Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 276)

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201700359, una apelación criminal presentada por Carlos J. Figueroa Colón. Figueroa Colón fue declarado culpable por el Tribunal de Primera Instancia de violar el Artículo 184 del Código Penal, relativo a ratería o hurto de mercancía en establecimiento comercial. Inicialmente condenado a seis meses de cárcel, la pena fue posteriormente reducida a veintiocho días, dándose por cumplida. Inconforme con el fallo de culpabilidad, el apelante acudió al Tribunal de Apelaciones. Sus señalamientos de error incluyen la insuficiencia de la prueba para sostener la condena y el error del tribunal al denegar su moción de reconsideración. Adicionalmente, argumenta que la denuncia original era defectuosa por no imputarle todos los elementos esenciales del delito de ratería. El Tribunal de Apelaciones revisa estos argumentos, citando el texto del Artículo 184 del Código Penal. La sentencia indica que el apelante no tiene razón en su alegato sobre la denuncia defectuosa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por Luis A. Figueroa Rivera. El peticionario recurre una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción Ejerciendo el Derecho de Retracto de Crédito Litigioso. El TPI concluyó que este derecho, establecido en el Código Civil, no era aplicable a la reclamación subyacente. Dicha reclamación fue una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instada por Scotiabank (sucesor de R \& G Premier Bank). La acción original se fundamentó en el incumplimiento de pago de un pagaré hipotecario, regido por la Ley de Transacciones Comerciales. En el caso primario, el TPI había dictado sentencia en rebeldía contra los demandados por la deuda. El peticionario intentó ejercer el retracto sobre este crédito litigioso. La sentencia del Tribunal de Apelaciones evalúa la corrección de la determinación del TPI sobre la inaplicabilidad del retracto en este tipo de deuda.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones atiende un recurso de certiorari presentado por Waleska Martínez Pérez en un caso sobre liquidación de sociedad de gananciales. La peticionaria solicitó revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia que permitió cierta prueba y pidió paralizar trámites de juicio próximos. El Tribunal de Apelaciones observó que el foro primario ya había resuelto sobre la admisibilidad de la prueba meses antes de presentarse el certiorari, considerando inoportuno el recurso en cuanto a ese planteamiento. La resolución explica que el certiorari es un remedio discrecional diseñado para evitar la intervención a destiempo y dilaciones innecesarias en el proceso de instancia. La denegación del recurso en esta etapa constituye un ejercicio de dicha facultad discrecional. El Tribunal destaca que la parte peticionaria no queda desprovista de remedio, pues podrá cuestionar la validez del dictamen al apelar la sentencia final del Tribunal de Primera Instancia. Se menciona también el alcance amplio y liberal del descubrimiento de prueba.

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El señor Jermaine Nieves Andino presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones, acogido como certiorari, buscando la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden, al parecer, declaró No Ha Lugar una moción suya relacionada con la corrección de sentencia bajo el principio de favorabilidad de la Ley de Armas. El peticionario no incluyó en su recurso copia de la orden impugnada ni de la moción original presentada en primera instancia. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y la documentación aportada. Se recordó la importancia de la jurisdicción y el cumplimiento de los requisitos procesales. La Regla 34(E)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige incluir en el apéndice la decisión recurrida y las mociones relevantes. La omisión de estos documentos impide al tribunal verificar su jurisdicción y analizar el fondo del asunto. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción debido al incumplimiento del peticionario con los requisitos reglamentarios para perfeccionar el recurso.

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Sentencia de un panel de jueces que resuelve una apelación presentada por Edgardo García López contra Vaquería Sucesión Espinosa Rivera, Inc. El apelante impugna una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella. La querella original alegaba despido injustificado y violación al período de tomar alimentos. El señor García López trabajó como ordeñador y fue despedido en diciembre de 2016. La vaquería justificó el despido por conducta grave, específicamente maltrato a las vacas, y por haber aplicado disciplina progresiva previamente. La apelada solicitó sentencia sumaria, argumentando que la reclamación sobre el período de alimentos carecía de mérito, basándose en la prueba presentada y la deposición del apelante. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria y desestimó la querella en su totalidad. Este panel confirma el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación criminal. El apelante, Javier Álvarez Luciano, recurrió de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia que lo declararon culpable. Fue convicto por tentativa de asesinato, violación a la Ley de Armas (uso de arma blanca) y maltrato de menores. Los cargos se basaron en agresiones severas a un menor ocurridas en agosto de 2013. Un jurado lo encontró culpable de los tres delitos, resultando en una pena total de 42 años de reclusión. El Sr. Álvarez presentó varios señalamientos de error en su apelación. Estos incluyeron la suficiencia de la prueba, el impacto de la publicidad, irregularidades procesales, la denegación de testigos de defensa y la admisibilidad del testimonio del menor víctima. Tras revisar los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó las sentencias apeladas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un caso de cobro de dinero. Calbert's Shell Corp. demandó a Muhamad Hassam Hilmi por \$8,158.02 tras la venta de una estación de gasolina. El demandado reconvino, alegando un crédito por reparaciones a una planta eléctrica que Shell debía asumir según el contrato. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria Parcial, concediendo la reclamación de Shell pero también la reconvención del demandado. Interpretó una cláusula contractual a favor del demandado, reduciendo la deuda a \$3,333.33. Shell apeló, sosteniendo que el foro primario erró al interpretar la cláusula sobre asunción de deudas y al conceder el crédito. El apelado solicitó modificar la sentencia para denegar cualquier pago a Shell. Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones evalúa la corrección de la interpretación contractual del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El recurso fue presentado por la parte demandada, Iris Collazo Huertas, contra Scotiabank de Puerto Rico. La apelación impugna una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Orocovis. El foro primario había declarado Con Lugar la demanda de Scotiabank y No Ha Lugar la reconvención de la parte demandada. La apelante solicitaba la revocación de dicha sentencia, alegando errores en la aplicación de pagos y reclamando daños. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Se confirma la sentencia apelada en cuanto a la procedencia de dictar sentencia sumariamente. No obstante, se revoca la sentencia en cuanto a la cuantía específica otorgada a Scotiabank. Por consiguiente, el caso se devuelve al Tribunal de Primera Instancia. El foro primario deberá detallar e identificar las cuantías que componen el balance de cancelación en su dictamen.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Carlos Alberto González Ayala apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda contra María Rafaelina Pérez Verás y Laboratorio Clínico M. Landrón, Inc. El apelante, co-accionista al 50% con la apelada en la corporación, había instado una acción derivativa, cobro de dinero e injunction, alegando que la apelada perjudicaba y desfalaba la empresa. La apelada solicitó la desestimación argumentando que las controversias se ventilaban en el caso de liquidación de bienes gananciales y que la acción derivativa era improcedente entre los únicos accionistas. El foro primario acogió la moción de desestimación y desestimó la demanda en su totalidad. Tras denegarse una moción de reconsideración, el apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones señalando errores en la desestimación sin vista y en la determinación de otro remedio adecuado. El Panel VI del Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso. Mediante Sentencia, el Tribunal de Apelaciones modificó la Sentencia apelada y así modificada la confirmó.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio y cobro de dinero. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada demandó a Coastal & Marine Group, Inc. por incumplimiento de un contrato de arrendamiento con opción a compra. Coastal reconvino alegando que la Cooperativa impidió el ejercicio de la opción de compra y reclamó daños. Las partes transigieron el caso mediante una estipulación incorporada a una sentencia. Dicha estipulación establecía que Coastal compraría la propiedad para una fecha límite o consentiría al desahucio. La Cooperativa solicitó el desahucio al no cumplirse el término de compra. Coastal se opuso, alegando que la Cooperativa incumplió sus obligaciones bajo la estipulación, impidiendo la compra. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el desahucio de Coastal. Coastal apeló esta orden interlocutoria mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI. Evalúa un recurso de certiorari instado por Hiram Pérez Soto contra Cantera Pérez Inc. y otros recurridos. También considera un escrito en mostración de causa presentado por algunos de los recurridos. Tras evaluar el recurso y el escrito, el tribunal resuelve abstenerse de ejercer su jurisdicción revisora. Por tanto, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario. La decisión se fundamenta en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La resolución fue emitida el 6 de mayo de 2019.

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El Tribunal de Apelaciones evalúa una Petición de Certiorari presentada por Unión Auto Group Corp. (Unión). Unión solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Solicitud de Desestimación en un pleito civil. La demanda original fue presentada por varios individuos contra concesionarios de autos, incluyendo Unión, alegando cobro indebido y excesivo por gastos de registro de vehículo y tablilla ("document fee"), así como otros cargos no detallados. Se imputa a Unión haber cobrado un "document fee" de $600 que supuestamente excedía el costo legal y no estaba desglosado en el contrato de compraventa. Unión argumentó que el cobro era contractual y no prohibido por la reglamentación de DACO. Los demandantes sostuvieron que el cargo excedía lo establecido por ley y violaba las normas de DACO al no detallarse. El TPI declaró No Ha Lugar la desestimación al entender que las alegaciones eran suficientes para una causa de acción. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado en esta etapa procesal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201801229. El recurso de apelación fue presentado por CORDERO, CORDERO \& ASOCIADOS contra la CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia trataba sobre cobro de dinero y daños y perjuicios. La parte apelante presentó una moción solicitando el desistimiento voluntario del recurso. La moción pedía que el desistimiento fuera con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones acogió la moción de desistimiento. Conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento, se tuvo por desistido el recurso de apelación. La sentencia decreta el archivo del recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una Petición de Certiorari. El peticionario, Gabriel E. Rivera Santiago, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha resolución denegó una moción presentada al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El peticionario fue originalmente convicto en el TPI por escalamiento agravado, apropiación ilegal agravada y daños. En una apelación previa (KLAN201700256), este Tribunal modificó las sentencias. En esa apelación, se revocaron las convicciones por apropiación ilegal agravada y daños. La convicción por escalamiento agravado fue confirmada. La petición de certiorari actual se centra en la denegación por el TPI de la moción post-apelación. El Tribunal de Apelaciones procede a dictar su sentencia sobre la controversia planteada.

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La sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve si el Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción sobre una demanda de daños y perjuicios presentada por un empleado contra su unión. El empleado, Kenneth Bonilla Meléndez, alega que la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA actuó negligentemente al tramitar la ejecución de un laudo arbitral que le fue favorable. Específicamente, imputa a la unión haber tardado 13 meses en solicitar el cumplimiento total del laudo ante la Junta de Relaciones del Trabajo. También alega que la unión no le notificó debidamente de la desestimación de la petición de ejecución por incuria, impidiendo una apelación. La unión solicitó la desestimación de la demanda en el TPI, argumentando que la controversia sobre su representación era de la jurisdicción exclusiva de la Junta. El TPI denegó esta moción, y la unión recurrió en certiorari. El Tribunal de Apelaciones concluye que el Tribunal de Primera Instancia sí posee jurisdicción para conocer de la acción en daños interpuesta por el empleado contra la unión por la alegada negligencia en el trámite de poner en vigor el laudo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelación surge de la desestimación con perjuicio de una demanda por parte del Tribunal de Primera Instancia. La demandante había solicitado el archivo sin perjuicio debido a una condición de salud (PTSD) que le impedía continuar con el litigio. El tribunal de instancia desestimó con perjuicio al no evidenciarse la condición médica según ordenado. La demandante apeló, alegando que la desestimación con perjuicio fue un abuso de discreción y una sanción excesiva. Los demandados se opusieron a la apelación pero sugirieron un archivo administrativo como alternativa. El Tribunal de Apelaciones concluye que procede el archivo administrativo del caso. Se aclara que el Tribunal de Primera Instancia mantendrá discreción para determinar si procede la reapertura del caso en el futuro.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE201900438. Se trata de una petición de certiorari presentada por Mueblería La Providencia, Inc. y otros contra PR Asset Portfolio 2013-1, International Sub I, LLC. El caso original, proveniente del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, versa sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca. El Tribunal de Apelaciones, compuesto por el Panel VI, evaluó la petición de certiorari y el memorando en oposición de la parte recurrida. Tras dicha evaluación, el panel resolvió abstenerse de ejercer su jurisdicción revisora. Por consiguiente, se denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por la parte peticionaria. La decisión fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 6 de mayo de 2019.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso en un caso de alimentos. El apelante impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que adoptó el informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA). La EPA determinó que tanto el apelante como la apelada estaban desempleados. Sin embargo, al no demostrar incapacidad física o mental, les imputó el salario mínimo para el cálculo de la pensión. Como resultado, se le impuso al apelante, padre no custodio, una obligación de pago de \$268.00 mensuales. El apelante solicitó reconsideración sin éxito, alegando que no procedía la imputación de ingresos debido a una supuesta incapacidad permanente. Argumentó que había presentado prueba médica que sustentaba su condición. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y los argumentos del apelante. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en el recurso presentado por FirstBank of Puerto Rico contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había determinado que el despido del Sr. Gonzalo Figueroa Rodríguez fue injustificado bajo la Ley Núm. 2 de 1961. La sentencia del TPI fue notificada el 11 de enero de 2019. FirstBank solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el TPI mediante resolución notificada el 26 de marzo de 2019. FirstBank presentó su escrito de apelación el 25 de abril de 2019. La Ley Núm. 2, según enmendada por la Ley Núm. 133 de 2014, establece un término jurisdiccional de diez días para apelar una sentencia del TPI. El Tribunal de Apelaciones concluye que el recurso de apelación fue presentado fuera de este término legal. Por consiguiente, se desestima el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por haber sido presentado tardíamente.

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El señor Juan Roig Rodríguez comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari. Solicita que se le permita cumplir una sentencia de manera concurrente, en lugar de consecutiva como fue impuesta. El Tribunal observa que el recurso presentado es incompleto. No se incluyó la sentencia recurrida ni determinación alguna del Foro Primario. Tampoco se desprende que el peticionario haya planteado esta solicitud ante el Tribunal de Primera Instancia. La Resolución explica que el Certiorari es un recurso discrecional con requisitos formales y de contenido estrictos. Se detallan algunas exigencias del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Entre ellas, se requiere incluir la decisión cuya revisión se solicita y un apéndice con documentos esenciales como la sentencia del foro inferior. El documento subraya la necesidad de cumplir con estos requisitos para la procedencia del recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201800307. Las apelantes B.P. S.E. y Bahía Park S.E. impugnan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La disputa se origina en la Orden Ejecutiva OE-2004-49, que ordenó la designación de la Reserva Natural de la Ciénaga Las Cucharillas. Las apelantes alegaron que la interpretación estatal de esta orden impidió el desarrollo de sus propiedades, constituyendo una expropiación a la inversa sin justa compensación. Argumentaron que esto afectó sus terrenos a pesar de contar con permisos de desarrollo previos. Los apelados, incluyendo el Estado Libre Asociado y agencias como la Junta de Planificación y el DRNA, sostuvieron que la orden solo dispuso estudios y no fue una acción definitiva. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria al DRNA y desestimó las reclamaciones de las apelantes. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Daniel Gómez Marrero solicitando la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su caso por falta de jurisdicción. La controversia se originó con una querella de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) contra Gómez, un Profesional Autorizado. La OGPe le imputó violaciones al emitir un permiso de uso discrecional para un negocio en una zona no permitida y por incumplimientos procesales y contractuales. Como resultado, la OGPe suspendió sus licencias de Profesional Autorizado, Inspector de Salud y de Bomberos por doce meses y le impuso una multa de $16,000. Gómez recurrió al Tribunal de Primera Instancia, cuestionando la suspensión de licencias no relacionadas con las imputaciones. Durante el proceso, la Ley 161-2009 fue enmendada, derogando la facultad de la OGPe sobre Profesionales Autorizados. El foro primario ordenó la restitución de algunas licencias pero, tras analizar la jurisdicción a la luz de las enmiendas, desestimó el pleito. El Tribunal de Apelaciones adelanta que revocará la sentencia apelada.

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La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le ordenaba pagar una indemnización, penalidad y honorarios de abogado a José A. Arbelo Delgado. El Sr. Arbelo demandó a la AAA alegando despido injustificado y represalias por un accidente de trabajo. Argumentó que su contrato a tiempo determinado no fue renovado mientras recibía tratamiento, violando leyes de protección a empleados lesionados y contra represalias. La AAA se defendió indicando que la relación laboral cesó legalmente al expirar el contrato del empleado. Sostuvo que no estaba obligada a renovar el contrato y negó haber actuado con discriminación o represalias. El TPI había fallado a favor del empleado, concediéndole \$25,000 por despido, \$25,000 de penalidad y honorarios. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y determinaciones de hechos del TPI. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución denegando un auto de certiorari solicitado por Natural Retreat Affordable Housing, Inc. La petición buscaba revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. El foro primario había ordenado el desglose de fondos consignados a favor de Steel & Pipes, Inc. Esta orden se fundamentó en una sentencia final y firme obtenida por Steel & Pipes contra Natural Retreat. El Tribunal de Apelaciones evaluó si la actuación del Tribunal de Primera Instancia constituyó un abuso de discreción, error o parcialidad. Concluyó que la orden de desglose tenía base jurídica, dada la existencia de la sentencia firme. Además, señaló que el reclamo del Peticionario sobre los fondos no fue concretado oportunamente mediante acción legal. Al no advertir abuso de discreción ni otras circunstancias que justificaran su intervención, el Tribunal de Apelaciones decidió deferir al criterio del foro primario. Por consiguiente, se denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por un confinado. El peticionario solicitó copias del libro de entrada de correspondencia legal de la institución penal. Tras agotar los remedios administrativos, su solicitud fue denegada y fue notificado de su derecho a solicitar revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el peticionario presentó una demanda de auxilio de jurisdicción ante el Tribunal de Primera Instancia, solicitando la reconsideración de la decisión administrativa y representación legal. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por falta de jurisdicción. El peticionario recurrió de esa desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Determina que el foro primario carecía de jurisdicción, ya que la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme establece que la revisión judicial de decisiones administrativas finales debe presentarse directamente ante el Tribunal de Apelaciones.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico es un recurso de certiorari presentado por Aníbal A. Beauchamp Sierra contra una orden de protección por violencia doméstica emitida a favor de Stephanie M. Avilés García. La Sra. Avilés solicitó la orden contra su expareja consensual, alegando un patrón de conducta que incluyó abuso sexual y psicológico durante la relación y acecho y hostigamiento posterior a la separación. El Tribunal de Primera Instancia, tras evaluar la prueba, concedió una orden de protección por 18 meses, prohibiendo al Sr. Beauchamp acercarse, molestar o comunicarse con la Sra. Avilés y ordenando su desarme. El Sr. Beauchamp recurre la decisión, argumentando que el foro primario erró en la apreciación de la prueba y que los hechos no justifican la orden. La Sra. Avilés, por su parte, sostiene que la determinación se basó en la prueba presentada y que no se trató de un incidente aislado. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver el recurso considerando las posturas de ambas partes. La Ley 54 de Violencia Doméstica, citada en la resolución, define este mal como un patrón de conducta que incluye violencia física o psicológica, intimidación o persecución. Los hechos probados en primera instancia detallan mensajes de texto del recurrente admitiendo actos sin consentimiento y un incidente de confrontación en un estacionamiento.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de apelación presentado por Francisco I. Malpica Rodríguez. El apelante buscaba revocar la condena y la pena de 129 años de reclusión impuesta por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha condena se basó en hallazgos de culpabilidad por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. Los hechos imputados ocurrieron el 21 de julio de 2017, resultando en la muerte de Elvis José Ríos Ramos por disparos de arma de fuego. La prueba incluyó testimonios del padre y la hermana de la víctima, quienes vieron al apelante salir de la residencia del occiso. El padre testificó que el apelante admitió haber disparado y fue visto con un arma. La investigación policial encontró casquillos de bala calibre .357 en la escena. Tras evaluar la comparecencia de las partes, la prueba oral y los autos, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia apelada.

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Belinda González Quiñonez apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella laboral contra Property Logistics Inc. y otros. La querella original alegaba despido injustificado, represalias por acudir al Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y falta de pago de horas extras. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el despido fue justificado por razones económicas y de reorganización. Concluyó que el patrono desconocía la visita de la querellante al CFSE al momento del despido, el cual ocurrió antes de dicha visita. Respecto a las horas extras, el foro primario encontró que la querellante cumplía con los requisitos de la figura del Administrador y estaba exenta de dicho pago. La apelante presentó cuatro señalamientos de error, cuestionando las determinaciones del TPI sobre la exención de horas extras, la existencia de un acuerdo de pago, la prueba de horas extras trabajadas y la justificación del despido. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos, el expediente y la prueba oral. Por los fundamentos que expresará, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El señor Norberto Colón Canales, quien cumple una condena por asesinato en primer grado, solicitó la revocación de su sentencia y un nuevo juicio ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Su petición se basó en el descubrimiento de un informe policiaco de 1995 que, según alega, contiene información exculpatoria no provista durante el juicio. El TPI declaró No Ha Lugar la solicitud, citando jurisprudencia. Inconforme, el señor Colón Canales acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Argumentó que el TPI erró al desestimar la nueva evidencia y al no aplicar la Regla 188(a) de Procedimiento Criminal. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación emitida por el TPI. El documento también discute las Reglas 188 y 192 de Procedimiento Criminal sobre la solicitud de nuevo juicio por nueva prueba.

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El Tribunal de Apelaciones revisó mediante certiorari una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de alimentos. El peticionario, Desi Meléndez Ortega, quien se encuentra confinado en prisión, solicitó ser eximido del pago de pensión alimentaria para su hijo durante su encarcelamiento. Argumentó que carece de recursos económicos debido a su reclusión. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud. El peticionario recurrió esta decisión, alegando que era arbitraria y lo condenaría a incumplimiento. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso pero confirmó la determinación del foro primario. Fundamentó su decisión en la jurisprudencia vigente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esta norma establece que el encarcelamiento no constituye una causa válida para eximir a un padre de su obligación de pagar pensión alimentaria, buscando proteger a los menores y evitar el fomento del incumplimiento. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la orden recurrida estaba conforme a derecho.

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Comparece Ángel M. Santiago Anzueta solicitando la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de nuevo juicio bajo la Regla 192.1. El peticionario argumentó que debía aplicársele el principio de favorabilidad respecto a su sentencia. Inicialmente, llegó a una alegación preacordada por tentativa de asesinato en segundo grado con una pena sugerida de 20 años. Posteriormente, el tribunal identificó un error y ofreció al peticionario enmendar el cargo a tentativa de asesinato en primer grado o dejar sin efecto la alegación. El peticionario aceptó la enmienda y fue sentenciado a 20 años por tentativa de asesinato en primer grado. Su moción bajo la Regla 192.1 buscaba la aplicación de la pena asociada a la alegación inicial. El Tribunal de Primera Instancia declaró "Sin Lugar" dicha solicitud. Este panel revisó el recurso de Certiorari presentado contra esa determinación. Por los fundamentos expuestos, se deniega el auto de Certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Iván González Serrano. El Sr. González Serrano apeló una Sentencia Mixta Enmendada del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia lo declaró culpable y lo condenó por violaciones a la Ley de Armas, la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales, y el Código Penal. Los cargos se relacionaban con un incidente donde se le acusó de entrar ilegalmente a una propiedad y causar la muerte de un perro. El Tribunal de Primera Instancia impuso penas de cárcel y posteriormente enmendó la sentencia para incluir restitución. El apelante presentó múltiples señalamientos de error, cuestionando la prueba y el proceso de enmienda. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Como resultado, el Tribunal decidió modificar la sentencia. La modificación consistió en revocar los fallos condenatorios por violación al artículo 5.05 de la Ley de Armas y al artículo 197(b) del Código Penal.

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Javier Figueroa Cruz apeló una sentencia de 129 años de cárcel impuesta tras ser declarado culpable en ausencia de asesinato en primer grado e infracciones a la Ley de Armas. Al momento de presentar el recurso de apelación, el señor Figueroa Cruz se encontraba prófugo de la justicia. El Pueblo de Puerto Rico solicitó la desestimación de la apelación fundamentado en que el apelante renunció a su derecho al evadir la jurisdicción del tribunal. La representación legal del apelante argumentó que la desestimación en estos casos es una cuestión discrecional del tribunal apelativo. El Tribunal de Apelaciones examinó la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el derecho estatutario a apelar y la doctrina aplicable a convictos fugitivos. Dicha jurisprudencia establece que un fugitivo puede renunciar a su derecho a apelar al evadir la autoridad judicial. Aunque la desestimación es discrecional, el tribunal determinó que procedía en este caso particular. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso de apelación presentado por Javier Figueroa Cruz.