificación presentada por el peticionario.

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Se trata de un recurso de Certiorari presentado por Gregory Palos Iglesias y Norma Chinea Rivera ante el Tribunal de Apelaciones. Los peticionarios solicitan la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar una Moción de Desestimación que presentaron en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La demanda original fue incoada por Banco Popular de Puerto Rico por incumplimiento de un pagaré hipotecario sobre su residencia principal. El proceso en Primera Instancia incluyó una solicitud de sentencia sumaria por el Banco y una remisión a mediación compulsoria bajo la Ley 184-2012. Tras la mediación y negociaciones, el TPI denegó la desestimación solicitada por los demandados. Los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones para impugnar esa decisión del TPI. El Tribunal de Apelaciones, mediante Sentencia de 3 de marzo de 2015, denegó la expedición del recurso de Certiorari. La decisión permite la continuación del proceso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en el Tribunal de Primera Instancia. El caso se identifica con el número KLCE201500247.

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El peticionario fue denunciado por distribución de sustancias controladas en zona escolar, pero en la vista de causa para arresto se determinó causa solo por posesión con intención de distribuir. El Ministerio Público anunció su intención de recurrir en alzada sobre esta determinación. Posteriormente, el peticionario renunció a la vista preliminar del cargo original, a pesar de la oposición fiscal, lo cual fue aceptado por el Tribunal de Primera Instancia. El Ministerio Público solicitó reconsideración, que fue denegada, y continuó con la vista de causa probable en alzada. El peticionario alegó falta de jurisdicción en la vista en alzada, argumentando que la resolución de vista preliminar era final, lo cual fue denegado. Acudió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari, solicitando la paralización de los procedimientos en alzada. El Tribunal de Apelaciones declara el recurso frívolo. Explica que las determinaciones en la etapa de arresto no son recurribles mediante certiorari ante este tribunal. Indica que la revisión procede mediante moción bajo la Regla 64(p) tras la determinación de causa en la vista preliminar. El peticionario no agotó los remedios disponibles.

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La Autoridad de Edificios Públicos presentó un recurso de apelación, acogido como certiorari, contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la desestimación de un pleito. El pleito fue incoado por empleados que reclaman el pago de salarios diferenciales por ocupar puestos de interinato, los cuales fueron cancelados por una resolución de la Autoridad. La Autoridad solicitó la desestimación alegando que los demandantes no agotaron los remedios administrativos ante su Junta de Apelaciones. Argumentó que dicha Junta tenía jurisdicción primaria sobre disputas relacionadas con procedimientos adoptados por la dirección o decisiones que violen el Reglamento de Personal. Los empleados se opusieron, sosteniendo que la jurisdicción de la Junta de Apelaciones es limitada y no cubre este tipo de reclamación salarial. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, denegó la expedición del recurso de certiorari. Esta determinación valida la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no desestimar el caso por falta de agotamiento de remedios administrativos, permitiendo que la reclamación de salarios continúe su curso en dicho foro.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Cooperativa de Seguros Múltiples. La Cooperativa impugnó la confiscación de un vehículo bajo la Ley de Confiscaciones de 2011. En el Tribunal de Primera Instancia, solicitó sentencia sumaria por impedimento colateral. Argumentó que el archivo de cargos criminales contra uno de los coacusados debía impedir la confiscación civil. El Estado se opuso, señalando que los cargos contra otra coacusada no habían sido archivados. El TPI declaró no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria. La Cooperativa acudió en certiorari al Tribunal de Apelaciones para revocar esa decisión. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, denegó la expedición del auto de certiorari.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM) mediante recurso de certiorari. La CSM solicita revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso subyacente es una demanda de impugnación de confiscación presentada por la CSM y otra cooperativa contra el Estado Libre Asociado (ELA). Las demandantes impugnan la confiscación de un vehículo, alegando que no fue utilizado en actividades ilegales y que el proceso de confiscación violó la ley y derechos constitucionales. La CSM alega tener un interés propietario afectado y derecho a subrogarse en las acciones de sus asegurados. El ELA defiende la confiscación, afirmando el uso del vehículo en delitos y negando algunas alegaciones de las demandantes, incluyendo la legitimación activa y la impugnación de la tasación. La controversia gira en torno a la legalidad de la confiscación y los derechos de terceros con intereses sobre el bien incautado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de apelación. El recurrente, William Serrano Mangual, impugnaba una resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) del 15 de septiembre de 2014. El tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. La falta de jurisdicción se debió al incumplimiento del recurrente con los términos procesales. El recurrente presentó una solicitud de reconsideración ante la CASP 35 días después de la notificación de la resolución original, excediendo el plazo de 20 días establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). Esta presentación tardía no interrumpió el término para solicitar revisión judicial. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado el 29 de diciembre de 2014, mucho después del plazo jurisdiccional de 30 días contado desde la notificación de la resolución original de la CASP. Concluyendo que el recurso era extemporáneo, el tribunal procedió a su desestimación.

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Luis Rafael López Dávila presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión denegó su solicitud de desestimar una Denuncia criminal en su contra. Inicialmente, se le imputaron infracciones a los Artículos 5.07 (guía negligente) y 7.02 (accidente) de la Ley de Vehículos y Tránsito por hechos ocurridos en marzo de 2014. En la vista de Regla 6, se determinó no causa probable por la infracción al Artículo 5.07. Posteriormente, el Ministerio Público presentó una nueva Denuncia por infracción al Artículo 7.05 (ocasionar accidente por guía negligente/ebrio con daños corporales), basada en los mismos hechos, tras obtener nueva evidencia sobre las lesiones de la víctima. El señor López solicitó la desestimación de esta nueva Denuncia, argumentando que constituía una duplicidad y un intento de eludir la determinación previa de no causa y el término para apelar. El Ministerio Público se opuso, alegando que la nueva Denuncia se basaba en nueva evidencia y un artículo con elementos distintos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, entendiendo que los hechos imputados en la nueva Denuncia no eran una reiteración de los anteriores. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el caso, acordó denegar la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión de boleto de tránsito. Joselito Tirado Rodríguez impugnó una multa por exceso de velocidad expedida por un agente de la Policía. Solicitó la revisión administrativa ante el Tribunal de Primera Instancia. En la vista de impugnación, el agente que expidió el boleto no compareció. A pesar de la ausencia del agente y la falta de prueba del Estado, el foro primario denegó la solicitud de revisión. El señor Tirado recurrió al Tribunal de Apelaciones argumentando que el foro primario erró al denegar la revisión sin que el Estado presentara prueba o el agente compareciera. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Tras evaluar los méritos, el Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto y revocar la resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Edwin A. Cedeño Ortiz contra el Estado Libre Asociado por daños y perjuicios. El demandante, privado de libertad, presentó la acción tras un registro al desnudo. Las partes alcanzaron un acuerdo transaccional por $3,000, aprobado por el Tribunal de Primera Instancia, que conllevó el archivo del caso. Dicho acuerdo requería que el demandante proveyera certificaciones de deuda para recibir el pago. El apelante no cuestiona el acuerdo, sino la decisión del foro primario de no mantenerle un abogado de oficio para completar los trámites administrativos de cobro. Previamente, el Tribunal de Apelaciones había ordenado al foro de instancia reconsiderar la designación de abogado. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada que aprobó el acuerdo. No obstante, la modifica para ordenar al ELA que, en 10 días, remita al apelante los documentos administrativos necesarios para gestionar el pago transigido.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Marwin Benítez Santos. El peticionario solicitó la revisión de la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a una moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Benítez Santos fue convicto en ausencia en 2006 por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, siendo sentenciado a 99 y 10 años de prisión consecutivos. Previamente, había presentado mociones bajo la misma regla en 2008 y 2013. Su moción de 2014 alegó representación legal ineficaz por no presentar una apelación oportuna y pidió una resentencia para reiniciar los términos apelativos. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta última moción en octubre de 2014. Benítez Santos recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el escrito y los autos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por Raito's Restaurant contra Manuel Matos Asencio. El caso original trataba sobre una querella por despido injustificado bajo la Ley Núm. 2, donde el Tribunal de Primera Instancia falló a favor del empleado, declarando el despido injustificado. Raito's apeló esta decisión, alegando errores del TPI en cuanto a la justificación del despido y las determinaciones de hechos. El empleado, Sr. Matos, solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos y documentos. Por los fundamentos que expondría, relacionados con enmiendas a la Ley Núm. 2 por la Ley Núm. 133-2014, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de apelación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo contra Carlos K. Ortiz Rivera. El señor Ortiz Rivera solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Solicitud de Reconsideración. Dicha solicitud de reconsideración se refería a una Sentencia de convicción impuesta tras una alegación pre acordada. En el acuerdo, el peticionario se declaró culpable de homicidio y violaciones a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, delitos surgidos de hechos ocurridos en marzo de 2013. Originalmente enfrentaba cargos por asesinato en primer grado y múltiples infracciones a la Ley de Armas. El Tribunal de Primera Instancia aceptó la alegación y dictó sentencia, denegando posteriormente la reconsideración de esa sentencia. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por el señor Ortiz Rivera.

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Este recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado por la señora Jeannette Collazo Dragoni para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución, emitida el 17 de julio de 2014, concedió al señor Frank Noceda González la custodia legal y permanente de los tres hijos menores de la pareja. Además, autorizó el traslado inmediato de los niños al Estado de la Florida, donde reside el padre. Previamente, en 2010, el TPI había concedido la custodia legal al padre, decisión confirmada por este Foro Apelativo en 2013. El padre solicitó la autorización de traslado argumentando que una oferta de empleo en Florida representaba un mejor bienestar para los menores. La madre, por su parte, solicitó la custodia de dos de los hijos. El TPI celebró múltiples vistas y evaluó amplia prueba, incluyendo informes y testimonios de trabajadores sociales y psicólogos. Concluyó que el mejor interés de los menores estaba bajo la guarda del padre y autorizó el traslado.

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Luis Pacheco González solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación declaró no ha lugar una moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, mediante la cual el peticionario buscaba bonificación por buena conducta. Sentenciado en 2010 por varios delitos, Pacheco González acudió en certiorari reclamando el crédito basado en su comportamiento institucional. El Tribunal de Apelaciones revisó la solicitud, considerando la naturaleza discrecional del recurso. Se requirió al peticionario someter documentos, lo cual no cumplió. El Pueblo de Puerto Rico solicitó la desestimación del recurso. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari. Esta resolución confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no conceder la bonificación solicitada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por Jorge Serrano Medina. Serrano Medina solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. Dicha orden, emitida el 3 de octubre de 2014, declaró "Ha Lugar" una moción de Brenda L. Benítez García. Benítez García se opuso a una solicitud de Serrano Medina para enmendar su demanda en un caso de división de bienes gananciales. La recurrida alegó que las partes se casaron bajo un régimen de separación total de bienes mediante capitulaciones matrimoniales. El Tribunal de Apelaciones analizó los hechos y fundamentos del recurso. Concluyó que carecía de autoridad para expedir el auto solicitado. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por Serrano Medina.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos recursos de *certiorari* presentados por el Departamento de Hacienda. Hacienda solicitó la revisión de órdenes del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le requerían satisfacer parte de la justa compensación adeudada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La deuda se originó en un caso de expropiación forzosa donde una sentencia del TPI de marzo de 2013, basada en una estipulación, ordenó a la AEE pagar una suma adicional a los expropiados. La AEE incumplió con el pago ordenado dentro del término establecido. Ante el incumplimiento de la AEE, la parte con interés solicitó cumplimiento y sanciones. El TPI emitió órdenes posteriores, incluyendo las recurridas, que dirigían a Hacienda a realizar el pago que la AEE no efectuó. El Tribunal de Apelaciones concedió los recursos de *certiorari* presentados por Hacienda. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones revocó las órdenes del TPI que obligaban al Departamento de Hacienda a efectuar dicho pago.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio entre Sonia Ramírez Dox y Elvin E. Lugo Lugo. La apelación proviene del Tribunal de Primera Instancia y versa sobre la custodia del hijo menor de las partes. Inicialmente, la sentencia de divorcio de 2009 concedió la custodia de los menores a la madre. En 2011, una resolución modificó la pensión alimentaria y acordó que la hija mayor estaría con el padre, mientras el hijo menor permanecería con la madre. En 2013, el padre solicitó la custodia del hijo menor, quien ya tenía entre 19 y 20 años. Esta solicitud fue notificada al abogado anterior de la madre, quien luego informó haber perdido contacto con ella. La madre apela la resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió la custodia del hijo al padre. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como apelación para revisar la procedencia de dicha determinación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por Ramón Luis López Vázquez. El apelante impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de modificar la pensión alimentaria. Dicha pensión fue fijada para su hija menor, quien contaba con 20 años al momento de presentar el recurso. Previamente, el Tribunal de Primera Instancia había establecido una pensión regular de \$2,031.87 mensuales. El señor López Vázquez solicitó la modificación tras perder su empleo de confianza debido a un cambio de gobierno. Alegó que no había conseguido trabajo en Puerto Rico y buscaba empleo en los Estados Unidos. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como apelación para revisar la determinación del foro primario sobre la denegatoria de la modificación solicitada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante Certiorari una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. El Pueblo de Puerto Rico recurre la desestimación de cargos contra Caly Rodríguez Santiago por tentativa de asesinato, riesgo a la seguridad pública y disparar un arma de fuego. El tribunal de instancia desestimó estos cargos al encontrar una violación al derecho a juicio rápido del imputado. Determinó que el Estado no fue diligente al radicar estos cargos 99 días después del arresto inicial por un delito relacionado, a pesar de tener conocimiento de los hechos. El Ministerio Público alega que el foro primario erró en su interpretación de la regla de juicio rápido y en invadir sus prerrogativas. El Tribunal de Apelaciones ordenó al recurrido mostrar causa y paralizó los procedimientos en instancia. La sentencia resolverá si procede revocar la desestimación de los cargos.

Resumen:

Controversia sobre el plazo que tiene el Estado para notificar una confiscación realizada al amparo de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 en Puerto Rico. El caso se origina con la ocupación de un vehículo en enero de 2013, la emisión de una orden de confiscación en marzo de 2013 y la notificación al acreedor hipotecario (Oriental Bank) en abril de 2013. Oriental Bank y Universal Insurance impugnaron la confiscación, alegando que la notificación se realizó fuera del término jurisdiccional de 30 días desde la ocupación del vehículo. El Estado sostuvo que el plazo debía contarse desde la culminación de una investigación y la expedición de la orden de confiscación, argumentando que el vehículo fue retenido para esos fines. El tribunal de instancia declaró sin lugar la impugnación, validando la notificación según la interpretación del Estado. Los peticionarios recurrieron en certiorari, cuestionando la falta de prueba sobre la retención investigativa y el cómputo del término. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari, revocó la resolución recurrida y devolvió el caso al foro de instancia.

Resumen:

Edwin Rivera Mercado, confinado, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Había presentado una solicitud de remedio administrativo por un accidente ocurrido más de un año antes. La División de Remedios Administrativos desestimó su solicitud por haber sido instada fuera del término reglamentario de quince días. Rivera Mercado solicitó reconsideración, alegando estar bajo cuidado médico y la falta de investigación. Corrección confirmó la desestimación inicial, concluyendo que la solicitud era improcedente por tardía y que no se demostró justa causa para la demora. Inconforme, el confinado presentó el recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el expediente sin trámites adicionales. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión administrativa sobre la elegibilidad a beneficios de compensación por desempleo. La recurrente, Lydia I. Ruiz Gracia, impugnó la determinación del Negociado de Seguridad de Empleo, confirmada por el Secretario del Trabajo, que la declaró inelegible. La inelegibilidad se basó en que la recurrente abandonó voluntariamente su empleo sin justa causa, según la Sección 4(b)(2) de la Ley de Seguridad de Empleo. La Sra. Ruiz Gracia argumentó que renunció debido a una condición de salud, fibromialgia, que afectaba su desempeño laboral. Tras evaluar el recurso, el Tribunal confirmó la determinación administrativa. Se ratificó que la recurrente no cumplía con los requisitos de elegibilidad al haber renunciado voluntariamente a un empleo adecuado. La sentencia concluyó que la decisión de denegar los beneficios era correcta conforme a la ley aplicable.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico debe resolver si tiene jurisdicción para atender un recurso de revisión judicial presentado por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). La OEG recurre de una resolución de una jueza administrativa que determinó que el ex Secretario de Justicia, Lcdo. Luis Sánchez Betances, no violó la Ley de Ética Gubernamental. Tras denegarse su reconsideración, la OEG acudió al Tribunal de Apelaciones. El ex servidor público solicitó la desestimación del recurso, argumentando que el Artículo 7.3 de la Ley de Ética Gubernamental solo concede el derecho de revisión al servidor público afectado, no a la OEG. La OEG se opuso, alegando que la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y su propio reglamento la facultan para recurrir. También sostuvo que la decisión de la jueza administrativa no constituyó una determinación final de la Oficina. La controversia central a resolver es, por tanto, la cuestión jurisdiccional planteada por las partes. El documento inicia revisando el propósito y las facultades de fiscalización de la OEG según la ley.

Resumen:

Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Olein Recovery Corporation. Olein impugna la adjudicación del renglón de "Aceites y Lubricantes" de una subasta del Municipio de Morovis a favor de American Petroleum. Esta es la tercera vez que el caso llega al tribunal, tras dos reenvíos previos por falta de fundamentación de la Junta de Subastas. En su decisión detallada, la Junta justificó la adjudicación a American Petroleum. La Junta consideró que American Petroleum cotizó el mayor número de productos (90%) y ofreció mejor precio en el 41% de los ítems. También valoró que fue la única en evidenciar cumplimiento con estándares de fabricante y disponibilidad de productos. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación municipal. Se otorgó deferencia a la Junta de Subastas por su expertise. Olein no logró persuadir al tribunal para intervenir con la adjudicación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal Apelativo de Puerto Rico en el caso KLRA201500140, presentado por Juan Luna Rolón contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitó la revisión de una determinación de la Comisión Apelativa del Servicio Público sobre un asunto de retribución. El Tribunal procedió a desestimar el recurso presentado. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso. Esta falta de jurisdicción se debió al incumplimiento del recurrente con los requisitos procesales establecidos en la Regla 59 del Reglamento del Tribunal. El escrito de apelación adolecía de defectos significativos, como la ausencia de una referencia adecuada a la decisión administrativa recurrida. Tampoco se incluyó una relación clara de los hechos procesales ni se formularon o discutieron los errores alegados. Estos incumplimientos impidieron al Tribunal tanto entender los méritos del caso como constatar si poseía jurisdicción para revisarlo.

Resumen:

Se trata de un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La señora Judy Nieves Ramírez, en representación del Centro de Cuidado Diurno ABC Infantil, impugna una determinación del Departamento de la Familia. El caso se relaciona con un referido de maltrato institucional que fue fundamentado por la Oficina Local de la Unidad de Maltrato Institucional de Aguadilla. Dicha oficina emitió recomendaciones sobre manejo de alimentos y trato a menores. La señora Nieves apeló esta determinación ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. La Junta confirmó la conclusión de que el referido de maltrato estaba correctamente fundamentado. Posteriormente, la señora Nieves solicitó reconsideración a la Junta, la cual fue declarada no ha lugar. Inconforme, presentó el recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de la Resolución en Reconsideración emitida por la Junta. El Tribunal examinó el recurso y el derecho aplicable y acordó desestimarlo por falta de jurisdicción.

Resumen:

Recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones instado por un confinado contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnó un registro realizado en la Institución Correccional Ponce 224, alegando intimidación y agresión a otros confinados por parte de los oficiales. Tras una solicitud de remedio administrativo y reconsideración, la División de Remedios Administrativos del Departamento confirmó y modificó la respuesta inicial. Dicha resolución administrativa instruyó al Comandante de la Guardia a tomar acciones preventivas y orientar a los oficiales sobre el proceso de registro para evitar futuras controversias. El recurrente apeló ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la agencia erró al solo modificar la respuesta en parte y no ordenar amonestaciones o un cese y desista. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y los documentos anejados. Finalmente, el Tribunal confirmó la Resolución administrativa recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión judicial. La señora Zulma Alicea Malaret solicitó la revocación de una resolución de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Dicha resolución desestimó su querella contra cargos de agua por incomparecencia a una vista administrativa. La resolución de la AAA fue emitida y notificada el 3 de diciembre de 2014. La señora Alicea Malaret presentó su recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones el 17 de febrero de 2015. Alegó no haber recibido la citación para la vista administrativa. El Tribunal constata que han transcurrido más de 60 días desde la notificación de la resolución. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme establece un término jurisdiccional de 30 días para solicitar revisión judicial de decisiones administrativas finales. La presentación tardía de un recurso constituye una falta de jurisdicción insubsanable. Por tanto, el Tribunal desestima el recurso por falta de jurisdicción debido a que fue presentado fuera del término legal.

Resumen:

Alejandro Cancel Montes presentó un recurso de Mandamus ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Solicitaba copias certificadas de su hoja de cómputo de sentencia, fecha de ingreso y excarcelación, y huellas dactilares. El tribunal tomó conocimiento judicial de que Cancel Montes había presentado previamente un recurso idéntico (KLRA201401428). En esa ocasión, un panel hermano desestimó el recurso por falta de jurisdicción. El tribunal actual determinó que el recurso bajo su consideración adolece del mismo defecto de falta de jurisdicción. Por lo tanto, procedió a desestimar el presente recurso. La desestimación se fundamenta en los motivos expuestos en la sentencia anterior del 28 de enero de 2015, los cuales fueron adoptados por referencia. El tribunal también señaló que el procedimiento para solicitar copias de expedientes del Departamento de Corrección está regulado por un reglamento específico.

Resumen:

La recurrente José Santiago, Inc. solicitó al Tribunal de Apelaciones la revocación de una resolución de la Junta de Revisión Administrativa del Departamento de Educación. Dicha Junta había revocado las adjudicaciones de cuatro subastas de jugos que la Junta de Subastas Central del Departamento de Educación había otorgado a José Santiago, Inc. La impugnación original ante la Junta de Revisión fue presentada por Campofresco, Inc., otro licitador en las subastas. Las subastas en cuestión eran para la adquisición de jugos de china, zanahoria, manzana y fruta por el Departamento de Educación. José Santiago, Inc. y Campofresco, Inc. fueron los únicos licitadores en las subastas relevantes. Durante la apertura de las ofertas, Campofresco presentó observaciones sobre la oferta de José Santiago, Inc., incluyendo aspectos relacionados con el certificado de Ley de Preferencia. La Junta de Revisión Administrativa, en el caso JR-2014-017, decidió revocar las adjudicaciones a José Santiago, Inc. José Santiago, Inc. apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el recurso y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones emitió su sentencia. El Tribunal resolvió revocar la decisión de la Junta de Revisión Administrativa. Por tanto, el Tribunal ordenó restituir la adjudicación original de las subastas a favor de José Santiago, Inc.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a un recurso de revisión judicial presentado por José Santiago, Inc. El recurso impugnaba una resolución de la Junta de Revisión Administrativa del Departamento de Educación que revocó una adjudicación de subasta a José Santiago, Inc. y ordenó adjudicarla a F. \& J.M. Carrera, Inc. F. \& J.M. Carrera, Inc., como parte con interés, presentó una moción de desestimación alegando que el recurso fue presentado tardíamente. El tribunal examinó el requisito jurisdiccional para la revisión judicial de impugnaciones de subasta bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). La Sección 4.2 de la LPAU establece un término estricto de diez (10) días para presentar tales recursos tras la notificación de la resolución administrativa final. La resolución de la Junta fue notificada el 6 de febrero de 2015, pero José Santiago, Inc. presentó su recurso el 18 de febrero de 2015, doce días después. El tribunal enfatizó la importancia del cumplimiento jurisdiccional y la naturaleza estricta del término de 10 días para casos de subasta. Al encontrar que el recurso fue presentado fuera del término estatutario, el tribunal determinó que carecía de jurisdicción. Por consiguiente, el tribunal desestimó el recurso de revisión judicial por ser tardío.

Resumen:

Virginia Figueroa Ayala presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra una decisión del Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. La decisión recurrida declaró a la señora Figueroa Ayala inelegible para recibir beneficios de seguro por desempleo. Ella había renunciado a su empleo en abril de 2014 y solicitó los beneficios. La División de Seguro por Desempleo la descalificó por renunciar voluntariamente sin razón justificada. Apeló ante un árbitro de la agencia, quien confirmó la descalificación basándose en que renunció voluntariamente y sin justa causa a un trabajo adecuado. La señora Figueroa Ayala apeló nuevamente ante el Secretario del Trabajo, quien también confirmó la decisión. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones busca la revisión de esta determinación final de la agencia. El tribunal concedió su solicitud para litigar como indigente. El documento también menciona el principio de deferencia judicial a las decisiones administrativas basadas en evidencia sustancial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de revisión judicial presentado por el Sr. Noel Díaz Ruiz. El señor Díaz impugnó una determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación que denegó su apelación administrativa. La decisión del Comité, notificada al recurrente, le apercibía sobre la disponibilidad de solicitar reconsideración ante el Especialista de Clasificación en un plazo de veinte días. El señor Díaz no presentó dicha solicitud de reconsideración administrativa. En su lugar, acudió directamente al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión. El Tribunal analizó si poseía jurisdicción para atender el recurso. Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, la revisión judicial se limita a órdenes o resoluciones finales de las agencias. Una decisión no se considera final hasta que se agotan todos los remedios administrativos disponibles, incluyendo la reconsideración. Dado que el recurrente no solicitó la reconsideración administrativa, el Tribunal concluyó que el recurso era prematuro. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación del Negociado de Seguridad de Empleo denegando beneficios por desempleo a Raquel Vélez Hernández. La recurrente impugna la decisión tras ver reducida su jornada laboral de 16 a 8 horas semanales. Esta reducción se debió a la temporada baja en la industria de seguridad para terminales de cruceros, donde trabaja desde hace once años. La señora Vélez Hernández solicitó beneficios por desempleo parcial, argumentando que la reducción de horas era un patrón recurrente. Sin embargo, el Negociado la declaró inelegible, basándose en que supuestamente trabajaba su horario contractual regular y no estaba parcialmente desempleada. La recurrente solicitó una audiencia para presentar evidencia de la reducción de horas por baja temporada. El caso llegó al Tribunal de Apelaciones para revisión judicial de dicha determinación.

Resumen:

Carlos Pillot Ocasio, bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentó una revisión administrativa. Se quejó de haber sido removido de su puesto de trabajo como servidor de alimentos en el penal. Tras su reclamo, la Procuradora General informó que el recurrente fue reevaluado. Como resultado de la reevaluación, fue transferido de custodia mediana a máxima y a una vivienda diferente. Debido a este cambio, ya no está disponible para el trabajo del que se quejaba. La Procuradora General argumentó que el caso se volvió académico. El Tribunal de Apelaciones coincidió con esta posición. La doctrina de academicidad aplica cuando hechos posteriores hacen que un pleito sea inoficioso, y dado el cambio de custodia y vivienda del recurrente, un pronunciamiento del Tribunal no tendría efecto práctico, por lo que se desestimó el recurso.