Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 295)

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El matrimonio Pérez González solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó su petición para ejercer el derecho de retracto sobre un crédito hipotecario litigioso. Scotiabank de Puerto Rico demandó al matrimonio por cobro de dinero y ejecución de hipoteca, obteniendo una sentencia a su favor. Posteriormente, el matrimonio intentó paralizar el lanzamiento y ejercer el retracto, alegando que Scotiabank no les permitió hacerlo y que la propiedad no estaba inscrita. El TPI determinó que no procedía el retracto porque Scotiabank adquirió la hipoteca de una cartera del FDIC y el matrimonio no agotó los remedios administrativos. El matrimonio recurrió en certiorari, argumentando que el TPI erró al no considerar adecuadamente su derecho al retracto, no determinar la fecha de adquisición del crédito ni celebrar una vista. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por el matrimonio Pérez González.

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Adalberto González Serrano solicitó un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de supresión de evidencia. El peticionario, acusado de infracciones a la Ley de Sustancias Controladas y destrucción de pruebas, argumentó que su intervención y arresto fueron ilegales, sin orden judicial ni motivos fundados, resultando en un registro ilícito. El Ministerio Público se opuso, alegando que la intervención ocurrió durante una transacción de drogas en un residencial público donde el peticionario carecía de expectativa de intimidad. Tras una vista de supresión con testimonios de agentes y un video, el tribunal de instancia denegó la moción. El peticionario solicitó reconsideración, cuestionando las determinaciones de hechos, pero el tribunal mantuvo su determinación. En su recurso de certiorari, González Serrano alegó que el tribunal erró al denegar la supresión, señalando la debilidad y contradicciones en el testimonio de los agentes y la falta de motivos fundados en la prueba. El Tribunal de Apelaciones, considerando la naturaleza discrecional del auto de certiorari, evaluó la solicitud. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal denegó la expedición del auto discrecional.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Los peticionarios, Jorge A. Arce López y Ángel Santiago Maldonado, solicitan la revocación de un dictamen interlocutorio del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicho dictamen denegó una moción de desestimación presentada por los peticionarios. La base de la moción de desestimación fue la alegada insuficiencia de los emplazamientos y su diligenciamiento. El caso subyacente es una demanda de daños y perjuicios incoada por el recurrido, Michael W. Ortiz Santos. La demanda fue presentada inicialmente en San Juan y luego trasladada a Bayamón. El propio demandante indicó que los emplazamientos no se habían expedido ni diligenciado antes de la moción de desestimación. Los peticionarios argumentan que el TPI erró al denegar la desestimación. Buscan que se revoque la decisión recurrida y se desestime el pleito en su contra.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre una petición de certiorari en un caso de daños y perjuicios. La parte peticionaria solicitó revisar la denegatoria de una reconsideración para dejar sin efecto una anotación de rebeldía sobre una reconvención y una alegada falta de enmienda a un informe con antelación a juicio. El tribunal determina que el segundo error no es revisable al no existir una determinación del foro primario. Respecto a la anotación de rebeldía, el tribunal considera que la parte peticionaria tuvo tiempo suficiente para contestar la reconvención notificada desde 2017. Concluye que la anotación de rebeldía y la denegatoria de reconsideración no presentan arbitrariedad, parcialidad, prejuicio o error que justifique su intervención. Por consiguiente, el tribunal deniega expedir el auto de certiorari al no cumplirse los criterios reglamentarios. También declara No Ha Lugar la solicitud urgente de paralización de los procedimientos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un recurso de certiorari presentado por Firstbank Puerto Rico. El banco impugnaba una orden del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha orden paralizó una subasta de ejecución de hipoteca contra Marcos Ramírez Seijo y Jessica Vázquez Vélez. El caso original de ejecución data de 2015, tras un incumplimiento de un pagaré hipotecario. Las partes habían llegado a un acuerdo de pago estipulado en sentencia, pero los deudores alegaron no poder cumplirlo posteriormente. Los deudores solicitaron nuevos términos de pago antes de la subasta, citando dificultades económicas y de salud. El Tribunal de Primera Instancia detuvo la subasta para considerar las mociones pendientes. Firstbank argumentó que esta paralización constituía un error y abuso de discreción. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del certiorari, confirmando la decisión del foro primario de paralizar la subasta.

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Aldarondo \& López Bras, PSC (ALB) demandó al Municipio de San Juan por cobro de dinero por servicios legales prestados. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó Sentencia en febrero de 2017, ordenando al Municipio pagar $55,185.86 a ALB por servicios y gastos. ALB solicitó la ejecución de la Sentencia, lo cual fue declarado Con Lugar por el TPI. El Municipio alegó que el pago estaba sujeto a un plan conforme a la Ordenanza Municipal Núm. 23 y la Ley 66. El TPI emitió una Orden el 15 de agosto de 2018, la cual fue objeto de reconsideración por ALB y declarada No Ha Lugar. ALB presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de dicha Orden del TPI. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por ALB. El Tribunal de Apelaciones determinó expedir el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una deuda de pensión alimentaria. El apelante, Manuel Plaza Luciano, impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que le impuso el pago de \$65,000.00 a su hijo adulto, José E. Plaza Merly, por concepto de deuda de pensión. La pensión original de \$2,600.00 mensuales para dos hijos menores fue estipulada en el pleito de divorcio de los padres en 2006. El hijo intervino en 2016 reclamando una deuda existente y solicitando su porción. Una certificación de ASUME reflejó una deuda total de \$65,492.33. El hijo argumentó que le correspondía la mitad de la pensión mensual y, por ende, la mitad de la deuda certificada. El padre se opuso, alegando que la deuda era ilíquida y solicitando una certificación detallada de ASUME desde la fecha en que el hijo mayor alcanzó la mayoría de edad. El Tribunal de Primera Instancia había denegado la desestimación solicitada por el padre y ordenado a ASUME la certificación requerida. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones determinó modificar la determinación apelada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una apelación presentada por El Canario by the Lagoon Hotel contra Clemenceau 2, LLC., h/n/c Condado Blú. El Canario solicitó un injunction en el Tribunal de Primera Instancia para detener la construcción que Condado Blú realiza en una propiedad adyacente, alegando daños significativos. El Tribunal de Primera Instancia denegó el injunction, resolviendo que El Canario no había agotado los remedios administrativos, específicamente una querella ante la Junta de Planificación. El Canario apeló, argumentando que la construcción causaba daños ineludibles, que era necesaria una vista evidenciaria y que las agencias administrativas no podían atender los daños reclamados. Condado Blú sostuvo que la decisión del foro primario era correcta debido a los procedimientos administrativos en curso y los permisos de construcción válidos. Tras considerar los argumentos y la prueba, el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Esto permite que los procedimientos judiciales continúen de manera expedita. No obstante, el Tribunal de Apelaciones denegó la petición inmediata de paralización de la obra. Dicha petición específica fue referida de vuelta al Tribunal de Primera Instancia para su consideración.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE201900065. La parte peticionaria, Golden Debt, LLC y Golden RE, LLC, presentó un recurso de certiorari. Este recurso proviene de un caso civil en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (DO2018CV00096). Las partes recurridas son Isla Verde Holdings, LLC y Banco Santander de Puerto Rico. El litigio original trata sobre incumplimiento de contrato, cumplimiento específico, dolo contractual, daños y perjuicios, y culpa in contrahendo. El Tribunal examinó la petición de certiorari y las oposiciones presentadas por las partes recurridas. Tras el examen, el Tribunal resolvió abstenerse de ejercer su jurisdicción revisora. Por consiguiente, se denegó la expedición del auto de certiorari. La resolución fue emitida el 14 de febrero de 2019.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de cobro de dinero. La apelación fue presentada por la Sucesión de Luis Alberto Agosto Villafañe y María Magdalena Santiago González contra José Ramón Santiago González y María Mojica Huertas. El reclamo original se basó en un pagaré de $50,000 otorgado en 2001 por Luis Alberto Agosto Villafañe y María Magdalena Santiago González, con vencimiento en 2006. Los demandantes alegaron un balance pendiente y demandaron a la sucesión y a la co-otorgante. Los demandados negaron la deuda, alegaron pago o inexistencia, y plantearon la prescripción. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor de los demandantes contra los miembros de la sucesión, archivando la reclamación contra María Magdalena Santiago González. Los apelantes recurrieron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen de instancia. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia apelada y, así modificada, la confirmó.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación presentada por Jonathan Rodríguez Betancourt. El apelante impugnó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de varios delitos. Fue convicto por posesión con intención de distribuir marihuana y cocaína (Ley de Sustancias Controladas). También fue hallado culpable de portación de arma de fuego sin licencia y posesión de municiones (Ley de Armas). Estos cargos se basaron en la evidencia ocupada durante el diligenciamiento de órdenes de registro en marzo de 2013. El Tribunal de Primera Instancia le impuso penas de reclusión significativas, incluyendo términos duplicados y consecutivos. La prueba en el juicio incluyó testimonios de agentes y un video del registro. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la apelación. Tras su análisis, el Tribunal de Apelaciones confirmó el fallo condenatorio y la sentencia recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. La Presidenta de la Junta de Directores de COSSEC, demandada en su carácter personal, solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su solicitud de desestimación en un caso de alegadas represalias y hostigamiento laboral presentado por empleados. Los demandantes originales reclamaron daños y perjuicios contra COSSEC y la Presidenta personalmente. La peticionaria argumentó falta de jurisdicción, inaplicabilidad de la ley de represalias e inmunidad condicionada. El Tribunal de Primera Instancia rechazó la desestimación, manteniendo la reclamación por hostigamiento laboral bajo el Código Civil. La peticionaria recurre al Apelativo alegando errores del foro primario al no desestimar la demanda en su contra. Los errores imputados se relacionan con la jurisdicción, la suficiencia de las alegaciones de hostigamiento y la aplicación de la inmunidad. El documento introduce el recurso de certiorari y los criterios para evaluar el abuso de discreción del tribunal inferior. La sentencia procederá a analizar si el Tribunal de Primera Instancia erró al no desestimar la demanda contra la Presidenta de COSSEC.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari presentada por Alejandro Ovalle Mejías impugnando una resolución de instancia. El tribunal observó que el peticionario, quien se encuentra confinado, no había presentado la declaración necesaria para litigar "In Forma Pauperis" sin pagar aranceles. Una resolución previa le había ordenado al peticionario proveer dicho formulario en un término de diez días. Sin embargo, el peticionario no devolvió la declaración requerida dentro del término concedido. La resolución explica que el pago de aranceles o una solicitud "In Forma Pauperis" concedida es esencial para perfeccionar un recurso de revisión e invocar la jurisdicción del tribunal. Aclara que la omisión de incluir los sellos requeridos o una solicitud "In Forma Pauperis" adecuada hace que el recurso sea nulo o sujeto a desestimación, citando ley y jurisprudencia pertinente. Aunque la norma es flexible para litigantes por derecho propio o quienes solicitan "in forma pauperis", el peticionario no cumplió con el requisito tras dársele una oportunidad. Por consiguiente, el recurso no cumple con los requisitos mínimos de presentación debido a la falta de la declaración "In Forma Pauperis" necesaria para determinar su indigencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari presentada por Gabriel Chávez Díaz y Nahir Zaragoza Valle contra Scotiabank de Puerto Rico. Los peticionarios solicitaron la revisión y revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de sentencia en un caso de cobro de dinero. El Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado. La decisión se fundamentó en que los peticionarios no rebatieron la presunción de corrección que cobija a las decisiones judiciales. No lograron demostrar que el foro primario abusó de su discreción al denegar el relevo de sentencia. Sus argumentos, basados en la procedencia de una causa de acción independiente de nulidad de sentencia al amparo de la Regla 49.2, fueron insuficientes. No efectuaron las alegaciones correspondientes sobre nulidad, fraude, error o impedimento de defensas por maquinaciones. El Tribunal recordó que la Regla 49.2 no sustituye los mecanismos de revisión procesal ni provee un remedio adicional contra una sentencia errónea por negligencia de las partes. Por tanto, el Tribunal apelativo difirió de la decisión del TPI y consideró que los planteamientos no exigían una consideración más detenida.

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Wilfredo Ortiz Colón fue declarado culpable de asesinato y violaciones a la Ley de Armas, siendo sentenciado a 150 años de prisión. Su apelación inicial fue desestimada por extemporánea debido a asistencia legal inefectiva en esa etapa. El Tribunal Supremo ordenó su resentencia para permitir una apelación oportuna. Tras la resentencia, Ortiz Colón presentó una nueva apelación y un recurso de Certiorari cuestionando la denegatoria de una moción de nuevo juicio por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha moción se basaba en alegaciones de asistencia legal inefectiva en el juicio y nueva evidencia. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos para su consideración conjunta. Mediante esta Resolución, el Tribunal expide el Certiorari solicitado. Revoca la determinación del foro primario que denegó la moción de nuevo juicio. Ordena la celebración de un nuevo juicio para el señor Ortiz Colón. En consecuencia, desestima el recurso de apelación presentado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una impugnación de confiscación de vehículo. El Estado Libre Asociado apela una decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la devolución de un vehículo. El vehículo fue incautado por una alegada violación al Artículo 5.06 (carreras de competencia) de la Ley de Tránsito. El conductor fue acusado bajo dicho artículo, y el vehículo, registrado a nombre de otra persona, fue sujeto a confiscación. La dueña y el conductor impugnaron la confiscación en una acción civil. El foro primario falló a favor de los impugnantes, basándose en que el conductor se declaró culpable de un delito menor (Art. 5.07) en el caso penal, el cual no conlleva confiscación. El Estado argumenta que el TPI erró al fundamentar su decisión en el acuerdo de culpabilidad penal. Sostiene que la confiscación es una acción civil *in rem* autorizada por el Artículo 5.06 para la conducta de regateo, independientemente del resultado del proceso penal. El documento presenta la postura del apelante solicitando la revocación de la sentencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación presentada por el Municipio de Vieques. La apelación impugna una sentencia parcial sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia favoreció a G. Navas Associates, Inc. en una demanda por cobro de dinero de $102,000 por servicios prestados bajo un contrato de 2010. G. Navas Associates reclamaba el pago por servicios de planificación y consultoría, incluyendo trabajos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El Municipio contrademandó, alegando que el contrato era nulo porque su término de 30 meses excedía el límite legal y carecía de asignación presupuestaria adecuada, citando un informe de la Oficina del Contralor. El municipio solicitaba la devolución de fondos ya desembolsados. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de G. Navas Associates, ordenando el pago de $102,000 y desestimando la reconvención. El municipio apeló esta decisión. El documento detalla los hechos probados, incluyendo los términos del contrato, los servicios, la duración, las condiciones de pago y los argumentos legales sobre su validez.

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Wilfredo Ortiz Colón fue declarado culpable de asesinato en primer grado e infracciones a la Ley de Armas, recibiendo una sentencia de 150 años. Su apelación inicial fue desestimada por asistencia de abogado inefectiva en la etapa apelativa, lo que llevó al Tribunal Supremo a ordenar una resentencia para permitir una apelación oportuna. Tras ser resentenciado, Ortiz Colón presentó una nueva apelación y un recurso de certiorari separado cuestionando la denegatoria de una moción de nuevo juicio. La moción de nuevo juicio se basaba en alegaciones de asistencia de abogado inefectiva en el juicio y nueva evidencia. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos procedimientos. Tras examinar los recursos, el tribunal expidió el auto de certiorari. El tribunal revocó la resolución del foro primario que denegó la moción de nuevo juicio. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones ordenó que se celebrara un nuevo juicio para Wilfredo Ortiz Colón. La apelación presentada después de la resentencia fue desestimada como resultado de la orden de nuevo juicio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en Reconsideración en el caso de Antonino G. Sánchez Burgos. El peticionario cumple una pena de 127 años de reclusión por dos asesinatos y una violación de probatoria, y solicita que sus penas consecutivas sean modificadas para que sean concurrentes. Inicialmente, el Tribunal de Apelaciones se declaró sin competencia al no constatar que la solicitud se hubiera presentado primero en el foro primario. Tras una solicitud de reconsideración del peticionario, se verificó que sí había comparecido ante el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones acogió la reconsideración para confirmar la determinación recurrida, basándose en los documentos adjuntados por el peticionario. El señor Sánchez fundamentó su petición en la doctrina de concurso de delitos y en un llamado a la justicia y rehabilitación, admitiendo no basarse en jurisprudencia. El Tribunal menciona la Regla 185 de Procedimiento Criminal como mecanismo para corregir sentencias bajo ciertas condiciones, pero no para alterar fallos condenatorios. Finalmente, el Tribunal confirma la denegatoria del foro primario, al no surgir error alguno de las propias admisiones del peticionario.

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Se presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones por Maraliz Rivera Ortiz. La peticionaria solicita la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de divorcio y relaciones de familia. La Resolución del TPI, de 6 de febrero de 2019, determinó que la custodia compartida y las relaciones paterno-filiales entre las partes continuarían. Esta decisión del TPI se emitió luego de que la peticionaria obtuviera una Orden de Protección bajo la Ley 246-2011 contra el recurrido, William Guzmán Colón, la cual había establecido medidas provisionales para visitas supervisadas. La peticionaria argumentó que el TPI erró al emitir una orden que contradecía o dejaba sin efecto la Orden de Protección, cuya revisión corresponde al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso de certiorari y la solicitud de auxilio de jurisdicción. Tras considerar los planteamientos, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del recurso de certiorari. Asimismo, se deniega la Solicitud de Auxilio de Jurisdicción presentada por la peticionaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre FirstBank Puerto Rico y Ángel Torres González. FirstBank apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró "Ha Lugar" la demanda por despido injustificado del señor Torres González. El señor Torres González, empleado por 22 años, fue despedido en agosto de 2014 tras una serie de incidentes disciplinarios ocurridos entre 2012 y 2014. Estos incidentes incluyeron quejas de subordinados, fallas en la revisión de sobregiros y cuentas comerciales, y violaciones al código de conducta. A pesar de las acciones disciplinarias, sus evaluaciones de desempeño se mantuvieron positivas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reclamación por discrimen pero encontró que el despido fue injustificado. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación presentado por Luis Emilio Duchesne Jiménez y María Elisa Blanes Ibarra. Los Apelantes solicitaron la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La demanda original fue presentada por LSREF2 Island Holdings, Ltd. (predecesor de la Apelada HIBISCUSPR LENDCO, LLC) alegando incumplimiento de pago de un préstamo hipotecario. Los Apelantes contestaron la demanda, alegando estar al día en los pagos y presentando una reconvención por daños y perjuicios. También demandaron a Firstbank, el originador del préstamo, como tercero demandado. El Tribunal de Apelaciones revisó el tracto procesal pertinente. Tras la revisión, el panel de jueces decidió confirmar el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa, mediante un recurso acogido como apelación, una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia, dictada en el caso K PE2015-3721 sobre Regla 49.2, Fraude y Falsa Representación, desestimó con perjuicio la Demanda presentada por el Dr. Samuel David Silva Ramírez. Además de la desestimación, el foro primario impuso al Dr. Silva Ramírez el pago de $\$ 5,000.00$ por concepto de honorarios de abogado. Este litigio se enmarca en el contexto de disputas previas entre el Dr. Silva Ramírez y el Hospital Auxilio Mutuo, relacionadas con la terminación de sus privilegios clínicos. En esos procedimientos anteriores, la suspensión de privilegios fue confirmada en apelación. En el presente recurso (KLCE201701318), el Dr. Silva Ramírez solicitó la revisión de la Sentencia que desestimó su Demanda por fraude. El Panel del Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el caso, determina confirmar la Sentencia apelada en todos sus extremos.

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El Tribunal de Apelaciones deniega la solicitud de certiorari presentada por un miembro de la población correccional que buscaba revisar la negativa del Tribunal de Primera Instancia a modificar su sentencia. El peticionario, convicto de asesinato y violaciones a la Ley de Armas, había sido sentenciado a una larga pena de reclusión. Esta era la segunda vez que el peticionario solicitaba una rebaja de sentencia ante el foro primario, cuya primera denegatoria ya había sido desestimada en apelación previa. El peticionario argumentaba la inconstitucionalidad de la aplicación de la Ley de Armas y la falta de prueba. El Tribunal de Apelaciones fundamenta su decisión en que el asunto planteado ya había sido resuelto anteriormente, invocando el principio de que los litigios deben tener un punto final. Además, señala que el peticionario no demostró tener un argumento meritorio para impugnar su sentencia. Finalmente, indica que el peticionario incumplió con la obligación procesal de acompañar todos los documentos pertinentes para evaluar su reclamación. Por estas razones, se deniega la expedición del auto solicitado.

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Omar Alexis Rosado Rivera acude al Tribunal de Apelaciones en certiorari para revisar la denegatoria de sus solicitudes de corrección de sentencia por el foro primario. Originalmente acusado bajo el Art. 142 CP, se acogió a una alegación pre-acordada, reclasificando el delito al Art. 122 CP y recibiendo una sentencia de 6 años de probatoria. Tras violar la probatoria y ser encarcelado, solicitó la corrección de su sentencia bajo las Reglas 185 y 192.1 de Procedimiento Criminal. Arguyó que debía aplicársele una reducción del 25% por atenuantes, como aceptar culpabilidad y ajuste institucional. Posteriormente, sostuvo que la pena debió basarse en el delito reclasificado (Art. 122 CP), que conlleva 3 años, menos el 25% por atenuantes, invocando el principio de favorabilidad. El foro primario denegó sus solicitudes, indicando falta de jurisdicción bajo la Regla 185 y declarando académica la petición bajo la Regla 192.1, además de señalar que los atenuantes son discrecionales y se solicitan al dictar sentencia. El peticionario alega error en la denegatoria de su solicitud bajo la Regla 192.1 y reitera que su sentencia debe ser reducida a 3 años menos el 25%, solicitando su excarcelación inmediata. El Tribunal de Apelaciones, ante la naturaleza discrecional del certiorari, solicitó los autos originales para evaluar el recurso.

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La Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, en representación de Edwin García Román, apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La querella original reclamaba el pago de compensación fija por el uso de automóvil privado para gestiones de trabajo. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la querella por falta de jurisdicción. Determinó que la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) poseía jurisdicción primaria exclusiva para atender la reclamación. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado argumentó que la controversia aludía a un beneficio marginal potencialmente afectado por la Ley Núm. 66-2014. Según la CFSE, dicha ley designa a la CASP como el foro competente para reclamaciones surgidas de sus disposiciones. La Asociación apeló solicitando la revocación de la desestimación. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. Con ello, validó la conclusión de que la CASP es el foro administrativo con jurisdicción primaria exclusiva para este tipo de reclamación laboral.

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Es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Concerne una apelación presentada por el matrimonio Sintes-Martínez contra Popular Auto, LLC. La apelación impugna una decisión del tribunal de primera instancia en un caso de cobro de dinero. El foro primario falló a favor de la reclamación de Popular Auto y desestimó la reconvención del matrimonio. Popular Auto reclamó el pago de deudas derivadas de un contrato de compra de una embarcación y un contrato de arrendamiento financiero de un vehículo Acura. El matrimonio Sintes-Martínez disputó los montos adeudados y alegó que Popular Auto les causó sufrimientos. También presentaron una reconvención, acusando a Popular Auto de incumplir el contrato de arrendamiento del Acura. La reconvención alegó que Popular Auto manejó indebidamente la venta del vehículo a un tercero y divulgó su información. Popular Auto negó estas alegaciones, afirmando sus derechos y alegando que el matrimonio incumplió el contrato al transferir el vehículo sin previo aviso. La apelación busca revocar la sentencia del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una disputa de pensión alimentaria. Miguel Fernández Barreras solicitó que se declarara prescrita una deuda de pensión alimentaria adeudada a sus hijos adultos, amparándose en el Artículo 1866(1) del Código Civil. El tribunal de instancia le ordenó presentar documentación para sustentar su solicitud. El peticionario no cumplió con la fecha límite original debido a que la orden judicial fue notificada tardíamente. A pesar de presentar la información posteriormente y explicar el retraso, el tribunal de instancia desestimó su solicitud por incumplimiento. Fernández Barreras recurrió la desestimación mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La parte recurrida no compareció tras ser emplazada. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revocó la resolución del tribunal de instancia. Consideró que la desestimación fue errónea al basarse en un incumplimiento causado por la propia tardanza del tribunal en notificar la orden.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por Rosa Vargas Hernández contra Sonia Vargas Hernández. El recurso buscaba la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre rendimiento de cuentas y partición de herencia. La controversia principal giraba en torno a si un bien inmueble formaba parte del caudal hereditario y si se había cumplido con una sentencia previa relacionada con la herencia del padre de las partes. La Peticionaria impugnó la decisión del foro primario que dio por concluido el descubrimiento de prueba, argumentando evasión por parte de la Recurrida. El Tribunal de Primera Instancia había declarado que la cuestión del cumplimiento de la sentencia previa constituía cosa juzgada. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, determinó desestimarlo. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción, al considerar que el recurso se había tornado académico.

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Sentencia en reconsideración del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. Los Apelantes recurren una Sentencia en Rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Banco Santander. La rebeldía fue anotada porque los Apelantes no presentaron una contestación formal a la demanda. No obstante, uno de los Apelantes presentó una moción por derecho propio solicitando mediación y afirmando que la propiedad era su residencia principal. El TPI determinó que esta moción no era una contestación y dictó sentencia en rebeldía. Los Apelantes apelaron, argumentando que su moción debió impedir la rebeldía. El Tribunal de Apelaciones inicialmente desestimó la apelación por un error de notificación, pero reconsideró su decisión tras alegaciones de problemas técnicos con el sistema SUMAC. Habiendo reinstalado la apelación y resuelto asuntos procesales subsiguientes, el Tribunal declara el caso sometido para resolver el mérito de la apelación sobre la procedencia de la sentencia en rebeldía.

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Se revisa una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Oriental Bank. Oriental Bank demandó a Multi-Ventas y Servicios, Inc. y otros por cobro de dinero y ejecución de hipoteca, tras adquirir préstamos de Eurobank. Los apelantes presentaron una reconvención, alegando que Oriental Bank carecía de legitimación activa. Sostenían que los pagarés objeto del litigio dejaron de existir al ser sometidos a un proceso de "securitization". Solicitaron la extinción de las obligaciones, nulidad de acuerdos y cancelación de asientos registrales, además de cuestionar la constitucionalidad de una ley. Oriental Bank afirmó ser el tenedor legítimo de los pagarés incumplidos. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a Oriental Bank, al determinar que no había controversia sobre los hechos esenciales. Estos hechos incluían una línea de crédito rotativa de \$1,500,000 otorgada por Eurobank a Multi-Batteries & Forklifts, Corp. Dicha deuda estaba garantizada por diversos activos pignorados y por garantías ilimitadas y continuas otorgadas por los apelantes. La sentencia apelada desestimó la reconvención de los apelantes.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por el Gobierno. El Gobierno solicitó revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 18 de abril de 2018. Dicha Orden del TPI emitía dictámenes sobre el estatus de un vehículo confiscado, prohibía al Estado disponer del mismo y fijaba términos para información. El caso se originó con la confiscación del vehículo del recurrido, Héctor Montañez Ortiz, en agosto de 2016 por presuntas violaciones a la ley de tránsito. Montañez Ortiz impugnó la confiscación, alegando ilegalidad en la intervención y falta de notificación oportuna. El Gobierno defendió la confiscación, argumentando que el vehículo era inherentemente ilegal debido a piezas reemplazadas sin documentación. Tras evaluar las posiciones, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el Gobierno. Esto implica que la Orden del TPI de 18 de abril de 2018 no fue revocada mediante este recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación presentado por el Dr. Edelmiro Carrillo Rodríguez. El doctor apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar \$13,496.03 a MCS Advantage, Inc. MCS demandó al doctor por cobro de dinero, alegando que facturó erróneamente servicios de sala de emergencias ya cubiertos por el pago per diem a un hospital. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la demanda de MCS y No Ha Lugar la solicitud de desestimación del doctor. El Tribunal de Apelaciones revisó el tracto procesal, las relaciones contractuales entre MCS, el doctor y el hospital, y la prueba testifical presentada. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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