Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 31)

Resumen:

Este caso de expropiación forzosa, iniciado por el Municipio de Fajardo, llega al Tribunal de Apelaciones por tercera ocasión a instancia de los peticionarios. Estos recurren en certiorari contra una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. Resoluciones previas de ambos foros judiciales han establecido que los peticionarios carecen de injerencia en el pleito. A pesar de estas determinaciones, los peticionarios continuaron presentando mociones ante el foro primario. La Moción de Sentencia Sumaria fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia, que señaló que el caso ya contaba con sentencia final y firme. Los peticionarios alegaron errores al denegar su moción sin una sentencia final y al disponer de fondos de compensación. La parte recurrida solicitó la desestimación del recurso, argumentando relitigación de asuntos ya adjudicados, falta de legitimación activa y temeridad. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar el dictamen. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso de certiorari presentado por Rolando Barreiro Vázquez contra la Administración de Corrección y Rehabilitación. El peticionario solicitaba la asignación de representación legal, copias de sus gestiones anteriores ante el foro apelativo y una orden para proteger sus documentos. El recurso provenía de un caso sobre violación de derechos civiles en el Tribunal de Primera Instancia. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones. Se explicó que el certiorari es un vehículo extraordinario para corregir errores de derecho de un tribunal inferior, sujeto a discreción y estrictos requisitos procesales. Los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y no pueden asumirla donde no la tienen. La ausencia de jurisdicción es insubsanable y conlleva la desestimación. El peticionario no cumplió con los requisitos de la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, necesarios para que el tribunal pueda examinar el recurso y ejercer jurisdicción. Este incumplimiento procesal impidió que el Tribunal de Apelaciones pudiera considerar las peticiones presentadas.

Resumen:

En un pleito de ejecución de hipoteca presentado por Banco Popular de Puerto Rico contra Eva Rodríguez De Jesús, la apelante presentó una reconvención. Dicha reconvención buscaba la nulidad de una sentencia previa sobre un pagaré extraviado, alegando ser parte indispensable no incluida en ese proceso y el incumplimiento de la Ley de Transacciones Comerciales. El Banco Popular solicitó la desestimación de la reconvención, argumentando que no exponía una reclamación válida. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación. Determinó que la reconvención no presentaba una reclamación contra el Banco Popular en el caso de ejecución. Sostuvo que el planteamiento de nulidad de la sentencia previa debía hacerse en el caso original o en un pleito independiente. El tribunal de instancia desestimó la reconvención y, al considerarla frívola, impuso honorarios de abogado a la apelante. Inconforme con esta decisión, la apelante recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. La apelación cuestiona si el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar la reconvención por supuestamente no exponer una reclamación que justifique un remedio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari relacionado con un caso de disolución y liquidación corporativa. El peticionario, Abdullah Ahmad Yassin, impugnó una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que ordenó la liquidación de Sabri & Ahmad Corp. y le adjudicó un crédito. El peticionario argumentó que dicha sentencia era nula por no haber sido emplazado personalmente y por recibir notificaciones en una dirección incorrecta, violando su debido proceso. El TPI denegó su solicitud de relevo de sentencia y reconsideración. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la resolución del TPI que denegó el relevo. Asimismo, declara nula la Sentencia emitida por el TPI el 21 de julio de 2022. Esta decisión se fundamenta en los motivos que se expondrán, implicando que se encontró mérito en los argumentos sobre la invalidez del proceso previo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La resolución del DACo declaró con lugar una querella presentada por Carlos O. Cordero Jiménez contra Ángel Mitchel Díaz. La querella se relacionaba con defectos en trabajos de reparación de una piscina y construcción de un baño realizados por Díaz en 2019. Cordero alegó graves fallas en la obra, como desnivel en la piscina, filtraciones y problemas en la instalación de losas y bloques en el baño, a pesar de haber pagado más de \$10,000. Díaz negó la existencia de un contrato de obra, argumentando una relación de trabajo diario. Tras una investigación y vista administrativa, el DACo encontró a favor de Cordero y ordenó a Díaz pagar \$4,000.00 en indemnización. Díaz apeló esta decisión solicitando su revocación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la Resolución emitida por el DACo.

Resumen:

Emmanuel Fuentes Enríquez presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Buscaba impugnar una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación relacionada con un estímulo económico. Previamente, el recurrente había agotado los remedios administrativos ante la agencia, incluyendo una solicitud de reconsideración que fue confirmada. El Tribunal procedió a examinar el recurso y el apéndice presentado por la parte recurrente. La sentencia se centra en la importancia fundamental de la jurisdicción de los tribunales. Se reitera el deber ineludible de los tribunales de auscultar su propia jurisdicción con preferencia a otros asuntos. Se establece que la falta de jurisdicción conlleva la desestimación de la reclamación sin entrar en los méritos. Tras evaluar el caso, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso de revisión. Por consiguiente, se desestimó el recurso presentado por Emmanuel Fuentes Enríquez por falta de jurisdicción.

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José A. Viera Rodríguez, un confinado, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente impugnaba la denegatoria de su solicitud para un pase extendido con monitoreo electrónico. El DCR había denegado la solicitud alegando que Viera Rodríguez no cumplía los criterios de elegibilidad, específicamente por una supuesta pena especial. Viera Rodríguez solicitó reconsideración ante el DCR, pero su petición no fue atendida. Posteriormente, acudió al Tribunal de Apelaciones argumentando errores en la denegatoria y en la falta de respuesta a su reconsideración. Antes de evaluar los méritos, el Tribunal procedió a examinar su propia jurisdicción sobre el caso. La sentencia enfatiza la importancia primordial de la jurisdicción en cualquier proceso judicial. Tras su análisis, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para conocer del recurso. Por tanto, el recurso de revisión judicial presentado por Viera Rodríguez fue desestimado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, en un caso de ejecución de hipoteca. La sucesión de Daniel Rivera Ruiz apeló la decisión que declaró con lugar la demanda de Wilmington Savings Fund Society, FSB y ordenó la venta en pública subasta de la propiedad hipotecada. La acción de ejecución se basó en una hipoteca revertida otorgada por el causante. La defensa principal de la sucesión apelante fue la alegada nulidad del gravamen hipotecario, argumentando que el señor Rivera Ruiz carecía de capacidad legal al momento de firmar la escritura debido a que padecía de Alzheimer. La sucesión presentó una moción de sentencia sumaria sobre este fundamento, a la cual la parte apelada se opuso. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones concluyó que procedía revocar el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a una Petición de Certiorari presentada por Baxter Healthcare Corporation. Baxter solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria en un caso de despido por represalia. El demandante, Mario González Suárez, alegó que fue despedido por Baxter en violación de la Ley Núm. 115-1991, tras reportar una infracción y dar una evaluación desfavorable de su supervisora. Baxter argumentó que el despido fue justificado por el incumplimiento del empleado con las normas de periodos de descanso y abandono del área de trabajo, no por represalia. La empresa presentó una Moción de Sentencia Sumaria, alegando la ausencia de un caso prima facie de represalia y la justificación del despido. El foro primario denegó la moción, encontrando la existencia de hechos en controversia. Baxter acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para impugnar dicha determinación. El Panel XI del Tribunal de Apelaciones, con la Jueza Álvarez Esnard como ponente, resuelve denegar el auto de certiorari solicitado por Baxter Healthcare Corporation.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de caída y daños. El recurrido, Carlos Manuel Urrutia Bruzón, demandó al Municipio de Guaynabo y otras partes tras sufrir una caída en San Patricio Plaza en 2018, alegando negligencia. En el Tribunal de Primera Instancia, luego de una vista de negligencia, el Municipio y Caparra Center solicitaron la desestimación de la demanda bajo la Regla 39.2(c). El Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" dicha solicitud de desestimación. Inconformes, el Municipio de Guaynabo y Optima Seguros acudieron al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de esa determinación. El Tribunal de Apelaciones denegó el auto solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Juan Carlos Cruz Rodríguez. El peticionario impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El peticionario cumple una extensa pena por delitos que incluyen asesinato en primer grado y una infracción a la derogada Ley de Armas. En su moción, argumentó que la pena de quince años impuesta por la violación a la Ley de Armas excedía el máximo legal, incluso considerando reincidencia. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, entendiendo que el planteamiento debió haberse presentado en escritos anteriores y, por tanto, estaba renunciado. El peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revisar dicha denegatoria y la legalidad de la pena. El Tribunal de Apelaciones examinó los antecedentes del caso, el historial procesal y los fundamentos de la moción post-convicción. El documento detalla los criterios legales para la expedición de un auto de certiorari en Puerto Rico. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expidió y confirmó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Solis I. Rivera Morales presentó un recurso de revisión judicial contra una Resolución Sumaria de la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación (OASE). La OASE había desestimado sin perjuicio la querella del recurrente sobre un reclamo de aumento salarial contra el Departamento de Educación. La desestimación se debió a que el recurrente no había recibido una notificación final del Departamento sobre su reclamo. El recurrente solicitó reconsideración de la resolución sumaria, la cual fue acogida inicialmente por la OASE, ordenando al Departamento a presentar su posición. Ante la falta de respuesta del Departamento y la inacción de la OASE, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la desestimación. Posteriormente a la presentación del recurso, la OASE emitió resoluciones que modificaron el estado de la desestimación original. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el expediente. Se determinó desestimar el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. El Tribunal concluyó que la controversia se tornó académica, aplicando la doctrina de justiciabilidad.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari. El recurso fue presentado por la parte demandada en un caso civil sobre sentencia declaratoria, incumplimiento de contrato y daños. Los peticionarios buscaban revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de inhibición o recusación del juez de instancia. Alegaban que el juez mostró parcialidad y manejó el caso de forma errónea. El juez de instancia y luego una jueza coordinadora revisaron la solicitud. Determinaron que las alegaciones carecían de fundamento fáctico y que la supuesta parcialidad era de naturaleza judicial, no personal o extrajudicial, por lo que no justificaba la recusación según las reglas aplicables. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de recusación y una moción de reconsideración posterior. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega expedir el auto de certiorari solicitado por los peticionarios.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión administrativa procedente del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Ernesto Cardona Rivera apeló la determinación del DACO que declaró No Ha Lugar su querella contra Miguel González H/N/C Orly Auto Sales. La querella original se basaba en la compra de un vehículo usado Ford F-350 del año 2008 que, según el recurrente, presentó una precipitación de aceite días después de la adquisición. El recurrido, Orly Auto Sales, sostuvo que el vehículo fue vendido "AS IS" sin garantía, dado su millaje superior a 200,000 millas, lo cual no obligaba a ofrecer garantía según la reglamentación aplicable. El DACO investigó la querella, realizó una inspección y celebró una vista administrativa. Tras evaluar la prueba, el DACO concluyó que la querella no procedía y la desestimó. El recurrente solicitó al Tribunal de Apelaciones que revocara dicha decisión administrativa. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos y la determinación del DACO. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución administrativa recurrida.

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El documento detalla el inicio de una sentencia judicial en Puerto Rico sobre el caso penal contra Carlos Font Meléndez. Font Meléndez enfrentó cinco denuncias por hechos del 8 de marzo de 2020, incluyendo dos cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. Las acusaciones de asesinato alegaron que actuó en concierto y común acuerdo, dando muerte a dos personas mediante disparos con un arma de fuego. Tras juicio, un jurado lo encontró culpable de dos cargos de asesinato bajo el Artículo 93(d) del Código Penal, pero lo exoneró de los cargos de Ley de Armas. El Tribunal de Primera Instancia lo sentenció a 99 años de prisión concurrente por cada cargo de asesinato. Font Meléndez apeló la sentencia, presentando siete señalamientos de error. Sus argumentos de apelación cuestionan las instrucciones al jurado, la apreciación de la prueba, la suficiencia de las acusaciones bajo el Artículo 93(d), y el impacto del veredicto absolutorio de Ley de Armas en la convicción por asesinato. El apelante presentó su alegato y se concedió plazo a la Oficina del Procurador General para responder.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Negociado de Energía relacionada con una querella de facturación contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La recurrente, Lorraine Lago Lassise, impugnó un balance considerable transferido a su cuenta residencial. Tras objetar la factura ante la AEE sin éxito, presentó una querella formal ante el Negociado de Energía. Solicitó un ajuste en su factura, argumentando que la AEE no cumplió con los plazos reglamentarios para responder a su objeción inicial. La AEE solicitó la desestimación de la querella, alegando falta de agotamiento de remedios administrativos. El Negociado inicialmente denegó la desestimación, reconociendo el incumplimiento de la AEE en los plazos de respuesta. No obstante, el Negociado emitió una Resolución Final el 30 de enero de 2023, declarando no ha lugar la querella de la señora Lago Lassise. Este documento detalla el trasfondo fáctico y procesal que llevó a la revisión de dicha decisión administrativa ante el tribunal apelativo. La sentencia expone los pasos seguidos por las partes y las agencias involucradas en la controversia.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una Petición de Certiorari, acogida como Apelación, presentada por Javier F. Vagas Pérez-Cisneros y Alejandro J. Vargas Pérez-Cisneros. El recurso impugna una Sentencia Parcial Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria de Rebecca de Pedro González y Pedro De Pedro Martínez y desestimó la Reconvención de los apelantes. La controversia se originó en una demanda de cobro de dinero, reivindicación de bienes muebles y solicitud de cuota viudal usufructuaria presentada por los apelados contra los herederos de Javier F. Vargas Correa. Los apelados reclamaban deudas por préstamos al causante y la entrega de bienes muebles privativos de la señora De Pedro González. Los apelantes negaron las deudas, alegaron que la señora De Pedro González ya había retirado sus bienes y presentaron una reconvención por cobro de lo indebido y fraude. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, determina desestimarlo. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo para atender el recurso presentado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari instada por Edwin Reyes Rodríguez. El peticionario buscaba revocar la determinación de causa para juicio en su contra por cargos bajo la Ley de Violencia Doméstica (Ley 54). Alegó que el Tribunal de Primera Instancia debió desestimar los cargos porque la presunta víctima testificó en la vista preliminar que no deseaba continuar con el proceso y se había reconciliado, cumpliendo los criterios de *Pueblo v. Castellón*. El Ministerio Público se opuso, argumentando que el certiorari no era el vehículo procesal adecuado y que el peticionario no presentó la transcripción del testimonio clave. También sostuvo que los criterios de *Castellón* no se configuraron. Tras examinar los escritos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El recurso de certiorari fue presentado por la parte demandada peticionaria, buscando la inhibición de la jueza de primera instancia. La petición de recusación se fundamentó en que la jueza supuestamente fallaba consistentemente a favor del demandante y en contra de los demandados. Una jueza examinadora en primera instancia denegó la solicitud, concluyendo que las decisiones se basaban en discernimiento judicial y no había evidencia de prejuicio extrajudicial. La parte peticionaria apeló esta decisión, reiterando que el patrón de fallos desfavorables demostraba parcialidad. El Tribunal de Apelaciones concedió el auto de certiorari pero confirmó la resolución recurrida. El tribunal apelativo reafirmó que la parcialidad o prejuicio que justifica una recusación debe ser de naturaleza personal y extrajudicial, no meramente el resultado de decisiones judiciales desfavorables. Por tanto, se concluyó que las alegaciones de la parte peticionaria no constituían base legal para la inhibición de la jueza.

Resumen:

Este documento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico expone principios fundamentales que rigen los procedimientos judiciales y los recursos apelativos. Subraya la obligación de los tribunales de verificar siempre su jurisdicción, pues una sentencia dictada sin ella es nula y conlleva la desestimación del caso. Detalla los requisitos bajo la Regla 42.3 para que una sentencia parcial en pleitos con múltiples partes sea considerada final y, por ende, apelable; de no cumplirse, la resolución solo puede revisarse mediante certiorari. Explica también las reglas del Tribunal de Apelaciones (Reglas 17 y 80.1) que permiten la consolidación de apelaciones de varias partes o resoluciones. Además, aclara la posición del Tribunal Supremo sobre apelar múltiples determinaciones: aunque no se pueden acumular apelaciones de distintas sentencias finales en un solo recurso, sí es posible apelar simultáneamente varias resoluciones interlocutorias de un mismo caso si se presentan a tiempo. Presentar recursos apelativos distintos de sentencias diferentes requiere el pago de las tarifas correspondientes.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación presentada por Macdara Greennough Flaherty. El apelante recurrió la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, emitida el 22 de febrero de 2024. Dicho dictamen lo declaró culpable por infracción a los delitos de daño agravado, violación de morada, alteración a la paz y tentativa de agresión. Se le impuso una condena total de dos años y seis meses de prisión, más una pena especial de $600, a cumplirse concurrentemente. Los hechos imputados ocurrieron el 25 de noviembre de 2022 en Dorado. Durante el juicio, testigos declararon sobre el ingreso ilegal del apelante a una residencia, los daños causados, las amenazas a la ocupante y su comportamiento agresivo bajo aparente influencia de sustancias. La defensa presentó prueba pericial psiquiátrica. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de Custodia. Miguel Ángel Burgos Cuevas recurrió mediante certiorari una Orden del Tribunal de Primera Instancia que dispuso sobre su excarcelación y un pago a Rosa Mary Kemp Ramírez. El peticionario solicitó además que el Tribunal Apelativo investigara los ingresos de las partes para fines de pensión alimenticia. Aunque se concedió la solicitud de exención de pago por indigencia, el Tribunal denegó expedir el recurso de certiorari. La decisión se basó en la determinación de que el Tribunal carecía de jurisdicción para atender el recurso presentado. La Resolución detalla la naturaleza de la jurisdicción y los requisitos procesales para la expedición de un auto de certiorari. Se explica que un tribunal sin jurisdicción solo puede declararlo y desestimar el caso. En consecuencia, al no tener jurisdicción sobre el asunto planteado, se denegó la solicitud de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia el 17 de diciembre de 2024. El panel estuvo compuesto por los jueces Figueroa Cabán, Mateu Meléndez y Boria Vizcarrondo, siendo el Juez Figueroa Cabán el ponente. La sentencia atendió una Moción Sobre Desistimiento presentada por la parte apelante. El Tribunal declaró con lugar dicha moción. En consecuencia, se dictó una sentencia de desistimiento con perjuicio. La decisión ordena el cierre y archivo definitivo del procedimiento de apelación. Esta determinación se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Joseph Schinasi compareció ante el Tribunal de Apelaciones para recurrir de una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación declaró No Ha Lugar su recurso de revisión contra una multa de tránsito. El peticionario argumentó que la multa por estacionamiento indebido era ilegítima por falta de señalización adecuada en el área. Tras una vista, el Tribunal de Primera Instancia denegó la revisión y posteriormente una moción de reconsideración. En desacuerdo, Schinasi presentó un recurso de apelación ante el foro apelativo. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos legales aplicables a este tipo de recursos, incluyendo los criterios para la expedición de certiorari, resolvió desestimar el recurso presentado por Joseph Schinasi.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La peticionaria, Petra J. Torres Sánchez, presentó un recurso de certiorari. Buscaba la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Carolina. Dicha resolución, emitida el 20 de septiembre de 2024, le impuso una sanción de \$1,000. La sanción se debió a una moción de descalificación de la representación legal de la parte recurrida que el TPI consideró temeraria y sin fundamentos. La peticionaria alegó errores del TPI al imponer la sanción y al determinar su falta de legitimación activa. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado. Sin embargo, determinó que carecía de jurisdicción para revisarlo. La resolución recurrida no cumplía con los criterios para la expedición de un certiorari sobre órdenes interlocutorias bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari.

Resumen:

Se apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños y perjuicios por falta de jurisdicción. Puerto Rico Land & Fruit demandó a Advantix Engineering Corp. alegando daños a su propiedad causados por la conducta negligente de Advantix como contratista del USACE. La parte demandante sostuvo que Advantix se excedió de los parámetros de su contrato con el USACE al invadir sus terrenos. El foro primario concluyó que el USACE era una parte indispensable y que la jurisdicción exclusiva recaía en el tribunal federal bajo el Federal Tort Claims Act. La parte demandante apeló, argumentando que dicho estatuto no aplica a contratistas federales y que el tribunal estatal sí tenía jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la desestimación. Se ordena la continuación de los procedimientos en el foro apelado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una petición de Certiorari presentada por Esplendor Service Group. Esplendor solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Dicha resolución declaró no ha lugar una Moción en Solicitud de Desestimación Bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil presentada por Esplendor. El caso subyacente es una demanda sobre daños y perjuicios interpuesta por Matthew John Gavin Inclán y Gabriela Alexandra Gorbea Fuxench. Los demandantes alegan acumulación excesiva de humedad y filtración de agua en su apartamento desde enero de 2023. Estas filtraciones supuestamente provienen del apartamento superior, propiedad de Eva Ruth Marrero Pagán. El documento expone el trasfondo fáctico y procesal, incluyendo inspecciones y peritajes sobre el origen de las filtraciones. Detalla los eventos procesales en el foro primario que culminaron en la presentación y denegación de la moción de desestimación de Esplendor. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora esa determinación.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el doctor Jorge L. Martínez Trabal mediante certiorari. Solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria parcial. La demanda original fue incoada por la familia Ferrari/López de Jesús contra el Hospital San Lucas Ponce y varios doctores por alegada negligencia médica que resultó en la amputación de las piernas del señor Ferrari. Los demandantes reclaman una cuantiosa compensación por daños y perjuicios. El doctor Martínez Trabal pidió limitar su responsabilidad a los topes establecidos por la Ley de Centros Médicos Académicos Regionales (Ley 136-2006). Argumentó que actuaba en su capacidad de profesor y supervisor en un Centro Médico Académico Regional al momento de los hechos. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha solicitud. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revoca el pronunciamiento impugnado del foro primario.

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Se trata de una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio por falta de pago y otros. La acción original fue instada por Carmen Iris Rivera Galarza y otros contra Héctor Iván Rivera Figueroa y otros. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de la parte demandante. Dicha sentencia ordenó el desahucio de los demandados, el pago de \$7,200 en cánones de arrendamiento vencidos, cánones futuros y \$7,000 en honorarios de abogado. La reconvención presentada por los demandados fue desestimada. Inconformes, Héctor Iván Rivera Figueroa y otros apelaron la decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Los apelantes señalan seis errores, cuestionando la procedencia de la sentencia sumaria y las condenas económicas. Argumentan, principalmente, que la acción de desahucio no es un acto de mera administración y requería la aprobación unánime de la comunidad de bienes. También impugnan la forma en que se realizó la reunión de los miembros de la comunidad para autorizar la demanda. El Tribunal de Apelaciones procederá a evaluar estos planteamientos para resolver la apelación.

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Recurso de revisión judicial presentado por Emmanuel Fuentes Enríquez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnó la Resolución del Comité de Clasificación que ratificó su nivel de custodia máxima. La agencia fundamentó su determinación en la extensión de la sentencia, la severidad de los delitos por los que fue convicto (doble asesinato) y su historial de violencia excesiva. El Departamento argumentó que el Comité posee discreción para ratificar o aumentar el nivel de custodia considerando dichos factores. El recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones tras agotar los remedios administrativos, señalando errores en la ratificación de su custodia máxima. El Tribunal revisó la decisión administrativa bajo el estándar de deferencia judicial. Consideró la razonabilidad de la actuación de la agencia y si estaba sostenida por evidencia sustancial. El Tribunal concluyó que la decisión del Comité de Clasificación fue razonable. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró la nulidad de un dictamen previo. La controversia se origina en un caso de ejecución de hipoteca donde el demandado original falleció. Las apeladas, herederas del demandado fallecido, alegaron que la apelante, quien ejecutó la hipoteca, no informó el fallecimiento ni solicitó la sustitución de parte. Tras intentar sin éxito obtener relevo en el caso original, las herederas instaron un pleito independiente sobre nulidad de sentencia. En ese nuevo caso, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de las herederas, declarando la nulidad de la sentencia de ejecución. La apelante recurrió esa decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia.

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Se presenta una solicitud para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la consolidación de dos pleitos. La peticionaria, Sra. Saudy E. García Miranda, solicitó consolidar un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instado por Banco Popular de Puerto Rico contra una sucesión. El otro caso es una acción de usucapión presentada por la propia peticionaria sobre la misma propiedad. La peticionaria alegó ser propietaria de una porción del terreno hipotecado y había intentado intervenir sin éxito en el caso de hipoteca. Tras denegarse su intervención, presentó el caso de usucapión y pidió la consolidación, argumentando identidad de objeto, partes y prueba. Banco Popular se opuso a la consolidación, señalando que no era parte en el pleito de usucapión. El foro primario denegó la solicitud de consolidación. Ante este foro, la peticionaria solicitó la expedición de un auto de certiorari para revisar dicha denegatoria. El panel, por los fundamentos expuestos, DENEGÓ la expedición del auto solicitado.

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Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación en un caso de cobro de dinero. El apelante, José Alberto Feliciano Ruiz, recurrió la determinación del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar la demanda presentada por la apelada, Shirley Vokac Seyles. El foro primario dictó sentencia en rebeldía contra el apelante tras ser emplazado por edicto y no presentar alegación responsiva. El apelante presentó mociones cuestionando el emplazamiento y solicitando la desestimación o paralización del caso, las cuales fueron declaradas No Ha Lugar. Posteriormente, solicitó reconsideración de la sentencia, lo que también fue denegado. Inconforme, el apelante acudió al Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. Por consiguiente, la apelación fue desestimada por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación sobre la liquidación de una comunidad de bienes. La apelante, Thelma Muñoz Pagán, impugnó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la liquidación de un apartamento y adjudicó su dominio al apelado, Milton Anel Pérez Acosta. Las partes adquirieron el inmueble en común y proindiviso durante su matrimonio bajo régimen de separación de bienes. Aunque ambos se obligaron en el préstamo hipotecario, el apelado realizó pagos sustanciales por concepto de hipoteca, mantenimiento y contribuciones (CRIM). El documento detalla los montos significativos pagados por el apelado para cubrir estas cargas y obligaciones del inmueble. Estos pagos generaron un crédito considerable a favor del señor Pérez Acosta por su participación en dichos gastos. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la Sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una revisión administrativa. Los recurrentes, July Bulerín y otros, impugnaron la desestimación de su apelación por la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. La apelación original ante la Junta Adjudicativa trataba sobre un hallazgo de maltrato institucional. La Junta desestimó el recurso con perjuicio por abandono y falta de interés. Esto ocurrió tras el incumplimiento reiterado de los recurrentes con órdenes procesales, incluyendo la presentación de un memorando de derecho. Los recurrentes solicitaron reconsideración a la Junta, la cual fue denegada. Acudieron al Tribunal de Apelaciones argumentando que la desestimación fue un error que les privó de su día en corte. El Departamento de la Familia solicitó la desestimación de la revisión por incumplimiento procesal de los recurrentes. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente. Finalmente, el Tribunal confirmó la resolución de la Junta Adjudicativa que desestimó la apelación original.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa. Procede de una reclamación por despido injustificado (Ley 80) ante la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo. Jean C. Rivera Reyes reclamó indemnización contra NGP Caribe, LLC, alegando que su despido fue sin justa causa y sin amonestaciones previas. NGP Caribe fue debidamente notificado de la querella y vista administrativa. Sin embargo, la empresa no presentó su contestación dentro del término de diez días. Tras un apercibimiento de la OMA y una solicitud de anotación de rebeldía por parte del querellante, la OMA declaró a NGP Caribe en rebeldía. La OMA rechazó la moción de reconsideración de NGP Caribe, que argumentaba falta de detalle en la querella y presentación de documentos en otro foro. Finalmente, la OMA resolvió sumariamente a favor de Rivera Reyes, concediendo el remedio solicitado. NGP Caribe ha presentado un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar dicha resolución.

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Comparece Banco Popular de Puerto Rico ante el Tribunal de Apelaciones solicitando un auto de mandamus. El recurso busca ordenar a un juez de instancia resolver una moción urgente de retiro de fondos. Dicha moción fue presentada en diciembre de 2023 en un caso de ejecución de hipoteca. Tras una subasta, se depositaron fondos en el tribunal. El Banco Popular solicitó retirar una cantidad específica, pero el juez solo autorizó un retiro parcial. El Banco Popular presentó varias mociones urgentes posteriores pidiendo el desembolso del balance restante, sin obtener respuesta del juez. Ante la falta de acción, se acudió al Tribunal de Apelaciones. El juez, al ser requerido, emitió una orden en el caso primario en lugar de responder al mandamus. El Tribunal de Apelaciones resuelve expedir el auto de mandamus solicitado.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación. Los apelantes, Asencio & Son Corp. y otros, solicitan la revisión de una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Dicha sentencia declaró Ha Lugar la solicitud de Sentencia Sumaria presentada por los apelados, Ofertas Properties LLC y Ríos Rivera Restaurantes, Inc., y No Ha Lugar la reconvención de los apelantes. El caso original es una demanda de Sentencia Declaratoria sobre la existencia de una servidumbre de paso. Ofertas Properties, propietaria, y Ríos Rivera, arrendataria, buscan que se declare la inexistencia de una servidumbre sobre su finca. Los apelantes, arrendatarios y propietarios de una finca colindante, alegan la existencia de una servidumbre de paso por signo aparente o por acuerdo de voluntades y uso por más de cuarenta años. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de los apelados, declarando la inexistencia de la servidumbre. Los apelantes recurren esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Carmen M. León Serrano y la Sucesión de Antonio Rosa González, apelantes, solicitando la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia desestimó sin perjuicio una demanda de desahucio en precario instada por los apelantes contra Garaje Pichón Hijo, Corp. (GPH). Los apelantes alegaron que GPH ocupaba parte de un solar de su propiedad sin consentimiento ni pago de renta. GPH, por su parte, sostuvo ser arrendatario y que la propiedad en controversia forma parte de un predio mayor cuya titularidad está en disputa y pendiente de resolución en un caso de partición y adjudicación de bienes hereditarios de dos sucesiones. GPH argumentó que el reclamo de desahucio era improcedente al no haberse establecido aún lo que corresponde a los herederos y a la viuda en dicho proceso sucesorio. El Tribunal de Primera Instancia, tras considerar las posturas, desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia que desestimó la demanda de desahucio.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión judicial. Luis Hiram Quiñones Santiago recurre una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente solicitó un cubo con exprimidor para la limpieza e higiene en su módulo. El DCR denegó inicialmente la solicitud. Tras una reconsideración, el DCR modificó su respuesta indicando que el equipo había sido removido cautelarmente por episodios de violencia. Quiñones Santiago acudió al Tribunal de Apelaciones, argumentando la necesidad del exprimidor para la salud de los confinados y la limpieza. Sostuvo que el DCR debía implementar alternativas en lugar de remover el equipo. El Tribunal revisó el expediente administrativo y la determinación de la agencia. Aplicando el estándar de revisión, el Tribunal concluyó que la decisión del DCR estaba fundamentada. En consecuencia, el Tribunal confirmó el dictamen administrativo recurrido.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por José Texidor Pérez. El peticionario solicita dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia de junio de 2024 que declaró No Ha Lugar una moción suya. El caso se relaciona con sentencias consecutivas impuestas en 2008 por violación al Artículo 142 (Agresión Sexual) y la Ley de Bienestar de la Niñez. Tras la sentencia de 2008, el tribunal de instancia realizó múltiples designaciones de abogados de oficio para el peticionario, quienes fueron relevados en repetidas ocasiones. En 2009, este Tribunal de Apelaciones ordenó al foro primario designar un abogado para que el peticionario pudiera apelar su sentencia. La presente resolución aborda la solicitud del peticionario contra la reciente decisión del tribunal de instancia. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega el recurso presentado por el peticionario.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones en un caso de cobro de dinero. La parte peticionaria, Franky González Rodríguez, presentó un recurso de certiorari. Solicitaba la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden le requería contestar la demanda cumpliendo con reglas específicas de procedimiento civil. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el historial del caso. Determinó que la orden recurrida no constituye una de las excepciones contempladas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Esta regla delimita los tipos de resoluciones interlocutorias revisables mediante certiorari. Por tanto, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso y ordenó su desestimación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso entre M. R. WASTE, INC. y el Municipio de Naguabo. Este recurso de certiorari provenía del Tribunal de Primera Instancia y trataba sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero. Las partes presentaron una Moción Conjunta sobre Aviso de Desistimiento Voluntario. El Tribunal examinó dicha solicitud. Acogió la petición de desistimiento voluntario. La decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Consecuentemente, se ordenó el archivo del caso.

Resumen:

Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Los apelantes, Toyota Credit de Puerto Rico y Universal Insurance Company, solicitan la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su demanda para impugnar la confiscación de un vehículo por falta de legitimación activa. El vehículo, financiado por Toyota Credit y asegurado por Universal, fue confiscado por el Estado el 21 de noviembre de 2021. Los apelantes alegaron que la confiscación era nula por notificación tardía y que el vehículo no fue usado ilegalmente. Toyota Credit reclamó tener un gravamen sobre el automóvil al momento de la confiscación. Sin embargo, la prueba documental mostró que el gravamen fue registrado después de la fecha de confiscación. Universal desistió de la demanda al reconocer no tener interés propietario. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que Toyota Credit no demostró tener legitimación activa al momento de la confiscación y desestimó el caso. La apelación busca revertir esta determinación.

Resumen:

Ricardo Hatton Rentas solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción para que se dicte Sentencia por Estipulación Transaccional. El caso subyacente, iniciado en 2014, trata sobre cobro de dinero y sentencia declaratoria relacionada con acuerdos de construcción de torres de telecomunicaciones. Tras el juicio, el peticionario presentó la moción para finalizar las controversias, adjuntando un acuerdo firmado solo por él y Horizon Tower, LLC, entidad en rebeldía que él representaba. Los codemandados se opusieron, argumentando que el acuerdo era inoficioso al realizarse sin su participación y notificación. El peticionario sostuvo que el consentimiento de los codemandados no era necesario para la validez de la transacción. El TPI declaró No Ha Lugar la solicitud del peticionario para dictar sentencia por estipulación. Inconforme, el señor Hatton Rentas acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de impericia médica. Los apelantes, familiares de un paciente fallecido, impugnan la desestimación sumaria de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La acción legal se originó tras el fallecimiento del señor Benito Ortiz Centeno, quien recibió atención por COVID-19 en el Hospital Pavía Santurce. Los apelantes alegaron negligencia médica por haberle dado de alta sin el tratamiento adecuado, lo que supuestamente causó su muerte. El Hospital Pavía y otros demandados argumentaron que la ley federal PREP Act les otorgaba inmunidad frente a reclamaciones por daños relacionados con el COVID-19. El foro primario acogió este argumento y desestimó la demanda. Los apelantes solicitaron la revocación de esa sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. Este tribunal, tras evaluar los fundamentos, confirmó el dictamen apelado. La decisión ratifica la desestimación de la demanda por impericia médica.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre un caso de cobro de dinero. Evian International demandó a Destilería Coquí por incumplimiento de un contrato de préstamo. Destilería Coquí solicitó la desestimación del caso, alegando que el contrato contenía una cláusula que obligaba a resolver las controversias mediante mecanismos alternos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente dictó sentencia en rebeldía, pero luego la dejó sin efecto y desestimó la demanda al concluir que carecía de jurisdicción debido a la cláusula de resolución alterna. Evian apeló esta determinación, argumentando que el foro pactado era irrazonable e injusto. El Tribunal de Apelaciones evaluó las posturas de ambas partes. Concluyó que el Tribunal de Primera Instancia no cometió error al desestimar la demanda. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia desestimatoria del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari. La peticionaria, Blasina Mesa Sánchez, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Dicha resolución declaró No Ha Lugar su solicitud de nulidad de subasta en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El caso original fue presentado por Oriental Bank contra la deudora inicial, incluyendo posteriormente a la señora Mesa Sánchez como demandada. La representación legal de la señora Mesa Sánchez renunció antes de que el foro primario dictara sentencia a favor de la parte demandante. La parte demandante original fue sustituida sucesivamente por San Carlos Mortgage LLC y Casitas Blancas LLC. Tras la sentencia y la orden de ejecución, la señora Mesa Sánchez solicitó la nulidad de la subasta, la cual fue denegada por el tribunal de instancia. El Tribunal de Apelaciones expide el recurso de Certiorari solicitado. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del foro primario que denegó la nulidad de la subasta.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños y perjuicios. La parte apelante recurre la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original alegaba que la parte apelada, contratada para realizar trabajos de construcción por $75,000, incumplió el contrato. Se alegó que la parte apelada recibió $42,000 en adelantos pero no completó la obra en el plazo pactado. La parte apelante sostuvo que los trabajos fueron deficientes, la obra fue abandonada y solo se completó un 35.6%. Reclamaban la devolución de un alegado exceso pagado, costos adicionales para completar la obra y daños y perjuicios. El Tribunal de Primera Instancia había declarado No Ha Lugar la demanda y desestimado la reconvención de la parte apelada. El Tribunal de Apelaciones revoca en parte la sentencia apelada. El caso es devuelto al foro primario para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Franchesca L. Jerez Vélez, relacionado con un caso de desahucio por falta de pago y cobro de dinero. La apelante solicitó la revisión de un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, el dictamen apelado no fue incluido en el apéndice del recurso. Además, la apelante no presentó señalamientos de error ni la argumentación legal requerida. El tribunal enfatiza que el cumplimiento con las reglas para perfeccionar recursos apelativos es obligatorio. La falta de cumplimiento con los requisitos de forma y contenido impide la revisión judicial. Al no haberse perfeccionado el recurso adecuadamente, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para considerarlo. Por consiguiente, el recurso de apelación es desestimado por falta de jurisdicción.