Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 201)

Resumen:

Un confinado presentó un recurso de revisión judicial contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Alegó que la institución incumplió su deber al no proveerle alimentos en una fecha específica, lo que interrumpió su tratamiento médico para el VIH. El recurrente solicitó, entre otros remedios, una explicación del incidente, información clínica, una indemnización de \$20,000 y una investigación del personal. El Tribunal de Apelaciones examinó su jurisdicción para conocer del recurso. Recordó que la revisión judicial es el remedio exclusivo para impugnar órdenes o resoluciones administrativas finales, tras agotar los remedios en la agencia. Concluyó que no procedía la revisión en este caso. Por los fundamentos expuestos, el tribunal desestimó el recurso presentado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. La peticionaria, Amilda Agudo Abarca, solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que afirmó su jurisdicción en un caso de nombramiento de administrador. El caso surge tras el fallecimiento intestado de Ada Nibia Abarca Iturrondo, donde la peticionaria y la recurrida fueron declaradas herederas. La recurrida fue nombrada administradora de la sucesión con el consentimiento de la mayoría de los herederos. Como administradora, contrató servicios para inventariar bienes y preparar un cuaderno particional. La peticionaria fue la única heredera que no aceptó la propuesta de partición, planteando objeciones y solicitando documentos confidenciales. Esto generó disputas y llevó a la consignación judicial de la porción de efectivo de la peticionaria. La peticionaria impugnó la determinación de jurisdicción del foro primario. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición y denegó el certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante *certiorari* una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de sentencia sumaria. El caso original involucra una demanda de Edgardo Cartagena Huertas contra AIG Insurance Company Puerto Rico por incumplimiento de contrato y mala fe tras el huracán María. Cartagena alegó que AIG pagó solo una fracción del valor real de los daños a su propiedad asegurada. AIG sostuvo que cumplió con sus obligaciones y que el endoso y depósito de los cheques por parte de Cartagena constituyó un pago en finiquito. AIG presentó un requerimiento de admisiones a Cartagena, quien no contestó, declarándose admitidos hechos como la recepción y depósito de los cheques con descripciones de pago total o por daños. A pesar de estas admisiones, el foro primario denegó la sentencia sumaria, concluyendo que existían hechos materiales en controversia y que no se configuró el pago en finiquito. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de AIG. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revocó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Daniel Cruz Rosario mediante recurso de certiorari. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar su moción para que los testigos declararan sin mascarillas en su juicio por un delito menos grave (Art. 178 CP). El peticionario argumentó que el uso de mascarillas viola su derecho constitucional a la confrontación. Sostuvo que impiden observar el "demeanor" del testigo, esencial para evaluar su credibilidad y realizar un contrainterrogatorio efectivo. Imputó al foro primario tres errores relacionados con la violación del debido proceso de ley y el derecho a carearse con los testigos. El Tribunal de Apelaciones procede a disponer del recurso sin requerir trámite adicional del Ministerio Público. Considera que el asunto versa sobre el derecho constitucional a la confrontación del peticionario y no afecta los derechos de la fiscalía. La sentencia aborda este recurso de certiorari presentado tras la negativa del tribunal de instancia a permitir testigos sin mascarillas en un juicio criminal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201901087, una apelación presentada por Castellana Physician Service, Inc. Castellana solicitó la revocación de una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Concierge Health Corp., Severino López Marrero y Miguel Maza Pérez. La demanda original de Castellana alegaba nulidad de contrato, acción directa bajo la Ley de Corporaciones y daños y perjuicios. Castellana argumentó haber invertido $800,000 para adquirir acciones en Concierge basándose en representaciones falsas sobre la adquisición de una licencia exclusiva (MDVIP). Alegó dolo en la contratación, incumplimiento del deber de fiducia y solicitó la devolución de su inversión más daños. El Tribunal de Primera Instancia había declarado No Ha Lugar la demanda de Castellana y la desestimó con perjuicio. Tras revisar los antecedentes del caso y el proceso judicial, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por José A. Vega García. El apelante impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, que lo declaró culpable. La convicción es por violación al Artículo 2.8 de la Ley Núm. 54, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Se le imputó incumplir una orden de protección al acercarse a la perjudicada en su residencia el 21 de septiembre de 2018. El caso siguió el curso procesal con vista de causa probable, acusación y juicio por tribunal de derecho. Durante el juicio, el señor Vega García presentó una defensa de coartada. El Tribunal de Apelaciones ha recibido los autos originales, la prueba y los alegatos de ambas partes. Procede ahora a revisar los hechos y el derecho aplicable para emitir su determinación sobre la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una revisión administrativa presentada por MMM Healthcare, LLC contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). MMM impugnó la adjudicación del contrato para administrar el Programa de Beneficios de Salud de Empleados y Jubilados de la AEE, otorgado a Triple S mediante la Solicitud de Propuesta Núm. 97716. La AEE evaluó las propuestas de varios licitadores, incluyendo MMM y Triple S, basándose en criterios técnicos, financieros y de precio, entre otros. Tras la evaluación, Triple S obtuvo una puntuación ligeramente superior a la de MMM, lo que llevó a la AEE a adjudicarle el contrato. MMM presentó un recurso de revisión judicial alegando errores en la evaluación y una notificación inicial inadecuada. La AEE emitió una notificación enmendada y solicitó la desestimación del recurso de MMM. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar la controversia. Finalmente, el Tribunal desestimó el recurso presentado por MMM Healthcare, LLC. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción por prematuridad.

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Comparece Toperbee Corporation en revisión administrativa solicitando la desestimación de una querella laboral presentada por Luis E. Rivera Negrón ante la Oficina de Mediación y Arbitraje (OMA). La querella se relaciona con el despido de Rivera Negrón en febrero de 2017 por OHI/Pearle Vision, entidad cuyas operaciones fueron adquiridas por Toperbee. Toperbee alega que Rivera Negrón carece de legitimación activa para la querella debido a su previa petición de quiebra bajo el Capítulo 7. Sostiene que el querellante no divulgó adecuadamente la causa de acción laboral en su proceso de quiebra, por lo que la reclamación pertenece al caudal de la quiebra. La OMA inicialmente cerró el caso, pero lo reabrió incluyendo a Toperbee como patrono querellado. Toperbee presentó una solicitud de sentencia sumaria basada en la falta de legitimación activa. La OMA emitió una resolución interlocutoria denegando la sentencia sumaria y señalando una vista administrativa. Este recurso de revisión administrativa impugna la decisión de la OMA de continuar con el procedimiento a pesar del argumento de Toperbee sobre la falta de standing.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión de ASUME sobre pensión alimentaria. El caso surge de la impugnación de un padre a las determinaciones de ASUME respecto a la pensión de su hija. ASUME había afirmado su jurisdicción a pesar de que la hija cumplió 18 años y reside fuera de Puerto Rico. También determinó que los pagos realizados en exceso de la mensualidad solo se acreditan a deudas vencidas, considerando el remanente como donación. El padre apeló, cuestionando la jurisdicción de ASUME, el manejo de los créditos por pagos en exceso y la aplicación de su reglamento. El Tribunal, aplicando un criterio de razonabilidad y deferencia a la agencia, concluye que ASUME actuó correctamente en cuanto a la jurisdicción y el tratamiento de los pagos en exceso. La madre, parte recurrida, no compareció en el proceso de apelación. La sentencia procede a detallar la justificación para confirmar la decisión administrativa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una decisión de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo. La OMA declaró con lugar una querella por despido injustificado presentada por Vilmarie Borrero Laracuente contra sus empleadores, Reinaldo J. Carrera Quiñones y Minerva Cortés Zamora. La decisión administrativa ordenó a los empleadores pagar \$7,863.71 a la empleada como compensación. Esta determinación se produjo luego de que los empleadores no comparecieran a una vista administrativa programada. Ante su incomparecencia, la OMA los declaró en rebeldía y procedió de forma ex parte. Los empleadores solicitaron reconsideración, atribuyendo su ausencia a un error de calendario, pero la OMA denegó la petición y emitió la resolución final. Los empleadores recurrieron al Tribunal de Apelaciones, argumentando que la OMA erró al declararlos en rebeldía y conceder el remedio solicitado. El Tribunal procede a revisar el caso, considerándolo una controversia de estricto derecho.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución de la Junta de Apelaciones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (FSE). Los recurrentes, Luis A. Alicea Berríos y Carlos R. Ríos Rivera, impugnaron la reinstalación y nombramiento de Gladys G. Meléndez Díaz al puesto de subdirectora de relaciones laborales. Alegaron que su regreso a un puesto de carrera tras ocupar puestos de confianza violaba el reglamento del FSE y el principio de mérito. La Junta de Apelaciones del FSE había decretado el archivo con perjuicio del recurso de los recurrentes. La Junta entendió que los recurrentes carecían de legitimación activa y derecho al remedio solicitado. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y las alegaciones de las partes. Por las razones expuestas en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso interpuesto por los recurrentes.

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El sargento Bienvenido Caraballo Rodríguez fue expulsado de su puesto en la Policía de Puerto Rico tras una investigación administrativa. Inconforme, apeló la determinación ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). La CIPA emitió una orden paralizando los procedimientos ante su consideración, invocando la Ley PROMESA y la orden de la Corte de Quiebras. El recurrente acudió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Revisión Administrativa. Alegó que la CIPA erró al ordenar la paralización y al no notificarle su derecho a recurrir y el término para hacerlo. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar el recurso, priorizando la cuestión jurisdiccional. Mediante Sentencia, el Tribunal desestimó el recurso presentado. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. El Tribunal concluyó que el recurso había sido presentado de forma prematura.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una decisión administrativa de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). La recurrente, Ana I. Rivera Alvarado, apeló la desestimación de su querella contra Oriental Bank & Trust. Su querella alegaba que el banco aumentó su pago hipotecario debido a supuesta falta de pago de contribuciones municipales (CRIM). La Sra. Rivera Alvarado sostuvo que Oriental Bank solo realizó pocos pagos al CRIM y que ella tuvo que pagar directamente para evitar la ejecución de su propiedad. Oriental Bank explicó que el problema surgió tras la inactivación del número de catastro original a solicitud de la recurrente. Indicaron que reanudaron los pagos al CRIM en 2017 tras recibir un número de catastro actualizado, realizando pagos en 2017, 2018 y 2019 basados en la nueva información contributiva. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de la OCIF que desestimó la querella de la Sra. Rivera Alvarado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La Resolución del DACo ordenó el cierre y archivo de una querella presentada por Pedro Ignacio Rubí Tomé contra el Consejo de Titulares del Condominio Solemar. La querella impugnaba la distribución de fondos para la reconstrucción de áreas afectadas por el Huracán María. El DACo cerró el caso porque el querellante, Rubí Tomé, no compareció a la vista administrativa señalada. El documento detalla el historial procesal, incluyendo la presentación de la querella, mociones de las partes y la notificación de la vista. La notificación de la vista incluía un apercibimiento sobre las consecuencias de la incomparecencia. Rubí Tomé presentó una solicitud de término adicional para un trámite al día siguiente de la fecha de la vista. La Juez Administrativo procedió a archivar la querella ante la ausencia del querellante. La Resolución de archivo fue notificada a Rubí Tomé y a su representante legal. El Tribunal de Apelaciones evalúa ahora la legalidad de la decisión del DACo de archivar la querella por incomparecencia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de revisión administrativa contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La recurrente, Sra. Alba Sheila Castro Colón, impugna la desestimación de su querella contra la Junta de Directores y Asociación de Residentes de Villas del Faro. Su querella original ante el DACo buscaba anular una asamblea extraordinaria del condominio celebrada el 22 de septiembre de 2018, alegando incumplimientos con la ley y el reglamento. La Sra. Castro Colón estuvo presente en la asamblea pero se retiró antes de su culminación, presentando su querella el 15 de noviembre de 2018. El DACo desestimó la querella por haber sido presentada fuera del término jurisdiccional de treinta días establecido por ley. La agencia determinó que la presencia de la querellante en la asamblea hacía que el término comenzara a correr desde esa fecha, y su retiro no justificaba la presentación tardía. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del DACo. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal concluyó que el dictamen del DACo fue correcto. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirma la resolución que desestimó la querella por extemporaneidad.

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Se presenta una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución del Departamento de Educación. La recurrente, madre de la estudiante, impugna la desestimación sumaria de su querella sobre la elegibilidad de su hija para el Programa de Educación Especial (PEE). Previamente, la madre había presentado una querella inicial cuestionando la inelegibilidad. Este proceso incluyó una evaluación psicoeducativa y una reunión del Comité de Programación y Ubicación (COMPU). En la reunión del COMPU, las partes no lograron un acuerdo sobre la elegibilidad, manteniendo el Departamento su postura de no elegibilidad para el PEE. Posteriormente, la madre solicitó y obtuvo el cierre y archivo de esa primera querella. Tres meses después, la madre presentó una nueva querella solicitando específicamente que se ordenara la elegibilidad de la estudiante. El Departamento de Educación desestimó esta segunda querella. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa si procedió dicha desestimación sumaria a la luz del historial procesal previo.

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Este caso se centra en la solicitud de un confinado para ser trasladado fuera de la unidad de custodia protectiva. El Departamento de Corrección y Rehabilitación denegó la petición basándose únicamente en que el confinado había solicitado dicha custodia voluntariamente hace más de diez años. El confinado argumenta que sus circunstancias actuales no requieren que permanezca en custodia protectiva. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del Departamento. Se señaló que el Reglamento de Clasificación de Confinados permite a quienes entraron voluntariamente a custodia protectiva solicitar su salida en cualquier momento. El Tribunal concluyó que el Departamento erró al rechazar la solicitud de plano, sin considerar si las circunstancias actuales justifican mantener al confinado en custodia protectiva. La decisión del Departamento se basó en un factor histórico sin evaluar la necesidad presente de protección.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una determinación administrativa. El caso surge de la impugnación por JC & Assoc. Property Management Group, Inc. de la adjudicación del Request for Proposal S-20-04 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para servicios de mantenimiento. La Autoridad rechazó la propuesta de JC por no cumplir con el requisito de experiencia y adjudicó parcialmente el contrato a Mangual's Office Cleaning Services, Inc. y Perfect Integrated Solutions, Inc. JC alegó tener la experiencia requerida y que los licitadores agraciados debieron ser descalificados por incumplimientos en la presentación de documentos. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de la Autoridad. Resolvió que la recurrente no acreditó poseer la experiencia exigida. Además, determinó que no procedía la descalificación de los demás licitadores en los términos planteados por JC.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Gerardo Ayala García, una persona confinada, impugnó una decisión de la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Ayala cuestionaba la duración de su sentencia, alegando derecho a bonificaciones y un cálculo incorrecto del tiempo cumplido. El DCR había denegado su solicitud administrativa, indicando que la petición de modificar su sentencia era improcedente y aclarando el tiempo de reclusión restante. Ayala acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de la decisión del DCR y la exención del pago de una pena especial. El Tribunal examinó su jurisdicción sobre el caso. Tras considerar los autos, el Tribunal decidió DESESTIMAR el recurso presentado por el señor Ayala.

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Luis F. Rodríguez Colón apeló la denegatoria de beneficios de desempleo por parte del Negociado de Seguridad de Empleo (NSE). El recurrente renunció a su empleo alegando diversas inconformidades laborales. El NSE determinó inicialmente que abandonó el trabajo sin justa causa, descalificándolo para recibir beneficios. Tras varias etapas administrativas, incluyendo audiencias ante un árbitro y una reconsideración, la decisión inicial fue confirmada. El árbitro concluyó que la renuncia fue voluntaria y sin justa causa, al no agotar los recursos para resolver la situación laboral. La Secretaria del Trabajo y Recursos Humanos revisó el caso y adoptó las determinaciones del árbitro, confirmando la inelegibilidad. El Sr. Rodríguez Colón recurrió entonces ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente administrativo. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la decisión administrativa recurrida. Se concedió al recurrente litigar como indigente, relevándolo del pago de aranceles.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión judicial de una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, un miembro de la población correccional, impugnó la respuesta administrativa a su solicitud sobre la pérdida de su plaza de trabajo en el área de mantenimiento de cocina. Alegó que fue despedido injustamente y que otros ocupaban la plaza. El Departamento de Corrección y Rehabilitación respondió que la plaza no estaba disponible porque el área de cocina en esa institución ya no existía. Indicó que el recurrente podría ser considerado si la vacante surgiera nuevamente y le orientó a solicitar otra plaza. El recurrente solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Acudió entonces al Tribunal de Apelaciones, reiterando sus argumentos y alegando violación de derechos y afectación a su plan institucional. El Tribunal revisó la actuación administrativa bajo los criterios de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal determinó confirmar la respuesta administrativa emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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El Tribunal de Apelaciones revisó la denegatoria de libertad bajo palabra emitida por la Junta de Libertad bajo Palabra a Félix O. Viera Corchado. El recurrente, confinado cumpliendo sentencia por asesinato y Ley de Armas, impugnó la resolución de la Junta que le negó el privilegio. La Junta fundamentó su decisión en la supuesta falta de tratamiento completado por uso de sustancias, ausencia de evaluación psicológica reciente y carencia de una propuesta de empleo corroborada. El Sr. Viera alegó que estas determinaciones eran erradas y presentó evidencia documental que contradecía los hallazgos de la Junta, incluyendo certificaciones de tratamiento, evaluaciones recientes y una oferta de empleo. Tras evaluar el recurso, el Tribunal determinó que era forzoso revocar la decisión administrativa. Se ordenó la devolución del caso a la Junta de Libertad bajo Palabra. La Junta deberá celebrar una nueva vista, a más tardar el 31 de agosto de 2020, para reevaluar la solicitud del Sr. Viera conforme a lo dispuesto por el Tribunal y la evidencia presentada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión administrativa. Ivonne Falcón Nieves recurre la resolución de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que confirmó su destitución sumaria. La AAA la despidió por violaciones a su reglamento de conducta y código de ética. Estas infracciones se fundamentaron en siete acusaciones federales por delitos graves de corrupción pública. Los cargos estaban vinculados a sus funciones oficiales en la AAA. Un jurado federal la declaró culpable de todos los cargos en octubre de 2016. La AAA finalizó la destitución en junio de 2019, basándose en dicha convicción. Tras agotar el proceso administrativo, la Oficina de Apelaciones de la AAA confirmó la desestimación de su recurso. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución Final administrativa, validando la destitución.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión de la Comisión Industrial en un caso de compensabilidad laboral. La recurrida, Vivian E. Solá Daumont, sufrió un accidente de trabajo que le causó lesiones en la rodilla y tobillo izquierdos, desarrollando posteriormente trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Tras varias decisiones de la CFSE y apelaciones ante la Comisión Industrial sobre la compensabilidad y grados de incapacidad, la trabajadora presentó una demanda por impericia médica contra la CFSE y sus médicos. En el proceso ante la Comisión Industrial, la CFSE presentó la defensa de transacción, presumiblemente relacionada con la demanda por impericia. La Comisión Industrial declaró No Ha Lugar dicha defensa. La CFSE apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones declara No Ha Lugar la moción de desestimación de la CFSE. Finalmente, el Tribunal confirma la Resolución de la Comisión Industrial que rechazó la defensa de transacción del Fondo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de revisión judicial presentado por José Delgado Carrión contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, confinado en la Institución Correccional de Ponce, solicitaba ser trasladado a la Institución Correccional de Guerrero en Aguadilla. El tribunal procedió a examinar su jurisdicción para atender el recurso presentado. Se recordó que la jurisdicción es el poder del tribunal para considerar y decidir casos y que los asuntos jurisdiccionales deben atenderse de manera preferente. Se explicó que un recurso es prematuro cuando se presenta antes de que nazca la autoridad para acogerlo, lo cual priva al tribunal de jurisdicción. El tribunal determinó que el recurso presentado por el señor Delgado Carrión era prematuro. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se realizó sin entrar a considerar los méritos de la solicitud de traslado.

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Jean Álvarez Vargas compareció ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para revisar una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugna la determinación del Departamento de mantenerlo en custodia máxima. El Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) ratificó la custodia máxima a pesar de que una escala de reclasificación arrojó un nivel de mínimas restricciones. El CCT justificó su decisión mediante una modificación discrecional, citando la gravedad de los delitos (múltiples asesinatos), la extensa sentencia de 151 años y la necesidad de que el confinado complete programas de rehabilitación y evaluaciones. El recurrente alega que el CCT erró al no aplicar una enmienda al manual que permite la reclasificación a custodia mediana para sentencias largas. También argumenta que el CCT usó de forma arbitraria la modificación discrecional basada en la sentencia y gravedad del delito, lo cual está prohibido por las normas internas. El Tribunal de Apelaciones revisará si la actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal o constituyó un abuso de discreción, reconociendo la presunción de legalidad de las decisiones administrativas. El documento presenta el inicio del análisis judicial sobre la controversia de clasificación de custodia.

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Este es un caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, donde un confinado, José Luis Sánchez Vázquez, impugna la denegatoria de su solicitud para participar en el Programa de Pre-Reinserción a la Libre Comunidad. El Departamento de Corrección y Rehabilitación denegó la solicitud basándose en que al recurrente le restan más de cinco años para cumplir el mínimo de su sentencia, proyectado para febrero de 2034. El recurrente argumentó que otro criterio de elegibilidad, disfrutar de pases familiares sin custodia, debería cualificarlo para ser evaluado para el programa. Presentó una moción de reconsideración administrativa, la cual fue denegada, confirmando la razón inicial del rechazo. Inconforme, el confinado acude al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la denegatoria y una orden para permitir su participación. El tribunal examina el caso en el contexto de la política pública de rehabilitación de Puerto Rico y el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección. Se decidió prescindir de la comparecencia del Procurador General para agilizar el proceso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una solicitud del confinado Luis E. Pagán Rivera para cambiar su clasificación de custodia mediana a mínima. El Departamento de Corrección y Rehabilitación había confirmado la determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento de mantener la custodia mediana. Esta decisión se basó en el Reglamento 9033, el cual establece que los confinados a los que les resten más de quince años para ser elegibles para la Junta de Libertad Bajo Palabra deben ser clasificados en custodia mediana. Dado que al Recurrente le restan más de quince años para cumplir el mínimo de su sentencia, el Departamento consideró que procedía mantener su clasificación actual. El Recurrente argumentó que la reglamentación solo requiere asignación a una institución de seguridad mediana, no impidiendo un cambio de nivel de custodia. El Tribunal aplicó su estándar de revisión, otorgando deferencia a las determinaciones de hecho de la agencia basadas en evidencia sustancial, pero revisando las conclusiones de derecho. La autoridad de clasificación del Departamento proviene del Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011 y el Reglamento 8281, que utiliza criterios objetivos. El Tribunal concluyó que la reglamentación aplicable impide la clasificación en custodia mínima hasta que al confinado le falten 15 años o menos para ser elegible para evaluación por la Junta. Por tanto, el Tribunal confirmó la decisión impugnada del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Ricardo Alfonso Di Cristina Rexach presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico solicitando varias acciones del Departamento de Estado. Pidió inscribir "Río Grande" como su firma de autor y registrar dos libros bajo su autoría: "Casa de Origen Di Cristina" y "KamiKase". También solicitó inscribir "Di Cristina" como "religión" y reconocer el contenido de "Casa de Origen Di Cristina" como doctrina de culto. El Tribunal acogió la petición como un recurso de mandamus. El Panel III del Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado. La resolución explica la competencia limitada del Tribunal de Apelaciones. Detalla que el mandamus es un recurso extraordinario para exigir el cumplimiento de deberes ministeriales sin discreción.

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Víctor Lyons Villanueva recurre ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha determinación, emitida el 24 de febrero de 2020, denegó una solicitud de reconsideración por falta de jurisdicción. El recurrente alegaba incumplimiento reglamentario por parte del Departamento y solicitaba la desestimación de una querella y su regreso a un programa de rehabilitación. Sin embargo, el recurrente no adjuntó la determinación inicial que motivó la reconsideración ni presentó señalamientos de error, fundamentos en derecho o documentación pertinente. Estos incumplimientos impidieron al Tribunal de Apelaciones entender y resolver los méritos del recurso. El Tribunal reitera la naturaleza adversativa y rogada del sistema judicial y la obligatoriedad de cumplir rigurosamente con las reglas procesales para perfeccionar los recursos. La falta de cumplimiento que impide al tribunal atender el caso en los méritos conlleva la desestimación. Por consiguiente, ante los múltiples incumplimientos reglamentarios, el Tribunal desestima el recurso de revisión administrativa.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un confinado para revisar una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha resolución desestimó una querella disciplinaria presentada contra el recurrente por violación a un reglamento. La desestimación se basó en un incumplimiento procesal del Departamento, específicamente la falta de notificación adecuada de la vista administrativa. A pesar de la desestimación de los cargos, el recurrente solicitó la revisión judicial para que se declarara que los hechos imputados no ocurrieron. El Tribunal examinó su competencia para revisar decisiones administrativas finales conforme a la Ley de la Judicatura y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Estas leyes permiten la revisión de decisiones que adjudican derechos, obligaciones o imponen sanciones. El Tribunal determinó que una resolución que desestima cargos disciplinarios no constituye una decisión adjudicativa final que imponga una obligación o sanción al recurrente. Por tanto, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para revisar una decisión que resultó favorable al recurrente. En consecuencia, se desestimó el recurso de revisión judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de revisión presentado por un confinado contra una resolución disciplinaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha resolución encontró al recurrente incurso en faltas disciplinarias tras una querella instada en su contra. El recurrente acudió al Tribunal expresando su inconformidad con la determinación administrativa. Sin embargo, al revisar el expediente, el Tribunal advirtió que la resolución administrativa impugnada carecía de la fecha de su expedición. La sentencia destaca la importancia de la notificación adecuada de las decisiones administrativas, incluyendo la fecha, para garantizar el debido proceso de ley y permitir el ejercicio del derecho a la revisión judicial. Una notificación defectuosa, como la ausencia de la fecha de emisión, impide que comiencen a correr los términos jurisdiccionales para apelar. Por lo tanto, el Tribunal determinó que el recurso de revisión era prematuro. Se desestimó el recurso por falta de jurisdicción, ya que la notificación administrativa no cumplió con los requisitos legales para activar el plazo de apelación judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia desestimando un recurso presentado por Juan Alberto Lugo González. El recurrente, un integrante de la población correccional, buscaba la intervención del tribunal tras una supuesta denegación de libertad bajo palabra por la Junta de Libertad Bajo Palabra. La sentencia determina que el recurso incumple sustancialmente con los requisitos del Reglamento del tribunal. Específicamente, el recurrente no acreditó que la Junta emitiera una decisión final revisable sobre el asunto planteado. Tampoco demostró que el recurso fuera presentado de forma oportuna, de existir tal decisión. El tribunal enfatiza que la comparecencia por derecho propio no exime del cumplimiento de las reglas procesales. La falta de acreditación impide al tribunal determinar si tiene jurisdicción para considerar la solicitud. Por consiguiente, el recurso es desestimado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación contra el confinado Rafael Sierra Báez. El Departamento encontró al recurrente culpable de violar varios códigos disciplinarios, incluyendo asistencia de fuga, agresión, comisión de delito grave y violación de reglas de seguridad. Los hechos se relacionan con un incidente ocurrido el 30 de diciembre de 2019, donde el confinado supuestamente agredió a un oficial correccional durante un traslado médico. Esta acción habría facilitado la evasión de otros dos confinados. A pesar de negar los hechos en la vista disciplinaria, el oficial examinador lo encontró culpable basándose en la prueba. Como sanción, se le impuso una suspensión de 60 días de los privilegios de comisaría y visitas. El recurrente solicitó reconsideración sin éxito y acudió al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial. El Tribunal aceptó su comparecencia in forma pauperis y decidió prescindir de la comparecencia escrita del recurrido para agilizar el proceso. El documento introduce el principio de deferencia judicial hacia las determinaciones de las agencias administrativas.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre la elegibilidad de Geovanny Ortiz Pérez para un programa de reinserción. El Departamento había denegado la solicitud indicando que excedía el máximo de sentencia. Al evaluar la respuesta de la agencia, el Tribunal advirtió que carecía de las advertencias legales adecuadas. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) exige que las agencias cumplan con sus preceptos, especialmente en cuanto a la revisión judicial. Las agencias no pueden imponer requisitos jurisdiccionales adicionales mediante reglamento sin autorización expresa de su ley orgánica posterior a 1995. La jurisprudencia establece que las actuaciones administrativas que incumplen sustancialmente con la LPAU son nulas. La ausencia de advertencias legales adecuadas en la decisión del Departamento constituye un defecto procesal. Este defecto priva al Tribunal de Apelaciones de jurisdicción para intervenir en el caso. Por tanto, el Tribunal no puede revisar el fondo de la decisión administrativa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución desestimando un recurso de mandamus instado por Juan E. Amador Colón. El peticionario solicitaba que se ordenara a una jueza del Tribunal de Primera Instancia dictar sentencia a su favor en un caso previo. El Tribunal concluye que la desestimación procede por el craso incumplimiento del peticionario con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Señala que el peticionario no acompañó los documentos pertinentes, no acreditó la existencia del deber ministerial reclamado ni presentó un planteamiento coherente. El Tribunal enfatiza que la comparecencia por derecho propio no justifica el incumplimiento de las reglas procesales. Además, una revisión electrónica del caso original reveló que ya se había dictado una sentencia final y firme en marzo de 2017, desestimando la acción del peticionario. Esta sentencia fue confirmada previamente por el Tribunal de Apelaciones en un recurso de certiorari. Por tanto, el caso en el Tribunal de Primera Instancia ya concluyó con una determinación final y firme. La desestimación se fundamenta tanto en los defectos procesales de la petición de mandamus como en la firmeza de la sentencia en el caso original.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Noel Núñez González y Jaqueline Crespo González contra Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes impugnan una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. Tras la sentencia, los apelantes presentaron una moción conjunta de reconsideración y solicitud de determinaciones de hechos adicionales. El foro primario denegó la reconsideración pero no resolvió la solicitud de determinaciones adicionales. Los apelantes procedieron a apelar ante el Tribunal de Apelaciones. Este tribunal analizó su jurisdicción, recordando que una moción de determinaciones adicionales interrumpe el término para apelar. Dicho término no comienza a transcurrir nuevamente hasta que el tribunal resuelve *ambas* solicitudes cuando se presentan en un solo escrito. Dado que la solicitud de determinaciones adicionales no fue resuelta por el Tribunal de Primera Instancia, el término para apelar aún se encuentra interrumpido. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones concluye que el recurso es prematuro y carece de jurisdicción para atenderlo. Se desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia. Roxana Adorno Acevedo apeló una orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La orden recurrida dispuso el retorno de la menor SPSA a Puerto Rico y concedió la custodia provisional al padre, Carl Soderberg Santiago. Previamente, la madre había solicitado el traslado provisional de la menor a Carolina del Norte por la pandemia y apoyo familiar. El foro primario denegó dicha solicitud tras una vista, basándose en el mejor bienestar de la menor. A pesar de la negativa, la madre se trasladó unilateralmente con la menor a Carolina del Norte. Esta acción motivó la solicitud del padre y la subsiguiente orden de retorno y cambio de custodia provisional. La apelante también presentó una moción urgente en auxilio de jurisdicción y paralización de procedimientos ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del foro primario. Por consiguiente, declaró No Ha Lugar la moción urgente presentada por la apelante.

Resumen:

Una demanda fue presentada el 31 de octubre de 2019 contra el Estado Libre Asociado y agencias relacionadas. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimó la acción el 21 de marzo de 2020, argumentando que no se habían diligenciado los emplazamientos dentro del término de 120 días. Los demandantes solicitaron reconsideración el mismo día, aportando prueba de que los emplazamientos se habían diligenciado el 31 de enero y 3 de febrero de 2020, y sometido al TPI a través de SUMAC en fechas posteriores. El TPI denegó la solicitud de reconsideración. Los demandantes recurrieron ante este tribunal apelativo. Este panel judicial concluye que el TPI erró al desestimar la demanda. La desestimación se basó en una supuesta tardanza en el diligenciamiento que no ocurrió. Los emplazamientos fueron diligenciados de forma oportuna, según la prueba presentada por los demandantes. La Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil establece el término de 120 días para diligenciar, pero la prueba demostró cumplimiento. La sentencia del TPI fue incorrecta al no reconocer el diligenciamiento oportuno.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso enfrenta a Puerto Rico Telephone Co. (Claro) y la Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (HIETEL). Procede de una impugnación en el Tribunal de Primera Instancia de un laudo de arbitraje. El laudo resolvió una querella de HIETEL sobre la suspensión de 30 días impuesta al empleado Ángel De León Figueroa. La suspensión se basó en alegaciones de desviación de ruta de trabajo y falsificación de su reporte diario de horas. El patrono impugnó el laudo ante el TPI, alegando errores de derecho y exceso de facultades por parte de la árbitro. La cuestión principal que el Tribunal de Apelaciones debe determinar es si el TPI utilizó la norma legal correcta para revisar laudos de arbitraje obrero patronales. El documento detalla los antecedentes del caso, incluyendo las faltas imputadas al empleado y la sanción disciplinaria.

Resumen:

Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por el Municipio de San Juan y su Alcaldesa. Solicitaban la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. El caso subyacente fue incoado por el Teniente de la Policía Municipal Radamés Rivera Colón, quien demandó por salarios dejados de percibir y daños tras ser reinstalado luego de una acción disciplinaria. Las partes alcanzaron un acuerdo parcial sobre los salarios, pero el Municipio no cumplió con la sentencia, aduciendo la Ley 3-2017 y un plan de pago a varios años. Rivera Colón solicitó la ejecución, la cual el foro primario denegó, pero ordenó al Municipio acreditar el pago o informar el mecanismo. Posteriormente, el Municipio presentó una moción de desestimación, que el Tribunal de Primera Instancia denegó. El Municipio apeló esta denegatoria mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal y la determinación del foro primario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari, rehusando intervenir con la denegatoria de la moción de desestimación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por Verónica Sastre Robles. La peticionaria solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de supresión de evidencia testifical. Dicha evidencia consiste en las declaraciones de dos coacusados cuya identificación, según la peticionaria, se deriva de sus propias expresiones. Argumenta que sus declaraciones iniciales fueron obtenidas en violación de su derecho constitucional a la no autoincriminación. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ya había confirmado previamente que las declaraciones de la peticionaria se obtuvieron ilegalmente y ordenó su supresión. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. En consecuencia, revocó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia. Ordenó la celebración de una vista evidenciaria. Esta vista se realizará a tenor con la Regla 109 de Evidencia para determinar la admisibilidad de la evidencia testifical impugnada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por la Sucesión Francisca Ramos Vázquez. La Sucesión impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de intervención en un expediente de dominio iniciado por José Antonio González Meléndez. La controversia surge por un aumento en la cabida de la finca de González, que los interventores alegaron invadía terrenos que les pertenecían. El foro primario convirtió el caso a procedimiento ordinario y celebró una vista evidenciaria. Determinó que el aumento de cabida se debió a métodos de mensura modernos o problemas con otras colindancias, no a la invasión del predio reclamado por los interventores. El tribunal de instancia dio credibilidad al agrimensor de la propia Sucesión, quien testificó que los puntos de colindancia no se habían movido. Basado en ello, denegó la intervención de la Sucesión. La Sucesión recurrió en certiorari, alegando errores en la apreciación de la prueba y la improcedencia del aumento de cabida en el expediente de dominio. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega el recurso de certiorari.

Resumen:

Se trata de una Sentencia de un panel de jueces revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El Peticionario, Ezequiel Bulerín López, solicitó la revisión de la denegatoria a su pedido de modificación de sentencia. Fue condenado en 2005 por hechos de 2003, recibiendo penas concurrentes por asesinato/conspiración y consecutivas por delitos de armas. Su solicitud de modificación de 2019 invocó el principio de favorabilidad y las normas sobre concurso de delitos del Código Penal de 2012. Argumentó que la Ley de 2004 que impuso la consecutividad en delitos de armas no debía aplicarse retroactivamente a sus hechos. También cuestionó la pena máxima impuesta por un delito de armas y la eliminación de bonificaciones. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud en agosto de 2019. Mediante recurso de certiorari, el Peticionario impugnó dicha denegatoria. Este Tribunal expidió el auto solicitado pero confirmó la determinación del foro recurrido.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa resoluciones del Tribunal de Primera Instancia de Guayama en un caso civil. El litigio se origina en una disputa durante la asamblea anual de 2015 del Club Náutico de Guayama, Inc. Un socio, Luis Alberto Domínguez Carrasquillo, presentó una querella contra el entonces secretario, Nelson Rodríguez Rivera, resultando en una votación para su destitución y expulsión. La junta directiva inicialmente ratificó la decisión, pero luego la revocó tras una comunicación de Rodríguez Rivera. Domínguez Carrasquillo demandó al Club y a la junta, alegando que la revocación de la expulsión fue ilegal. Los peticionarios en este recurso de certiorari impugnan la denegatoria del TPI a su moción de sentencia sumaria parcial y a las mociones para desestimar presentadas por el Club Náutico. El Tribunal de Apelaciones expide el auto para revisar estos dictámenes. Confirma la resolución que deniega las mociones para desestimar del Club Náutico. Revoca la resolución que deniega la moción de sentencia sumaria parcial interpuesta por los peticionarios.