Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 279)

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Este fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación en un caso de pensión alimentaria entre Nelson Martínez Torres y Xiomara Arroyo Colón. El caso se refiere al monto mensual de la pensión para sus dos hijas menores de edad. Originalmente, la pensión alimentaria se fijó en $1,778 mensuales en 2015. La madre solicitó posteriormente un aumento en marzo de 2018, alegando la mejora económica del padre. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución en enero de 2019 fijando la pensión en $886.71 mensuales, efectiva al 6 de marzo de 2017. El padre apeló esta resolución. El Tribunal de Apelaciones revisó la evidencia presentada, incluyendo los ingresos de las partes y la justificación de la madre para gastos como la educación privada. El tribunal apelativo modificó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La modificación consistió únicamente en cambiar la fecha de efectividad de la pensión de $886.71 mensuales del 6 de marzo de 2017 al 6 de marzo de 2018, fecha en que la madre solicitó la modificación, confirmando el monto.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los apelantes-terceros demandados solicitando la revocación de una Sentencia sumaria parcial. Dicha sentencia, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, declaró Ha Lugar una moción de sentencia sumaria presentada por PHDS Corp. Mediante la sentencia apelada, se decretó vencida una deuda reclamada y se condenó a los apelantes al pago de \$80,000 de principal, \$108,000 en intereses y \$4,000 en costas, gastos y honorarios. La controversia original surge de un pleito sobre incumplimiento de contrato iniciado por Lucas Villanueva Serrano y su esposa. El pleito se relaciona con un contrato de opción de compraventa sobre un predio de terreno a segregarse de una finca principal. Los demandantes originales alegaron incumplimiento por no solicitarse la segregación y por la posterior transferencia de la finca a otros demandados y finalmente a PHDS, a pesar de conocer la existencia del contrato. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones resuelve revocar la Sentencia sumaria parcial apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de reclamaciones de salario. El peticionario, Ricardo Pedroza Guzmán, solicitó la revocación de una sanción económica impuesta por el Tribunal de Primera Instancia. La sanción fue dictada en corte abierta el 20 de febrero de 2019. El Tribunal de Apelaciones deniega expedir el auto de certiorari solicitado por el peticionario. El documento describe el historial procesal del caso subyacente, iniciado en 2013 bajo el procedimiento sumario laboral. Se mencionan los múltiples cambios de representación legal de la parte recurrida a lo largo del litigio. A pesar del recurso presentado, la decisión del tribunal de primera instancia respecto a la sanción se mantiene.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante recurso de certiorari una orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha orden instruía al Departamento de Corrección y Rehabilitación a ubicar a José Á. Rivera Marrero en el área de menores. Rivera Marrero había estado previamente bajo custodia juvenil por medidas dispositivas. Sin embargo, se declaró culpable de un delito menos grave (agresión) y fue sentenciado a una multa. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la jurisdicción de menores no cesaba por esta convicción y ordenó su ubicación en el área juvenil. El Pueblo de Puerto Rico impugnó esta decisión. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso. Tras analizar el caso, el Tribunal de Apelaciones revocó la orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes, Manuel Antonio Manzano Maldonado y su esposa, recurren una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. El TPI había dejado sin efecto una Sentencia en Rebeldía dictada contra el codemandado Justo Muñoz Blanco. El foro primario concluyó que nunca adquirió jurisdicción sobre el señor Muñoz Blanco por no haberse diligenciado el emplazamiento correctamente. La demanda original surgió tras un asalto en una estación de gasolina operada por los apelantes, alegando incumplimiento reglamentario por parte de los demandados. El señor Muñoz Blanco impugnó el emplazamiento, afirmando que nunca recibió los documentos ni las notificaciones judiciales. El TPI celebró una vista evidenciaria e inspección ocular para dilucidar la controversia sobre el emplazamiento. Tras la evaluación, el TPI determinó que el emplazamiento fue defectuoso y relevó al señor Muñoz Blanco de la rebeldía y la sentencia. El Tribunal de Apelaciones, al revisar la determinación del TPI, procede a revocar la Sentencia apelada.

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Un caso de ejecución de hipoteca y cobro de dinero iniciado en 2009 por Doral Bank contra Inmobiliaria JRM, Inc. y Minneapolis Development Corporation (MDC). El Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó sentencia sumaria en mayo de 2013 a favor de Doral Bank, declarando a Inmobiliaria responsable del pago y a MDC únicamente por la propiedad hipotecada. La moción de reconsideración de MDC fue denegada y su apelación posterior fue desestimada por el Tribunal de Apelaciones en noviembre de 2015, confirmando la firmeza de la sentencia de mayo de 2013. A pesar de la sentencia final y firme, el TPI emitió resoluciones denegando la ejecución, ordenando la inspección de un pagaré y refiriendo el caso a mediación compulsoria. Condado 3 CR, LLC, como peticionaria, impugnó estas resoluciones posteriores del TPI mediante recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y el derecho aplicable. El Tribunal acordó expedir el auto de certiorari y revocar las resoluciones recurridas del TPI.

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Este recurso de Apelación, acogido como Certiorari, proviene de un caso de ejecución de hipoteca presentado por Banco Popular de Puerto Rico contra Jorge L. Raíces Reyes. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía "In Rem" a favor del banco luego de que el Sr. Raíces Reyes no presentara alegación responsiva tras ser emplazado. Posteriormente, el Sr. Raíces Reyes solicitó términos para contestar la demanda y la moción de ejecución de sentencia, peticiones que fueron denegadas por el foro primario. Aunque denegó las prórrogas, el Tribunal de Primera Instancia detuvo la orden de ejecución por 30 días para permitir negociaciones entre las partes. Inconforme, el Sr. Raíces Reyes recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que el foro primario le negó su derecho a defenderse. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado. Fundamentó su decisión en la Regla 40 de su Reglamento. Determinó que no se cumplían los criterios necesarios para justificar la expedición del auto en esta etapa del procedimiento. Por tanto, el Tribunal se abstuvo de intervenir, permitiendo que los procedimientos continúen ante el Tribunal de Primera Instancia.

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Samuel Gómez Morales, un peticionario recluido, solicitó al Tribunal de Primera Instancia ser eximido del pago de una multa especial impuesta bajo la Ley 183 de 1998 (Ley para la Compensación a Víctimas de Delito). Alegó ser indigente y no contar con recursos económicos para pagar la multa, lo que resultó en una condena de 42 días adicionales de prisión por impago. Consideró esta situación un acto cruel e inusitado. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud, indicando que el asunto ya había sido resuelto previamente. Inconforme, Gómez Morales presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su facultad discrecional, denegó la expedición del recurso de certiorari. La decisión se fundamenta en la naturaleza discrecional del certiorari y los requisitos reglamentarios para su expedición, sugiriendo que la solicitud no cumplió con los criterios o formalidades necesarias para justificar la revisión.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Norma Cotti Cruz. La apelación impugna una Sentencia sumaria Nunc Pro Tunc que sustituyó a la parte demandante en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El caso se originó con First Bank, obteniendo una Sentencia sumaria final y firme para el cobro de dinero en 2013. La disputa surgió por la identificación del acreedor tras múltiples cesiones del crédito. Una decisión previa del Tribunal de Apelaciones ordenó una vista para trazar las cesiones. La vista evidenció que el pagaré fue cedido de First Bank a través de varias entidades hasta llegar a Lime Residential Ltd. El Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia Nunc Pro Tunc en 2016, designando a Lime como la parte con derecho a ejecutar la Sentencia original. La apelante recurrió de esta determinación. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia sumaria Nunc Pro Tunc.

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El Municipio de Salinas demandó a Cobra Acquisitions, LLC y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reclamando el pago de arbitrios de construcción y patentes municipales. La reclamación surge de trabajos de reconstrucción del sistema energético realizados por Cobra para la AEE tras los huracanes Irma y María dentro de los límites municipales. El Municipio alegó que Cobra incumplió con la declaración de actividad y que los trabajos estaban sujetos a dichos pagos, estimados en \$3.5 millones en arbitrios y \$200,000 en patentes. Cobra presentó una Moción de Desestimación en el Tribunal de Primera Instancia (TPI), argumentando falta de jurisdicción, la necesidad de incluir a FEMA como parte indispensable y la exención de pagos aplicable a la AEE y, por extensión, a ella. El Municipio se opuso a la desestimación. El TPI emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la Moción de Desestimación de Cobra. Inconforme con esta decisión, Cobra presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la Resolución del TPI. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, denegó la expedición del recurso de Certiorari solicitado por Cobra.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones denegando la expedición de un auto de certiorari. El recurso fue presentado por Dwight Pastrana Santiago contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de liquidación de sociedad legal de bienes gananciales. Pastrana Santiago impugnaba la denegación de su moción de sentencia sumaria parcial. Dicha moción buscaba excluir de la masa ganancial propiedades adquiridas en Kansas y sus frutos, o atribuir la responsabilidad al hijo de las partes. La recurrida, Amarilys Betancourt González, se opuso alegando la existencia de controversias fácticas sobre el origen de los fondos y la administración de las propiedades. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al identificar hechos en disputa, incluyendo si las propiedades se compraron con dinero ganancial y quién recibió los frutos y el producto de la venta. El foro primario también ordenó la inclusión del hijo de las partes como indispensable. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, determinó no expedir el auto solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La apelante, Lorena Pamela Montoya Palma, recurre una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró ha lugar la solicitud de sentencia sumaria de Firstbank Puerto Rico. Dicha sentencia inicial autorizó la demanda de cobro y ejecución hipotecaria contra la apelante. La apelante había suscrito un pagaré hipotecario en 2013 y dejó de pagar las mensualidades en julio de 2015. Firstbank instó la demanda en enero de 2016 reclamando el balance adeudado. La apelante se defendió alegando que Firstbank violó las reglas de "dual tracking" bajo RESPA al iniciar la ejecución mientras ella gestionaba una solicitud de loss mitigation. Afirmó haber enviado los documentos requeridos para la mitigación de pérdidas antes de la presentación de la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los argumentos presentados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico examinó un recurso de certiorari presentado por Tallaboa Heavy Equipment Corp. contra Jorge Luis Sierra Quintana. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce y trata sobre un injunction y devolución de propiedad. Tallaboa impugnó una resolución del TPI que dejó sin efecto una anotación de rebeldía contra Sierra Quintana. La rebeldía se había decretado porque Sierra Quintana no cumplió con las órdenes del tribunal para presentar una contestación adecuada a la demanda. A pesar de múltiples oportunidades y apercibimientos, Sierra Quintana no presentó la contestación requerida inicialmente. Posteriormente, Sierra Quintana solicitó reconsideración de la orden de rebeldía y presentó una contestación enmendada. El TPI acogió la reconsideración, levantando la rebeldía y readmitiendo las alegaciones de Sierra Quintana. Tallaboa argumentó que el TPI erró al levantar la rebeldía sin justa causa. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Tallaboa.

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Este juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación en un pleito de desahucio. El peticionario impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción de Reconsideración y/o Relevo de Sentencia. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari. La resolución recurrida fue notificada el 12 de abril de 2019. El peticionario presentó una Moción de Reconsideración de dicha resolución ante el Tribunal de Primera Instancia el 16 de abril de 2019. Sin embargo, presentó el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones al día siguiente, 17 de abril de 2019. La Regla 47 de Procedimiento Civil establece que una moción de reconsideración interrumpe el término para recurrir hasta que se resuelva y notifique. Al presentar el recurso mientras la moción de reconsideración aún estaba pendiente en el foro primario, el término para recurrir no había comenzado a correr nuevamente. El Tribunal determinó que el recurso fue presentado prematuramente. Por tanto, se desestima el recurso por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de partición de herencia. Se resuelve una petición de certiorari presentada por Rosa María Ortiz Capeles y otros contra la Sucesión Hérmenes Montalvo Ortiz y otros. Los peticionarios solicitan la revisión y revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su Moción de Reconsideración sobre la concesión de costas. El caso original data de 1992 y ha tenido una larga trayectoria procesal, con una sentencia final firme desde 2007. Los procedimientos actuales corresponden a la fase de ejecución de dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones, tras analizar los fundamentos, deniega el auto de certiorari. Esta decisión confirma la determinación del TPI respecto a la solicitud de reconsideración sobre las costas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por la Procuradora de Asuntos de Familia. La Procuradora impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. Dicha Resolución le ordenaba someter un informe conjunto con el Departamento de la Familia sobre las condiciones de un hijo incapaz. El informe debía evaluar alternativas para el uso de fondos consignados a beneficio del incapaz, específicamente para la compra de un vehículo. Estos fondos provenían de una transacción por daños sufridos por el hijo en un accidente de auto. La madre y tutora legal del incapaz había solicitado autorización para usar parte de los fondos para adquirir el vehículo necesario para su transporte. La Procuradora había evaluado la solicitud y la información provista, indicando que el resto podía obtenerse en una vista. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la Resolución recurrida. En su lugar, ordenó la celebración de una vista en su fondo en un término de treinta días.

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Este documento es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Proviene de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca con sentencia final y firme desde 2014. Los apelantes han presentado múltiples recursos post-sentencia para impugnar la validez del fallo original, alegando principalmente falta de legitimación activa del Banco Popular. Presentaron un primer pleito independiente de nulidad que fue desestimado por el TPI y confirmado en apelación. Posteriormente, incoaron un segundo pleito independiente con las mismas alegaciones, el cual fue desestimado por cosa juzgada. Han recurrido repetidamente ante el Tribunal de Apelaciones buscando paralizar el lanzamiento y revocar las desestimaciones, sin éxito. El Tribunal considera que la multiplicidad de recursos presentados es frívola. Por tanto, deniega el recurso actual. Adicionalmente, impone una sanción económica de \$2,000 a los peticionarios y a su abogada por la litigación frívola.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación presentado por Delia E. Farrulla Oyola contra Jeries \& Company, Corp. El caso original es un cobro de dinero basado en un contrato de servicios profesionales entre las partes, donde Jeries \& Company administraba una clínica dental y la Dra. Farrulla proveía servicios. Jeries \& Company reclamó a la Dra. Farrulla el pago de su participación en los honorarios cobrados a planes médicos, según un acuerdo de reparto de porcentajes (inicialmente 55/45, luego 50/50). La Dra. Farrulla negó la deuda y presentó una reconvención alegando negligencia de Jeries \& Company. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda de Jeries \& Company, condenando a la Dra. Farrulla al pago de una suma y desestimando la reconvención. Tras mociones post-sentencia de ambas partes, el foro primario emitió una sentencia enmendada. La Dra. Farrulla apeló dicha sentencia enmendada. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y confirmó la sentencia apelada.

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El caso se origina con la sentencia de 25 años impuesta al señor Carbonell por tentativa de agresión sexual en dos casos. El peticionario impugnó la sentencia por exceder el máximo legal de 10 años para dicho delito. Un tribunal intermedio acogió su planteamiento, revocó la sentencia original y ordenó una nueva conforme al límite de 10 años. El TPI dictó una re-sentencia de 10 años, pero dispuso que las penas se cumplieran de forma consecutiva entre los dos casos. El señor Carbonell solicitó la reconsideración de esta re-sentencia, alegando la falta de fundamento para penas consecutivas y su carácter excesivo. El TPI denegó tanto la reconsideración como una moción posterior con el mismo argumento. El presente documento resuelve expedir un auto de certiorari y revocar la resolución recurrida. Esto implica que el tribunal superior corrige la decisión del TPI sobre la imposición de penas consecutivas en la re-sentencia.

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La peticionaria solicitó la revocación de una Orden de Protección al amparo de la Ley Contra el Acecho, emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Impugnó una determinación del TPI que declaró No Ha Lugar su moción para dejar sin efecto la orden. Presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar dicha determinación. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia emitió una notificación enmendada de la orden impugnada después de que se presentara el recurso. El Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso fue presentado prematuramente. La presentación de un recurso antes de que el tribunal tenga jurisdicción constituye un defecto insubsanable. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender el recurso. Se desestima el recurso por falta de jurisdicción, permitiendo el desglose de documentos para una posible nueva presentación oportuna.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un caso de desahucio en precario. El apelante, Ibrahim Sammy Odeh, impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó su desahucio de una propiedad comercial. Los apelados, Antonio Torres Montes y otros, iniciaron el proceso tras alegar el vencimiento de un contrato de subarrendamiento de 2008. El señor Odeh solicitó sin éxito en la instancia primaria la conversión del caso a un proceso ordinario, su consolidación con un pleito previo de incumplimiento de contrato que él instó, o la desestimación por falta de partes indispensables, argumentando la vigencia del subarrendamiento. El Tribunal de Primera Instancia denegó estas peticiones y dictó sentencia declarando con lugar el desahucio. En apelación, el señor Odeh alega que el foro primario erró al denegar la conversión y consolidación, y al supuestamente impedirle presentar prueba testifical, violando su debido proceso. El Tribunal de Apelaciones considera estos planteamientos en el contexto del procedimiento sumario de desahucio y la discreción judicial para su conversión.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. La apelación fue presentada por Ramón A. Zequeira Brinsfield y Carmen Ana Jiménez contra Palmas Lakes, Inc. y F\&R Contractors Corporation. Los apelantes habían demandado a los apelados por daños y perjuicios, alegando que el movimiento de tierra durante una construcción vecina provocó inundaciones en su propiedad. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra los apelados bajo la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, tras la presentación de la prueba de los demandantes. Posteriormente, el foro primario dictó sentencia declarando la demanda Sin Lugar. Los apelantes recurrieron esta determinación, planteando múltiples errores relacionados con la apreciación de la prueba y las decisiones procesales. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos presentados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Luis E. Otero Colón apela una desestimación de su querella contra el Municipio de Morovis sobre la liquidación de su balance de licencias de vacaciones. Otero Colón alega que el municipio le pagó de menos \$2,670.70, calculando la liquidación con una tarifa por hora menor a la que considera correcta. Sostiene que su salario fue aumentado y debe ser la base para el cálculo. El Municipio niega la validez del salario más alto, afirmando que no fue debidamente autorizado y que un error en el sistema de pago causó sobrepagos. Ambas partes solicitaron sentencia sumaria, acordando el derecho a la liquidación pero disputando la tarifa salarial aplicable. El conflicto central gira en torno a si el salario de Otero Colón fue válidamente aumentado mediante resoluciones y mensajes de presupuesto. El documento detalla la evidencia presentada por ambas partes, incluyendo resoluciones municipales, comunicaciones y opiniones de la Oficina del Contralor. Esta sentencia atiende la solicitud de Otero Colón para revocar la decisión del tribunal de primera instancia.

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Se revisa en apelación una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda sobre sentencia declaratoria. El demandante, Sr. Harold Vicente González, solicitó declarar extintas las condiciones restrictivas de uso residencial sobre su propiedad, alegando cambios en el vecindario. La parte demandada, una asociación de residentes, solicitó la desestimación argumentando que la controversia ya había sido resuelta en un pleito anterior (Caso 2007) donde el Sr. Vicente González fue interventor. En ese caso previo, una sentencia final declaró válidas y eficaces las mismas restricciones que gravan su propiedad. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción, aplicando la doctrina de cosa juzgada al considerar que la sentencia anterior fue una adjudicación en los méritos. El apelante recurrió, sosteniendo que la cosa juzgada no aplicaba porque la controversia no se adjudicó en los méritos en el pleito anterior y su rol fue distinto. El panel apelativo revisó los fundamentos presentados por las partes. Tras el análisis, se confirmó la sentencia apelada. La desestimación de la demanda por cosa juzgada fue validada.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. Los apelantes, Beatrice M. Parga Fernández y otros, demandaron originalmente al Hospital Pavía y varios médicos. La reclamación se originó por una grave infección y shock séptico sufrido por la Sra. Parga Fernández tras una cesárea en 2006, alegando negligencia en el tratamiento médico. Tras acuerdos transaccionales y desistimientos, la causa de acción continuó únicamente contra el Dr. Carlos Fonseca Salgado, el cirujano, enfocada en la alegada obligación de administrar antibiótico antes de cortar el cordón umbilical. El Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, desestimó la demanda en cuanto al Dr. Fonseca Salgado. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar el dictamen recurrido. En consecuencia, la desestimación de la demanda por impericia médica contra el Dr. Fonseca Salgado se mantiene.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelación proviene de una desestimación por sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. El pleito original fue instado por una persona que sufrió una caída en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín en 2009. La caída, que causó lesiones significativas, fue alegadamente provocada por un desnivel en el piso debido a una loseta rota. Los demandantes reclamaron negligencia contra la Autoridad de los Puertos y otros. La Autoridad de los Puertos solicitó sentencia sumaria, negando negligencia y sugiriendo culpa de la demandante. El foro primario acogió la solicitud y desestimó la demanda. Los demandantes apelaron esta determinación. El Tribunal de Apelaciones examinó los autos y el derecho aplicable. Resolvió revocar la sentencia apelada y devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Edwin Lugo de Jesús. El Sr. Lugo apeló su convicción por fraude bajo el Artículo 202 del Código Penal, dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama. Tras un juicio por jurado, fue hallado culpable de inducir a una persona a pagar \$9,000 por un solar que sabía no le pertenecía. El tribunal primario le impuso una pena suspendida de ocho años de cárcel y ordenó la restitución de \$9,000. En su apelación, el Sr. Lugo alegó errores en la apreciación de la prueba por parte del juzgador, cuestionando la intención criminal, la propiedad del bien, la naturaleza de la venta, el perjuicio sufrido y la suficiencia de la evidencia. El Tribunal de Apelaciones consideró los argumentos de ambas partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una Demanda Maestra Enmendada contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Los demandantes apelaron la desestimación de su caso y la imposición de honorarios de abogado por parte del TPI. El litigio se originó en 2007 con varias demandas consolidadas, alegando que la AAA sobrefacturó a clientes residenciales entre octubre de 2005 y noviembre de 2007. La Demanda Maestra Enmendada argumentaba que la AAA cambió el ciclo de facturación y la estructura tarifaria, facturando un mes de consumo basado en promedios en lugar de lecturas reales. Los demandantes buscaban el reembolso del dinero pagado en exceso, indemnización por daños e intereses para una clase definida de consumidores residenciales afectados. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda y ordenó el pago de $10,000 en honorarios de abogado. Tras evaluar el recurso de apelación y el alegato en oposición, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada.

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Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró injustificado el despido de Armando Cardona Acabá. El tribunal de instancia había ordenado a SLPR el pago de una mesada de $175,987.00 y honorarios de abogado. SLPR despidió a Cardona Acabá como parte de un plan de reorganización institucional implementado para enfrentar un déficit presupuestario de $2.7 millones. Este déficit fue causado por la reducción de aportaciones económicas e ingresos. El plan de reorganización incluyó diversas medidas administrativas, como la consolidación de centros, cierres y la eliminación de 56 puestos de trabajo. La posición de Subdirector que ocupaba Cardona Acabá fue una de las eliminadas como parte de esta medida. Cardona Acabá presentó una querella alegando despido sin justa causa bajo la Ley 80. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, decidió revocar la Sentencia apelada. La sentencia detalla el contexto fiscal de SLPR y las acciones tomadas que llevaron al despido.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por Dennis F. Maza Bodee et al. Se solicita la revocación de una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó el reclamo contra Chubb Insurance Co., aseguradora del Condominio Coral Beach. La demanda original alegaba incumplimiento contractual del Condominio por no atender filtraciones en un local comercial arrendado. Estas filtraciones, ocurridas en julio de 2013, supuestamente causaron inundaciones, humedad y crecimiento de hongos, afectando el uso del local y la salud del demandante. El Condominio poseía una póliza con Chubb vigente de enero de 2013 a enero de 2014, cubriendo daños corporales o a la propiedad dentro de ese periodo. Chubb argumentó que su responsabilidad estaba limitada por exclusiones de la póliza, incluyendo las relativas a hongos y bacterias. También sostuvo que los daños reclamados ocurrieron fuera del periodo de cobertura o no tenían relación causal con su asegurado. La apelación busca revertir la desestimación basada en estas defensas de la aseguradora.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Universal Insurance Company contra Grissel Martínez Silva sobre daños y perjuicios. Universal apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Humacao que le ordenó pagar \$80,000 por daños físicos y \$25,000 por sufrimientos mentales a la señora Martínez Silva. Tras la sentencia inicial, Universal solicitó reconsideración al TPI, cuestionando la cuantía y la falta de notificación a la ACAA, moción que fue denegada. Universal recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones, señalando errores en la valoración de la prueba pericial y la excesiva compensación otorgada. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, tras examinar el expediente, determina desestimar la causa de acción. La desestimación se fundamenta en que la demanda fue presentada de forma prematura. El tribunal reitera la importancia de examinar la jurisdicción de los foros.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de certiorari presentado por David Díaz Castro y Edwin Díaz Castro. Solicitan la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Humacao de 24 de octubre de 2018. Dicha resolución declaró No Ha Lugar una solicitud de nuevo juicio presentada por los peticionarios. El caso original se remonta a 2004, cuando ambos fueron procesados penalmente por el asesinato de Martín Pérez Rodríguez y otros delitos. David Díaz Castro fue condenado a 99 años por asesinato en primer grado, más penas consecutivas por conspiración y Ley de Armas, las cuales cumple actualmente. Edwin Díaz Castro fue condenado por conspiración y Ley de Armas a penas consecutivas que ya cumplió. Sus sentencias originales fueron apeladas y confirmadas por el Tribunal de Apelaciones en 2005. La prueba en el juicio incluyó el testimonio clave de la ex compañera de David, quien detalló los hechos y el móvil, corroborado por agentes de la policía. El panel apelativo anterior validó la corroboración de este testimonio. El recurso actual busca la revisión de la negativa a concederles un nuevo juicio.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por José G. Rodríguez Valle impugnando una sentencia impuesta en 1982 por asesinato en primer grado y otros delitos. El peticionario alegó errores procesales en el juicio original. Sin embargo, el tribunal constató que el peticionario no incluyó en el apéndice documento alguno que permitiera examinar su solicitud o acreditar la existencia de una controversia revisable. Se recordó que la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para certiorari se limita a sentencias finales, decisiones administrativas finales y, discrecionalmente, otras resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera Instancia. Al no demostrar el peticionario una determinación sujeta a la facultad revisora del tribunal, se concluyó que este carecía de jurisdicción para atender el recurso. Por consiguiente, la petición de certiorari fue desestimada por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, evaluó una Petición de Certiorari presentada por NOSCE TE IPSUM, INC. contra METRO 214, LLC, CANEJAS, S.E., y otras partes. El recurso provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, relacionado con un caso civil sobre sentencia declaratoria, interdictos, rescisión de venta y daños. Tras considerar la petición de certiorari y la oposición presentada por la parte recurrida Canejas, S.E., el panel resolvió abstenerse de ejercer su jurisdicción revisora. En consecuencia, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari. La resolución fue emitida el 25 de abril de 2019.

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El confinado David González Milián presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de obtener copias de declaraciones juradas del expediente judicial. El foro primario determinó que los documentos no constaban en el expediente y le indicó que debía solicitarlos a su abogado. En su recurso, el peticionario también pidió al Tribunal de Apelaciones que ordenara a su abogado de oficio la entrega de su expediente criminal. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida, validando la actuación del foro primario al denegar la solicitud de documentos del expediente. Respecto a la petición de ordenar al abogado, el Tribunal de Apelaciones resolvió que carece de jurisdicción para atenderla en primera instancia. Dicha solicitud debe presentarse primero ante el Tribunal de Primera Instancia. Por tanto, se expidió el auto de certiorari, pero se confirmó la determinación del foro primario.

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Yamilie G. Ayala Marín acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden requirió que la peticionaria solicitara la liquidación post ganancial de un inmueble y su inscripción mediante un pleito civil ordinario. Esto ocurrió tras el fallecimiento de su ex esposo, Alexis Colón Márquez. La pareja se divorció en 2009, acordando en estipulación que la esposa pagaría $2,500 al esposo por su participación en una residencia en dos años y se cambiaría la escritura. El esposo falleció en 2017 sin que se liquidara el bien ni se otorgara la escritura. La peticionaria pidió al TPI en el caso de divorcio que ordenara al Alguacil firmar la escritura de liquidación. El TPI denegó la solicitud, indicando que debía evidenciar su participación en la herencia mediante un pleito civil ordinario. La señora Ayala Marín presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra esta determinación. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Esta es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, emitida el 25 de abril de 2019. El caso es un Certiorari presentado por Emilio Roldán Aponte, procedente de la Policía de Puerto Rico. El asunto principal trata sobre la revocación de una licencia de armas y sus permisos. El peticionario presentó una Moción Anunciando Desistimiento, informando al tribunal su decisión de no continuar con la causa. En virtud de dicha moción y conforme a la Regla 83(a) del Reglamento de Apelaciones, el Tribunal ordenó el archivo de la solicitud de Certiorari. La Sentencia concluye el procedimiento judicial debido al desistimiento de la parte peticionaria.