Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 288)

Resumen:

Apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre cobro de dinero por incumplimiento de contrato de arrendamiento financiero. Popular Auto demandó a Dennis Parces y Linette Cintrón por incumplir un contrato de arrendamiento de vehículo. Popular Auto alegó que los apelantes devolvieron el vehículo antes de tiempo sin completar los pagos, resultando en una deficiencia tras la venta. Los apelantes negaron la demanda y presentaron una reconvención por daños, alegando que el vehículo era defectuoso y Popular Auto era responsable. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la demanda de Popular Auto y no ha lugar la reconvención de los apelantes. El tribunal validó el contrato de arrendamiento financiero. Este contrato obligaba a los apelantes a realizar pagos incondicionalmente, independientemente de la condición del vehículo. Además, el contrato exoneraba a Popular Auto de responsabilidad por garantías, dirigiendo esas reclamaciones al suplidor. Los apelantes aceptaron la obligación de pagar cualquier deficiencia si devolvían el vehículo antes de finalizar el término. La sentencia apelada se basó en estos términos contractuales y los hechos probados sobre la devolución voluntaria del vehículo y la notificación de la deficiencia.

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Comparecen los apelantes en un caso de daños y perjuicios contra Kmart, solicitando la revisión de una sentencia que paralizó el caso. La demanda original surgió de un incidente en una tienda Kmart en 2016. Las partes llegaron a un acuerdo transaccional extrajudicial en junio de 2018. El Tribunal de Primera Instancia aprobó el acuerdo y las cuantías asignadas en octubre de 2018. Las partes solicitaron el archivo del caso con perjuicio basado en la transacción. Sin embargo, Kmart presentó una petición de quiebras bajo el Capítulo 11 y solicitó la paralización de los procedimientos. El tribunal primario decretó la paralización del caso y su archivo administrativo en noviembre de 2018. Los apelantes solicitaron reconsideración, argumentando que los fondos del acuerdo no formaban parte del caudal de quiebra. El tribunal denegó la reconsideración, llevando a esta apelación. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada que paralizó los procedimientos debido a la quiebra.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de apelación presentado por Jerry Meléndez Ortiz contra Amgen Manufacturing, Limited. El recurso se originó en un caso de despido injustificado tramitado bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. El Tribunal de Apelaciones había requerido al apelante mostrar causa por la cual la apelación no debía ser desestimada, al considerar que pudo haber sido presentada fuera del término jurisdiccional de diez días. Esta consideración se basó en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que las mociones de reconsideración no interrumpen dicho término en casos bajo la Ley Núm. 2. En respuesta a la orden del Tribunal, el señor Meléndez Ortiz solicitó formalmente el desistimiento de su recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones declara ha lugar la petición de desistimiento presentada por el apelante. Por consiguiente, ordena el archivo del caso KLAN201900228. No se impuso especial condena en costas u honorarios de abogado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201900124, una apelación presentada por Pedro P. González González contra PR Consumer Debt Management Co., Inc. El recurso impugnaba una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Manatí que declaró Con Lugar una moción de sentencia sumaria a favor de PR Consumer en un caso de cobro de dinero. El apelante solicitaba la revocación de dicho dictamen. No obstante, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en el incumplimiento del apelante con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El tribunal enfatiza la obligación de las partes de cumplir fiel y estrictamente con las normas procesales apelativas. La observancia rigurosa de estas reglas es necesaria para el perfeccionamiento de los recursos y para que los tribunales puedan adjudicar correctamente las controversias. La falta de cumplimiento con los requisitos reglamentarios impide la revisión judicial de la decisión apelada.

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Comparece ante este panel la señora María del Carmen Soto Dávila apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró con lugar la demanda de desahucio presentada por la señora Dima Ortiz González y sin lugar la acción de usucapión de la señora Soto. La señora Ortiz, como heredera, reclamó la posesión de una propiedad ocupada por la señora Soto sin permiso. La señora Soto, por su parte, alegó haber adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva extraordinaria, poseyéndola como dueña por más de 30 años. El Tribunal de Primera Instancia consolidó ambos casos y, tras el juicio, determinó que la señora Ortiz probó su titularidad hereditaria. Concluyó que la señora Soto no demostró poseer en concepto de dueña, sino que ocupó la propiedad inicialmente con permiso. Por tanto, el TPI desestimó la usucapión y ordenó el desahucio. Este panel de apelación examinó el recurso presentado por la señora Soto. Tras evaluar el expediente y el derecho aplicable, se acordó confirmar la Sentencia recurrida.

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La sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia desestimó la demanda por daños y perjuicios presentada por Yaritza Márquez Delgado y otros contra el Dr. Bolívar Arboleda Osorio y SIMED. La demanda original alegaba negligencia médica y falta de consentimiento informado en una histerectomía realizada en 2009. El Dr. Arboleda fue incluido posteriormente, habiendo asistido en la cirugía para liberar adherencias encontradas tras iniciar el procedimiento. Los apelantes argumentan que el Dr. Arboleda no obtuvo consentimiento informado. El Tribunal de Primera Instancia concedió sentencia sumaria a favor del Dr. Arboleda. Determinó que no había prueba pericial que lo imputara de negligencia y que su intervención fue en una situación de emergencia, sin requerirle obtener un consentimiento adicional. También consideró la existencia de un consentimiento firmado previamente por la paciente. La apelación cuestiona específicamente la conclusión del TPI sobre la existencia de consentimiento informado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. La apelación fue presentada por María Pagani Meléndez en un caso de cobro de dinero, fraude, dolo y mala fe instado por la Sucesión Louis González Núñez et als. La controversia surgió de la venta de un apartamento donde pagos diferidos de un pagaré hipotecario, dirigidos a la cuenta de la señora Pagani para beneficio de los vendedores, fueron supuestamente retenidos ilegalmente. La Sucesión alegó que la señora Pagani se apropió del pagaré y actuó de mala fe al negarse a entregarlo y remitir los pagos. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la Sucesión, determinando que la señora Pagani actuó de mala fe y ordenando la entrega del pagaré y los pagos recibidos, además de imponer honorarios por temeridad. La señora Pagani apeló, argumentando falta de prueba de fraude y error al imponer temeridad. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de incumplimiento de contrato y cobro de dinero. La apelación proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Los apelantes son individuos y corporaciones demandados por un abogado por servicios legales impagados. Se recurre una Sentencia Parcial y una Minuta/Resolución del foro primario. El TPI había ordenado la paralización del caso respecto a los demandados individuales debido a una quiebra. Sin embargo, dispuso que el pleito continuara contra las corporaciones codemandadas. El TPI también impuso sanciones económicas a los demandados por incumplimientos procesales. Los apelantes solicitaron la revocación de estas determinaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, revoca las decisiones recurridas del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de Certiorari instado por Gustavo Antonio Ortega Torres. El señor Ortega solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Dicha petición buscaba dejar sin efecto su sentencia alegando representación legal inadecuada durante su caso criminal. Específicamente, argumentó que su abogado manejó incorrectamente una vista de supresión de evidencia crucial. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud sin celebrar una vista evidenciaria. El peticionario recurrió, señalando como error la denegación de plano sin permitirle presentar prueba. El Estado se opuso, argumentando que el peticionario no demostró que una mejor representación hubiera alterado el resultado y que no estaba preparado en una vista anterior. El Tribunal de Apelaciones expidió el Certiorari para revisar el caso. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Luis R. Marrero Ocasio solicitó un permiso para portar armas ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en Ciales, presentando la documentación requerida y declaraciones juradas. El TPI consideró que la petición contenía declaraciones estereotipadas y alegaciones pro forma. Por ello, el foro primario ordenó la comparecencia de la cónyuge del peticionario para verificar su carácter. Adicionalmente, el TPI requirió una certificación sobre deudas de boletos de tránsito. Inconforme con esta orden, Marrero Ocasio presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de la orden del TPI, argumentando que los requisitos eran improcedentes. Citó un precedente del Tribunal de Apelaciones que revocó una orden similar en un caso anterior. Una moción de auxilio de jurisdicción presentada por Marrero Ocasio ante el Tribunal de Apelaciones fue declarada No Ha Lugar. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolverá el recurso de certiorari presentado contra la orden del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha resolución declaró No Ha Lugar las mociones de descalificación y desestimación presentadas por Alex Emille Martínez Morales en un caso criminal. El peticionario alegó que el Ministerio Público, específicamente la Fiscal Wilda J. Nin Pacheco, ocultó prueba exculpatoria que le favorecía. Fundamentó sus mociones en un informe de la Oficina del Procurador General al Tribunal Supremo sobre una queja contra la fiscal. Según el peticionario, este informe indicaba que la fiscal ocultó prueba y actuó de forma impropia, violando el debido proceso. Por ello, solicitó la descalificación de la fiscal y la desestimación de las acusaciones. El Ministerio Público se opuso, argumentando que el informe no es público y que no se ha demostrado que la prueba alegada sea exculpatoria. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar el recurso sin requerir alegato de la parte recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de certiorari presentado por G \& M Success, Inc. contra YFPR DEL CARIBE, INC. El recurso buscaba revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de sentencia sumaria en un caso de nulidad de contrato. La atención del Tribunal se centró en un incumplimiento procesal por parte de la peticionaria. G \& M Success, Inc. no notificó al foro primario dentro del término estricto de 72 horas tras radicar el certiorari, según exige la Regla 33(A). La peticionaria alegó que la tardanza se debió a atender otras órdenes urgentes, calificándola como error o inadvertencia. La parte recurrida se opuso, argumentando que la justificación no constituía justa causa para excusar el incumplimiento de un término estricto. El Tribunal reiteró la necesidad de observar rigurosamente los reglamentos apelativos, permitiendo extensiones de términos estrictos solo por justa causa concreta y bien acreditada. Concluyó que la explicación ofrecida por la peticionaria no cumplía con el estándar de justa causa. Por tanto, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso debido al incumplimiento procesal.

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Se trata de un caso penal (SEN2019) donde el apelado fue hallado culpable de Escalamiento Agravado con reincidencia simple. Durante la vista de sentencia, se evaluó la posibilidad de imponer restricción terapéutica. El apelado argumentó que la ley de restricción terapéutica (Art. 53) no considera la reincidencia y que solo exige que la pena fija del delito no exceda de ocho años. El apelante, por su parte, sostuvo que la reincidencia aumentaría la pena total a más de ocho años, impidiendo una pena alterna. El Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia mixta de un año de cárcel, siete años de restricción terapéutica y seis meses adicionales por reincidencia, sumando ocho años y seis meses. El apelante solicitó reconsideración, alegando que la sentencia total excede el límite para penas alternas. La controversia gira en torno a si la reincidencia impide la imposición de una sentencia mixta que incluya restricción terapéutica cuando la pena total excede los ocho años.

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Ángel M. Jr. Reyes Prieto presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra El Pueblo de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El peticionario impugnaba una sentencia y una orden del Tribunal de Primera Instancia. La orden recurrida indicaba que se había dictado sentencia en Arecibo y que el peticionario debía presentar un nuevo caso para continuar su reclamación. El Tribunal de Apelaciones obtuvo la sentencia de Arecibo, la cual desestimó el caso sin perjuicio debido a que el peticionario no emplazó a la parte demandada dentro del término reglamentario. Tras analizar el recurso y los hechos procesales, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Consideró que, bajo las reglas de procedimiento civil y su reglamento, no procedía la revisión mediante este recurso en las circunstancias presentadas.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caguas demandó a Carol E. Rodríguez Fonseca y obtuvo sentencia en rebeldía por falta de comparecencia. Para ejecutar la sentencia, la Cooperativa intentó citar a la demandada a una deposición para descubrir bienes. La demandada no compareció a la deposición citada por el abogado de la peticionaria. La Cooperativa solicitó al Tribunal de Primera Instancia que declarara a la demandada en desacato o emitiera una orden para mostrar causa. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, indicando que no había una orden judicial desacatada. La Cooperativa recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y confirmó la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de desacato, aunque por un fundamento distinto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado, daños y discrimen. Walmart Puerto Rico, Inc. apeló la decisión que desestimó la reclamación de discrimen por hechos de 2012 pero permitió continuar las causas de acción de discrimen por hechos de 2014, despido constructivo y daños. Walmart argumentó que procedía la desestimación sumaria de todas las reclamaciones por falta de controversia de hechos materiales. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. Tras examinar el caso, el tribunal modificó la Sentencia parcial. Confirmó la desestimación de la causa de acción de discrimen por hechos de 2012. Revocó la parte de la sentencia que preservó las reclamaciones de discrimen por hechos de 2014, despido constructivo y daños extracontractuales. Concluyó que los hechos incontrovertidos demostraban la inexistencia de un reclamo válido para estas causas de acción. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones ordenó la desestimación sumaria de la demanda en su totalidad.

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El litigio se originó con una demanda de 706, LLC contra FIGNA, impugnando la operación de tiendas militares y el contrato con CBE. 706 solicitó una sentencia declaratoria sobre la obligación de FIGNA de adoptar un reglamento conforme a la LPAU y realizar subastas para la administración. Tras una desestimación inicial, el Tribunal de Apelaciones revocó y ordenó al Tribunal de Primera Instancia dilucidar si el reglamento debía ajustarse a la LPAU. 706 enmendó la demanda para incluir a CBE, el operador actual, alegando la nulidad de su contrato. CBE presentó una moción de desestimación, argumentando que 706 carecía de legitimación activa. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de CBE, basándose en que la sentencia previa del Tribunal de Apelaciones requería evaluar primero la validez del reglamento bajo la LPAU. Tras denegarse la reconsideración, CBE acudió nuevamente al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari para revisar la denegatoria de su moción de desestimación. Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por CBE.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Miguel A. Cruz Arroyo. El señor Cruz Arroyo solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación. Dicha moción, presentada al amparo de la Regla 64(p), argumentaba la pérdida de prueba supuestamente exculpatoria. La defensa alegó que unas fotografías de un cigarrillo de marihuana, incautado por un agente, se perdieron y pudieron haber demostrado que el cigarrillo no estaba encendido, contradiciendo el testimonio del agente sobre el olor. El TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación. Ante esta determinación, el señor Cruz Arroyo presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la petición, resuelve denegar la expedición del Certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones revisó la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a una solicitud de modificación de sentencia presentada por José Mercado Andino. El peticionario invocó la Regla 185(a) de Procedimiento Criminal, alegando que su sentencia era ilegal. La Regla 185(a) permite corregir sentencias ilegales en cualquier momento o reducir sentencias válidas bajo ciertas condiciones. Tras examinar el expediente y la sentencia, el Tribunal de Apelaciones determinó que la pena de 8 años impuesta por el delito de robo estaba dentro de los límites legales establecidos por el Código Penal de 2004. Se aclaró que el hecho de que la sentencia fuera consecutiva a otras condenas no la convertía en ilegal ni excedía el máximo legal para el delito específico. Concluyendo que la sentencia era válida, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Peticionarios Carmelo Rivera Vázquez y otros presentaron un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitaron la revisión de una Minuta del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un pleito de daños y perjuicios por alegada impericia médica. La Minuta impugnada dejó sin efecto una anotación de rebeldía contra el demandado, Dr. Jean Pierre Zegarra, y le permitió presentar prueba pericial. Los Peticionarios alegaban que el TPI había prohibido previamente al Dr. Zegarra presentar dicha prueba por incumplimiento en el descubrimiento. El TPI había condicionado el levantamiento de la rebeldía y la eliminación de la prohibición a la presentación de prueba pericial al pago de una sanción. La Minuta recurrida reflejó el cumplimiento de dicha condición. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal y las actuaciones del TPI. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado por los Peticionarios.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. El recurrente, padre del menor, solicitó revisión mediante Certiorari de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden resolvió sobre la obligación del padre respecto a gastos médicos del menor. Sin embargo, el TPI determinó que asuntos como el cambio unilateral de escuela a una privada y ciertas necesidades médicas o terapéuticas que requerían consentimiento eran cuestiones de patria potestad. El TPI dictaminó que estos asuntos debían ventilarse en un pleito independiente al de alimentos. El padre recurrió, argumentando que los gastos no consentidos no debían incluirse en el cómputo de la pensión. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones determinó que el TPI no tenía razón. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones revocó la orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones revisó un recurso de certiorari (KLCE201900299) presentado por Rosa M. Negrón Machargo. La Peticionaria solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo emitida el 29 de enero de 2019. Dicha Orden paralizó los procedimientos de un caso de divorcio (CDI 2009-0875). La paralización se basó en la pendencia de un recurso de certiorari anterior (KLCE201801590) ante este foro apelativo. Al revisar el expediente del recurso KLCE201801590, el Tribunal de Apelaciones constató que ya había denegado expedir el auto mediante Resolución del 29 de enero de 2019. Dado que el recurso anterior fue denegado, no tuvo efecto paralizador alguno sobre el caso de instancia. La Orden del TPI del 29 de enero de 2019, condicionada a la resolución del recurso anterior, quedó sin efecto. Los procedimientos del caso de divorcio deben continuar su trámite correspondiente. Por lo tanto, el planteamiento de la Peticionaria en el recurso actual se tornó académico. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari KLCE201900299.

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Este es un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, presentado por Josué Manuel Báez Rivera. El peticionario solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para suprimir evidencia en un caso por conducir bajo los efectos del alcohol. La evidencia que se busca suprimir es el resultado de un análisis de aliento. Báez Rivera argumentó que su consentimiento a la prueba fue inválido porque las advertencias recibidas, basadas en el Art. 7.09 de la Ley 22, violaban la protección constitucional contra registros irrazonables. Alegó que las advertencias no cumplieron con los requisitos de la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU. y el Artículo 2, Sección 10, de la Constitución de Puerto Rico. El Tribunal de Primera Instancia validó las advertencias y el consentimiento, denegando la supresión. El peticionario recurre, señalando que el TPI erró al no considerar la inconstitucionalidad de las advertencias. El Tribunal de Apelaciones inicia su análisis discutiendo la naturaleza del recurso de certiorari y el estándar de revisión.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda presentada por la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (UECFSE) contra la CFSE. La UECFSE había demandado alegando prácticas ilícitas e incumplimientos del convenio colectivo, argumentando la inexistencia de un foro eficaz para dirimir las controversias. La unión señaló la inoperancia de la Junta de Relaciones del Trabajo y la falta de nombramiento del presidente del Comité de Querellas. Durante el proceso en Primera Instancia, la CFSE informó que el presidente del Comité de Querellas fue nombrado, tornando la controversia inoficiosa según su argumento. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por falta de jurisdicción, al considerar que no existía un caso controversia y que debían agotarse los remedios disponibles. La UECFSE apeló, sosteniendo que el Comité de Querellas carece de jurisdicción sobre ciertas prácticas ilícitas y que la Junta de Relaciones del Trabajo sigue inoperante. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada, validando la desestimación de la demanda.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso apelado contra una decisión de sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. La disputa central gira en torno a la titularidad de acciones corporativas en Triple-S Salud, Inc., originalmente propiedad del fenecido doctor Víctor Montilla Hernández. Los apelantes, herederos del doctor Montilla Hernández, reclamaban haber heredado las acciones y exigían la emisión de nuevos certificados y el pago de dividendos. Argumentaban que las acciones les correspondían por derecho hereditario. Triple-S, la parte apelada, sostenía que las acciones estaban sujetas a restricciones estatutarias que limitaban su tenencia a médicos o dentistas y que no eran transmisibles por herencia a los apelantes. Además, Triple-S alegó haber notificado la redención de las acciones al caudal relicto en 1996 y que la acción de los apelantes estaba prescrita por haber transcurrido más de quince años. El Tribunal de Primera Instancia había declarado Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de Triple-S. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la sentencia sumaria apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. El caso enfrenta a la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO) como apelada contra Motopac Corp. y Defpac Corporation como apelantes. La controversia se originó tras un incendio en las instalaciones arrendadas por Motopac y Defpac a PRIDCO, que resultó en un derrame de químicos afectando el ambiente. PRIDCO demandó a sus arrendatarios por daños, incumplimiento de contrato y para que se declarara su obligación primaria en la limpieza ambiental. El Tribunal de Primera Instancia, en la Sentencia Parcial apelada, determinó que Motopac y Defpac eran responsables de la limpieza y los remedios de contención necesarios. Los apelantes solicitaron la revisión de esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, confirmó el dictamen apelado. La sentencia ratifica la responsabilidad de los arrendatarios por los trabajos de remediación ambiental derivados del incidente.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve una apelación en un pleito incoado por Agro Industrias del Este Corp. contra la Autoridad de Carreteras y Transportación y dos funcionarios. La demanda original fue por incumplimiento contractual y daños relacionados con un proyecto de carreteras que afectó el negocio de la demandante. Posteriormente, se incluyó a dos funcionarios, alegando acciones fraudulentas en la negociación de un acuerdo. Tras la petición de quiebra de Carreteras bajo PROMESA, el pleito quedó paralizado en cuanto a la entidad. Los funcionarios, representados por el Departamento de Justicia bajo la Ley 104, argumentaron que la paralización también les aplicaba a ellos personalmente. El Tribunal de Primera Instancia, tras reconsideración, determinó que la demanda sí estaba paralizada en cuanto a los funcionarios. Agro Industrias apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones concluye que la acción está paralizada en cuanto a la reclamación en carácter personal contra los funcionarios. Esto se debe a que el Estado les concedió el beneficio de representación legal bajo la Ley 104, vinculando su defensa a la entidad cubierta por la paralización de PROMESA. La sentencia confirma la determinación del foro primario sobre la paralización respecto a los funcionarios.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201800977. La apelación fue presentada por Castro Business Enterprises, Inc. (CBE) contra Fast Lane Enterprises Corp. (Fast Lane). CBE busca la revisión de una sentencia enmendada dictada por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia declaró con lugar una demanda de Fast Lane contra CBE por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. El foro primario condenó a CBE al pago de \$92,769.00 por daños y perjuicios relacionados con la instalación de máquinas ATM. La sentencia enmendada también reconoció la titularidad de Fast Lane sobre tres máquinas ATM y ordenó su devolución. CBE apela alegando que el tribunal de instancia erró en la interpretación de los hechos y el derecho aplicable. El Tribunal de Apelaciones revisará si el foro primario cometió errores en su interpretación contractual y apreciación de la prueba.

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El licenciado José F. Aguayo Díaz apeló una sentencia parcial final del tribunal de primera instancia. Aguayo Díaz había demandado originalmente a su exciente, Carmen L. Román Maldonado, por honorarios profesionales impagados. Román Maldonado contrademandó, alegando violaciones éticas y disputando el monto de los honorarios. Aguayo Díaz presentó entonces una demanda contra tercero contra la pareja de Román Maldonado, Bruce Vélez Negrón, alegando que coludieron para defraudarlo en el pago de sus honorarios, particularmente en relación con la venta de un negocio. El tribunal de primera instancia desestimó la demanda contra tercero contra Vélez Negrón después de que Aguayo Díaz presentara su prueba en el juicio. Aguayo Díaz buscó revocar esta desestimación en apelación. Tras evaluar los méritos y el historial procesal, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia parcial apelada sin trámite adicional.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Parador Oasis, Inc. en un caso de reclamación de salarios. La parte peticionaria incumplió reiteradamente con la Regla 33(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que exige notificar el recurso al tribunal de instancia. A pesar de múltiples órdenes y advertencias de desestimación desde octubre de 2018, Parador Oasis, Inc. no acreditó el cumplimiento. El tribunal impuso una sanción al abogado por los incumplimientos, otorgando un plazo final para cumplir con la regla y pagar la multa. A la fecha de la sentencia, ni la notificación requerida ni la sanción habían sido atendidas. El tribunal fundamenta su decisión en jurisprudencia del Tribunal Supremo que subraya la obligatoriedad de las reglas procesales para perfeccionar un recurso apelativo. El incumplimiento con los requisitos de notificación incide en la jurisdicción del tribunal para atender la controversia. Por consiguiente, ante la falta de cumplimiento persistente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Luis G. Nieves López y Miguel A. Torres Ortiz solicitan la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó su moción de sentencia sumaria en un caso de despido ilegal y represalia contra Del Centro Produce, Inc. Los peticionarios fueron despedidos tras el cierre de operaciones de la empresa, alegando que su despido fue injustificado y en represalia por cooperar con una investigación federal. A pesar de su antigüedad, un empleado con menor antigüedad continuó laborando. El caso ha involucrado un extenso descubrimiento de prueba y múltiples gestiones procesales, incluyendo mociones de sentencia sumaria de ambas partes. El foro primario denegó la sentencia sumaria para ambas partes al identificar controversias genuinas sobre hechos materiales que impedían resolver el caso sin un juicio. Los peticionarios recurrieron, imputando error al tribunal de instancia por no dictar sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones revisa la denegatoria bajo el estándar de la Regla 36, evaluando la existencia de controversias fácticas esenciales. Tras considerar el expediente, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios. Esto confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia de que el caso debe continuar para la adjudicación de los hechos en disputa.

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Apelantes P.R.O.T.G.E. INC. y Puerto Rico Tours, INC. presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones contra el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos. La apelación buscaba dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de Mandamus y Sentencia Declaratoria. La parte apelada solicitó la desestimación del recurso alegando que la notificación del alegato apelativo se realizó fuera del plazo reglamentario. Los apelantes se opusieron, argumentando que el retraso fue mínimo y se debió a un incidente con el mensajero. El Tribunal examinó la evidencia y confirmó que la notificación se envió un día después del vencimiento del término y se recibió dos días después. Se enfatiza la importancia de cumplir estrictamente con las reglas procesales para perfeccionar un recurso apelativo. El incumplimiento de estas normas afecta la jurisdicción del tribunal para revisar el caso. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción debido a la notificación tardía.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de despido injustificado. La apelante, Mercedes Morales Ramos, impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reclamación bajo la Ley 115 de Represalias contra Pfizer Pharmaceuticals, LLC. La señora Morales demandó a Pfizer tras ser despedida, alegando que fue en represalia por expresar conflictos de prioridades en su puesto y por alegado trato desigual respecto a beneficios de retiro. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reclamación de represalia, al concluir que las alegaciones de la demandante no demostraban que hubiera participado en una actividad protegida por la Ley 115. En su apelación, la señora Morales argumentó que el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar la reclamación y en el manejo procesal de la moción. Pfizer sostuvo que la demandante no alegó la actividad protegida requerida por la ley. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La apelación fue presentada por Leónides Gascot Ortiz contra Urban Financial of America, LLC. El caso original involucró la ejecución de un préstamo hipotecario revertido debido al alegado incumplimiento de la señora Gascot Ortiz en el pago de primas de seguro. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Urban Financial, ordenando el pago de la deuda y la ejecución de la hipoteca. La señora Gascot Ortiz apeló dicha sentencia, argumentando que constituía un abuso de discreción. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los fundamentos de la decisión del foro primario. Tras su análisis, el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía confirmar la sentencia sumaria apelada.

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Sentencia de un panel de jueces que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre un despido. El apelante, Falcón, Sánchez \& Associates, impugna la determinación de que el despido de la apelada, Ana E. González Torres, fue injustificado bajo la Ley Núm. 80. El foro primario encontró el despido injustificado al no acreditarse el respeto al requisito de antigüedad, manteniendo empleados con menor servicio en posiciones similares. La señora González Torres laboró para la firma desde 1996 hasta su despido el 9 de enero de 2014, principalmente como Asistente Administrativo. Su reclamación inicial por despido injustificado y discriminatorio bajo las Leyes 80 y 100 se limitó posteriormente a la Ley 80. El procedimiento judicial se transformó de sumario a ordinario. La apelante defendió el despido como parte de una reorganización por merma en ingresos, argumentando la eliminación del puesto y la consideración de la antigüedad. Se presentó prueba testimonial y documental para sustentar esta defensa durante la vista en su fondo. El documento detalla el trasfondo fáctico y procesal del caso que motiva la presente revisión.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende la apelación de Juan R. Pomales contra Universal Insurance Company. Pomales busca revocar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Universal. El litigio surge de la compra por Pomales de dos vehículos en subasta de Universal, vendidos "sin papeles". Universal solicitó al DTOP que los anotara como "pérdida total no constructiva (chatarra)", lo cual impidió su registro para circulación. Pomales había demandado previamente al DTOP para lograr la inscripción, pero esa acción fue desestimada y confirmada en apelación, resolviéndose que los vehículos "chatarra" solo podían usarse para piezas. El panel apelativo anterior sugirió la posibilidad de reclamar contra partes privadas por falta de orientación. Pomales demandó entonces a Universal, alegando que esta solicitó el gravamen de chatarra tras la venta. El foro primario desestimó esta nueva demanda basándose en la decisión previa contra el DTOP. Pomales apela esta desestimación.

Resumen:

Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Examina una apelación presentada por Roxanne Sifontes Smith contra Orval Sifontes Fontan y otros. La apelación busca revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato, cumplimiento específico y daños. El foro primario desestimó la demanda al concluir que el reclamo constituía cosa juzgada. La demandante había presentado previamente un reclamo similar contra las mismas partes en otro caso, el cual fue desistido. Aunque la apelante alegó que el desistimiento fue sin perjuicio y se consignó erróneamente con perjuicio en la sentencia anterior, esa determinación previa se tornó final y firme. El Tribunal de Primera Instancia tomó conocimiento judicial de la sentencia anterior y desestimó la nueva demanda. El Tribunal de Apelaciones revisa los fundamentos y el historial procesal del caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201801277, consolidado con KLCE201801618. Involucra a Golden Arch Development, LLC como apelante y a First Bank Puerto Rico y otros como apelados. El recurso apelativo proviene del Tribunal de Primera Instancia y trata sobre la Regla 19 de Procedimiento Civil ("Interpleader"). Las partes, incluyendo al Sr. Carlos Alfonso Cruz Colón, presentaron una Moción Conjunta de Desistimiento con Perjuicio. Informaron al tribunal que habían alcanzado un acuerdo privado que puso fin a todas las controversias y reclamaciones. En respuesta a esta solicitud, el Tribunal de Apelaciones declaró con lugar la petición de desistimiento. Consecuentemente, ordenó el archivo de la causa. La decisión se basó en la estipulación de las partes y se emitió conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso entre Golden Arch Development, LLC y First Bank Puerto Rico y otros. El recurso apelativo, relacionado con la Regla 19 de Procedimiento Civil (Interpleader), fue presentado ante este foro. Las partes comparecieron mediante una moción conjunta solicitando el desistimiento de los recursos. Informaron al tribunal que habían alcanzado un acuerdo privado que ponía fin a las controversias y reclamaciones. En atención a la estipulación de las partes, el Tribunal de Apelaciones declaró con lugar la petición de desistimiento. Consecuentemente, se ordenó el archivo de la causa conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación del Condominio Chalets de Río Hondo. El Condominio apeló la desestimación por el Tribunal de Primera Instancia de su demanda de cobro de cuotas de mantenimiento contra Raúl E. Varandela Velázquez y su sociedad legal de gananciales. El proceso apelativo se centró en la prueba presentada en la instancia inferior. Las partes discreparon sobre la transcripción de la prueba oral y presentaron exposiciones narrativas. El Tribunal de Apelaciones ordenó al Condominio apelante acreditar que ofreció en evidencia los documentos relevantes ante el TPI. La parte apelante no cumplió con este requerimiento. La parte apelada sostuvo que el TPI no admitió documentos y que no hubo oferta de prueba adecuada. La sentencia analizará el impacto de la falta de prueba admitida en la decisión del TPI. El caso gira en torno a si la prueba documental para el cobro de dinero fue debidamente presentada y admitida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de daños y perjuicios/expropiación a la inversa. La Sucesión de Delia María Hau Rodríguez apeló la desestimación de su demanda contra el Municipio de Isabela. El foro primario había declarado ha lugar una solicitud de desestimación por prescripción. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para revisar el dictamen. La apelación se consideró prematura porque la sentencia del foro primario no dispuso de la totalidad de las controversias. Específicamente, la sentencia desestimó la demanda principal pero no resolvió la reconvención presentada por el Municipio. Una sentencia que no adjudica todas las reclamaciones pendientes no es una sentencia final apelable, a menos que se certifique como parcial bajo la Regla 42.3. Al no ser una sentencia final, el recurso de apelación fue presentado antes de tiempo. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones declarará su falta de jurisdicción y desestimará la apelación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por CC1 Limited Partnership (Coca-Cola Puerto Rico Bottlers) contra Solidaridad, Inc. La petición busca revisar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que confirmó un laudo de arbitraje. El laudo consolidó querellas de empleados representados por la unión relativas al pago de licencia por enfermedad. La controversia principal gira en torno a la interpretación del Artículo XVIII del Convenio Colectivo sobre cómo debe computarse la paga por licencia por enfermedad. Las partes reconocieron que el convenio no clarificaba la forma de pago más allá de referirse al "salario básico". El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de CCPRB para revocar el laudo y lo confirmó. CCPRB recurre esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones.