Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 185)

Resumen:

Este es un recurso de apelación contra una sentencia parcial que desestimó una causa de acción en una demanda presentada por un consejo de titulares de condominio contra su aseguradora, Mapfre, por daños causados por el Huracán María. El consejo demandó por incumplimiento del contrato de seguro bajo el Código Civil y por violaciones al Código de Seguros, incluyendo prácticas de mala fe conforme a la Ley 247-2018. Mapfre solicitó la desestimación, argumentando que la Ley 247-2018 no era retroactiva y que las reclamaciones bajo esta ley no podían acumularse con las de incumplimiento contractual basándose en la doctrina de concurrencia de acciones. Mapfre sostuvo que permitir ambas reclamaciones resultaría en una doble compensación. El consejo de titulares replicó que la Ley 247-2018 sí es retroactiva y que el Código de Seguros permite acumular reclamaciones por incumplimiento contractual y mala fe, siempre que no haya doble recobro por el mismo daño. El consejo argumentó que esta interpretación concuerda con el propósito de la ley de desalentar la mala conducta de las aseguradoras. La apelación evalúa si el tribunal de primera instancia desestimó correctamente la reclamación bajo el Código de Seguros basándose en estos argumentos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre la clasificación de custodia del confinado Carlos L. González Rivera. El Sr. González Rivera, quien cumple una larga sentencia por delitos graves, impugna la decisión administrativa que ratificó su nivel de custodia mediana. El Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento revisó su caso y mantuvo la custodia mediana el 31 de enero de 2020. La decisión se basó principalmente en la existencia de una orden de detención o deportación del Estado de New Jersey. Según la normativa interna, la presencia de dicha orden activa una modificación no discrecional que recomienda automáticamente la custodia mediana, a pesar de su puntuación en la escala de clasificación. El confinado apeló esta determinación dentro del Departamento, pero su apelación fue denegada. El Supervisor de Clasificación confirmó que la orden de New Jersey justifica la custodia mediana, considerando también la gravedad de sus delitos y la pena restante. Esta sentencia evalúa la legalidad del proceso administrativo que mantuvo al Sr. González Rivera en custodia mediana.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Airborne Security Services impugnó la adjudicación de la Subasta Núm. 220001591 por la Junta de Subastas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. La Junta había adjudicado la subasta a Bridge Security Services, a pesar de que Airborne presentó una oferta más baja. Airborne argumentó que el aviso de adjudicación era defectuoso y que la buena pro debió ser para su compañía. Tras ser denegada su solicitud de reconsideración por la Junta, Airborne acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal consideró la amplia discreción de las agencias en la evaluación de subastas y el interés público que las reviste. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar la adjudicación realizada por la Junta de Subastas.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Mandamus. El peticionario, un miembro de la población correccional, solicitó que se ordenara al Departamento de Corrección y Rehabilitación tramitar las solicitudes de remedios administrativos sin dilaciones y conforme a la reglamentación. Alegó falta de celeridad y violaciones procesales en el manejo de las quejas de los confinados. Como ejemplo, citó el largo tiempo que tomó la agencia en responder a su propia solicitud de remedio sobre la calidad de los alimentos. El peticionario buscaba asegurar que la agencia cumpliera con la reglamentación aplicable en el procesamiento de estos remedios. El tribunal examinó la naturaleza del auto de mandamus, describiéndolo como un recurso extraordinario y discrecional para exigir el cumplimiento de deberes ministeriales mandatorios. Señaló que este recurso solo procede cuando no existe otro remedio legal adecuado. Tras considerar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió desestimar la petición de mandamus.

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El Tribunal de Apelaciones revisó, mediante recurso de certiorari, una resolución del Tribunal de Primera Instancia que autorizó a los asegurados (Angeli Apartments, et al.) a someter una disputa sobre daños por Huracán María al proceso de valoración (appraisal) establecido por la Ley 242-2018. La controversia surgió de una demanda por incumplimiento contractual relacionada con una póliza de seguros vigente antes de la aprobación de dicha ley. Los asegurados solicitaron el appraisal amparándose en la Ley 242-2018, que enmendó el Código de Seguros para requerir la participación de las aseguradoras en dicho proceso si el asegurado lo solicita. Triple-S Propiedad, Inc., la aseguradora, se opuso, argumentando que la ley no aplicaba retroactivamente a contratos perfeccionados antes de su vigencia y que la póliza excluía expresamente el appraisal. El Tribunal de Primera Instancia autorizó el proceso de appraisal sin fundamentar la aplicación retroactiva de la ley. Triple-S apeló, señalando como error principal la aplicación retroactiva de la Ley 242-2018. El Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto de certiorari solicitado por Triple-S y revocar la resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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Fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación sobre pensión alimentaria. La apelante, Iris A. González Rosa, impugna la Resolución y Orden enmendada del Tribunal de Primera Instancia que fijó la pensión alimentaria a cargo del apelado, Víctor G. Laureano Navarro. La decisión del Tribunal de Primera Instancia acogió las recomendaciones de la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA), quien evaluó los ingresos y gastos de las partes tras una vista. La apelante solicitó reconsideración de la decisión inicial, cuestionando la imputación de ingresos al apelado y alegando ingresos adicionales. Tras un informe enmendado de la EPA, el Tribunal de Primera Instancia modificó ligeramente la pensión y el porcentaje de gastos médicos. Insatisfecha con este dictamen enmendado, la señora González Rosa presentó el recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso y la decisión apelada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una apelación presentada por Roberto J. Trápaga Fonalledas. El apelante impugna sentencias del Tribunal de Primera Instancia que concedieron sentencia sumaria a los apelados, Dr. Ezer Camacho Rodríguez y Dorado Beach East Homeowner's Association, Inc., desestimando su demanda. El Sr. Trápaga Fonalledas había demandado alegando que una construcción violaba servidumbres en equidad y que la asociación aprobó planos sin contar con un reglamento requerido por la escritura. Solicitó un injunction para detener la construcción y declarar nula la aprobación de los planos. Los apelados argumentaron que sí existía un reglamento y que las restricciones principales provenían de la escritura. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de los apelados mediante sentencia sumaria. Este documento inicia el proceso de revisión de esas determinaciones por el Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial y mandamus. El Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices y varios profesores recurrieron contra la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices (JETMA). Impugnaban la decisión administrativa de la JETMA que denegó la aprobación de licencias de proveedor de educación continua para los profesores del Colegio. Adicionalmente, solicitaban un mandamus para compeler a la JETMA a cumplir con sus reglamentos sobre la creación y funcionamiento de la Comisión Revisora de Educación Continua. La controversia surgió tras el rechazo por parte de la JETMA de varios cursos de educación continua presentados por el Colegio. Los recurrentes alegaron que la JETMA incumplió sus propias normas en el proceso de evaluación y notificación de la decisión. El caso se centró en la legalidad del proceso de aprobación de cursos y el cumplimiento reglamentario de la JETMA. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los argumentos, desestimó el recurso. La desestimación se basó en la determinación de falta de jurisdicción para conocer del asunto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una controversia entre la Junta de Retiro y la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. El litigio se originó por las acciones de la Junta de Gobierno relacionadas con el Sistema de Retiro, incluyendo enmiendas a su reglamento. La Junta de Retiro presentó demandas solicitando interdictos provisional y permanente contra la Junta de Gobierno. El Tribunal de Primera Instancia denegó las solicitudes de interdicto y desestimó una de las demandas. El foro primario concluyó que la Junta de Gobierno estaba facultada para enmendar el reglamento y que el alegado incumplimiento fiduciario no justificaba el interdicto. La Junta de Retiro apeló ambas determinaciones ante el Tribunal de Apelaciones. Este Tribunal consolidó los casos apelados. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar ambos dictámenes emitidos por el Tribunal de Primera Instancia.

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Un panel judicial resuelve una petición de certiorari presentada por el señor Francisco Cueto Bernardo. La petición busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó las mociones de sentencia sumaria de ambas partes en un pleito de cobro de dinero e incumplimiento de contrato. El caso se origina de un contrato de arrendamiento con opción a compraventa sobre un espacio comercial, otorgado por el peticionario (arrendador) y los recurridos (arrendatarios) por un término de 10 años. El arrendador demandó a los arrendatarios alegando que estos dejaron de pagar el canon mensual y entregaron las llaves del local en enero de 2020, antes de la expiración del contrato. El demandante reclamó la aceleración y pago de los cánones restantes por un total de \$838,000.00. Los demandados admitieron haber dejado de pagar y entregar las llaves, pero negaron el incumplimiento, planteando defensas como la inexistencia de cláusula de aceleración, la presencia de una cláusula penal, la falta de mitigación de daños y la imposibilidad sobrevenida por pérdidas del negocio. Tras evaluar el recurso, el panel deniega la expedición del certiorari solicitado por el señor Cueto Bernardo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión disciplinaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación contra el confinado Erismael Bujosa Rivera. El Recurrente fue encontrado incurso en violación por posesión de teléfono celular y daños a la propiedad. La querella surgió luego de que un detector de metales se activara al registrarlo. Fue colocado en una celda con otros confinados en situación similar. Posteriormente, se encontraron tres celulares escondidos en el plafón dañado de dicha celda. El Recurrente alegó que el plafón ya estaba roto, que no se le ocupó celular y que nadie lo vio esconder uno. El Tribunal aplica un estándar de deferencia a las determinaciones de las agencias administrativas. Concluyó que la decisión de Corrección estaba apoyada por prueba circunstancial suficiente. La activación del detector, su colocación en la celda y el hallazgo de los teléfonos en el plafón permitieron razonablemente a la agencia inferir que intentó evadir responsabilidad. Por tanto, el Tribunal confirmó la decisión recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Gilberto Soto González. El peticionario solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que denegó una moción para corregir una sentencia al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal. El Tribunal de Apelaciones ejerció su discreción para resolver la petición sin requerir la comparecencia de la parte recurrida. La resolución explica brevemente la naturaleza del certiorari como un recurso discrecional para revisar decisiones de tribunales inferiores y los criterios para su expedición. También detalla las disposiciones de la Regla 185 sobre la corrección o modificación de sentencias. Tras examinar el escrito presentado, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ el recurso de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre la apelación de NDA Services Corp. y Nicolás Amaro. Los apelantes recurren una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó dos causas de acción en su contra. Dichas causas, presentadas por Jorge Meléndez Pinto, son sobre difamación y persecución maliciosa. Meléndez Pinto demandó a los apelantes alegando acoso laboral, represalias, cobro indebido de dinero y daños. Sus reclamos se originan en su empleo como vendedor, donde afirma haber sido forzado a pagar deudas de clientes. Alega haber entregado \$90,000 y firmado un pagaré hipotecario bajo coerción. También sostiene que no le pagaron comisiones, fue difamado y sufrió represalias tras denunciar prácticas laborales. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decide revocar parcialmente la sentencia. La revocación tiene el efecto de restablecer las causas de acción de difamación y persecución maliciosa contra los apelantes.

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Este documento presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso fue interpuesto por el Consejo de Titulares del Condominio Costa Mar Fase II contra el Consejo de Titulares del Condominio Costa Mar Fase I. La apelación busca la revisión de una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que favoreció al Condominio I. El litigio se originó por una demanda de cobro de dinero, incumplimiento de contrato y sentencia declaratoria. La disputa central gira en torno al porciento de participación y el pago de los gastos de mantenimiento de áreas recreativas compartidas por ambos condominios. El Condominio I alegó haber pagado en exceso basándose en una fórmula de cálculo de participación establecida en la Escritura Matriz. Por su parte, el Condominio II sostuvo que existió un acuerdo mutuo para el pago al 50% y cuestionó el cálculo presentado por el Condominio I. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la solicitud de sentencia sumaria del Condominio I, y el Tribunal de Apelaciones confirma dicho dictamen.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre el Consejo de Titulares del Condominio Vista Verde y Mapfre Praico Insurance Company. La apelación surge de una demanda por daños causados por el Huracán María, que incluía reclamaciones bajo el Código Civil y la Ley 247-2018 del Código de Seguros. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la causa de acción basada en la Ley 247-2018. El foro primario concluyó que la Ley 247-2018 exigía agotar un trámite administrativo ante el Comisionado de Seguros antes de presentar la acción judicial. El Consejo apeló, señalando errores en la determinación del tribunal primario. Argumentan que sí cumplieron con el requisito de notificación al Comisionado según la ley. Sostienen que la ley solo requiere una notificación previa, no el agotamiento de remedios administrativos como requisito jurisdiccional para acudir a los tribunales. La apelación busca revocar la desestimación y reinstaurar la causa de acción bajo la Ley 247-2018.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre una petición de certiorari. Los peticionarios, Sammy y Khetam Odeh, impugnan una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha decisión denegó una moción de desestimación presentada por los peticionarios en un pleito civil. El pleito original es una demanda por incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños. La moción de desestimación se fundamentó en supuestos defectos en el emplazamiento por edicto. Los peticionarios alegaron que la notificación del edicto no se realizó correctamente a su última dirección conocida ni a Ketham Odeh y la sociedad legal de gananciales. La parte recurrida sostuvo que el emplazamiento fue adecuado, utilizando una dirección donde el peticionario Sammy Odeh había recibido notificaciones previas. Tras deliberar, el Tribunal de Apelaciones concluyó no expedir el auto de certiorari solicitado. Por consiguiente, también denegó la moción en auxilio de jurisdicción presentada. La resolución explica los antecedentes del caso y los argumentos de las partes sobre el emplazamiento.

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El Tribunal de Apelaciones revisó mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia sobre la descalificación de un abogado en un pleito de alimentos. La controversia surgió de la representación simultánea del licenciado Manuel Bismark Torres Negrón a la señora Lissette García Peña y a sus hijas, Marielis Ibel Ramos García y Arielis Ibel Ramos García. El señor Ariel Abel Ramos Ruiz, padre de las jóvenes, solicitó la descalificación alegando un conflicto de intereses. El Tribunal de Primera Instancia descalificó al abogado, determinando que la representación simultánea de madre e hijas, cuyos intereses podían ser adversos al solicitar pensión de ambos progenitores, violaba el Canon 21 de Ética Profesional. Las hijas, como interventoras-peticionarias, recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido que descalificó al abogado. Se dejó sin efecto la paralización de los procedimientos y se ordenó la continuación del caso en el foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso de Keishmer Román Pérez. El recurrente solicitó la acreditación de bonificaciones de sentencia que le fueron retiradas a raíz de la Ley 44-2009. Alegó que las bonificaciones debían ser restituidas conforme a una tabla actualizada y que ya había cumplido su término mínimo. Previamente, el tribunal requirió al recurrente la presentación de un formulario de indigencia y el apéndice del recurso. El recurrente presentó el formulario de indigencia pero el apéndice estaba incompleto. La resolución aborda la jurisdicción del tribunal para revisar determinaciones administrativas y la importancia del cumplimiento estricto de los requisitos procesales para perfeccionar los recursos. Fundamentado en estos aspectos, el tribunal desestima el recurso de revisión presentado por el recurrente.

Resumen:

Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por Rean Development, Corp. y Lumar Development, Corp. Las peticionarias solicitaron la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de sentencia sumaria parcial en un caso sobre nulidad por fraude a acreedores. El pleito subyacente fue iniciado por Carlos Narváez Cruz para cobrar una sentencia previa contra Orlando R. Ortiz Báez. Narváez enmendó su demanda para incluir a las corporaciones, alegando que Ortiz les transfirió bienes para evadir el pago de la deuda. Las corporaciones argumentaron que las transacciones fueron válidas y no fraudulentas, solicitando la desestimación mediante sentencia sumaria. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, concluyendo que existían hechos materiales controvertidos, particularmente sobre la relación entre Ortiz y las corporaciones y el momento de las transferencias. Determinó que era necesario un escrutinio riguroso de dicha relación. Las corporaciones impugnaron esta denegatoria mediante un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, en esta Resolución, deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por las peticionarias.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión administrativa de la revocación de libertad bajo palabra de Wendell Valle Rosario. El señor Valle Rosario cumplía una sentencia por delitos de drogas y se le concedió libertad bajo palabra con condiciones. En noviembre de 2019, arrojó positivo a cocaína en una prueba de dopaje, lo que motivó una querella. También se le reportó por un incidente de violencia doméstica, aunque este caso resultó en una determinación de no causa. La Junta de Libertad Bajo Palabra celebró una vista final y revocó su privilegio por violar las condiciones de no usar drogas y mantener buena conducta. El señor Valle Rosario recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el recurso presentado. Finalmente, el Tribunal desestimó el recurso de revisión, confirmando la decisión de la Junta de revocar la libertad bajo palabra.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La Cooperativa de Seguros Múltiples solicitó la revisión de la denegatoria a su moción de desestimación en una demanda por incumplimiento de contrato. La demanda fue presentada por Nahir Luna Rivera en relación con una reclamación de seguro por daños causados por el Huracán María. La Cooperativa argumentó que la reclamación había prescrito, ya que la demanda se presentó más de un año después de que notificaron el cierre de la reclamación con un pago parcial. La asegurada, por su parte, alegó que el término prescriptivo fue interrumpido por la sentencia en otro caso judicial. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación de la aseguradora, realizando determinaciones de hecho sobre la póliza, los daños, la reclamación y las fechas relevantes. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Finalmente, confirma la resolución recurrida, validando la decisión del foro primario de no desestimar la demanda por prescripción.

Resumen:

MAPFRE PRAICO Insurance Company presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La petición buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de Desestimación presentada por MAPFRE. El caso subyacente es una demanda por incumplimiento de contrato y otros, presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Paseo del Rocío y otros contra MAPFRE, por la denegación del pago de una reclamación de seguro por daños de huracán. Un punto central de la disputa es un acuerdo mediante el cual el Consejo de Titulares cedió un interés en la reclamación a Attenure Holdings Trust 2. MAPFRE argumentó que esta cesión violaba la póliza y solicitó la desestimación del caso. Los demandantes sostuvieron que se trataba de una cesión "post-pérdida" válida y no prohibida por la póliza. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación, resolviendo que la cesión era de un interés en la reclamación post-pérdida, no de la póliza, y que la póliza no prohibía expresamente tal cesión. El foro primario concluyó que el derecho a reclamar por incumplimiento surge de la ley, no de la póliza. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado por MAPFRE.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia enmendada en el caso de Looks Great Services of MS, Inc. contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Looks impugnó la adjudicación del requerimiento de propuestas (RFP) Núm. 88266 de la AEE para servicios de mantenimiento de vegetación. La empresa recurrente no fue seleccionada, resultando favorecidas otras compañías. Looks presentó solicitudes de reconsideración ante la AEE, argumentando que la notificación y el proceso de evaluación fueron defectuosos y carecían de fundamentos. El Juez Administrativo de la AEE consolidó las querellas y confirmó la adjudicación original tras revisar el proceso. Looks apeló esta decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el recurso presentado. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución emitida por el foro administrativo.

Resumen:

El caso se origina con la solicitud de Innovattel Properties, LLC para un permiso de construcción de una torre de telecomunicaciones, expedido inicialmente por la OGPe en 2016. El recurrente, Jorge Vale Chaparro, cuya solicitud de intervención en el proceso inicial fue denegada, presentó posteriormente una demanda de injunction que resultó en una orden judicial para paralizar la obra. En cumplimiento con dicha orden, Innovattel solicitó una enmienda al permiso original, la cual fue expedida por la OGPe en marzo de 2020. Inconforme, el señor Vale Chaparro recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la OGPe debió requerir una nueva solicitud de permiso y resolver asuntos pendientes antes de emitir la enmienda. Innovattel solicitó la desestimación del recurso. El Tribunal de Apelaciones desestima el caso por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por Primas y Seguros, Inc. contra la Asociación de Suscripción Conjunta de Responsabilidad Obligatorio. La apelación proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. En el foro primario, Primas y Seguros solicitó una sentencia declaratoria sobre su derecho a cobrar comisiones por pólizas de seguro obligatorio gestionadas con la Asociación. La Asociación negó la obligación de pago, alegando que este tipo de seguro no conlleva intervención de productores y planteando defensas como cosa juzgada. Ambas partes presentaron solicitudes de sentencia sumaria ante el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario declaró Ha Lugar la solicitud de la Asociación, No Ha Lugar la de Primas y Seguros y desestimó el caso con perjuicio. Primas y Seguros apeló dicho dictamen, imputando errores al foro primario. No obstante, el Tribunal de Apelaciones determina que procede la desestimación del recurso. La razón para la desestimación por parte del tribunal apelativo es la falta de jurisdicción.

Resumen:

Mapfre Praico Insurance Company solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación y Solicitud de Sentencia Sumaria. Mapfre argumentó que los demandantes, Consejo de Titulares del Condominio Paisajes del Escorial, Attenure Holdings Trust 2 y HRH Property Holdings LLC, incumplieron la póliza al ceder un interés en la reclamación por daños de huracán a Attenure sin su consentimiento. Sostuvo que esta cesión violaba la cláusula de no cesión y que Attenure carecía de legitimación activa. Los demandantes se opusieron, alegando que la póliza no prohibía la cesión post-pérdida de un interés en la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción inicial y una posterior moción de reconsideración, determinando que la cesión de un interés o reclamo por daños no era incompatible con el contrato de seguro. El TPI razonó que la prohibición se refería a la sustitución de la parte asegurada, no a la cesión de un reclamo. Mapfre acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para impugnar estas decisiones. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, denegó la expedición del certiorari solicitado por Mapfre.

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Sentencia de un panel de jueces revisando una decisión previa sobre un caso de despido. Cabrera Hermanos, LLC apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una querella por despido injustificado presentada por Christian Norberto Cabán Cruz. El señor Cabán Cruz alegó haber sido despedido sin justa causa tras una suspensión temporera por los efectos del huracán María. Según su versión, la empresa interpretó su falta de disponibilidad inmediata para reincorporarse como una renuncia. Cabrera Hermanos sostuvo que la suspensión fue por fuerza mayor y que el empleado renunció voluntariamente al no regresar al trabajo cuando se le requirió. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado a Cabrera Hermanos pagar una mesada y honorarios de abogado al empleado. Tras examinar el caso, el tribunal apelativo resolvió revocar la sentencia recurrida. Se desestimó con perjuicio la querella por despido injustificado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Los peticionarios, Juan R. Núñez Sánchez y Kareen Vélez Olivieri, demandaron a Oriental Bank (anteriormente Scotiabank) por daños y perjuicios. La demanda se basa en alegaciones de "dual tracking" y violación de la Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario en un pleito de ejecución de hipoteca previo, el cual fue revocado por este Tribunal. En el caso de daños, Oriental Bank solicitó requerimientos de admisiones a los peticionarios. Ante la insatisfacción con las respuestas, Oriental Bank pidió que se tuvieran por admitidos. El TPI ordenó a los peticionarios contestar requerimientos específicos en diez días, bajo apercibimiento. Los peticionarios solicitaron reconsideración, la cual fue denegada por el TPI, manteniendo el término adicional. El recurso de certiorari busca revisar esta denegatoria, pero el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de Sentencia Sumaria presentada por Infopáginas, Inc. El caso original fue incoado por José de Jesús Monteagudo Pérez contra Infopáginas por despido injustificado y discrimen por edad. Monteagudo Pérez alegó haber sido despedido sin justificación tras trabajar como consultor de medios digitales. Infopáginas sostuvo que el despido fue justificado por el incumplimiento del empleado con las cuotas de venta y un plan de mejoramiento. El querellante, aunque admitió no cumplir ciertos objetivos, argumentó que las métricas eran arbitrarias y discriminatorias, impidiéndole competir equitativamente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria de Infopáginas. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto discrecional. Finalmente, el panel revocó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Se presenta una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Rosa A. Torres Martínez. La petición busca revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de liquidación de comunidad de bienes gananciales y herencia contra la Sucesión Jaime Rodríguez. El dictamen del TPI que se impugna admitió la contestación enmendada a la demanda presentada por la parte recurrida. El pleito original fue incoado por la Sra. Torres Martínez, quien estuvo casada con el causante por 46 años, buscando liquidar bienes adquiridos durante su relación y matrimonio. La demanda también solicita la nulidad de actos que alegadamente defraudaron la comunidad de bienes. Una controversia central gira en torno a una propiedad en Lajas adquirida en 1970, que la peticionaria considera ganancial pero que los recurridos alegan fue cedida a una hija y le pertenece por usucapión. Los recurridos también presentaron una reconvención contra la peticionaria por supuesta negligencia en el manejo de deudas contributivas de las propiedades. El certiorari busca revisar la decisión procesal del TPI de admitir la contestación enmendada en el marco de esta disputa sobre la liquidación de bienes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en respuesta a una petición de certiorari presentada por José Manuel Santiago Casiano. El recurso buscaba revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso criminal por infracciones a los Artículos 401 y 412. El Pueblo de Puerto Rico, a través del Procurador General, compareció oponiéndose a la petición y defendiendo la decisión recurrida. El Tribunal evaluó los escritos de ambas partes. Aplicando el estándar de revisión de la discreción del foro primario, el Tribunal determinó que no fue persuadido de que el Tribunal de Primera Instancia hubiera cometido error alguno. Concluyó que no se justificaba su intervención en esa etapa de los procedimientos. Por consiguiente, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari. Asimismo, dejó sin efecto su Resolución previa que había ordenado la paralización de los procedimientos ante el foro primario.

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Katia Y. Toro Cruz, quien se encuentra confinada, presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La petición busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Mayagüez. Mediante esa Resolución, el TPI denegó la solicitud de la peticionaria para cumplir concurrentemente varias sentencias. El TPI determinó que las sentencias, impuestas en casos que incluyen tentativa de homicidio, fueron dictadas conforme a derecho. Las sentencias corresponden a los casos ISCR201501348 al ISCR201501353 y fueron dictadas en enero de 2016. La señora Toro Cruz presentó su petición por derecho propio y en forma pauperis, lo cual fue autorizado. El Tribunal de Apelaciones decidió prescindir de la comparecencia del Pueblo de Puerto Rico. El documento discute la naturaleza discrecional del auto de certiorari y los criterios para su expedición. Esta Resolución aborda la evaluación inicial de la petición por parte del panel apelativo.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por MAPFRE Praico Insurance Company contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó la moción de desestimación parcial de MAPFRE en una demanda por daños de huracanes presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Coral Beach. El Consejo de Titulares reclamó incumplimiento contractual y daños bajo la Ley 247-2018 por los daños causados por los huracanes Irma y María. MAPFRE argumentó que la Ley 247-2018 no aplicaba retroactivamente a estos hechos y que las causas de acción contractuales y extracontractuales no podían acumularse. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la Ley 247-2018 aplica retroactivamente a reclamaciones por el Huracán María. Además, concluyó que dicha ley concede una causa de acción adicional que puede acumularse con la de incumplimiento contractual. Esta acción adicional bajo el Código de Seguros procede si se demuestra mala fe y voluntario incumplimiento por parte de la aseguradora. Tras revisar la determinación del TPI, el Tribunal de Apelaciones confirma la Orden recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Estancias Reales, S.E. solicitó un auto de certiorari para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La resolución del TPI declaró No Ha Lugar una solicitud de desestimación presentada por Estancias. Los recurridos (RDS Construction Corp. y otros) demandaron a Estancias y otros codemandados por incumplimiento de contrato y daños en proyectos de construcción. Reclamaron sumas considerables por obra realizada y daños. Estancias solicitó la desestimación alegando que los recurridos no la emplazaron dentro del término de 120 días. Cuestionó la validez del emplazamiento posterior, autorizado por el TPI mediante edicto tras intentos infructuosos de emplazamiento personal. El TPI denegó la desestimación. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Estancias Reales, S.E.

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La Resolución del Tribunal de Apelaciones atiende un recurso de certiorari presentado por Iván Rodríguez Rentas. El peticionario impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de designación de abogado de oficio. Dicha solicitud se realizó en el marco de un caso civil de daños y perjuicios que el peticionario instó contra Asistencia Legal Ponce. El peticionario alegó representación legal negligente y solicitó abogado por no contar con recursos económicos. El foro primario denegó la solicitud, indicando que los casos de daños y perjuicios no cualifican para la asignación de abogado de oficio bajo el ordenamiento vigente. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación y recordó que el derecho a asistencia de abogado se garantiza en procesos criminales, pero no se reconoce en el ámbito civil. Aunque existe la posibilidad de asignación discrecional en casos civiles excepcionales, la denegatoria del foro primario fue consistente con la ley y la jurisprudencia. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto discrecional de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Orlando Feliciano contra Luxury Hotels International. El apelante demandó a su antiguo empleador por despido injustificado bajo la Ley 80, discrimen por edad y raza, y violación a la WARN Act, tras su cese en 2016. Luxury Hotels solicitó la desestimación alegando que el apelante firmó un Acuerdo Confidencial de Separación y Relevo General, recibiendo \$19,661.00 a cambio de renunciar a dichas reclamaciones. El apelante se opuso, argumentando la nulidad del acuerdo por renunciar a derechos irrenunciables bajo la Ley 80 y ser contrario al orden público. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la querella con perjuicio basándose en la validez del acuerdo. El señor Feliciano apeló dicha determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar los argumentos y el acuerdo confidencial, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por Universal Insurance Company. La aseguradora impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios por un accidente de tránsito. La demandante, Denisse Ojeda Correa, reclamó compensación por alegados daños físicos y mentales. La controversia se centra en el descubrimiento de prueba, específicamente el registro de llamadas del asegurado de Universal Insurance. La demandante obtuvo una orden judicial para que los proveedores telefónicos produjeran dichos registros. Posteriormente, Universal Insurance solicitó a la demandante la producción de esos mismos registros. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de Universal, indicando que la prueba era obtenible de forma menos onerosa (a través de su propio asegurado) y que la demandante la usaría para impugnación. Universal Insurance recurrió esta decisión mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega la expedición del recurso de certiorari. Con ello, se mantiene la determinación del foro primario de no ordenar a la demandante producir los registros solicitados por la aseguradora.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de certiorari presentado por Migdalia López Gómez contra AEELA y otros. La peticionaria recurrió una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para notificar nuevamente una sentencia parcial. Tras la denegatoria de reconsideración en instancia, la Sra. López Gómez acudió al Tribunal de Apelaciones. La parte recurrida, AEELA, solicitó la desestimación del recurso por alegada falta de notificación a todas las partes necesarias, incluyendo a la abogada del Estado Libre Asociado y a la Oficina del Procurador General. El Tribunal de Apelaciones requirió a la peticionaria mostrar causa por la cual no debía desestimarse el recurso. La peticionaria se opuso a la desestimación, argumentando que las notificaciones llegaron al Departamento de Justicia. Sin embargo, el Tribunal determinó que la peticionaria incumplió con su reglamento. Por tanto, el Tribunal resolvió desestimar la petición de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202000372, originado en el Tribunal de Primera Instancia por cobro de dinero. El peticionario, Francisco Valdés Pérez, solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de inhibición. El Tribunal de Apelaciones acoge la apelación como un recurso de certiorari para revisar dicha determinación. Se resume el tracto procesal del caso original, iniciado en 2018, donde el peticionario presentó una demanda por cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños. Se mencionan las gestiones del peticionario para litigar como indigente y las dificultades encontradas en el proceso de emplazamiento de las partes demandadas. El Tribunal de Primera Instancia había establecido términos para el emplazamiento y requerido gestiones del peticionario. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Haydee Flores Rodríguez contra MAPFRE PRAICO Insurance Company. La apelación busca la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda de la Sra. Flores. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato, mala fe y dolo por parte de MAPFRE en el manejo de una reclamación de seguro por daños de huracán a la propiedad de la apelante. La Sra. Flores argumentó que MAPFRE subvaloró los daños y actuó de manera intencional y con mala fe. MAPFRE se defendió alegando que los daños fueron pagados en su totalidad y que aplicaba la doctrina de pago en finiquito. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de MAPFRE, desestimando la demanda con base en el pago en finiquito. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar los fundamentos de la decisión del TPI. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones resuelve revocar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000483, apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El recurso fue presentado por Virgen Santiago Valentín contra Mapfre Insurance Company por daños e incumplimiento de contrato tras el Huracán María. La apelante alegó que Mapfre subvaloró los daños a su propiedad y actuó de forma desleal. El foro primario desestimó sumariamente la demanda al determinar que se había configurado el pago en finiquito. Mapfre sostuvo que la apelante aceptó el pago total al endosar y cobrar un cheque. La señora Santiago apeló dicha determinación, cuestionando la aplicación de la defensa de pago en finiquito en esa etapa procesal. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia apelada. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones REVOCA la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Ramón L. Pérez Pagán y otros, apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Utuado. La sentencia apelada declaró No Ha Lugar una demanda sobre interdicto posesorio, derecho de paso y declaración de servidumbre. Los demandantes apelantes adquirieron una propiedad enclavada de los demandados apelados. Alegaron la existencia de una servidumbre de paso voluntaria y aparente sobre el remanente de la finca de los demandados, la cual no estaba inscrita. Sostuvieron que siempre usaron dicho camino, pero los demandados lo bloquearon tras un incidente. Solicitaron un interdicto para restablecer el paso, la declaración e inscripción de la servidumbre. Los demandados apelados negaron las alegaciones, argumentando que los demandantes no cumplían los requisitos del interdicto por falta de posesión previa del camino. Además, señalaron que la acción declaratoria de servidumbre requería un proceso civil ordinario. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el expediente, confirma la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Western Auto of Puerto Rico. La empresa impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para anular una sentencia parcial en rebeldía. Dicha sentencia fue dictada en un caso laboral instado por Edshel Torres Ortiz por despido injustificado y discrimen por edad, tramitado bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. Western Auto no contestó la querella tras ser emplazado, lo que llevó a la anotación de la rebeldía y la sentencia. El foro primario validó la sentencia, entendiendo que la notificación fue conforme a derecho. Torres Ortiz solicitó la desestimación del certiorari por presentación tardía, argumentando que se presentó fuera del término jurisdiccional de 10 días de la Ley Núm. 2. Western Auto se opuso, sosteniendo que un planteamiento de nulidad por falta de jurisdicción puede presentarse en cualquier momento. El Tribunal de Apelaciones evalúa el trámite procesal y los argumentos de las partes para resolver el recurso.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones varias partes para impugnar la Carta Normativa CN-2020-281-D de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). Dicha carta normativa, emitida el 25 de junio de 2020, enmendó una anterior para aclarar que las pólizas maestras de condominio solo deben cubrir elementos comunes. Estableció que los elementos privativos originales deben ser asegurados individualmente por cada titular. Los recurrentes alegaron que esta norma imponía nuevas obligaciones y debió seguir el proceso formal de reglamentación bajo la LPAU. La OCS solicitó la desestimación del recurso. Argumentó que la Ley de Condominios original fue derogada por una nueva ley. Como consecuencia, la OCS emitió la Carta Normativa CN-2020-285-D, la cual derogó la carta normativa impugnada. La OCS sostuvo que la derogación hacía el recurso académico. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de certiorari presentado por Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. El recurso impugnaba tres determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre impugnación de confiscación de vehículo. La Cooperativa había presentado una demanda, consignado una fianza de $2,000 y solicitado la devolución del vehículo o una orden para evitar su disposición. También presentó una moción urgente reiterando su solicitud. El foro primario señaló una vista de legitimación activa para atender estos asuntos, inicialmente para el 1 de abril de 2020. Debido a la emergencia nacional, la vista fue reseñalada para el 23 de septiembre de 2020. La Cooperativa alegó que el TPI erró al no autorizar la fianza y al pautar la vista sin ordenar la no disposición de la propiedad. Tras ordenar la paralización de los procedimientos en el TPI y recibir la comparecencia de la parte recurrida, el Tribunal de Apelaciones examinó el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ la expedición del recurso de certiorari presentado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el recurso presentado por EC Waste, Inc. contra Ángel Felipe Arzuaga Ortiz. El caso se originó por una querella de hostigamiento laboral, represalias, discrimen por edad y daños presentada por el señor Arzuaga Ortiz. EC Waste apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la causa de acción por discrimen por origen nacional pero ordenó un juicio plenario para las demás reclamaciones. EC Waste había solicitado sentencia sumaria, argumentando la falta de controversia fáctica. El querellante se opuso, sosteniendo que existían disputas de hechos sobre discrimen por edad, hostigamiento y represalias que requerían ser dilucidadas en juicio. El Tribunal de Apelaciones revisó los planteamientos de las partes. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial recurrida. En consecuencia, la reclamación por discrimen por origen nacional queda desestimada, mientras que las demás causas de acción continuarán hacia un juicio plenario.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de sentencia declaratoria. La Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico solicitó al tribunal dejar sin efecto una resolución previa del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución de instancia había denegado una Moción de Sentencia Sumaria presentada por la Cooperativa. El caso subyacente fue iniciado por Flexible Packaging Group contra Real Legacy Assurance Co. y la Cooperativa, tras una disputa por reclamaciones de seguro luego del huracán María. Flexible Packaging alegó que la Cooperativa era responsable como garantizadora de Real Legacy bajo un acuerdo de mantenimiento de capital. La Cooperativa argumentó en su moción que Flexible Packaging carecía de legitimación activa para demandarla bajo dicho acuerdo, el cual, según la Cooperativa, no otorgaba derechos a terceros y había expirado. Tras analizar los escritos y la normativa, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. Esta decisión mantiene vigente la determinación del Tribunal de Primera Instancia de no desestimar el caso contra la Cooperativa mediante sentencia sumaria.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por las compañías de seguros Mapfre. Las peticionarias solicitan la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un pleito sobre incumplimiento de contrato y daños relacionado con reclamaciones por el Huracán María. El TPI denegó una solicitud de sentencia sumaria y desestimación instada por las aseguradoras. El foro primario concluyó que la etapa procesal no era propicia para desestimar sumariamente el caso. Además, el TPI afirmó que la Ley Núm. 247-2018 aplicaba a los pleitos pendientes surgidos a raíz del paso del Huracán María. Las peticionarias presentaron una moción de reconsideración ante el TPI, la cual también fue declarada No Ha Lugar. Inconformes, interpusieron el recurso de certiorari, alegando errores del TPI al denegar la sentencia sumaria y la desestimación. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.