Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 235)

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Se presenta una apelación por el señor Santiago contra decisiones de un tribunal inferior que denegaron su solicitud de autorepresentación y posiblemente impusieron sanciones. El apelante alega cinco errores, centrados en la imparcialidad de la jueza, la gestión de una solicitud de inhibición, alegado prejuicio, la aplicación de reglas procesales frente al sistema SUMAC, y la denegación del debido proceso. Solicita al tribunal de apelaciones que revoque las decisiones recurridas, incluyendo la denegación de autorepresentación y las sanciones, y que remueva a la jueza del caso. El tribunal de apelaciones, haciendo uso de su reglamento, exime a las partes adversas de presentar alegato en oposición. Tras examinar el escrito, el tribunal concluye que el señor Santiago no discute los señalamientos de error con fundamentos, limitándose a alegaciones conclusorias. Por consiguiente, el recurso presentado no constituye un recurso revisable conforme al ordenamiento jurídico.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un escrito presentado por el Sr. Daniel Rosario González, quien compareció por derecho propio. El señor Rosario solicitó litigar como indigente, petición que fue declarada ha lugar por el tribunal. Sin embargo, el escrito principal, titulado "Patente Error de Derecho y Abuso de Discreción", fue desestimado. El tribunal determinó que el escrito no cumplía con los requisitos reglamentarios para perfeccionar un recurso. Carecía de relación de hechos, señalamientos de error, discusión y súplica, así como de un apéndice con documentos esenciales. El tribunal calificó el documento como incomprensible e incapaz de revisión judicial. Se recordó que las partes, incluso las que comparecen por derecho propio, deben observar las reglas procesales. El incumplimiento de estas reglas, conforme a la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, autoriza la desestimación. Por tanto, el recurso fue desestimado por no haberse perfeccionado con diligencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de ejecución de hipoteca ordinaria. Reverse Mortgage Solutions, Inc. demandó a la sucesión de Isabel Carmen Llambías Bauzá tras el fallecimiento de la prestataria. La demanda enmendada incluyó a los herederos conocidos, como el apelante John Ward Llambías, y a posibles sucesores desconocidos. Un heredero conocido repudió la herencia y fue desistido del pleito. El apelante se sometió a la jurisdicción pero luego cuestionó el emplazamiento por edicto a los herederos desconocidos. Una sentencia previa de este tribunal había revocado una rebeldía, señalando fallos en el emplazamiento y considerando a los descendientes como partes indispensables. En esta ocasión, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia a favor del acreedor hipotecario. Se determina que las personas que el apelante alegaba no fueron emplazadas correctamente no eran partes indispensables. Al haberse desistido en cuanto a ellas, la cuestión del emplazamiento resulta impertinente en esta etapa procesal. Por tanto, el Tribunal concluye que el foro primario actuó correctamente al declarar con lugar la ejecución.

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Una apelación (KLAN201900417) impugna una Sentencia Parcial Nunc Pro Tunc dictada por un tribunal inferior en un caso civil entre Roxanne Sifontes Smith y Winston Churchill 2000 Office Building Inc., entre otros. La demanda original incluía múltiples reclamaciones, como incumplimiento de contrato y cumplimiento específico relacionado con un Letter of Intent. Durante una vista, la demandante desistió de esta reclamación específica, indicando que era "sin perjuicio". Sin embargo, la minuta del tribunal y la Sentencia Parcial posterior registraron el desistimiento como "con perjuicio". Basándose en este registro, una demanda separada presentada por la demandante sobre la misma reclamación fue desestimada por cosa juzgada. El tribunal inferior en el caso original emitió posteriormente una Sentencia Nunc Pro Tunc, enmendando su fallo anterior para establecer que el desistimiento fue "sin perjuicio", citando un error tipográfico. Los apelantes argumentan que esta corrección se realizó fuera del plazo legal permitido y fue resultado de la falta de diligencia de la demandante. El Tribunal de Apelaciones está revisando la validez de esta enmienda Nunc Pro Tunc.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900754. La apelante, Vanessa Nieves Sánchez, recurre de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella laboral contra UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico. La querella original incluía reclamos por despido injustificado, discrimen por impedimento, acoso laboral y represalias. La señora Nieves Sánchez alegó haber sufrido discrimen y un ambiente hostil debido a condiciones de salud preexistentes y sus ausencias para citas médicas. Sostuvo que sus supervisores la trataban con indiferencia y se molestaban por sus ausencias relacionadas a su salud. También planteó que una solicitud de acomodo razonable, como un cambio de oficina, no fue atendida a tiempo. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la querella sobre discrimen y otros reclamos. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, resuelve confirmar la Sentencia apelada.

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Rodolfo A. Rivera Herrera apeló una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia en su caso contra Oriental Bank. El apelante demandó al banco por despido injustificado y discrimen por razón de edad y matrimonio. Fue contratado por Oriental en junio de 2012, tras renunciar a BBVAPR. En 2016, Oriental implementó un plan de reducción de personal basado en antigüedad para lograr eficiencias operacionales. El apelante fue despedido en noviembre de 2016 como parte de este plan, siendo uno de los empleados de más reciente ingreso en su departamento. Alegó que la reestructuración no era genuina y que su despido fue discriminatorio por su edad (52 años) y por estar casado con una empleada del banco que provino de la adquisición de BBVAPR. Sostuvo que el banco no cumplía los requisitos de la Ley 80 para un despido justificado y que la reorganización era un pretexto. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y la sentencia apelada. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por Rita Arroyo Rodríguez, representada por Carlos J. Del Valle Arroyo. El recurso buscaba revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la paralización de un caso de impugnación de testamento. La paralización fue dictada porque la capacidad representativa del Sr. Del Valle Arroyo, basada en un poder duradero, estaba siendo impugnada en otro procedimiento judicial. El tribunal primario consideró necesario esperar la resolución sobre la validez del poder antes de continuar con la impugnación del testamento. El apelante argumentó que el tribunal de instancia erró al paralizar el caso principal. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso, acogiéndolo como certiorari. Determinó denegar la expedición del recurso. Consideró que la acción del foro primario de paralizar los procedimientos fue un ejercicio de su facultad discrecional en el manejo del caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación en un caso de represalias y daños. La apelación fue presentada por la Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y Jorge Ortiz Sánchez. Impugnaban dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia: una Sentencia Parcial que desestimó la reclamación contra Iván Martínez Morales en su carácter personal y una Sentencia posterior que ordenó el cierre del caso. La demanda original alegaba que Jorge Ortiz Sánchez, empleado de la Comisión Industrial, sufrió represalias por parte de Martínez Morales, Director Ejecutivo, tras testificar en otro pleito. La desestimación contra Martínez Morales se basó en la falta de hechos que lo vincularan personalmente y en su inmunidad condicionada. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de los dictámenes apelados. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó las sentencias recurridas.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico detalla el trámite de un recurso. El Estado Libre Asociado apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia había declarado con lugar demandas de reclamaciones de salarios presentadas por varios ciudadanos. El documento describe la extensa historia procesal ante el foro apelativo desde septiembre de 2016. Incluye la presentación del escrito de apelación y mociones relacionadas con la transcripción de la prueba oral. Se detallan las resoluciones del tribunal concediendo términos y estipulando la transcripción. Las partes presentaron sus alegatos suplementario y en oposición tras varias prórrogas. El trámite descrito culmina con el aviso del ELA en junio de 2017. En dicho aviso, el ELA informó la paralización de los procedimientos. La paralización se basó en la petición bajo el Título III de PROMESA, dado que el caso trata sobre reclamaciones de salarios.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a una petición de certiorari presentada por Samuel Capó Peña. El peticionario busca la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de devolución de fotografías y huellas dactilares. Dichos registros fueron tomados durante un proceso penal en su contra por violaciones a leyes de tránsito, sustancias controladas y resistencia a la autoridad. Capó Peña se declaró culpable y, tras cumplir las condiciones impuestas bajo el Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas, su expediente criminal fue eliminado. Posteriormente, solicitó la devolución de sus fotos y huellas, argumentando que el Ministerio Público no demostró un interés apremiante en retenerlas y que la ley no lo prohíbe para personas convictas, especialmente por delitos menos graves. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la solicitud inicial y la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari para revisar la decisión del foro primario. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones denegó el certiorari solicitado por Capó Peña.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio, incumplimiento de contrato y cobro de dinero. Ivonne Vidal Morales apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia en su demanda contra José Javier Ríos Maldonado. La apelante alegó ser dueña de un inmueble arrendado comercialmente y objeto de un contrato de venta de llave de negocio. Un punto central del litigio fue la denegación por el foro primario de una moción para dictar sentencia por transacción, al entender que no hubo aceptación de oferta. Tras el juicio, el tribunal de instancia desestimó tanto la demanda como la reconvención, concluyendo que no se probó deuda adicional y que el subarriendo, aunque parcialmente consentido, requería autorización futura. La apelante impugna esta decisión, argumentando error al no validar la transacción y al interpretar el contrato. El Tribunal de Apelaciones revisa el proceso y los fundamentos de la apelación. Inicia su análisis examinando la normativa sobre la Oferta de Sentencia en el procedimiento civil.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelación fue presentada por FirstBank Puerto Rico contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar la demanda de Milagros Rivera Quiñones, Rubén López Rivera y su sociedad legal de gananciales. FirstBank impugna la sentencia de instancia, planteando seis errores. Estos errores incluyen la apreciación de la prueba, la negativa a aceptar estipulaciones, la no aplicación de la mitigación de daños, la compensación a un demandante no propietario del vehículo, la cuantía excesiva de la compensación y la imposición de temeridad. El Tribunal de Apelaciones inicia su análisis revisando los principios de responsabilidad civil bajo el Artículo 1802 del Código Civil y la naturaleza de la indemnización por daños. El caso se centra en determinar si el foro primario erró al encontrar a FirstBank responsable y al cuantificar los daños.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso presentado contra dictámenes del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre accesión. La parte apelante impugnó una "Sentencia" y una Resolución del foro primario. El Tribunal de Apelaciones identificó que la "Sentencia" recurrida era parcial y no cumplía con los requisitos para ser considerada final y apelable. Ante esta deficiencia, el foro apelativo determinó que el recurso no constituía una apelación propiamente, sino que debía ser tratado como un certiorari. Se requirió a las partes que se expresaran sobre la jurisdicción y la naturaleza de los dictámenes impugnados. Los litigantes reconocieron las irregularidades procesales en las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones aborda la procedencia del recurso a la luz de estas deficiencias procesales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Ergon Enterprises, Inc. y Epifanio González Santos contra Scotiabank de Puerto Rico. El recurso buscaba la revisión de una sentencia en rebeldía dictada en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La jurisdicción sobre los demandados en primera instancia se obtuvo mediante emplazamiento por edictos. Según la Regla 65.3(c) de Procedimiento Civil, la notificación de una sentencia en rebeldía a partes emplazadas por edictos requiere la publicación de un aviso en un periódico de circulación general. El término para apelar comienza a computarse a partir de la fecha de dicha publicación. El Tribunal de Apelaciones constató que la Notificación de Sentencia por Edicto no había sido publicada. Por lo tanto, los términos para recurrir en apelación aún no habían comenzado a decursar. La propia parte apelante admitió la falta de publicación y se allanó a la desestimación. En consecuencia, el recurso de apelación fue desestimado por falta de jurisdicción al haber sido presentado de manera prematura.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación sobre impugnación de paternidad. El apelante, William Rosario Ayala, solicita la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. Dicha Sentencia desestimó su demanda para impugnar la paternidad de la menor GARR por falta de jurisdicción sobre ella. El Sr. Rosario Ayala alega que la menor, nacida durante su matrimonio con Elizabeth Rivera Medina, no es su hija biológica según una prueba de ADN privada. En el foro primario, se designó una defensora judicial para la menor y se ordenaron pruebas de ADN oficiales. La madre y la menor inicialmente no comparecieron a las pruebas ordenadas, lo que llevó a una nueva orden bajo pena de desacato. El Tribunal de Primera Instancia finalmente desestimó el caso. Esta Sentencia del 8 de noviembre de 2019 resuelve la apelación contra esa desestimación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación por daños y perjuicios. El apelante, Alexis Hernández Sánchez, recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Fernando L. Sumaza Corp., Inc. La demanda original alegaba discriminación por no asignarle un apartamento en un primer piso para su hijo con discapacidad y falta de adaptaciones de accesibilidad. También reclamaba daños por una caída sufrida en la bañera del apartamento. El Tribunal de Primera Instancia determinó que no hubo discrimen ni represalias y que el apelante no probó negligencia de los demandados ni un defecto en la bañera que causara la caída. La prueba sobre el accidente fue considerada errática y contradictoria. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la sentencia apelada. Por los motivos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Partido Popular Democrático (PPD) presentó una querella ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) para descalificar a Narden Jaime Espinosa como candidato a Alcalde de Humacao en una elección especial. La acción del PPD se basó en hallazgos de un informe de auditoría del Contralor Electoral que involucraban al Sr. Jaime. Tras un proceso interno, la Comisión Calificadora del PPD recomendó la descalificación. El TPI celebró una vista y dictó sentencia declarando ha lugar la querella, revocando la certificación del Sr. Jaime y ordenando su eliminación de las papeletas. Inconforme, el Sr. Jaime apeló la sentencia del TPI ante el Tribunal de Apelaciones, señalando varios errores, incluyendo la omisión de información, la falta de inclusión de la CEE como parte indispensable y la violación al debido proceso. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por el Sr. Jaime. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia confirmando la decisión del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia del TPI que descalificó al Sr. Jaime como candidato fue ratificada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa un caso de deslinde y amojonamiento. El pleito fue iniciado por las familias Ortiz contra la familia Villafañe Colón, quienes son dueños de fincas colindantes en Jayuya. Los demandantes alegaron que los demandados invadieron sus terrenos y movieron los puntos de colindancia. Los demandados negaron la confusión de linderos y presentaron una reconvención. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la demanda de deslinde, concluyendo que los demandados habían eliminado y relocalizado las colindancias. El TPI ordenó el deslinde y amojonamiento de las fincas afectadas. Inconformes, los demandados apelaron la Sentencia, argumentando errores en la apreciación de la prueba por parte del TPI, especialmente en cuanto a la colindancia entre dos de las fincas. Alegaron que la decisión carecía de apoyo probatorio y resultaba en la incautación de su propiedad. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Valentín Oyola Meléndez. El apelante impugnó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de filiación e impugnación de reconocimiento. Inicialmente, el Sr. Oyola solicitó ser reconocido como padre de un menor nacido de su relación con Kiara Medina Ortiz. Sin embargo, el menor ya había sido legalmente reconocido por Augusto Eliezer Santiago Nieves. El Sr. Oyola enmendó su demanda para impugnar dicho reconocimiento e incluir al Sr. Santiago como parte. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al Sr. Oyola diligenciar la demanda enmendada a todas las partes indispensables, incluyendo al Sr. Santiago. Ante el incumplimiento del apelante con las órdenes de emplazamiento, el foro primario desestimó el caso con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.