Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 276)

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VIII, emitió una sentencia el 10 de mayo de 2019 en el caso KLAN201900214. La apelación fue presentada por Abdiel Manuel Pérez Aviles contra El Pueblo de Puerto Rico. El caso original proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, bajo los números FSC2018G0073 al 74. La materia apelada se relaciona con el Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas. El apelante presentó una Moción en Solicitud de Desistimiento el 9 de mayo de 2019. El panel, integrado por las Juezas Colom García, Domínguez Irizarry y Soroeta Kodesh, consideró la moción. La sentencia declara con lugar la solicitud de desistimiento. La decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Como resultado, se ordena el archivo definitivo de la causa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El recurso fue presentado por José A. Velázquez Grau y Eilein G. Ruiz Fernández contra Banco Popular de P.R. en un caso de ejecución de hipoteca. Los peticionarios solicitan la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas emitida el 12 de marzo de 2019. Dicha resolución declaró No Ha Lugar una moción de los peticionarios oponiéndose a una venta judicial. El caso original inició en 2013 por incumplimiento en el pago de un préstamo hipotecario. Las partes llegaron a un acuerdo de sentencia por estipulación en 2014, que fue aprobado por el tribunal. Tras trámites posteriores, se emitió un aviso de pública subasta para la propiedad hipotecada. Los peticionarios presentaron una moción en febrero de 2019 para detener la venta y solicitar evidencia, la cual fue denegada por el TPI. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar la decisión del TPI sobre la moción que se oponía a la subasta.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por Luis A. Figueroa Rivera. El peticionario recurre una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción Ejerciendo el Derecho de Retracto de Crédito Litigioso. El TPI concluyó que este derecho, establecido en el Código Civil, no era aplicable a la reclamación subyacente. Dicha reclamación fue una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instada por Scotiabank (sucesor de R \& G Premier Bank). La acción original se fundamentó en el incumplimiento de pago de un pagaré hipotecario, regido por la Ley de Transacciones Comerciales. En el caso primario, el TPI había dictado sentencia en rebeldía contra los demandados por la deuda. El peticionario intentó ejercer el retracto sobre este crédito litigioso. La sentencia del Tribunal de Apelaciones evalúa la corrección de la determinación del TPI sobre la inaplicabilidad del retracto en este tipo de deuda.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones atiende un recurso de certiorari presentado por Waleska Martínez Pérez en un caso sobre liquidación de sociedad de gananciales. La peticionaria solicitó revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia que permitió cierta prueba y pidió paralizar trámites de juicio próximos. El Tribunal de Apelaciones observó que el foro primario ya había resuelto sobre la admisibilidad de la prueba meses antes de presentarse el certiorari, considerando inoportuno el recurso en cuanto a ese planteamiento. La resolución explica que el certiorari es un remedio discrecional diseñado para evitar la intervención a destiempo y dilaciones innecesarias en el proceso de instancia. La denegación del recurso en esta etapa constituye un ejercicio de dicha facultad discrecional. El Tribunal destaca que la parte peticionaria no queda desprovista de remedio, pues podrá cuestionar la validez del dictamen al apelar la sentencia final del Tribunal de Primera Instancia. Se menciona también el alcance amplio y liberal del descubrimiento de prueba.

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El señor Jermaine Nieves Andino presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones, acogido como certiorari, buscando la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden, al parecer, declaró No Ha Lugar una moción suya relacionada con la corrección de sentencia bajo el principio de favorabilidad de la Ley de Armas. El peticionario no incluyó en su recurso copia de la orden impugnada ni de la moción original presentada en primera instancia. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y la documentación aportada. Se recordó la importancia de la jurisdicción y el cumplimiento de los requisitos procesales. La Regla 34(E)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige incluir en el apéndice la decisión recurrida y las mociones relevantes. La omisión de estos documentos impide al tribunal verificar su jurisdicción y analizar el fondo del asunto. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción debido al incumplimiento del peticionario con los requisitos reglamentarios para perfeccionar el recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación criminal. El apelante, Javier Álvarez Luciano, recurrió de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia que lo declararon culpable. Fue convicto por tentativa de asesinato, violación a la Ley de Armas (uso de arma blanca) y maltrato de menores. Los cargos se basaron en agresiones severas a un menor ocurridas en agosto de 2013. Un jurado lo encontró culpable de los tres delitos, resultando en una pena total de 42 años de reclusión. El Sr. Álvarez presentó varios señalamientos de error en su apelación. Estos incluyeron la suficiencia de la prueba, el impacto de la publicidad, irregularidades procesales, la denegación de testigos de defensa y la admisibilidad del testimonio del menor víctima. Tras revisar los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó las sentencias apeladas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un caso de cobro de dinero. Calbert's Shell Corp. demandó a Muhamad Hassam Hilmi por \$8,158.02 tras la venta de una estación de gasolina. El demandado reconvino, alegando un crédito por reparaciones a una planta eléctrica que Shell debía asumir según el contrato. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria Parcial, concediendo la reclamación de Shell pero también la reconvención del demandado. Interpretó una cláusula contractual a favor del demandado, reduciendo la deuda a \$3,333.33. Shell apeló, sosteniendo que el foro primario erró al interpretar la cláusula sobre asunción de deudas y al conceder el crédito. El apelado solicitó modificar la sentencia para denegar cualquier pago a Shell. Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones evalúa la corrección de la interpretación contractual del foro primario.

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Sentencia de un panel de jueces que resuelve una apelación presentada por Edgardo García López contra Vaquería Sucesión Espinosa Rivera, Inc. El apelante impugna una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella. La querella original alegaba despido injustificado y violación al período de tomar alimentos. El señor García López trabajó como ordeñador y fue despedido en diciembre de 2016. La vaquería justificó el despido por conducta grave, específicamente maltrato a las vacas, y por haber aplicado disciplina progresiva previamente. La apelada solicitó sentencia sumaria, argumentando que la reclamación sobre el período de alimentos carecía de mérito, basándose en la prueba presentada y la deposición del apelante. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria y desestimó la querella en su totalidad. Este panel confirma el dictamen apelado.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Carlos Alberto González Ayala apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda contra María Rafaelina Pérez Verás y Laboratorio Clínico M. Landrón, Inc. El apelante, co-accionista al 50% con la apelada en la corporación, había instado una acción derivativa, cobro de dinero e injunction, alegando que la apelada perjudicaba y desfalaba la empresa. La apelada solicitó la desestimación argumentando que las controversias se ventilaban en el caso de liquidación de bienes gananciales y que la acción derivativa era improcedente entre los únicos accionistas. El foro primario acogió la moción de desestimación y desestimó la demanda en su totalidad. Tras denegarse una moción de reconsideración, el apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones señalando errores en la desestimación sin vista y en la determinación de otro remedio adecuado. El Panel VI del Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso. Mediante Sentencia, el Tribunal de Apelaciones modificó la Sentencia apelada y así modificada la confirmó.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio y cobro de dinero. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada demandó a Coastal & Marine Group, Inc. por incumplimiento de un contrato de arrendamiento con opción a compra. Coastal reconvino alegando que la Cooperativa impidió el ejercicio de la opción de compra y reclamó daños. Las partes transigieron el caso mediante una estipulación incorporada a una sentencia. Dicha estipulación establecía que Coastal compraría la propiedad para una fecha límite o consentiría al desahucio. La Cooperativa solicitó el desahucio al no cumplirse el término de compra. Coastal se opuso, alegando que la Cooperativa incumplió sus obligaciones bajo la estipulación, impidiendo la compra. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el desahucio de Coastal. Coastal apeló esta orden interlocutoria mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El recurso fue presentado por la parte demandada, Iris Collazo Huertas, contra Scotiabank de Puerto Rico. La apelación impugna una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Orocovis. El foro primario había declarado Con Lugar la demanda de Scotiabank y No Ha Lugar la reconvención de la parte demandada. La apelante solicitaba la revocación de dicha sentencia, alegando errores en la aplicación de pagos y reclamando daños. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Se confirma la sentencia apelada en cuanto a la procedencia de dictar sentencia sumariamente. No obstante, se revoca la sentencia en cuanto a la cuantía específica otorgada a Scotiabank. Por consiguiente, el caso se devuelve al Tribunal de Primera Instancia. El foro primario deberá detallar e identificar las cuantías que componen el balance de cancelación en su dictamen.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una Petición de Certiorari. El peticionario, Gabriel E. Rivera Santiago, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha resolución denegó una moción presentada al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El peticionario fue originalmente convicto en el TPI por escalamiento agravado, apropiación ilegal agravada y daños. En una apelación previa (KLAN201700256), este Tribunal modificó las sentencias. En esa apelación, se revocaron las convicciones por apropiación ilegal agravada y daños. La convicción por escalamiento agravado fue confirmada. La petición de certiorari actual se centra en la denegación por el TPI de la moción post-apelación. El Tribunal de Apelaciones procede a dictar su sentencia sobre la controversia planteada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelación surge de la desestimación con perjuicio de una demanda por parte del Tribunal de Primera Instancia. La demandante había solicitado el archivo sin perjuicio debido a una condición de salud (PTSD) que le impedía continuar con el litigio. El tribunal de instancia desestimó con perjuicio al no evidenciarse la condición médica según ordenado. La demandante apeló, alegando que la desestimación con perjuicio fue un abuso de discreción y una sanción excesiva. Los demandados se opusieron a la apelación pero sugirieron un archivo administrativo como alternativa. El Tribunal de Apelaciones concluye que procede el archivo administrativo del caso. Se aclara que el Tribunal de Primera Instancia mantendrá discreción para determinar si procede la reapertura del caso en el futuro.

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La sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve si el Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción sobre una demanda de daños y perjuicios presentada por un empleado contra su unión. El empleado, Kenneth Bonilla Meléndez, alega que la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA actuó negligentemente al tramitar la ejecución de un laudo arbitral que le fue favorable. Específicamente, imputa a la unión haber tardado 13 meses en solicitar el cumplimiento total del laudo ante la Junta de Relaciones del Trabajo. También alega que la unión no le notificó debidamente de la desestimación de la petición de ejecución por incuria, impidiendo una apelación. La unión solicitó la desestimación de la demanda en el TPI, argumentando que la controversia sobre su representación era de la jurisdicción exclusiva de la Junta. El TPI denegó esta moción, y la unión recurrió en certiorari. El Tribunal de Apelaciones concluye que el Tribunal de Primera Instancia sí posee jurisdicción para conocer de la acción en daños interpuesta por el empleado contra la unión por la alegada negligencia en el trámite de poner en vigor el laudo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201801229. El recurso de apelación fue presentado por CORDERO, CORDERO \& ASOCIADOS contra la CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia trataba sobre cobro de dinero y daños y perjuicios. La parte apelante presentó una moción solicitando el desistimiento voluntario del recurso. La moción pedía que el desistimiento fuera con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones acogió la moción de desistimiento. Conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento, se tuvo por desistido el recurso de apelación. La sentencia decreta el archivo del recurso.

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El Tribunal de Apelaciones evalúa una Petición de Certiorari presentada por Unión Auto Group Corp. (Unión). Unión solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Solicitud de Desestimación en un pleito civil. La demanda original fue presentada por varios individuos contra concesionarios de autos, incluyendo Unión, alegando cobro indebido y excesivo por gastos de registro de vehículo y tablilla ("document fee"), así como otros cargos no detallados. Se imputa a Unión haber cobrado un "document fee" de $600 que supuestamente excedía el costo legal y no estaba desglosado en el contrato de compraventa. Unión argumentó que el cobro era contractual y no prohibido por la reglamentación de DACO. Los demandantes sostuvieron que el cargo excedía lo establecido por ley y violaba las normas de DACO al no detallarse. El TPI declaró No Ha Lugar la desestimación al entender que las alegaciones eran suficientes para una causa de acción. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado en esta etapa procesal.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI. Evalúa un recurso de certiorari instado por Hiram Pérez Soto contra Cantera Pérez Inc. y otros recurridos. También considera un escrito en mostración de causa presentado por algunos de los recurridos. Tras evaluar el recurso y el escrito, el tribunal resuelve abstenerse de ejercer su jurisdicción revisora. Por tanto, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario. La decisión se fundamenta en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La resolución fue emitida el 6 de mayo de 2019.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE201900438. Se trata de una petición de certiorari presentada por Mueblería La Providencia, Inc. y otros contra PR Asset Portfolio 2013-1, International Sub I, LLC. El caso original, proveniente del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, versa sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca. El Tribunal de Apelaciones, compuesto por el Panel VI, evaluó la petición de certiorari y el memorando en oposición de la parte recurrida. Tras dicha evaluación, el panel resolvió abstenerse de ejercer su jurisdicción revisora. Por consiguiente, se denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por la parte peticionaria. La decisión fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 6 de mayo de 2019.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso en un caso de alimentos. El apelante impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que adoptó el informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA). La EPA determinó que tanto el apelante como la apelada estaban desempleados. Sin embargo, al no demostrar incapacidad física o mental, les imputó el salario mínimo para el cálculo de la pensión. Como resultado, se le impuso al apelante, padre no custodio, una obligación de pago de \$268.00 mensuales. El apelante solicitó reconsideración sin éxito, alegando que no procedía la imputación de ingresos debido a una supuesta incapacidad permanente. Argumentó que había presentado prueba médica que sustentaba su condición. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y los argumentos del apelante. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en el recurso presentado por FirstBank of Puerto Rico contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había determinado que el despido del Sr. Gonzalo Figueroa Rodríguez fue injustificado bajo la Ley Núm. 2 de 1961. La sentencia del TPI fue notificada el 11 de enero de 2019. FirstBank solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el TPI mediante resolución notificada el 26 de marzo de 2019. FirstBank presentó su escrito de apelación el 25 de abril de 2019. La Ley Núm. 2, según enmendada por la Ley Núm. 133 de 2014, establece un término jurisdiccional de diez días para apelar una sentencia del TPI. El Tribunal de Apelaciones concluye que el recurso de apelación fue presentado fuera de este término legal. Por consiguiente, se desestima el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por haber sido presentado tardíamente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de certiorari instado por Adalberto Herrera Torres. El peticionario impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo que, al parecer, denegó su solicitud de reducir la pena impuesta en un 25% mediante la aplicación de circunstancias atenuantes. El Tribunal de Apelaciones señala que el recurso de certiorari es discrecional y se rige por los criterios de la Regla 40 de su Reglamento. Tras examinar la petición, el Tribunal concluye que la solicitud no cumple con ninguno de dichos criterios. La intervención con la discreción del foro de instancia solo procede ante un craso abuso, prejuicio o error manifiesto que cause perjuicio sustancial. Además, la petición incumple sustancialmente con los requisitos formales del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Por consiguiente, el Tribunal determina que no procede la expedición del auto de certiorari.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una impugnación a una orden de pensión alimentaria provisional en el caso de divorcio entre Leydy Guzmán Lorenzo y César E. Sainz Rodríguez. La peticionaria solicita la revisión de la resolución del tribunal de primera instancia que estableció la pensión provisional para sus tres hijas menores. El trámite del caso ha sido extenso y complicado, marcado por dilaciones y recursos apelativos. Se celebró una vista ante una Evaluadora Profesional de Alimentos (EPA) para determinar la pensión. La EPA evaluó los ingresos de ambas partes, imputando ingresos a la madre y promediando los del padre. Aunque calculó una pensión según las guías, la EPA recomendó aceptar la oferta del padre por considerarla más beneficiosa para las menores. La oferta del padre incluye un pago mensual directo a la madre y pagos directos de gastos específicos como hospedaje, tutorías, materiales escolares y gastos universitarios. El Tribunal revisa la resolución que estableció la pensión provisional basándose en el informe y recomendación de la EPA.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó una moción para dejar sin efecto una sentencia de robo, presentada al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El peticionario alegó que el foro primario erró al no fundamentar su decisión y planteó posible asistencia legal inefectiva. El Tribunal de Apelaciones discute que la Regla 192.1 es un remedio excepcional, no sustituto de apelación, limitado a cuestiones de derecho. Subraya que la moción debe incluir todos los fundamentos disponibles, considerándose renunciados los no presentados. Se explica el procedimiento que debe seguir el tribunal primario al evaluar estas mociones, incluyendo la posibilidad de asistencia legal y la necesidad de determinaciones de hecho y derecho si procede. El Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar el caso a pesar de deficiencias en el recurso presentado por el peticionario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo un recurso de certiorari. La peticionaria, Julia Irizarry Tirado, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha resolución primigenia denegó la moción de desestimación presentada por la Sra. Irizarry en un pleito de interdicto y daños. El caso original fue incoado por Einer Bracero Cruz y otros, quienes alegaron el cierre indebido de una servidumbre de paso entre negocios contiguos. El Tribunal de Primera Instancia, al denegar la desestimación, ordenó a la Sra. Irizarry mantener abierto el pasillo disputado. Tras una solicitud de reconsideración que fue denegada, la peticionaria acudió en certiorari. El Tribunal de Apelaciones procedió a denegar la expedición del auto solicitado. La denegación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo. Esto se debió a que el recurso de certiorari fue presentado de manera tardía.

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El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la inhibición de un juez en un caso de cobro de dinero. La parte demandante solicitó la inhibición alegando que las determinaciones procesales del juez mostraban parcialidad en favor de la otra parte. Aunque el juez denegó la solicitud, la jueza coordinadora del Tribunal de Primera Instancia la concedió sin una fundamentación detallada. La parte demandada apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Este tribunal concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al ordenar la inhibición. La sentencia establece que la simple inconformidad de una parte con las resoluciones judiciales de un juez no es razón suficiente para solicitar o decretar su inhibición. Las razones para la inhibición deben basarse en fundamentos legales específicos, los cuales no se presentaron en este caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en el caso KLCE201900477. La controversia original en el Tribunal de Primera Instancia versaba sobre injunction, daños y perjuicios, y acción derivativa. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones, presentado por José A. Pereda Maduro contra The Panamerican Gun Club, Inc. y otros, fue acogido como una apelación de una Sentencia Parcial. Posteriormente, el peticionario, señor José A. Pereda Maduro, presentó una Moción solicitando el desistimiento voluntario con perjuicio del recurso. Tras examinar dicha solicitud, el Tribunal ordenó el archivo y cierre del caso. La decisión de archivar y cerrar el caso se fundamenta en el desistimiento con perjuicio solicitado por la parte apelante. Esta acción se realizó conforme a lo dispuesto en la Regla 83 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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José Fernando Boyles Pont recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden autorizó a Hilda Angelie López Rodríguez, madre del menor procreado por las partes, a matricular a su hijo en Baldwin School. La disputa surgió en el contexto de un caso de divorcio, donde las partes no lograron acordar la institución educativa para el año preescolar del menor. La madre solicitó la autorización judicial, ofreciéndose a cubrir la diferencia de costo entre Baldwin y la escuela sugerida por el padre, Rainforest. El padre se opuso, alegando falta de recursos económicos para Baldwin. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari y la moción en auxilio de jurisdicción. Consideró razonable la decisión del foro primario, destacando la diligencia de la madre y la inviabilidad de la opción propuesta por el padre. La resolución confirma la autorización para matricular al menor en Baldwin bajo los términos establecidos por el tribunal de primera instancia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari derivado de un proceso de divorcio. El peticionario, Reinaldo González Peña, impugna dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Las órdenes se refieren a su solicitud de rebaja de pensión alimentaria tras perder su empleo. Una de las órdenes recurridas dio por cumplida una solicitud de información al antiguo patrono y ordenó imputarle al peticionario su último ingreso devengado allí. El peticionario solicitó reconsideración sin éxito, lo que motivó la presentación del certiorari y una solicitud de auxilio de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones paralizó los procedimientos en instancia y requirió a la recurrida, Yazmin Rivera Pérez, mostrar causa. La recurrida se opuso al certiorari, aunque reconoció que el proceso administrativo sobre el despido del peticionario no ha concluido. La solicitud original de rebaja de pensión se basó en la pérdida de empleo y la recepción de compensación por desempleo. La Examinadora de Pensiones Alimentarias había recomendado previamente una pensión provisional. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver la petición con base en las comparecencias y el expediente.

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El Municipio de Gurabo solicitó al Tribunal de Apelaciones la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución del TPI denegó un remedio provisional interdictal solicitado por el Municipio contra Janssen Ortho LLC y otros. El litigio principal versa sobre la revisión judicial de la revocación retroactiva por parte del Municipio de exenciones contributivas concedidas a Janssen mediante la Ordenanza 43. El Municipio buscaba que el TPI ordenara a Janssen abstenerse de rendir sus declaraciones de volumen de negocio conforme a las tasas de la Ordenanza 43, ya que el beneficio había sido revocado. El TPI rechazó la solicitud interdictal, argumentando que el remedio es típicamente para la parte demandante (Janssen en este caso) y que concederlo prejuzgaría la controversia principal. Además, el TPI consideró que no existían circunstancias extraordinarias, pues Janssen continuaba pagando contribuciones, y el Municipio disponía de otros remedios bajo la Ley de Patentes Municipales. El Municipio recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar la petición del Municipio y la oposición de Janssen, el Tribunal de Apelaciones procedió a resolver. Por los fundamentos de derecho expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado por el Municipio de Gurabo.

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El señor Juan Roig Rodríguez comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari. Solicita que se le permita cumplir una sentencia de manera concurrente, en lugar de consecutiva como fue impuesta. El Tribunal observa que el recurso presentado es incompleto. No se incluyó la sentencia recurrida ni determinación alguna del Foro Primario. Tampoco se desprende que el peticionario haya planteado esta solicitud ante el Tribunal de Primera Instancia. La Resolución explica que el Certiorari es un recurso discrecional con requisitos formales y de contenido estrictos. Se detallan algunas exigencias del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Entre ellas, se requiere incluir la decisión cuya revisión se solicita y un apéndice con documentos esenciales como la sentencia del foro inferior. El documento subraya la necesidad de cumplir con estos requisitos para la procedencia del recurso.

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El Administrador Judicial de la Sucesión Reichard-Mackenzie, Lcdo. Paul M. Vilaró Nelms, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicita la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción Solicitando Orden de Pago y Embargo para el cobro de sus honorarios, indicando que debía radicar un caso nuevo. Al examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones advirtió que la Orden del TPI no fue notificada a todas las partes de récord en el caso de la sucesión. Específicamente, tres herederos que participaron en trámites apelativos previos no fueron incluidos en la notificación. El Tribunal recordó que la correcta notificación es un requisito esencial para que los términos de revisión judicial comiencen a transcurrir. Una notificación defectuosa no surte efecto legal. Por lo tanto, el recurso de certiorari presentado resulta prematuro e ineficaz. La falta de notificación adecuada impide al Tribunal de Apelaciones entrar a considerar los méritos del asunto planteado.

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