Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 249)

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Se revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró CON LUGAR un divorcio por ruptura irreparable celebrado en rebeldía. El caso se originó con la demanda de divorcio presentada por el señor Millán Ramírez contra la señora Figueroa Toro, quien fue emplazada personalmente pero no contestó. Ante la falta de contestación, se anotó la rebeldía y se señaló vista. La señora Figueroa Toro compareció posteriormente a través de representación legal, pero sin someterse a la jurisdicción ni solicitar levantar la rebeldía. En la vista de divorcio, el Tribunal de Primera Instancia denegó las solicitudes de la apelante para declararse sin jurisdicción y levantar la rebeldía, procediendo a celebrar la vista en su ausencia. Tras la presentación de prueba, se decretó el divorcio y se emitieron órdenes sobre custodia, patria potestad y pensión alimentaria. La apelante presentó una moción de reconsideración y nuevo juicio, la cual fue declarada NO HA LUGAR por el TPI. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado por la señora Figueroa Toro y resuelve confirmar la Sentencia apelada.

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Este caso se origina en una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre reconocimiento y división de comunidad de bienes. La sentencia apelada declaró con lugar la demanda del apelado. La apelante presentó su recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Previo a ello, el apelado había presentado una moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia. La apelante interpuso su apelación mientras la moción de reconsideración del apelado aún estaba pendiente de resolución. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia resolvió la moción de reconsideración declarándola no ha lugar. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción. La desestimación se basa en que el recurso fue presentado prematuramente. La presentación de una moción de reconsideración interrumpe el término para apelar, el cual no había comenzado a correr nuevamente al momento de presentarse la apelación, pues la reconsideración no había sido resuelta.

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Se trata de una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Leatherneck Security Services, Inc. demandó al Municipio de San Juan por cobro de dinero e incumplimiento de contrato por servicios de seguridad prestados entre 2000 y 2004. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. Resolvió que, a pesar de la adjudicación de subastas, no se formalizó un contrato escrito que cumpliera con los requisitos legales para la contratación municipal. Leatherneck apeló, argumentando que sí existían documentos contractuales escritos y que el TPI erró en su interpretación y aplicación de la ley. El Municipio sostuvo que la adjudicación de subasta no crea obligaciones sin un contrato escrito posterior. El Tribunal de Apelaciones CONFIRMA la sentencia apelada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso donde Ernesto Luis Rivera de Jesús apela una decisión de primera instancia. La sentencia recurrida desestimó la demanda contra el Dr. Juan A. Benítez Santana y otros codemandados, acogiendo una moción de sentencia sumaria basada en la prescripción de la causa de acción. El foro primario denegó una solicitud de reconsideración presentada por la parte apelante. Surgió un problema procesal significativo relacionado con la notificación de esta resolución denegatoria, la cual no fue debidamente notificada a la parte apelada. A pesar de la falta de notificación, la parte apelada compareció ante el Tribunal de Apelaciones. En su comparecencia, el Dr. Benítez Santana informó no haber recibido la notificación, pero se sometió expresamente a la jurisdicción del tribunal apelativo. Solicitó que se obviara el defecto de notificación para permitir la continuación del proceso. El Tribunal de Apelaciones, en aras de la eficiencia y el justo despacho, decidió prescindir de trámites adicionales relacionados con la notificación. Procederá a considerar el recurso apelativo, tomando nota de la sumisión jurisdiccional de la parte apelada. El documento menciona la Regla 65.3 de Procedimiento Civil sobre notificación de resoluciones como derecho aplicable.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación presentada por Cadillac Uniforms & Linen Supply, Inc. contra Jorge E. Quiles Arroyo. La apelación se dirige contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró con lugar una moción del Sr. Quiles Arroyo. Dicha moción solicitaba el archivo de su demanda laboral (por despido injustificado, represalias y discrimen) sin perjuicio. El Sr. Quiles Arroyo solicitó el archivo para poder llevar sus reclamos a arbitraje, tras alegar que descubrió recientemente un acuerdo de arbitraje. Cadillac se opuso al desistimiento sin perjuicio, argumentando que el Sr. Quiles Arroyo renunció al arbitraje al iniciar el pleito judicial. Este caso fue previamente apelado, resultando en la revocación de un primer archivo y la devolución al TPI para que Cadillac pudiera oponerse y se evaluara la renuncia al arbitraje. La decisión apelada es la segunda determinación del TPI que, tras considerar la oposición, ordenó nuevamente el archivo sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisa si el TPI erró al permitir el desistimiento sin perjuicio, considerando el planteamiento de renuncia al arbitraje por parte de Cadillac.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de William Betancourt Rivera contra Procter & Gamble. P&G apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que le condenó a pagar \$36,000 por daños sufridos por Betancourt en un accidente de tránsito. El accidente ocurrió en 2015 cuando un vehículo de P&G impactó a Betancourt mientras cruzaba una carretera. El foro primario determinó que existió negligencia comparada, asignando 80% de responsabilidad a P&G y 20% a Betancourt, y valoró los daños totales en \$45,000. P&G presentó varios señalamientos de error, cuestionando la determinación de hechos, la distribución de responsabilidad, la valoración de daños y la concesión de costas. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la Sentencia apelada. La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, así modificada, fue confirmada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes, Manuel Alejandro Leizan Rivera y su esposa, recurrieron mediante Certiorari una Orden interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden declaró con lugar una moción de la parte apelada, Scotiabank, relacionada con el derecho de retracto de crédito litigioso. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso como un Certiorari, vehículo procesal adecuado para recurrir de órdenes interlocutorias. Sin embargo, la corte declaró No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción. Además, denegó la expedición del auto de Certiorari instado por los apelantes. La denegatoria se basó en que el recurso no cumplió con los criterios establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para la revisión discrecional de órdenes interlocutorias.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirma una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. La apelante, Almida Hernández Nazario, buscaba la nulidad de una sentencia previa en rebeldía obtenida por PR Acquisitions, LLC, sucesora de FirstBank, por un cobro de dinero. El caso original se originó por un préstamo de auto con FirstBank, un accidente y un pago de seguro que no cubrió la totalidad de la deuda. FirstBank cedió la deuda restante a PR Acquisitions, que demandó y obtuvo una sentencia en rebeldía contra la Sra. Hernández en 2011 por el balance adeudado. En 2015, la Sra. Hernández demandó a FirstBank y otros, alegando que la deuda era inexistente porque el seguro había pagado el total. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra FirstBank, determinando que la apelante no cumplió con requisitos procesales y no refutó que el pago del seguro no saldó la deuda completa. La apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones ratifica la determinación del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de nulidad de escritura y doble inmatriculación. La Compañía Urbanizadora del Caribe (CUDC) demandó a Virgen Milagros Rivera Rojas alegando doble registro de una finca y solicitando la nulidad de un expediente de dominio previo y la escritura por la cual Rivera Rojas adquirió la propiedad. Rivera Rojas solicitó la desestimación basándose en que en un caso anterior ya se había determinado que ella era una tercera registral de buena fe. El Tribunal de Primera Instancia desestimó las causas de acción de nulidad del expediente de dominio y de la escritura, aplicando la doctrina de impedimento colateral por sentencia respecto a la condición de tercera registral de Rivera Rojas. No obstante, el foro primario se negó a desestimar la causa de acción sobre doble inmatriculación, entendiendo que este asunto no había sido adjudicado previamente y requería un juicio plenario. Rivera Rojas apeló esta determinación parcial que mantuvo viva la reclamación de doble inmatriculación. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un Auto de Certiorari para revisar si procedía la desestimación total del caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE20190230. Las partes, Plaza Internacional Puerto Rico LLC como recurrida y Saks Fifth Avenue Puerto Rico, Inc. y Saks Incorporated como peticionarios, presentaron una Estipulación de Desistimiento Con Perjuicio. El caso original provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (SJ2017CV02094), y trataba sobre Cumplimiento Específico, Resarcimiento de Daños y Sentencia Declaratoria. El Tribunal de Apelaciones examinó la estipulación presentada el 27 de agosto de 2019. En su sentencia del 5 de septiembre de 2019, el Tribunal declaró Ha Lugar la estipulación. Consecuentemente, y de conformidad con la Regla 83(A) de su Reglamento, ordenó el archivo y sobreseimiento del caso por desistimiento.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900910. El recurso de apelación procedía del Tribunal de Primera Instancia en un asunto sobre una solicitud de orden de rehabilitación. Oriental Bank compareció como apelante, solicitando la revisión de una resolución emitida el 3 de julio de 2019. Posteriormente, Oriental Bank presentó un aviso informando su intención de desistir del recurso de apelación. Conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, se tuvo a la parte apelante por desistida. En consecuencia, el Tribunal dispuso el archivo del recurso. La sentencia fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 5 de septiembre de 2019.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre la apelación de Scotiabank a una decisión del tribunal de primera instancia en un caso de ejecución de hipoteca. Scotiabank había presentado una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra los prestatarios. El tribunal primario desestimó la demanda sin perjuicio, concluyendo que Scotiabank incurrió en "dual tracking". Esto ocurrió porque el banco presentó la acción de ejecución mientras los prestatarios estaban activamente involucrados en el proceso de mitigación de pérdidas. Los prestatarios estaban siendo evaluados para alternativas como venta corta y habían apelado una denegatoria de modificación. El tribunal primario determinó que presentar la demanda antes de que concluyera el proceso de mitigación violaba las regulaciones aplicables. Scotiabank apeló esta desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó los hechos y argumentos legales presentados por ambas partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del tribunal primario, validando la desestimación basada en el hallazgo de dual tracking.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Examina la apelación presentada por Antonia Ayala contra una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La sentencia de instancia declaró "Con Lugar" una moción de Universal Insurance Company y desestimó la demanda. El caso original trataba sobre un reclamo de incumplimiento de contrato presentado por la señora Ayala contra Universal Insurance. Ayala alegó que la aseguradora no le compensó adecuadamente por los daños causados por el huracán María y actuó de mala fe. Universal argumentó que la señora Ayala aceptó un pago final al cobrar un cheque, extinguiendo así la obligación. La apelante se opuso a la sentencia sumaria, aduciendo que Universal no verificó los daños y se aprovechó de su desconocimiento. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la decisión del foro primario basándose en los argumentos y documentos presentados por ambas partes.

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M. Miller & Son, LLC presentó un Certiorari Civil en este caso, al que se opuso Oriental Bank. Posteriormente, Tecnicentros Mundial, Inc., parte en el pleito, informó que se acogió al Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos el 6 de agosto de 2019. La radicación de la quiebra activó la paralización automática (automatic stay) dispuesta en 11 U.S.C. § 362(a). Esta paralización detiene automáticamente los procesos judiciales contra el deudor y priva a los tribunales estatales de jurisdicción. Tanto Oriental como Tecnicentros solicitaron la paralización del caso ante el foro primario y este tribunal. Conforme a la ley de quiebras y la jurisprudencia aplicable, la paralización automática surte efecto desde la radicación de la petición sin necesidad de notificación formal. Al no contar con jurisdicción para atender el caso debido a la paralización automática, el tribunal ordena la paralización y el archivo administrativo del expediente.

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Comparecen ante este panel los señores David Ernesto Bragin Sánchez y Nydia Margarita Meléndez Brugueras, junto a su sociedad legal de gananciales. Solicitan la revocación de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia que declaró "No Ha Lugar" su solicitud de relevo de sentencia. Dicha solicitud de relevo de sentencia se presentó en el contexto de un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Oriental Bank. En ese pleito, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria a favor de Oriental Bank. La sentencia condenó a los peticionarios al pago de \$910,589.07, determinando que la obligación personal subsistía aunque la hipoteca no estuviera inscrita. Los peticionarios habían solicitado previamente la reconsideración de esta sentencia, la cual fue denegada. Posteriormente, presentaron la solicitud de relevo de sentencia que fue igualmente denegada por el foro primario. Mediante esta Resolución, el panel deniega expedir el auto de Certiorari solicitado por los peticionarios.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo la apelación de Clara Santana Rijo. Santana Rijo impugnó la desestimación por el Tribunal de Primera Instancia de su querella laboral. Reclamaba el pago de salario, horas extras, vacaciones, enfermedad, periodos de alimentos y bono de navidad por servicios prestados al fenecido Juan Ayéndez Moreno. La Sucesión de Ayéndez Moreno, a través de su administrador judicial, sostuvo que la apelante era empleada doméstica, excluida de las leyes laborales aplicables. Argumentaron que ya había sido compensada mediante un derecho de usufructo y participación en la herencia. El Tribunal de Primera Instancia desestimó todas las causas de acción presentadas por Santana Rijo. El Tribunal de Apelaciones revisó los antecedentes y fundamentos del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia resolviendo recursos de apelación y un auto de certiorari en un caso de daños y perjuicios. La acción original fue presentada por Héctor Rivera Otero y su familia contra Elinés Construction, Pedro Amaro Cruz, Universal Insurance Company y otros, tras un accidente en 2011 donde Rivera Otero resultó herido. El Tribunal de Primera Instancia había declarado Ha Lugar la demanda y concedido diversas partidas por daños. Los apelantes (demandados) impugnaron la concesión de múltiples partidas en su recurso. Los apelados (demandantes) solicitaron la modificación de las cuantías adjudicadas por sufrimientos y angustias mentales en su recurso. Adicionalmente, los apelantes presentaron un auto de certiorari contra una Resolución del TPI que autorizó el embargo de cuentas y bienes de Universal Insurance Company. Tras considerar los escritos y la prueba, el Tribunal de Apelaciones modificó la Sentencia apelada. La Sentencia, así modificada, fue confirmada. El Tribunal también expidió el auto de certiorari y revocó la Resolución recurrida sobre el embargo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo un recurso presentado por César Viguera Mejía contra Bacardí Corporation. El apelante solicitó la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella por despido injustificado y discrimen por edad. Viguera Mejía alegó que fue despedido sin justa causa y por razones de edad tras trabajar para Bacardí desde 2003 hasta 2015. Bacardí sostuvo que el despido respondió a un proceso de reorganización y que el apelante firmó un acuerdo de terminación y relevo de reclamaciones. El foro primario celebró un juicio en su fondo tras denegar una moción de sentencia sumaria sobre la validez del relevo. Luego de evaluar la prueba, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la querella. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen recurrido. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la Sentencia del foro primario.

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Livey Sloan Alsina apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de infringir el Artículo 7.02 de la Ley 22-2000, sobre conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. El apelante solicitó la revocación de dicha sentencia condenatoria. Los hechos ocurrieron el 1 de julio de 2017, cuando agentes lo encontraron en el asiento del conductor de un vehículo chocado, mostrando claros signos de intoxicación. Se negó a la prueba de aliento, y una prueba de sangre posterior arrojó un nivel de alcohol de .22%. El Tribunal de Primera Instancia lo condenó a multas y penas especiales por este delito. Tras analizar los autos, la prueba oral y los alegatos de las partes, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia apelada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Edith Esther López Ortiz contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia apelada declaró "Con Lugar" una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Carmen Judith Díaz Martínez. El caso se relaciona con una propiedad originalmente de Pablo López Vázquez y Ramonita Ortiz Bonilla. En 2005, los padres vendieron la propiedad a su hija, Edith López Ortiz. En 2006, Edith, actuando bajo poder notarial de sus padres, canceló una hipoteca existente y constituyó una nueva hipoteca de \$115,000 sobre la propiedad. Tras el fallecimiento de los padres, Carmen Judith Díaz Martínez demandó a las sucesiones por incumplimiento de pago de esta última hipoteca, alegando ser la tenedora del pagaré. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la demandante, lo que motivó la apelación de la señora López Ortiz. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver la controversia planteada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Carlos A. Velázquez Rosado contra GE Industrial of Puerto Rico. El apelante recurre de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por discrimen en el empleo por razón de edad y trato desigual. Velázquez Rosado alegó que la empresa le negó una plaza Nivel 23, la cual solicitó tras renunciar a su puesto Nivel 28 debido a un cambio de turno. Sostuvo que la plaza fue otorgada a un empleado con menor antigüedad y que sufrió trato desigual y discrimen por edad. La empresa apelada negó la existencia de una vacante Nivel 23 al momento de la solicitud y afirmó que el apelante renunció voluntariamente por desacuerdo con el nuevo horario. GE Industrial argumentó que la adjudicación de plazas se basaba en méritos y negó haber discriminado o dado trato desigual. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción civil con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900663. Se trata de una apelación presentada por el matrimonio Lora-Ayala contra la Junta de Residentes de la Urbanización Rincón Español. La Junta demandó a los apelantes por cobro de dinero, específicamente cuotas de mantenimiento del control de acceso. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda y ordenó el pago de $8,057 más honorarios y costas. Los apelantes recurrieron, alegando la inexistencia de una obligación contractual escrita para el pago de cuotas y la falta de jurisdicción del TPI. Tras revisar los antecedentes del caso, incluyendo un recurso apelativo previo, el Tribunal de Apelaciones procede a resolver la controversia. Por los fundamentos que se expondrán, el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la apelante Emma Cerezo Hernández, solicitando dejar sin efecto una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha sentencia desestimó su demanda con perjuicio aplicando la doctrina de cosa juzgada por fraccionamiento de causas. La demanda original, presentada en 2014, incluía reclamaciones de cobro de dinero, incumplimiento de contrato, nulidad de compraventa, cobro ilegal y daños y perjuicios. El litigio se centra en acuerdos sobre segregación y compraventa de fincas en Santa Isabel y un vehículo de motor entre la apelante y el apelado Héctor Roque Velázquez. La apelante alegó deudas pendientes derivadas de una compraventa de 1992, incluyendo un balance del precio, una hipoteca no saldada que llevó a la ejecución de su residencia, el precio de un vehículo y contribuciones sobre la propiedad. Adicionalmente, reclamó la nulidad de una compraventa de terreno de 1993 por falta de consentimiento conyugal. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la decisión de instancia. Tras el análisis, el panel confirma la Sentencia apelada que desestimó el caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por el Fideicomiso para la Administración y Operación del Parque Nacional Zoológico Dr. Juan A. Rivero. El Fideicomiso apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra el Estado Libre Asociado y otros. La demanda original buscaba sentencia declaratoria, mandamus e injunction. El Fideicomiso presentó la demanda tras el anuncio del cierre del Zoológico de Mayagüez y el traslado de animales, como la elefanta Mundi. Alegó que, según una escritura de fideicomiso, ostentaba la titularidad y control del zoológico y sus animales. Por tanto, sostuvo que el contrato del Estado para el traslado de Mundi era nulo. El Tribunal de Primera Instancia concedió la moción de desestimación del Estado. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la Sentencia del foro primario, manteniendo la desestimación de la demanda del Fideicomiso.