Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 273)

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El caso surge de una demanda por incumplimiento de contrato y daños contra una patóloga por supuestas deficiencias en una autopsia. Los demandantes alegaron que la patóloga no realizó la autopsia sobre el cuerpo correcto o fue negligente en su informe. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la autopsia sí se realizó sobre el cuerpo correcto, pero halló a la patóloga responsable por daños debido a negligencia en el protocolo. Ambas partes apelaron esa decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Concluyó que la patóloga no responde por concepto alguno de daños. Esto se debe a que no se probó que la autopsia se realizara sobre un cuerpo incorrecto. Además, la causa de muerte determinada en el informe fue considerada confiable. Por tanto, cualquier omisión o inexactitud en el informe no causó daño a los demandantes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones en un caso de incumplimiento de contrato y daños contra una patóloga. Los demandantes alegaron que la patóloga no realizó la autopsia del cuerpo correcto o fue negligente, causando incertidumbre sobre la causa de muerte. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la autopsia se hizo en el cuerpo correcto pero hubo negligencia en el informe, concediendo daños. Ambas partes apelaron esa decisión. El Tribunal de Apelaciones revocó la determinación de responsabilidad de la patóloga. Concluyó que, si bien la autopsia se realizó en el cuerpo correcto, la causa de muerte determinada fue confiable. Por ello, cualquier omisión o inexactitud en el informe no causó daño a los demandantes. La patóloga no responde por concepto alguno.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelante, Luz Ramírez Ruiz, recurrió una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sumariamente su demanda por incumplimiento de contrato. La parte apelada, Cooperativa de Seguros Múltiples, solicitó la desestimación del recurso de apelación por falta de jurisdicción. Alegó que la apelante no notificó debidamente el escrito de apelación conforme al reglamento. La apelante reconoció el error de notificación, atribuyéndolo a inadvertencia y problemas técnicos, e intentó subsanarlo posteriormente. El Tribunal de Apelaciones reitera su deber de verificar la jurisdicción, señalando que su ausencia es insubsanable. La notificación adecuada del recurso a las partes es un requisito procesal esencial. Al determinar que la notificación inicial fue defectuosa y constituyó una falta de jurisdicción, el Tribunal desestima el recurso de apelación.

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Este dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación sobre una solicitud de modificación de pensión alimentaria. La apelante, Myrna I. Vázquez González, solicitó la modificación de la pensión que paga Luis J. Díaz Soto para su hija menor. Previamente, se había fijado una pensión de \$650 mensuales, más gastos escolares y médicos. La apelante argumentó cambios en sus ingresos debido a la pérdida de empleo y un ascenso del apelado. El Tribunal de Primera Instancia refirió el asunto a la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA). La EPA concluyó que no existían cambios significativos o imprevistos en las circunstancias de las partes o la menor que justificaran la modificación. El Tribunal de Primera Instancia adoptó el informe de la EPA y denegó la solicitud de modificación. La apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones, imputando errores al foro primario por acoger las recomendaciones de la EPA sin prueba suficiente y en violación del debido proceso. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y confirmó la Resolución apelada.

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Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve la apelación del Municipio Autónomo de Yauco. La apelación se dirigía contra una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia en un caso de desahucio y cobro de dinero. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado el desalojo del Municipio de un inmueble y el pago de cánones de arrendamiento, pagos al CRIM y honorarios de abogado a favor de Kaled Hmeidan Alsmar. La decisión del TPI se basó en el incumplimiento de pago del Municipio tras la expiración de un contrato de compraventa y arrendamiento. El Municipio, por su parte, argumentó que el contrato subyacente era nulo por infracción de ley y simulación, presentando una reconvención. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia sumaria del TPI y dejó sin efecto la orden de desalojo. Consideró que la controversia sobre la validez del contrato presentaba un asunto complejo que no podía resolverse sumariamente. Por ello, convirtió el caso en un procedimiento ordinario. El caso fue devuelto al foro primario para la celebración de un juicio plenario y la continuación de los trámites.

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Luis Alberto Palacios Dones apeló la Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Arcos Dorados PR, LLC. Palacios Dones demandó por despido injustificado y represalias, alegando que fue despedido sin justa causa mientras recibía tratamiento del Fondo del Seguro del Estado y por participar como posible testigo en otro caso contra su patrono. Arcos Dorados defendió el despido argumentando que se debió al pobre desempeño del empleado y al incumplimiento de un plan de mejoramiento. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que Arcos Dorados tuvo justa causa para el despido y desestimó las reclamaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por Palacios Dones. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación presentado por Daniel Cortés Pastor. El apelante impugna una Resolución sobre pensión alimentaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. El caso se relaciona con la pensión alimentaria de los dos hijos menores procreados con Sasha Bennett González. El documento detalla el historial de las órdenes de pensión, incluyendo fijaciones iniciales, reducciones y acuerdos provisionales vinculados a la custodia compartida. Se menciona que tras la mudanza del apelante a Florida, se recomendó una pensión provisional de $464 mensuales más reembolsos por gastos específicos. Una auditoría reveló una deuda acumulada por el apelante, la cual fue discutida y parcialmente abonada en una vista. El apelante recurrió la resolución dictada tras dicha vista. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del recurso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la Resolución apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de partición de herencia. Los apelantes, Awilda Rivera Ortiz (albacea) y Luis Ramos Ramos, impugnan una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia enmendó el cuaderno particional de la sucesión de Mirta C. Ramos Cruz. La enmienda redujo la cantidad que uno de los coherederos, Juan A. Ramos Ramos, debía colacionar. El caso comenzó como un injunction para destituir a la albacea, pero evolucionó a un pleito de partición. La controversia principal gira en torno a la colación de donaciones realizadas por la causante, según dispuesto en su testamento. Específicamente, se disputa el valor de una donación de un 25% de interés en Luan Investment, S.E., que el testamento valoró en $3,000,000. La decisión del tribunal de instancia de reducir este monto de colación es el objeto de la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. El caso, presentado por Zulma Santiago Centeno contra Domestic Home Service of Turabo, Inc., se tramita mediante el procedimiento sumario laboral de la Ley Núm. 2. La peticionaria demandó por despido injustificado y la recurrida presentó una contestación inicial, solicitando sin éxito la conversión a procedimiento ordinario. Tras denegarse la conversión, la peticionaria pidió al TPI que diera por admitidos hechos y renunciadas defensas basándose en la contestación de la recurrida. La Orden recurrida concedió a la recurrida un término de 10 días para presentar una nueva alegación responsiva con orden cronológico según la Regla 6.2. La peticionaria impugna esta Orden vía certiorari, alegando errores del TPI. Argumenta que el TPI erró al no dar por admitidos hechos ni renunciadas defensas y al conceder un término adicional fuera del plazo de la Ley Núm. 2. La recurrida presentó su oposición al recurso. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver la controversia planteada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación. La apelación surge de una demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios presentada por Sweeping & Vaccum Unlimited, Inc. (Sweep \& Vac) contra el Municipio de San Sebastián. La disputa se relaciona con la cancelación de un Contrato de Compra de Vehículos para una Unidad Médico Rodante (UMR), otorgado en agosto de 2010. Sweep \& Vac demandó al Municipio en agosto de 2011 tras la cancelación. El Tribunal de Primera Instancia denegó una solicitud de sentencia sumaria y celebró un juicio en su fondo. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia declarando no ha lugar la demanda y condenando a Sweep \& Vac al pago de costas. Sweep \& Vac apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. La apelante alega errores en la denegación de determinaciones de hechos adicionales, la desestimación de la demanda a pesar de la prueba, y la imposición de costas. El documento detalla el historial procesal y los señalamientos de error presentados por la parte apelante.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El apelante, Orlando Rodríguez Cabrera, recurre la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que determinó las compensaciones económicas entre las partes. Este caso se origina de una disputa sobre una Carta Acuerdo para la venta de un negocio, previamente declarada nula e inexistente por este Tribunal en 2016. La Sentencia apelada fue emitida por el foro primario para cumplir con el mandato de este Tribunal de determinar la restitución de prestaciones económicas bajo la doctrina de enriquecimiento injusto. El Tribunal de Primera Instancia había determinado que Samuel A. Amill Acosta debía recibir \$263,838.02 y Orlando Rodríguez Cabrera \$11,274.00. Inconforme con esta determinación, el Sr. Rodríguez apeló. Tras evaluar la apelación, la oposición y la prueba, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada. La revocación se fundamenta en motivos distintos a los presentados por la parte apelante.

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Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en un caso de desahucio iniciado por Ernesto Acosta Matos contra Noemi Maldonado Maldonado. La demandada solicitó la desestimación alegando la existencia de un contrato y que un pleito previo sobre los mismos hechos requirió una acción de incumplimiento de contrato, no desahucio. Argumentó no ser una "precarista" y que la demanda carecía de causa de acción para desahucio. El demandante se opuso, sosteniendo que la ocupación sin pago la convertía en "precarista" y justificaba el desahucio. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, acogiendo los argumentos de la demandada y la historia procesal previa. Inconforme, el demandante acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari para impugnar dicha desestimación. La parte recurrida no compareció en el término concedido. El Tribunal de Apelaciones ordenó la elevación de los autos de este caso y del pleito anterior para resolver la controversia.

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Se trata de la Sentencia de un panel de jueces apelativos revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue una demanda por daños y perjuicios presentada por unas ciudadanas contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y su aseguradora. Las demandantes alegaron que sufrieron daños a su propiedad y angustias mentales debido a repetidos desbordes de aguas sanitarias provenientes del sistema de la AAA. Argumentaron que la AAA actuó negligentemente al no atender sus múltiples querellas sobre el problema entre 2004 y 2006. El Tribunal de Primera Instancia declaró "Ha Lugar" la demanda, encontrando a la AAA negligente y responsable por los daños. La AAA y su aseguradora apelaron dicha Sentencia. El panel apelativo revisó el expediente y los argumentos de las partes. Mediante esta Sentencia, el tribunal apelativo resuelve modificar la Sentencia apelada. A pesar de la modificación, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia es confirmada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un caso de daños y perjuicios. El apelante, Emilio Román González, demandó tras sufrir una caída en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín al tropezar con la plataforma de un mueble para limpiar zapatos. Alegó negligencia por parte de los demandados, entre ellos la Autoridad de Los Puertos y su aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia determinó que no había una condición peligrosa y que la caída fue causada por la negligencia del propio apelante. Por ello, desestimó la demanda con perjuicio. El apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Inconforme, presentó un recurso de apelación. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia dictada por el foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado originado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado. El demandante, Alejandro Torres Arroyo, obtuvo sentencia en 2014 contra Miguel Santos Ruiz por diversas sumas adeudadas. Para ejecutar la sentencia, se embargó una propiedad rústica del demandado. Tras el fallecimiento de Miguel Santos Ruiz, su sucesión asumió la posición de demandada. El demandante solicitó y obtuvo la venta en pública subasta del inmueble embargado. La subasta se celebró en septiembre de 2018, adjudicándose la propiedad al demandante. La sucesión impugnó la subasta ante el foro primario. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de impugnación de subasta mediante resolución de 9 de noviembre de 2018. La sucesión recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari, el cual es denegado.

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Plaza Loíza Corporation apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró injustificado el despido de Linnette Beltrán Rivera. El tribunal de instancia inferior falló a favor de la empleada, condenando a Plaza Loíza a pagar mesada y honorarios de abogado bajo la Ley Núm. 80. Plaza Loíza argumentó en su apelación que el despido tuvo justa causa, basado en alegadas violaciones al reglamento y normas de descuadres por parte de la señora Beltrán. El caso siguió varios trámites procesales, incluyendo la presentación de mociones de sentencia sumaria por ambas partes. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria de Plaza Loíza, encontrando controversias de hechos. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los fundamentos presentados por el apelante. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida. Esto valida la determinación de despido injustificado a favor de la señora Beltrán.

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Sentencia de un panel apelativo revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y una asociación de seguros apelaron la sentencia que declaró con lugar una demanda por daños. La demanda fue presentada por unas ciudadanas cuya residencia sufrió múltiples retrocesos de aguas sanitarias provenientes del sistema de alcantarillado de la AAA entre 2004 y 2006. Las demandantes alegaron que la AAA actuó negligentemente al no corregir el problema a pesar de haber sido notificada en repetidas ocasiones. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la omisión negligente de la AAA fue la causa directa de los daños sufridos por las demandantes. Por ello, el foro primario encontró a la AAA y su aseguradora responsables por los daños. Tras revisar el recurso de apelación, el panel apelativo procedió a modificar y confirmar la Sentencia apelada. Esto valida la determinación de negligencia y responsabilidad de la AAA por los daños causados por los desbordes de aguas negras.

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Comparece CT Radiology Complex ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre de 2018. Dicha resolución ordenó a CT cumplir con descubrimiento de prueba y le concedió un término para contestar una sentencia sumaria. El caso subyacente versa sobre la validez y el incumplimiento de un contrato de compraventa de un producto radiológico entre CT y Answer Medical Solutions. CT demandó nulidad contractual y cobro de dinero, mientras Answer reconvino por el balance adeudado y daños. El TPI determinó que la controversia principal era la validez y consecuencias del contrato. Consideró impertinente la solicitud de CT de descubrimiento sobre la información financiera de Answer y la denegó. Asimismo, declaró No Ha Lugar la solicitud de CT para descalificar al abogado de Answer. El TPI también reiteró órdenes para que CT presentara un contrato sustituto y permitiera una inspección ocular. Tras evaluar los planteamientos, el Tribunal de Apelaciones determinó denegar la expedición del recurso de certiorari solicitado por CT.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado. La apelación fue presentada por La Concha Resort contra una sentencia previa que declaró injustificado el despido de Javier E. Olmo Nazario. El empleado demandó reclamando mesada, liquidación de vacaciones y propinas retenidas. La Concha alegó que el despido fue justificado porque el Sr. Olmo se atribuyó propinas en exceso durante una actividad de fin de año. Explicaron la estructura de pago del evento, que incluía una propina prepagada del 15%. La gerencia sostuvo que las acciones del empleado violaron las políticas del manual. Se presentó testimonio del gerente del hotel sobre la versión del empleado de haber recibido autorización para la asignación de propinas. También testificó el gerente de alimentos y bebidas sobre las instrucciones dadas y las discrepancias encontradas. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la sentencia apelada.

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Moca Eco Park, Inc. apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero contra el Municipio de Aguadilla. La demanda reclamaba \$187,818.00 por servicios de disposición de desperdicios sólidos prestados a compañías privadas en el vertedero de Moca. Moca Eco Park alegó que un empleado municipal autorizó estos servicios mediante una carta, facturándose al Municipio bajo un contrato previo. El Municipio solicitó la desestimación, argumentando que los servicios no estaban cubiertos por el contrato, el empleado carecía de autoridad y la autorización no cumplía las formalidades legales para contratos públicos. El foro primario declaró Ha Lugar la moción de desestimación del Municipio. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones REVOCA el dictamen recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró a Ferdinand Vargas Velázquez incurso en desacato criminal. La sentencia impuso una multa de \$1,000 por incumplir órdenes del Tribunal Supremo relativas a su obra protocolar. El apelante presentó una solicitud de reconsideración de la sentencia, la cual fue declarada No Ha Lugar. Posteriormente, el apelante presentó el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. La Regla 194 de Procedimiento Criminal establece un término jurisdiccional de 30 días para apelar una sentencia. Este término solo se interrumpe si se presenta una moción de reconsideración dentro de los 15 días siguientes a la sentencia. En este caso, la moción de reconsideración se presentó fuera del término de 15 días. Por tanto, la moción no interrumpió el término de 30 días para apelar. El recurso de apelación fue presentado después de que expirara el término jurisdiccional. Consecuentemente, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para entender en el recurso y procede su desestimación.

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Este documento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda un recurso de apelación, acogido como certiorari, presentado por Héctor Ramón Ortiz Lugo. El recurso surge de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación en un caso de revisión de pensión alimentaria. La madre, Gloribel Ramos Ortiz, había solicitado la revisión para el menor procreado por las partes. El padre solicitó la desestimación argumentando que el menor, domiciliado en Pennsylvania, había alcanzado la mayoría de edad (18 años) en dicho estado, considerándolo emancipado. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación. El Sr. Ortiz Lugo recurre ante el Tribunal de Apelaciones, alegando error al no conceder la desestimación basada en la emancipación del joven por mayoridad en su estado de residencia. El Tribunal de Apelaciones revisa su autoridad para intervenir en determinaciones interlocutorias mediante certiorari y los criterios para ejercer su discreción. Considerando el trámite y el señalamiento de error, el tribunal considera prudente abstenerse de intervenir en este momento.

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La resolución del Tribunal de Apelaciones considera una solicitud de certiorari presentada por GUSO Corporation, Inc. y CAPS, LLC. Los Peticionarios buscaban la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que denegó, por el momento, un remedio provisional bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil. Alegaban que el TPI erró al denegar el remedio sin celebrar una vista evidenciaria. El Tribunal de Apelaciones revisó la minuta de una vista previa y las posturas escritas presentadas por las partes. Constató que el TPI brindó oportunidad suficiente a ambas partes para exponer sus fundamentos y refutar. Se determinó que el TPI no abusó de su discreción en su proceder. La Regla 56 regula los remedios provisionales para asegurar sentencias, y el TPI cumplió con el trámite procesal requerido. Por considerar que la controversia no ameritaba un análisis más profundo, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación en un caso de pensión alimentaria. La apelante, Milisette Lizasoain Álvarez, impugnó la cuantía final de pensión alimentaria fijada por el Tribunal de Primera Instancia. El caso se originó en un proceso de divorcio e implicó varios ajustes a la cuantía de la pensión a lo largo del tiempo. Tras una solicitud de rebaja por parte del padre y subsiguientes resoluciones, el foro primario, luego de una reconsideración solicitada por la madre, estableció la cuantía final de \$643.98. La madre apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial del caso y la decisión del foro primario. Finalmente, el tribunal apelativo confirmó la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Los peticionarios, Eduardo Figueroa Padilla, Diana Jové Vélez y su sociedad legal de gananciales, solicitaron la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar sus mociones de nulidad de venta judicial y de nulidad de decisiones corporativas. El caso original es un cobro de dinero iniciado por Rafael Sánchez Hernández contra los peticionarios. Sánchez Hernández reclamaba honorarios de abogado impagados. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor de Sánchez Hernández, condenando a los peticionarios al pago de \$50,000 más honorarios e intereses. Para asegurar la sentencia, se emitieron mandamientos y órdenes de embargo, incluyendo sobre acciones corporativas. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y modifica el dictamen recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de *Certiorari* presentada por Framar Distributors Corp. La peticionaria solicitaba dejar sin efecto una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Dicha resolución denegó una solicitud de desestimación y determinó que la acción para exigir el cumplimiento de un pagaré hipotecario no había prescrito. Framar Distributors Corp. argumentaba que el término prescriptivo de veinte años para la acción hipotecaria comenzó en la fecha de suscripción del pagaré (14 de abril de 1994), no en la fecha de inscripción de la hipoteca (19 de octubre de 2011). Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones no encontró indicio de que el foro primario actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera error de derecho. Tampoco identificó fundamento jurídico para expedir el auto solicitado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de *Certiorari*.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve dos recursos consolidados. Los recursos fueron presentados por Alfredo Rosa Sánchez contra Pedro J. Cardona. Buscan revocar una Sentencia y una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La Sentencia original declaró No Ha Lugar una demanda de daños y perjuicios instada por el señor Rosa Sánchez. El señor Rosa Sánchez reclamaba \$300,000 por lesiones sufridas en una caída mientras trabajaba como "handyman" en una propiedad del señor Cardona. El Tribunal de Primera Instancia celebró un juicio y determinó que la demanda no procedía. Posteriormente, el foro primario concedió un Memorando de Costas a favor del señor Cardona. El señor Rosa Sánchez apeló la desestimación de su demanda y presentó un certiorari contra la concesión de costas. Ambos recursos fueron consolidados por el Tribunal de Apelaciones. El documento detalla el historial procesal y los hechos probados por el Tribunal de Primera Instancia que llevaron a su decisión.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre división de comunidad. El Sr. Francisco J. Vázquez Reillo presentó una apelación, acogida como certiorari, contra una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. La Sra. Norma I. Rodríguez Soto, la parte apelada, también apeló la misma sentencia en un caso separado. Un panel distinto de este Tribunal ya resolvió la apelación de la Sra. Rodríguez Soto, confirmando la sentencia parcial apelada. Posteriormente, la Sra. Rodríguez Soto solicitó la desestimación del recurso del Sr. Vázquez Reillo por falta de diligencia. El Sr. Vázquez Reillo respondió que la controversia era académica dado que la sentencia parcial ya había sido confirmada en el caso relacionado y que no tenía interés en proseguir su recurso. El Tribunal interpretó su respuesta como una solicitud de desistimiento. La resolución acoge la moción del Sr. Vázquez Reillo como una solicitud de desistimiento y declara el recurso desistido.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró culpable a Jason O. Vázquez Torres por violación al Artículo 15 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. La sentencia apelada impuso una pena de tres años de reclusión. Los hechos se remontan al 27 de diciembre de 2016, cuando se presentó la acusación por comercio ilegal de vehículos y piezas. El apelante renunció a juicio por jurado y fue juzgado por tribunal de derecho. La prueba incluyó el testimonio de un agente que, tras recibir un chivatazo sobre un vehículo hurtado, localizó un Honda Civic con tablilla reportada. El agente observó al apelante interactuar con el vehículo y, al ser confrontado, inicialmente afirmó que era suyo antes de cambiar su versión. Se verificó que el número de identificación del vehículo (VIN) estaba alterado y correspondía al vehículo hurtado. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero iniciado por Midland Credit Management contra Victor Santini Colberg. Tras la incomparecencia de Santini Colberg, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó sentencia en rebeldía. Santini Colberg solicitó relevo de sentencia alegando falta de jurisdicción por notificación defectuosa, aduciendo que se había mudado. El TPI denegó la solicitud, validando la notificación enviada a la última dirección conocida. Santini Colberg presentó una moción de reconsideración de esta determinación. Midland se opuso, argumentando que Santini Colberg no les notificó correctamente la moción de reconsideración, enviándola a un correo electrónico erróneo. El TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración. Santini Colberg recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari contra la Resolución del TPI. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari por falta de jurisdicción.

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Mapfre Preferred Risk Insurance Company y Oriental Bank impugnaron la confiscación de un vehículo por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, alegando que fue producto de un registro ilegal. El Estado defendió la confiscación y cuestionó la legitimación activa de los demandantes. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimó la demanda sin perjuicio por inactividad procesal, al haber transcurrido más de seis meses sin trámites. Mapfre apeló esta decisión, argumentando que el TPI erró al desestimar sin celebrar una vista de legitimación activa y sin conceder el término de diez días para justificar la inactividad. Durante el proceso de apelación, el Estado solicitó la paralización de los procedimientos debido a la petición de quiebra bajo la Ley PROMESA. El Tribunal de Apelaciones consideró los argumentos de las partes y la solicitud de paralización. El panel denegó la solicitud de paralización presentada por el Estado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia del TPI que había desestimado la demanda de impugnación de confiscación por inactividad.