Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 22)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400845, un recurso de apelación presentado por Jait Méndez contra JR Properties, Inc. El Sr. Méndez apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Cabo Rojo, que ordenó su desahucio de una propiedad de JR Properties. Dicha sentencia acogió una Moción de Sentencia Sumaria de JR Properties y declaró No Ha Lugar la reconvención por daños y perjuicios presentada por el Sr. Méndez. JR Properties demandó el desahucio alegando ser dueña de la propiedad y que el Sr. Méndez la ocupaba sin título, habiendo tenido un subarrendamiento verbal con un inquilino anterior. El Sr. Méndez contestó alegando derecho a ocupar y presentó reconvención por daños, imputando a JR Properties impedirle acceso a su negocio y retener equipo. JR Properties negó relación contractual con el Sr. Méndez y justificó la remoción de equipo en una orden judicial previa. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada. Esto valida la orden de desahucio y la desestimación de la reconvención por daños.

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Se trata de una Sentencia de un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones resolviendo un recurso de certiorari. Luna Residential II LLC., parte peticionaria, solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo. Dicha Orden, emitida el 13 de agosto de 2024, concedió a Luna Residential un término de veinte días para presentar evidencia del negocio jurídico mediante el cual obtuvo la acreencia cuyo cobro requería. El foro primario fundamentó su decisión en que el endoso en que se basaba la causa de acción constaba en folio independiente sin datos que lo correlacionaran con el préstamo hipotecario. Luna Residential había demandado a María Elena García Torrado en cobro de dinero y ejecución de hipoteca, alegando ser el custodio de los pagarés mediante endoso de Santander. Presentó copias de los pagarés con hojas separadas que contenían los endosos. Luna Residential argumentó que el endoso en hoja adherida a la copia del pagaré era válido conforme a la Ley de Transacciones Comerciales. El Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto de certiorari. Por los fundamentos expuestos en la Sentencia, se revocó la Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación sobre declaración de incapacidad y nombramiento de tutor. El apelado, José Alexis Irizarry Semidey, inició el proceso solicitando declarar a su padre, José Antonio Irizarry Cruz, incapacitado y ser designado su tutor. La apelante, Marta Acosta Matos, esposa del presunto incapaz, se opuso a la petición, argumentando que su esposo no estaba incapacitado y que, de estarlo, ella debía ser la tutora. El propio señor Irizarry Cruz compareció negando su incapacidad y apoyando la tutela de su esposa. El Tribunal de Primera Instancia declaró la incapacidad y nombró tutores tanto al hijo como a la esposa. La señora Acosta Matos apeló esta determinación. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones modifica la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de Certiorari. La peticionaria, Karla Cristina Calcaño Nieves, impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden denegó su solicitud para emplazar por edicto a Pedro Aníbal Gomera Reyes en un caso de divorcio. El recurrido se encuentra confinado en una prisión federal en Florida. La peticionaria argumentó que, conforme a la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, procedía el emplazamiento por edicto al conocerse la dirección del recurrido pero estando este confinado fuera de Puerto Rico. El foro primario determinó que debía intentarse el emplazamiento personal a través del alcaide de la institución penal. A pesar de varias mociones de la peticionaria, el Tribunal de Primera Instancia reiteró su negativa al emplazamiento por edicto. La peticionaria acudió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones decidió prescindir de la comparecencia del recurrido para el despacho eficiente del caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA (UIA) contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La UIA solicitó la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que había revocado un laudo de arbitraje. El laudo arbitral, emitido por el Negociado de Conciliación y Arbitraje, trataba sobre la destitución sumaria del empleado Benjamín Guerra Delgado. El árbitro determinó que el empleado incurrió en abandono de empleo pero dejó sin efecto la destitución por entender que la AAA incumplió con un término procesal del convenio colectivo. El árbitro ordenó la reinstalación del empleado con haberes. La UIA impugnó el laudo ante el TPI, argumentando que el árbitro interpretó erróneamente el convenio colectivo sobre abandono de empleo y los términos procesales. El TPI revocó el laudo arbitral. La UIA acudió al Tribunal de Apelaciones para que revocara la decisión del TPI. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y confirmó la sentencia recurrida del TPI.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en casos consolidados (KLCE202401345, KLCE202401347, KLCE202500033). Los peticionarios, J.R. Asphalt, Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas, solicitaron la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó sus mociones de desestimación en una demanda presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El ELA reclama daños y perjuicios bajo el Código Anticorrupción por alegados sobornos relacionados con contratos municipales. Los peticionarios argumentaron que la demanda no demostraba perjuicio económico real. El TPI determinó que la demanda presentaba hechos suficientes para una causa de acción prima facie. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari para J.R. Asphalt y Villegas Vargas. El recurso de Rodríguez Santos fue desestimado por falta de jurisdicción al ser presentado tardíamente. La resolución confirma la decisión del foro primario de permitir que el pleito continúe contra J.R. Asphalt y Villegas Vargas.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Luis A. Núñez Salgado y otros. Los peticionarios impugnaban una determinación del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la descalificación del Lcdo. Núñez Salgado como su representante legal. La resolución de instancia, emitida el 12 de diciembre de 2024, fue objeto de una solicitud de reconsideración que fue denegada el 17 de enero de 2025. Ante esta situación, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari y solicitaron urgentemente la paralización de los procedimientos en instancia. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su facultad discrecional, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. También declara No Ha Lugar la Urgente Solicitud en Auxilio de Jurisdicción. La corte fundamenta su decisión en la naturaleza discrecional del recurso de certiorari y la deferencia que se debe a las determinaciones interlocutorias del foro primario en el manejo de los casos.

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Esta es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una Petición de Certiorari presentada por The Salvation Army Puerto Rico Division. Salvation Army solicitó revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que permitió testificar a dos médicos, a lo cual se había objetado. El caso subyacente fue iniciado por Lillian Rodríguez Pérez contra Salvation Army, alegando despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 y represalias bajo la Ley Núm. 115. La señora Rodríguez, ex Directora de Recursos Humanos, sostiene que fue despedida tras objetar e informar sobre supuestas prácticas irregulares de contratación y promoción que involucraban a familiares y amigos de sus supervisores. Ella afirma que estas prácticas contravenían las políticas de Salvation Army. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición de certiorari. Finalmente, el Tribunal desestimó el recurso presentado por Salvation Army. La desestimación implica que la decisión del foro primario de permitir los testigos se mantiene. El caso sobre el alegado despido injustificado y las represalias continuará su curso. La señora Rodríguez reclama daños económicos y por sufrimientos mentales.

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El Tribunal de Apelaciones emite una resolución en respuesta a una petición de certiorari presentada por Nolliam Asencio Vélez. La señora Asencio Vélez solicita la revocación de una Resolución y Orden Protectora del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, emitida el 6 de noviembre de 2024. Dicha orden protectora limitó el descubrimiento de prueba de la peticionaria en un caso de acoso laboral y otros reclamos contra Laboratorio Clínico Irizarry Guasch, Inc. y otros. La peticionaria alega haber sufrido acoso laboral que la llevó a renunciar y presentó una querella buscando compensación. Durante el proceso de descubrimiento, surgió una controversia sobre la pertinencia de ciertas preguntas y la invocación del privilegio psicoterapeuta-paciente por parte de los recurridos. La orden protectora del foro primario se relaciona con estas controversias de descubrimiento. Tras evaluar la petición, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari. Esto implica que la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre la orden protectora no será revisada en este momento por esta vía.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en respuesta a una petición de certiorari. Los peticionarios, herederos en un caso de división de comunidad de bienes hereditarios, buscan revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha orden denegó su solicitud de reconsideración y relevo de sentencia en el proceso de liquidación de la herencia de Ernesto Flores Martínez. El caso involucra la distribución de bienes inmuebles y fondos bancarios entre los herederos, cuyas participaciones fueron determinadas por el foro primario. El tribunal de instancia autorizó la venta de propiedades, ordenó la consignación de fondos y fijó costas. Tras consignarse parte de los activos, los peticionarios solicitaron una partición parcial de los fondos. El Tribunal de Apelaciones, evaluando los fundamentos presentados, resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Comparece Ferrovial Construcción PR, LLC ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Solicita la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Solicitud de Conversión al Procedimiento Ordinario. El caso subyacente es una querella por despido injustificado y otras reclamaciones presentada por Fernando Enrique Cortés Castro contra Ferrovial. El querellante alega haber sido despedido tras reportar irregularidades de seguridad y sufrir represalias. Ferrovial sostiene que el despido fue justificado por la conducta del querellante. Ferrovial argumentó que la complejidad del caso, la inclusión de terceros y la prueba requerida justificaban el procedimiento ordinario. El foro primario declaró sin lugar dicha solicitud. El Tribunal de Apelaciones revisó la actuación del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal expide el auto de certiorari y revoca la Orden recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve peticiones de certiorari presentadas por J.R. Asphalt, Mario Villegas Vargas y Raymond Rodríguez Santos. Los peticionarios impugnan una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó sus mociones de desestimación. La demanda subyacente, presentada por el Estado Libre Asociado, reclama daños y perjuicios al amparo del Código Anticorrupción. El ELA alega que los peticionarios conspiraron para sobornar al exalcalde de Cataño a cambio de contratos para J.R. Asphalt, reclamando el triple de los sobornos. Los peticionarios argumentaron que la demanda no exponía una reclamación válida, pues no se demostró perjuicio económico real. El TPI denegó la desestimación, concluyendo que la demanda presentaba alegaciones suficientes para una causa de acción prima facie. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari en los casos de J.R. Asphalt y Villegas Vargas. El recurso presentado por Rodríguez Santos es desestimado por falta de jurisdicción al ser tardío.

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José Miguel Rodríguez Román presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicita que se ordene al Departamento de Corrección y Rehabilitación concederle bonificaciones por buena conducta, estudio y trabajo. Estas bonificaciones se aplicarían a la sentencia dictada en su contra el 14 de julio de 2014. Dicha sentencia resultó de una alegación de culpabilidad por múltiples delitos, incluyendo tentativa de robo, agresión grave y violaciones a la Ley de Armas. La pena original impuesta fue de dieciocho años y un día, producto de penas concurrentes y consecutivas. Posteriormente, la sentencia fue enmendada bajo la Ley 246-2014, reduciendo la pena por tentativa de robo. Rodríguez Román argumenta que el acuerdo de alegación incluía entendidos sobre las penas de Ley de Armas y que la sentencia no menciona bonificaciones, lo que impide su concesión. Previamente, presentó una moción en el Tribunal de Primera Instancia para corregir sus sentencias basándose en estos argumentos. El documento detalla los antecedentes del caso, incluyendo los cargos, la alegación y el historial de sentencias.

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El Consejo de Titulares del Condominio Victoria Plaza solicitó un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Buscaban revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación en un caso de daños por vicios de construcción y otros. La demanda original fue presentada por Joaquín Martínez Viguie y otros por daños alegadamente causados por filtraciones debido a la inacción o negligencia del Consejo. El Consejo argumentó que la reclamación estaba prescrita, basándose en comunicaciones previas sobre las filtraciones. Los demandantes replicaron que solo advinieron en conocimiento de la causa y el responsable de los daños reclamados en una fecha posterior, tras un evento de lluvias y una inspección. El foro primario declaró No Ha Lugar la desestimación, entendiendo que de las alegaciones de la demanda surgía que los daños persistían en una fecha que impedía la prescripción al momento de radicar la acción. Tras evaluar la petición y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Condado Hotel Owners, LLC (CHO). CHO recurrió la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de injunction estatutario y desestimó la demanda. CHO había demandado a Duo Condado JV Holdings, LLC y otros, alegando haber adquirido un 7.6% de participación como miembro en Duo Condado. Basado en dicha titularidad, CHO solicitó información financiera a Duo Condado al amparo de la Ley General de Corporaciones. Duo Condado se negó a proveer la información, argumentando que CHO no fue formalmente admitido como miembro según el acuerdo de la compañía, sino que solo adquirió un interés económico. El foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de injunction de CHO. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Juan Morales Fontánez presentó un recurso de revisión administrativa contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurso impugnaba una resolución disciplinaria del DCR que encontró a Morales responsable de desobedecer una orden y no mantener el código de vestimenta/higiene. La resolución impuso una sanción de cuarenta días de suspensión de varios privilegios institucionales. Morales argumentó que el DCR no cumplió con los términos reglamentarios para la presentación y notificación de la querella inicial y la resolución. También señaló que su solicitud de reconsideración ante el DCR no fue atendida. El Tribunal solicitó información al DCR para evaluar su competencia jurisdiccional. Tras evaluar el recurso y la información recibida, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción. La desestimación se fundamentó en el incumplimiento del término jurisdiccional de treinta días para presentar la revisión judicial, según lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

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Sentencia en Reconsideración del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de revisión judicial sobre ineligibilidad a beneficios PUA. El peticionario, Derek Jomuel Figueroa Otero, impugnó la decisión del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) que le denegó la Asistencia de Desempleo por Pandemia. Inicialmente, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción al considerar que se presentó tardíamente. El peticionario solicitó reconsideración, demostrando que había cumplido con el requerimiento de información jurisdiccional, aunque la envió a una oficina equivocada. La prueba presentada en reconsideración acreditó que el recurso se presentó dentro del término jurisdiccional. El Tribunal concedió la reconsideración, restableció el caso y procedió a evaluar el fondo del asunto. La decisión administrativa impugnada confirmó la determinación del DTRH de que el peticionario no era elegible para PUA por no haber presentado documentación suficiente para acreditar empleo previo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por Esther López Torres. La apelante recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. El foro primario desestimó su demanda sobre dominio contradictorio y reanudación de tracto. La apelante alegó ser dueña de dos fincas adquiridas mediante compraventa verbal y donación. Buscaba justificar su dominio y lograr la inscripción registral al carecer de títulos inscribibles. La demanda se presentó contra los supuestos vendedores/donantes y sus herederos. La apelante solicitó y obtuvo autorización para emplazar a los demandados por edicto. Tras no comparecer, se les anotó la rebeldía en el foro primario. El Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso de apelación.

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El Estado Libre Asociado de Puerto Rico demandó a J.R. Asphalt, Inc., Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas reclamando daños bajo el Código Anticorrupción. La acción se fundamenta en las declaraciones de culpabilidad de Rodríguez Santos y Villegas Vargas por conspirar para sobornar al ex alcalde de Cataño a cambio de contratos para J.R. Asphalt. El ELA busca una indemnización triple del monto de los sobornos, alegando perjuicios al erario. Los demandados presentaron mociones de desestimación, argumentando que la demanda no demostraba un daño económico real, ya que las obras se realizaron y no hubo precios inflados. El Tribunal de Primera Instancia denegó las solicitudes de desestimación. Determinó que la demanda contenía alegaciones fácticas suficientes para establecer una causa de acción prima facie bajo la ley anticorrupción. Inconformes, los demandados acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante recursos de certiorari para revisar dicha orden. Los recursos fueron consolidados para su evaluación. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari en dos casos y desestimó el recurso de Rodríguez Santos por tardío.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III, emitió una Resolución el 14 de febrero de 2025. La Resolución atiende una solicitud de revisión presentada por Basilio Pérez Nazario. El señor Pérez Nazario impugnaba la Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, del 24 de enero de 2025. Dicha resolución del foro primario declaró No Ha Lugar una Solicitud de Desestimación por Falta de Parte Indispensable. El Tribunal de Apelaciones deliberó sobre los méritos del recurso de certiorari instado. Tras la deliberación, el panel decidió no intervenir con la determinación del foro recurrido. Consideraron que no surge del expediente que el foro primario actuase con prejuicio, parcialidad, error manifiesto o craso abuso de discreción. Tampoco encontraron fundamentos jurídicos que motivaran la expedición del auto conforme a la Regla 40 de su Reglamento. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. El recurso fue presentado por Félix Díaz Vázquez y otros, quienes impugnaron la confiscación de su vehículo Nissan Frontier por parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los apelantes alegaron ser terceros inocentes y que la confiscación fue arbitraria, sin prueba de uso delictivo del automóvil. El ELA defendió la legalidad del acto bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda de impugnación. Dicho foro determinó que los demandantes no rebatieron la presunción de legalidad de la confiscación ni probaron la defensa de tercero inocente. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Noah Assad Byrne. Impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación de la causa de acción de responsabilidad vicaria en su contra. La demanda original de Carliz De La Cruz Hernández reclamaba daños por el uso no autorizado de su voz en una canción de Benito A. Martínez Ocasio (Bad Bunny). La señora De La Cruz Hernández alegó que su voz fue utilizada comercialmente sin su consentimiento, a pesar de haber rechazado ofertas. El señor Assad Byrne argumentó que las alegaciones en su contra eran insuficientes y genéricas, y que no se le podían atribuir las acciones de terceros. La demandante se opuso, indicando que las alegaciones sobre su rol como manejador y dueño de Rimas demostraban su interés y beneficio. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Revocó la Resolución del foro primario. Esto implica que encontró mérito en el argumento de Assad Byrne sobre la insuficiencia de las alegaciones para sostener la responsabilidad vicaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso entre Carliz De La Cruz Hernández y Rimas Entertainment, LLC, Benito Martínez Ocasio, y otros. El recurso proviene de una demanda donde De La Cruz reclamó daños por el uso no autorizado de su voz grabando la frase "Bad Bunny, Baby" en canciones y conciertos. Sus causas de acción incluían violación de derechos de imagen, derechos morales de autor, privacidad, enriquecimiento injusto y daños bajo el Código Civil. Los demandados solicitaron la desestimación alegando prescripción, licencia implícita, falta de originalidad y uso no comercial, entre otros argumentos. El Tribunal de Primera Instancia concedió parcialmente las solicitudes de desestimación por no exponer una reclamación que justificara un remedio. De La Cruz apeló esta decisión parcial. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones Confirma la Sentencia Parcial apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso sobre deslinde y daños y perjuicios. El recurso proviene de una demanda presentada por los esposos Rivera González contra Nicolás Dávila Echevarría y el Municipio de Yabucoa. Los demandantes alegaron que el señor Dávila invadió su propiedad con una verja, causando daños y pérdidas de cosechas. También reclamaron compensación al Municipio por la supuesta expropiación de un camino en su finca. El señor Dávila apeló una Orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción en Solicitud de Nulidad de Sentencia. La moción de nulidad se fundamentaba en la alegación de que no fue emplazado conforme a derecho en el pleito inicial. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Orden apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso civil sobre posesión de propiedad y daños. Marilys De Jesús Maceira demandó a Juan Ricardo Vega Ortiz por limitar su acceso a una finca y arrendarla ilegalmente, solicitando un interdicto y compensación. Vega Ortiz contrademandó, alegando que la propiedad pertenecía a su nieto por herencia y que la compraventa fue simulada, reclamando también daños. El Tribunal de Primera Instancia reclasificó el caso como interdicto posesorio, falló a favor de De Jesús Maceira en cuanto a la posesión, denegó ambas reclamaciones de daños (la de Vega Ortiz con perjuicio) e impuso costas a Vega Ortiz. Inconforme, Vega Ortiz apeló, señalando seis errores. Entre los errores alegados se encuentran la falta de vista en los méritos, la reclasificación *motu proprio* del caso, la omisión en determinar la posesión previa y el impacto de la orden en su acceso a otra propiedad. También cuestiona la imposición de temeridad y el archivo con perjuicio de su reconvención por daños. El Tribunal de Apelaciones se encuentra tramitando la apelación, habiendo solicitado información sobre la reproducción de prueba oral.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre los recursos de apelación y certiorari presentados por Carliz De La Cruz Hernández y Rimas Entertainment/Benito Martínez Ocasio. Dichos recursos impugnan una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La Sentencia Parcial desestimó parcialmente la demanda interpuesta por la señora De La Cruz. La demanda original alegaba el uso no autorizado de su voz, grabando la frase "Bad Bunny, Baby", en canciones y conciertos del señor Martínez Ocasio. La demandante reclamaba daños por violación a derechos de imagen, derechos morales de autor, enriquecimiento injusto, entre otras causas de acción. Los demandados solicitaron la desestimación argumentando, entre otros puntos, prescripción, existencia de licencia implícita, falta de uso comercial y originalidad, y la improcedencia de ciertas reclamaciones. El Tribunal de Primera Instancia acogió parcialmente estas solicitudes de desestimación. Tras revisar los argumentos y el dictamen apelado, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en revisión judicial sobre la adjudicación de una subasta del Departamento de Educación (DEPR). Ediciones Santillana, Inc. y Learn Aid, LLC presentaron recursos solicitando la revocación del Aviso de Adjudicación que favoreció a S.M., Inc. La subasta, realizada mediante un RFP, buscaba servicios de revisión curricular. Seis entidades presentaron propuestas, las cuales fueron evaluadas por capacidad financiera y técnica. Solo tres entidades (SM, Santillana, Learn Aid) superaron el requisito de solidez financiera. SM, Inc. obtuvo la puntuación técnica más alta entre las entidades elegibles. El Tribunal consolidó los recursos de Santillana y Learn Aid. La sentencia confirma el dictamen del DEPR que adjudicó la subasta a SM, Inc.

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Rosa Villafañe Vivo solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia. Mediante dicha resolución, el foro primario informó que desestimaría parcialmente las causas de acción por discrimen (Ley 100) y represalias (Ley 115) contra su exempleador, Sea Cave Food Corp. La demanda original alegaba discrimen, hostigamiento, represalias y despido injustificado tras el divorcio de la peticionaria con el presidente de la empresa. La peticionaria presentó una petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones impugnando la resolución interlocutoria. El recurrido, Rolando Jatib Campos, solicitó la desestimación del Certiorari por falta de jurisdicción. Argumentó que el recurso era prematuro, ya que la Sentencia Parcial formalizando la desestimación fue firmada por el Tribunal de Primera Instancia después de que se presentara la petición de Certiorari. El Tribunal de Apelaciones evaluó el trámite procesal. Concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso presentado. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima la presente acción.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los peticionarios, Félix Rodríguez Schmidt y otros, solicitaron la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión denegó su petición de desestimar la demanda y anotar la rebeldía de la parte demandante, Franklin Credit Management Corp. La solicitud de los peticionarios en el foro primario se fundamentaba en alegados incumplimientos de la demandante relacionados con el proceso de mediación compulsoria y la contestación a una reconvención. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de los peticionarios. Inconformes, estos acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto solicitado. Esto significa que el Tribunal de Apelaciones no revisará la determinación del foro primario en este momento.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en revisión judicial de un Aviso de Adjudicación del Departamento de Educación (DEPR). Ediciones Santillana, Inc. y Learn Aid, LLC recurrieron la decisión del DEPR de adjudicar una subasta a S.M., Inc. La subasta correspondía a una Solicitud de Propuestas (RFP) para servicios de revisión curricular. Seis entidades presentaron propuestas, las cuales fueron evaluadas según criterios financieros y técnicos. Solo tres proponentes (SM, Inc., Santillana y Learn Aid) superaron el requisito mínimo de solidez financiera para pasar a la evaluación técnica. Tras la evaluación, SM, Inc. obtuvo la puntuación técnica más alta. El Tribunal consolidó los recursos de Santillana y Learn Aid. Finalmente, el Tribunal confirmó el dictamen del DEPR que adjudicó la subasta a S.M., Inc.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de revisión administrativa. El recurrente, Eliomar Sánchez Rosario, impugnó una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre su nivel de custodia. La decisión administrativa fue emitida el 30 de octubre de 2024 y notificada el 27 de noviembre de 2024. El recurso de revisión judicial fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones el 13 de enero de 2025. El Tribunal examinó su jurisdicción para atender el recurso. Señaló que la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme establece un término de treinta días para solicitar la revisión de una orden final de agencia. Al comparar las fechas, el Tribunal concluyó que el recurso fue presentado fuera del término legal. La presentación tardía de un recurso priva de jurisdicción al tribunal apelativo. Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso de revisión administrativa por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por TCG Investments, LLC. TCG Investments buscaba revocar una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Ponce. La resolución recurrida declaró No Ha Lugar una solicitud de orden provisional bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil presentada por Puerto Rico Industrial Commercial Holdings Biotech Corp. (PR Industrial). El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero e incumplimiento de contrato incoada por PR Industrial contra TCG Investments. PR Industrial reclama una deuda de \$257,616.65 por la venta y entrega de productos de cannabis medicinal entre 2021 y 2023. PR Industrial solicitó un embargo preventivo en aseguramiento de sentencia, alegando riesgo de que TCG Investments dispusiera de sus activos. TCG Investments se opuso, argumentando que la solicitud carecía de base fáctica y era especulativa. El TPI denegó la solicitud de embargo en esa etapa de los procedimientos. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega el certiorari, confirmando la decisión del TPI.

Resumen:

La peticionaria, DUI Inc., solicita la revisión de la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a enmendar su demanda original de cobro de dinero. La enmienda busca incluir una causa de acción por dolo contractual contra la recurrida, Natural Ventures P.R. LLC. El litigio inicial surgió de un contrato de servicios de lavandería que Natural Ventures canceló prematuramente. El Tribunal de Primera Instancia había dictado sentencia sumaria a favor de Natural Ventures, interpretando el contrato a su favor y entendiendo que la causa se extinguió por la no renovación de licencias. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones revocó esa sentencia sumaria, indicando que existían hechos esenciales en controversia. El foro apelativo resaltó que las licencias de Natural Ventures fueron denegadas *antes* de la firma del contrato, lo que podría implicar que Natural Ventures contrató a sabiendas de su imposibilidad de operar. La solicitud de enmienda por dolo contractual se basa precisamente en esta alegación de que Natural Ventures actuó con conocimiento de la denegación de licencias al momento de contratar. Esta resolución se centra en determinar si el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar dicha enmienda.

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El recurso de revisión administrativa fue instado por Hyatt Regency Coco Beach Hotel & Resort y otros contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Impugnan la denegatoria de una solicitud de concesión y el proceso de notificación de dicha determinación. El DRNA denegó la solicitud el 9 de agosto de 2024, notificando inicialmente solo al consultor. Tras ser advertido del error, el DRNA emitió una enmienda el 4 de noviembre de 2024, incluyendo a los peticionarios y su dirección. Los recurrentes alegaron que la notificación enmendada también fue defectuosa, pues se envió en un sobre conjunto con el consultor y no a su dirección de récord, además de no incluir la denegatoria original ni los apercibimientos de ley. Presentaron una impugnación administrativa ante el DRNA que no fue contestada. Ante el silencio administrativo, acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari el 21 de enero de 2025. El Tribunal examinó la petición y su apéndice. Mediante Sentencia de 12 de febrero de 2025, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución denegando un auto de certiorari solicitado por la Asociación de Garantías de Seguros Misceláneos (AGSM). AGSM pretendía revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de reclamación de seguros por el Huracán María. La Resolución del TPI, de 4 de noviembre de 2024, limitó el testimonio de la perito de AGSM, una Contadora Pública Autorizada. Se le prohibió declarar sobre términos, condiciones, cubiertas o exclusiones de la póliza de seguro, así como sobre defensas afirmativas relacionadas. Esta limitación se impuso debido al reiterado incumplimiento de AGSM en contestar adecuadamente los interrogatorios de la parte recurrida. El TPI también señaló que AGSM nunca anunció a la perito como experta en seguros antes de la conferencia con antelación al juicio. El foro primario concluyó que la falta de descubrimiento ponía en desventaja a la parte contraria. Tras examinar la solicitud y el expediente, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impericia médica. Los peticionarios, médicos y su aseguradora, recurrieron mediante Certiorari una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión denegó su solicitud para utilizar un nuevo perito neurocirujano en el pleito. La demanda original fue presentada por daños y perjuicios alegando negligencia que causó la muerte de un paciente. El caso había avanzado con órdenes de manejo de caso y prórrogas para la presentación de informes periciales. La solicitud para el nuevo perito se realizó tardíamente, después de los términos establecidos. El foro primario determinó que no había justificación para permitir la nueva prueba pericial. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el expediente. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari pero confirmó el dictamen recurrido.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Eliezer Santana Báez. El peticionario, quien se identifica como miembro de la población correccional, impugna una orden previa del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden del TPI había declarado No Ha Lugar una Petición de Habeas Corpus presentada por Santana Báez. En su solicitud de Habeas Corpus original, el peticionario buscaba la aplicación de leyes, una vista evidenciaria, la eliminación de su convicción y sentencia, y su excarcelación inmediata. Mediante el certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, Santana Báez reitera sus reclamos. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari. La resolución explica la naturaleza discrecional del certiorari como vehículo para corregir errores de derecho de tribunales inferiores.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. El recurso de certiorari fue instado por el Ministerio Público contra una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución ordenó al Ministerio Público solicitar una declaración de incapacitación de las demandadas, Juana Pérez Fuentes y Evelyn Ortiz Pérez. La necesidad de evaluar la capacidad surgió tras informarse que ambas demandadas padecían demencia senil durante el proceso. Un defensor judicial designado había solicitado la paralización del caso y el referido a la Procuradora de Asuntos de Familia para evaluar la petición de incapacitación. La Procuradora se opuso a ser obligada a presentar dicha petición. El Tribunal de Apelaciones expide el recurso de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revoca la Resolución Interlocutoria del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre cobro de dinero. Caribe Federal Credit Union demandó a Angelisse Marcano por una deuda. Tras ser emplazada, la Sra. Marcano no contestó la demanda dentro del término legal. Caribe Federal Credit Union solicitó y obtuvo una sentencia en rebeldía del Tribunal de Primera Instancia el 20 de diciembre de 2024. La Sra. Marcano compareció posteriormente, explicando su tardanza por problemas con una compañía de alivio de deuda y asuntos familiares. Apeló la sentencia en rebeldía ante el Tribunal de Apelaciones. Caribe Federal Credit Union solicitó la desestimación de la apelación por incumplimiento reglamentario. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Pueblo de Puerto Rico acudió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar un dictamen del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicho dictamen desestimó las acusaciones presentadas contra Emanuel Díaz Flores por violación al derecho a juicio rápido, conforme a la Regla 64(n)(3) de Procedimiento Criminal. El TPI concluyó que el acusado estuvo detenido por más de sesenta días desde la presentación de las acusaciones sin que se celebrara el juicio. La defensa solicitó la desestimación basándose en este hecho, argumentando la violación de su derecho constitucional. El Ministerio Público se opuso, alegando que el acusado consintió a la demora y que existía justa causa debido a la falta del análisis químico del Instituto de Ciencias Forenses, a pesar de sus gestiones. Además, el Ministerio Público argumentó que la Regla 64(n)(3) requería una vista evidenciaria previa a la desestimación. El TPI emitió la sentencia de desestimación sin celebrar dicha vista. Inconforme, el Ministerio Público solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Finalmente, el Ministerio Público presentó la Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen de desestimación emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el recurso instado por David Reyes Santos contra El Príncipe de los Tornillos, Inc. El apelante solicitó la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios y le impuso costas. La reclamación se originó por alegados daños sufridos al golpear su cabeza con un rótulo en el estacionamiento del negocio apelado, atribuyendo el incidente a negligencia en la instalación y falta de permisos. La parte apelada se defendió negando negligencia y argumentando que el incidente fue culpa exclusiva del apelante, destacando la visibilidad y supuesta autorización del rótulo. Durante la apelación, se presentaron diversas mociones sobre prueba y argumentos adicionales, las cuales fueron resueltas por el Tribunal. Tras evaluar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de discrimen y hostigamiento laboral. La apelante, Ailyris Vargas Negrón, impugna una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito que favoreció a Oriental Bank y otros. La disputa surge de una investigación interna del banco en 2020 sobre el comportamiento de la apelante. Vargas Negrón alegó que la investigación fue sesgada, se le negó defensa y fue trasladada como represalia, constituyendo hostigamiento y discrimen. Demandó al banco por daños y perjuicios. Los apelados defendieron que la investigación cumplió procedimientos, se le dio oportunidad de responder y las acciones se basaron en razones legítimas de negocio, negando el acoso. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia sumaria apelada.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una resolución del Tribunal de Primera Instancia sobre una reclamación de pensión alimentaria entre parientes. La señora Adriana A. Alonso Salgado apeló la decisión del TPI que dejó sin efecto una pensión previamente concedida a su favor. La reclamación surgió cuando el padre, señor Luis Alonso Cortés, solicitó relevo de pensión al cumplir la hija 21 años. La hija, ya adulta, se opuso, alegando necesidad económica por continuar estudios universitarios. Inicialmente, el TPI impuso una pensión alimentaria entre parientes a favor de la hija adulta. El padre solicitó reconsideración, argumentando que la hija no demostró necesidad y contaba con recursos propios. El TPI acogió la reconsideración, formuló nuevas determinaciones de hechos y dejó sin efecto la pensión alimentaria. La señora Alonso Salgado apeló esta última resolución. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución apelada, validando la decisión del TPI de denegar la pensión alimentaria a la hija adulta.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400775. Ida Service Station apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de Interdicto Estatutario. La desestimación se basó en que Ida Service no diligenció los emplazamientos dentro del término de 120 días establecido por la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. Este caso había sido previamente desestimado por el TPI por falta de legitimación activa, pero el Tribunal de Apelaciones revocó esa primera desestimación y devolvió el caso. Al regresar al TPI, se expidieron nuevos emplazamientos que fueron diligenciados. Los codemandados solicitaron la desestimación argumentando que el término de 120 días para los emplazamientos originales no se suspendió durante la apelación previa sobre la legitimación activa. El TPI acogió este argumento y desestimó la demanda sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el expediente y el derecho aplicable, resuelve revocar la sentencia apelada.

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Olga Lugo Delgado presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado. La Peticionaria solicitó revocar la decisión del TPI que denegó su solicitud de sentencia en rebeldía y ordenó convertir el procedimiento a la vía ordinaria. Inicialmente, la Peticionaria presentó una querella bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales (Ley Núm. 2-1961) reclamando incumplimiento de un contrato de servicios profesionales, salarios impagados y daños. La Recurrida, COSSAO, impugnó el emplazamiento y argumentó que la Ley Núm. 2-1961 no aplicaba a un reclamo contractual, solicitando la conversión del caso. El TPI determinó que, aunque el emplazamiento fue efectivo, las alegaciones de la querella no establecían claramente una relación obrero-patronal. Al tratarse de un reclamo basado en un contrato de servicios profesionales, el TPI concluyó que el procedimiento sumario laboral no era la vía adecuada. Por estos fundamentos, el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de Certiorari presentado por la Peticionaria.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por Altitude West, LLC. Altitude solicitó revocar la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria en un caso de daños y perjuicios. El TPI determinó que existían controversias sobre hechos medulares y elementos subjetivos que requerían un juicio. La demanda original fue presentada por la familia García Seda, alegando que su hijo sufrió una fractura de clavícula en el parque de trampolines de Altitude debido a operación impropia y falta de supervisión. Altitude negó negligencia, afirmando que sus instalaciones eran seguras, que un maestro firmó un relevo de responsabilidad y que la lesión ocurrió mientras el joven intentaba un salto prohibido. Altitude solicitó sentencia sumaria, argumentando que el suceso fue un accidente no atribuible a ellos, basándose en la deposición del joven. La familia se opuso, alegando que el parque es inherentemente peligroso, el relevo inválido y que Altitude no tomó las medidas necesarias para evitar la lesión. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, resolvió denegar la expedición del auto de certiorari sin trámite ulterior.

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La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) presentó un recurso de revisión administrativa contra el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). ASORE impugnó la Interpretación Oficial 2024-001, emitida por ambas agencias para aclarar la implementación de la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso. ASORE argumentó que la interpretación violaba la ley administrativa y excedía los poderes de las agencias. El tribunal inicialmente concedió una moción de ASORE, paralizando los efectos de la interpretación. Posteriormente, el DACO y el DRNA emitieron la Orden 2025-002, dejando sin efecto la Interpretación Oficial 2024-001. Las agencias indicaron que la revocación se realizó en el mejor interés de los consumidores y la política pública. Ante la revocación de la interpretación impugnada, el tribunal determinó que la controversia se había tornado académica. Por consiguiente, se procedió a desestimar el recurso de revisión judicial.

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Esta es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un recurso presentado por Acueducto Comunidad Buenos Aires, Inc. (ACBA) contra Luis Cuadrado Aponte. ACBA apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en Caguas. El TPI había desestimado sin perjuicio la solicitud de injunction permanente de ACBA. La desestimación se basó en que las controversias estaban pendientes en foros administrativos. El Tribunal de Apelaciones determinó que la Sentencia Parcial no resolvió todas las controversias ni tuvo finalidad. Por ello, el recurso de apelación fue acogido como un certiorari. El caso subyacente involucra la operación del acueducto comunitario de ACBA. La disputa surge por la ubicación de placas solares y un generador eléctrico en terrenos del señor Cuadrado Aponte, quien se opuso y presentó querellas administrativas, llevando a ACBA a demandar por injunction y a Cuadrado Aponte a reconvenir.

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Cristian Rodríguez Marrero presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que declaró No Ha Lugar su Moción de Desestimación. Dicha moción se basaba en la Regla 64(p) y la alegada falta de descubrimiento de prueba exculpatoria. El peticionario argumentó que la entrega tardía de notas de agente investigador, recibidas tras iniciar el juicio, violó su debido proceso en la vista preliminar. El foro primario concluyó que el Ministerio Público cumplió con el quantum de prueba en la vista preliminar. Determinó que las notas del agente no eran exculpatorias y no hubieran cambiado la determinación de causa. El tribunal de instancia encontró que la prueba conectaba al acusado con los delitos imputados. El peticionario insistió en el certiorari que las notas constituían prueba exculpatoria relevante para la vista preliminar. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el expediente, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Se presenta un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones contra una actuación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). El recurrente, Eugenio Cardona Santana, había presentado una querella en DACO contra SunRun, Inc. y otros por problemas con la instalación y facturación de placas solares, alegando incumplimiento contractual y daños a su techo. El caso en DACO tuvo un historial procesal que incluyó un archivo inicial y una posterior reapertura. El recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones en revisión administrativa. El Tribunal requirió al recurrente que acreditara la notificación del recurso a DACO y presentara documentos faltantes. Al no cumplir con dicho requerimiento dentro del término concedido, el Tribunal procedió a desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso debido al incumplimiento procesal del recurrente.