Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 340)

Resumen:

Miguel Cruz Rivera presentó una Petición de Certiorari y Moción Urgente ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su moción en cumplimiento de orden y solicitud de remedio. El peticionario alegó que el TPI erró al denegar su moción y no expedir una orden de vista en desacato, dejándolo sin remedio y perjudicando su defensa. Mediante la moción urgente, pidió la paralización de los procedimientos ante el TPI, cuya vista en su fondo estaba señalada para ese mismo día. El Tribunal de Apelaciones analizó la Resolución del TPI y la encontró correcta en Derecho. Determinó que el TPI consideró el tiempo transcurrido y la falta de diligencia del peticionario. Concluyó que el peticionario no demostró los criterios para ejercer la facultad discrecional de certiorari bajo la Regla 40. Por tanto, denegó la expedición del auto solicitado. Consecuentemente, desestimó la solicitud de paralización de procedimientos. La denegatoria no impide que los planteamientos se reproduzcan en un recurso de apelación posterior a la determinación final del foro de instancia.

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Una demanda por difamación fue presentada por Noemí Beltrán Soto contra Juan Howe Hernández y otros. Tras la presentación de una moción de sentencia sumaria por parte del señor Howe Hernández, la demandante solicitó un desistimiento voluntario. El señor Howe Hernández se opuso a menos que fuera con perjuicio y solicitó costas y honorarios de abogado. La demandante aclaró que su solicitud era con perjuicio para todos los demandados. El Tribunal de Primera Instancia autorizó el desistimiento de la demanda y una reconvención, ambos con perjuicio, pero sin imposición de costas ni honorarios. Inconforme, el señor Howe Hernández apeló, alegando que el tribunal erró al no imponer el pago de costas, gastos y honorarios por la tramitación de un pleito que consideró frívolo. La apelación se centra en la discreción del tribunal bajo la Regla 39.1 de Procedimiento Civil para condicionar un desistimiento voluntario solicitado después de presentada una contestación o moción de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones revisa si la decisión del tribunal de instancia de no conceder costas constituyó un abuso de discreción.

Resumen:

Comparece la señora Michelle Hernández Maldonado ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Solicita la revocación de una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de desestimación de cargos criminales. La solicitud se fundamentó en la alegada violación de su derecho a juicio rápido, conforme a la Regla 64 (n) (4) de Procedimiento Criminal. El TPI concluyó que la peticionaria no demostró un perjuicio real ni un exceso irrazonable en los términos de juicio rápido. Argumentó que las alegaciones de perjuicio eran vagas y que parte del retraso fue provocado por sus propias solicitudes. La peticionaria insistió en haber demostrado perjuicio y atribuyó el retraso al Ministerio Público. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del TPI sobre la denegación de la desestimación. Considerando los autos, el tribunal procede a resolver la petición sin requerir alegato de la parte recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. La señora Damaris Rodríguez Guzmán recurre la denegatoria de sus beneficios de compensación por desempleo. Inicialmente, el Negociado de Seguridad de Empleo le negó los beneficios por incurrir en conducta incorrecta. Esta determinación se basó en que la recurrente no se reportó a tiempo ni justificó sus ausencias tras un periodo de licencia. La recurrente apeló ante un Árbitro, quien confirmó la denegatoria al encontrar que la conducta laceró los intereses patronales. Posteriormente, el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos también confirmó la decisión, a pesar de que la recurrente alegó que sus ausencias se debían a razones médicas justificadas. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente administrativo y los argumentos de las partes. Finalmente, el Tribunal confirma la Resolución recurrida del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la revocación de la probatoria concedida a Richard J. Vega Lugo por infracciones a la Ley 54. Vega Lugo recibió este beneficio en octubre de 2013 por un término de uno a tres años. En diciembre de 2014, se presentó una querella por nuevas violaciones a las condiciones de la probatoria. Se le imputó incumplir la restricción domiciliaria al asistir a una fiesta después de las 8:30pm, estar en un negocio donde se encontraba la perjudicada, y tener una cerveza. Tras una vista, el Tribunal de Primera Instancia determinó que Vega Lugo violó las condiciones. Consecuentemente, revocó la probatoria y ordenó su ingreso para cumplir la pena de veintisiete meses de cárcel. Vega Lugo recurrió en Certiorari, alegando que el foro primario erró al revocar la sentencia suspendida basándose únicamente en la violación de la restricción domiciliaria. La sentencia del Tribunal de Apelaciones discute la Ley de Sentencia Suspendida y la naturaleza de la probatoria como un privilegio discrecional.

Resumen:

Se trata de una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró no ha lugar una demanda de nulidad de sentencia. La controversia se origina en un pleito previo de partición de herencia de la Sra. Cándida Epifania Ramírez Pagán, donde se dictó una Sentencia parcial en 1997 acogiendo estipulaciones de las partes. Casi quince años después, los apelantes presentaron una demanda solicitando la nulidad de esa Sentencia de 1997. Alegaron que la Sentencia era nula por no haber incluido como partes indispensables a las viudas de dos herederos fallecidos: la Sra. Rosa Cristina Lugo Almodóvar y la Sra. Norma Vélez Toro. Las apeladas contestaron la demanda negando la nulidad. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de nulidad. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por Jezabel Cora Rodríguez. El recurso impugna cuatro órdenes del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio sobre relaciones paterno-filiales y terapia de un menor. La peticionaria solicitó la paralización de los procedimientos y cuestionó decisiones relacionadas con la continuación de la terapia del menor con un terapeuta específico. Las órdenes recurridas denegaron la solicitud de la madre para que el menor continuara recibiendo terapia con el Dr. Gerardo Sanz y para que el padre se reintegrara a dichas terapias. También se denegó una moción de reconsideración sobre estos puntos. El caso de origen ha estado activo debido a la negativa del menor a relacionarse con su padre y las recomendaciones de la trabajadora social y el terapeuta. Tras revisar el recurso y los documentos presentados, el Tribunal de Apelaciones determinó no expedir el auto de certiorari. En consecuencia, la solicitud de paralización de los procedimientos fue declarada No Ha Lugar. La resolución confirma las decisiones del foro primario impugnadas en el recurso de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de *certiorari* presentado por Eddie Pérez Pérez. El recurso busca la revisión de dos determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia que denegaron su solicitud de enmienda a la contestación y reconvención. También cuestiona hechos no controvertidos en una sentencia sumaria parcial. El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero presentada por Operating Partners Co. LLC, quien adquirió una deuda que Pérez tenía con Ford Motor Credit. La deuda se originó de un contrato de financiamiento de vehículo, el cual fue reposeído por Ford Motor Credit en 2002 tras el incumplimiento de Pérez. Pérez alega que la deuda no es exigible debido al incumplimiento de Ford Motor Credit con la Ley Núm. 208-1995 durante el proceso de posesión, específicamente en cuanto a la notificación y la forma de la recuperación. Además, Pérez controvierte el balance adeudado. La sentencia del Tribunal de Apelaciones aborda los aspectos procesales de estas controversias planteadas por Pérez en la instancia.

Resumen:

José Ramón Correa Osorio, un confinado sentenciado bajo el Código Penal de 2004, solicitó bonificaciones por estudio y trabajo al Departamento de Corrección y Rehabilitación. La agencia se negó a concederle el beneficio y posteriormente indicó que no emitiría respuestas a este tipo de solicitudes. Insatisfecho, el recurrente apeló la decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal analizó el Artículo 12 del Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011. Dicho artículo autoriza la concesión de bonificaciones por trabajo, estudio y servicios a personas sentenciadas bajo el Código Penal de 2004. El Tribunal determinó que el recurrente cualifica para este beneficio. La ley aplicable no excluye de estas bonificaciones específicas a personas condenadas por asesinato ni a aquellas que cumplen su sentencia en años naturales. La negativa del Departamento parece contraria a la disposición legal vigente. El Tribunal procede a resolver el recurso basándose en esta interpretación.

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José G. Villafañe Cotto apeló una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación que denegó su solicitud de traslado. El recurrente alegaba temer por su vida en la institución correccional donde se encontraba confinado. Tras una solicitud de reconsideración, el Departamento lo ubicó en un área de custodia protectiva y archivó su pedido. Inconforme, Villafañe Cotto acudió al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial. Durante el trámite apelativo, el Departamento informó que el recurrente fue excarcelado y pasó a custodia federal mediante un Writ of Habeas Corpus Ad Prosequendum. Ante este cambio de circunstancias, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en que el caso se tornó académico. La controversia original sobre su seguridad y ubicación en el sistema correccional estatal perdió actualidad al ser trasladado a la jurisdicción federal, haciendo que cualquier dictamen judicial careciera de efectos prácticos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia administrativa sobre beneficios por desempleo solicitados por Wanda L. Rosario Cumba. La recurrente renunció a su empleo como enfermera por problemas de salud y solicitó el seguro por desempleo. Inicialmente, el Negociado de Seguridad en el Empleo la declaró inelegible indefinidamente. Tras apelar, presentó una nota médica aclarando que su indisponibilidad laboral era solo hasta el 8 de septiembre de 2014. La árbitro de la agencia modificó la determinación, declarándola inelegible hasta esa fecha y elegible para recibir beneficios a partir del 9 de septiembre de 2014. Inconforme, la señora Rosario Cumba acudió al Tribunal de Apelaciones, cuestionando la denegación inicial. La Procuradora General solicitó la desestimación del recurso, argumentando que la recurrente ya había obtenido el remedio solicitado. El Tribunal concluyó que la determinación administrativa final estaba en sintonía con lo reclamado por la recurrente al presentar la certificación médica corregida. Por tanto, el Tribunal determinó que la recurrente ya había logrado que se le reconociera su derecho a recibir los beneficios por desempleo a partir del 9 de septiembre de 2014. Se desestimó el recurso de revisión judicial al considerar que la recurrente ya había obtenido el remedio deseado en la vía administrativa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una resolución de la Junta de Planificación que denegó una consulta de ubicación. La consulta, presentada por Canóvanas Urban Development, Inc., buscaba la aprobación para un proyecto residencial multifamiliar de interés social en Canóvanas. La Junta fundamentó su denegatoria en varios incumplimientos. Señaló que el proyecto se ubicaba en un distrito que requería un Plan de Ensanche, el cual no fue presentado. Además, determinó que los terrenos estaban en una Zona AE inundable. La Junta concluyó que el proponente no cumplió con los requisitos específicos (Sección 7.03 del Reglamento 13) para desarrollos en dichas áreas de riesgo. Consideró que permitir el proyecto pondría en peligro la vida y propiedad de futuros residentes. La Junta también encontró que la consulta era contraria a los objetivos del Plan de Usos de Terrenos sobre áreas inundables. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones resolvió devolver el caso a la Junta para que actúe según lo dispuesto en su sentencia.

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Madeline Arzuaga Santiago presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la eliminación de su nombre del Registro Central de Casos de Protección. Su petición se basa en el resultado "Sin Fundamento" de una investigación por maltrato emocional (referido R12-10-46301) realizada por la Administración de Familias y Niños (ADFAN). La Ley 246-2011 faculta al sujeto de un informe con resultado "Sin Fundamento" a solicitar la enmienda o eliminación de su nombre del Registro. Arzuaga Santiago realizó dicha solicitud por escrito ante el Centro Estatal para Protección a Menores tras ser notificada del resultado. Dado que la agencia no actuó sobre su solicitud dentro del término legal de treinta días, la recurrente acudió a este foro judicial. La Procuradora General se opuso al recurso, argumentando que era prematuro por estar pendiente una apelación administrativa sobre un hallazgo distinto de maltrato físico "con fundamento". El Tribunal evalúa los argumentos de las partes para resolver la solicitud de eliminación relacionada específicamente con el hallazgo "Sin Fundamento" por maltrato emocional.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Carlos Mercado Valentín, solicitando revisión de una Resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra. La Junta denegó el privilegio de libertad bajo palabra al Sr. Mercado Valentín, quien cumple una sentencia de 30 años. La denegatoria se fundamentó en el incumplimiento de criterios de elegibilidad según el Reglamento de la Junta. Se señaló la falta de una residencia viable, la no presentación de una oferta de empleo verificable y la ausencia de un candidato a amigo consejero. La Junta también consideró una querella administrativa previa como indicativo de falta de interés en la rehabilitación. El recurrente alegó haber cumplido con todos los requisitos, presentando cartas que identificaban hogar, empleo y amigo consejero. Argumentó además que la Junta incluyó indebidamente una medida disciplinaria en su evaluación. La Junta, al responder al recurso, reafirmó que al momento de la Resolución, el recurrente no cumplía con los criterios de amigo consejero, hogar viable ni oferta de empleo verificable. Defendió la consideración de la medida disciplinaria por no haber transcurrido el término reglamentario. La sentencia detalla los argumentos de ambas partes en este proceso de revisión judicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en respuesta a un recurso de revisión administrativa presentado por Miguel A. Díaz Martínez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnó la desestimación de su Solicitud de Remedio Administrativo por parte de la agencia. En su solicitud original, Díaz Martínez pedía una investigación y sanción contra un oficial correccional por supuesta destrucción de evidencia en un caso criminal externo a su confinamiento. El Departamento desestimó la solicitud argumentando que no afectaba la situación de confinamiento del recurrente y no se gestionó adecuadamente. Díaz Martínez recurrió, insistiendo en la necesidad de investigar al oficial. La Procuradora General, en representación del Departamento, planteó la falta de jurisdicción del tribunal por no agotamiento de remedios administrativos y que la solicitud estaba fuera del ámbito de los remedios para confinados. Tras revisar el expediente y las posturas de las partes, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Este recurso de revisión judicial fue presentado por Millipore Cidra, Inc. contra una resolución de la Comisión Industrial. La Comisión Industrial determinó que Millipore era responsable de un accidente laboral sufrido por el obrero Hugo Méndez Rolón en 1991. El accidente ocurrió mientras el obrero levantaba un saco pesado, causándole lesiones en la espalda. El Fondo del Seguro del Estado declaró a Millipore patrono no asegurado, determinación que Millipore no apeló y advino final. El Fondo facturó a Millipore los gastos médicos del obrero. Millipore impugnó ante la Comisión Industrial la factura y su responsabilidad económica, invocando la jurisdicción original de la Comisión bajo el Artículo 15. Tras un proceso de reconsideración, la Comisión aceptó jurisdicción para evaluar la responsabilidad económica, distinguiéndola de la determinación de estatus patronal. La Comisión Industrial finalmente reiteró su decisión de que Millipore era responsable por los costos del accidente. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y el extenso trámite procesal. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de la Comisión Industrial, manteniendo la responsabilidad de Millipore.

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Este documento presenta una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. Jonathan Nieves García impugnó una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación que lo halló incurso en dos conductas prohibidas por el reglamento disciplinario. La querella original alegaba que el recurrente se encontraba en un área no autorizada y desobedeció una orden directa de regresar a su celda. Tras una vista disciplinaria, el Departamento lo encontró culpable e impuso sanciones. El señor Nieves García solicitó reconsideración, alegando persecución, defectos en la querella y falta de acceso a evidencia en video, pero la solicitud fue denegada. Ante el Tribunal de Apelaciones, reiteró sus argumentos, incluyendo la injusticia de las sanciones impuestas. La Procuradora General defendió la actuación de la agencia, indicando que actuó dentro de su discreción y basándose en la prueba. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó el dictamen emitido por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el señor Derwin Zeda Collazo en revisión judicial contra una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha determinación confirmó una resolución previa que halló al señor Zeda incurso en una violación al Reglamento Disciplinario por posesión de un teléfono celular. El teléfono fue ocupado en el receptáculo de su celda durante un registro. El señor Zeda solicitó reconsideración y luego acudió al tribunal, alegando que el celular no estaba en su posesión exclusiva, que su compañero de celda no fue acusado, y que se le violó el debido proceso en la notificación de la querella y la presentación de testigos. Corrección denegó la reconsideración, indicando que había prueba suficiente. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y el derecho aplicable a la revisión judicial de decisiones administrativas. Tras examinar los escritos y la prueba, el panel judicial acordó confirmar la Determinación recurrida emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una revisión administrativa presentada por Luis H. Quiñones Santiago contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurso surge tras un resultado positivo en una prueba de dopaje el 15 de septiembre de 2014. Quiñones Santiago solicitó un remedio administrativo pidiendo corroboración de la prueba, alegando uso de medicamentos. La División de Remedios Administrativos desestimó su solicitud por no agotar el trámite administrativo adecuado bajo otro reglamento. Tras denegarse la reconsideración, presentó esta revisión judicial cuestionando el procedimiento y la falta de corroboración. La Procuradora General solicitó la desestimación del recurso por duplicidad, indicando que los mismos reclamos están siendo atendidos en otra revisión judicial (KLRA201500083) ante otro panel del Tribunal. Ese otro caso también impugna la sanción disciplinaria impuesta por el resultado positivo, cuestionando el muestreo y la ausencia de corroboración. El Tribunal considera la jurisdicción limitada de la División de Remedios en estos casos y la solicitud de desestimación por duplicidad.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución sumaria emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución declaró nula e inválida la elección de una nueva Junta de Directores del Condominio Portales de Parque Escorial. El DACo determinó que la elección fue ilegal porque no estaba incluida en la agenda de la Asamblea Extraordinaria donde ocurrió, contraviniendo la Ley de Condominios. Consecuentemente, el DACo ordenó la restitución inmediata de la Junta de Directores anterior. La nueva Junta recurrió la decisión del DACo, alegando que la resolución era nula por haberse emitido sin permitirles defenderse. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirma la resolución sumaria recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una decisión de la Junta del Sistema de Retiro para Maestros. El caso concierne a Neima Colón Fernández, a quien se le otorgó una pensión por incapacidad por dos años en 1998, sujeta a evaluaciones médicas futuras. La Junta envió varias notificaciones para evaluaciones en 2000 y 2001 a su dirección registrada. Una trabajadora social verificó que se había mudado a Estados Unidos. La Sra. Colón Fernández no compareció a las evaluaciones requeridas, lo que llevó a la suspensión de su pensión en septiembre de 2001. En 2007, contactó a la Junta solicitando revisión y beneficios. La Junta denegó su apelación y la solicitud de pago retroactivo de una pensión reinstalada hasta 2001. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación administrativa.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una solicitud de revisión de acciones administrativas del Departamento de Corrección. El recurrente, un confinado, impugna la desestimación de su solicitud de remedios administrativos. Inicialmente, el recurrente reclamó la falta de respuesta a una queja previa. La División de Remedios Administrativos del Departamento desestimó la solicitud y la posterior reconsideración. La desestimación se basó en que la solicitud original no identificaba claramente el asunto de la queja y la reconsideración introdujo un nuevo planteamiento sobre bonificación de sentencia. El recurrente acudió al Tribunal alegando violación al debido proceso en relación con la bonificación de su sentencia bajo la Ley Núm. 44 de 2009. El Tribunal revisó el expediente administrativo. Finalmente, el Tribunal confirmó la respuesta administrativa del Departamento. Se dispuso el archivo de la solicitud del recurrente.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurrente, José Medina Rosa, impugna la denegatoria de un pase familiar por parte del Departamento de Corrección. Su solicitud inicial de pase fue denegada en 2013, basándose en la recomendación del Comité de Derecho de las Víctimas. Presentó una nueva solicitud de remedio administrativo en 2014. La División de Remedios Administrativos del Departamento denegó esta segunda solicitud, refiriéndose a la evaluación previa. Tras solicitar reconsideración, la División determinó que carecía de jurisdicción para atender el asunto. El recurrente acudió entonces al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal. El Tribunal concluyó que el recurso era tardío.

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La Sra. Aileen Monserrat Ortiz presentó un Recurso de Revisión Especial ante el Tribunal de Apelaciones para revisar un dictamen del Negociado de Seguridad de Empleo. Junto al recurso, solicitó litigar como indigente (In Forma Pauperis). El tribunal denegó la petición de indigencia tras evaluar la información provista. Posteriormente, se le otorgaron cinco días para cancelar los aranceles correspondientes, apercibiéndole que de no hacerlo, el recurso sería desestimado. A pesar de la notificación, la peticionaria no presentó los aranceles requeridos dentro del término concedido. El tribunal señaló que comparecer por derecho propio no exime del cumplimiento de las reglas procesales, incluyendo el pago de aranceles. Dado el incumplimiento con el requisito de pago, el recurso no cumple con los requisitos mínimos de presentación. Conforme a la Regla 83 (B) (1), (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, se ordena la desestimación del recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de revisión administrativa KLRA201500216. Super Asphalt Pavement, Corp. impugnó la adjudicación de la Subasta Pública Número 2015-04 del Municipio de Ceiba a favor de Beginners General Contractors, Corp. La subasta tenía como propósito la repavimentación de calles municipales. Previamente, el Tribunal había revocado una notificación inicial de adjudicación por no estar debidamente fundamentada y ordenó a la Junta de Subastas emitir una nueva. La Junta notificó nuevamente, justificando la selección de Beginners a pesar de la oferta menor de Super Asphalt, al considerar irrazonable la asignación de costos de este último. Super Asphalt presentó este nuevo recurso de revisión contra la segunda notificación y adjudicación. El Tribunal, sin entrar a los méritos de la controversia, desestima el presente recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender esta revisión.

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Recurso de Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Presentado por Daniel Rivera Colón contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Impugna una sanción disciplinaria impuesta por el DCR. La sanción se originó por una alegada violación al código disciplinario (pelea o su tentativa). A Rivera Colón se le restringió el privilegio de comisaría por catorce días. El incidente ocurrió durante el desayuno e involucró una discusión y trifulca con otro confinado. El recurrente solicitó reconsideración, alegando que no fue el agresor y que se violó su debido proceso al no investigar adecuadamente ni proveerle evidencia solicitada (cámaras de grabación). El DCR denegó la reconsideración, confirmando la sanción original. Inconforme, Rivera Colón acudió al Tribunal de Apelaciones para revisar la decisión administrativa.

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Un confinado solicitó la reparación del acondicionador de aire en el salón de visitas de la institución correccional Bayamón 1072, destacando su necesidad para la salud de los visitantes. Presentó una solicitud de remedio administrativo ante el Departamento de Corrección. El Superintendente respondió que la unidad trabajaba a media capacidad y esperaban autorización para su reemplazo, mencionando dificultades fiscales. El confinado solicitó reconsideración ante el Coordinador Regional de Remedios Administrativos. El Coordinador Regional reconoció el problema, confirmó que la unidad estaba bajo garantía y que no había abanicos, y refirió el asunto nuevamente al Superintendente para que informara sobre las gestiones realizadas. El confinado apeló esta resolución administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de una controversia sustancial que pudiera ser adjudicada en ese momento.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de Abigail Cruz Rodríguez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Sr. Cruz Rodríguez solicitó la revisión de una resolución de la División de Remedios Administrativos de Corrección. Su queja original ante la administración penitenciaria se refería al mal estado de las bandejas y termos utilizados para servir comida en la Institución Anexo 500. Alegaba que estas condiciones podían causar daños a su salud y a la de otros confinados, incluyendo infecciones y enfermedades. Presentó una solicitud de remedio administrativo y una reconsideración, sintiendo que no se tomaban acciones efectivas. Inconforme con la respuesta administrativa, acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el recurso presentado. Finalmente, el Tribunal decidió desestimar el presente recurso. La razón para la desestimación fue la falta de jurisdicción.

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Richard Pizarro Silva, un confinado, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revocación de la denegatoria de su reconsideración por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La controversia surgió de un incidente el 11 de diciembre de 2014, donde se le encontraron nueve "sim cards" y una tarjeta de memoria. Por estos hechos, fue acusado y hallado culpable de infringir el Código 109 del Reglamento Disciplinario. La sanción impuesta fue la suspensión de su privilegio de visitas por veintisiete días. Pizarro Silva pidió reconsideración, argumentando que la acusación debió ser bajo el Código 211, relativo a equipos de telecomunicaciones, y que el cargo incorrecto violaba el debido proceso. Tras serle denegada la reconsideración, acudió al Tribunal de Apelaciones. Este foro revisó el recurso y el derecho aplicable al caso. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación emitida por el Oficial Examinador del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Agnes J. González Lugo solicitó a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) una extensión de servicios psiquiátricos. La ACAA denegó la solicitud tras una vista preliminar, notificando la resolución y el derecho a solicitar una audiencia administrativa posterior. La recurrente solicitó dicha audiencia, pero antes de que se celebrara, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, al examinar el recurso, identificó un asunto jurisdiccional prioritario. Se analizó la obligación de los tribunales de asegurar su jurisdicción y el requisito legal de agotar los remedios administrativos antes de la revisión judicial. Dado que la recurrente no completó el proceso administrativo ante la ACAA, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso en ese momento. Por consiguiente, el recurso de revisión judicial fue desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de revisión administrativa presentado por Joanna Díaz Colón contra el Negociado de Seguridad de Empleo. La recurrente impugnaba la denegatoria de su solicitud de beneficios de desempleo. La agencia determinó que no era elegible por haber renunciado a su empleo sin justa causa, conforme a la Ley de Seguridad de Empleo. Tras agotar los remedios administrativos, incluyendo una solicitud de reconsideración que fue denegada el 11 de febrero de 2015, la señora Díaz acudió al Tribunal. Presentó su recurso de revisión el 26 de marzo de 2015. El Tribunal acogió su solicitud para litigar como indigente. No obstante, desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La decisión se basó en que el recurso fue presentado fuera del término de 30 días establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Dicho término comenzó a correr desde la notificación de la denegatoria de reconsideración.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el doctor Raúl Zambrana García mediante un recurso de Mandamus. Solicita que se ordene a la Secretaria del Departamento de Salud el pago de aportaciones patronales adeudadas. El Dr. Zambrana, de 71 años, busca acogerse a los beneficios de retiro. Ha cumplido con sus pagos requeridos para la pensión. Sin embargo, el Departamento de Salud no ha realizado su aportación patronal, ascendente a \$109,749.17, impidiendo su retiro. Tras un requerimiento extrajudicial sin éxito, el Dr. Zambrana presentó el recurso legal. El Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto de mandamus solicitado. Se ordena a la Secretaria de Salud a realizar el pago de las cantidades adeudadas para que el Dr. Zambrana pueda retirarse.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari presentado por Rosa N. Brownlee y otros peticionarios. Solicitan la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de reclamación de salarios contra Pfizer Pharmaceuticals, LLC. La resolución apelada permitió a Pfizer presentar una reconvención más de 500 días después de su contestación original a la demanda. La reconvención de Pfizer alegaba que los peticionarios incumplieron un acuerdo de relevo al presentar la demanda. Pfizer reclamaba indemnización bajo una cláusula penal del acuerdo por dicho incumplimiento. El foro primario autorizó la reconvención, ordenó a los peticionarios contestarla y luego declaró No Ha Lugar su moción de reconsideración y contestación. El Tribunal de Apelaciones procedió a expedir el auto de certiorari solicitado. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones modificó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa los recursos de apelación y certiorari presentados por los demandantes en el caso civil NSCI201200542, sobre inexistencia de hipotecas, nulidad de contratos de compraventa, etc. Los demandantes apelaron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda con perjuicio por incumplimiento en la producción de documentos. También solicitaron un certiorari contra una Orden posterior del TPI que, tras la desestimación, dispuso sobre el manejo del caso, fianza para no residentes y conferencia inicial. El caso original involucra a unos 86 demandantes que alegan ser titulares de inmuebles y cuestionan la validez de las ventas realizadas por una corporación que, según ellos, no era la verdadera dueña. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos. Resolvió expedir el recurso de certiorari y revocar tanto la Orden recurrida como la Sentencia apelada.

Resumen:

La señora Isaura de la Cruz Paulino solicita la revocación de su convicción por el delito de amenaza. La convicción proviene de un incidente ocurrido el 7 de febrero de 2014. Durante una discusión sobre hielo, la apelante supuestamente amenazó a su hija de 10 años, DJC. Según el testimonio de la menor y su hermana mayor, la madre le dijo que le cortaría la mano o rompería el brazo. La hija afectada testificó sentirse triste por la acusación. Este incidente llevó a la intervención del Departamento de la Familia y la remoción de las menores del hogar. La hermana mayor corroboró el incidente y la amenaza. La apelante argumenta que su solicitud de revocación tiene razón.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de resolución de contrato, daños y división de comunidad. El pleito fue iniciado por Emilio Rivera Maldonado contra Carmen Maria Feliciano David, relacionado con una propiedad adquirida en común. La controversia principal gira en torno a un acuerdo de 2001 por el cual la Sra. Feliciano David asumiría la hipoteca y liberaría al Sr. Rivera Maldonado de su responsabilidad, pero dicho acuerdo no se concretó. El caso tuvo un trámite extenso y una apelación previa donde este Foro revocó una sentencia inicial del Tribunal de Primera Instancia. En aquella ocasión, se determinó que el acuerdo de 2001 no podía ejecutarse debido a la incapacidad de la Sra. Feliciano David para cumplir su parte, ordenando que el caso continuara para la división de la comunidad de bienes. La sentencia actual del Tribunal de Apelaciones atiende la apelación presentada por la Sra. Feliciano David contra una sentencia sumaria posterior. Dicha sentencia sumaria ordenó la liquidación de la comunidad, fijó créditos y estableció un pago de renta por el uso exclusivo del inmueble comunitario. La Sra. Feliciano David apela esta determinación de instancia.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el licenciado José I. Jiménez Rivera, apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su demanda por daños y perjuicios contra el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR). Jiménez Rivera alegó que el CMCPR lo difamó públicamente mediante anuncios y expresiones, lo que causó la no renovación de su contrato como Asesor Legal del Tribunal Examinador de Médicos. Sostuvo que estas acciones fueron represalias por su asesoramiento legal en casos contra el CMCPR. Por su parte, el CMCPR argumentó que sus publicaciones eran opiniones legales y parte de sus obligaciones institucionales. Luego de la vista en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la decisión apelada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Carlos L. Colón Estela recurre ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico solicitando la revocación de una Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La Resolución administrativa confirmó una decisión previa que desestimó su reclamo. El recurrente, un confinado, alegó que oficiales correccionales destruyeron sus pertenencias durante un registro de celda y que sufrió represalias. Presentó una Solicitud de Remedio ante la División de Remedios Administrativos del Departamento. Tras una respuesta inicial indicando una investigación, el recurrente solicitó reconsideración, argumentando que la respuesta no resolvía el problema. El Coordinador Regional de la División de Remedios confirmó la respuesta original y archivó la reconsideración, concluyendo que el registro se realizó conforme al reglamento. El señor Colón Estela apeló ante el Tribunal, sosteniendo que la investigación departamental no fue exhaustiva y lesionó sus derechos. El Departamento de Corrección argumentó que actuó debidamente. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la Resolución recurrida del Departamento de Corrección.

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Luis Rodríguez Pacheco apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que lo declaró culpable de dos asesinatos en primer grado, una tentativa de asesinato y tres infracciones a la Ley de Armas. Como resultado, fue condenado a cumplir 99 años más 19 años y medio de reclusión de forma consecutiva, además de penas concurrentes. El apelante impugnó la apreciación de la prueba por el foro primario. Alegó que la evidencia no probó más allá de duda razonable la tentativa de asesinato y las violaciones a la Ley de Armas. También argumentó que los asesinatos debieron ser clasificados como asesinato atenuado. Los hechos imputados ocurrieron el 12 de junio de 2010 en Guayanilla, resultando en la muerte de su expareja y un amigo, y la tentativa de asesinato de otra persona. El juicio se celebró por tribunal de derecho tras la renuncia al juicio por jurado. El Tribunal de Apelaciones revisó la prueba testifical, pericial, documental y los autos originales. Tras la revisión, el panel decidió confirmar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso presentado por Pilar Muñoz Nazario y Muñoz Nazario Accounting Services, PSC. Los apelantes impugnaron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que dictó un injunction permanente en su contra. Dicho injunction les prohibió representarse como Contadores Públicos Autorizados (CPA) sin autorización y realizar actos propios de la práctica de dicha profesión. El Colegio de Contadores Públicos había demandado alegando que los apelantes, sin ser CPA licenciados, realizaron actos reservados a la profesión, específicamente emitir una opinión sobre estados financieros, en violación de la Ley de Contabilidad. Los apelantes negaron ser CPA y cuestionaron el alcance de la ley. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Estado Libre Asociado de Puerto Rico apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de Scotiabank y Universal Insurance Company impugnando la confiscación de un vehículo. El vehículo fue confiscado por alegado uso en violación de la Ley de Sustancias Controladas por Gregory Álvarez Serrano. Sin embargo, Álvarez Serrano fue absuelto de los cargos criminales relacionados con el uso del vehículo. Scotiabank tenía un gravamen sobre el vehículo y Universal, la aseguradora, pagó la deuda y se subrogó en los derechos. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la absolución activó la doctrina de impedimento colateral por sentencia. Razonó que la absolución extinguió la acción penal y, por ende, el poder del Estado para confiscar la propiedad. Declaró la confiscación impropia bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones. Ordenó al ELA devolver el vehículo a Universal o pagar su valor si no estaba disponible. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los señores Joshua De León Sánchez y Juan E. Verdejo Rivera, apelando veredictos de culpabilidad y sentencias impuestas por un Jurado y el Tribunal de Primera Instancia. Ambos fueron hallados culpables de Asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, recibiendo penas de 129 y 157 años de reclusión, respectivamente. Sus recursos apelativos, consolidados por presentar señalamientos similares, impugnan varios aspectos del proceso judicial. Argumentan errores en la selección del jurado y la denegación de admisión de prueba exculpatoria. Sostienen que la prueba presentada fue insuficiente para identificarlos como autores y para establecer los elementos de los delitos imputados, particularmente la premeditación. Además, cuestionan las penas impuestas, alegando que las del Código Penal deben absorber las de la Ley de Armas y que la duplicación de penas es inconstitucional. El tribunal revisa estos alegatos con base en la exposición narrativa de la prueba estipulada.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico los señores Joshua De León Sánchez y Juan E. Verdejo Rivera. Apelan los veredictos de culpabilidad emitidos por un Jurado y las penas impuestas por el Tribunal de Primera Instancia. Ambos fueron hallados culpables de violar el Art. 106 del Código Penal (Asesinato) y artículos de la Ley de Armas, recibiendo sentencias de 129 y 157 años respectivamente. Sus recursos apelativos fueron consolidados al presentar señalamientos de error mayormente idénticos. Los apelantes argumentan que el TPI erró al denegar la recusación de candidatos a jurados y al no admitir un documento policial supuestamente exculpatorio. Sostienen que la prueba fue insuficiente para identificarlos como autores y para establecer los elementos de los delitos, particularmente la premeditación. Finalmente, impugnan las penas impuestas, alegando que las del Código Penal deben absorber las de la Ley de Armas y cuestionando la constitucionalidad de la duplicación de penas. La sentencia procede a evaluar estos argumentos presentados por los apelantes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en un caso de custodia entre Verónica García Díaz y Alexis D. Quiñones Medina. La apelación impugna la Resolución del TPI que concedió la custodia del menor al Sr. Quiñones Medina. Previamente, el TPI había otorgado la custodia a la Sra. García Díaz, permitiéndole trasladarse a Florida con el hijo de ambos. Se estableció un plan de relaciones paterno filiales detallado, incluyendo visitas y costos de viaje. Sin embargo, las visitas no se realizaron según lo dispuesto en las órdenes judiciales. El TPI declaró a la Sra. García Díaz en desacato por incumplimiento del plan de relaciones. Consecuentemente, el TPI concedió la custodia provisional del menor al Sr. Quiñones Medina. La Sra. García Díaz apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirma la Resolución apelada que otorgó la custodia al padre.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Doctor's Center Hospital Bayamón, Inc. solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La resolución recurrida denegó la moción de sentencia sumaria presentada por el Hospital en un caso de daños y perjuicios. La demanda original fue presentada por los familiares de una paciente fallecida, alegando negligencia médica. El Hospital argumentó en su moción de sentencia sumaria la ausencia de nexo causal, basándose en la prueba pericial de la parte demandante. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, concluyendo que existían controversias de hechos sustanciales sobre la atención y cuidado brindado. El Hospital solicitó reconsideración, la cual fue denegada, confirmando la decisión inicial. Ante la denegatoria, el Hospital acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del recurso de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de Certiorari presentado por PPG Industries contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó la Moción de Sentencia Sumaria presentada por PPG en un caso de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. El caso fue iniciado por el señor José A. Reyes Rivera, quien demandó a PPG tras ser despedido. PPG alegó que el despido fue por justa causa, específicamente por la solicitud indebida de reembolso de gastos que resultó en un sobrepago de \$981.40, detectado mediante auditoría. PPG argumentó en su moción de sentencia sumaria que no existía controversia de hechos esenciales sobre la justa causa. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, entendiendo que sí existían hechos controvertidos. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de Certiorari y revoca la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Los apelantes impugnan una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que validó un aumento en la cuota anual de mantenimiento de la Asociación de Propietarios de Palacios del Prado, Inc. Los apelantes argumentaron que el aumento era inválido porque la asamblea que lo aprobó no cumplió con el quórum requerido por las condiciones restrictivas de la urbanización. Según los apelantes, la cláusula decimonovena exige el consentimiento de tres cuartas partes de los miembros para enmendar las condiciones restrictivas. La asociación aprobó el aumento de \$960 a \$1,200 anuales en una asamblea celebrada en segunda convocatoria con 26 residentes presentes, por votación de 21 a 1. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de los apelantes, concluyendo que el aumento fue aprobado válidamente conforme al reglamento y la escritura. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia resolviendo apelaciones y un recurso de certiorari relacionados con una demanda por daños y perjuicios. Emma J. García Medina demandó a One to Seven, Inc. y Universal Insurance Company tras sufrir un accidente en una tienda donde le cayeron cajas encima. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda a favor de la señora García. Ambas partes apelaron la sentencia principal: los demandados buscando su revocación y la demandante pidiendo modificarla para incluir gastos médicos de Medicare. Adicionalmente, los demandados presentaron un certiorari contra la resolución que les impuso el pago de costas. El Tribunal de Apelaciones examinó los recursos presentados. Resolvió modificar la compensación otorgada por el TPI a \$25,000.00. Confirmó la sentencia apelada, pero modificada en cuanto a la cuantía. Finalmente, denegó la expedición del auto de certiorari instado por One to Seven, Inc. y Universal Insurance Company.