Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 34)

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Varias compañías presentaron recursos de revisión judicial contra el Departamento de la Vivienda. Impugnaban la adjudicación de la subasta CDBG-DRMIT-RFP-2023-08 para proyectos de construcción de vivienda unifamiliar. El Departamento de la Vivienda recibió 42 propuestas, evaluó 17 y adjudicó 12 contratos. Las recurrentes no fueron seleccionadas y apelaron la decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Una de las recurrentes argumentó que la notificación de la adjudicación fue defectuosa, lo que podría afectar la jurisdicción del tribunal. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los hechos procesales, resuelve desestimar los recursos de revisión judicial presentados.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera varios recursos de revisión judicial presentados por diversas compañías. Estos recursos impugnan la adjudicación de la subasta CDBG-DRMIT-RFP-2023-08 por parte del Departamento de la Vivienda. Dicha subasta, financiada con fondos federales, buscaba seleccionar proponentes para la construcción de nuevos proyectos de vivienda unifamiliares. El Departamento de la Vivienda recibió 42 propuestas, de las cuales 17 fueron recomendadas y 12 resultaron adjudicadas. Las recurrentes, que no fueron seleccionadas, presentaron sus recursos de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones en octubre de 2024. Una de las recurrentes planteó que la notificación de la resolución de adjudicación era defectuosa, lo que podría afectar la jurisdicción del tribunal. Tras revisar los antecedentes procesales, el Tribunal de Apelaciones decide desestimar los recursos de revisión judicial presentados.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una Petición de Revisión Administrativa presentada por Omega Overseas Investments, Inc. contra una Orden de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). La OCIF impuso a Omega una multa de \$1,000.00 por no radicar sus estados financieros auditados de 2023 dentro del término requerido. Omega había solicitado y obtenido una prórroga, pero no cumplió con la nueva fecha límite, alegando retrasos por parte de entidades de inversión y dificultades internas. Tras pagar la multa y no obtener reconsideración de la OCIF, Omega acudió al Tribunal argumentando que la OCIF erró al no considerar circunstancias fuera de su control. El Tribunal examinó el expediente administrativo y el derecho aplicable. Concluyó que la determinación de la OCIF estaba fundamentada. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la señora Kimberly Winter solicitando la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. La Orden impugnada, notificada el 6 de septiembre de 2024, dispuso que ambas partes debían sufragar la tarifa del chofer que transporta al menor a la escuela. El caso principal es una demanda de divorcio presentada por el señor Matthew Winter, que incluye asuntos relacionados con el hijo menor de las partes. Surgieron disputas sobre la responsabilidad del transporte del menor a la escuela en Guaynabo, luego de que el tribunal ordenara su matrícula allí. El padre se encargaría de recoger al menor los miércoles, mientras que la madre sería responsable del transporte los jueves y viernes. Ante la dificultad de la madre para realizar el transporte, se planteó la necesidad de un chofer, generando desacuerdo sobre quién debía asumir el costo. La madre solicitó que el padre o la cuidadora pagaran al chofer, mientras que el padre sostuvo que la madre debía pagarlo si insistía en su uso. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que ambos debían compartir el gasto del chofer. Tras evaluar la petición de certiorari, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ expedir el recurso solicitado por la señora Winter.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de revisión administrativa. José L. Heredia Rodríguez apeló una resolución de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). La OEG lo encontró incurso en cinco violaciones a los incisos (b) y (g) del Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental. Como resultado, la OEG le impuso una multa total de $10,000. El caso se originó en una reunión de la Junta Administrativa de la UPR-Utuado en octubre de 2017. En dicha reunión, presidida inicialmente por el recurrente como rector interino, se cuestionó la existencia de quórum. Posteriormente, se aprobó un cambio en su clasificación de puesto y un aumento significativo de salario. La validez de la reunión y el aumento salarial fueron impugnados por falta de quórum y conflicto de interés. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y el alegato en oposición. Finalmente, el Tribunal confirmó la resolución emitida por la OEG.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Juliana María Isabel Menchaca. Solicita la revisión de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Dicha sentencia declaró con lugar una Demanda de desahucio y cobro de dinero. La demanda original fue presentada por Carolina Associates Limited Partnership, S.E., administrado por Partners Business Services, LLC. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el desalojo de la propiedad. El caso inició como un procedimiento sumario de desahucio, que luego fue convertido a ordinario. Se tramitaron mociones de sentencia sumaria y oposición a las mismas. Tras la sentencia del TPI, la señora Menchaca solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Este escrito de apelación presenta la controversia ante el foro apelativo intermedio. El documento detalla el trasfondo fáctico y procesal que llevó el caso a esta instancia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación presentado por Me Salvé, Inc. contra GIB Development, LLC. La apelación proviene de una Sentencia Declaratoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Me Salvé inició el pleito buscando una declaración judicial sobre los términos de pago de gastos operacionales comunes bajo un contrato de arrendamiento con GIB. Alegó que el contrato no estipulaba pagos mensuales y que la práctica establecida por catorce años era el pago anual tras la reconciliación. Me Salvé sostuvo que GIB intentó modificar unilateralmente esta práctica, constituyendo un incumplimiento contractual. GIB, por su parte, reconvino alegando que Me Salvé incumplió al no realizar pagos mensuales y adeudaba gastos desde enero de 2022. Me Salvé apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del recurso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar el dictamen apelado.

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Este caso es una apelación de una acción de deslinde entre ex cónyuges, Pedro Alberto Martínez Velázquez y Eneida Montalvo Torres. La disputa se origina en la liquidación de bienes gananciales tras su divorcio, donde se dividieron varias fincas. Mediante escritura pública, las partes acordaron constituir una servidumbre de paso voluntaria y a perpetuidad. Esta servidumbre permite el acceso a las fincas adjudicadas a la Sra. Montalvo a través de una franja de terreno de la finca adjudicada al Sr. Martínez. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la servidumbre era válida y voluntaria bajo el Código Civil de 1930. Ordenó a las partes respetar los linderos de la servidumbre y los accesos según lo establecido por un perito agrimensor. La Sra. Montalvo apeló esta decisión, solicitando su revocación. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y el alegato de oposición. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia emitida por el foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de Certiorari presentado por la Corporación de Seguros Agrícolas. El caso surge de la impugnación de un laudo de arbitraje relacionado con la separación de una empleada probatoria en 2015. La empleada fue separada por no completar satisfactoriamente su periodo probatorio debido a ausencias y tardanzas significativas. Un laudo de arbitraje inicial determinó que la separación estuvo justificada. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia revocó el laudo, concluyendo que el despido fue injustificado. La Corporación recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La decisión del Apelativo valida la acción de la Corporación y considera justificada la separación de la empleada.

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Aurelio Ayala De León inició un procedimiento de Expediente de Dominio en el Tribunal de Primera Instancia de Humacao para inscribir una propiedad no registrada en Yabucoa. Alega ser dueño desde 1962 mediante un documento privado extraviado de su padre. El peticionario busca justificar su dominio sobre la propiedad para su inscripción en el Registro de la Propiedad. El Tribunal de Primera Instancia emitió órdenes sobre la citación de partes y requisitos procesales. Específicamente, el tribunal ordenó al peticionario presentar una certificación registral de las fincas colindantes e identificar a sus dueños según el informe de mensura. También dispuso incluir en el pleito a las partes que figuran en el registro del CRIM y a la Sucesión de Leoniso Ayala. El peticionario presentó una solicitud de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar la Orden del Tribunal de Primera Instancia del 5 de septiembre de 2024, que aclaró una resolución previa e impuso estos requisitos. El Tribunal de Apelaciones consideró los argumentos presentados en la solicitud. Esta resolución del Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Aurelio Ayala De León.

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Mayra A. Allende Hernández presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones contra una determinación del Departamento de la Familia sobre su elegibilidad para el programa WIC. La Recurrente solicitaba la revisión del cierre de su caso y una nueva evaluación de su cualificación. Aunque corrigió un defecto inicial al pagar los aranceles, no presentó nuevamente los documentos y anejos requeridos para perfeccionar el recurso. El Tribunal de Apelaciones analizó la importancia de la jurisdicción y el cumplimiento estricto de las reglas procesales para la presentación de apelaciones. Se destacó que el incumplimiento con los requisitos de perfeccionamiento impide que el tribunal adquiera jurisdicción sobre el asunto. Dado que el recurso no fue debidamente perfeccionado, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender la solicitud. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por la Sra. Allende Hernández.

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Un pleito de impericia médica fue incoado contra el Dr. José Cebollero Marcucci y el Hospital Menonita de Guayama tras la muerte de la señora Ivette Rodríguez Hernández. Las peticionarias, su hermana y madre, alegaron que el Dr. Cebollero perforó negligentemente el intestino durante una cirugía, causando complicaciones. Sostuvieron además que el Hospital incurrió en negligencia en el manejo nutricional y de medicamentos post-operatorio. Ambas partes demandadas negaron las alegaciones de negligencia en sus contestaciones. Tras el desistimiento o desestimación de otros codemandados, el Hospital presentó una Moción de Sentencia Sumaria. El Hospital argumentó que no respondía por la alegada negligencia del Dr. Cebollero bajo la doctrina de Márquez Vega, al ser la paciente privada de éste. Alegó también que la prueba pericial no demostró que las actuaciones de su personal fueran la causa próxima de los daños. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción por existir hechos materiales en controversia. Inconforme, el Hospital presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso cuestiona si el TPI erró al no desestimar la acción contra el Hospital bajo la doctrina de Márquez Vega y por falta de causa de acción bajo el Artículo 1803.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por el Municipio Autónomo de Mayagüez y Mayagüez Economic Development, Inc. La petición impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia parcial por las alegaciones contra Égida del Policía, Inc. Los peticionarios argumentaron que la contestación a la demanda contenía admisiones suficientes para dictar sentencia conforme a la Regla 10.3 de Procedimiento Civil. La parte recurrida no se opuso a la moción en primera instancia ni compareció ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones había ordenado previamente la paralización de los trámites en el Tribunal de Primera Instancia. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó expedir el auto de certiorari solicitado. Se concluye que el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar la solicitud de sentencia parcial. Por tanto, se revoca la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por Universal Insurance Company. La aseguradora impugnó una Orden del Tribunal de Primera Instancia que dio por admitido un Requerimiento de Admisiones en un caso de daños y perjuicios. El recurrido, David A. Rosa Figueroa, había solicitado que las admisiones se tuvieran por ciertas al alegar que Universal no respondió dentro del término de veinte días. Universal, por su parte, informó haber notificado su contestación al requerimiento. El Tribunal de Primera Instancia, no obstante, resolvió dar por admitido el pliego de admisiones. Universal argumentó en apelación que el foro primario erró al aplicar la admisión tácita cuando ya había contestado el requerimiento. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, determinó expedir el auto de certiorari solicitado. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones procedió a revocar la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Víctor Pérez Alameda presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la corrección de su sentencia. Alegó que el Tribunal de Primera Instancia en Ponce denegó su solicitud de corrección de sentencia, basada en la retroactividad del Código Penal de 2012 respecto al agravamiento de penas, sin emitir una resolución sobre el fondo. El peticionario buscaba reducir su pena de 40 a 25 años. El Tribunal de Apelaciones desestimó el auto de certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. El Tribunal determinó que el recurso era prematuro. Explicó que un certiorari es prematuro si se presenta antes de que el tribunal inferior haya emitido una decisión final sobre el asunto recurrido. En este caso, el Tribunal de Primera Instancia solo había resuelto la solicitud para litigar como indigente, no la petición de corrección de sentencia.

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El Tribunal de Apelaciones conoció de la apelación presentada por Manuel Canales Vázquez contra una sentencia suspendida de tres años de libertad a prueba. Dicha sentencia fue dictada por el Tribunal de Primera Instancia tras declararlo culpable de apropiación ilegal agravada. El apelante impugnaba el fallo de culpabilidad emitido en su contra. Sin embargo, el tribunal procedió a desestimar el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. La sentencia apelada fue emitida el 17 de octubre de 2024. Las reglas de procedimiento criminal y el reglamento del Tribunal de Apelaciones establecen un término jurisdiccional de treinta días para apelar sentencias finales en casos criminales. Dado que la apelación fue presentada el 21 de noviembre de 2024, se consideró tardía y, por tanto, carente de eficacia jurídica.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de certiorari presentado por Ángelo Díaz González. El peticionario solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación por prescripción. El foro primario consideró que la causa de acción era contractual, con un término prescriptivo de quince años. El peticionario argumentó que la acción era extracontractual por impericia profesional, sujeta a un término de un año. El Tribunal de Apelaciones determinó que las alegaciones contra el peticionario describen una acción en daños y perjuicios por impericia profesional, de naturaleza extracontractual. Concluyó que el término prescriptivo de un año aplica y que este transcurrió antes de la presentación de la demanda en 2022, dado que el recurrido tuvo conocimiento del alegado daño al desestimarse su querella ante la OCS en 2020. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones juzgó que el peticionario tiene razón al solicitar la desestimación de la demanda en su contra por prescripción.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una petición de certiorari presentada por Damaris Montalvo Rosa contra el Departamento de Transportación y Obras Públicas. La petición busca revocar resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que declararon No Ha Lugar cuatro recursos de revisión de multas de tránsito. La señora Montalvo recibió boletos por exceso de velocidad, cambio de carril indebido, omisión de señales y no mantener distancia. Inicialmente impugnó los boletos argumentando, entre otras cosas, que no conducía en exceso de velocidad y usó las señales. Tras la confirmación de los boletos por el foro primario, solicitó reconsideración alegando que los boletos carecían de notificación adecuada sobre el proceso de revisión y el derecho a asistencia legal, constituyendo una violación al debido proceso. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración. La Peticionaria apela esta última determinación, señalando que el foro primario erró al ignorar la alegada violación constitucional. El Recurrido no compareció ante el Tribunal de Apelaciones tras ser requerido para mostrar causa. La Curia procederá a resolver la controversia sin la comparecencia de la parte recurrida.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el Sr. Pedro Luis Amengual Gutiérrez. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de relevo de sentencia bajo la Regla 49.2. Dicha solicitud buscaba dejar sin efecto una sentencia parcial previa que desestimó su demanda contra Windmar P.V. Energy Inc. La demanda original trataba sobre daños, incumplimiento de contrato e interferencia torticera. El Sr. Amengual Gutiérrez alegó errores y negligencia de abogados anteriores para justificar el relevo. También pidió enmendar la demanda para incluir una reclamación bajo la Ley Núm. 21 de 1990 y solicitó una vista evidenciaría. El TPI denegó sus peticiones, lo que motivó la apelación. El apelante alegó que el TPI erró al no conceder la vista evidenciaría ni permitir la enmienda. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como certiorari y resuelve desestimarlo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Charlotte Santiago Olivieri contra la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Administración de los Sistemas de Retiro y el Municipio de San Juan. La apelante recurre de una Sentencia Nunc Pro Tunc del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Segunda Demanda Enmendada y declaró con lugar las mociones de sentencia sumaria de los apelados. El caso se relaciona con el estatus de empleo de la apelante en el Municipio de San Juan, sus nombramientos transitorios, probatorios y de carrera, y su acogida al Plan de Completa Suplementación bajo la Ley Núm. 93 de 1968. Se discuten los cambios en su puesto, salario y la tasa de aportación al Sistema de Retiro a lo largo de su historial laboral. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos presentados por las partes y los fundamentos de la decisión recurrida. Tras analizar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Nunc Pro Tunc emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación instada por Ana Cecilia Ríos Pérez. El recurso impugna una Sentencia dictada sumariamente por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de desahucio, cobro de dinero e incumplimiento de contrato. El foro primario declaró con lugar la demanda de Gilberto Ricardo Díaz Bueno, rescindiendo un contrato de compraventa de inmueble entre las partes. La sentencia apelada condenó a la señora Ríos Pérez al pago de $47,200 por concepto de renta por ocupar la propiedad desde octubre de 2019 a razón de $800 mensuales. Además, le impuso el pago de $7,000 en honorarios y gastos y ordenó su desalojo. El caso se originó con una demanda del señor Díaz Bueno relacionada con un acuerdo de compraventa de una propiedad de octubre de 2019 por $89,000. La controversia principal surgió por la cantidad requerida para saldar una hipoteca previa sobre el inmueble. La señora Ríos Pérez alegó haber pagado una suma mayor a la esperada por la hipoteca previa y haber realizado otros abonos, reduciendo el balance adeudado al señor Díaz Bueno. También presentó una reconvención imputando incumplimiento de contrato al señor Díaz Bueno. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver la apelación contra la sentencia sumaria del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. El caso principal fue incoado por Luis Espinet García contra Roberto Morales Cabán, solicitando entredicho, interdicto y daños y perjuicios. Espinet García alegó que Morales Cabán, un periodista, lo hostigó y difamó mediante publicaciones, uso de altoparlantes, e involucrando a la prensa y redes sociales, afectando su oficina dental y vida privada. Morales Cabán negó el hostigamiento, argumentando que sus acciones eran críticas periodísticas sobre Espinet García por permitir las expresiones racistas y el ruido excesivo de su madre, temas con amplia cobertura mediática. Morales Cabán presentó una reconvención basada en las acciones de la madre de Espinet García y las supuestas amenazas de este a los vecinos. La apelación se dirige contra una sentencia parcial del foro primario que denegó la sentencia sumaria de Morales Cabán y desestimó su reconvención con perjuicio, ordenando continuar con la demanda principal. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones procede a revocar el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400863. Singh, LLC apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Dicha sentencia desestimó con perjuicio la demanda presentada por Singh, LLC contra el licenciado José E. Asencio Quiles. La demanda original alegaba daños, apropiación ilegal y enriquecimiento injusto contra Asencio Quiles y Marie Lucie Victoire. Singh, LLC reclamaba que Victoire desvió fondos de la compañía para pagar servicios legales a Asencio Quiles. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación de Asencio Quiles e impuso honorarios por temeridad a Singh, LLC. Singh, LLC solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar dicho dictamen. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Luis G. Santiago Morales impugna la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de posponer su evaluación para el Programa de Reinserción a la libre comunidad. El DCR justificó la posposición en la necesidad de cumplir con los artículos 17, 18 y 19 del Plan de Reorganización #2-2011, relativos a los derechos y notificación a las víctimas. Santiago Morales argumenta que el DCR erró al posponer su caso por esta razón, ya que la propia agencia incumplió el término de diez días dispuesto en el artículo 17 para notificar inicialmente a las víctimas. Tras solicitar un remedio administrativo y una reconsideración sin éxito, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones. El DCR compareció solicitando la desestimación del recurso. El tribunal procede a resolver la controversia planteada sobre el cumplimiento de la agencia con sus propios términos reglamentarios en el proceso de evaluación para programas comunitarios.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de apelación. La apelación fue presentada por Puerto Rico Legal Marijuana, Inc. y PRLM Educational, Inc. contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia concedió un interdicto preliminar a favor de Gabriel A. Sifre Ortega. El interdicto prohibió a las apelantes el uso de videos de cursos donde aparecía Sifre Ortega como instructor sin su consentimiento escrito, basándose en la Ley del Derecho sobre Propia Imagen. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la acción no estaba desplazada por el Copyright Act federal. Las apelantes argumentaron que la ley federal de derechos de autor prevalecía, considerando los videos como obras por encargo. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, confirmó el dictamen apelado, ratificando el interdicto preliminar y la conclusión sobre la no preeminencia del Copyright Act.

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Sentencia de un panel de jueces de apelación en Puerto Rico resolviendo el recurso presentado por Luis Córdova Dexter. La apelación impugna una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El pleito original fue incoado por Córdova Dexter contra Interior Systems Group, Inc. y otros, incluyendo reclamaciones de sentencia declaratoria, acceso a información, acción derivativa, incumplimiento de contrato y violación al deber de fiducia, bajo la Ley General de Corporaciones. El Tribunal de Primera Instancia desestimó parcialmente la demanda, específicamente la solicitud de interdicto. Determinó que el apelante no sufrió daño irreparable y que otras reclamaciones podían ventilarse en un proceso ordinario. El caso se relaciona con hechos previamente adjudicados por este foro en otro recurso. Tras revisar los fundamentos, el tribunal de apelación confirma la Sentencia Parcial recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de Certiorari presentado por Yan Katsnelson. El peticionario busca revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. El caso original trata sobre un incumplimiento de contrato de compraventa de una propiedad entre Katsnelson (comprador) y Jacky y Gina Aizenman (vendedores). La disputa central gira en torno a la cláusula 1(j) del contrato, que permitía a los vendedores rescindir el acuerdo si las reparaciones requeridas excedían los $5,000. El peticionario alega que la cláusula es inaplicable o que la notificación de rescisión fue inválida, buscando el cumplimiento específico del contrato. Los recurridos sostienen que el peticionario sí solicitó reparaciones que superaban el umbral, justificando la terminación. Tras evaluar el recurso y el expediente, el Tribunal de Apelaciones deniega el Certiorari presentado por el peticionario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impugnación de testamento ológrafo. Los peticionarios, Blanca Zaida Torres Cacho y otros, interpusieron un recurso de Certiorari. Solicitan la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La Orden impugnada, del 23 de octubre de 2024, declaró no ha lugar la solicitud para autorizar la presentación de un informe pericial y testimonio de perito calígrafo. El documento expone el trasfondo fáctico y procesal del litigio original, iniciado en 2019. Detalla las etapas del caso, incluyendo la demanda, contestaciones, descubrimiento de prueba y diversas mociones y órdenes judiciales. Se mencionan plazos para el descubrimiento, anuncios de testigos y situaciones de representación legal. El recurso ante el Apelativo se enfoca en la decisión del foro primario respecto a la prueba pericial calígrafa en el contexto de la impugnación del testamento. El panel del Tribunal de Apelaciones que emite la sentencia está compuesto por las juezas Cintrón Cintrón, Rivera Marchand y Barresi Ramos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari de Arturo Meléndez Torres. El peticionario solicitó la devolución de sus fotos y huellas dactilares y la eliminación de información relacionada de bases de datos estatales y el portal judicial. Esta solicitud surgió tras la eliminación de su récord penal por una convicción previa. La petición se basó en la Ley 143-2014 y la Ley 45-1983. El Tribunal de Primera Instancia denegó la devolución de fotos/huellas, citando la Ley 45 y jurisprudencia que restringe la devolución a casos de absolución o indulto total. El foro primario también indicó que la solicitud sobre el portal judicial debía gestionarse en otro caso. El Estado se opuso al certiorari, argumentando la corrección de la decisión y la utilidad de retener la información de personas convictas. Tras examinar los argumentos y el derecho, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

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La Sucesión de Luis Enrique Pardo Nieves comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari. Solicitan revocar la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. El caso original trata sobre la división y liquidación de una comunidad de bienes reclamada por María F. Bernabé Cotto contra la Sucesión. Bernabé Cotto alega la existencia de una comunidad de bienes creada durante una relación consensual de 27 años con el fenecido, basada en sus aportaciones y un pacto implícito. La Sucesión niega la existencia de dicha comunidad y argumenta que no hubo pacto implícito. La Sucesión presentó la moción de sentencia sumaria alegando la ausencia de un pacto implícito. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción al encontrar hechos en controversia. El Tribunal de Apelaciones, en esta Resolución, deniega expedir el auto de certiorari solicitado por la Sucesión. Esta decisión permite que el caso continúe en el foro primario para la adjudicación de los hechos disputados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de Certiorari. Enrique Fernando Díaz Hernández solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de partición de herencia. La Resolución del TPI denegó una solicitud de Farmacia Morell para descalificar al abogado de Díaz Hernández por conducta disruptiva. Aunque negó la descalificación, el TPI impuso una sanción económica de \$300 al abogado por actos disruptivos en sala. El TPI identificó interrupciones y falta de respeto, pero consideró la descalificación una medida drástica, optando por la sanción y una oportunidad de mejora. Díaz Hernández recurre alegando que el TPI erró al sancionar a su abogado a solicitud de una parte ya desestimada del caso. Argumenta que la sanción y el apercibimiento de descalificación fueron arbitrarios, sin especificar conductas, violando el debido proceso. Sostiene que la decisión del TPI hace imposible su representación legal efectiva. Farmacia Morell se opuso al recurso de Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, deniega la expedición del auto solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una resolución sobre un recurso de certiorari presentado por William Irizarry López y otros. Los peticionarios solicitan la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Cabo Rojo en un caso de desahucio en precario. Francisco Braña Rivera y otros, como parte recurrida, iniciaron el pleito alegando la ocupación sin autorización de porciones de su propiedad. La parte peticionaria argumentó haber realizado mejoras en el terreno y pidió convertir el procedimiento de desahucio a uno ordinario o dictar sentencia declaratoria. El foro primario denegó esta solicitud, resolviendo que las mejoras no conferían derecho de retención y debían ventilarse en un pleito separado. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia mantuvo el trámite sumario del desahucio. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso, determina denegarlo. Esta decisión valida la actuación del foro primario de no alterar la naturaleza del procedimiento de desahucio en precario.

Resumen:

EDP Holding Corp. presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 18 de septiembre de 2024. Mediante dicha Resolución, el TPI reconsideró una decisión previa y concluyó que determinaciones anteriores (Resoluciones de 15 de febrero y 14 de marzo de 2022) habían establecido que no existió un contrato de compraventa válido entre las partes. Por ende, el TPI resolvió que la causa de acción por incumplimiento de contrato instada por EDP contra los demandados no estaba disponible, constituyendo esto la ley del caso. El pleito original de EDP contra Catalino Sánchez, Judith Barreto, su sociedad de gananciales y Comercial Santos, Inc. reclamaba incumplimiento de contrato y daños y perjuicios relacionados con la alegada venta de una propiedad. Los demandados negaron la existencia de un contrato perfeccionado. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido del TPI.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una decisión administrativa de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La recurrente es la viuda del abonado original, quien objetó facturas elevadas de agua y alcantarillado de 2015. El abonado solicitó vistas administrativas en septiembre de 2015 para disputar los cargos. No obstante, la AAA demoró significativamente la celebración de la vista hasta septiembre de 2024, luego del fallecimiento del abonado. La recurrente, como nueva abonada, participó en la vista tardía. Posteriormente, la AAA emitió una resolución en septiembre de 2024 declarando No Ha Lugar la querella. La recurrente solicitó la revisión judicial de esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el caso, el Tribunal concluyó que la resolución recurrida de la AAA debía ser revocada.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por Vital Technologies, Inc., Vital Solutions, LLC, y The Ecology Works, Inc. (VS). VS solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró Sin Lugar su Moción de Sentencia Sumaria por Prescripción. VS alega que el TPI erró al no encontrar prescritas las causas de acción de Healthy Air Masters, Inc. (HAM) al amparo de la Ley Núm. 75. HAM, por su parte, sostiene que su demanda fue presentada dentro del término prescriptivo de tres años o que existen hechos en controversia que impiden la sentencia sumaria. HAM demandó originalmente a Motopac en mayo de 2020 por interferencia torticera. En una demanda enmendada de julio de 2021, HAM incluyó a VS, alegando una relación de distribución exclusiva de productos Vital Oxide en Puerto Rico. HAM imputa a VS haber menoscabado esta relación al vender directamente a Motopac y ofrecerle precios preferenciales, descubriendo esta situación en mayo de 2020. La controversia principal gira en torno a si la acción de HAM contra VS bajo la Ley Núm. 75 prescribió, dependiendo de la fecha de conocimiento del alegado menoscabo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un caso de desahucio en precario. La apelante, María Colón, recurrió la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó su desalojo y denegó su solicitud de convertir el procedimiento a uno ordinario. Alegó error al no permitírsele investigar la adquisición de la propiedad por el apelado tras haber invertido \$26,000. El apelado, Luis Heriberto Vega Lozada, solicitó la desestimación del recurso por presentación tardía. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y la normativa aplicable. Conforme al Artículo 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, el término jurisdiccional para apelar sentencias de desahucio es de 5 días desde la notificación. La Sentencia apelada fue notificada el 11 de octubre de 2024, venciendo el término el 18 de octubre de 2024. La apelante presentó su recurso el 12 de noviembre de 2024, fuera del plazo legal. Por tanto, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender la apelación y desestimó el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Toa Alta. La sentencia recurrida, dictada el 23 de septiembre de 2024, archivó un caso civil sin perjuicio. El Tribunal de Primera Instancia fundamentó su decisión en el incumplimiento de la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. Específicamente, los demandantes no diligenciaron el emplazamiento a partes codemandadas añadidas mediante enmienda a la demanda dentro del término de 120 días. El caso original fue presentado por incumplimiento de contrato y daños contra una sola demandada. Posteriormente, los demandantes solicitaron y obtuvieron permiso para enmendar la demanda e incluir al esposo de la demandada original y a la sociedad legal de gananciales. A pesar de la expedición de los emplazamientos para las nuevas partes, estos no fueron diligenciados a tiempo. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, modifica el dictamen recurrido y así modificado lo confirma.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202400943, relacionado con una apelación en un proceso de divorcio por ruptura irreparable. El apelante, José Juan Dávalos Guizan, había presentado el recurso contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El 15 de noviembre de 2024, el apelante radicó un escrito solicitando el desistimiento de la apelación que había presentado el 18 de octubre de 2024. El Tribunal de Apelaciones atendió la petición de desistimiento. Conforme a la Regla 83 (A) de su Reglamento, el Tribunal declaró con lugar la solicitud del apelante. Como resultado, se ordenó el cierre y archivo del caso de apelación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de daños y perjuicios. Gisela Vázquez Serrano apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Banco Popular de Puerto Rico. La demanda original reclamaba compensación por daños sufridos en una caída en el estacionamiento de una sucursal de BPPR. El foro primario concedió la solicitud de sentencia sumaria de BPPR, al considerar que la demandante no presentó prueba suficiente para sustentar su causa de acción. La señora Vázquez Serrano buscaba la revisión de esta desestimación. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de cobro de dinero. El Hospital Español Auxilio Mutuo apeló una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. La demanda original del Hospital, presentada en 2007, reclamaba más de \$1.6 millones adeudados por Diagnostic Imaging Center y Dr. Francisco Gómez Goytía bajo varios contratos. Los demandados reconvinieron, alegando vicio en el consentimiento de garantías personales. El Hospital solicitó sentencia sumaria para desestimar la reconvención y obtener sentencia a su favor en la demanda principal. El foro primario desestimó la reconvención, pero denegó el resto de los remedios solicitados por el Hospital en su moción de sentencia sumaria. El Hospital recurrió de esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras estudiar el legajo apelativo, el Tribunal de Apelaciones procedió a resolver el recurso. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia parcial apelada emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IX, emite sentencia para desestimar varios recursos de apelación. Los casos KLAN202400728, KLAN202400735, KLAN202400736, KLAN202400739 y KLAN202400742 son desestimados. La razón principal es que el Tribunal carece de jurisdicción para atender los méritos de la controversia. Esto se debe a que los recursos fueron presentados de forma prematura. Los recursos buscaban la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. Dicha sentencia, dictada el 6 de febrero de 2024, declaró Ha Lugar una Solicitud de Sentencia Sumaria a favor del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El Tribunal de Primera Instancia mantuvo su dictamen tras solicitudes de reconsideración. Las apelaciones fueron presentadas por diversas partes inconformes con la decisión del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IX, emite una sentencia desestimando varios recursos de apelación. Los recursos identificados son KLAN202400728, KLAN202400735, KLAN202400736, KLAN202400739 y KLAN202400742. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal Apelativo para atender el fondo de la controversia. Esta falta de jurisdicción se debe a que los recursos fueron presentados de forma prematura. Los recursos apelados provienen de una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama. Dicha sentencia, emitida el 6 de febrero de 2024, declaró Ha Lugar una Solicitud de Sentencia Sumaria a favor del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El Tribunal de Primera Instancia mantuvo su dictamen el 3 de junio de 2024, tras solicitudes de reconsideración. Diversas partes, incluyendo Caraballo Díaz et al., Cruz Falcón et al., Jiménez Mercado et al., López Vélez et al., y el matrimonio Oppenheimer-Soltero, presentaron los recursos de apelación a partir del 1 de agosto de 2024.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IX, emite Sentencia el 21 de noviembre de 2024. La decisión principal es desestimar los recursos KLAN202400728, KLAN202400735, KLAN202400736, KLAN202400739 y KLAN202400742. La razón fundamental para la desestimación es que el Tribunal carece de jurisdicción para atender los méritos de la controversia. Esto se debe a la presentación prematura de dichos recursos apelativos. Los recursos provienen de una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, el 6 de febrero de 2024. En esa sentencia, el TPI declaró Ha Lugar una Solicitud de Sentencia Sumaria a favor del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. También desestimó las reconvenciones y demandas contra terceros presentadas en el caso. Pese a solicitudes de reconsideración, el foro primario mantuvo su dictamen el 3 de junio de 2024. Varios co-partes presentaron los recursos ahora desestimados entre el 1 y el 5 de agosto de 2024.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IX, de 21 de noviembre de 2024. El Tribunal resuelve desestimar los recursos KLAN202400728, KLAN202400735, KLAN202400736, KLAN202400739 y KLAN202400742. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal Apelativo. La falta de jurisdicción surge de la presentación prematura de dichos recursos. Los recursos apelativos provienen de una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Guayama el 6 de febrero de 2024. Esa sentencia del foro primario declaró Ha Lugar una Solicitud de Sentencia Sumaria a favor del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). También desestimó las reconvenciones y demandas contra terceros presentadas. Aunque se solicitaron reconsideraciones, el Tribunal de Primera Instancia mantuvo su dictamen el 3 de junio de 2024. Diversas partes presentaron los recursos de apelación ante este Tribunal intermedio en agosto de 2024. El Tribunal concluye que la presentación anticipada impide atender la controversia en sus méritos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IX, emitió Sentencia el 21 de noviembre de 2024. La Sentencia desestima los recursos KLAN202400728, KLAN202400735, KLAN202400736, KLAN202400739 y KLAN202400742. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal Apelativo para atender los méritos de la controversia. El Tribunal determinó que los recursos fueron presentados de forma prematura. Los recursos apelaban una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Guayama dictada el 6 de febrero de 2024. Dicha Sentencia favoreció al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, declarando Ha Lugar su solicitud de sentencia sumaria. El foro primario mantuvo su dictamen tras solicitudes de reconsideración, notificado el 4 de junio de 2024. Varios grupos de co-partes presentaron los recursos de apelación entre el 1 y el 5 de agosto de 2024.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación civil. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, en un caso sobre entredicho temporal, injunction permanente, daños y perjuicios, y deslinde y amojonamiento. La apelación fue presentada por la parte demandada contra una Sentencia Parcial y Resolución del TPI que declaró Ha Lugar un Injunction estatutario. Dicho dictamen ordenó a los apelantes la demolición total de una marquesina. La disputa se originó por alegaciones de los demandantes sobre invasión de propiedad colindante con construcciones realizadas por los demandados, incluyendo la marquesina. Los demandados argumentaron que los demandantes les habían cedido una franja de terreno y que tenían permisos para las obras. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y fundamentos presentados por ambas partes. Finalmente, el Panel VI del Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado. Esto significa que se mantiene la orden de demolición de la marquesina emitida por el foro primario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y cobro de dinero. La Asociación de Residentes del Condominio Las Gaviotas apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El Tribunal de Primera Instancia había fallado a favor de Quality Construction Services II LLC. Quality Construction demandó a la Asociación por una deuda de \$53,166.00. La deuda correspondía a servicios de mitigación de daños prestados tras el Huracán María por Prima Quality Solutions LLC, cuya deuda Quality Construction adquirió. La Asociación negó la deuda y la existencia de un contrato escrito con Quality Construction. En el juicio, se presentó evidencia sobre el acuerdo verbal para los servicios y la factura emitida. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

Comparece ante este foro la Sra. Heidie Calero Calero solicitando la revisión de una Resolución Sumaria emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución, notificada el 10 de julio de 2024, declaró Ha Lugar una querella presentada por la señora Calero contra la Junta de Directores y otros del Condominio Montebello. La querella original, radicada el 7 de septiembre de 2023, buscaba acceso a diversa información del condominio. Entre los documentos solicitados se encontraban grabaciones de asambleas, contratos de servicios, informes financieros y el registro de titulares con datos personales. El DACo ordenó la entrega de la mayoría de los documentos requeridos. No obstante, la resolución del DACo excluyó específicamente la entrega de los nombres, firmas, direcciones y correos electrónicos de los titulares. La señora Calero recurrió esta determinación ante el tribunal. Tras examinar los argumentos, el panel judicial REVOCA la Resolución Sumaria emitida por el DACo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La controversia se origina en una derrama de más de $300,000 aprobada en enero de 2022 por el Consejo de Titulares de The Residence at the Park. Dicha derrama tenía como fin la modernización de los elevadores y el sistema de cámaras del condominio, ante problemas de seguridad con los ascensores. En una Asamblea de Titulares, tras presentaciones técnicas y propuestas, se votó la moción para la derrama. El resultado fue de 11 votos a favor y 1 en contra, emitido por Seven Three Seventeen, LLC. Seven Three presentó una querella ante el DACo, argumentando que la derrama era para mejoras y requería unanimidad, siendo ilegalmente impuesta. El DACo desestimó la querella y ordenó su archivo. Seven Three apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen recurrido del DACo.