Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 347)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por Orlando Canales. El recurrente impugna una resolución de la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La controversia gira en torno a la denegación de una reclamación de compensación extraordinaria por labores realizadas en una institución correccional. Canales solicitó ser compensado por trabajo en la cocina antes de un traslado. La agencia recurrida le concedió quince (15) días de bonificación extraordinaria. Inconforme, Canales pidió reconsideración, alegando que se le debían nueve (9) días adicionales según un supuesto acuerdo de siete (7) días por mes. La División denegó la reconsideración, indicando que la querella carecía de detalles suficientes. Canales acudió al Tribunal de Apelaciones, reclamando ahora que se le adeudan once (11) días (cinco por traslado y seis por el alegado acuerdo de bonificación). El tribunal revisará la procedencia de la denegatoria administrativa y la reclamación del recurrente.

Resumen:

Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una impugnación de una sentencia criminal. Noel Salas Acevedo solicitó un nuevo juicio y reconsideración de una sentencia por violación a una orden de protección bajo la Ley Núm. 54, tras haberse declarado culpable. El Tribunal explica que impugnar una sentencia después de una alegación de culpabilidad requiere un recurso de certiorari ante el tribunal apelativo dentro de un término jurisdiccional estricto de 30 días. Alternativamente, se puede presentar una moción de reconsideración en el tribunal de instancia dentro de 15 días, lo que interrumpiría el término para el certiorari. Salas Acevedo presentó un escrito titulado "Moción" ante el Tribunal de Apelaciones el 4 de febrero de 2015, sobre una sentencia del 9 de diciembre de 2014. No presentó una moción de reconsideración en el tribunal de instancia. El Tribunal determinó que no se siguió el procedimiento correcto (certiorari) y que la presentación se realizó fuera del término jurisdiccional de 30 días. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones concluyó que carecía de jurisdicción para atender el asunto. El recurso presentado por Salas Acevedo fue desestimado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso presentado por Desarrollos Urbanos Del Caribe, Inc. y otros. Los apelantes buscan revocar una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instado por Scotiabank. El foro primario había declarado con lugar la demanda de Scotiabank contra la mayoría de los apelantes. Tras la sentencia, ambas partes presentaron mociones de reconsideración, las cuales fueron declaradas no ha lugar por el Tribunal de Primera Instancia. Las notificaciones de las resoluciones denegando la reconsideración presentaron irregularidades. Un recurso de apelación anterior fue desestimado por este Tribunal por presentación prematura debido a la notificación incorrecta de una de las resoluciones. Se ordenó al foro primario notificar correctamente su resolución, lo cual hizo posteriormente. Basados en esta notificación enmendada, los apelantes presentaron el presente recurso. El Tribunal de Apelaciones desestima este segundo recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender la apelación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso del menor Luis A. Rivera Álvarez. El menor presentó un recurso de certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción. Solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Menores de Ponce. Dicha resolución denegó una solicitud de desestimación presentada por el menor. Las querellas imputan al menor violaciones a varios artículos del Código Penal y la Ley de Pirotecnia. El proceso incluyó una evaluación de la procesabilidad del menor, quien inicialmente fue declarado no procesable. Posteriormente, el tribunal determinó que el menor ya era procesable. La solicitud de desestimación se basó en las Reglas 6.2(2)(e) y 7.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, deniega la expedición del recurso de certiorari y la moción en auxilio de jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo una apelación. La apelación solicita revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución autenticó y ordenó la protocolización de un testamento. El testamento fue otorgado en Florida por el causante Veremundo Quiñones Mojica. El causante falleció en Florida, pero los tribunales de ese estado determinaron que su domicilio era Puerto Rico. Concluyeron que carecían de jurisdicción para validar el testamento, decisión confirmada en apelación en Florida. A pesar de la determinación de domicilio y jurisdicción de Florida, el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico autenticó el testamento. Los peticionarios argumentan que el testamento de Florida es nulo e ineficaz debido al domicilio del causante y la falta de jurisdicción de Florida. Los recurridos defienden la decisión, alegando que el tribunal de Puerto Rico puede reconocer el testamento si cumple las formalidades de Florida.

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Este caso es una apelación presentada por Irma E. Figueroa Rivera contra Wal-Mart de Puerto Rico, Inc. La apelación busca revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños y perjuicios. Tras la desestimación, la apelante solicitó reconsideración, pero notificó a Wal-Mart un día después de presentar el escrito. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración. La apelante presentó entonces el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Wal-Mart solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción, argumentando que la notificación tardía de la moción de reconsideración no interrumpió el término para apelar. La apelante no respondió a la solicitud de desestimación de Wal-Mart. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción.

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Comparecen Granja La Tea Corp. y otros ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Sentencia Sumaria. Dicha sentencia fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar una demanda de cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca presentada por el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico. La sentencia condenó a los apelantes al pago de cantidades sustanciales por obligaciones representadas en dos pagarés operacionales. Además, el Tribunal de Primera Instancia desestimó una reconvención presentada por los apelantes. Los apelantes presentaron una moción de reconsideración que fue declarada no ha lugar. Posteriormente, interpusieron la apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, decide desestimarlo. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender la apelación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestima un recurso presentado por Israel Santiago Maldonado contra una sentencia criminal del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. El peticionario impugnaba una alegada condena de 6 años y 3 meses de cárcel. Sin embargo, el recurso fue presentado sin apéndice, omitiendo la sentencia recurrida y otros documentos relevantes. La naturaleza exacta del recurso y si se había presentado una apelación previa tampoco quedaron claras. La Procuradora General, consultada por el tribunal, argumentó la falta de jurisdicción debido a la ausencia de información y documentos esenciales. El tribunal reitera la obligación de cumplir rigurosamente con su reglamento, incluyendo la presentación de un apéndice completo. La comparecencia por derecho propio no exime de esta responsabilidad. La omisión de documentos clave impide al tribunal ejercer su función revisora y perfeccionar el recurso. Por tanto, se desestima el recurso por falta de jurisdicción debido al incumplimiento sustancial con el reglamento.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en recursos de certiorari presentados por Wilfredo Muñoz Torres y Julio Ángel Rivera Pacheco contra El Pueblo. Los peticionarios impugnaron determinaciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron su solicitud para que el Ministerio Público entregara descubrimiento de prueba libre de costo. El Ministerio Público condicionaba la entrega de la prueba solicitada al pago de los costos de reproducción. La controversia central giraba en torno a si la defensa tenía derecho a recibir la prueba documental solicitada bajo la Regla 95 de Procedimiento Criminal sin incurrir en gastos de reproducción. Los peticionarios presentaron mociones ante el TPI solicitando la entrega gratuita y la reconsideración de la negativa inicial. El TPI mantuvo su posición de no ordenar la entrega libre de costo. Ante esta situación, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante recursos de certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal revocó las determinaciones recurridas del Tribunal de Primera Instancia. Esto implica que el Tribunal de Apelaciones resolvió a favor de los peticionarios en cuanto a la entrega gratuita del descubrimiento de prueba solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia el 16 de marzo de 2015. Un confinado por asesinato en primer grado presentó un recurso solicitando una opinión sobre la forma en que podía bonificar por estudio o trabajo. Previamente, el Departamento de Corrección y Rehabilitación le había respondido que estaban consultando el asunto y que no emitirían respuestas definitivas sobre el tema para casos de sentencias largas. La agencia le había informado que podía solicitar reconsideración administrativa si no estaba conforme. A pesar de ello, el peticionario acudió directamente al Tribunal de Apelaciones. El tribunal examinó su facultad legal para atender el recurso. Determinó que carecía de jurisdicción para considerar la solicitud. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por falta de jurisdicción.

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Eduardo O. Guilbe Crespo, confinado cumpliendo una sentencia de 119 años por asesinato y cargos de armas, apeló la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación de mantener su clasificación de custodia máxima. A pesar de que los criterios objetivos sugerían elegibilidad para custodia mínima y un historial de buen comportamiento y participación en programas, el Comité de Clasificación y la Oficina Central denegaron su solicitud. La decisión del Departamento se fundamentó en factores discrecionales, citando la extrema severidad del delito, la extensa sentencia y el considerable tiempo restante para la elegibilidad a libertad bajo palabra y el cumplimiento total de la pena. Guilbe Crespo argumenta que el Departamento erró al no considerar adecuadamente su conducta y desempeño institucional positivo, señalando que no ha tenido querellas disciplinarias en más de tres años. Sostiene que su puntuación objetiva de 4 puntos lo ubica dentro de los parámetros para custodia mínima según la escala de reclasificación. Solicita al Tribunal de Apelaciones que revoque la decisión del Departamento y le conceda un cambio de custodia. El Tribunal ordenó al Departamento elevar el expediente administrativo para su revisión.

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Este recurso de certiorari fue presentado por el Pueblo de Puerto Rico ante el Tribunal de Apelaciones. Se impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó una denuncia por infracción al Artículo 5.05 de la Ley de Armas contra Josué Chévere Pérez. La desestimación ocurrió en una vista de Regla 6 en alzada. Previamente, el TPI había encontrado causa solo por un delito menor (Agresión Menos Grave, Art. 108), al cual el acusado se declaró culpable. El TPI fundamentó la desestimación en la figura del concurso de delitos (Artículo 72 del Código Penal) y falta de jurisdicción. El Ministerio Público argumenta que los hechos de las denuncias no constituyen el mismo hecho bajo el Artículo 71 del Código Penal y que la alegación de culpabilidad por el delito menor no impide el procedimiento por la Ley de Armas. El recurrido defendió la desestimación y alegó que la vista en alzada fue extemporánea. El Tribunal de Apelaciones acordó expedir el auto de certiorari y revocar la Resolución recurrida del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en el caso KLAN201500227, una apelación presentada por Volvo Rents Puerto Rico, Inc. contra Brenda E. Vega Gerena. Volvo apeló una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar a la señora Vega $19,185.92 por reclamaciones de salario, vacaciones y licencia por enfermedad. La demanda original de la señora Vega se presentó al amparo de la Ley de Procedimiento Sumario para Reclamaciones de Obreros y Empleados (Ley Núm. 2). Volvo alegó errores del TPI al considerar la moción de sentencia sumaria y la reclamación de liquidación. La señora Vega solicitó la desestimación de la apelación por falta de jurisdicción, argumentando que la notificación fue tardía según los términos de la Ley Núm. 2. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento de las reglas procesales apelativas. Se destaca la obligatoriedad de cumplir rigurosamente los trámites y términos establecidos para la perfección de los recursos apelativos.

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El Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia en un recurso de revisión administrativa presentado por Iris Mirta Serrano contra la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la Junta de Planificación. La recurrente solicitó la revisión de una resolución de la OGPe que denegó una consulta de ubicación relacionada con una variación de lotificación para segregación. Tras una solicitud de reconsideración que también fue denegada por la OGPe, la Sra. Serrano acudió al Tribunal de Apelaciones. La Junta de Planificación presentó una moción de desestimación argumentando la falta de notificación del recurso de revisión. El Tribunal constató que la parte recurrente no notificó a la Junta de Planificación dentro del término reglamentario. Citando la necesidad de observar rigurosamente los reglamentos procesales, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción. Por consiguiente, el recurso de revisión administrativa fue desestimado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico con fecha de 16 de marzo de 2015. El Municipio Autónomo de Yauco comparece solicitando la revocación de una Resolución de la Junta de Planificación. Dicha Resolución, emitida el 5 de noviembre de 2014, denegó la consulta de ubicación para la expansión del sistema de relleno sanitario municipal. El proceso administrativo ante la Junta se extendió por varios años, iniciado en diciembre de 2008, con múltiples suspensiones y trámites. El Municipio cambió de operador del relleno sanitario durante este periodo, y el nuevo operador reactivó el caso ante el DRNA. Tras una vista, la Junta denegó la consulta, citando, entre otras razones, la falta de demostración de capacidad vial. El Tribunal de Apelaciones, al considerar el recurso, resuelve revocar la Resolución recurrida de la Junta de Planificación.

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Se presenta un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en un proceso de cartas testamentarias. La peticionaria, albacea de la herencia, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó intervenir en controversias entre la albacea y los herederos, o emitir una orden solicitada, por considerar el proceso ex parte. La albacea argumentó que el foro primario erró, pues un procedimiento ex parte puede evolucionar a contencioso. El Tribunal de Apelaciones denegó el auto solicitado. Consideró que la petición de intervención en esta etapa es impropia e inoportuna. A diferencia del caso citado por la peticionaria, donde la controversia surgió tras años de administración y el informe particional, aquí solo se ha rendido un primer informe. La decisión del Tribunal de Primera Instancia de no intervenir aún y diferir a la gestión de la albacea no es contraria a derecho. Por tanto, la intervención apelativa en este momento resulta inoportuna.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel X, emitió una resolución el 16 de marzo de 2015 en un caso de certiorari sobre consignación a beneficio de menores. La acción fue presentada por el Procurador de Relaciones de Familia contra la Administración de los Sistemas de Retiro, proveniente del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. El tribunal consideró el auto de certiorari y una "Moción en Auxilio de Jurisdicción" presentada por el peticionario. Citando la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, que limita la revisión mediante certiorari de resoluciones interlocutorias, el tribunal denegó la moción. Conforme a la misma regla, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. El Juez Figueroa Cabán disintió de la decisión sin emitir opinión escrita.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Wilfredo Muñoz Torres y Julio Ángel Rivera Pacheco. Los peticionarios impugnaron determinaciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. La controversia principal giraba en torno a la solicitud de la defensa para que el Ministerio Público entregara el descubrimiento de prueba solicitado libre de costo. El Ministerio Público condicionó la entrega de los documentos al pago de los costos de reproducción. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la solicitud de los peticionarios para obtener la prueba sin costo. Ante esta negativa, los Sres. Muñoz y Rivera acudieron al Tribunal de Apelaciones. Solicitaron la revocación de las decisiones del foro primario. El Tribunal de Apelaciones consideró los argumentos presentados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Revocó las determinaciones recurridas del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El caso principal es un pleito de partición de herencia entre los hermanos Carmen Herminia Lugo Rodríguez y Lionel Lugo Rodríguez. Lionel Lugo Rodríguez solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución del TPI declaró no ha lugar una solicitud de Lionel para traer a ciertas personas como terceros demandados indispensables. La controversia surgió por la existencia de bienes inmuebles en la herencia donde los hermanos tienen participación en común y pro indiviso con otras personas ajenas al pleito de herencia. El Contador Partidor propuso asignar a los hermanos una participación equitativa en estos bienes dentro de la partición hereditaria. Lionel se opuso, mientras Carmen argumentó que la participación de los hermanos debía distribuirse entre ellos para luego liquidar la comunidad con los terceros. El TPI denegó la solicitud de traer a los terceros, señalando que la participación en la comunidad de bienes es distinta a la cuota hereditaria y que había falta de parte indispensable respecto a la comunidad con terceros. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del TPI y denegó la expedición del auto de Certiorari.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de la confiscación de un vehículo Toyota Corolla por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La confiscación ocurrió tras el arresto del Sr. Ángel L. Santana Félix en 2009 por posesión de sustancias controladas, alegándose que el vehículo fue utilizado en los hechos. El vehículo estaba registrado a nombre del Sr. Edward Sánchez Torres, financiado por Toyota Credit de Puerto Rico con un gravamen inscrito, y asegurado por la Cooperativa de Seguros Múltiples. Toyota Credit, la Cooperativa y el Sr. Sánchez Torres presentaron demandas separadas impugnando la confiscación, las cuales fueron consolidadas. Un hecho central es que el Sr. Santana Félix fue declarado no culpable del delito en el caso criminal en 2010, y dicha sentencia advino final y firme. Basándose en esta absolución, la Cooperativa presentó una moción de sentencia sumaria en el caso de impugnación de confiscación, a la cual el Estado se opuso. La sentencia del Tribunal de Apelaciones aborda este litigio.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los recurrentes David Villafañe Pagán y otros, solicitando la revocación de una Resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Dicha Resolución, emitida el 9 de septiembre de 2014, autorizó una variación de lotificación solicitada por la Sucesión Miguel Acosta Lugo. Los recurrentes intervinieron en el proceso administrativo y, tras la aprobación, solicitaron reconsideración a la OGPe. La solicitud de reconsideración fue denegada mediante Resolución del 7 de enero de 2015. Inconformes, los recurrentes acudieron al Tribunal de Apelaciones alegando que la OGPe erró al autorizar la variación por ser contraria al ordenamiento jurídico. Sin embargo, el Tribunal, tras considerar el recurso, resolvió desestimarlo. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso. La sentencia fue emitida en San Juan el 16 de marzo de 2015.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó un recurso de apelación presentado por Diana M. Colón Gorbea en un caso de divorcio y pensión alimentaria. La apelante impugnaba una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que acogió un informe de pensión alimentaria para los menores y dispuso el pago de honorarios de abogado. La sentencia de instancia fue dictada el 23 de enero de 2015 y notificada el 28 de enero de 2015. La apelante presentó su recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones el 2 de marzo de 2015. El Tribunal de Apelaciones confirmó que los dictámenes sobre pensión alimentaria constituyen sentencias apelables. Sin embargo, al evaluar la fecha de notificación de la sentencia y la fecha de presentación del recurso, el Tribunal determinó que la apelación fue presentada fuera del término legal. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de apelación. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción debido a la presentación tardía del recurso.

Resumen:

Se trata de un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones relacionado con una solicitud de remedio administrativo de un confinado sobre bonificación de tiempo. El recurrente presentó una solicitud inicial y un escrito posterior que pretendía ser una reconsideración. El Departamento de Corrección procesó este segundo escrito como una nueva solicitud de remedio, no como una reconsideración. El Tribunal inicialmente se declaró sin jurisdicción por no haberse agotado los remedios administrativos. Posteriormente, reconsideró su decisión al aceptar que el recurrente sí presentó una reconsideración, aunque la agencia la clasificó erróneamente. No obstante, el Tribunal concluye que el recurso de revisión fue presentado prematuramente. Esto se debe a que la Solicitud de Reconsideración interpuesta por el recurrente aún no ha sido resuelta por el Coordinador Regional del Departamento de Corrección. La agencia ahora conoce de la solicitud pendiente y se le advierte que no debe obstaculizar el proceso administrativo mediante la reformulación de los escritos de los confinados. La falta de una resolución final de la agencia sobre la reconsideración impide la revisión judicial en este momento.

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José A. Rosado Plaza, un confinado, apeló ante el Tribunal de Apelaciones una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha resolución denegó su solicitud para participar en programas de desvío como Programas Religiosos y Hogares CREA. El recurrente fue referido a evaluación para estos programas, pero su solicitud fue denegada en diciembre de 2014. La razón principal fue que no cumplía con los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento 8177 del Programa Integral de Reinserción Comunitaria. Específicamente, el Departamento determinó que al recurrente le restaba más tiempo para cumplir su sentencia del requerido por el reglamento para ser elegible. El Reglamento 8177 establece límites de tiempo restante de sentencia para la participación en estos programas. El recurrente, inconforme con la denegación inicial y la posterior reconsideración, presentó su apelación ante la segunda instancia judicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201400690. Se resuelve una apelación presentada por el doctor Jorge Meléndez García y la doctora Patricia Moreno Morales. Los apelantes solicitaban revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan. Dicha sentencia del TPI declaró con lugar una demanda de cobro de dinero presentada por la Sucesión de Francisco Antonio Suárez Alfonso. El TPI condenó a los apelantes a pagar \$39,100.00 por cánones de arrendamiento adeudados y \$10,000.00 por honorarios de abogados. La demanda original, presentada en 2011, reclamaba deudas relacionadas con un Contrato de Arrendamiento y Compra de Plusvalía de 2003. Este contrato, entre los predecesores de la Sucesión Suárez y los apelantes, era por ocho años para una propiedad en Guaynabo. Incluía pagos mensuales por arrendamiento y por la compra de plusvalía. Tras considerar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende la apelación presentada por el Municipio de Guaynabo. El Municipio recurre de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo encontró responsable por daños en una demanda presentada por Keyla Molero García, Ariel González Sánchez y su sociedad legal de gananciales. La demanda original reclamaba compensación por un accidente automovilístico de la señora Molero García en Guaynabo en 2010. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al Municipio pagar a la señora Molero García \$63,000 por impedimento permanente y \$10,000 por sufrimientos mentales. También concedió al señor González Sánchez \$2,000 por sufrimientos mentales. Adicionalmente, el foro primario determinó temeridad y ordenó al Municipio pagar \$10,000 en honorarios de abogado. Los demandantes habían demandado inicialmente al Municipio, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y otros, pero transigieron con algunos co-demandados durante el juicio. El Municipio había negado responsabilidad y alegado negligencia comparada. Los demandantes también presentaron su propia apelación sobre la misma sentencia, y ambos recursos fueron consolidados. La solicitud de reconsideración de los demandantes sobre la sentencia de instancia fue denegada.

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RGA Wholesale Corp., antes Caribe Automotive Distributors Corp. (CAD), apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicho tribunal había ordenado a CAD pagar a la Universidad de Puerto Rico (UPR) $673,530.08. Esta suma correspondía al pago por el uso y disfrute de una propiedad de la UPR. La UPR adquirió la propiedad en 2004 mediante expropiación forzosa. La UPR alegó que CAD ocupó la propiedad sin pagar canon alguno después de la expropiación, reclamando el pago basado en las tarifas de un contrato de arrendamiento previo. CAD negó la deuda y solicitó el reembolso de gastos de mudanza, argumentando que debían deducirse de cualquier cantidad adeudada. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la UPR. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y la evidencia presentada, resolviendo confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por el Municipio de Guaynabo. El Municipio recurre de un dictamen del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró responsable por daños y perjuicios. La demanda fue instada por Keyla Molero García, Ariel González Sánchez y su sociedad de gananciales. Reclamaron compensación por un accidente de tránsito sufrido por la señora Molero García en Guaynabo en 2010. El Tribunal de Primera Instancia condenó al Municipio a pagar \$63,000 a la señora Molero García por impedimento permanente y \$10,000 por sufrimientos mentales. También le ordenó pagar \$2,000 al señor González Sánchez por sufrimientos. Adicionalmente, el foro primario impuso \$10,000 en honorarios de abogado al Municipio por temeridad. Los demandantes también apelaron la misma sentencia, y ambos recursos fueron consolidados para su consideración.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó un recurso presentado por Jorge Gautier Quiñones contra una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El señor Gautier solicitó la revocación de la resolución que denegó su reconsideración y reafirmó una sanción disciplinaria. La sanción se impuso tras hallarse heroína oculta en su ropa interior durante un registro en la institución penal. Se presentó una querella disciplinaria, se celebró una vista y fue hallado incurso. Ante el Tribunal, el señor Gautier alegó que la notificación de la querella fue fuera del término reglamentario. El Tribunal recordó el principio de deferencia a las decisiones de las agencias administrativas, salvo que sean arbitrarias o ilegales. Considerando el recurso, el Tribunal resolvió confirmar la Resolución recurrida del DCR.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un veredicto de culpabilidad. El señor Carlos Morales Sepúlveda apela la decisión del Tribunal de Primera Instancia que lo encontró culpable de infracciones a los Artículos 5.15 y 5.07 de la Ley de Armas. Se le impuso una pena total de diecinueve años de reclusión. Las acusaciones se relacionan con apuntar y disparar un arma prohibida y poseer un arma automática sin licencia en junio de 2009. El juicio se celebró en varias fechas, con presentación de prueba testifical y documental, incluyendo las armas incautadas. El apelante, insatisfecho con el fallo, presentó cuatro señalamientos de error. Estos errores cuestionan la suficiencia de la prueba para rebatir la presunción de inocencia y establecer culpabilidad más allá de duda razonable. También impugnan la evaluación y admisión de evidencia, así como la jurisdicción del tribunal de instancia. El documento detalla el proceso judicial previo y los fundamentos de la apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. El caso original inició con una demanda de cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños de Magno A. Leguillow Acevedo contra Jesús M. Alsina Camacho y Sonia E. Acosta (Alsina-Acosta) por un contrato de construcción. Los Alsina-Acosta reconvinieron contra Leguillow Acevedo y demandaron a Popular Mortgage, Inc. (PMI) como tercero. PMI, a su vez, reconvino contra los Alsina-Acosta y demandó al Ingeniero Luis Vilá como tercero. El Tribunal de Primera Instancia desestimó las demandas principales y reconvenciones entre Leguillow Acevedo y Alsina-Acosta, desestimó las demandas de PMI, pero declaró "ha lugar" la demanda de tercero de Alsina-Acosta contra PMI. PMI apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, anuncia que procederá a modificar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

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Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por el confinado Juan O. Cirino González contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Administración de Corrección. El señor Cirino González buscaba revocar la desestimación de su demanda civil por daños y perjuicios por parte del Tribunal de Primera Instancia en Ponce. Presentada en 2006, la demanda alegaba violaciones derivadas principalmente de la entrega tardía de su correspondencia, incluyendo cartas legales importantes. Afirmó que este era un problema recurrente y que los funcionarios hicieron declaraciones de represalia sobre su estatus de segregación y clasificación de custodia cuando planteó el asunto. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado el caso después de un juicio. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del tribunal inferior, desestimando así la apelación del señor Cirino González y confirmando la sentencia original.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Ángel R. Figueroa Muñoz contra Sears Roebuck de Puerto Rico, Inc. El peticionario solicita la revocación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia denegó la reconsideración de la desestimación de una de las reclamaciones del peticionario en el pleito. El caso original inició como una querella por despido injustificado bajo la Ley 80, tras 19 años de servicio. La recurrida alegó despido justificado por hostigamiento sexual. El procedimiento fue convertido a ordinario. Posteriormente, el peticionario intentó enmendar la querella para añadir reclamaciones por discrimen de género y edad bajo la Ley 100. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como un Certiorari, al tratarse de una determinación interlocutoria.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de apelación presentado por la señora Ileana Cruz Colón. La apelación cuestiona una Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama. El caso se originó como una demanda de divorcio entre la señora Cruz Colón y el señor Joel Alberto Figueroa Álvarez. Durante el proceso, surgió una controversia sobre la custodia de la menor, con alegaciones graves por parte del padre. Las partes llegaron a un acuerdo en el foro primario sobre pensión alimentaria y el desistimiento de la solicitud de custodia monoparental por parte del padre, condicionado al traslado de la madre. El Tribunal de Primera Instancia aceptó este acuerdo. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación presentado por la señora Cruz Colón. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción para atender el recurso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. La parte peticionaria, María de las Mercedes González y otros, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución autorizó la sustitución de la parte demandante original por Real Anón, Inc. en un caso de cobro de dinero y desahucio. Tras una solicitud de reconsideración denegada por el TPI, la parte peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones. Real Anón, Inc. presentó una solicitud de desestimación del recurso. Alegó, entre otros motivos, que el certiorari era prematuro. La prematuridad se basaba en una discrepancia sobre la fecha de notificación de la orden del TPI que denegó la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones concedió término a la parte peticionaria para expresarse sobre la desestimación. La parte peticionaria se opuso, pero no abordó directamente el argumento de falta de jurisdicción por prematuridad planteado por Real Anón. La resolución describe este estado procesal del recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso presentado por William A. Cabrera Calderón contra Banco Popular de Puerto Rico. El recurso busca revocar una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una reclamación por despido injustificado. El señor Cabrera Calderón había invocado la Ley de Despido Injustificado y el procedimiento sumario laboral. Tras la sentencia adversa, interpuso un recurso que fue acogido como apelación. Banco Popular solicitó la desestimación de la apelación por alegada falta de jurisdicción. Fundamentó su solicitud en la Ley Núm. 133-2014, que enmendó la Ley de Procedimiento Sumario Laboral respecto a las apelaciones. El apelante argumentó que su caso se manejó como un procedimiento ordinario, no sumario, por lo que dicha ley no aplica. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver la controversia jurisdiccional planteada por las partes.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión de una decisión administrativa. Luis R. Santiago Reyes recurrió la determinación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos que lo declaró inelegible para beneficios por desempleo. La inelegibilidad inicial se basó en supuesta conducta incorrecta por ausencias y tardanzas. El recurrente apeló la decisión del Negociado de Seguridad de Empleo, pero su apelación fue presentada fuera del término legal. La División de Apelaciones del Departamento desestimó la apelación por tardía, al no encontrar justa causa para el retraso. El Secretario del Trabajo confirmó esta desestimación, a pesar de la explicación del recurrente sobre el motivo de la tardanza. Santiago Reyes solicitó entonces la revisión judicial de la decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el proceso administrativo y la determinación de la agencia. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución administrativa recurrida.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. El peticionario, Ernesto Cruz Méndez, confinado, demandó al Departamento de Corrección y al Estado por daños y perjuicios alegando negligencia médica tras sufrir una fractura en una mano. En el Tribunal de Primera Instancia, solicitó la asignación de representación legal gratuita (abogado de oficio). Dicha solicitud fue denegada por el foro primario "en estos momentos". Inconforme con esta determinación, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Argumentó que el Tribunal de Primera Instancia erró al no asignarle un abogado, citando la política pública de acceso a la justicia para indigentes y confinados, así como normativas y jurisprudencia sobre la asignación de abogados de oficio en casos civiles. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado. Tras considerar las normas aplicables, incluyendo las limitaciones al recurso de certiorari, el Tribunal resolvió denegar la expedición del recurso solicitado.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones atiende una petición de certiorari relacionada con un pleito de partición y división de herencia. La peticionaria cuestiona una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó el relevo del Administrador Judicial nombrado en el caso. Se argumenta que el administrador no ha cumplido sus funciones, es parcial y no ha justificado sus gestiones. La peticionaria también solicitaba una vista evidenciaria sobre la facturación del administrador. El foro de primera instancia había ordenado a las partes negociar con el administrador sobre sus honorarios y rechazó su remoción. El Tribunal de Apelaciones denegó la petición de certiorari. La decisión se fundamenta en la amplia discreción de los tribunales de instancia para manejar los procedimientos. Se reitera la política de no intervención del Tribunal de Apelaciones salvo casos de prejuicio, abuso de discreción o error sustancial que cause perjuicio y evite un fraccionamiento indebido del litigio. La denegatoria implica que no se encontraron motivos suficientes para intervenir en la gestión del caso por el foro primario.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Eva Lizardi Rodríguez. Procura revocar la determinación del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su solicitud para una vista sobre descorrer el velo corporativo de dos corporaciones asociadas a Jorge Orama Exclusa. Dicha solicitud surge en el contexto de un pleito de modificación en rebaja de pensión alimentaria promovido por Orama, quien alega merma en sus ingresos y se acogió a la quiebra personal y corporativa. Lizardi argumenta que las corporaciones son un alter ego de Orama y sus ingresos deben computarse para la pensión alimentaria de los menores. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la solicitud de Lizardi por entender que ella dilató injustificadamente el proceso y no fue diligente en el descubrimiento de prueba. Lizardi, por su parte, alega que Orama no proveyó la documentación requerida y sus respuestas fueron evasivas. El padre alimentante, quien acumula deuda de pensión, no ha expresado posición alguna respecto al recurso de apelación. La resolución aborda la procedencia de revisar la desestimación de la solicitud de descorrer el velo corporativo en este complejo escenario procesal.

Resumen:

Se trata de una revisión judicial de una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) relacionada con una solicitud de permiso de uso. El recurrente, Nixon Rosado Vélez, buscaba operar un colmado-cafetín con venta de alcohol, billar, vellonera, máquinas de entretenimiento y música en vivo. La OGPe denegó el permiso al considerar que el uso propuesto se dedicaba primordialmente al entretenimiento, lo cual no está permitido en el distrito de calificación de la propiedad. La agencia también señaló que se pretendían operar dos usos distintos en un mismo local con impacto en la comunidad. El recurrente alegó haber enmendado su solicitud durante la vista administrativa para limitarla a un solo uso de colmado. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que no hubo una enmienda formal, sino una expresión vaga sobre la disposición a aceptar condiciones. El tribunal acogió el recurso como revisión judicial a pesar de sus deficiencias procesales. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de la OGPe que denegó el permiso de uso.

Resumen:

El peticionario Joshua Class Hernández solicita dejar sin efecto una alegación pre-acordada mediante la cual se declaró culpable de varios delitos. La norma general exige que las alegaciones sean voluntarias e inteligentes, y una vez aceptadas, las partes quedan obligadas por sus términos. Excepcionalmente, una alegación puede retirarse si fue producto de coacción, fraude, incomprensión, o si existe duda genuina sobre la culpabilidad con una defensa meritoria. Tras una alegación pre-acordada, el acusado renuncia a la mayoría de sus derechos, incluyendo la apelación. El único recurso disponible es el certiorari, que debe presentarse dentro de los treinta días siguientes a la sentencia. La presentación de una moción de reconsideración interrumpe este término. El recurso de certiorari es discrecional y requiere justificar la jurisdicción, identificar el dictamen recurrido, exponer los hechos y señalar errores específicos, además de incluir un apéndice con documentos relevantes. La omisión de colocar al tribunal en posición para conceder el remedio solicitado generalmente da base a su denegación.

Resumen:

Eliezer Santana Báez recurre una Resolución de la Administración de Corrección que denegó su reclamo sobre servicios de medicina interna. El recurrente alegó que fue llevado a una cita con un médico internista que no era el suyo, que sus condiciones no fueron atendidas y solo se le renovaron medicamentos. La División de Remedios Administrativos respondió que se le renovaron los medicamentos y que se gestionaría que sus futuras citas fueran con su doctora preferida. Santana Báez solicitó reconsideración, insistiendo en que ver al médico equivocado impidió una evaluación adecuada. La Coordinadora Regional de la División de Remedios confirmó la respuesta inicial, concluyendo que no se le privó del servicio médico y que su solicitud no fue clara ni honesta. El Tribunal de Apelaciones revisa esta decisión administrativa. Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución recurrida.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una disputa entre herederos sobre la división de terrenos y la titularidad de una casa construida en una finca perteneciente a la Sucesión. El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia sumaria parcial adjudicando la propiedad de la casa a uno de los herederos, Pablo David Torres Rivera, y su esposa. El TPI basó su decisión en que la oposición a la solicitud de sentencia sumaria no controvirtió adecuadamente los hechos propuestos. Otros herederos apelaron esta determinación tras denegarse su moción de reconsideración. Los apelantes señalaron varios errores, incluyendo la concesión injustificada de titularidad exclusiva, la negación de su derecho a ser escuchados y la falta de reconocimiento de que el terreno pertenece a la Sucesión. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un *certiorari*. Tras analizar el caso, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia sumaria parcial emitida por el TPI. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúe los procedimientos y resuelva conforme a derecho.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por Carlos Teissonniere Quiñones. El recurso, acogido como certiorari, buscaba revisar una orden del Tribunal de Primera Instancia que favoreció a Scotiabank de Puerto Rico. El caso se relaciona con un contrato de arrendamiento financiero de equipo, originalmente entre Cranes Rental Inc., Teissonniere como fiador, y R-G Premier Bank. Scotiabank adquirió el contrato tras el cierre de R-G Premier Bank. Ante el alegado incumplimiento de pago por parte de Cranes, Scotiabank demandó a Teissonniere y solicitó la reposesión del equipo. El foro primario ordenó dicha reposesión, amparándose en una cláusula contractual. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del certiorari, confirmando así la orden de reposesión emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Se revisa mediante certiorari una orden del Tribunal de Primera Instancia que impuso una sanción de \$1,000.00 por honorarios de abogado a Cadillac Uniform \& Linen Supply. La sanción se originó en un pleito de cobro de dinero donde Cadillac intentó incluir a múltiples partes como demandados. Uno de los demandados, José Díaz, se opuso a su inclusión, argumentando que Cadillac actuaba temerariamente al desconocer el verdadero responsable de la deuda. El Tribunal de Primera Instancia denegó varias solicitudes de Cadillac para enmendar la demanda y añadir partes. Cadillac luego solicitó desistir del pleito contra Díaz y sustituir a otro demandado por DiCarlo, Inc., identificando a Díaz como agente residente. Díaz reiteró su argumento de temeridad. El TPI impuso la sanción a Cadillac, señalando su falta de respuesta a mociones de Díaz. Cadillac recurrió esta orden ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la orden recurrida que imponía la sanción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó un recurso de revisión administrativa presentado por Edgardo Marcial Díaz contra la Junta de Libertad Bajo Palabra. El señor Marcial Díaz solicitaba la revisión de una resolución de la Junta relacionada con un acta de suspensión. El tribunal fundamentó su decisión en el incumplimiento del recurrente con las normas procesales apelativas. Señaló que el escrito presentado carecía de señalamientos de error y no exponía claramente las controversias. Además, no se incluyó la resolución impugnada en su totalidad. El tribunal recordó la importancia de perfeccionar los recursos conforme a la ley y el reglamento para que el foro apelativo pueda ejercer su jurisdicción y atender los méritos. La desestimación procede cuando el incumplimiento impide al tribunal atender el caso. La comparecencia por derecho propio no justifica la falta de cumplimiento con los requisitos reglamentarios.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Los peticionarios L'Osteria, Inc. y Giacomo Galati recurren en certiorari contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar su Moción de Sentencia Sumaria Parcial. La moción buscaba desestimar una causa de acción por agresión en una demanda sobre hostigamiento sexual y otros reclamos. Los peticionarios alegaron que la agresión (agarrar y apretar un brazo) era un accidente de trabajo cubierto exclusivamente por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Argumentaron que, como patrono asegurado, gozaban de inmunidad contra demandas por daños. Los demandantes originales (recurridos) sostuvieron que el acto de agresión formaba parte del hostigamiento sexual y no era un accidente de trabajo compensable. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al considerar el acto de agresión un hecho incontrovertido. El Tribunal de Apelaciones, evaluando el recurso como una cuestión de derecho, procedió a resolverlo sin mayor trámite. Finalmente, denegó la expedición del auto solicitado, confirmando la decisión del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de supresión de evidencia presentada por Derek José Luis Balaguer Pérez, acusado de apropiación ilegal agravada y escalamiento agravado. El peticionario argumentó que la evidencia ocupada era producto de un arresto ilegal e irrazonable sin motivos fundados. En la vista de supresión, el agente arrestante testificó que acudió a una residencia tras recibir una querella de escalamiento en proceso. Al verificar la parte posterior desde un predio colindante, observó al peticionario y otra persona en los patios cercanos a bienes muebles. El agente procedió al arresto tras observar la escena y la posterior identificación de los bienes por la perjudicada. El foro primario concluyó que el agente tuvo motivos fundados para investigar y denegó la supresión. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

Resumen:

Josean Pitre Colón, un confinado, recurre ante el Tribunal de Apelaciones una resolución disciplinaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La resolución lo declaró incurso de violar varios códigos del reglamento tras un incidente de agresión a un oficial e incitación a otros reclusos que derivó en disturbios. Inicialmente, fue sancionado con segregación y pérdida de visitas. Tras solicitar reconsideración alegando que no se consideró un testigo clave, se ordenó una nueva vista. En la segunda vista, celebrada el 21 de agosto de 2014, se le declaró incurso de otras violaciones (Códigos 126, 128, 205 y 207), imponiéndole una sanción de treinta y cinco días de privación de visitas. El testigo solicitado no estuvo disponible para esta segunda audiencia. El confinado recurrió esta segunda determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la resolución disciplinaria apelada.