Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 271)

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El demandado, Manuel Joaquín Pérez García, presentó una petición de certiorari solicitando la revocación de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia. El caso subyacente, iniciado originalmente por Doral Bank y continuado por Roosevelt Cayman Asset Company, posee un extenso y accidentado historial procesal. Este historial incluye una desestimación previa, una sentencia sumaria revocada en apelación y disputas relacionadas con el descubrimiento de prueba. La Orden impugnada parece estar vinculada a la obligación de Pérez García de responder a interrogatorios y requerimientos de documentos. Tras considerar la solicitud, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del recurso de certiorari.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900460. El apelante, Luis Javier Soto Soto, comparece por derecho propio solicitando la asignación de un abogado de oficio para una vista en el foro primario. Su escrito, intitulado Recurso de Apelación, no contiene señalamientos de error ni solicita la revisión de una sentencia final. El Tribunal destaca la norma fundamental de que la falta de jurisdicción sobre la materia no puede ser subsanada. Los tribunales tienen la obligación de asegurar su propia jurisdicción antes de considerar los méritos de un recurso. La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones autoriza la desestimación de un recurso por falta de jurisdicción. Conforme a estos principios, el Tribunal desestima el recurso presentado por el señor Soto Soto por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones considera un recurso de certiorari presentado por Carlos E. Planell Acevedo y Minerva Dosal Rosa contra Banco Santander Puerto Rico. Los peticionarios impugnan una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que denegó su solicitud de relevo de sentencia. Dicha solicitud buscaba anular una Sentencia final previa que los condenó al pago de una deuda y autorizó la ejecución de propiedades hipotecadas, incluyendo su vivienda principal. Los peticionarios alegaron que la sentencia era nula porque no se celebró la mediación compulsoria requerida por la Ley Núm. 184 de 2012 en casos de ejecución de hipoteca sobre la residencia principal. Argumentaron que el Centro de Mediación determinó que el caso no era adecuado, impidiendo así el cumplimiento del requisito legal. El Tribunal de Primera Instancia denegó el relevo solicitado. Ante esta denegatoria, los peticionarios acudieron en certiorari, señalando como error la negativa del TPI a anular la sentencia por falta de mediación. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende la solicitud de revisión de sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia contra Wascar Gratereaux Reyes, Joery Sánchez Jiménez y Aderlín Mejías Ventura. Los apelantes fueron acusados por infracciones a la Ley de Armas (disparar/apuntar arma, portación sin licencia) y tentativa de robo agravado. El trasfondo fáctico se basa en el testimonio de la víctima, Gisely Gaud Ocasio, sobre un intento de asalto ocurrido el 27 de agosto de 2014. La víctima relató que tres individuos en un vehículo intentaron robarle su teléfono celular. Uno de los ocupantes le apuntó con un arma tras ella negarse a entregar el teléfono. La víctima se resistió al asalto. Solo el pasajero delantero habló y mostró el arma, mientras el conductor y el pasajero trasero permanecieron en silencio.

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Recurso de apelación presentado por UNDARE, Inc. contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de cobro de dinero bajo la Regla 60. UNDARE reclamaba a Jorge E. Pérez López cuotas de mantenimiento impagas por un inmueble. El foro primario desestimó el caso sin perjuicio al determinar que la citación no se realizó conforme a la Regla 60. El intento de notificación por correo certificado fue devuelto con la indicación "refused". A pesar de la evidencia presentada por el demandante y su solicitud de reconsideración, el TPI confirmó la desestimación. UNDARE apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. La parte apelada no compareció ni presentó alegato en oposición en esta instancia. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver el recurso.

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Decisión del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso original es un cobro de dinero iniciado por Vent Alarm Corporation contra Dunamis Construction Corp., quien a su vez demandó al Municipio de San Juan. Dunamis reclamaba al Municipio una deuda por trabajos en un proyecto de mejora. El Municipio solicitó la paralización del caso invocando la Ley 109, alegando que la reclamación estaba relacionada con fondos financiados por el Banco Gubernamental de Fomento. Dunamis se opuso, argumentando que los fondos ya habían sido desembolsados por el BGF y estaban en posesión del Municipio, solicitando una vista para probarlo. El Tribunal de Primera Instancia concedió la paralización sin celebrar la vista solicitada. Dunamis recurrió en certiorari, señalando como error la concesión de la paralización sin evidencia sobre el estado de los fondos. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por el Municipio Autónomo de Mayagüez. El Municipio apeló la desestimación de una demanda de sentencia declaratoria por el Tribunal de Primera Instancia. En su demanda, el Municipio alegó que la Ley Núm. 72-1993 (Ley de ASES) le exige aportaciones duplicadas, constituyendo un enriquecimiento injusto. Argumentó que la Ley Núm. 321-1999 (Ley de Impacto Fiscal Municipal) debía prevalecer por ser posterior y especial, prohibiendo leyes que menoscaben el presupuesto municipal. El Municipio solicitó al foro primario declarar la prevalencia de la Ley 321-1999, ordenar el reembolso de pagos a ASES y conceder un crédito por el uso de sus facilidades. Los demandados, incluyendo el ELA y ASES, solicitaron la desestimación del caso. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada, manteniendo la desestimación de la acción incoada por el Municipio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de Universal Insurance Company. La apelación se dirige contra Luis A. Delgado Hernández y Luis Delgado López en un caso sobre reclamación por póliza de seguros. El litigio original surgió de un accidente de tránsito donde los apelados y la aseguradora fueron declarados solidariamente responsables por daños. Tras la sentencia original, surgió una disputa sobre la obligación de Universal de cubrir el total de la condena, incluyendo el exceso de la póliza, alegando mala fe al no transigir. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria a favor de los Delgados, encontrando a Universal responsable por el monto total. Universal apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado. Procedió a confirmar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa las sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia contra Wascar Gratereaux Reyes, Joery Sánchez Jiménez y Aderlín Mejías Ventura. Los apelantes fueron acusados de infracciones a la Ley de Armas y tentativa de robo agravado por hechos ocurridos en agosto de 2014. La controversia se centra en un incidente donde los tres individuos, a bordo de un vehículo, intentaron asaltar a una mujer. Según el testimonio de la víctima, Gisely Gaud Ocasio, uno de los ocupantes le exigió su teléfono celular y le apuntó con un arma de fuego. La víctima se resistió al asalto. Los otros dos ocupantes del vehículo no emitieron palabra ni gesto durante el intento de robo. El Tribunal de Apelaciones examina el trasfondo fáctico y legal de las condenas apeladas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia y relaciones paterno filiales. La madre recurrió en certiorari contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud para paralizar un referido a la Oficina de Relaciones de Familia. La madre argumentó que el TPI carecía de jurisdicción sobre el menor, quien residía con ella en Virginia desde hacía más de seis meses. Señaló que había iniciado un proceso de custodia en Virginia, donde se emitió una orden provisional a su favor. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado. Tras su análisis, el panel decidió expedir el auto de certiorari solicitado. Concluyó revocando el dictamen del TPI que había denegado la paralización del estudio social.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación presentado por Jardín del Edén, Inc. (JEI). JEI solicitó la revocación de una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia ordenó a JEI pagar \$413,156.23 en honorarios de abogado al Lcdo. Juan M. Méndez Solís y otros. La demanda original fue instada por el Lcdo. Méndez Solís para el cobro de dinero por servicios legales prestados a JEI. JEI negó la deuda en el foro primario. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la demanda de cobro. El Tribunal de Apelaciones revisó los antecedentes del caso, incluyendo los servicios legales prestados en pleitos anteriores relacionados con JEI y sus asociados. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada. En consecuencia, se mantiene la orden de pago de los honorarios de abogado a cargo de JEI.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una apelación en un caso de custodia y pensión alimentaria. La apelante, Karla Michelle Díaz León, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que adoptó un informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias. La demanda original fue presentada contra el padre de la menor y su esposa, incluyendo la sociedad legal de bienes gananciales. Un punto central del caso es el cambio del régimen económico matrimonial de los apelados a separación de bienes, realizado después de presentada la demanda de alimentos. La Examinadora consideró la capacidad económica de la sociedad legal solo hasta la fecha de registro de las capitulaciones matrimoniales. Recomendó una pensión mensual de $749, pero una cantidad mayor ($982) para el período anterior al cambio de régimen. El foro primario adoptó esta recomendación. La apelante sostiene que el derecho de la menor a que se considerara la sociedad legal de bienes gananciales se adquirió al momento de presentar la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la corrección de la determinación del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre una petición de certiorari. La peticionaria, Dollmarie Adorno Rondón, impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de costas. Dichas costas fueron incurridas en un recurso de apelación previo relacionado con un caso de declaración de incapacidad y nombramiento de tutor. En la apelación anterior, el Tribunal de Apelaciones confirmó la incapacidad pero dejó sin efecto el nombramiento de la recurrida, Yasiris Adorno Rondón, como tutora permanente. La peticionaria solicitó costas en el foro de instancia alegando haber prevalecido en la apelación. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de costas. Mediante este certiorari, la peticionaria solicitó la revisión de esa denegatoria. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el expediente, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelante, Elinet Santiago Peguero, impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada por su empleador, VERNET/SMART. El caso versa sobre una reclamación de despido injustificado y discriminatorio, alegadamente por embarazo, bajo el procedimiento sumario laboral. La apelante sostuvo que las razones del patrono (eliminación de plaza, reducción por merma económica) eran pretextos y que existían puestos disponibles para retenerla. El patrono argumentó que el despido fue justificado por la eliminación del puesto y la reducción de personal debido a la falta de ingresos, siguiendo la Ley Núm. 80. El TPI concluyó que el despido estuvo justificado y no existían hechos en controversia que impidieran la sentencia sumaria. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Este documento es la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Norma Zoé Hernández Ramos contra Innovattel Services LLC. La apelante recurrió la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su reclamación laboral de salarios y vacaciones. El TPI acogió una moción de desestimación presentada por Innovattel, basándose en una cláusula de arbitraje compulsorio en el contrato de empleo. Según el TPI, la controversia debía dirimirse en un foro arbitral. La apelante alegó que el TPI erró al permitir enmendar las alegaciones y al desestimar la querella por supuesta falta de jurisdicción. Innovattel, el antiguo patrono, argumentó que existía un pacto para someter las disputas laborales a arbitraje. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y el historial procesal del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia apelada del TPI. Esto implica que la reclamación laboral deberá ser resuelta mediante el proceso de arbitraje acordado en el contrato.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. La apelación fue presentada por el matrimonio Torres Zapata, propietarios de una residencia en Sabanera Dorado. La sentencia apelada, a favor de la Asociación de Residentes y Hacienda San Martín, ordenó la demolición de un segundo nivel y una expansión en su propiedad. Esta orden se fundamentó en determinaciones previas de este mismo Tribunal de Apelaciones que declararon ilegal la construcción por incumplir servidumbres de equidad y reglamentos. Los apelantes cuestionaron la orden de demolición y la concesión de costas. El Tribunal de Apelaciones, aplicando la doctrina de la ley del caso, confirma la Sentencia del foro primario en cuanto a la orden de demolición. Se declara sin jurisdicción para evaluar el planteamiento sobre las costas, ya que el Tribunal de Primera Instancia no había emitido una resolución final al respecto. La decisión final es confirmar la sentencia que ordena la demolición de las estructuras no autorizadas.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones en un recurso de certiorari sobre un caso de despido injustificado bajo la Ley 2. Los recurrentes (patronos) impugnan una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud para paralizar un embargo en ejecución de sentencia. La sentencia se dictó en rebeldía contra los patronos en 2016, tras no contestar la querella dentro del término legal en 2015. Los patronos alegan que no fueron debidamente notificados de la resolución de rebeldía ni de la sentencia final. Sostienen que el TPI utilizó la dirección anterior de su abogado a pesar de que este había actualizado su información en el Registro Único de Abogados (RUA). La falta de notificación adecuada impidió que impugnaran la sentencia en su momento. La empleada inició la ejecución de la sentencia, resultando en la orden de embargo que los patronos intentaron detener. El Tribunal de Apelaciones adelanta que, por los fundamentos que expondrá, procede expedir el recurso y revocar la Orden del TPI. Esto implica que el tribunal apelativo considera válida la alegación de notificación defectuosa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Región Judicial de Bayamón y Carolina, Panel VI. Emitida el 29 de mayo de 2019, con la Jueza Surén Fuentes como ponente. Resuelve la apelación presentada por Inmobiliaria Canarias CXA Corp. La apelación impugna una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha sentencia declaró con lugar la solicitud de Condado 3, LLC. Adjudicó a favor de Condado 3 la demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Inmobiliaria Canarias. La obligación subyacente proviene de un préstamo de \$655,000 de FirstBank a Inmobiliaria Canarias en 2010. Este préstamo fue garantizado con pagarés hipotecarios, incluyendo uno de \$255,000 y otro de \$400,000. Condado 3, LLC es la parte demandante que obtuvo el fallo sumario. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un pleito sobre división de bienes. Las partes habían suscrito un acuerdo transaccional, aprobado por el foro primario, que estipulaba que cada una cubriría sus propios honorarios de abogado. No obstante, el tribunal de instancia emitió una orden posterior para asegurar la sentencia mediante embargo. Esta orden autorizó el embargo de bienes de la peticionaria, María Herminia Figueroa Rodríguez, para responder por la suma reclamada, incluyendo los honorarios de abogado de la parte demandante. Dicha imposición de honorarios contradecía el acuerdo transaccional y la sentencia que lo aprobó. La señora Figueroa solicitó la reconsideración de la orden, argumentando la inconsistencia. La parte demandante se opuso, planteando un defecto procesal en la solicitud. El Tribunal de Apelaciones evalúa si la orden de embargo se ajusta al acuerdo transaccional y a la sentencia que lo ratificó.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por el Estado Libre Asociado. El recurso impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de impugnación de confiscación de vehículo. El Estado solicitó la desestimación del caso en el TPI alegando falta de jurisdicción. Argumentó que los demandantes (Universal Insurance y First Bank) no emplazaron a la Secretaria de Justicia dentro del término jurisdiccional de 15 días que establece la Ley Uniforme de Confiscaciones, contado desde la fecha de presentación de la demanda. El TPI declaró no ha lugar la moción de desestimación del Estado. Posteriormente, el TPI también denegó la moción de reconsideración presentada por el Estado. Inconforme con estas determinaciones, el Estado acudió al Tribunal de Apelaciones mediante el presente recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución recurrida del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por AbbVie, LTD. AbbVie solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de Sentencia Sumaria. El caso original fue incoado por Adalberto Morell Casañas por despido injustificado, discrimen por edad y salarios adeudados. La reclamación por discrimen por edad fue previamente desestimada por prescripción. La moción de Sentencia Sumaria de AbbVie buscaba desestimar las reclamaciones restantes de despido injustificado y salarios. AbbVie fundamentó su moción con prueba documental detallando las razones del despido de Morell, incluyendo violaciones a políticas y procedimientos internos. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari. La corte apelativa revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia. Esto implica que el Tribunal de Apelaciones consideró que procedía la Sentencia Sumaria a favor de AbbVie.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Luis J. Carrasquillo Lizardi. El apelante solicita la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable. Fue hallado culpable de dos infracciones al Art. 106 del Código Penal (homicidio/asesinato) y una infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas. Los cargos se originan de hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2006. Tras ser acusado en ausencia, el apelante fue arrestado en 2015 y se celebró juicio. Durante el juicio, se presentaron testimonios clave. La madre de una de las víctimas declaró sobre su hijo fallecido. Un agente confirmó que el apelante no tenía armas registradas a su nombre. La primera agente en la escena testificó sobre encontrar a dos personas fallecidas y que testigos en el lugar identificaron al apelante como el autor de los disparos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Magdiel Pérez González. El peticionario buscaba revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación de una demanda. La demanda fue incoada por Rafael Hernández Catá contra el Municipio de San Juan, la Alcaldesa y Pérez González, alegando irregularidades en subastas, falta de pago por bienes suplidos (\$73,412.35) y actos discriminatorios. Pérez González solicitó la desestimación argumentando prescripción, falta de legitimación activa e inmunidad condicionada. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de desestimación y la posterior reconsideración, entendiendo que la demanda presentaba un reclamo válido. Insatisfecho, Pérez González acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió no expedir el auto solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Luis G. Lugo Morales contra El Pueblo. El peticionario impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Corrección de Sentencia bajo la Regla 185 de Procedimiento Criminal. Dicha moción buscaba corregir una sentencia de 80 años de reclusión impuesta por infracciones a la Ley de Armas. La sentencia original de 2014, de 40 años, fue duplicada por reincidencia conforme al Art. 7.03 de la Ley de Armas. El peticionario argumentó en su moción que el foro primario no consideró atenuantes y celebró la vista de agravantes sin la presencia del jurado. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la Moción de Corrección de Sentencia en diciembre de 2018. Inconforme, el peticionario recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que la sentencia es ilegal de su faz. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Este es un recurso de apelación presentado por Sonia A. Rivera García ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelante solicita la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar una Moción de Desestimación por Academicidad y No Ha Lugar su recurso de Mandamus. El caso se origina en una solicitud de apelación administrativa que Rivera García presentó ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) contra el Departamento de Educación (DE). Inicialmente, la apelante alegó discriminación por edad tras el fin de su empleo temporal. Posteriormente, enmendó su apelación administrativa para incluir un argumento basado en la Ley Núm. 89-2016, sosteniendo que tenía derecho a convertirse en empleada regular. El Departamento de Educación no contestó este argumento específico en el proceso administrativo. La apelante acudió entonces al Tribunal de Primera Instancia mediante un Mandamus, el cual fue desestimado, dando lugar a esta apelación.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto un procedimiento de ejecución de hipoteca. Scotiabank de Puerto Rico solicitó la revisión de la decisión que anuló la ejecución autorizada previamente. El foro primario determinó que hubo una violación al debido proceso de ley por no haberse notificado la sentencia a la última dirección conocida de la demandada o por edicto. La demanda original de ejecución de hipoteca y cobro de dinero fue presentada por Scotiabank contra Lilia Antonia Vázquez Rodríguez. La demandada fue emplazada personalmente en una dirección, pero las notificaciones de la sentencia se enviaron a otras dos direcciones listadas en la demanda. Estas notificaciones fueron devueltas por problemas postales. La demandada no compareció en el caso ni en el recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones examina si la notificación de la sentencia cumplió con los requisitos procesales para validar la ejecución posterior.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado. Management Administration Services Corp. (MAS Corp.) apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró injustificado el despido de María M. Rivera Cardona. La Sra. Rivera Cardona demandó a MAS Corp. alegando que fue despedida sin justa causa tras trabajar como Administradora. MAS Corp. argumentó que el despido fue justificado porque la empleada supuestamente permitió acceso no autorizado a información confidencial y computadoras. El Tribunal de Primera Instancia determinó que no se probó justa causa y ordenó a MAS Corp. pagar \$5,082.00. MAS Corp. apeló, sosteniendo que la prueba demostró la justa causa alegada. El Tribunal de Apelaciones revisó la evidencia testifical y documental presentada en el juicio. Concluyó que el apelante no logró probar la justa causa para el despido. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y daños. La apelante, Franquicias Martin's BBQ, Inc., buscaba dejar sin efecto la condena al pago de \$72,280.26 a favor del apelado, Gonzalo Saldala Seda. La disputa se originó en un contrato de "Relevo de Responsabilidad Recíproco" de 2007, donde Saldala reclamó un balance adeudado y daños. Franquicias Martin's BBQ, Inc. alegó haber cumplido sus obligaciones y que procedía la compensación de deudas. El Tribunal de Primera Instancia condenó a Franquicias Martin's BBQ, Inc. al pago de \$62,280.26 por balance y \$10,000 por daños. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia apelada. La modificación consistió en dejar sin efecto únicamente la partida de \$10,000 adjudicada por concepto de daños y perjuicios. Así modificada, la sentencia del foro primario fue confirmada.

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Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativo a una apelación presentada por Marysleidy y Guidover Manso contra Amerimed Diagnostic Services, Inc. La apelación impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que desestimó la demanda de cobro de dinero, daños y perjuicios y apropiación ilegal de Amerimed contra los Manso. Los Manso apelaron porque el Tribunal de Primera Instancia, aunque desestimó el caso con perjuicio a solicitud de desistimiento voluntario de Amerimed, no ordenó a Amerimed pagar las costas, gastos y honorarios de abogado de los Manso. Los Manso habían argumentado que la demanda era frívola y en represalia, derivada del testimonio de la Sra. Manso contra el dueño de Amerimed. Habían solicitado la desestimación y sentencia sumaria, alegando que Amerimed era un "alter ego" utilizado para hostigarlos. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal del litigio de casi dos años. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la sentencia apelada y, así modificada, la confirmó.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera la apelación presentada por Julius Mercado Quiñones. El apelante solicita revocar o modificar la sentencia de ciento veintinueve (129) años de reclusión impuesta por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. Dicha sentencia condenó al apelante por asesinato en primer grado, disparar un arma de fuego en un sitio público y desde un vehículo de motor, portación y uso de arma de fuego sin licencia, y disparar un arma de fuego. Los cargos se relacionan con la muerte de Wesley Acevedo Llanos ocurrida el 19 de agosto de 2016 en Fajardo. Durante el proceso judicial primario, la defensa presentó una moción para suprimir evidencia, cuestionando la validez de la identificación del apelante y su posterior arresto y confesión. La defensa argumentó que la identificación estaba viciada y la evidencia era fruto del árbol ponzoñoso. El Ministerio Público se opuso, defendiendo la confiabilidad de la identificación, la legalidad del arresto sin orden previa y la validez de la confesión del apelante. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista y emitió una resolución sobre la moción de supresión antes de dictar la sentencia apelada. La apelación busca la revisión de esta condena y sentencia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre incumplimiento de contrato y daños. La controversia surge de una demanda presentada por R & AG Improvement, LLC contra los hermanos Guillermety, desarrolladores de una urbanización. Los demandantes alegaron que un solar adquirido carecía de la infraestructura necesaria para servicios de agua y alcantarillado, y que los desarrolladores incumplieron su obligación de proveerlos, incurriendo ellos en gastos con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Los hermanos Guillermety negaron responsabilidad, presentaron una reconvención por daños y una demanda contra tercero contra la AAA. En la demanda contra tercero, alegaron un acuerdo previo con la AAA donde un hermano instaló una reguladora a cambio de créditos por acometidas, los cuales la AAA no honró, exigiendo pagos mayores. El recurso de apelación revisa una Sentencia Parcial que declaró ha lugar una Moción de Sentencia Sumaria a favor de la AAA. El Tribunal de Apelaciones modificó y confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201800874. La apelación fue presentada por Edgardo Aubray y otros contra Spanish Broadcasting System (SBS). El caso original en el Tribunal de Primera Instancia trataba sobre reposición en el empleo y recobro de paga por despido discriminatorio por motivos religiosos (Ley 100) o cobro de mesada por despido injustificado (Ley 80). El señor Aubray alegó que fue despedido por sus convicciones religiosas y por acoso discriminatorio por parte de un colega. SBS sostuvo que el despido fue parte de un plan de reestructuración de la empresa. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de SBS, desestimando la querella. El apelante solicitó al Tribunal de Apelaciones que revocara dicha sentencia. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decide revocar la sentencia apelada. Esto implica que la desestimación inicial del caso por el TPI es anulada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Declaratoria de Herederos. Los peticionarios recurren una Resolución Nunc Pro Tunc del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución corrigió el nombre del causante en una declaratoria de herederos previa. La resolución original había identificado incorrectamente al finado. El recurrido solicitó la corrección, a lo que los peticionarios se opusieron alegando que afectaba derechos sustantivos. Tras una vista, el TPI emitió la resolución Nunc Pro Tunc, identificando correctamente al causante como José Rafael Pagán Montañez y declarando a sus herederos. Los peticionarios apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. No obstante, denegó la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Christian García Beltrán. El peticionario solicitó la revisión de una sentencia dictada el 1 de julio de 2013 por el Tribunal de Primera Instancia. Mediante dicha sentencia, fue condenado a 25 años de prisión por robo agravado y violaciones a la Ley de Armas. El tribunal detalla el historial procesal del caso, incluyendo el juicio y la sentencia. Se mencionan recursos previos presentados por el peticionario, como una moción de reconsideración tardía y una apelación desestimada por extemporánea. También se refieren a intentos posteriores de impugnar la sentencia, argumentando la aplicación incorrecta del Código Penal y solicitando reducción de pena. Estos recursos anteriores fueron denegados por el foro primario y paneles hermanos del Tribunal de Apelaciones. La petición de certiorari de 2019 busca revisar la sentencia original de 2013. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el señor Juan Wilberto Howe Hernández mediante recurso de certiorari. Solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, que denegó su solicitud de relevo de sentencia. El caso original es un cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoado por Banco Popular, luego sustituido por Banco Cooperativo. El foro primario dictó sentencia sumaria condenando al peticionario al pago de la deuda hipotecaria, lo que llevó a la ejecución y subasta de la propiedad. El peticionario solicitó el relevo de sentencia alegando que el dictamen era nulo por falta de evidencia sobre las cuantías reclamadas. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud sin entrar en los méritos. El peticionario imputa error al foro primario por esta denegatoria. El Tribunal de Apelaciones procede a considerar el recurso con los alegatos de ambas partes.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. El Municipio de Cataño solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden denegó la solicitud del Municipio para contratar un perito CPA. El perito analizaría el informe de valoración de daños presentado por Quintamar Corp. Quintamar demandó al Municipio por expropiación a la inversa, reclamando daños por la pérdida de valor de una propiedad y lucro cesante. Alegó que una ordenanza municipal que anunciaba la expropiación impidió el desarrollo de su predio. Durante el descubrimiento de prueba, Quintamar presentó su informe pericial de daños. El Municipio, habiéndose reservado el derecho, solicitó nombrar su propio perito para controvertir dicho informe. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la orden recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción para dejar sin efecto una sentencia de confiscación de fianza. La peticionaria, una compañía fiadora, impugnó la confiscación de la fianza prestada por la incomparecencia del acusado a juicio, alegando nulidad procesal y un error en la cuantía confiscada. El foro primario había ordenado la confiscación tras la incomparecencia y, posteriormente, denegó la solicitud de la fiadora para anular la sentencia, corrigiendo la fecha de la misma. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Modifica la decisión del foro primario únicamente para corregir la cuantía de la fianza confiscada, estableciendo que debió ser de $5,000.00 y no la cantidad mayor indicada en la sentencia original. En consecuencia, devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se realicen los trámites correspondientes en relación con el exceso de dinero confiscado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso de América Pérez Hernández contra la Cooperativa de Viviendas Los Robles. La Cooperativa solicitó un recurso de certiorari para revisar órdenes del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un pleito sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero, daños, despido injustificado y represalias. Las órdenes del TPI denegaron el reclamo de confidencialidad de la Cooperativa sobre documentos requeridos en el descubrimiento de prueba. El TPI ordenó la entrega de los documentos, rechazando los argumentos de privilegio evidenciario presentados por la Cooperativa. Posteriormente, el TPI impuso sanciones a la Cooperativa por no cumplir con la entrega de los documentos solicitados. La peticionaria alegó que el TPI erró al no resolver la controversia de privilegios conforme a la norma aplicable y al no ejercer su discreción judicial. Mediante esta resolución del 29 de mayo de 2019, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del recurso de certiorari solicitado por la Cooperativa.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los peticionarios en un recurso de certiorari. Solicitan la revisión de dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Las resoluciones recurridas declararon cumplido el descubrimiento de prueba, autorizaron la sustitución de Scotiabank por Franklin Credit Management Corporation como parte demandante, y denegaron una moción de reconsideración. Los peticionarios alegan que el TPI erró al limitar el descubrimiento de prueba y al no posponer el término para oponerse a una solicitud de sentencia sumaria. Argumentan que estas decisiones coartan su derecho a una defensa adecuada y a descubrir controversias materiales. También cuestionan la autorización de la sustitución de parte y la denegación de la reconsideración. Los recurridos, Scotiabank y Franklin, presentaron su oposición a la expedición del auto. Se menciona que los peticionarios habían presentado recursos de certiorari previos con planteamientos similares, los cuales fueron denegados. El documento también destaca la prueba documental aportada por la parte demandante sobre la cadena de titularidad del pagaré hipotecario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes recurrieron una decisión del Tribunal de Primera Instancia que les fue adversa. Argumentaron que los errores señalados se relacionaban con la apreciación de la prueba oral por el foro primario y solicitaron permiso para presentar su transcripción. El Tribunal de Apelaciones emitió varias resoluciones ordenando a los apelantes someter la transcripción requerida. Los apelados solicitaron la desestimación del recurso ante el incumplimiento de los apelantes. El Tribunal ordenó a los apelantes mostrar causa por la cual no debía desestimarse la apelación. Ante el reiterado incumplimiento de los apelantes con las órdenes del Tribunal, incluyendo la de mostrar causa, se procede a desestimar el recurso de apelación.

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