Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 29)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en un caso civil sobre difamación y daños. El Municipio de Isabela presentó un recurso de certiorari y una solicitud en auxilio de jurisdicción. El Municipio buscaba evitar que su alcalde testificara como testigo de la defensa en el juicio en su fondo, programado para comenzar al día siguiente. Alegó que la citación no estaba debidamente justificada. El Tribunal de Primera Instancia había denegado previamente la solicitud del Municipio para eximir al alcalde de comparecer. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones concluyó que no se justificaba su intervención en el asunto. Determinó que no concurrían los criterios reglamentarios para expedir el auto de certiorari. En consecuencia, el Tribunal denegó la solicitud de paralización de los procedimientos. También denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado por el Municipio.

Resumen:

Un panel de jueces revisó una solicitud de Luna Residential II, LLC para impugnar una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden, notificada el 24 de junio de 2024, requirió a Luna proveer un documento específico al matrimonio Córdova-Rosado como parte del descubrimiento de prueba. El caso subyacente involucra demandas de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentadas por Luna contra los recurridos. Los recurridos, como parte de sus defensas, cuestionan la capacidad de Luna para ejecutar las hipotecas y si es tenedor de buena fe de los pagarés. El documento solicitado en descubrimiento son los contratos mediante los cuales Luna adquirió los pagarés hipotecarios en controversia, información relevante para determinar su estatus de tenedor de buena fe. La solicitud de revisión de Luna buscaba evitar la producción de este documento. El panel, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del auto de certiorari. Esto implica que la orden del foro primario que compelió el descubrimiento se mantiene.

Resumen:

Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Río Mar II contra North East Asset Corporation. El recurso impugna una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que encontró al Consejo responsable por daños. El DACo determinó que el Consejo incumplió su obligación de reparar el colapso del sistema de desagüe del apartamento de North East. Por ello, el DACo ordenó al Consejo el pago de $91,684.24 por daños y $3,000 por honorarios de abogados. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso presentado por el Consejo de Titulares. La desestimación se fundamenta en que el recurso fue presentado prematuramente. La controversia original se relaciona con inundaciones y daños en el apartamento de North East desde 2019 debido al problema de desagüe, a pesar de múltiples solicitudes de reparación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La Resolución de DACO declaró nulo un contrato de compraventa y arrendamiento financiero de un vehículo Jeep. La consumidora, Yaimarie Mártir, adquirió el vehículo de VPH Motor Corp. (Triangle Dealer). La controversia surgió al descubrir la consumidora que el vehículo era de 6 cilindros, a pesar de haber creído que compraba uno de 8 cilindros. DACO corroboró mediante inspección que el vehículo era efectivamente de 6 cilindros. Ante esta situación, DACO resolvió a favor de la consumidora, anulando los contratos. Triangle Dealer apeló la decisión de DACO ante el Tribunal de Apelaciones. First Bank y FCA US también fueron partes en el proceso administrativo. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la Resolución emitida por DACO. La sentencia valida la anulación de los contratos de compraventa y arrendamiento financiero del vehículo.

Resumen:

Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. La Junta de Directores del Condominio Paseo Abril recurrió una Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Dicha Resolución se originó en una querella de una titular que alegó el uso no autorizado de sus estacionamientos privados por contratistas o visitantes del condominio. El DACO, sin celebrar una vista administrativa, ordenó al condominio cesar y desistir de dicha práctica y remover vehículos, bajo apercibimiento de multa. El condominio apeló, argumentando que el DACO erró al resolver sumariamente sin vista, existiendo controversias de hechos. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, revocó la Resolución del DACO.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que evalúa un recurso presentado por Natalia Gautier Colón. La peticionaria impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de divorcio. Dicha Orden reguló el acceso y la confidencialidad de un Informe Social Forense. El TPI concedió 20 días a las partes para expresarse sobre el informe y sus recomendaciones. Ordenó a Secretaría proveer copia a los abogados y requirió a las partes pro se recogerla con identificación. Declaró el informe estrictamente confidencial para proteger la privacidad de menores y terceros, basándose en la Regla 62.1(d) y el caso *Rentas Nieves*. La señora Gautier alegó errores relacionados con el término para responder, las limitaciones a los argumentos y la distribución del informe. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Sin embargo, tras considerar los fundamentos, denegó la expedición del auto solicitado. La resolución confirma la validez de las condiciones impuestas por el TPI para el manejo del informe social.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una apelación contra una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. Los apelantes, Francisco A. Padilla Rivera y la Sucesión de Margarita I. Kuinlam Viñas, impugnan la desestimación de su demanda contra Sol Meliá Vacation Club Puerto Rico, Corp. y Coco Condominium 1, LLC. La reclamación se originó por la compra de una membresía de club vacacional a Sol Meliá en 2011. Los apelantes alegaron que las instalaciones dejaron de estar disponibles tras el huracán María y que se les negó un reembolso. Cuestionaron la transferencia del proyecto de Sol Meliá a Coco sin su consentimiento. Argumentaron que esta transferencia resultó en la pérdida de beneficios clave, como el acceso a la red global de Sol Meliá, y en la recepción de servicios inferiores por parte de Coco. Solicitaron una sentencia declaratoria sobre el contrato y una indemnización por daños. El Tribunal de Apelaciones anticipa confirmar en parte y revocar en parte la sentencia recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de ejecución de hipoteca. El proceso fue iniciado por Reverse Mortgage Funding LLC, luego sustituido por Longbridge Financial, LLC, contra la sucesión de Héctor Manuel Fernández Soto y otros herederos. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. La señora Ana Paula Fernández Borges, como miembro de la sucesión, solicitó la revisión mediante certiorari de las órdenes de ejecución y mandamiento de venta en pública subasta emitidas por el TPI. El historial procesal detalla los esfuerzos para emplazar a los demandados, incluyendo a los herederos residentes fuera de Puerto Rico, mediante diligencias personales y edictos. Se menciona la inclusión de herederos de la sucesión original y de la sucesión del causante principal. El Tribunal de Apelaciones concedió el auto de certiorari solicitado. Como resultado, el Tribunal de Apelaciones revocó las órdenes del Tribunal de Primera Instancia que disponían la ejecución y venta de la propiedad. La revocación implica que el foro apelativo encontró errores en el procedimiento que llevaron a las órdenes impugnadas, probablemente relacionados con el emplazamiento o la inclusión de las partes necesarias.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se refiere a un caso de impericia médica. El demandado, un médico, solicitó un auto de certiorari para revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicho tribunal había excluido un informe pericial presentado por el médico. La exclusión se debió a que el informe fue sometido varios meses después de que concluyera el descubrimiento de prueba. El médico argumentó que el informe debía ser admitido porque aún había tiempo antes del juicio para que los demandantes lo examinaran y depusieran al perito. También planteó que se debieron considerar sanciones menos severas antes de excluir la prueba. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Consideró que el médico no justificó la tardanza en producir el informe pericial. Más importante aún, el médico no detalló la importancia del informe en el contexto de las alegaciones del caso y su defensa. Por tanto, el tribunal concluyó que no se justificaba su intervención con la discreción ejercida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve la apelación presentada por Mayra Elena Pérez Oyola contra una Sentencia de Cárcel Suspendida y Libertad a Prueba. Dicha sentencia fue dictada por el Tribunal de Primera Instancia tras un veredicto de culpabilidad por homicidio negligente. Se acusó a la Sra. Pérez Oyola, directora de un hogar, de causar la muerte de una joven al retirarle abruptamente sus medicamentos de salud mental. La apelante solicitó dejar sin efecto la sentencia o un nuevo juicio, alegando seis errores del tribunal de primera instancia, incluyendo parcialidad judicial y admisión indebida de prueba. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y los argumentos presentados por las partes. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de custodia y relocalización de menores. La apelante, Keyla Michelle Vega Rivera, recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que mantuvo la custodia de los hijos menores con el padre, Edwin Geordí Pérez Arnal. Dicha resolución también denegó la solicitud de la madre para autorizar el traslado de los menores fuera de la jurisdicción. Las partes se divorciaron en Nevada, donde se otorgó la custodia física al padre al mudarse los hijos a Puerto Rico. Posteriormente, en Puerto Rico, acordaron patria potestad compartida, con custodia física para el padre mientras la madre residiera fuera de la Isla. Surgieron controversias sobre el cumplimiento de los acuerdos y el bienestar de los menores. El padre solicitó limitaciones a la patria potestad, mientras la madre pidió custodia y traslado. El Tribunal de Apelaciones revisó los planteamientos presentados por la apelante. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial presentado por Management Consulting Professional Allied, Inc. La recurrente impugna la resolución de la Oficina de Planificación del Municipio Autónomo de San Juan que denegó su solicitud de cambio de calificación de un predio. La solicitud buscaba modificar la zonificación de residencial (R-3) a comercial liviano (C-L) para una propiedad en la Urbanización Crown Hills. La Oficina de Planificación denegó la petición en septiembre de 2024, citando preocupaciones sobre la infraestructura y el impacto en la calidad de vida residencial. La recurrente había apelado previamente la denegatoria original por falta de apercibimientos finales, lo que llevó al Municipio a anunciar una renotificación. Este recurso se presentó contra una resolución sustituta emitida en noviembre de 2024. Tras examinar el caso, el Tribunal desestima el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el asunto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impericia médica. Los Apelantes, Anthony Pagán Albelo y otros, recurren una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó por prescripción la acción presentada contra los doctores Ángel E. Rivera Negrón y Annette E. Martínez Padilla. La demanda original se presentó en agosto de 2019 por un evento cerebrovascular ocurrido a finales de 2018. Los doctores apelados fueron incluidos en una demanda enmendada en septiembre de 2021. Los Apelantes alegaron que descubrieron la posible negligencia de estos médicos posteriormente, tras obtener récords y una nueva evaluación pericial. Los Apelados argumentaron que la acción estaba prescrita, pues el demandante tenía conocimiento suficiente desde antes, según un informe pericial inicial de enero de 2019. El Tribunal de Apelaciones evaluó los fundamentos de la desestimación por prescripción y confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por la Asociación de Propietarios Prado Alto en Torrimar, Inc. La Asociación apeló la desestimación de su demanda de cobro de dinero contra Mibari Laura Rivera Sanfiorenzo. La demanda buscaba el pago de cuotas de mantenimiento acumuladas desde 2002 por una propiedad en la urbanización. La Asociación alegó que la apelada adquirió la propiedad en 2002 y quedó obligada al pago bajo la Ley 107-2020, a pesar de que la propiedad estaba previamente exenta. La propietaria apelada negó la deuda, afirmando que la propiedad mantenía su exención al no haber aprobado ella o sus padres el sistema de control de acceso. También sostuvo que la Asociación conocía su titularidad desde 1984. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de la Asociación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la Sentencia apelada. Por tanto, se valida la desestimación del reclamo de cobro de cuotas de mantenimiento contra la propietaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación. El apelante, Wilfredo Rodríguez Rodríguez, solicitó la revocación de una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Dicha sentencia lo declaró culpable en el caso D LA2011G0652 y lo condenó a cumplir veinticuatro años de cárcel. La convicción fue por la infracción al Artículo 5.07 de la Ley Núm. 404-2000, conocida como Ley de Armas de Puerto Rico. Los hechos imputados ocurrieron el 14 de julio de 2011 y se relacionan con la portación y conducción ilegal de un arma de fuego. El proceso judicial incluyó una vista de supresión de evidencia, donde se denegó la supresión para este caso, y un juicio por tribunal de derecho. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos presentados, determinó confirmar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari. El caso subyacente es una demanda de división de comunidad hereditaria iniciada en 2015, que resultó en una sentencia en 2018. Los peticionarios, miembros de la sucesión demandada, alegaron no haber sido debidamente emplazados y desconocer el pleito y la sentencia. Tras enterarse del caso, solicitaron relevo de sentencia por falta de jurisdicción debido al emplazamiento nulo. El Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto la sentencia de 2018, pero ordenó la continuación del caso al determinar que los peticionarios se habían sometido voluntariamente a su jurisdicción. Los peticionarios recurrieron en certiorari, argumentando que el foro primario erró al ordenar la continuación a pesar del emplazamiento nulo y al concluir que se sometieron a la jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó parcialmente la resolución recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión judicial presentada por Edward Salas Ríos contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Salas Ríos impugnó la decisión administrativa del DCR de desestimar su solicitud de remedio. Su solicitud buscaba revertir su remoción de un programa teatral en la institución correccional, alegando que la remoción violó el debido proceso y se basó en un informe desconocido. El DCR desestimó inicialmente la solicitud, citando una regla que permite la desestimación por incluir opiniones o información irrelevante. Tras la reconsideración, el DCR confirmó la desestimación, señalando específicamente la caracterización del proceso por Salas Ríos como "caprichoso e ilegal" y afirmando la confidencialidad de los documentos del expediente social. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, revoca la determinación administrativa emitida por el DCR.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Luis Ricardo Aponte Garrido. El peticionario solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla de 11 de julio de 2024. Dicha Resolución del TPI denegó la reconsideración de una segunda orden de embargo emitida para asegurar una Sentencia previa. La Sentencia, dictada el 31 de enero de 2022, condenó al peticionario en un caso de cobro de dinero. Este caso fue iniciado originalmente por sus padres por incumplimiento de un pagaré. Tras el fallecimiento del padre, sus herederos, incluyendo al peticionario, fueron incorporados al pleito. La Sentencia sumaria fue dictada a favor de la madre, declarándola tenedora del pagaré. El recurso de certiorari buscaba impugnar la decisión del TPI sobre la reconsideración del embargo. Luego de evaluar los méritos, el Tribunal de Apelaciones resolvió Denegar expedir el auto de certiorari solicitado.

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Sentencia de un panel de jueces apelativos revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso se originó con una demanda de cobro de dinero presentada por Progressive Finance & Investment Corp. contra Commercial Rent Corporation, basada en un contrato de financiamiento para una póliza de seguros. Progressive alegó el incumplimiento de pago por parte de Commercial Rent. Esta última negó la existencia del contrato, argumentó que Progressive incumplió regulaciones al retrasar el pago de la póliza, y presentó una reconvención reclamando reembolso. El caso fue convertido a procedimiento ordinario, y Progressive solicitó sentencia sumaria. El TPI declaró Ha Lugar la moción de Progressive, ordenando a Commercial Rent el pago de \$11,980.95 más intereses. Commercial Rent apeló esta sentencia, alegando la existencia de controversias de hechos materiales y el incumplimiento de Progressive. Progressive sostuvo que la evidencia probaba su reclamo y no había hechos materiales en disputa. El tribunal apelativo revisó los fundamentos del caso y confirmó la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La sentencia resuelve los recursos de revisión judicial consolidados presentados por Intervoice Communication of PR, Inc. y Velatura HIE Corp. Ambas empresas impugnaron la adjudicación por parte del Departamento de Salud de una Solicitud de Propuestas (RFP) para Servicios Técnicos y Operaciones de Intercambio de Información de Salud. El contrato fue adjudicado a Kansas Health Information Network, Inc., dba KONZA National Network. El tribunal revisó el proceso administrativo, incluyendo la descalificación de Velatura por no cumplir especificaciones mandatorias. Tras consolidar los recursos, el tribunal determinó que las impugnaciones fueron presentadas de forma prematura. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó los recursos presentados por Intervoice y Velatura.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una reclamación de daños y perjuicios por alegada negligencia médica. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra un médico por prescripción. El Tribunal de Apelaciones concluye que el tribunal inferior erró al determinar la prescripción. Se argumenta que la prescripción fue interrumpida por reclamaciones extrajudiciales entregadas personalmente en la oficina del médico. Además, una reclamación judicial anterior contra el hospital donde el paciente fue atendido también interrumpió la prescripción respecto al médico. Esto se debe a que el paciente acudió al hospital y el médico intervino sin elección previa, creando una relación solidaria entre ambos. El caso se relaciona con el diagnóstico y tratamiento de un paciente admitido en un hospital, cuyas complicaciones supuestamente llevaron a su fallecimiento.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un litigio contractual. Yan y Flora Katsnelson demandaron a Jacky y Gina Aizenman por incumplimiento de un contrato de compraventa de propiedad, solicitando cumplimiento específico y daños. Los Aizenman alegaron haber terminado el contrato válidamente basándose en cláusulas sobre reparaciones y, tras el fallecimiento de la Sra. Katsnelson, en una cláusula sobre la muerte de una parte. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación de los Aizenman y ordenó la sustitución de parte. Los Aizenman recurrieron ambas determinaciones ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos de apelación y certiorari. Tras examinar el caso, el panel confirmó ambos dictámenes del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una decisión de la Oficina del Procurador del Veterano (OPV) en un caso entre Richard Cora y Amgen Manufacturing, Limited (AML). La OPV determinó que AML violó la Ley 203-2007 al no aplicar la preferencia de veterano a favor del Sr. Cora en 2015 y por no notificar 49 convocatorias de empleo. Por estas violaciones, la OPV impuso a AML una multa de $34,500.00 a favor del Sr. Cora. Sin embargo, la OPV no concedió otros daños reclamados por el Sr. Cora en su querella. Tanto AML, buscando revocar la multa, como el Sr. Cora, apelando la denegación de daños, presentaron recursos de revisión judicial ante el Tribunal. El Tribunal de Apelaciones examinó los recursos, los expedientes y el derecho aplicable. La corte decidió modificar el dictamen de la OPV y, así modificado, lo confirmó.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones el Alcalde Saliente y el Comité de Transición Saliente del Municipio de Villalba. Apelan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró Ha Lugar una Petición de Mandamus. La Petición de Mandamus fue presentada por el Alcalde Electo para compeler la entrega del Informe de Transición municipal. Según el Código Municipal, el informe debía estar finalizado a más tardar el 31 de octubre de 2024. El Comité Entrante solicitó la entrega del informe para el 25 de noviembre de 2024. El Comité Saliente indicó que lo entregaría el 27 de noviembre de 2024. Al no recibir el informe el 25 de noviembre, el Alcalde Electo presentó la Petición de Mandamus el 26 de noviembre. El Comité Saliente entregó el informe el 27 de noviembre y presentó una Moción de Desestimación en el TPI. El TPI celebró una vista el 4 de diciembre de 2024 y emitió Sentencia declarando Ha Lugar el Mandamus, la cual ahora es objeto de apelación.

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Este caso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de un proceso de divorcio y alimentos. El Padre solicitó la revisión de la pensión alimentaria fijada en 2020, alegando cambios en las circunstancias de las hijas y un aumento en los ingresos de la Madre. La pensión inicial de $1,500 mensuales fue establecida luego de que el Padre estipulara capacidad económica. La Madre se opuso a la revisión, argumentando que la estipulación del Padre hacía irrelevantes sus ingresos y que ciertos fondos recibidos por ella no constituían ingreso para fines de pensión. Tras múltiples trámites y mociones, incluyendo solicitudes de sentencia sumaria por parte del Padre, las partes finalmente estipularon una nueva pensión alimentaria. El Tribunal de Primera Instancia impuso al Padre el pago de $3,000 por concepto de honorarios de abogado a favor de la Madre. El Tribunal de Apelaciones ha revisado esta determinación sobre los honorarios. Se ha decidido no intervenir con la discreción ejercida por el Tribunal de Primera Instancia al respecto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio sobre pension alimentaria. La peticionaria, Carla T. Rodríguez Bernier, impugna varias órdenes del Tribunal de Primera Instancia. Solicita la revocación de la orden que le exige contratar representación legal en 30 días y la que denegó su reconsideración. También pide revocar la orden que dispuso un pago parcial y plan de pago para la deuda de pensión alimentaria del recurrido, José M. Rivera Santos. El caso se relaciona con la pensión para un hijo adulto y disputas previas sobre su capacidad y representación legal. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y modifica el dictamen recurrido.

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Sentencia de un panel de jueces en apelación sobre una demanda presentada por el Municipio Autónomo de Cataño. El Municipio demandó a Waste Collection, Corp., Oscar Santamaría Torres y otros, solicitando la nulidad de contratos, restitución de pagos, cobro de dinero y daños y perjuicios. Los demandados contestaron negando las alegaciones y defendiendo la validez de los contratos y la independencia de la entidad corporativa. Waste Collection presentó una Moción de Sentencia Sumaria, argumentando que no había prueba suficiente para anular los contratos o descorrer el velo corporativo. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda del Municipio con perjuicio mediante Sentencia Sumaria. El Municipio apeló dicha Sentencia. El panel de jueces revisó el recurso. Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la celebración de un juicio plenario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de la apelación presentada por Greiza Madeline Rosado Báez. La apelante impugnó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que la declaró culpable. Fue hallada culpable de infringir el Artículo 2.8 de la Ley 54 por violar una orden de protección. La violación consistió en enviar mensajes a la persona protegida a través de ATH Móvil. El foro primario le impuso una pena de 8 años de prisión, suspendida a sentencia supervisada. En su recurso, la apelante alegó diez errores, incluyendo la insuficiencia de prueba, la admisión indebida de evidencia y la validez de sus admisiones. Tras estudiar el legajo apelativo, los argumentos y la transcripción del juicio, el Tribunal de Apelaciones procedió a resolver. El Panel III del Tribunal de Apelaciones determinó confirmar el dictamen apelado.

Resumen:

El caso se origina por una demanda presentada por el Lcdo. Pablo Colón Santiago contra el Municipio Autónomo de Ponce. Colón Santiago alegó que personal municipal removió ilegalmente su propaganda política colocada en postes para una primaria del PNP. La demanda solicitó entredicho provisional, injunction preliminar y permanente, y daños y perjuicios. El Tribunal de Primera Instancia concedió un injunction preliminar a favor del Lcdo. Colón Santiago, prohibiendo al Municipio remover su propaganda. Esta determinación fue confirmada previamente por el Tribunal de Apelaciones. Posteriormente, el Municipio solicitó sentencia sumaria sobre la reclamación de daños, argumentando inmunidad soberana por actuar conforme a ordenanzas municipales. El foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria del Municipio. El Municipio Autónomo de Ponce comparece ante este Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari para solicitar la revocación de dicha resolución. Examinada la solicitud, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de Certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una resolución administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, Bryan López Román, impugnó la ratificación de su clasificación en custodia mediana. Alegó que la decisión era arbitraria, pues la puntuación del manual de clasificación sugería custodia mínima, y la ratificación se basó discrecionalmente en la severidad de sus delitos originales, ignorando su buena conducta. El Comité de Clasificación había ratificado la custodia mediana, aplicando una modificación discrecional a pesar de que la puntuación arrojaba custodia mínima. El Tribunal confirmó la resolución administrativa. Fundamentó su decisión en la norma de deferencia judicial hacia las agencias administrativas, especialmente en asuntos de clasificación de confinados. Las determinaciones de las agencias deben sostenerse si se basan en evidencia sustancial.

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Disputa contractual sobre la compraventa de una propiedad enfrenta al matrimonio Katsnelson con el matrimonio Aizenman. Los Katsnelson demandaron por incumplimiento de contrato y cumplimiento específico, alegando que los Aizenman cancelaron indebidamente el acuerdo. Los Aizenman justificaron su acción invocando cláusulas contractuales sobre reparaciones o, alternativamente, la muerte de la Sra. Katsnelson. Recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia. Estos dictámenes denegaron su moción de desestimación, basada en el fallecimiento de la Sra. Katsnelson, y ordenaron la sustitución de parte. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos, tratando la apelación como certiorari. Tras examinar el caso, el Tribunal confirmó ambas resoluciones del foro primario. La sentencia expone los fundamentos para sostener las decisiones apeladas.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico involucra la revisión administrativa de una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, Rolando Barreiro Vázquez, impugnó la desestimación de su Solicitud de Remedio Administrativo. En su solicitud original, Barreiro Vázquez alegó haber sufrido maltrato físico y verbal, así como daños y pérdida de propiedades, por parte de oficiales correccionales. Sugirió que estos actos pudieron ser una represalia por un pleito anterior contra un teniente. El DCR desestimó la solicitud, argumentando que no buscaba remediar una situación concreta. Barreiro Vázquez apeló esta desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el recurso y aplicar los principios de revisión administrativa, el tribunal resolvió confirmar la respuesta emitida por el DCR.

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Este caso es una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurrente, Carlos L. González Rivera, impugna la decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra que denegó su solicitud de privilegio de libertad bajo palabra. La Junta se declaró sin jurisdicción para atender la solicitud basándose en la Ley Núm. 85-2024. Dicha ley excluye de la elegibilidad para libertad bajo palabra a personas convictas por ciertos delitos, incluyendo secuestro y violación, crímenes por los que el recurrente cumple condena. González Rivera argumentó que la aplicación retroactiva de la Ley 85-2024 es inconstitucional y viola la cláusula ex post facto. Sostuvo que perjudica sus derechos adquiridos bajo legislación anterior y hace su pena más onerosa. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su función revisora, analizó el recurso. Finalmente, el tribunal confirmó el dictamen administrativo de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

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In-Formation Studio, LLC (IFS) instó una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso impugna la adjudicación de la Subasta Núm. 2024-09 por el Municipio Autónomo de Lares para servicios de Arquitectura e Ingeniería bajo el programa CDBG-DR. IFS alega que la Junta de Subasta erró al no proveer documentación que justificara las puntuaciones y la adjudicación. Sostiene que el Municipio no siguió la metodología de evaluación establecida en el proceso de subasta. También cuestiona la adjudicación a otra compañía sin justificación de sus cualificaciones. Finalmente, IFS reclama haber sido excluido de las comunicaciones procesales referentes a la subasta. El Tribunal ha recibido la comparecencia del Municipio y procederá a resolver la controversia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución de la Oficina del Procurador del Veterano (OPV) que impuso una multa a Amgen Manufacturing Limited (AML). La OPV multó a AML con \$34,500.00 por no aplicar la preferencia de veterano al señor Richard Cora durante un proceso de reclutamiento en 2015 y por no notificar a la agencia sobre 49 convocatorias de empleo. AML presentó un recurso de revisión judicial solicitando la revocación de dicha multa. Por su parte, el señor Cora también recurrió la decisión de la OPV, argumentando que la agencia no le concedió los daños y perjuicios que había reclamado. La querella original del señor Cora ante la OPV se basó en alegadas violaciones a los Artículos 4 F(a)(1), (3) y (5) de la Ley Núm. 203-2007. Tras evaluar los recursos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones determinó modificar la resolución apelada de la OPV. La decisión del Tribunal fue confirmar la resolución de la OPV, una vez modificada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre la Universidad de Puerto Rico (Apelada) y JI Site Developers, LLC (Apelante). El recurso surge de una demanda de cobro de dinero y desahucio presentada por la UPR tras declararse nulo *ab initio* un contrato de arrendamiento sobre terrenos universitarios. La nulidad del contrato, previamente confirmada, se debió al incumplimiento de la Ley Núm. 2-2018. La UPR alegó ocupación ilegal y falta de pago por parte de JI Site desde julio de 2023. JI Site presentó una reconvención, reclamando ser edificante de buena fe, haber invertido y pagado sustancialmente, y que la nulidad fue culpa de la UPR. En su reconvención, JI Site solicitó la desestimación de la demanda de la UPR y que se ordenara a la UPR compensarle y posiblemente adquirir la edificación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reconvención de JI Site. JI Site apeló dicha desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los argumentos de las partes, confirmó la Sentencia recurrida que desestimó la reconvención.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa mediante Certiorari una "Orden" del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. La Asociación de Propietarios de la Urb. Dorado Reef demandó a Isabel María Freiría Escudero por cuotas de mantenimiento impagas de una propiedad que heredó. Tras no contestar la demanda, se le anotó la rebeldía y se dictó sentencia en su contra por más de $169,000. La peticionaria solicitó relevo de sentencia, alegando, entre otras cosas, falta de emplazamiento adecuado. La orden recurrida señaló vista sobre el emplazamiento y declaró No Ha Lugar parte de la solicitud de relevo. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari. Tras examinar el expediente, el Tribunal revocó la "Orden" del TPI en cuanto a la denegatoria parcial de la "Solicitud de Relevo de Sentencia" presentada por la peticionaria.

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Gerson Santiago Torres, un confinado cumpliendo una larga sentencia por delitos graves, solicitó al Tribunal de Apelaciones dejar sin efecto una resolución del Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Comité había decidido mantenerlo en el nivel de custodia mediana. Aunque una planilla de reclasificación arrojó una puntuación para custodia mínima, el Comité utilizó una modificación discrecional. Fundamentó su decisión en la gravedad de los delitos cometidos (asesinato, ley de armas, maltrato de menores) y la necesidad de observar su proceso de rehabilitación. El confinado argumentó que llevaba siete años en custodia mediana con buen ajuste institucional y que la gravedad del delito no debía ser el factor determinante. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión administrativa. Consideró los fundamentos expuestos por el Comité y el historial del confinado. Finalmente, el Tribunal confirmó la Resolución administrativa recurrida.

Resumen:

Comparece la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) en representación de Ju-Jutsu Self Defense PR, Inc. ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución Final y Orden del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). El caso surge de una refacturación retroactiva de LUMA Energy a Ju-Jutsu por periodos entre 2019 y 2023, inicialmente basada en estimados y reclamando más de \$31,000. Ju-Jutsu objetó la factura inicial. LUMA emitió una corrección con un crédito y luego refacturó nuevamente basándose en lecturas regulares, resultando en un balance adeudado de más de \$20,000. Una factura posterior incluyó este balance, cargos corrientes, el crédito y cargos por atraso. Ju-Jutsu presentó una segunda objeción enfocada en los cargos por atraso, la cual LUMA rechazó. La OIPC recurrió la decisión final del NEPR ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones resolvió revocar la Resolución Final y Orden recurrida del NEPR.

Resumen:

Se presenta ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de Mandamus incoado por Eliezer Santana Báez contra Physician Correctional. El peticionario solicita que se ordene a dicha entidad brindarle atención médica urgente, incluyendo laboratorios y un referido para cirugía por complicaciones post-operatorias. Alega que su condición médica apremiante le impide agotar los remedios administrativos. El Tribunal examina el recurso y decide desestimarlo. Se señala que la petición no fue presentada bajo juramento, requisito de la Regla 54 de Procedimiento Civil. Además, el peticionario reconoce no haber agotado los remedios administrativos disponibles. La Resolución explica la naturaleza del Mandamus como un recurso extraordinario y discrecional que exige el cumplimiento de un deber ministerial. Se enfatiza que procede solo cuando no existe otro remedio ordinario y la petición debe cumplir con requisitos formales. En virtud de los fundamentos expuestos, el Tribunal determina que procede la desestimación del recurso de Mandamus presentado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por José Burgos Negrón. El recurso impugna la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia (TPI) a su moción de relevo de una sentencia de desahucio dictada en rebeldía. La acción de desahucio fue instada por su ex esposa, Digna Rivera Bonilla, alegando incumplimiento de una estipulación previa que le otorgaba la posesión de una residencia compartida. El Sr. Burgos Negrón solicitó el relevo de la sentencia argumentando falta de jurisdicción del TPI debido a una petición de quiebra federal pendiente y su imposibilidad de comparecer al juicio por estar hospitalizado. El TPI denegó la moción de relevo. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI actuó correctamente. Determinó que la petición de quiebra no privó de jurisdicción al TPI porque la posesión en controversia no formaba parte del caudal del deudor al presentarse la quiebra. Además, no encontró otra razón que justificara el relevo solicitado.

Resumen:

El Municipio Autónomo de Guaynabo recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para impugnar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. La Orden apelada instruyó al Municipio a contestar un requerimiento de admisiones presentado por VMF Design Group, P.S.C. El requerimiento solicitaba al Municipio admitir o negar si facturas específicas emitidas por VMF habían sido pagadas. El Municipio argumentó que las preguntas eran inmateriales e impertinentes, ya que la controversia principal del pleito es la nulidad de los contratos bajo los cuales se emitieron las facturas. Sostuvo que, al ser los contratos nulos, las facturas carecían de validez y no eran exigibles. El Tribunal de Primera Instancia consideró que la pertinencia de si una factura fue pagada es independiente de su validez, la cual se determinará en el juicio. Por tanto, ordenó al Municipio a contestar el requerimiento. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, denegó expedir el auto de certiorari solicitado por el Municipio. Esta resolución confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El recurrente, José Luis Navarro Reyna, impugnó ante el DACo una supuesta deuda inexistente por cuotas de mantenimiento del Condominio Bahía Court. El DACo celebró una vista administrativa y denegó la querella del señor Navarro Reyna. El DACo determinó, entre otros hechos, que se celebró una Asamblea Ordinaria en octubre de 2022 y que la Junta de Directores del Condominio notificó al recurrente en varias ocasiones sobre la deuda existente, ofreciéndole un plan de pago. El señor Navarro Reyna recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la resolución del DACo. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre acción de servidumbre. Los apelantes recurren la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción. Se determina que la apelación fue presentada prematuramente. Los apelantes habían solicitado reconsideración, enmiendas o determinaciones de hecho adicionales y vista evidenciaria en el foro primario. Aunque el Tribunal de Primera Instancia resolvió la reconsideración, dejó pendientes las otras solicitudes. Las reglas de procedimiento requieren que el foro primario resuelva todas estas peticiones en un solo dictamen, lo cual interrumpe el término para apelar. Al no haberse resuelto completamente las mociones post-sentencia, el caso continúa pendiente en Primera Instancia. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender el recurso en sus méritos.

Resumen:

Este es un juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos consolidados presentados por Velatura HIE Corp. e Intervoice Communication of PR, Inc. Los recurrentes impugnaron la adjudicación del Request for Proposal (RFP) 2024-PRMP-MES-HIE-001 por parte del Departamento de Salud a favor de KONZA National Network. El RFP solicitaba servicios para operar el Puerto Rico Health Information Exchange (PRHIE). Once licitadores presentaron ofertas, las cuales fueron evaluadas por un comité. Velatura fue rechazada antes de la evaluación final por no cumplir con especificaciones obligatorias del RFP, particularmente en relación con los "Service-Level Agreements". El RFP permitía la descalificación de licitadores que no cumplieran con los requisitos mandatorios. Intervoice también recurrió la adjudicación. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación administrativa. El tribunal desestimó ambos recursos. La desestimación se fundamentó en que los recursos fueron presentados de forma prematura.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Aldo J. Maldonado Montes contra Fastenal. El apelante recurre de una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. Dicha sentencia declaró "No Ha Lugar" la querella de Maldonado Montes por despido injustificado y otros reclamos bajo la Ley Núm. 80. Maldonado Montes alegó haber sido despedido injustificadamente tras sufrir una lesión en la espalda y gestionar licencias médicas. Fastenal sostuvo que el apelante abandonó su empleo al no presentar la documentación médica requerida, a pesar de sus gestiones y la aprobación de beneficios por incapacidad a largo plazo. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que no procedía la querella mediante sentencia sumaria. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen del foro primario.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202300452. La apelante, Jocelyn Romero Romero, solicita la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra South American Restaurants Corp. (Church's Chicken). La demanda original alegaba despido injustificado, discrimen por raza y represalias en el empleo. La apelante, de raza negra, sostuvo que fue despedida por su supervisora blanca tras quejarse de su trato hostil y discriminatorio y por negarse a discriminar a otro empleado. Alegó que fue reemplazada por una persona blanca con menos experiencia. La apelada defendió el despido como justificado, citando supuesta conducta grave de la apelante, incluyendo falsificación de inventario. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda tras celebrar una vista en sus méritos. La apelante recurre ahora ante el Tribunal de Apelaciones buscando revertir esa decisión. La Sentencia fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 20 de diciembre de 2024.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende peticiones consolidadas de certiorari en un caso relacionado con el caudal hereditario de David John Allio Littauer. El litigio principal en el Tribunal de Primera Instancia versa sobre la división de bienes hereditarios y la administración de fideicomisos testamentarios establecidos para los hijos menores del causante. El albacea y fiduciario, Michael Allio, solicitó tomar posesión de los bienes, incluyendo fondos en E*trade, para financiar los fideicomisos. La madre de los herederos, Carmen Santiago Chardón, impugnó la validez de los fideicomisos y pidió la destitución del albacea. El foro primario denegó el planteamiento sobre la nulidad de los fideicomisos y permitió a la madre continuar residiendo en el único inmueble del caudal. Ambas partes recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Tras consolidar los recursos, el Tribunal procedió a su evaluación. Finalmente, el Tribunal DENEGÓ la expedición de los recursos de certiorari solicitados. Esta determinación valida las decisiones del Tribunal de Primera Instancia respecto a la validez de los fideicomisos y la ocupación de la propiedad.

Resumen:

Se resuelve la apelación presentada por Justo Maldonado Martínez contra la Sentencia que desestimó su demanda. El señor Maldonado demandó a Mabeline Serrano Santana, el Estado Libre Asociado y el Negociado de la Policía por daños y perjuicios, alegando persecución maliciosa y difamación. Sostuvo que la señora Serrano presentó querellas administrativas falsas en su contra dentro del Negociado, afectando su reputación y carrera, y que el Negociado no actuó para detener el patrón hostigador. Los demandados solicitaron la desestimación, argumentando que la causa de acción por persecución maliciosa no procedía al no haber procesamiento criminal y que las demás alegaciones estaban prescritas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. Determinó que la alegación de persecución maliciosa no configuraba una causa de acción porque el demandante nunca fue procesado penalmente. Asimismo, concluyó que las demás alegaciones, que databan de principios de 2022, estaban prescritas al presentarse la demanda en septiembre de 2023. El panel apelativo revisó la decisión del TPI. Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia apelada, manteniendo la desestimación de la demanda.

Resumen:

Se presentó una petición de mandamus contra el Tribunal de Primera Instancia (TPI) por no señalar una vista en el término legal en un caso de Orden de Protección para el Adulto Mayor. El caso subyacente involucraba una orden ex parte obtenida por un promovente contra su inquilina, que indebidamente incluía una orden de desalojo. La peticionaria impugnó el desalojo y la dilación del TPI en señalar la vista requerida por ley en 5 días. En respuesta al mandamus, el TPI admitió un error clerical en la orden de desalojo, la dejó sin efecto y re-señaló la vista para el 26 de diciembre de 2024. La peticionaria inicialmente mantuvo interés en el recurso para recuperar acceso a su residencia. No obstante, posteriormente informó al Tribunal de Apelaciones que había recuperado las llaves y el acceso, tornando el mandamus académico. El Tribunal de Apelaciones declina expedir el auto solicitado. Considera que el TPI corrigió el error de señalamiento y la peticionaria no objetó la nueva fecha. Además, la peticionaria confirmó que el asunto principal que motivó el recurso se resolvió, haciéndolo académico.