Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 18)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones atiende un recurso presentado por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Sentencia desestimó la causa de acción de la CFSE en un procedimiento iniciado por la Junta de Relaciones del Trabajo (JRT). La JRT solicitó al TPI la ejecución de una Decisión y Orden que emitió en 2020. Esta decisión de la JRT declaró Ha Lugar una apelación de la Unión de Empleados de la CFSE (UECFSE) sobre la revocación de la licencia sindical de su presidente en 2017. La JRT determinó que la CFSE actuó incorrectamente al dejar sin efecto dicha licencia basándose en la Ley 26-2017. La decisión de la JRT advino final y firme luego de que la CFSE desistiera de una revisión administrativa previa. Ante la petición de ejecución de la JRT, la CFSE se opuso, argumentando la invalidez o carácter académico de la decisión original. El TPI desestimó los argumentos de la CFSE. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, confirma la Sentencia impugnada del TPI.

Resumen:

Julio M. Rosario Ortiz, un confinado, presentó una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Impugnaba la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) respecto a los precios de los artículos vendidos en la comisaría de la institución penal. Rosario Ortiz argumentó que los precios eran excesivos, superando los parámetros del DACo, y solicitó al DCR su reducción o la cancelación del contrato con el suplidor. Previamente, había presentado una solicitud de remedio administrativo ante el DCR. La División de Remedios Administrativos del DCR desestimó dicha solicitud por falta de jurisdicción, basándose en su reglamento interno. Al no estar de acuerdo, Rosario Ortiz acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó la determinación administrativa, considerando la deferencia que se otorga a las decisiones de las agencias. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el pronunciamiento impugnado, validando la desestimación de la solicitud por parte del DCR.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones en un caso de expediente de dominio presentado por Sonia Miranda Aponte. La peticionaria impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que aplicó la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria (Ley 210-2015) para los requisitos de notificación. El foro primario ordenó notificaciones personales o por correo certificado a varias partes y la publicación de edictos tres veces. La señora Miranda Aponte presentó su petición de expediente de dominio al amparo de la Ley Núm. 118-2022, una ley especial para acelerar procesos de titulación bajo programas de vivienda como CDBG-DR. Argumentó que la Ley 118-2022, al ser especial, prevalece sobre la Ley 210-2015 y solo requiere una publicación de edicto. La peticionaria solicitó que se ordenara citar por edicto una sola vez a las partes desconocidas y a la vendedora cuyo paradero se ignora, conforme a la Ley 118-2022. El Tribunal de Primera Instancia confirmó su orden inicial, desestimando la aplicación de la Ley 118-2022 para las notificaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado por la peticionaria. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución recurrida del foro primario.

Resumen:

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que ordenó el cierre y archivo de un caso. El caso se originó por una querella ante DACo sobre filtraciones en un apartamento del Condominio Los Pinos. DACo emitió una Resolución ordenando a la Junta de Directores del Condominio realizar las reparaciones. Ante el alegado incumplimiento, DACo acudió al TPI para hacer cumplir su orden. El TPI concluyó que la Junta de Directores había cumplido con las reparaciones y archivó el caso. DACo argumentó en apelación que el TPI erró al archivar el caso sin permitir una inspección para verificar la corrección efectiva de las filtraciones y un problema eléctrico. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, revocó la Sentencia apelada del TPI. La decisión subraya la facultad de DACo para solicitar la ejecución judicial de sus determinaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de certiorari presentado por Walkin Ariel Arias de la Cruz. El peticionario impugna la negativa del Tribunal de Primera Instancia a permitirle retirar un acuerdo de culpabilidad previamente aceptado y solicitar un juicio por jurado. Arias de la Cruz se había declarado culpable de varios delitos bajo la Ley 54 tras negociaciones con la fiscalía, luego de que el tribunal verificara la voluntariedad y entendimiento de su alegación. Posteriormente, el peticionario solicitó dejar sin efecto el acuerdo y proceder a juicio, moción que fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia. Tras una solicitud de reconsideración también denegada, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones argumentando que se violaron sus derechos constitucionales al no permitírsele arrepentirse del acuerdo. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los escritos de ambas partes, deniega expedir el auto de certiorari solicitado.

Resumen:

La Universidad Central de Bayamón (UCB) apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda de cobro de dinero bajo la Regla 60. La demanda fue presentada contra Bryan Sánchez Pérez y Catherine Pérez Cardona por deuda de matrícula. El TPI desestimó el caso sin perjuicio al determinar que la notificación de la demanda fue entregada a un vecino y no directamente a los demandados, considerándola defectuosa para el trámite sumario. La UCB solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Inconforme, la UCB apeló ante el Tribunal de Apelaciones, señalando errores del TPI al desestimar por la notificación y no convertir el caso al trámite ordinario. El Tribunal de Apelaciones examinó los requisitos de notificación bajo el debido proceso de ley y la Regla 60. Tras considerar los planteamientos, el Tribunal de Apelaciones Confirma la Sentencia apelada. La decisión valida la desestimación del TPI por la insuficiencia de la notificación en el procedimiento sumario.

Resumen:

Este caso versa sobre una impugnación de paternidad y determinación de filiación presentada por Jaime Otero Vázquez, quien alega ser el padre biológico de una menor cuya filiación legal corresponde a Christian Fraguada Almena. El demandante presentó pruebas de ADN con alta probabilidad de parentesco para sustentar su reclamo. El proceso judicial incluyó una disputa sobre la caducidad de la acción, la cual fue resuelta por el Tribunal de Primera Instancia a favor del demandante tras una vista ordenada previamente por el Tribunal de Apelaciones. Posteriormente, el foro primario, basándose en los resultados de ADN, dictó sentencia declarando la paternidad de Otero Vázquez y ordenando el cambio en el certificado de nacimiento. La madre de la menor apeló, argumentando que el Tribunal de Primera Instancia erró al dictar sentencia sin celebrar una vista evidenciaria sobre el fondo del caso. Alegó que se le privó del derecho a presentar prueba, contrainterrogar testigos y que no se consideró adecuadamente el mejor bienestar de la menor. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia recurrida. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El caso es devuelto al foro primario para que celebre una vista evidenciaria completa sobre la impugnación de paternidad.

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Sentencia de un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso presentado por Jorge A. Santini Padilla. Santini apeló una Resolución Sumaria de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que recomendaba imponerle una multa administrativa. La OEG alegó que Santini violó la Ley de Ética Gubernamental al cobrar simultáneamente por servicios como Asesor Legislativo en el Senado y por labores en la Guardia Estatal durante el Huracán María. Según la agencia, esta concurrencia de cobros ocasionó la pérdida de fondos públicos. Santini argumentó que la OEG carecía de jurisdicción sobre su persona, al no considerarse un "servidor público" bajo la ley, y que la OEG no presentó prueba clara y convincente. El panel judicial, que ya había atendido un recurso previo en este caso, revisó la determinación de la OEG. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el tribunal decidió revocar la resolución recurrida de la OEG.

Resumen:

Luis Hiram Quiñones Santiago compareció ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, un confinado, había solicitado al DCR una certificación de las horas completadas en un curso. Tras presentar una solicitud de remedio administrativo y una reconsideración, recibió respuestas que no le entregaron la certificación requerida. Inconforme, acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión administrativa. El Tribunal, sin embargo, procedió a desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el asunto. La sentencia subraya que la jurisdicción es un requisito fundamental para que un tribunal pueda adjudicar una controversia. La ausencia de jurisdicción es insubsanable y obliga a la desestimación del caso.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Se revisa una resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) que declaró no tener jurisdicción para atender la solicitud de libertad bajo palabra del recurrente, Christian Butler Colón. La JLBP fundamentó su decisión en la Sección 3 de la Ley núm. 85-2024, señalando que el recurrente no había cumplido la totalidad de su pena por el delito de tentativa de secuestro. El recurrente impugnó la resolución, argumentando que la JLBP aplicó retroactivamente la Ley 85-2024, lo cual, a su juicio, viola principios constitucionales como la prohibición de leyes ex post facto. El Tribunal analizó la revisión judicial de decisiones administrativas, considerando la deferencia a las agencias y los criterios para su revocación. Tras evaluar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal concluyó que la JLBP no incurrió en error al declarar su falta de jurisdicción. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Resumen:

Eliezer Santana Báez apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que desestimó sin perjuicio su demanda por daños contra la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM). La desestimación se fundamentó en la falta de diligenciamiento del emplazamiento a ASEM dentro del plazo de 120 días. El apelante argumentó que la responsabilidad de la falta de servicio recayó en los alguaciles del tribunal, no en él, ya que había provisto las direcciones requeridas. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado la expedición y diligenciamiento de los emplazamientos a las direcciones informadas por el apelante. A pesar de la orden, el emplazamiento a ASEM no se completó dentro del término legal. El Estado, al comparecer, señaló que no ostentaba la representación legal de ASEM por ser una entidad jurídica separada. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y los argumentos presentados por las partes. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). AMBA Homes PR LLC apeló la desestimación sumaria de su querella por parte del DACo. AMBA, titular de un apartamento, había querellado al Condominio El Quijote por no celebrar asambleas generales, composición incompleta de la junta y acuerdos adoptados en asambleas extraordinarias, incluyendo derramas. El Condominio solicitó la desestimación ante el DACo alegando falta de jurisdicción. Argumentó que AMBA no cumplió con los requisitos legales y reglamentarios de presentar certificación de no deuda y prueba de titularidad para impugnar acciones del consejo/junta. El DACo desestimó la querella de AMBA por falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso, la oposición y los documentos. El Tribunal de Apelaciones revocó la resolución recurrida del DACo.

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El Consejo de Titulares del Condominio ESJ Towers apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda buscaba impugnar un contrato de acceso de 2017 firmado por el entonces presidente de la Junta, alegando su nulidad por incumplimiento del reglamento. El Tribunal de Primera Instancia declaró la acción prescrita. Determinó que, aunque la ley de condominios vigente al momento no fijaba término para que el Consejo impugnara actos de la Junta, aplicaba por analogía el término de dos años para los titulares. El Consejo argumentó que dicho término no le aplicaba y que la acción de inexistencia contractual no prescribe. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones Confirma la Sentencia apelada.

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La sentencia resuelve el recurso de revisión judicial presentado por el Consejo de Titulares y la Junta de Directores del Condominio Plaza Real Caparra. Los recurrentes solicitaban la revocación de una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha Resolución declaró Ha Lugar una querella incoada por la Sra. Annette Vaillant, titular de un apartamento en el condominio. La querella alegaba daños estéticos y estructurales en su apartamento debido a filtraciones de agua provenientes del techo y paredes. La Sra. Vaillant sostenía que los recurrentes no atendieron adecuadamente el problema desde marzo de 2021. El DACo, tras desestimar a la aseguradora Chubb por falta de jurisdicción, ordenó a los recurrentes pagar \$3,112.76 por los daños. Tras revisar el expediente administrativo y la prueba presentada, el tribunal procedió a confirmar la Resolución emitida por el DACo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revoca una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado (ELA) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). La demanda fue presentada por Sterling Nieves Román, quien sufrió daños en 2014 al saltar de un muelle abandonado en la playa Crash Boat, alegando negligencia de los demandados, incluyendo al ELA/DRNA por supuesta titularidad del muelle. El ELA solicitó la desestimación argumentando que el DRNA no era dueño del muelle, presentando certificaciones para sustentarlo. El TPI acogió la moción de desestimación, concluyendo que el muelle no estaba bajo la autoridad del DRNA. El Apelante recurrió, señalando que el TPI erró al basar la desestimación en certificaciones sin permitir descubrimiento de prueba y al no considerar la posibilidad de enmendar la demanda. El Tribunal de Apelaciones determina que la Sentencia Parcial apelada debe ser revocada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202500043, una apelación sobre una acción civil de nulidad de escritura de compraventa. La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) apeló una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda contra Tribeca Capital Group. La OPPEA presentó la demanda en protección de una adulta mayor y sus familiares fallecidos, alegando la nulidad de una escritura de compraventa de una propiedad. Se argumentó que la escritura fue otorgada fraudulentamente el 23 de mayo de 2024, con la comparecencia de personas que usurparon la identidad de las verdaderas titulares, incluyendo a las fallecidas y a la adulta mayor. La demanda describe el acto como explotación financiera, fraude y uso de documentos falsos, buscando la nulidad de la escritura. El Tribunal de Apelaciones revoca el dictamen apelado del foro de primera instancia. Consecuentemente, el caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para continuar los procedimientos.

Resumen:

El Municipio Autónomo de San Juan apeló dos sentencias del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero contra varios demandados. La demanda original buscaba el pago de cánones de usufructo y contribuciones sobre la propiedad. El Tribunal de Primera Instancia desestimó parcialmente el caso contra una demandada, Ana Josefina Mieres, por no haber sido emplazada dentro del término de 120 días y denegar la solicitud de emplazamiento por edicto. Posteriormente, el foro primario desestimó la totalidad del pleito al no haberse emplazado a los demás codemandados en el mismo plazo. El Municipio recurrió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de ambas sentencias. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial que desestimó la acción contra Ana Josefina Mieres. Asimismo, desestima el recurso de apelación contra la Sentencia final por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso KLAN202500078, presentado por BDO Puerto Rico, PSC contra Chubb Insurance Company of Puerto Rico. BDO apeló la Sentencia Final del Tribunal de Primera Instancia que decretó el desistimiento y archivo sin perjuicio de su demanda, condicionándolo al pago de \$15,000 en honorarios de abogado y costas. La demanda original de BDO contra Chubb era por incumplimiento de contrato, reclamando la cubierta de gastos legales bajo una póliza de seguro profesional por una investigación gubernamental. Chubb se opuso a la solicitud de desistimiento voluntario de BDO, pidiendo que fuera con perjuicio o condicionado al pago de gastos y honorarios debido a la complejidad y etapa avanzada del caso. El Tribunal de Primera Instancia accedió al desistimiento sin perjuicio pero impuso la condición de pago. Tras revisar los argumentos y el historial procesal, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una apelación contra una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito. La apelación fue presentada por la sucesión de Cristina Rivera Rivera y otros contra Ángel L. Malavé Torres y Julia Negrón Rivera. El caso versa sobre posesión indebida y acción contradictoria de dominio respecto a un predio de terreno. El Tribunal de Primera Instancia había declarado "Con Lugar" una moción de sentencia sumaria de los apelados. Dicha sentencia reconoció la adquisición por prescripción adquisitiva del predio en controversia a favor de los apelados. La disputa se originó con una demanda de los apelantes alegando que los apelados invadieron su propiedad durante una construcción. Los apelados contestaron alegando que el área en disputa era parte de su finca adquirida por segregación. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la sentencia sumaria del foro apelado. La revocación se fundamenta en los motivos que se expondrán en la sentencia.

Resumen:

El Municipio Autónomo de San Juan apeló sentencias del Tribunal de Primera Instancia que desestimaron su demanda de cobro de dinero. La demanda original buscaba el pago de cánones de usufructo y contribuciones adeudadas por los apelados. El foro primario desestimó el caso, primero parcialmente contra Ana Josefina Mieres y luego totalmente contra los demás codemandados. La razón principal de la desestimación fue la falta de emplazamiento de los demandados dentro del término improrrogable de 120 días. El Tribunal de Primera Instancia también denegó una solicitud de emplazamiento por edicto por gestiones insuficientes. El Municipio apeló ambas decisiones ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial que desestimó la acción contra Ana Josefina Mieres. Asimismo, desestima el recurso de apelación contra la Sentencia final por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía. En esencia, el Tribunal de Apelaciones valida la desestimación del caso por incumplimiento con los requisitos de emplazamiento.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso surge de una querella presentada por Yomarie López Almodovar contra Autos de San Juan, Inc. La señora López Almodovar adquirió un vehículo usado del concesionario que, posteriormente, se descubrió que carecía de los sellos requeridos con el número VIN en varias piezas. Tras la falta del concesionario en corregir la omisión, la consumidora presentó una querella ante el DACo. El DACo investigó, confirmó la ausencia de los sellos y falló a favor de la consumidora. La agencia ordenó a Autos de San Juan, Inc. reembolsar el precio de compra de \$15,975.00 y coordinar la entrega del vehículo. Autos de San Juan, Inc. solicitó la revisión judicial de esta resolución del DACo ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, tras revisar el caso, confirmó la resolución emitida por el DACo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso surge de una querella presentada por un titular del Condominio Ponciana contra el Consejo de Titulares. La querella impugnó la validez de una Asamblea Extraordinaria celebrada el 10 de julio de 2021. El querellante alegó múltiples violaciones a la Ley de Condominios (Ley Núm. 129-2020), incluyendo irregularidades en la convocatoria, participación de titulares con deudas, y la elección de miembros de la junta directiva que adeudaban cuotas. El Consejo de Titulares defendió la legalidad de la asamblea. DACo declaró la nulidad de la asamblea y ordenó la celebración de una nueva. El Consejo apeló la decisión de DACo ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones modificó la resolución de DACo y, así modificada, la confirmó.

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El Tribunal de Apelaciones desestima un recurso de revisión presentado contra una decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente impugnó la denegatoria de libertad bajo palabra, motivada por la cercanía de su hogar propuesto al de la parte perjudicada. Alegó que el requisito de distancia de 30 millas era excesivo. El recurrente había presentado una moción de reconsideración ante la Junta, la cual aún no había sido resuelta al momento de presentar el recurso ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal fundamenta su desestimación en el incumplimiento sustancial de los requisitos de su Reglamento. Además, señala la falta de una orden o resolución final de la agencia administrativa como requisito jurisdiccional indispensable para la revisión judicial. La jurisdicción para revisar decisiones administrativas requiere que se hayan agotado todos los remedios provistos por la agencia y que la decisión impugnada sea final.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestima un recurso de revisión administrativa presentado por Ángel M. Alicea Hernández contra una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, miembro de la población correccional, impugnaba una determinación del DCR que lo encontró incurso en infracciones disciplinarias y le impuso noventa días de segregación. La querella original lo acusaba de conspirar para lucro propio usando boletas de correspondencia ajenas. En su recurso, el Sr. Alicea Hernández alegó que fue hallado culpable de una infracción (contrabando) no imputada inicialmente y que su conducta no estaba prohibida por el reglamento de correspondencia. El Tribunal, tras examinar el expediente, desestimó el recurso. La sentencia destaca la obligación del tribunal de examinar su propia jurisdicción y la del foro de origen. La desestimación se fundamenta en razones que el tribunal expone en la sentencia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una petición de certiorari presentada por el Gobierno de Puerto Rico y otras entidades. Los peticionarios buscan revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación. El pleito original fue incoado por José A. Fajardo Vega, un agente de la policía, alegando violación de derechos civiles, discrimen en el empleo bajo la Ley Núm. 100, hostigamiento laboral y daños y perjuicios. Fajardo Vega sostiene que fue trasladado ilegalmente y de forma discriminatoria en 2019. El Estado argumentó que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción sobre la materia, pues las alegaciones relativas al traslado debían ventilarse ante la Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP), donde el agente ya había apelado. El Tribunal de Primera Instancia determinó que tenía jurisdicción y que la demanda contenía alegaciones suficientes. La Resolución del Tribunal de Apelaciones aborda la solicitud del Estado para dejar sin efecto esa determinación del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso sobre liquidación de comunidad de bienes. La peticionaria, Mabel Rodríguez Pacheco, solicitó un recurso de certiorari para dejar sin efecto una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión denegó su moción para descalificar al abogado de la parte recurrida, Lcdo. Eufemio Martínez. La peticionaria alegó un conflicto de interés relacionado con la venta de un inmueble en controversia. Argumentó que el abogado pretendía vender la propiedad a otro cliente, basándose en un nombre que aparecía en un informe de tasación. El foro primario desestimó la moción de descalificación, aceptando la explicación de que la mención del nombre fue un error del tasador. La peticionaria recurrió al Apelativo, alegando errores al no descalificar al abogado y al admitir prueba sin permitir contrainterrogatorio. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el caso, deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado. La resolución subraya la naturaleza extraordinaria del mecanismo de descalificación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. El Consejo de Titulares del Condominio Paseo del Rey apeló la decisión que desestimó su demanda contra Universal Insurance Company. El Consejo demandó a Universal alegando violación de contrato y prácticas desleales tras la negación de una reclamación por pérdidas causadas por actos deshonestos de miembros de una junta anterior. Argumentaron que las pérdidas estaban cubiertas por pólizas comerciales y de directores emitidas por Universal. Universal sostuvo que las pólizas no cubrían el tipo de reclamación presentada. El Tribunal de Primera Instancia concedió la moción de sentencia sumaria de Universal y desestimó la demanda del Consejo. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirmó el dictamen recurrido.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una Petición de Certiorari presentada por Manuel Ramos Villanueva y Gloria Reyes Rodríguez. La petición impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso iniciado por Fannie Mae en 2009 sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Fannie Mae obtuvo Sentencia en Rebeldía contra la pareja en 2010. Posteriormente, la pareja consignó fondos en el tribunal, alegando que eran pagos hipotecarios devueltos. Surgió una controversia sobre quién tenía derecho a retirar los fondos consignados. El Tribunal de Primera Instancia autorizó a Fannie Mae a retirar los fondos y denegó la solicitud posterior de la pareja para paralizar dicho retiro. La pareja recurrió mediante Certiorari, argumentando que el tribunal erró al permitir a Fannie Mae retirar los fondos. También solicitaron auxilio de jurisdicción para detener el retiro, lo cual el tribunal apelativo concedió provisionalmente. Habiendo evaluado los argumentos presentados en la petición, el Tribunal de Apelaciones ha resuelto denegar la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en un caso de compraventa de vehículo de motor. La querella fue presentada por Yomaira Rivera Ríos contra Imanol Auto, Inc. El DACO encontró que Imanol Auto no divulgó que el vehículo había sido chocado y tenía piezas sin identificación, lo que constituyó dolo grave y vició el consentimiento de la compradora. Consecuentemente, el DACO resolvió el contrato y ordenó a la concesionaria devolver el pronto pago recibido. Imanol Auto apeló la decisión del DACO, argumentando errores en la determinación de dolo grave y en la cantidad del pronto pago ordenado. Tras revisar el legajo apelativo y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación administrativa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una determinación de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Miguel A. González Velázquez solicitó la revisión de la resolución que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. El recurrente cumple una sentencia de 99 años por múltiples delitos, incluyendo asesinato en primer grado. La Junta denegó la libertad privilegiada en septiembre de 2024, considerando la naturaleza cruel y violenta de los crímenes cometidos, aunque también tomó en cuenta factores favorables como la aceptación de los hechos y el arrepentimiento. González Velázquez argumentó en reconsideración su rehabilitación y excelente comportamiento institucional. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida que denegó la libertad bajo palabra. La Junta ordenó que el caso sea reconsiderado en octubre de 2025, sujeto a la presentación de informes actualizados y una evaluación psiquiátrica.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución denegando un recurso de certiorari presentado por Kelvin Y. Pagán La Luz. El señor Pagán solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que declaró No Ha Lugar su Moción de Desestimación. La moción fue presentada en un caso civil donde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico lo demandó por triple daño bajo el Código Anticorrupción. La demanda alega que Pagán, como funcionario del Departamento de Educación, recibió ilegalmente fondos públicos. Estos hechos están vinculados a un caso federal previo donde Pagán se declaró culpable de hurto de programas federales y acordó pagar restitución. Pagán argumentó que la demanda civil del Estado violaba el principio de doble exposición penal al buscar una segunda sanción por los mismos hechos. El Tribunal de Primera Instancia rechazó este argumento y denegó la desestimación. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega el recurso de certiorari presentado por el señor Pagán.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. El peticionario, Juan G. Santiago Torres, solicitó la revisión de la resolución del 26 de septiembre de 2024 que le impuso la capacidad económica en un caso de divorcio por ruptura irreparable. Las partes tienen dos hijas menores de edad al inicio del proceso, con una cursando estudios universitarios y la otra en escuela privada. Previamente, el tribunal de primera instancia había dictado una sentencia de divorcio provisional imponiendo diversas obligaciones económicas al peticionario, incluyendo pensión alimentaria, gastos educativos, utilidades, hipoteca y plan médico. La recurrida, Carmen V. Acevedo Annoni, presentó mociones alegando incumplimientos y solicitando remedios adicionales. El proceso ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias estaba en curso, donde el peticionario evaluaba si aceptaría la capacidad económica. El peticionario argumentó que la imposición de la capacidad económica fue errónea. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado y revocó la Resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre relaciones filiales y custodia de la menor KEVM. El peticionario, Santiago Villanueva Hernández, solicitó la revisión del dictamen que le ordenaba pagar gastos suplementarios por $1,885.90 y el 61% del costo de un informe social, equivalente a $1,189.50, reclamados por la madre, Laura Maldonado Santana. El caso se originó en una solicitud de custodia compartida y ha involucrado disputas sobre las relaciones paternofiliales y responsabilidades económicas. Entre los antecedentes, se menciona la suspensión de las relaciones y la pérdida de una beca escolar de la menor, alegadamente vinculada a acciones del padre. El TPI había autorizado previamente a la madre a gestionar asuntos escolares exclusivamente y advirtió sobre posibles medidas económicas. El padre había propuesto pagar una porción de la mensualidad escolar. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y procedió a modificar la resolución recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una Petición de Certiorari instada por Pan Pepín, Inc. La empresa solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. El caso original es una Querella por despido injustificado presentada por el señor George L. Jiménez Rodríguez contra Pan Pepín. El empleado alega haber sido despedido sin justa causa en abril de 2023 tras varios años de servicio. Pan Pepín refuta la alegación, afirmando que el despido se basó en justa causa, incluyendo un incidente de amenaza a un compañero y disciplina previa. La Moción de Sentencia Sumaria de Pan Pepín argumentaba que la prueba en el expediente demostraba la inexistencia de una causa de acción. Al denegar la moción, el Tribunal de Primera Instancia ordenó que el caso continuara su curso procesal. El Tribunal de Apelaciones examina ahora si el foro primario actuó correctamente al no dictar sentencia sumaria a favor de Pan Pepín.

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Los peticionarios solicitaron al Tribunal de Apelaciones revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Salinas. Dicha resolución autorizó la intervención de un tercero en un procedimiento de desahucio por falta de pago y convirtió el caso a ordinario. El pleito original fue instado por los peticionarios contra una inquilina, reclamando ser dueños de la propiedad y adeudarse rentas. El interventor alegó ser el verdadero propietario y arrendador, cuestionando la legitimación de los peticionarios basada en un contrato de opción de compra. El foro primario permitió la intervención al considerar que los derechos del interventor sobre la propiedad podrían verse afectados. Los peticionarios recurrieron, argumentando que la intervención era improcedente porque la opción de compra del interventor había caducado. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de certiorari presentado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ el recurso de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Certiorari sobre daños y otros. El litigio se originó en el Tribunal de Primera Instancia entre TO GO Stores, LLC (arrendatario) y ACF Holdings LLC (arrendador). TO GO Stores demandó a ACF por incumplimiento de un contrato de arrendamiento de 20 años para construir una estación de gasolina. Alegó que ACF incumplió al no revelar condiciones desfavorables del terreno y no obtener permisos, sosteniendo que la obligación de pagar renta no ha comenzado. ACF respondió argumentando que una enmienda al contrato novó el acuerdo y que la renta es pagadera. ACF negó las alegaciones de incumplimiento, dolo o error. En el foro primario, TO GO Stores obtuvo autorización para consignar los pagos de renta en el tribunal. ACF solicitó posteriormente que se le ordenara a TO GO Stores pagar la renta directamente, se le desembolsaran los fondos consignados y se prohibieran futuras consignaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202500038 sobre despido injustificado. Ariel Acevedo Peñalbert y Ángel Arguinzoni Meléndez apelaron una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su reclamación contra Walmart de Puerto Rico, Inc. y Pueblo, Inc. Los apelantes demandaron bajo la Ley Núm. 80 tras la venta de Supermercados Amigo por Walmart a Pueblo. Alegaron haber sido despedidos injustificadamente como parte de esta transacción. El foro primario concedió sentencia sumaria a favor de los apelados. Determinó que la transacción constituyó un traspaso de negocio en marcha y que los apelantes rechazaron ofertas de empleo de Pueblo. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de educación especial. El caso involucra a una menor representada por su madre contra el Departamento de Educación. La madre presentó una querella administrativa alegando que el Departamento no proveyó una educación pública, gratuita y apropiada a su hija. Argumentó fallas en la revisión del PEI y la ubicación, solicitando la compra de servicios privados. El foro administrativo emitió una Resolución que declaró Ha Lugar la querella de la madre. Dicha Resolución ordenó al Departamento de Educación la compra de servicios educativos en la institución propuesta para el año escolar 2024-2025. Esta Resolución fue objeto de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen administrativo. Finalmente, el Tribunal CONFIRMÓ la Resolución recurrida, manteniendo la orden de compra de servicios educativos para la menor.

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El documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una decisión de la Comisión Industrial (CI). El caso se origina de una reclamación por accidente de trabajo presentada por Carmen O. Martínez Milian ante la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). La CFSE evaluó las condiciones orgánicas y emocionales de la reclamante, dándola de alta por la condición emocional y determinando una incapacidad parcial permanente por las orgánicas. La reclamante apeló la determinación de incapacidad ante la CI, la cual aumentó el porcentaje. Durante el proceso ante la CI, la reclamante solicitó una decisión formal de la CFSE sobre la relación causal de su condición emocional. La CI ordenó a la CFSE emitir dicha decisión institucional. La CFSE presentó una moción de reconsideración ante la CI y posteriormente apeló la orden de la CI ante el Tribunal de Apelaciones. La sentencia aborda la revisión de la determinación de la CI que obligó a la CFSE a pronunciarse sobre la condición emocional de la reclamante.

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El peticionario, José A. Ramos López, solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución del TPI, emitida el 7 de enero de 2025, declaró no ha lugar sus mociones de desestimación en un caso criminal. El Sr. Ramos López enfrenta cargos por infracción al Artículo 284 del Código Penal, relacionado con amenazas a funcionarios del sistema de justicia. Argumentó que la acusación no imputaba delito y carecía de causa probable tras la eliminación de la palabra "amenaza" en la vista preliminar, a pesar de que el lenguaje amenazante se mantuvo. El TPI concluyó que la acusación contenía todos los elementos del delito y denegó las mociones. Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, haciendo uso de su discreción, deniega la expedición del auto de certiorari sin trámite ulterior.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en el caso KLCE202500136. La resolución atiende una petición de Certiorari presentada por Luis A. Penna contra Jean Robert Auguste Severe y LA PATISSERIE DE FRANCE, INC. El recurso proviene de un caso del Tribunal de Primera Instancia sobre injunction, acción derivativa, incumplimiento de contrato y daños, entre otros asuntos. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición de Certiorari y la oposición presentada por los recurridos. Tras un estudio del expediente, el panel decidió abstenerse de ejercer su función revisora. Por tanto, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari. La decisión se fundamenta en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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José Sierra Weston solicitó la revisión judicial de una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que desestimó su querella contra R&R Mobility Solutions Corp. La disputa se originó por la compra e instalación de una silla ascensor que presentó fallas recurrentes tras su adquisición. A pesar de que R&R realizó múltiples visitas técnicas para reparar el equipo, reemplazando piezas y reinstalando el sistema, los problemas persistieron. Ante el DACo, Sierra Weston alegó que no se le permitió presentar prueba y que el contrato debió resolverse por dolo. El DACo declaró No Ha Lugar la querella, ordenando su cierre y archivo. Inconforme con esta determinación, Sierra Weston acudió al Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el recurso y los argumentos presentados por el recurrente, el Tribunal de Apelaciones decidió Confirmar la Resolución emitida por el DACo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa. El caso surge de la impugnación de la adjudicación de la Partida Núm. 10 (Máquinas de Hielo) en una subasta del Departamento de Educación. Salud para Todos, Incorporado, a quien se le había adjudicado inicialmente dicha partida, recurrió la decisión de la Junta Revisora de Subastas de la ASG. La Junta Revisora, tras una solicitud de revisión de Casa Jupiter, Inc., revocó la adjudicación a Salud para Todos. Determinó que la oferta de Salud para Todos, al igual que otras, no cumplía con los requisitos del pliego para la Partida 10 y la declaró desierta. Salud para Todos alegó errores procesales y sustantivos en la decisión de la Junta Revisora, argumentando que su oferta sí era responsiva. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos presentados por la parte recurrente. Finalmente, el Tribunal confirmó el dictamen de la Junta Revisora de Subastas.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegando un recurso de certiorari. La peticionaria, señora Corey Lynn Seidel, solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su moción de desestimación parcial en un caso de cobro de dinero, daños, dolo e incumplimiento de contrato. La señora Seidel argumentó que debía ser desestimada del pleito, alegando estar casada bajo el régimen de capitulaciones matrimoniales y no bajo sociedad legal de gananciales. La parte recurrida, Institute for Building Technology and Safety (IBTS), se opuso, señalando que la moción incumplía requisitos procesales y existían hechos esenciales en controversia. IBTS presentó evidencia que cuestionaba la validez de las capitulaciones y sugería la posible relación o beneficio de la señora Seidel con los fondos en disputa. El Tribunal de Primera Instancia consideró la moción como una solicitud de sentencia sumaria y determinó la existencia de hechos controvertidos. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó expedir el recurso de certiorari solicitado por la señora Seidel.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró la apelación de Kenneth Arroyo Rodríguez contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable y le impuso multas por violaciones al Código Penal y la Ley de Vehículo y Tránsito. El apelante argumentó que la prueba en su contra no fue suficiente para establecer su culpabilidad más allá de duda razonable. Durante el trámite apelativo, se le concedió al apelante la reproducción de la prueba oral del juicio y un término para presentar su alegato. No obstante, el apelante incumplió con la presentación de dicho alegato dentro del plazo ordenado. El Tribunal de Apelaciones enfatizó que la jurisdicción es un requisito fundamental y previo para que un tribunal pueda adjudicar cualquier caso. Los tribunales tienen el deber ministerial de examinar su propia jurisdicción de forma preferente. Si un tribunal determina que carece de jurisdicción, debe desestimar el recurso sin entrar en sus méritos. Conforme a estos principios, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de apelación presentado por el señor Arroyo Rodríguez. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción para atender el caso.

Resumen:

María De Los Ángeles Ayala Lebrón presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La petición busca revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción sobre descubrimiento de prueba. El caso original es una demanda de cobro de dinero, daños e incumplimiento de contrato contra Best Health Group, LLC y otros. La demandante, como heredera, reclama la liquidación de la participación corporativa de su hermano fallecido en Best Health. La parte demandada niega que el causante tuviera participación alguna por falta de pago. La controversia en apelación surgió de la denegación de una moción de la peticionaria sobre la inspección de documentos. El foro primario consideró que la moción fue presentada muy cerca del vencimiento del término de descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el tracto procesal, denegó la expedición del auto de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre liquidación de comunidad de bienes. La apelante, Carmen I. Cruz Figueroa, recurre contra una Resolución y una Sentencia Parcial emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. Mediante la Resolución, el foro primario anotó la rebeldía de la apelante en cuanto a la reconvención instada por Juan M. Joaquín Hidalgo. La Sentencia Parcial desestimó todas las causas de acción incoadas por la apelante contra Joaquín Hidalgo, ADCON Corp. y la Asociación de Residentes de Bosques del Lago. La demanda original buscaba la liquidación de bienes adquiridos durante un concubinato de más de veinte años, alegando ocultación de bienes y solicitando daños e injunction. El apelado admitió la existencia de comunidad de bienes pero disputó su alcance y presentó una reconvención. El Tribunal de Apelaciones revisó los dictámenes del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma las resoluciones apeladas.

Resumen:

Se presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de alimentos entre parientes. Dicha resolución había declarado no ha lugar una solicitud de reconsideración de la parte peticionaria. Al examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones advirtió un incumplimiento craso con su Reglamento. Específicamente, el apéndice no incluyó copia de la resolución recurrida ni de la solicitud de relevo de sentencia, documentos esenciales para acreditar la interrupción del término y determinar la oportunidad del recurso. Estas omisiones impidieron al foro apelativo verificar si ostentaba jurisdicción. Además, la representación legal del peticionario admitió que el recurso fue presentado tardíamente. El tribunal reitera que el acatamiento de las disposiciones reglamentarias apelativas es ineludible y su cumplimiento no es discrecional. Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de certiorari por incumplimiento con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Javier De Jesús Carrasquillo recurre una resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP). La JLBP denegó su solicitud de libertad bajo palabra, declarándose sin jurisdicción conforme a la Ley Núm. 85-2024, debido a los delitos por los que fue convicto (Actos Lascivos y Art. 58 Ley 246). El recurrente alegó que la aplicación retroactiva de la Ley 85-2024 viola sus derechos constitucionales, incluyendo el principio ex post facto, ya que bajo la ley vigente al momento de su sentencia era elegible tras cumplir el 75% de la pena. La JLBP, en su comparecencia ante el Tribunal de Apelaciones, indicó que asumiría jurisdicción para evaluar si cumplía los criterios, solicitando la desestimación del recurso. No obstante, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ el dictamen recurrido de la JLBP.