Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 206)

Resumen:

La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso presentado por Yachira Rivera Torres en un caso de daños por accidente de vehículo de motor. La demanda original fue incoada contra el Municipio de Guayama y QBE Seguros, añadiéndose posteriormente a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La AEE solicitó la paralización de los procedimientos en su contra al estar acogida a la Ley PROMESA. El Tribunal de Primera Instancia emitió órdenes contradictorias sobre el alcance de la paralización y el archivo del caso. Aunque se aclaró que la paralización aplicaba solo a la AEE, el foro primario ordenó el archivo administrativo de la totalidad del caso el 11 de diciembre de 2018. La peticionaria solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Este recurso ante el Tribunal de Apelaciones, acogido como certiorari, busca la revocación de dicha orden de archivo total. La Sentencia detalla el historial procesal que culminó en la impugnación de la peticionaria.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación en un caso de desahucio por incumplimiento de contrato. La apelación fue presentada por Combined Building & Housing Consultants, Inc. contra Rafael V. Laborde Vega. Combined Building demandó al Sr. Laborde buscando su desahucio de un apartamento en una égida, alegando conductas que incumplían el contrato de arrendamiento e interferían con otros residentes. El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, declaró No Ha Lugar la demanda de desahucio. Combined Building apeló esa decisión, señalando errores en la determinación del foro primario sobre el debido proceso en el trámite administrativo previo y en la apreciación de la prueba respecto al incumplimiento y la gravedad de la conducta. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Por los fundamentos que expone en su sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa un recurso presentado por José Ángel Vélez Rodríguez. Este recurso, tratado como certiorari, impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha Resolución denegó una moción del señor Vélez Rodríguez solicitando reconsideración o relevo de sentencia. El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Banco Popular, actuando como agente de Fannie Mae. La demanda se originó por el incumplimiento de un pagaré hipotecario otorgado por el señor Vélez Rodríguez en 2003. El documento detalla el historial procesal en primera instancia, incluyendo la presentación de la demanda y la falta de contestación oportuna por parte del demandado. Se mencionan las múltiples solicitudes de prórroga y transferencias de vista presentadas por el señor Vélez Rodríguez en el foro primario. El Tribunal de Apelaciones procede a expedir y confirmar el auto de certiorari para evaluar la corrección de la decisión recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900543. El Dr. Julio Jane Machado apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia surgió de una demanda presentada por el Dr. Michael Soler Bonilla y otros por violación al derecho a la propia imagen y daños y perjuicios. Se alegó que el Dr. Machado utilizó la imagen del Dr. Soler sin autorización en un video de Facebook promocionando la dieta HCG, usando fragmentos alterados de una entrevista televisiva y haciendo expresiones negativas. El Dr. Machado contestó la demanda negando las alegaciones y presentó una reconvención. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al Dr. Machado pagar al Dr. Soler \$20,000 bajo la Ley 139-2011, más \$5,000 en honorarios de abogados, y desestimó la reconvención. En un caso relacionado, se emitió un injunction preliminar prohibiendo al Dr. Machado usar la imagen del Dr. Soler sin consentimiento. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de Marco A. Herrera Batista y otros contra Bayer Puerto Rico, Inc. y Merck Sharp & Dohme (IA) LLC. Los apelantes solicitaron la revocación de una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia había desestimado la demanda de los apelantes por despido injustificado, discrimen por nacionalidad, represalias y daños. Los apelantes alegaron haber sido discriminados por su origen puertorriqueño y despedidos sin justa causa ni en represalia. Los apelados defendieron el despido como justificado por una reestructuración y negaron discrimen o represalias, además de argumentar prescripción de algunas reclamaciones. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de sentencia sumaria de los apelados. Tras examinar el expediente y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones procedió a resolver el recurso. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El apelante, Bosco IX Overseas, LLC, impugna la desestimación de su tercera demanda contra los apelados, Francisco Gendes Mateo y Alexandra Gendes Alonso. La acción original, iniciada en 2012 por Scotiabank (a través de Doral Bank), buscaba ejecutar una hipoteca sobre una propiedad en Carolina. La primera demanda fue desestimada voluntariamente sin perjuicio. Una segunda demanda, presentada en 2012, fue desestimada involuntariamente por abandono en 2016, también "sin perjuicio". La tercera demanda fue incoada en 2016 por Scotiabank. Los apelados solicitaron la desestimación de esta tercera acción, lo cual fue concedido por el Tribunal de Primera Instancia en 2018. El apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el historial procesal, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia del foro primario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación presentado por Fermaraliz, Corp., et al. contra Santander Financial Services, Inc. El caso original fue instado por Santander por cobro de dinero y ejecución de hipoteca relacionados con préstamos comerciales bajo el Programa SBA 504. Santander demandó tras el desembolso del préstamo interino, pero la no materialización del préstamo permanente. Los demandados presentaron una reconvención alegando que Santander actuó de forma engañosa. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó sentencia parcial a favor de Santander en la demanda principal, la cual advino final y firme. Posteriormente, el TPI celebró juicio sobre la reconvención y dictó sentencia el 21 de mayo de 2018, declarándola con lugar parcialmente y concediendo daños a los demandados. Los apelantes solicitan al Tribunal de Apelaciones que revoque esta sentencia del TPI sobre la reconvención. El documento detalla el historial procesal y los fundamentos de las reclamaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202000297. La peticionaria, Yesenia Paz Cruz, presentó un auto de certiorari para revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso de daños y perjuicios (SJ2019CV01919). Posteriormente, la peticionaria radicó una moción de desistimiento. En dicha moción, informó que las partes habían alcanzado un acuerdo. Este acuerdo finiquitó todas las controversias del pleito. La peticionaria manifestó su deseo de desistir del recurso con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones declaró HA LUGAR la petición de desistimiento. En consecuencia, ordenó el archivo del caso KLCE202000297. El archivo se realiza con perjuicio, conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. No se impusieron costas ni honorarios de abogado.

Resumen:

El San Juan Resort, LLC (ESJ) comparece mediante recurso de certiorari solicitando la revocación de una Minuta Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI declaró No Ha Lugar una Moción Solicitando Sentencia Sumaria de ESJ. Dicha moción se refería a reclamaciones de discrimen por razón de edad y Ley ADA. El TPI concluyó que la moción de sentencia sumaria fue presentada tardíamente. El caso original fue presentado por Luis Antonio Rodríguez Trinidad y otros contra ESJ. Los demandantes alegaron despido injustificado y discrimen por edad e impedimento. El recurso de certiorari fue examinado por el panel judicial. Tras revisar el recurso presentado y el derecho aplicable, el panel acordó denegar la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación criminal. El apelante, Floyd Lenin McCoy Jordán, impugna la sentencia que lo condenó por actos lascivos contra un menor. Un jurado lo encontró culpable por unanimidad bajo el Artículo 133(a) del Código Penal. La sentencia impuesta fue de quince años de cárcel por hechos ocurridos mientras el apelante era sacerdote y la víctima un feligrés menor. El apelante señaló como errores la admisión de documentos de la Iglesia Católica y la denegación de solicitudes de disolución del jurado. Alegó que el Ministerio Público no entregó notas de entrevistas con la víctima y su abuela, afectando su derecho al debido proceso y contrainterrogatorio. También argumentó que la fiscalía no cumplió con el peso de la prueba. El Tribunal de Apelaciones concluye que corresponde confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendió las apelaciones consolidadas de Armando Rodríguez Torres, Luis Kemuel Vega Vega y Juan A. Márquez Rivera. Los apelantes fueron condenados por el Tribunal de Primera Instancia a 206 años de cárcel por delitos de asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas. Solicitaron la revocación de sus sentencias y la celebración de un nuevo juicio. Fundamentaron su petición en la norma de veredicto unánime para casos criminales establecida en *Ramos v. Louisiana* y adoptada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Argumentaron que sus condenas se basaron en veredictos no unánimes y que sus casos no eran finales y firmes. El Procurador General, en representación de El Pueblo, estuvo de acuerdo con la solicitud de revocar los veredictos y ordenar un nuevo juicio. El Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto las sentencias condenatorias. Se ordenó la celebración de un nuevo juicio para los apelantes.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se refiere a las apelaciones presentadas por Armando Rodríguez Torres, Luis Kemuel Vega Vega y Juan A. Márquez Rivera. Los apelantes fueron condenados por asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas, recibiendo sentencias de 206 años de cárcel. Sus apelaciones se fundamentan en la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos y de Puerto Rico que exige veredictos unánimes en casos criminales. Los apelantes argumentan que sus condenas originales se basaron en veredictos no unánimes, lo cual contraviene este nuevo requisito legal. El Procurador General estuvo de acuerdo con la solicitud de los apelantes para un nuevo juicio. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones deja sin efecto las sentencias condenatorias originales. Se ordena la celebración de un nuevo juicio para los tres apelantes.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en las apelaciones consolidadas presentadas por Armando Rodríguez Torres, Luis Kemuel Vega Vega y Juan A. Márquez Rivera. Los apelantes recurrieron las sentencias de 206 años de cárcel impuestas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, por delitos de asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas. Fundamentaron sus recursos en la exigencia de veredictos unánimes establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en *Ramos v. Louisiana* y acogida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Alegaron que sus condenas se basaron en veredictos no unánimes, contraviniendo el nuevo estado de derecho. Solicitaron la revocación de las sentencias y la celebración de un nuevo juicio. El Procurador General, en representación del Pueblo de Puerto Rico, se mostró conforme con la solicitud de los apelantes. Ante la normativa jurisprudencial aplicable y la posición de las partes, el Tribunal de Apelaciones procedió a revisar los dictámenes recurridos. Por las razones expuestas, el Tribunal dejó sin efecto las sentencias condenatorias dictadas contra los apelantes. Finalmente, ordenó la celebración de un nuevo juicio en el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Popular Auto LLC demandó a Edgardo L. Delgado Colón y Luz A. Bujosa Alicea para el cobro de una deficiencia de \$91,485.41, más costas y honorarios, surgida tras la venta de una embarcación que garantizaba un préstamo. Los demandados incumplieron el pago, entregaron voluntariamente la embarcación y Popular Auto la vendió, resultando en la deficiencia reclamada. Al contestar la demanda, los deudores alegaron falta de notificación de la deficiencia y gestiones de cobro, así como un procedimiento de venta no conforme a la Ley de Transacciones Comerciales (LTC). El Tribunal de Primera Instancia (TPI) identificó como hechos en controversia la notificación de la deficiencia y las gestiones de cobro. Posteriormente, el TPI desestimó la demanda de Popular Auto, resolviendo que la entidad no cumplió con el requisito de notificar a los deudores el cómputo de la deficiencia tras la venta del bien mueble, según exige la LTC. Popular Auto apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. La apelación argumenta que el TPI erró al desestimar la demanda y al requerir la notificación de la deficiencia adeudada después de la venta. El documento presenta el historial procesal del caso, las posiciones de las partes y los fundamentos de la sentencia apelada y los señalamientos de error presentados por Popular Auto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Luis Amador Aulet Viruet, Amador Aulet Ramos y Amador Aulet González. La apelación buscaba revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original alegaba impugnación de actos, simulación y fraude contra derechos de terceros. Los demandantes, hijos de Amador Aulet Pérez, cuestionaron transacciones relacionadas con la empresa familiar Leaut Discount Center Inc. Sostenían que su madrastra y hermanastro, Richard Aulet Piñeiro, orquestaron un esquema para transferir el patrimonio del padre a este último. Específicamente, impugnaron la venta de acciones a un empleado en 1993 y un acuerdo de inversión con el hermanastro en 2007. Alegaron que estas transacciones fueron simuladas y que el padre carecía de capacidad para consentir. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la sentencia recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Antonio Beltrán Martínez. El Apelante fue hallado culpable por un jurado de agresión sexual, incesto y maltrato de menores contra su hija de 13 años, además de otro cargo de maltrato de menores. El Tribunal de Primera Instancia le impuso severas penas de prisión por estos delitos, incluyendo mejoras por reincidencia. Las sentencias fueron ordenadas para cumplirse de forma concurrente entre sí (con una excepción) y consecutiva con cualquier sentencia federal. El documento detalla las acusaciones, los fallos del jurado y las penas impuestas. También se refiere a una vista de admisibilidad previa al juicio sobre prueba de ADN y admisiones del acusado. Se resumen testimonios de la pediatra que atendió a la víctima y recolectó evidencia, y de la seróloga forense que recibió y custodió las muestras. El Tribunal de Apelaciones concluye que procede confirmar las sentencias apeladas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201801230. El apelante, David Padilla Hostos, recurre una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Dicha sentencia lo declaró culpable de dos infracciones al Artículo 3.1 de la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley Núm. 54). Como resultado, se le impuso una pena de reclusión de tres años y tres meses. El apelante alegó dos errores principales: que el Ministerio Público no probó los elementos del delito más allá de duda razonable y que se le denegó el privilegio de restricción terapéutica o desvío. El documento detalla el trámite procesal previo, incluyendo disputas sobre descubrimiento de prueba y un recurso de certiorari denegado. Tras analizar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Triple S Propiedad, Inc. apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que desestimó la reclamación en su contra de Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. El pleito original de Triple S era sobre cobro de dinero y subrogación contra VIP Solutions Police Services, Inc., Seguros Múltiples y otros. Triple S alegó que la negligencia de un guardia de seguridad de VIP Solutions permitió el hurto de mercancía, por cuya pérdida pagó y buscaba resarcimiento. Seguros Múltiples argumentó que la reclamación contra su asegurado, VIP Solutions, estaba excluida de la póliza por tratarse de hurto de propiedad y riesgos de responsabilidad profesional. El Tribunal de Primera Instancia acogió la defensa de Seguros Múltiples y desestimó el caso en cuanto a ellos mediante sentencia sumaria. Triple S apeló esta decisión buscando su revocación. El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una apelación presentada por Mapfre Praico Insurance Company contra una sentencia sumaria que le ordena pagar a Johnson Controls, Inc. la suma de \$212,421.11. Dicha cantidad corresponde a equipos y servicios suplidos por Johnson Controls para un proyecto de construcción subcontratado por SM Electrical Contractors, cuya obra principal fue afianzada por Mapfre a favor del dueño, Lunacon Engineering Group Corp. La controversia central gira en torno a una cláusula de la fianza que requería notificación escrita a Mapfre dentro de los noventa días siguientes a la realización de las labores reclamadas. Mapfre argumentó que Johnson Controls incumplió este requisito, el cual consideraba un término de caducidad o prescripción no interrumpido. El Tribunal de Primera Instancia había declarado Ha Lugar la moción de sentencia sumaria parcial de Johnson Controls y No Ha Lugar la de Mapfre. La cuestión a dilucidar en apelación era la naturaleza del término de notificación y si Johnson Controls lo interrumpió oportunamente. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, procede a confirmar la determinación apelada.

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Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una apelación presentada por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) contra PROSOL-UTIER. La ACT buscaba revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que confirmó un laudo arbitral. El caso de arbitraje se originó por la suspensión de la empleada Teresa Colón Colón por parte de la ACT. El Negociado de Conciliación y Arbitraje determinó que la suspensión de 11 días no estuvo justificada, ordenando el pago de salarios y beneficios y la eliminación de la acción disciplinaria. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la impugnación del laudo presentada por la ACT. La ACT argumentó que la notificación del laudo arbitral fue defectuosa por no incluir información sobre el derecho a revisión judicial y los términos. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, tratando el recurso como un *certiorari*. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del foro primario, validando el laudo arbitral a favor de la empleada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Ana M. Pérez Cuadrado y su familia, demandó a Mora Development Corporation y otros. La demanda original alegaba daños a su propiedad causados por el desbordamiento de aguas sanitarias provenientes de un desarrollo residencial colindante. Los demandantes afirmaron que la disposición de desperdicios fue impropia e ilegal, inundando su patio con aguas negras y contaminantes. Esta situación les causó daños materiales, disminución del valor de la propiedad, sufrimientos mentales y los obligó a abandonar su hogar. El Tribunal de Primera Instancia en Bayamón desestimó la demanda con perjuicio en septiembre de 2018. La desestimación pareció estar relacionada con alegados incumplimientos en el descubrimiento de prueba, como la presentación de informes periciales. La parte demandante apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia apelada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la desestimación y devolvió el caso al foro primario para que continuaran los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve múltiples apelaciones presentadas por PUMA Energy Caribe, LLC, Aerostar Airport Holdings, LLC, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico y Total Petroleum Puerto Rico, Corp. Los recursos buscan la revisión de una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan el 1 de noviembre de 2018. Dicha sentencia abordó la controversia sobre quién tiene derecho a cobrar y retener un cargo de dos centavos por galón de combustible de aviación en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. El foro primario determinó que Aerostar tenía el derecho a cobrar y retener este "fuel fee". Además, dictaminó que la Autoridad de los Puertos, aunque facultada para cobrar, debía devolver los fondos recibidos a Aerostar. La Sentencia Parcial también evaluó la constitucionalidad de la Ley Núm. 206-2014. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, procedió a revocar la Sentencia Parcial apelada.

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Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El dictamen atiende los recursos de apelación presentados por PUMA Energy Caribe, Aerostar Airport Holdings, la Autoridad de los Puertos y Total Petroleum Puerto Rico Corp. Las apelaciones impugnan una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 1 de noviembre de 2018. La controversia principal gira en torno al derecho a cobrar y retener un cargo de dos centavos por galón de combustible de aviación en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. El foro primario había determinado que Aerostar era la entidad con derecho a cobrar y retener dicho cargo. También se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley Núm. 206-2014 y la facultad de la Autoridad para cobrar el cargo, ordenando a esta última devolver los fondos recibidos a Aerostar. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones, en su sentencia del 30 de junio de 2020, decidió revocar la Sentencia Parcial apelada.

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Este documento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda múltiples apelaciones presentadas por Puma Energy Caribe, Aerostar Airport Holdings, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico y Total Petroleum Puerto Rico Corp. Las apelaciones buscan revisar una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia resolvió disputas sobre quién tiene derecho a cobrar y retener un cargo de dos centavos por galón de combustible de aviación en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. El foro primario determinó que Aerostar tenía derecho a cobrar y retener dicho cargo. También dictaminó que la Autoridad de los Puertos debía devolver los fondos cobrados a los suplidores, ya que pertenecían a Aerostar. Además, consideró la constitucionalidad de la Ley Núm. 206-2014 en relación con Aerostar. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones REVOCA la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Recursos de apelación presentados por PUMA Energy Caribe, LLC, Aerostar Airport Holdings, LLC, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico y Total Petroleum Puerto Rico, Corp. ante el Tribunal de Apelaciones. Las partes solicitan la revisión de una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan el 1 de noviembre de 2018. Dicha sentencia abordó una controversia sobre el derecho a cobrar y retener un fuel fee de dos centavos por galón de combustible de aviación en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. El foro primario determinó que Aerostar tenía derecho a cobrar y retener dicho fee. También resolvió que la Ley Núm. 206-2014 era constitucional pero podría afectar adversamente a Aerostar. Adicionalmente, dictaminó que la Autoridad de los Puertos tenía facultad para cobrar el fee, pero debía devolver los fondos recibidos a Aerostar. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, procede a REVOCAR la Sentencia Parcial apelada. La decisión fue emitida el 30 de junio de 2020.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el señor Orlando Claudio Montañez, apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Dicha Sentencia lo condenó a cumplir diez años de reclusión por infracciones a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de 2000. El apelante fue declarado culpable por la mayoría de un jurado en el foro de instancia. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en *Ramos v. Louisiana*, el Tribunal de Apelaciones determinó que la Sentencia apelada debía ser revocada. Se ordenó la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia. El propósito es celebrar un nuevo juicio en los casos relacionados con las infracciones a la Ley de Armas.

Resumen:

Se trata de una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato y cobro de dinero. South Coast General Contractors Inc. demandó al Municipio de Arroyo, alegando haber completado la construcción de un parque de pelota y reclamando el pago de la certificación final y fondos retenidos. El Municipio argumentó que la obra no fue terminada por South Coast. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el proyecto no estaba finalizado según las certificaciones pagadas. Las determinaciones de hecho del TPI indicaron que el proceso de pago requería certificaciones firmadas por el contratista, inspector, supervisor y el alcalde. Solo se pagaron ocho certificaciones, y la novena no completó el proceso de aprobación necesario. El TPI desestimó la demanda de South Coast. South Coast apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, manteniendo la desestimación de la reclamación de South Coast.

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Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación por despido injustificado. El apelante, Luis F. Díaz Díaz, impugnó la desestimación sumaria de su querella contra Empresas Berríos. El señor Díaz Díaz fue despedido tras ser hallado dormido en su turno nocturno, atribuyendo la somnolencia a medicamentos. Alegó que el despido fue injustificado, desproporcionado para una primera ofensa y constituyó doble sanción. Empresas Berríos defendió la acción disciplinaria, citando múltiples ocasiones en que el empleado se durmió, incluyendo un incidente captado en vídeo durmiendo sobre un colchón de cliente. La empresa también alegó que el empleado tomaba descansos prolongados registrándolos como tiempo trabajado. Berríos argumentó que estas conductas violaban su manual de empleado y justificaban el despido. El señor Díaz Díaz se opuso a la sentencia sumaria, negando la justificación y la gravedad de la falta. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la querella.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa. La recurrente, Janice Velázquez Rivera, impugna la cancelación de su contrato de arrendamiento de vivienda pública. La Administración de Vivienda Pública (AVP), a través de su agente, canceló el contrato. La razón fue la alegada actividad criminal de su hijo adulto, co-arrendatario, relacionada con drogas y armas, por la cual se emitió una orden de arresto federal. La AVP notificó la intención de cancelar, emitió una resolución confirmando la cancelación y denegó la reconsideración. La recurrente solicitó la revisión judicial de la decisión administrativa. El Tribunal de Apelaciones evaluó el caso. Finalmente, el Tribunal revocó la decisión de la AVP que cancelaba el contrato de arrendamiento.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de bienes gananciales. Dennis Rodríguez Montañez apeló la desestimación con perjuicio de su demanda contra María De Lourdes Reyes Echevarría. El apelante solicitó la liquidación de bienes adquiridos durante su matrimonio, alegando que la apelada los poseía exclusivamente. La apelada aceptó la existencia de bienes gananciales pero negó que el apelante tuviera derecho al 50%, argumentando que no contribuyó. El apelante presentó una moción de sentencia sumaria, la cual fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia. La denegación se basó en que la moción fue presentada fuera del término procesal establecido. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia impugnada, validando la desestimación de la acción.

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En un procedimiento sumario laboral por despido injustificado, un profesor demandó a una universidad. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al patrono descubrir expedientes de ciertos estudiantes. La universidad recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, alegando la confidencialidad de los expedientes bajo leyes aplicables y objeciones procesales. La universidad presentó dos recursos impugnando la misma orden, los cuales fueron consolidados. El Tribunal de Apelaciones considera que el certiorari es un remedio discrecional para revisar asuntos interlocutorios. Explica que la norma general es no revisar determinaciones interlocutorias en procedimientos sumarios laborales. La expedición del auto se deniega porque el caso no presenta la situación extrema necesaria para apartarse de dicha norma.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. El TPI había anotado la rebeldía y dictado sentencia contra la codemandada Garaje Carlos, Inc. B Billboard NC, LLC y Carlos Candelaria Miranda apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos y los acogió como certioraris, al determinar que el dictamen del TPI no era una sentencia final. El Tribunal modificó la Sentencia Parcial impugnada. La modificación consiste en dejar en vigor únicamente la anotación de rebeldía contra Garaje Carlos. La "sentencia" dictada en su contra queda sin efecto. El caso se devuelve al foro primario para la continuación de los procedimientos. El litigio original trata sobre un incumplimiento de contrato de arrendamiento de vallas publicitarias y reclamaciones de daños.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso presentado por Heriberto Morales Hernández. El apelante solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución concedió la custodia del hijo a Laura Alvarado Maldonado y autorizó su traslado al estado de Texas. Las partes habían estipulado previamente la custodia compartida del menor en una sentencia de 2016. La madre solicitó la autorización para el traslado alegando mejores oportunidades laborales y familiares en Texas. El padre se opuso a la solicitud de traslado. Como parte del proceso, se ordenó y realizó un informe social forense. El Tribunal de Apelaciones adelanta que, conforme a los fundamentos que expondrá, procede revocar el dictamen apelado.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de una demanda por incumplimiento contractual y daños presentada por Saturnino Figueroa Cartagena contra la Cooperativa de Seguros Múltiples. El Sr. Figueroa reclamó que la aseguradora subestimó y pagó menos de lo debido por los daños causados a su propiedad por el Huracán María, alegando mala fe y prácticas desleales. La Cooperativa presentó una Moción de Sentencia Sumaria argumentando que el Sr. Figueroa aceptó el pago total y final al endosar y retener los cheques emitidos. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha moción. La Cooperativa recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante un auto de certiorari solicitando la revocación de esa resolución. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó el auto de certiorari solicitado por la Cooperativa.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso sobre daños y perjuicios e incumplimiento contractual. El peticionario, Juan Raúl Mari Pesquera, demandó a Scotiabank de Puerto Rico. El TPI denegó la solicitud del demandante para anotar la rebeldía al banco demandado. En su lugar, el TPI concedió al banco una segunda prórroga para contestar la demanda. La prórroga se basó en razones particulares relacionadas con la compraventa de activos bancarios. El peticionario argumentó que el TPI carecía de autoridad para extender el plazo y abusó de su discreción. El Tribunal de Apelaciones examinó la decisión del TPI. Concluyó que el TPI sí tenía la autoridad y discreción para conceder la prórroga solicitada. Por consiguiente, el Tribunal declinó intervenir con la determinación del TPI.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV. El caso, identificado como KLCE202000179, proviene del Tribunal de Primera Instancia de Guayama y trata sobre daños y perjuicios. Las partes son Carmelo Adorno Castro como peticionario y Ismael López Torres y la Institución Correccional Anexo Guayama 500 como recurridos. El peticionario presentó una Moción Informativa y de Desistimiento el 1 de junio de 2020. En dicha moción, el peticionario informó su decisión de desistir del caso. El Tribunal de Apelaciones examinó la moción de desistimiento. Mediante esta sentencia, fechada el 30 de junio de 2020, el Tribunal declaró Ha Lugar la moción. En consecuencia, se ordena el archivo y sobreseimiento del caso. Esta decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en el caso KLCE202000267, caratulado El Pueblo de Puerto Rico contra Luis M. Robles Caraballo. Este caso involucra cargos bajo el Artículo 182 del Código Penal y el Artículo 5.05 de la Ley de Armas. El Tribunal de Apelaciones recibió un escrito presentado por el peticionario, Luis M. Robles Caraballo. Sin embargo, se determinó que el escrito fue enviado a la dirección postal incorrecta. El Tribunal notó que el documento estaba claramente dirigido al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones ordenó a su Secretaría trasladar el escrito al Tribunal de Primera Instancia para su trámite correspondiente. Asimismo, se dispuso el archivo del recurso ante el Tribunal de Apelaciones para fines estadísticos. La Secretaría procederá a dar de baja el recurso y considerarlo resuelto en esta instancia.

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Una demandante presentó una acción por daños y perjuicios contra Walmart tras sufrir una caída en una tienda Sam's Club en Bayamón debido a un supuesto líquido en el suelo. La parte demandada solicitó sentencia sumaria, argumentando que había tomado medidas preventivas y que el área estaba seca. La demandante se opuso, presentando evidencia de que resbaló en un piso mojado. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria. El TPI determinó que existían controversias materiales sobre la causa de la caída, la presencia del líquido, si era una condición peligrosa, el conocimiento de la demandada y la responsabilidad. Inconforme, Walmart presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, resolvió no intervenir con la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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Este es un recurso de Revisión Administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El peticionario, Garry Joe Burgos Algarín, solicita la revisión de una Orden final de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). Dicha orden denegó su solicitud de reconsideración sobre la denegatoria de acreditación de ciertos pagos de pensión alimentaria. El caso se remonta a 2006 y ha involucrado disputas sobre la reconciliación de la cuenta de pensión. ASUME denegó la reconsideración del peticionario, alegando falta de jurisdicción por haber sido presentada fuera de término. Ante el Tribunal de Apelaciones, ASUME presentó una moción de desestimación por los mismos fundamentos de falta de jurisdicción. El Tribunal enfatiza que la jurisdicción es esencial y un recurso presentado tardíamente priva al foro de autoridad. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal desestima el recurso de revisión administrativa.

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El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia emitida el 24 de enero de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, en el caso KLAN201900182. El apelante, José José Orta González, fue declarado culpable de homicidio negligente (Art. 96 Código Penal) y uso ilegal de una escopeta (Art. 5.07 Ley de Armas 404-2000). Los hechos ocurrieron el 1 de octubre de 2017, cuando el Sr. Orta González manejó negligentemente y disparó una escopeta sin licencia, causando la muerte de Víctor Orlando Álvarez Bobé. Las denuncias se basaron en la investigación y una confesión escrita del apelante. Tras determinarse causa probable y presentarse las acusaciones, se celebró un juicio por tribunal de derecho con prueba testifical. El TPI emitió fallo de culpabilidad el 18 de diciembre de 2018. La Sentencia apelada condenó al Sr. Orta González a 3 años por homicidio negligente y 24 años por el delito de armas. El Tribunal de Apelaciones procede a disponer del recurso tras examinar los autos y comparecencias.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un litigio iniciado por la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) contra sus arrendatarios, Motopac y Defpac. PRIDCO demandó a Motopac y Defpac por daños y perjuicios e incumplimiento de contrato tras un incendio y derrame químico en las propiedades arrendadas en agosto de 2018. Posteriormente, un informe federal atribuyó el incendio a baterías en otro local. Basado en este informe, Motopac y Defpac solicitaron al foro primario autorización para presentar una demanda contra coparte y terceros. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud por considerarla inoportuna. Motopac y Defpac recurrieron en certiorari, argumentando que la solicitud era oportuna dado el estado procesal del caso y el reciente conocimiento del informe. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso. Concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar la autorización por inoportunidad. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución recurrida.

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Este recurso de apelación surge de una demanda de cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca presentada por Oriental Bank contra los apelantes. La entidad bancaria reclamó el pago de un préstamo garantizado con hipoteca sobre una propiedad en Rincón, alegando incumplimiento de pago. Los apelantes admitieron la deuda pero argumentaron haber intentado negociar y la falta de ofrecimiento de alternativas de mitigación. Previamente, un recurso ante este Tribunal resultó en la revocación de una orden de venta judicial por ausencia de sentencia ejecutable, devolviendo el caso al foro primario. Tras la devolución, Oriental Bank solicitó nuevamente sentencia sumaria, la cual fue concedida por el Tribunal de Primera Instancia. Los apelantes recurren ahora esa sentencia sumaria que les ordena pagar la deuda reclamada. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, resuelve confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari presentado por Sigfrido Cabrera contra una determinación del Tribunal de Primera Instancia. El caso se origina en una querella del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) contra Cabrera por incumplimiento de contrato, resultando en una orden administrativa de pago. Ante el incumplimiento, DACo solicitó al Tribunal de Primera Instancia hacer cumplir su orden, obteniendo una sentencia en rebeldía contra Cabrera. Posteriormente, se celebró una vista de desacato el 7 de octubre de 2019, a la cual Cabrera no compareció. En esa vista, el foro primario emitió una orden de arresto y fijó fianza, lo cual se consignó en una Minuta no firmada por el juez ni notificada a las partes. Cabrera impugnó esta determinación mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se basa en que la Minuta, al no cumplir con los requisitos de firma y notificación, no constituye una resolución u orden apelable conforme a la Regla 32(b) de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El peticionario, Jaime Isaac Sánchez Rivera, impugna la confirmación de un laudo arbitral de FINRA que le ordena pagar una suma a su exempleador, Herbert J. Sims & Co. La disputa surgió tras la renuncia del señor Sánchez Rivera, relacionada con alegadas deudas. El contrato de empleo establecía que las controversias se resolverían mediante arbitraje ante FINRA. SIMS inició el arbitraje, obteniendo un laudo en su favor. El señor Sánchez Rivera solicitó la revocación del laudo en el foro primario, argumentando que no fue debidamente emplazado ni notificado del proceso arbitral, lo que constituyó una violación al debido proceso. A pesar de la evidencia de intentos fallidos de notificación por parte de FINRA, el Tribunal de Primera Instancia confirmó el laudo. El Tribunal de Apelaciones concluye que procede revocar la sentencia apelada. Por tanto, el caso será devuelto al foro primario para que continúe con los trámites correspondientes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión judicial. El recurrente, un menor identificado como AGJM, impugna una Resolución Final del Foro Administrativo de Educación Especial del Departamento de Educación. Dicha resolución denegó la solicitud del menor para recibir servicios del Programa de Educación Especial. AGJM, quien asiste a una escuela privada, buscaba su inscripción en el registro, la confección de un PEI y la compra de servicios privados. Inicialmente registrado por "problemas de salud", evaluaciones posteriores indicaron diagnósticos como Déficit de Atención con hiperactividad y un funcionamiento intelectual muy superior. Un Comité de Programación y Ubicación lo declaró no elegible para servicios del Departamento. Sin embargo, el Foro Administrativo determinó que padecía un trastorno crónico de tics y un trastorno específico del aprendizaje. El Tribunal revisa la decisión administrativa que denegó los servicios solicitados.

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En un caso de cobro de dinero, la Asociación de Residentes Cívico Cultural Los Almendros, Inc. obtuvo sentencia a su favor contra Miriam Vega Peña y Moisés Hernández Amateau por una deuda de \$1,362.67. Para asegurar el pago, la Asociación embargó un inmueble propiedad de los deudores. Posteriormente, la Asociación solicitó al Tribunal de Primera Instancia la venta en pública subasta del inmueble embargado para satisfacer la deuda. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud en dos ocasiones, en 2019 y 2020, basándose en la jurisprudencia *S.L.G. Sánchez v. S.L.G. Valentín*. La Asociación recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar la última denegatoria. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones resuelve expedir el auto de certiorari solicitado. En consecuencia, revoca la orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó la venta en pública subasta del inmueble embargado.

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La recurrente, Judith R. Colón García, solicitó la revisión judicial de una determinación de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP desestimó su apelación contra un traslado impuesto por el Negociado de la Policía de Puerto Rico. El traslado ocurrió tras una alegada interferencia de la recurrente en una investigación relacionada con un familiar en el aeropuerto. Colón García impugnó el traslado, considerándolo una medida disciplinaria infundada que implicaba un descenso de funciones. El Negociado argumentó que el traslado obedeció a necesidades del servicio y a la interferencia de la recurrente. Durante la tramitación de la apelación ante la CASP, la recurrente fue objeto de un segundo traslado a otra unidad, el cual no apeló. El Negociado solicitó la desestimación de la apelación original por academicidad, argumentando que el segundo traslado dejó sin efecto el primero. La CASP acogió la solicitud, determinando que la nueva asignación de funciones tornó académica la controversia inicial. El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen de la CASP que desestimó la apelación.

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