Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 173)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones que considera dos recursos de revisión judicial presentados por Americas Leading Finance, LLC y J & J Olympics Auto Sales, Corp. Los recurrentes impugnaban una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que declaró Con Lugar una querella de una consumidora sobre nulidad de contrato de compraventa. La Resolución del DACo fue notificada en junio de 2020. Los recurrentes solicitaron reconsideración, pero el DACo no actuó sobre ellas en el término legal. Posteriormente, los recurrentes presentaron sus recursos de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones en agosto de 2020. El Tribunal examinó los recursos, el expediente administrativo y el derecho aplicable, incluyendo disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Tras su análisis, el Tribunal determinó desestimar ambos recursos. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender las apelaciones.

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Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones los peticionarios Adam C. Sinn y otros, mediante recurso de certiorari. Solicitan la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón. Dicha Resolución, emitida el 23 de mayo de 2019, declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación de la Demanda Enmendada presentada por los recurridos Patrick A.P. De Man y otros. La demanda original, presentada en 2016, alegaba que De Man era socio limitado en Raiden LP y Aspire LP y que los peticionarios, controlados por Adam Sinn, incumplieron deberes fiduciarios y acuerdos. Los recurridos presentaron una Demanda Enmendada en 2019, a la cual los peticionarios respondieron con una Moción de Desestimación bajo la Regla 10.2(5), argumentando falta de reclamación justificable y insuficiencia jurídica. El TPI denegó esta moción, lo que motivó el recurso de certiorari ante este foro. Por los fundamentos expuestos, este Tribunal deniega la expedición del recurso solicitado por los peticionarios.

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El Tribunal de Apelaciones revisó mediante certiorari una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de daños y perjuicios por impericia médica contra el Estado Libre Asociado (ELA) y otras entidades. Los demandantes, familiares de un menor afectado, también solicitaron declarar inconstitucional la Ley 104 de Reclamaciones contra el Estado. El ELA solicitó la desestimación del caso, argumentando el incumplimiento con el requisito de notificación previa a la Secretaria de Justicia bajo la Ley 104. El TPI inicialmente denegó la desestimación, pero en reconsideración, desestimó la solicitud de sentencia declaratoria, manteniendo la causa de acción de los demandantes adultos. Inconforme con esta última determinación, el ELA acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y, por los fundamentos expuestos, revocó el dictamen recurrido del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una Resolución Sumaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El Consejo de Titulares del Condominio Casa Magna recurre la desestimación de su querella contra el desarrollador, Casa Magna Corporation. La querella original, presentada en 2018, alegaba problemas con la transferencia de la administración, falta de copias de escrituras y defectos de construcción no corregidos desde 2016, incluyendo humedad, plomería, pintura, jardines y sellado de techo. El desarrollador negó las alegaciones y argumentó, entre otras cosas, que la reclamación sobre la pintura había caducado. Durante el proceso ante el DACo, algunas controversias se resolvieron entre las partes, quedando pendiente la relacionada con la pintura. El DACo desestimó la querella mediante Resolución Sumaria. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución Sumaria recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de certiorari presentado por la Cooperativa de Seguros Múltiples. La Cooperativa buscaba revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción en Solicitud de Desestimación en un pleito de daños incoado por Nitza Márquez. La moción de desestimación se basaba en la alegación de pago en finiquito. Tras la denegación inicial y una solicitud de reconsideración también denegada, la Cooperativa presentó el certiorari. La parte peticionaria alegó errores en la denegación de la desestimación y la ausencia de determinaciones de hechos. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el auto de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo. El recurso se considera prematuro, lo que impide su adjudicación en esta etapa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VIII, en el caso KLAN202000841. La apelación se originó de un caso de incumplimiento de contrato (CG2019CV04383) entre Carmen Aponte Sierra, como apelante, y Antilles Insurance Company y otros, como apelados. El Tribunal evaluó una moción presentada por la parte apelante informando sobre un acuerdo transaccional alcanzado con la parte apelada. Motivada por dicho acuerdo, la Corte declaró con lugar la moción. En consecuencia, se dictó sentencia por desistimiento. Esta decisión se fundamenta en lo dispuesto por la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La sentencia fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 30 de noviembre de 2020.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Certiorari presentada por Aracelis Y. Burgos Curbelo. La petición impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Hatillo. El caso surge de una controversia laboral donde Burgos Curbelo presentó una querella contra su antiguo patrono, Corporación de Servicios Médicos Primarios y Prevención de Hatillo (CSM), al amparo de la Ley Núm. 2 por discrimen y despido injustificado. Por separado, CSM presentó una demanda civil contra Burgos Curbelo por incumplimiento de contrato y daños, alegando pérdidas económicas debido a sus acciones como Directora de Finanzas. Burgos Curbelo solicitó la desestimación de la demanda de CSM, argumentando que era improcedente dada su querella laboral pendiente. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar a su moción, permitiendo a CSM continuar con su reclamación independiente. Burgos Curbelo procuró la revisión apelativa de esta decisión mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del recurso de certiorari.

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El Sr. Juan Roig Rodríguez, confinado, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar una solicitud de nuevo juicio y afirmó que la sentencia condenatoria había advenido final y firme. El peticionario fue autorizado a litigar in forma pauperis. La Resolución del Tribunal de Apelaciones explica la naturaleza discrecional del auto de certiorari como vehículo procesal extraordinario. Detalla los criterios establecidos en la Regla 40 de su Reglamento para la expedición de dicho auto. Asimismo, aborda el concepto de discreción judicial según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Tras considerar los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el Sr. Roig Rodríguez.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una Petición de Certiorari presentada por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). El recurso surge de una demanda por daños y perjuicios por alegada impericia médico-hospitalaria, específicamente un diagnóstico erróneo de "sida". La CFSE solicitó sentencia sumaria en el Tribunal de Primera Instancia, argumentando falta de prueba de negligencia por parte de los demandantes. El tribunal primario denegó la sentencia sumaria, concluyendo que existían hechos materiales en controversia que impedían resolver el caso sumariamente. Identificó como hecho controvertido el protocolo a seguir en el manejo de pruebas de VIH positivas y si las doctoras actuaron negligentemente, lo cual afecta la responsabilidad vicaria de la CFSE. La CFSE impugnó esta determinación mediante Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La parte demandante se opuso al recurso. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar las posturas, resolvió denegar expedir el auto de certiorari solicitado por la CFSE.

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El Tribunal de Apelaciones examinó recursos de Americas Leading Finance, LLC y J \& J Olympics Auto Sales, Corp. Ambas compañías apelaron una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que declaró nulo un contrato de compraventa a favor de una consumidora. Tras la notificación de la resolución, los recurrentes solicitaron reconsideración ante el DACo, sin obtener respuesta en el término legal. Posteriormente, presentaron recursos de revisión judicial ante el Tribunal, señalando múltiples errores del DACo, como la determinación de dolo, la aplicación de derecho y la imposición de costas. El Tribunal revisó el expediente y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, particularmente lo relativo a órdenes finales y notificaciones. Concluyó que carecía de jurisdicción para atender los recursos. Por tanto, el Tribunal decidió desestimar las apelaciones presentadas por las compañías.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de incumplimiento de contrato de seguros por daños del Huracán María. La peticionaria, MAPFRE, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenó someter la controversia sobre la valoración de los daños a un proceso de "appraisal" según la Ley 242-2018. Los recurridos, titulares de la propiedad asegurada, habían solicitado dicho proceso, el cual fue concedido por el TPI, paralizando el caso principal. MAPFRE argumentó que el TPI erró al aplicar retroactivamente la Ley 242-2018 a una póliza anterior a su vigencia, sin fundamentar su decisión y en violación del Código Civil y cláusulas constitucionales. Los recurridos se opusieron, defendiendo la aplicación inmediata de la ley y su constitucionalidad. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la decisión del TPI. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones determinó que el TPI incurrió en error. Por tanto, se revoca la Resolución y Orden del TPI que refería la controversia al proceso de appraisal de la Ley 242-2018. El caso se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para que continúe los procedimientos originales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera la apelación presentada por José A. López Colón contra una sentencia de 45 años de prisión. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla tras un veredicto de culpabilidad por jurado. López Colón fue hallado culpable de homicidio atenuado y dos violaciones a la Ley de Armas (portación/uso sin licencia y disparar/apuntar) por hechos ocurridos en 2012 que resultaron en la muerte de su cuñado. El juicio se llevó a cabo en julio de 2019, con presentación de prueba por el Ministerio Público y la defensa. El jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad por los tres delitos. La sentencia de 45 años, cumplida consecutivamente, fue impuesta en octubre de 2019. El apelante impugna la sentencia basándose en cinco señalamientos de error. Estos errores cuestionan la aplicación del Art. 5.04 de la Ley de Armas, limitaciones a la defensa propia, la suficiencia de la prueba, defectos en la acusación y el efecto acumulativo de los errores. El Tribunal de Apelaciones procederá a revisar estos argumentos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa presentado por Carlos M. Hernández Domínguez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitó la desestimación de una querella disciplinaria en su contra. Alegó que el Departamento no celebró la vista administrativa dentro del término reglamentario. El Departamento, por su parte, solicitó la desestimación del recurso de revisión. El Tribunal analizó el marco legal para la revisión judicial de decisiones administrativas bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). Conforme a la LPAU, solo las órdenes o resoluciones administrativas finales son revisables judicialmente. La jurisprudencia define estas como decisiones que ponen fin al caso ante la agencia. El Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. Por consiguiente, se desestimó el recurso de revisión administrativa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio sobre custodia. La peticionaria, María del Pilar Sifontes Smith, impugnó la denegación de su solicitud para que el juez se inhibiera del caso. Alegó que el juez Hon. Rafael Jiménez Rivera carecía de imparcialidad y había favorecido al padre, Ernesto Arroyo Ortiz, en decisiones sobre la custodia de su hija menor. La controversia surgió tras una solicitud del padre para cambio de custodia y traslado de la menor a Florida, donde el tribunal primario concedió custodia provisional al padre. La peticionaria argumentó que las acciones del juez evidenciaban parcialidad. El juez denegó la solicitud de inhibición. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. No obstante, por mayoría, confirmó la resolución del tribunal primario, manteniendo la denegación de la inhibición solicitada. La sentencia fue emitida el 30 de noviembre de 2020.

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Un representante de un hogar de ancianos apeló la cancelación de su licencia por parte del Departamento de la Familia. La Junta Adjudicativa del Departamento desestimó la apelación, dictaminando que fue presentada un día después del plazo de 15 días. El representante sostuvo que la fecha límite cayó en un día feriado, extendiendo el período de presentación hasta el siguiente día laborable, fecha en la que se presentó la apelación. El asunto central ante el Tribunal de Apelaciones fue el método correcto para computar los plazos administrativos. El Tribunal consideró la aplicabilidad de la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, que excluye los días feriados del cálculo de plazos y se ha considerado aplicable a procedimientos administrativos. La sentencia del Tribunal revocó la resolución de la Junta Adjudicativa. Este resultado indica que el Tribunal determinó que la apelación fue presentada a tiempo, aceptando el argumento de que el plazo se extendió debido al día feriado.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una revisión judicial instada por Primal Film Production, LLC. La recurrente impugna la denegatoria de un crédito contributivo bajo la Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. El Tribunal requirió al Departamento certificar el cumplimiento con los requisitos de notificación de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Dicha ley exige que las órdenes finales sean notificadas por escrito, incluyendo determinaciones de hecho y derecho, y enviadas por correo ordinario y certificado. El Departamento admitió haber notificado la denegatoria únicamente por correo electrónico. Justificó esta acción alegando que el envío postal era imposible y arriesgado debido al toque de queda y cuarentena impuestos por la pandemia de COVID-19 en abril de 2020. Argumentó que la notificación electrónica fue el mecanismo adecuado para asegurar la comunicación, cumplir con las órdenes ejecutivas y limitar la exposición de su personal. El Departamento sostuvo además que la parte recurrente no sufrió perjuicio alguno por la forma de notificación. El Tribunal reconoce que los argumentos del Departamento poseen razonabilidad considerando las circunstancias extraordinarias de la emergencia sanitaria.

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La Sra. Perymar Rodríguez Rivera apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró disuelto su vínculo matrimonial con el Sr. Roberto López Rivera por ruptura irreparable. La apelante argumentó que el TPI carecía de jurisdicción, ya que las partes estaban domiciliadas en Florida y su residencia en Puerto Rico era temporal por órdenes militares. El apelado sostuvo que el TPI sí tenía jurisdicción al haber residido en Puerto Rico por más de un año, cumpliendo el requisito del Artículo 97 del Código Civil, independientemente del domicilio. El TPI concluyó que tenía jurisdicción basándose en que las partes habían residido en Puerto Rico por más de un año, interpretando "residencia" en el Artículo 97 como distinta del domicilio. Adicionalmente, el TPI encontró jurisdicción bajo una excepción del Artículo 97, al determinar que la causal de ruptura irreparable surgió de un incidente ocurrido en Puerto Rico. El panel del tribunal de apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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La Sra. María del Carmen Batís Ruiz solicitó la revisión de una Sentencia Sumaria Parcial por Prescripción emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). En dicha sentencia, el TPI declaró prescrita y desestimó su reclamación por hostigamiento sexual contra StoneMor Puerto Rico Cementery and Funeral, Inc. y el Sr. Eduardo Fantauzzi Dávila. La señora Batís había presentado una querella en febrero de 2019 alegando despido, represalias y hostigamiento sexual, con el último acto de hostigamiento supuestamente ocurrido a finales de 2017. Los apelados argumentaron que la causa de acción por hostigamiento sexual estaba prescrita al haber transcurrido más de un año desde el último acto alegado. Sostuvieron que las quejas internas presentadas por la empleada no interrumpían el término prescriptivo de un año. La señora Batís se opuso, alegando que la moción era prematura y que sus quejas internas sí interrumpieron el término. Tras revisar el caso, el panel de jueces confirmó la determinación del TPI. La confirmación implica que la reclamación por hostigamiento sexual fue desestimada con perjuicio debido a la prescripción.

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Este recurso es un certiorari presentado por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ante el Tribunal de Apelaciones. El Departamento solicita la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que confirmó un laudo de arbitraje y desestimó su recurso de revisión judicial. La controversia se originó con una querella de la Unión General de Trabajadores en representación de empleados que alegaban realizar funciones de mayor complejidad que su clasificación y solicitaban ascenso o reclasificación retroactiva. El Comité de Conciliación cerró la querella pero abordó los méritos, indicando que las funciones de inspección eran propias de la clasificación y que el ascenso sin oposición y la retroactividad no procedían bajo las normas aplicables. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso de certiorari como el mecanismo procesal adecuado para revisar la sentencia del TPI. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El Municipio Autónomo de Toa Alta y su Alcalde apelaron una decisión previa del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión declaró Con Lugar una demanda por discrimen político y despojo de funciones. La demanda fue presentada por Iris Damaris Román Elías, su esposo y la sociedad legal de gananciales. La Sra. Román Elías, empleada de carrera, alegó haber sido despojada gradualmente de sus funciones como Directora Auxiliar II tras el cambio de administración municipal en 2013. Los apelantes solicitaron la revocación del dictamen de instancia. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Finalmente, el panel de jueces decidió confirmar la sentencia impugnada. Con esta decisión, se ratifica el hallazgo de discrimen político y despojo de funciones contra la apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El Municipio de Toa Alta y el Alcalde Clemente Agosto Lugardo apelaron una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. El caso original trataba sobre discrimen político y despojo de funciones. Los apelados, Iris Damaris Román Elías y su esposo, habían demandado al municipio y al alcalde. La Sra. Román Elías, empleada de carrera y afiliada del PNP, alegó que la nueva administración del PPD, a partir de febrero de 2013, la despojó gradualmente de sus funciones como Directora Auxiliar II. Indicó que le quitaron la supervisión de personal y el vehículo asignado, dejándola sin tareas. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la demanda a favor de los apelados. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen impugnado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por EGR Anesthesia Services, PSC. La apelación impugnaba una Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. El caso subyacente es una querella laboral incoada por empleados bajo la Ley de Procedimiento Sumario Laboral. Los empleados alegaron, entre otras cosas, la nulidad de un pacto de no competencia que se les exigió firmar. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria Parcial, declarando inválido el acuerdo de no competencia para tres de los querellantes. EGR Anesthesia Services apeló esta determinación específica. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Concluyó que carecía de jurisdicción para atender la apelación conforme al derecho aplicable a los procesos bajo la Ley Núm. 2. Por consiguiente, el recurso de apelación presentado por EGR Anesthesia Services fue desestimado.

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Comparece el Sr. Federico Antonio Cardona Firpi apelando una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha resolución declaró que, conforme a la Convención de la Haya, el Tribunal de México era el foro más conveniente para atender la controversia sobre relaciones paternofiliales con la Sra. Diana Selene Gutiérrez. El señor Cardona había presentado mociones sobre el estatus del caso y las relaciones, mientras que la señora Gutiérrez se opuso, alegando que asuntos similares ya habían sido resueltos en México, donde existe una alerta migratoria para el hijo menor. El TPI inicialmente ordenó un estudio social, pero luego lo dejó sin efecto y determinó que el foro conveniente era México. El apelante argumentó que tribunales superiores de Puerto Rico ya habían adjudicado la cuestión del foro. Este panel de jueces, presidido por el Juez Figueroa Cabán, revoca la resolución y orden apelada. Los fundamentos para esta decisión se expondrán a continuación en el documento.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de desahucio por falta de pago y cobro de dinero. La apelante, Epifanía Cruz Vázquez, impugnó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda de Zulma E. Morales. Dicha sentencia ordenó el desahucio de Cruz Vázquez por incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento y utilidades. Para apelar una sentencia de desahucio por falta de pago, la ley exige que el demandado preste una fianza o consigne la deuda en el Tribunal de Primera Instancia. La apelante no cumplió con este requisito en el foro primario. En su lugar, presentó una moción de exención de fianza directamente ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones determina que no adquirió jurisdicción sobre el recurso. Esto se debe a que el trámite de la fianza, incluyendo cualquier solicitud de exención, debe realizarse ante el Tribunal de Primera Instancia. La falta de prestación de la fianza en el foro correcto dentro del término jurisdiccional impide la perfección de la apelación. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por la sucesión de Alfonso Cruz Colón. La apelación impugna una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La demanda original fue incoada por Fannie Mae, luego sustituida por Banco Popular de Puerto Rico. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la demanda, condenando a la sucesión al pago de \$155,387.63 más intereses, cargos por demora, créditos accesorios y honorarios de abogado. El caso presentó particularidades procesales debido al fallecimiento del demandado original antes de ser emplazado. Se realizaron gestiones para el emplazamiento por edicto y se solicitó la sustitución de partes por los herederos. Los herederos intentaron presentar una reconvención o demanda de intervención. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la apelación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Sumaria apelada.

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Se presenta una sentencia de un panel de jueces revisando la desestimación de una demanda por incumplimiento de contrato. La apelante, Myriam L. Alicea Pérez, impugna la sentencia sumaria que desestimó su caso contra la aseguradora. La demanda original alegaba que la aseguradora subestimó los daños a su propiedad por el huracán María y actuó de mala fe en el proceso de ajuste. La aseguradora, como defensa, sostuvo que la reclamación fue totalmente resarcida mediante un pago. Alegó que la apelante aceptó y cambió un cheque de \$1,075. Este cheque, según la aseguradora, constituía un pago en finiquito de la reclamación por los daños. El foro primario acogió esta defensa y aplicó la doctrina de pago en finiquito para desestimar la demanda con perjuicio. La sentencia detalla los hechos presentados por la aseguradora para sustentar la sentencia sumaria, incluyendo la aceptación del cheque con la leyenda de liquidación total.

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Un panel de juezas emite Sentencia en un recurso de apelación instado por Fabio Piñeda Pérez. El apelante solicitó la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. Dicha demanda fue presentada contra Panadería Barcelona, Inc. y otros por alegada infracción de derechos sobre la marca "Barcelona". El señor Piñeda Pérez reclamaba el uso prioritario de la marca desde 1985 para servicios de panadería y restaurante. Alegó que el uso por los demandados causaba confusión al consumidor y solicitó injunction y daños. El foro primario desestimó la demanda al considerar que no existía una reclamación que justificara un remedio. Tras revisar el expediente y la prueba, el panel de apelación confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La decisión final valida la desestimación de la reclamación por infracción marcaria.

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Se trata de una sentencia del Tribunal de Apelaciones que atiende recursos consolidados presentados por Liz Viviana Fonseca Rivera y Alex Sánchez Díaz, así como por Puerto Rico Telephone Company (PRTC). Ambas partes solicitan la revocación de una sentencia parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario denegó la desestimación sumaria de las causas de acción por despido injustificado y discrimen por razón de maternidad presentadas contra PRTC. No obstante, desestimó sumariamente la causa de acción por daños y perjuicios por alegadas violaciones a derechos constitucionales. Los demandantes basaron su reclamación en el alegado despido injustificado y discriminatorio de la señora Fonseca tras dar a luz prematuramente y solicitar licencias. Alegaron que, luego de usar su licencia de maternidad y solicitar otras licencias, incluyendo una sin sueldo que fue denegada, se le exigió regresar al trabajo y poco después se le informó que había sido despedida. Los demandantes solicitaron mesada por despido injustificado, indemnización por discrimen por maternidad y daños por violación de derechos constitucionales. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar la procedencia de los recursos ante sí.

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Ciudadanos del Karso, Inc., Sierra Club de Puerto Rico Inc., y otros apelaron una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó un auto de mandamus. El mandamus fue presentado contra la Junta de Planificación de Puerto Rico para solicitar la divulgación de información específica sobre el Mapa de Calificación propuesto por la Junta. Los apelantes buscaban acceso a mapas, geodatos y comparaciones entre distritos existentes y propuestos, alegando que la información no estaba completamente disponible. La Junta de Planificación se opuso al mandamus, argumentando que la información solicitada, incluyendo mapas y datos digitales, estaba disponible en su portal web y en sus oficinas. La Junta también sostuvo que había cumplido con los procesos legales de revisión de distritos de calificación y participación ciudadana. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso al concluir que la información ya se encontraba disponible públicamente. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari presentado por El Pueblo. El recurso buscaba revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia contra Christian Abdiel Rodríguez Méndez. El caso penal se originó por hechos del 19 de enero de 2019, donde el recurrido, conduciendo ebrio y a exceso de velocidad, impactó una patrulla estacionada. El incidente causó lesiones graves a dos agentes de la policía, incluyendo paraplejía a uno de ellos. El recurrido enfrentó cargos por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito, incluyendo manejo bajo los efectos de alcohol y causar grave daño corporal, así como por no tener seguro obligatorio. El Tribunal de Primera Instancia impuso penas alternas concurrentes, como restricción domiciliaria. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La recurrente, Sugeily Meléndez González, impugnó una resolución que la encontró responsable de violar códigos disciplinarios. Los cargos se basaron en un incidente donde admitió agredir a otra confinada con un palo de escoba. El Departamento la sancionó con la pérdida de privilegios por 30 días. La señora Meléndez González cuestionó los méritos de la sanción y alegó irregularidades procesales, argumentando que las funciones de Oficial de Querellas e Investigador de Vistas no deben recaer en la misma persona. Tras examinar el recurso y el derecho aplicable, el Tribunal procedió a resolver. La corte concluyó que la actuación de la agencia fue dictada dentro de sus facultades y fue legal y razonable. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones acordó confirmar la Resolución recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una impugnación de subasta administrativa. AE Nova Dist., Inc. recurre la determinación de Alianza Municipal de Servicios Integrados, Inc. (AMSI). AMSI llevó a cabo la Subasta 002 Serie 2019-2020 para la adquisición de módulos de oficina y mobiliario. El proceso de subasta incluyó requisitos de participación, reunión pre-subasta y ajustes en las fechas de entrega de propuestas. Varias empresas presentaron ofertas, incluyendo AE Nova y FE-RI Construction, Inc. AMSI evaluó las propuestas basándose en múltiples factores como precio, recursos, especificaciones y experiencia. Tras la evaluación, FE-RI obtuvo la puntuación más alta. AMSI adjudicó la subasta a FE-RI el 2 de diciembre de 2019. Inconforme, AE Nova impugnó la adjudicación ante AMSI y posteriormente acudió al Tribunal de Apelaciones. AE Nova solicita al tribunal que revoque la decisión de AMSI y le adjudique la subasta.

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Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El apelante, Javier Torres Marín, solicita la revocación de una Sentencia Sumaria Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la demanda presentada por Torres Marín contra el apelado, José Muñoz Benedicto. El caso original se inició por una reclamación de cumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños por servicios médicos prestados en 2015. Torres Marín demandó a Muñoz Benedicto alegando que su entidad manejaba pagos y que él tenía un acuerdo operativo con la clínica contratante. Muñoz Benedicto solicitó sentencia sumaria argumentando que no era parte del contrato con Torres Marín, ni personal ni representativamente. Alegó falta de conocimiento de la deuda y presentó evidencia de su ausencia de Puerto Rico y falta de vínculo con las entidades demandadas durante el periodo relevante. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de Muñoz Benedicto. Tras revisar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Sumaria Parcial apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una revisión administrativa solicitada por Landis+Gyr contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Landis+Gyr impugna la adjudicación del Request for Quotation Núm. 52143 a LT Automation para la compra de contadores de energía. La recurrente alegó que los productos de LT Automation no cumplían con los estándares de la AEE y que la Autoridad incumplió el requisito del RFQ de probar y certificar los productos antes de la apertura de las propuestas. También cuestionó la falta de apercibimientos requeridos en la notificación de adjudicación. Se presenta un informe preliminar de un ingeniero de la AEE que, posterior a la adjudicación, identificó múltiples problemas con los contadores de LT Automation. Estos problemas incluían la falta de canales de memoria, fallos en los sellos, dimensiones incorrectas de la placa y problemas de comunicación. La controversia central gira en torno al cumplimiento de los requisitos técnicos y procesales en el proceso de subasta y adjudicación. La sentencia revisa la decisión previa de un Juez Administrativo de la AEE que declaró No Ha Lugar la solicitud de Landis+Gyr.

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Se presenta una Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones por el ex-agente Rafael Román Fuentes. El recurso impugna una resolución de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). La CIPA había ordenado la paralización de los procesos administrativos apelativos del ex-agente. Dicha paralización se fundamentó en el Título III de la ley federal PROMESA. El ex-agente fue expulsado del Negociado de la Policía tras una querella por presuntos acercamientos sexuales y un proceso administrativo. Luego de apelar ante la CIPA, esta detuvo el caso citando la quiebra. El recurrente alegó como error la paralización basada en el Código de Quiebras. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el alegato de la CIPA. Finalmente, el Tribunal resolvió REVOCAR la Resolución de la CIPA que paralizó los procedimientos.

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El Municipio de Ponce impugna la elegibilidad de un exempleado a beneficios de seguro por desempleo ante el Tribunal de Apelaciones. Jorge Albizu Zambrana renunció a su empleo en el Municipio, inicialmente alegando razones de salud. El Negociado de Seguridad de Empleo y un Árbitro declararon a Albizu Zambrana elegible para recibir compensación. La resolución del Árbitro fundamentó la elegibilidad en problemas de transportación, considerándolos justa causa bajo una excepción a la regla general. El Municipio apeló, argumentando que la renuncia fue por salud y que las determinaciones de hecho del Árbitro eran incorrectas y sin base probatoria. La Secretaria del Trabajo y Recursos Humanos confirmó la decisión de elegibilidad, señalando que el récord reflejaba tanto enfermedad como problemas de transportación. Inconforme, el Municipio presentó recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la Secretaria del Trabajo y Recursos Humanos.

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Se trata de una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una Petición de Mandamus. El apelante, Eliezer Santana Báez, confinado, solicitó mediante mandamus cambiar su estatus de custodia protectiva. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la petición sin perjuicio. La desestimación se basó en que la petición no fue juramentada y el apelante no demostró haber agotado los remedios administrativos disponibles. El apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones, alegando error del foro primario. Argumentó que la Ley de la Judicatura exige acceso a los foros y que la pandemia impedía agotar los remedios administrativos. El apelado, Carlos Betancourt Ortiz, compareció ante el foro apelativo. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos y el expediente. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado. El fallo se fundamenta en los requisitos procesales y la naturaleza del recurso de mandamus.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACo) en una querella presentada por Edgardo Méndez Fontán y Shely Gracia Nieves contra PRLP Properties I, LLC e Interspace Corp., Inc. La disputa se originó por gabinetes de cocina afectados por polilla en una residencia comprada a PRLP Properties. Antes de la compraventa, PRLP Properties se comprometió a reemplazar los gabinetes como condición para la adquisición. Aunque PRLP Properties contrató a Interspace para instalar nuevos gabinetes, estos también mostraron rastros de polilla. Los querellantes acudieron al DACo, que ordenó a PRLP Properties reemplazar todos los gabinetes y estableció penalidades por incumplimiento. PRLP Properties apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar la prueba y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la Resolución del DACo. Sin embargo, una vez modificada, la confirmó.

Resumen:

Se trata de una Sentencia emitida por un panel judicial en apelación. El apelante, Sr. Rolando Canales Ramos, solicita la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Sentencia desestimó, sin perjuicio, su demanda contra United Surety \& Indemnity Company por incumplimiento de contrato y daños relacionados con el huracán María. El TPI desestimó la demanda por entender que el apelante no había notificado adecuadamente a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) conforme a la Ley Núm. 247-2018, requisito que consideró jurisdiccional. El apelante argumentó que su causa de acción se basaba en el Código Civil y que sí envió una notificación a la OCS después de presentar la demanda. Alegó además que el TPI debió permitirle enmendar la demanda en lugar de desestimarla. La Sentencia detalla el historial procesal y los errores señalados por el apelante, centrados en la interpretación del requisito de notificación de la Ley 247-2018 y la decisión de desestimar. El panel judicial procederá a resolver la controversia planteada en la apelación.

Resumen:

Víctor Martínez Ramos presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para una vista. En dicha vista, buscaba corregir su sentencia de 40 años invocando el principio de favorabilidad y la Ley 246-2014. Argumentaba que esta ley establecía penas más benignas para los delitos por los que fue convicto en 2016 y solicitaba una reducción del 25% de su pena. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar su solicitud sin celebrar la vista. Martínez Ramos alegó que el tribunal erró al denegar la solicitud y la aplicación de atenuantes sin una vista. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su jurisdicción sobre el recurso. Determinó que el peticionario no incluyó los documentos requeridos en el apéndice de su solicitud de certiorari, incumpliendo la Regla 34(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Municipio de Juana Díaz apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar una suma de dinero. El caso original fue una demanda de cobro de dinero presentada por Ramón Torres Ramos y otros. La demanda reclamaba el pago por servicios de recogido de escombros prestados al Municipio tras el huracán María. Los demandantes alegaron que, si bien algunos contratos fueron pagados, el Alcalde solicitó servicios adicionales que quedaron impagos. El Tribunal de Primera Instancia declaró al Municipio en rebeldía por no contestar la demanda. Tras una vista en rebeldía, el foro primario dictó sentencia a favor de los demandantes. Ordenó al Municipio el pago de \$20,814.92 por los servicios no pagados, más intereses legales. La apelación busca la revisión de esta decisión judicial, evaluando el Tribunal de Apelaciones los méritos y el derecho aplicable.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones revisa la desestimación de una demanda de expropiación a la inversa. Los demandantes-apelantes alegaron que el Municipio de Isabela eliminó el único acceso a sus propiedades al construir un paseo lineal, dejándolas enclavadas y sin uso económico. Reclamaron el pago del valor total de las fincas por privación de propiedad sin justa compensación. El Municipio se defendió argumentando que las fincas tenían otro acceso y que la acción estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al concluir que aplicaba el término prescriptivo de un año para la expropiación a la inversa en modalidad de incautación física. Los apelantes recurrieron, señalando error en la aplicación del término prescriptivo. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada, validando la desestimación por prescripción.

Resumen:

Se revisa la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un litigio sucesorio. La controversia principal gira en torno a la validez y efectos de fideicomisos y donaciones constituidas por el causante, Sr. Ernesto Rodríguez Rodríguez, y su segunda esposa, Sra. Gloria L. Díaz López. La Sra. Carmen Rodríguez Toro, hija del primer matrimonio del causante, impugnó estas cesiones. Alegó que fueron realizadas con la intención de desheredarla y afectaron su legítima hereditaria. El TPI declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial de la Sra. Díaz y el Fideicomiso Sucesión Rodríguez-Díaz. En cambio, el TPI declaró Ha Lugar la solicitud de la Sra. Rodríguez Toro, declarando inoficiosas las cesiones a los fideicomisos respecto a la legítima. La Sra. Díaz y el Fideicomiso solicitaron la revisión de esta Sentencia Parcial ante este Tribunal. Tras evaluar el tracto procesal y los argumentos, el panel de jueces procedió a confirmar la Sentencia Parcial del TPI. Esto ratifica la determinación de que las cesiones a los fideicomisos fueron inoficiosas en cuanto a la legítima de la hija del primer matrimonio.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones en un caso penal contra Héctor O'Neill García por actos lascivos. La defensa solicitó al Tribunal de Primera Instancia (TPI) la citación de dos testigos: la pareja de la víctima y una fiscal. La defensa argumentó que sus testimonios eran pertinentes para indagar sobre diversos aspectos relacionados con los hechos y la querella. El TPI accedió a la solicitud, autorizando la citación de ambos testigos, aunque limitando el interrogatorio a la fiscal para proteger la confidencialidad del sumario. El Fiscal Especial Independiente (FEI) presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, impugnando la decisión del TPI por falta de pertinencia de los testigos. Durante la tramitación del recurso, otro panel del Tribunal de Apelaciones determinó que el cargo contra el imputado estaba prescrito. El Tribunal Supremo posteriormente expidió un auto para revisar esa determinación de prescripción. No obstante, en el ejercicio de su discreción, el Tribunal de Apelaciones resolvió no intervenir con la decisión del TPI que autorizó la citación de los testigos solicitados por la defensa.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegando una petición de certiorari presentada por Carlos Luis González Rivera. El peticionario solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla que declaró No Ha Lugar su moción de corrección de sentencia bajo la Regla 185 de Procedimiento Criminal. González Rivera alegó que las sentencias impuestas en 2002, producto de una alegación preacordada por delitos como secuestro y violaciones a la Ley de Armas, contenían errores. Específicamente, argumentó que la pena por secuestro excedió el mínimo acordado y que los cargos y penas por delitos de armas eran incorrectos. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, determinó que la petición no presentaba una controversia sustancial. Por consiguiente, se denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Laderas DPDC PR Corporation. El recurso impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de ejecución de hipoteca instado por Bautista Cayman Asset Company. Laderas cuestiona la legitimación activa de Bautista, particularmente la adquisición y transferencia de los pagarés. Durante el descubrimiento de prueba, Laderas solicitó documentos a Bautista sobre los acuerdos de transferencia, incluyendo los relacionados con el FDIC. Ante la falta de acuerdo, el TPI resolvió que el FDIC era la fuente adecuada de información y denegó la solicitud de Laderas para que Bautista produjera dichos documentos. Laderas alegó que esta limitación al descubrimiento de prueba afectaba su derecho a impugnar la jurisdicción de Bautista. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición. Considerando la naturaleza discrecional del certiorari y las limitaciones procesales, el Tribunal denegó la expedición del auto.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso surge de un procedimiento de liquidación de comunidad de bienes tras el divorcio de Suleika Muñiz Román y José Antonio López Rodríguez. El señor López impugnó una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha orden, emitida ex parte a solicitud de la señora Muñiz, prohibía a ambas partes disponer de bienes gananciales sin consentimiento mutuo. La señora Muñiz había alegado que el señor López controlaba y disponía indebidamente de los bienes. El señor López argumentó que la orden violaba su debido proceso de ley y fue concedida improcedentemente. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición y los documentos. Consideró que el recurso de certiorari era procedente. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto. Finalmente, revocó la Resolución y Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en respuesta a una petición de certiorari. La petición fue presentada por Fernando Navarro, Finanxial Corp. y Navarro Morgado \& Associates, PSC, buscando la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. El caso subyacente en el foro primario involucra múltiples reclamaciones, incluyendo injunction, acción derivativa, fraude, incumplimiento de contrato y violaciones a leyes federales. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición de certiorari, la oposición de la parte recurrida y los documentos adjuntos. Aplicó el estándar que rige la intervención apelativa con la discreción del foro primario. Tras evaluar los argumentos y la evidencia, el tribunal concluyó que no se demostró que el foro primario hubiera cometido un error que justificara su intervención en esta etapa procesal. Específicamente, no encontró base para revocar la Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 15 de julio de 2020. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.