Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 290)

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación en un caso de daños y perjuicios por persecución maliciosa. Los apelantes, José García Ortiz y otros, demandaron a los apelados, incluyendo a International Shipping Agency, Inc. (Intership) y sus representantes. La demanda se basó en que los apelados reportaron como hurtado un vehículo utilizado por el Sr. García Ortiz tras su despido de Intership. Este reporte llevó al arresto del Sr. García Ortiz, aunque no se presentaron cargos criminales. Los apelantes alegaron que la acción criminal fue maliciosa y una represalia por una demanda laboral previa. Los apelados argumentaron que actuaron legítimamente para recuperar propiedad de la empresa. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de persecución maliciosa mediante sentencia sumaria. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la sentencia apelada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, desestimando la reclamación por persecución maliciosa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso de apelación presentado por Idelfonso González Rodríguez. El apelante busca la revisión de un fallo de culpabilidad emitido por el Tribunal de Primera Instancia de Lares por infracción al Art. 7.02 de la Ley 22-2000. Tras la negación de una moción de reconsideración, el Sr. González Rodríguez apeló, alegando error en la valoración de la prueba por parte del tribunal de instancia. La Oficina del Procurador General solicitó la desestimación del recurso por prematuridad. Argumenta que el Tribunal de Primera Instancia aún no había dictado una sentencia formal al momento de la apelación, solo un fallo de culpabilidad. El Tribunal de Apelaciones examina los principios legales sobre la jurisdicción y los recursos prematuros. Un recurso presentado antes de que exista una sentencia final carece de eficacia y priva al tribunal de jurisdicción. La desestimación por falta de jurisdicción es el curso de acción apropiado en estos casos.

Resumen:

Adalberto Santiago Urbina compareció ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de una Sentencia Enmendada que lo condenó a 27 años de prisión por delitos de robo y violación a la Ley de Armas. El peticionario ya había recurrido en apelación contra esta sentencia, la cual fue confirmada por un panel de este mismo Tribunal en junio de 2017. Mediante una Moción Certiorari, Santiago Urbina procuró una segunda revisión de su sentencia condenatoria. El Tribunal recordó que el auto de Certiorari es un recurso procesal extraordinario y discrecional, que procede para corregir errores de tribunales inferiores, usualmente en asuntos interlocutorios. No constituye un mecanismo para una segunda revisión de una sentencia final que ya ha sido confirmada en apelación. Por los fundamentos expuestos sobre la naturaleza y procedencia del recurso de Certiorari, el Tribunal de Apelaciones desestimó la solicitud del peticionario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari la negativa del Tribunal de Primera Instancia a reducir la sentencia de Alex A. Rodríguez Colón. El peticionario fue sentenciado a veinte años de reclusión por asesinato en segundo grado, tras declararse culpable. Posteriormente, presentó dos mociones ante el TPI solicitando una reducción de pena, alegando circunstancias atenuantes y el principio de favorabilidad. El TPI denegó ambas solicitudes, entendiendo que la sentencia se dictó conforme a derecho y que el asunto ya había sido resuelto. Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones. Este foro expidió el auto de certiorari para revisar la actuación del TPI. Tras considerar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia del TPI, que denegó la reducción de pena solicitada, fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones. El caso ameritó la expedición del recurso para poner fin a las reiteradas peticiones de revisión de sentencia.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por JS Services, LLC. La compañía solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. Dicha moción se fundamentó en una cláusula de selección de foro en un Operational Agreement que designaba los tribunales de Alabama para resolver disputas. El caso subyacente fue iniciado por Samuel Sánchez contra su hermano José Julián Sánchez y JS Services. Samuel Sánchez alega ser copropietario de la empresa y busca remedios relacionados con la gestión y los fondos de la compañía, así como el reconocimiento de un Operational Agreement. Los demandados, José Julián Sánchez y JS Services, argumentaron que la cláusula de selección de foro en el acuerdo, si es válido, requiere que el caso se litigue en Alabama. JS Services también solicitó la desestimación por falta de inclusión de partes indispensables. La resolución detalla el trámite procesal que llevó a la denegación de la moción de desestimación por el foro primario.

Resumen:

Orlando Rivera Valentín comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari solicitando la aplicación del principio de favorabilidad para enmendar sentencias dictadas en su contra en febrero de 2013. El peticionario también plantea alegaciones sobre representación legal inadecuada y la prueba presentada en su caso. El Tribunal observa que el escrito no identifica una orden específica a revisar ni incluye apéndice. Más importante aún, el Tribunal determina que los argumentos del peticionario ya han sido presentados y resueltos previamente. Una resolución anterior de este mismo Tribunal, de enero de 2019 (KLCE201801713), abordó una petición similar del mismo recurrente. Dicha resolución previa detalló el historial procesal, incluyendo el juicio por jurado que resultó en la convicción del peticionario. La resolución de enero de 2019 explicó que la solicitud de favorabilidad ya había sido resuelta en una determinación de abril de 2016 (KLCE201600140). Asimismo, aclaró que la alegación de representación inadecuada relacionada con una alegación de culpabilidad no procedía, pues el peticionario fue convicto por un jurado. Por tanto, el recurso actual reitera argumentos ya desestimados, lo que plantea una controversia jurisdiccional.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Siemens Transportation Partnership PR. Siemens impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de abril de 2018. Dicha Resolución del TPI denegó a Siemens la presentación de un perito anunciado en un caso de sentencia declaratoria iniciado en 2009 por Chartis/AIG sobre cubierta de seguro. La denegatoria del TPI ocurrió tras múltiples solicitudes de prórroga por parte de Siemens para anunciar y someter el informe de su perito. El TPI había establecido términos claros para el descubrimiento de prueba y la notificación de peritos. Siemens alegó la complejidad del caso y dificultades para conseguir un perito disponible. El recurso de Certiorari solicitaba la revocación de la decisión del TPI que impidió la presentación del perito. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, denegó la expedición del auto de Certiorari.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el Sr. Juan A. Rodríguez Vilá y otros, apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La apelación surge de demandas consolidadas por libelo, calumnia y daños y perjuicios presentadas por Abelardo Bermúdez Torres y Carlos Romero Barceló junto a su esposa. Los demandantes-apelados alegaron que el Sr. Rodríguez Vilá incurrió en difamación al suscribir una declaración jurada y ofrecer entrevistas. En dichas declaraciones, afirmó haber visto al Juez Bermúdez Torres y al ex gobernador Romero Barceló reunirse poco antes de un juicio donde Bermúdez era juez y Romero Barceló era víctima. Los demandantes-apelados sostuvieron que estas expresiones fueron falsas y difundidas públicamente. El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia en su contra, la cual es objeto de esta apelación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, decide modificar la sentencia apelada. Una vez modificada, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia es confirmada.

Resumen:

Comparece la señora María Brunilda Otero Declet solicitando la revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicho dictamen declaró Con Lugar parcialmente su demanda contra su hermano y cuñada, ordenándoles el pago de un préstamo. La disputa se centra en la naturaleza de las aportaciones de dinero de la apelante al negocio administrado por su hermano. Mientras la apelante alegó la existencia de una sociedad con división de ganancias, los apelados sostuvieron que fue un simple préstamo. El foro primario determinó expresamente que no se constituyó una sociedad entre las partes, sino únicamente un préstamo de dinero. En consecuencia, ordenó el pago de las cantidades adeudadas por dicho préstamo y la venta de un vehículo. La Sentencia apelada, sin embargo, no hizo pronunciamiento alguno sobre la reconvención presentada por los apelados, la cual aún queda pendiente. Antes de evaluar los méritos, el tribunal apelativo debe auscultar su jurisdicción, pues el dictamen impugnado podría ser una resolución interlocutoria.

Resumen:

Esta es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso fue presentado por el Gobernador, la Secretaria de Hacienda y el Gobierno de Puerto Rico. Apelaron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar un Mandamus de Espacios Abiertos, LLC. Espacios Abiertos solicitó acceso a un informe sobre acuerdos de reducción de impuestos requerido por la Junta de Supervisión Fiscal. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al Gobierno divulgar dicho informe en cinco días. El Gobierno se opuso a la divulgación, planteando argumentos como la confidencialidad. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y los planteamientos de las partes. Finalmente, el Tribunal declaró No Ha Lugar una solicitud de Amicus Curiae y revocó en su totalidad la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Esto implica que el Gobierno no está obligado a divulgar el informe según lo ordenado inicialmente.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari en un caso de daños y perjuicios. Los peticionarios impugnan la denegatoria del foro primario a su cuarta solicitud para enmendar la demanda. Dicha enmienda buscaba incluir a la aseguradora del hospital recurrido como codemandada. El tribunal de instancia denegó la solicitud por considerarla tardía y por falta de diligencia de los demandantes. El hospital recurrido argumentó que los peticionarios conocían la identidad de la aseguradora desde 2015, según el Informe de Manejo del Caso. Señaló que esperaron casi tres años para solicitar la enmienda y que la aseguradora no era parte indispensable. Los peticionarios alegaron error del foro primario al denegar la enmienda y en la forma de su resolución. El Tribunal de Apelaciones expone las razones por las cuales no se justifica su intervención discrecional en el caso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VII, en el caso KLAN201801058. Este recurso de apelación proviene de un caso sobre daños y perjuicios por impericia médica (Caso Núm. K DP2015-0770) del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Las partes son Juan Arce Arce y Otros como apelantes y Dr. Rafael Bouet Blasini y Otros como apelados. La sentencia, emitida el 5 de marzo de 2019, considera una Moción de Desistimiento Voluntario, Con Perjuicio. Dicha moción fue presentada por la parte apelante el 28 de febrero de 2019. El Tribunal de Apelaciones declaró Ha Lugar la referida moción. De conformidad con la Regla 83(A) de su Reglamento, se ordena el archivo del caso. El archivo se dispone específicamente por desistimiento con perjuicio.

Resumen:

Compareció ante el Tribunal de Apelaciones Aaron Floyd Larabee mediante recurso de certiorari. Solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La moción se basaba en la alegada violación al término de juicio rápido bajo la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal. Larabee argumentó que habían transcurrido 124 días desde la presentación de las acusaciones sin que se celebrara el juicio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, entendiendo que las dilaciones estaban justificadas, como la ausencia justificada de la perjudicada. Junto al certiorari, el peticionario solicitó una moción en auxilio de jurisdicción para paralizar el juicio señalado. El Tribunal de Apelaciones concedió al Pueblo de Puerto Rico la oportunidad de expresarse. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar tanto la petición de paralización de los procedimientos como la solicitud de expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE201900288. Los peticionarios, Jeffrey Hernández Suárez y otros, presentaron un recurso de certiorari solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia del 8 de enero de 2019. Alegan que el foro primario abusó de su discreción al no permitirles enmendar las alegaciones de su demanda. Junto al recurso, presentaron una moción para presentar el apéndice posteriormente y una urgente moción en auxilio de jurisdicción y paralización. Esta última moción busca detener un juicio programado para el día siguiente, 5 de marzo. Sin embargo, la moción urgente no cumplió con el requisito de notificación simultánea según la Regla 79(E). El documento discute la naturaleza del auto de certiorari como vehículo extraordinario para revisar decisiones inferiores y los criterios para determinar un abuso de discreción judicial. El tribunal evalúa estas presentaciones y el contexto legal aplicable.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. La apelación fue presentada por el Fideicomiso del Plan de Pensión para Empleados de Escuelas Católicas. Impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. El caso original es una reclamación laboral bajo la Ley Núm. 2-1961 presentada por maestros retirados. Los maestros reclamaban salarios diferidos y beneficios de pensión impagos contra su patrono y el Fideicomiso. Alegaban que el Fideicomiso, como agente pagador, suspendió los pagos de pensión. El Fideicomiso argumentó no ser el patrono y que la Ley 2-1961 no le aplicaba. El Tribunal de Primera Instancia concedió una moción de los maestros para desistir sin perjuicio de la reclamación contra el Fideicomiso. El Fideicomiso apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada, manteniendo la desestimación sin perjuicio de la reclamación contra el Fideicomiso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso de sentencia declaratoria. El litigio involucra a TLS Management y a los señores Donald y Karen Allen, quienes también presentaron una reconvención. Durante el proceso, los señores Allen cursaron una oferta de sentencia a TLS por \$1.00 bajo la Regla 35.1 de Procedimiento Civil. TLS aceptó formalmente dicha oferta de sentencia. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial acogiendo la aceptación de la oferta, mientras continuaban los procedimientos sobre la reconvención. Los señores Allen apelaron, señalando errores como la denegatoria de su solicitud de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. También argumentaron que la sentencia parcial se dictó por un monto incorrecto (\$10,001.00) en lugar del \$1.00 ofrecido y aceptado. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Pablo Millán Ortiz. El caso surge de una demanda instada por la Asociación de Condóminos del Condominio Villas del Faro en su contra. La Asociación alegó que el Sr. Millán violó la fachada de su apartamento al cambiar las ventanas e instalar una unidad de aire acondicionado y una vareta sin la debida autorización. Sostuvieron que estas acciones incumplieron el Reglamento del Condominio y la Ley de Condominios. El Sr. Millán se defendió argumentando que notificó el cambio de ventanas y que, al no recibir objeción en 60 días, entendió que tenía permiso. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda de la Asociación, ordenando al Sr. Millán restablecer la fachada. El Sr. Millán apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un recurso de certiorari presentado por José A. Márquez Sánchez. El peticionario solicitaba la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha determinación del TPI denegó una solicitud de corrección de sentencia presentada por Márquez Sánchez. El peticionario argumentaba que el TPI incidió al no corregir su sentencia, alegando que no dio por cumplida la pena por la Ley de Armas e incurrió en doble sentencia. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso conforme a los criterios de la Regla 40 de su Reglamento. Determinó que la sentencia original está dentro de los parámetros legales y es correcta en derecho. Concluyó que el foro primario no actuó fuera de su discreción ni cometió un error que justificara la intervención apelativa. Por tanto, se deniega la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Reinaldo Moret Acevedo y otros contra funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La apelación impugna una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha Sentencia de instancia desestimó la demanda de los apelantes por falta de jurisdicción sobre la materia. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada. La decisión se fundamenta en la naturaleza y requisitos del auto de mandamus, un remedio privilegiado y discrecional. Se explica que el mandamus solo procede para compeler el cumplimiento de deberes ministeriales claramente definidos cuando no existe otro remedio legal adecuado. Su expedición requiere que la ley exija la acción y, generalmente, un requerimiento previo al demandado. La confirmación de la desestimación implica que la acción presentada por los demandantes no cumplía con los criterios jurisdiccionales, posiblemente relacionados con la improcedencia del mandamus u otro remedio similar solicitado.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve recursos consolidados de apelación y certiorari. Los recursos provienen de una demanda sobre daños y perjuicios e interdicto sumario presentada por Santa Paula Oil Corporation (ahora To Go Stores, Inc.). El Tribunal de Primera Instancia había declarado "Ha lugar" la demanda, condenando a los apelantes al pago de \$129,221.00 en daños y desestimando su reconvención. Posteriormente, el foro primario denegó la solicitud de costas y gastos de la parte demandante. Los apelantes recurrieron la sentencia en cuanto a los daños. La parte apelada recurrió la denegatoria de costas mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada en cuanto a la condena por daños. Sin embargo, expidió el recurso de certiorari para revocar la resolución que denegó las costas. Consecuentemente, concedió las costas a la parte apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución denegando un recurso de certiorari presentado por Yared A. Alicea Alvarado. La peticionaria solicitaba la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su moción de traslado. Alicea Alvarado argumentó que los hechos del delito de insuficiencia de fondos ocurrieron en una región judicial distinta a la de Aguadilla, donde se radicó el caso. El documento revisa las reglas de procedimiento criminal relativas a la sede del juicio y los requisitos para solicitar un traslado. Se destaca que una moción de traslado debe presentarse por escrito, expresar fundamentos específicos y estar apoyada por declaración jurada. El Tribunal de Apelaciones, al revisar la actuación del foro primario bajo el estándar de abuso de discreción, determinó que la moción de traslado original no cumplió con los requisitos formales de la Regla 82 de Procedimiento Criminal. Específicamente, la peticionaria no incluyó la requerida declaración jurada. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del foro primario y deniega el certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre un recurso de certiorari en un caso de impericia médica. Los peticionarios, incluyendo a Karina N. Rodríguez Ramos, impugnan una Minuta Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha resolución del TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de los peticionarios para que se tuvieran por renunciadas las defensas afirmativas de los codemandados. La demanda original de 2009 alegaba negligencia médica durante el alumbramiento de la hija de la señora Rodríguez Ramos, resultando en su fallecimiento. Los demandados, incluyendo médicos y SIMED, presentaron contestaciones negando responsabilidad y exponiendo defensas. Los peticionarios buscaban que el Tribunal de Apelaciones revocara la decisión del TPI sobre la renuncia de defensas. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. Como resultado, la decisión del TPI se mantiene. La paralización de los procedimientos decretada previamente queda sin efecto.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Fermín Ramiro García Trigo y Leonor M. García Escanelle contra Banco Popular de Puerto Rico. Los peticionarios solicitan revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de enero de 2018 que denegó una moción suya. El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoada por el banco en 2010. Los peticionarios alegaron falta de jurisdicción por emplazamiento defectuoso, indicando que estaban divorciados y no constituían una sociedad de bienes gananciales. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía en 2010 y la propiedad fue subastada en 2013. Los peticionarios presentaron mociones impugnando el emplazamiento y la sentencia, las cuales fueron denegadas por el foro primario. Ya habían presentado un certiorari previo contra una orden de 2013. En esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación contra una sentencia desestimatoria del Tribunal de Primera Instancia. La apelante, Marian Laboy Torres, demandó la rescisión de un contrato de compraventa de terreno por incumplimiento de pago del balance por parte de los compradores, Gerardo Calderón y Sonia López. El pago final estaba condicionado a la segregación e inscripción de la propiedad, lo cual se completó años después de la venta inicial. Los compradores se acogieron a la Ley de Quiebras, Capítulo 7, donde la reclamación de la vendedora fue incluida y posteriormente descargada. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de rescisión, concluyendo que la reclamación había sido descargada por la Corte de Quiebras y carecía de jurisdicción. La apelante argumenta que el tribunal erró al desestimar el caso, sosteniendo que la acción es de rescisión contractual y no de cobro de dinero, y que el contrato fue incorrectamente caracterizado. El Tribunal de Apelaciones examinará si la acción de rescisión está impedida por el descargo de deudas en el proceso de quiebras.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de apelación sobre deslinde, amojonamiento, reivindicación y daños y perjuicios. El apelante, Juan Salcedo Lugo, solicitó la revisión de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia parcial declaró ha lugar una reconvención presentada por el apelado, Axel Seda Fondorona. El pleito original de Salcedo Lugo había sido desestimado por falta de partes indispensables (herederos). El TPI determinó en la sentencia parcial que Salcedo Lugo construyó ilegalmente un pozo séptico en la propiedad de Seda Fondorona. Salcedo Lugo apeló, alegando que el TPI erró al no incluir al Departamento de la Vivienda como parte indispensable, argumentando falta de jurisdicción y violación al debido proceso. El Tribunal de Apelaciones examinó el concepto de parte indispensable según la Regla 16 de Procedimiento Civil. Tras revisar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. El Municipio Autónomo de Juncos apela la imposición de \$25,500 en honorarios de abogado en un caso de mandamus. El caso de mandamus fue presentado por expolicías municipales (Bienvenido Rivera Pabón y otros) para compeler al Municipio a pagar salarios y beneficios dejados de percibir. Los policías habían sido destituidos, pero una resolución administrativa (CIPA) ordenó su restitución y el pago de haberes. La determinación de la CIPA fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. A pesar de las decisiones judiciales firmes, el Municipio demoró el pago, lo que motivó la acción de mandamus. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el pago y concedió honorarios de abogado a los demandantes. El Tribunal de Apelaciones modifica la sentencia apelada. La modificación consiste únicamente en eliminar la partida de honorarios de abogado concedida. Así modificada, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia es confirmada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso presentado por el Estado Libre Asociado. El Estado solicita la revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia concedió un interdicto permanente a favor de uniones demandantes. El interdicto impedía al Estado implementar la Directriz 6 del Memorando Normativo Conjunto Núm. 2018-01. El Tribunal de Primera Instancia declaró nula la Directriz 6. La Directriz 6 buscaba implementar la decisión del Tribunal Supremo Federal en *Janus v. AFSCME*. En *Janus*, se determinó que retener obligatoriamente cuotas sindicales a empleados públicos no afiliados viola su derecho a la libertad de expresión y asociación. Según *Janus*, los descuentos son inconstitucionales sin el consentimiento claro y afirmativo del empleado no afiliado. El Tribunal de Apelaciones, tras analizar el caso y la decisión *Janus*, revoca la Sentencia apelada. Esto significa que el Tribunal de Apelaciones no encontró base para el interdicto concedido por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el caso de cobro de dinero, fraude y mala fe entre Macros, LLP y María Mercedes Pagani Meléndez. Macros, LLP demandó a la Sra. Pagani para el cobro de un préstamo de \$204,500 y la entrega de un pagaré, alegando que ella era tenedora de mala fe del documento tras el fallecimiento del representante de Macros, quien era su compañero. La Sra. Pagani sostuvo que era poseedora legítima del pagaré, entregado por su compañero. El Tribunal de Primera Instancia declaró "Ha Lugar" la demanda, determinó que la Sra. Pagani era tenedora de mala fe del pagaré y la condenó al pago de la deuda principal, intereses, costas y honorarios de abogado. La Sra. Pagani apeló esta decisión. Durante el proceso, la reconvención presentada por la apelante fue desistida y archivada con perjuicio. En el juicio, Macros presentó prueba testifical, mientras que la Sra. Pagani renunció a presentar la suya. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la apelación. Tras evaluar el caso, el panel apelativo concluyó que procedía confirmar la Sentencia recurrida. Por tanto, se mantuvo la orden de pago de la deuda y la determinación de tenedora de mala fe del pagaré contra la Sra. Pagani.

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces revisando una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. El peticionario, Eusebio Acosta Acosta, solicitó la revisión de la negativa del foro primario a desestimar los cargos en su contra por insuficiencia de prueba, conforme a la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. Los cargos se relacionan con una alegada violación al Artículo 4(b)(4) de la Ley Contra el Acecho, existiendo una orden de protección a favor de la señora Ivette Vargas Cruz. El incidente ocurrió cuando el peticionario se encontraba en la propiedad donde residía la señora Vargas Cruz, realizando labores a solicitud de su hermana, dueña del inmueble. La señora Vargas Cruz lo vio al llegar a la residencia, tras lo cual el peticionario se retiró. El foro primario encontró causa probable y luego denegó la solicitud de desestimación del peticionario. El peticionario recurrió en Certiorari alegando error del tribunal primario al no desestimar el caso por ausencia total de prueba de los elementos del delito de acecho. Este Foro Revisor procedió a expedir el recurso y revocar la determinación del foro primario.

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. La apelante, Wanda Ivette Rodríguez Robledo, solicita la revisión de una sentencia que declaró con lugar una acción de cobro de dinero. La demanda original fue presentada por José Alberto Corchado Juarbe y Haydeé Sonera Pérez, basada en un pagaré hipotecario de \$114,500.00 otorgado en 2009. Los demandantes alegaron incumplimiento de pago por parte de Rodríguez Robledo. La demandada admitió no haber realizado pagos, pero arguyó defensas como fraude, nulidad del pagaré y usura en la tasa de interés. Los demandantes solicitaron sentencia sumaria en cobro de dinero. Rodríguez Robledo se opuso, reiterando sus defensas y la falta de buena fe de los demandantes. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia declarando con lugar la acción de cobro de dinero. Determinó como hechos incontrovertidos la existencia del pagaré y la hipoteca, el principal adeudado y la tasa de interés del 10%.

Resumen:

Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativo a la división de la comunidad de bienes gananciales entre Michael Johnnie Ocasio Rivera (apelado) y Luz Desirée Villanueva Cobián (apelante) tras su divorcio. La apelante impugnó una sentencia del tribunal de primera instancia que autorizó la liquidación de la comunidad de bienes y reconoció créditos a favor del apelado. El apelado reclamó créditos por pagos en exceso de pensión alimentaria y pagos realizados a la hipoteca del inmueble ganancial, incluyendo atrasos y pagos completos posteriores. El tribunal de primera instancia declaró con lugar las reclamaciones del apelado, reconociendo un crédito de \$31,215.69 por pensión alimentaria pagada en exceso y \$2,700.00 por atrasos de hipoteca, a ser adjudicados en su participación. Las partes habían estipulado que la controversia principal era el derecho del apelado al reembolso por la pensión alimentaria en exceso basado en una determinación administrativa previa. El Tribunal de Apelaciones revisó la apelación. Tras considerar los argumentos y hechos, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMA la sentencia emitida por el tribunal de primera instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación en un caso de discrimen. La apelación fue presentada por Evelyn Vega Santiago contra One to Seven, Inc., impugnando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El caso original, presentado bajo la Ley Núm. 2, incluía reclamaciones por discrimen por edad, impedimento, represalias, cobro de salario y daños a la dignidad. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia en rebeldía contra One to Seven por no contestar la querella. En dicha Sentencia, el foro primario declaró con lugar la causa de acción por violación a la dignidad y reputación, pero desestimó las demás reclamaciones. La Sentencia de instancia se basó en determinaciones de hechos realizadas tras una vista en rebeldía. Estas determinaciones detallaron el historial de empleo de la querellante, traslados entre tiendas, estado emocional y alegados incidentes con su supervisor. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, decidió confirmar la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Comisionado de Seguros de Puerto Rico, en su rol de liquidador de Real Legacy Assurance Company, presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso buscaba la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó la paralización de un pleito de daños y perjuicios. Dicho pleito fue iniciado por Julio Martínez Burgos contra Manatí Hotel y la aseguradora Real Legacy. Tras declararse la insolvencia de Real Legacy y ordenarse su liquidación, el Comisionado solicitó la paralización del caso de daños conforme a la ley aplicable. El Tribunal de Primera Instancia había denegado previamente una solicitud similar durante la rehabilitación de la aseguradora. El Comisionado argumentó que la paralización era obligatoria bajo las disposiciones de liquidación del Código de Seguros. El Tribunal de Apelaciones concedió el auto de certiorari solicitado. Procedió a revocar la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, dejó sin efecto la orden que denegaba la paralización del pleito de daños.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia y pensión alimentaria. El peticionario, Oscar Soto Rodríguez, impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia que cerró su solicitud para dejar sin efecto el decreto de Hogar Seguro. Dicho decreto, emitido en 2016, designó su propiedad como Hogar Seguro para los hijos menores, cuya custodia fue otorgada a la madre, Desiray Díaz Maldonado. Como parte de la pensión alimentaria provisional, se ordenó al peticionario retener una cantidad para el pago de la hipoteca de la vivienda. El peticionario cesó los pagos de la hipoteca tras acogerse a un procedimiento de quiebra. Alegó que, al estar la propiedad en quiebra, el decreto de Hogar Seguro debía levantarse. El Tribunal de Primera Instancia consideró el asunto y ordenó el cierre de su solicitud. El peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Tras evaluar la petición, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. La demandada, Anabel Ortiz Calderón, presentó un recurso de certiorari y una moción urgente solicitando la paralización de la venta en pública subasta de su propiedad, pautada para el 4 de marzo de 2019. El caso subyacente fue iniciado por FirstBank Puerto Rico para ejecutar una hipoteca. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de FirstBank, ordenando la subasta, lo cual fue confirmado en apelación y por el Tribunal Supremo. FirstBank solicitó la ejecución de la sentencia firme, y el foro primario ordenó la subasta. La señora Ortiz Calderón argumentó falta de notificación de la solicitud de ejecución y la búsqueda de alternativas de mitigación de pérdidas. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y la moción. Determinó desestimar el certiorari por falta de jurisdicción, al considerarlo prematuro. Consecuentemente, declaró No Ha Lugar la moción urgente para paralizar la subasta.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre un recurso de certiorari presentado por Oriental Bank. El banco impugna la negativa del Tribunal de Primera Instancia a dictar sentencia sumaria en una demanda de nulidad de contrato. La demanda fue presentada por la sucesión de Ernesto David Aguirre Rivera, quien adquirió una casa reposeída de BBVA (sucesorado por Oriental). La sucesión alega que el contrato es nulo por vicio del consentimiento, dado que el causante padecía una condición de salud mental que limitaba su capacidad. Su madre notificó al banco sobre esta condición antes de la venta. Oriental Bank argumenta que la acción de nulidad por vicio del consentimiento no es transmisible tras la muerte y que el caso debe resolverse sumariamente. La sucesión sostiene que existen controversias de hechos materiales que requieren un juicio plenario. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari pero confirma la resolución recurrida. Esto implica que el caso continuará en el Tribunal de Primera Instancia para dilucidar los hechos y el derecho aplicable a la validez del contrato.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Méndez \& Co., Inc. La empresa solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. Dicha moción buscaba la desestimación de la querella presentada por Oscar Pont Veglio, quien reclamó despido injustificado, discrimen por edad y represalias. Méndez \& Co. argumentó que el Sr. Pont renunció voluntariamente a su empleo. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al entender que existían controversias de hecho y derecho que requerían un juicio plenario. Méndez \& Co. alegó que el TPI erró al denegar la moción y al no emitir determinaciones de hecho. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Nelson Garcés Ruiz. Garcés Ruiz, confinado y sentenciado a 36 años por violar la Ley de Sustancias Controladas, buscaba una reducción de pena. Había presentado una Moción Bajo la Regla 192.1 en el Tribunal de Primera Instancia, la cual fue denegada. Acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari, alegando desproporcionalidad en la sentencia y aplicación de enmiendas posteriores. El Tribunal de Apelaciones señala que el certiorari es un recurso discrecional y que es imperativo verificar la jurisdicción. Determinó que el recurso presentado incumple con requisitos reglamentarios esenciales para su perfeccionamiento. Entre los defectos se encuentran la falta de índice, relación de hechos procesales y señalamiento de errores, así como la omisión de incluir la resolución recurrida. Estos incumplimientos impiden al Tribunal asumir jurisdicción y ejercer su función revisora. Por consiguiente, el Tribunal resuelve desestimar la expedición del recurso de certiorari.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Scotiabank de Puerto Rico, Inc. apelando una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La acción original fue presentada por residentes de la Urbanización Cerro Ceiba por vicios de construcción, daños, e incumplimiento de contrato, incluyendo la nulidad de contratos de compraventa e hipoteca. Los demandantes alegaron que Scotiabank, como financiador de la construcción, fue negligente y que los solares no podían inscribirse, haciendo nulas las hipotecas. Scotiabank solicitó la desestimación, argumentando prescripción de la acción de nulidad. El TPI desestimó la reclamación de daños pero denegó la desestimación de la acción de nulidad, concluyendo que no estaba prescrita. Scotiabank apeló esta última determinación, alegando que el TPI erró al no encontrar prescrita la causa de acción por nulidad. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, revocó el dictamen apelado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Roberto Flores De Jesús contra Popular Auto, Inc. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia como una demanda de cobro de dinero iniciada por Popular Auto. La demanda reclamaba el balance pendiente y costos de un contrato de arrendamiento de un vehículo BMW, alegando incumplimiento de pago y falta de devolución del automóvil por parte del Sr. Flores De Jesús. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial declarando Ha Lugar la demanda a favor de Popular Auto. El apelante, Sr. Flores De Jesús, solicitó la revocación de dicha sentencia, argumentando, entre otras cosas, que la deuda no era líquida, que Popular Auto no agotó los remedios legales al no reposeer el vehículo y que existía un contrato con un tercero que asumió la obligación. Popular Auto había solicitado sentencia sumaria, presentando evidencia del contrato, el incumplimiento y la deuda. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y la prueba sometida por las partes. Aplicando el derecho a los hechos del caso, el panel apelativo determinó que procedía confirmar la decisión del tribunal de instancia. Por tanto, se CONFIRMÓ la Sentencia Parcial apelada que declaró Ha Lugar la demanda de cobro de dinero a favor de Popular Auto, Inc.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños económicos e interdicto sumario. La demanda fue presentada por Santa Paula Oil Corporation, posteriormente sustituida por To Go Stores, Inc., contra Israel Benítez Naranjo y otros. El foro primario declaró "Ha lugar" la demanda, condenando a los apelantes al pago solidario de \$129,221.00 más gastos y costas, y desestimó la reconvención. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de la parte demandante para el cobro de costas y gastos. Los apelantes recurrieron la sentencia principal, y la parte apelada presentó un certiorari para revisar la denegatoria de costas. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada en cuanto a la condena por daños. Asimismo, expide el recurso de certiorari para revocar la resolución que denegó las costas. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones concede las costas a la parte apelada, To Go Stores, Inc.