Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 17)

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de revisión judicial presentado por Ivette Melecio Berríos y William Dávila Muntaner. Solicitan revocar una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que determinó favorable una solicitud de consulta de construcción. Dicha solicitud fue presentada por Annette Gamalis Bergollo Huertas para legalizar una ampliación en su propiedad en Camuy. Los recurrentes intervinieron en el proceso administrativo, alegando que la construcción violaba condiciones restrictivas, invadía su terreno y afectaba el disfrute de su propiedad. La OGPe inicialmente denegó la consulta, pero tras una revisión administrativa, emitió la resolución favorable impugnada. La parte proponente presentó un alegato en oposición al recurso de revisión. La OGPe no compareció ante el Tribunal de Apelaciones. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución sobre Consultas de Construcción recurrida.

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Revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre servicios médicos a un confinado. El recurrente, José A. Méndez, impugna una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Méndez alegó que, tras ser atendido en Centro Médico por una lesión en el tobillo, se le recetó Neurontin y antinflamatorios, pero no recibió la receta al regresar a la institución. Solicitó remedios administrativos, insistiendo en la prescripción del médico externo. La División de Remedios Administrativos le informó que el expediente clínico no contenía la receta de Centro Médico, solo un resumen. La resolución final del Departamento de Corrección indicó que, al regresar a la institución, Méndez fue examinado, se le diagnosticó una torcedura y se le recetó Motrin. Para continuar con Gabapentin (Neurontin), se requería evaluación por un fisiatra de Physician Correctional, para lo cual estaba en lista de espera. El recurrente apela la negativa del Departamento a despacharle la receta de Gabapentin. El documento también expone los principios legales de la revisión judicial de decisiones administrativas en Puerto Rico.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Lauren Elise Zeltzer en un caso de divorcio y pensión alimentaria contra Zachary Marlen Zeltzer. La peticionaria impugnó una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de reconsideración y mantuvo dictámenes previos. Alegó errores relacionados con la denegación de citaciones para deponer al recurrido y sus corporaciones, y la celebración de la vista final de alimentos sin completar el descubrimiento de prueba. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso. Se destaca que las partes habían disuelto su matrimonio previamente y se había fijado una pensión alimentaria provisional de $45,000 mensuales. Posteriormente, en una vista ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias, las partes llegaron a una estipulación sobre la pensión, la cual fue ratificada. Considerando los antecedentes y el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. El peticionario, Héctor Rivera Marsach, solicitó la anulación de decisiones del Tribunal de Primera Instancia de diciembre de 2024. Estas decisiones denegaron su solicitud de relevo de una Sentencia por Consentimiento emitida en abril de 2018. La sentencia original surgió de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentado por RL Capital International, LLC. Mediante la sentencia, se ordenó al peticionario pagar más de $145,000 y se autorizó la venta en subasta de la propiedad hipotecada. El peticionario argumentó que la sentencia contenía intereses usurarios ilegales y que el tribunal carecía de jurisdicción. La recurrida se opuso, indicando que el consentimiento fue voluntario y que sus intereses eran legales como prestamista registrado. Tras varios trámites, el Tribunal de Primera Instancia rechazó consistentemente la solicitud de relevo del peticionario. El Tribunal de Apelaciones, al revisar la petición de certiorari, resolvió denegar su expedición.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se trata de una apelación presentada por Alfredo Hopgood Jovet y Ana Otero Cintrón. Impugnan una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El caso original fue una demanda de cobro de dinero instada por Banco Popular de Puerto Rico. Banco Popular reclamaba una deuda de tarjeta de crédito por $21,515.73 más honorarios de abogado. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de sentencia sumaria del Banco Popular y condenó a los demandados al pago. Los demandados, quienes comparecieron por derecho propio, negaron la existencia de la deuda y la recepción de estados de cuenta. La moción de sentencia sumaria del Banco Popular fue presentada fuera del término establecido por el Tribunal de Primera Instancia. Uno de los demandados (Hopgood Jovet) se opuso a la moción precisamente por su presentación tardía.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre un caso de daños y perjuicios. Los apelantes demandaron a varias entidades, incluyendo a Puerto Rico Telephone Company (PRTC), tras un accidente ocurrido en marzo de 2023. El accidente involucró una caída en un hoyo o caja en una acera en San Juan, alegando negligencia por parte de PRTC. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra PRTC mediante Sentencia Parcial. PRTC había solicitado la desestimación argumentando que la acción estaba parcialmente prescrita y que no tenía responsabilidad sobre el lugar o la caja. Los demandantes se opusieron, alegando diligencia y descubrimiento posterior de la posible responsabilidad de PRTC. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado que desestimó la acción contra PRTC.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Roberto Echevarría Pupo contra Carolina Catering Corporation. El apelante, miembro de la población correccional, demandó a la corporación por daños y perjuicios alegando que no le proveyeron su dieta especial, causándole problemas de salud. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por falta de jurisdicción, al entender que el apelante no había agotado los remedios administrativos disponibles para confinados. El foro primario fundamentó su decisión en la doctrina de agotamiento de remedios y el reglamento aplicable al Departamento de Corrección y Rehabilitación. El señor Echevarría apeló, argumentando que no procedía la desestimación por no agotar dichos remedios, considerándolos fútiles. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada.

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El caso se origina por una demanda de incumplimiento contractual y daños presentada por Kult Properties y otros contra Multinational Insurance Company tras los huracanes Irma y María. Las partes lograron un acuerdo transaccional por $340,634.00, el cual fue formalizado en una sentencia por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia advino final y firme sin que se presentaran reconsideraciones. Posteriormente, los demandantes solicitaron al foro primario ordenar el pago del acuerdo más intereses por mora. El tribunal primario emitió una orden requiriendo el pago y, ante la falta de justificación de la aseguradora, impuso una sanción de $10,000, incluyendo honorarios de abogado, fijando un término final para el pago total. Multinational recurrió de esta orden, alegando un error clerical impidió el envío de documentos necesarios para el pago. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como certiorari para revisar la determinación del foro primario. El panel apelativo procederá a modificar la orden recurrida, confirmándola con dichas modificaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de certiorari presentada por Carol G. Santiago Torres. La peticionaria buscaba revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sus solicitudes de revisión de varias multas de tránsito. El tribunal inferior determinó que sus solicitudes fueron presentadas fuera del plazo legal de 30 días. Las multas fueron expedidas en marzo de 2023 por un vehículo que la peticionaria alegó no poseer desde febrero de 2020. Argumentó que desconocía las multas hasta septiembre de 2024 porque no fueron emitidas a su nombre. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari. Esta decisión se basa en la naturaleza discrecional del remedio de certiorari y los criterios de revisión, que generalmente exigen deferencia a las determinaciones del tribunal inferior a menos que se demuestre prejuicio, parcialidad, abuso craso de discreción o error manifiesto.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso de cobro de dinero, enriquecimiento injusto, fraude y daños y perjuicios. La parte peticionaria, Miguel Ángel Fontánez García y otros, solicita la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden dio por admitido un requerimiento de admisiones presentado por la parte recurrida, Eliacin Molina Nieves. La admisión se basó en la alegada falta de respuesta oportuna de los peticionarios al requerimiento. Los peticionarios argumentaron no haber recibido el requerimiento inicialmente y luego admitieron un error en el cálculo del término para contestar. Tras responder tardíamente, el foro primario mantuvo su orden de dar por admitidas las admisiones. Los peticionarios solicitaron sin éxito la reconsideración y un relevo de la orden en el Tribunal de Primera Instancia. Mediante certiorari, impugnan la orden, alegando que el requerimiento era improcedente, que se denegó indebidamente el relevo y que no se consideró la enfermedad de su representante legal. El Tribunal de Apelaciones, evaluando los argumentos, resuelve denegar la expedición del recurso de certiorari.

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North Sight Communications, LLC (NSC) solicitó la revisión judicial de la Notificación de Adjudicación emitida por la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Manatí. La Junta había adjudicado el contrato para la Adquisición y Plan de Servicio de Radios Portátiles a Skytec, Inc. NSC, como licitador recurrente, impugnó esta decisión. Alegó que los productos ofertados por Skytec no cumplían con las especificaciones de la Solicitud de Propuestas y eran inferiores a los requeridos. La Junta de Subastas había evaluado las propuestas de Skytec y NSC. Adjudicó unánimemente la buena pro a Skytec, Inc. por ser el postor más bajo. La decisión de la Junta se basó en el análisis administrativo y los costos presentados por ambas compañías. Tras revisar los escritos y documentos, el Tribunal de Apelaciones procedió a resolver el recurso. La sentencia del Tribunal confirma la Notificación de Adjudicación recurrida. Esto valida la decisión de la Junta de Subastas de Manatí de otorgar el contrato a Skytec, Inc.

Resumen:

Peticionarios Katherin y Ernesto Román presentaron un recurso de Mandamus ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Buscan compeler a funcionarios del Departamento de Justicia y Seguridad Pública a presentar acusaciones contra la empresa Medina Auto y otros. La acción surge de la compra de un vehículo en agosto de 2022, donde alegan que el traspaso del título de su vehículo entregado en "trade in" fue notarizado sin su presencia ni identificación. Tras una querella policial, la investigación concluyó que no se cometió delito, conclusión respaldada por la fiscal Rocío Gracia Rivera. Los peticionarios se reunieron con la fiscal Gracia Rivera y la fiscal de distrito Arlene Gardón Rivera, quienes supuestamente trivializaron el asunto y defendieron la práctica de notarizar títulos sin las partes presentes. Inconformes y sintiéndose irrespetados, los peticionarios presentaron una queja contra las fiscales ante el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia ordenó el archivo de dicha queja sin trámite ulterior. Ante esta situación, los peticionarios acuden al Tribunal de Apelaciones solicitando que se ordene a los funcionarios presentar las acusaciones correspondientes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó un recurso de revisión administrativa presentado por Carlos J. Silva Galindo contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurso, intitulado "MANDAMUS", buscaba aparentemente revisar una certificación de sentencia. Sin embargo, el escrito carecía de hechos precisos, señalamientos de error o argumentación legal. El apéndice presentado no incluía la resolución final del Departamento de Corrección sobre la solicitud de remedio administrativo ni una orden del Tribunal de Primera Instancia. Al no contar con un documento o resolución final de un foro adjudicador para revisar, el Tribunal determinó que carecía de información indispensable para establecer su jurisdicción. La corte aplicó la doctrina de justiciabilidad, que exige la existencia de una controversia real, y recordó la obligación de cumplir rigurosamente las normas procesales. Por considerar que el recurso no era justiciable y por falta de jurisdicción, el Tribunal procedió a desestimarlo.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y cobro de dinero. La disputa involucra a Evolution Services Group y Sojitz de Puerto Rico (Genesis/Hyundai). Evolution demandó a Sojitz alegando la renovación automática de contratos de servicios de limpieza y mantenimiento. Argumentó que Sojitz no cumplió con el requisito contractual de notificar la no renovación con 30 días de antelación. Sojitz presentó una moción de desestimación, la cual el Tribunal de Primera Instancia denegó. El TPI trató la moción como solicitud de sentencia sumaria y determinó que Sojitz no cumplió con los requisitos de notificación. Concluyó que los contratos se renovaron automáticamente y ordenó una vista sobre daños. Sojitz recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari solicitado.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Migdalia Hance García, administradora del Hogar Moriah, en revisión judicial. Impugna la Resolución de la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia que confirmó un hallazgo de negligencia en su contra. La Unidad de Maltrato Institucional (UMI) había determinado que referidos por negligencia en supervisión y salud en el hogar sustituto estaban fundamentados. La investigación de la UMI inició en agosto de 2020 tras alegaciones de maltrato a adultos mayores. La UMI validó la negligencia y recomendó la cancelación de la licencia. La señora Hance García apeló esta determinación ante la Junta Adjudicativa. Tras una vista y el informe de la Oficial Examinador, la Junta confirmó el hallazgo fundamentado mediante Resolución del 20 de septiembre de 2024. La recurrente solicitó la revisión judicial de dicha Resolución. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Sentencia, confirma el dictamen recurrido de la Junta Adjudicativa.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari. El recurso proviene de un caso civil por daños alegados por vicios de construcción. Los peticionarios, demandados en el pleito original, impugnan una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha resolución concedió a los recurridos, demandantes originales, una prórroga de veinte días para la entrega de informes periciales. Los peticionarios argumentaron que los demandantes no habían entregado la prueba pericial solicitada en descubrimiento de prueba desde 2022. Señalaron respuestas evasivas y falta de documentación adecuada por parte de los demandantes. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal y los argumentos de la petición. Tras considerar los fundamentos, el Panel VI del Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una resolución del Foro Administrativo de Educación Especial que desestimó una querella por falta de jurisdicción. El padre del estudiante G.L.V. había presentado la querella contra el Departamento de Educación alegando incumplimiento en la provisión de terapias ABA y violaciones al derecho a una Educación Pública y Gratuita Apropiada (FAPE). Las partes alcanzaron un acuerdo en una reunión de mediación para reiniciar las terapias y discutir otros asuntos en una reunión del COMPU. Sin embargo, el padre solicitó posteriormente la anulación de dicho acuerdo, argumentando que limitaría futuras acciones legales y ejerciendo su derecho a cancelar el acuerdo dentro de tres días. El Foro Administrativo desestimó la querella original por ausencia de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del Foro, validando la desestimación de la querella.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Los apelantes, Luis Enrique González Fuentes y Ángel Rafael González Fuentes, buscaban revocar el dictamen que declaró con lugar una petición de interdicto y daños presentada por BoricUAS Auto Parts & Sales LLC y otros. El foro primario había declarado nulo un permiso de construcción otorgado a los apelantes, ordenando la paralización inmediata de la obra y la demolición de lo construido. La controversia se originó por querellas de la Junta de Planificación y el DRNA contra los apelantes por movimiento de tierra sin permisos, resultando en órdenes de cese y desista y multas. Los apelados alegaron daños a su propiedad por los trabajos no autorizados, incluyendo derrumbes e inundaciones. Un Profesional Autorizado expidió un permiso de construcción a los apelantes mientras el caso de interdicto estaba pendiente. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia parcial apelada. No obstante, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia parcial según modificada.

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Félix Ocasio Quiñones recurrió ante el Tribunal de Apelaciones la decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La Junta basó su negativa en que los factores en contra del confinado pesaban más que los favorables, específicamente señalando que los recursos propuestos (hogar, amigo consejero y oferta de empleo) no pudieron ser corroborados por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Ocasio Quiñones impugnó la resolución de la Junta mediante un recurso de revisión judicial, argumentando que la decisión fue arbitraria y caprichosa, violando su derecho a la rehabilitación y al debido proceso. El Tribunal de Apelaciones ejerció su facultad de revisión judicial sobre la determinación administrativa, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, para asegurar que la agencia actuara dentro de los límites legales y constitucionales. Tras evaluar el expediente y las comparecencias de las partes, el Tribunal concluyó que procedía revocar la Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Nelson Vázquez Báez. Vázquez Báez impugnó una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Office Depot Puerto Rico, LLC. Su querella alegaba despido injustificado, represalias y cobro de comisiones adeudadas. Vázquez Báez sostuvo que fue despedido el 1 de septiembre de 2022 sin justa causa y en represalia por quejas sobre un programa de la compañía. Office Depot argumentó que el despido fue justificado tras una investigación interna. Dicha investigación reveló que Vázquez Báez reclamó fraudulentamente gastos personales como gastos de negocio. Office Depot afirmó que Vázquez Báez admitió y reembolsó los gastos tras ser confrontado con la evidencia. La compañía defendió que esta conducta deshonesta constituía justa causa para el despido y negó deber comisiones o haber actuado con represalia. El Tribunal de Apelaciones examinó los fundamentos del caso. Finalmente, el tribunal confirmó la sentencia sumaria apelada, validando la desestimación de la querella de Vázquez Báez.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Jesús A. Rodríguez González. El peticionario solicitó ser eliminado del registro de ofensores sexuales y de su récord penal. Fue convicto por delitos sexuales en 2004, registrado bajo la Ley 266-2004 y completó su sentencia en 2012. Su solicitud de eliminación en 2024 fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro aplicó retroactivamente las enmiendas de la Ley 243-2011, clasificándolo como ofensor tipo III con registro de por vida. El peticionario recurrió, alegando errores en la clasificación, la denegación de sus derechos y la aplicación retroactiva de la ley. Tras examinar la petición y la oposición del Estado, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, emitió una resolución el 14 de marzo de 2025 en el caso KLCE202500253. La resolución atiende una Petición de Certiorari presentada por Clinical Medical Services, Inc. contra Norma Vélez Soto, relacionada con un caso de acoso laboral del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. El tribunal examinó varias mociones presentadas por la parte peticionaria. Se denegó la moción en auxilio de jurisdicción. Se autorizó la presentación del recurso en exceso de páginas y la solicitud sobre el apéndice bajo sello. Sin embargo, en cuanto a los méritos del recurso de certiorari, el tribunal resolvió no ejercer su función revisora. Por lo tanto, se denegó la expedición del auto de certiorari. Esta decisión se tomó prescindiendo de procedimientos ulteriores para un despacho eficiente, conforme a las reglas de procedimiento aplicables. La denegación es sin perjuicio de que los planteamientos de derecho puedan presentarse en una eventual apelación.

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Resolución de un panel judicial que considera un recurso de certiorari presentado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La AEE impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación por prescripción. La acción original fue presentada por Rebecca Rivera Serbia por daños sufridos en una caída en abril de 2023. La demanda inicial incluyó a otras entidades como el Municipio de San Juan y la AAA. Tras el desistimiento contra algunos demandados, la AEE y LUMA fueron incluidas en una demanda enmendada. Ambas entidades presentaron mociones de desestimación alegando que la acción estaba prescrita bajo el Código Civil. El TPI declaró No Ha Lugar dichas mociones en diciembre de 2024. La AEE argumenta que el TPI erró al no concluir que la causa de acción estaba prescrita. El tribunal revisa la decisión del TPI mediante este recurso extraordinario.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El apelante, Oscar Pagán Ríos, solicitó la revisión de una Sentencia en Rebeldía dictada en su contra por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda original fue presentada por Monserrate Simonet \& Gierbolini, LLC por servicios legales adeudados. Inicialmente tramitado bajo procedimiento sumario, el caso enfrentó dificultades para emplazar personalmente al demandado. Tras intentos infructuosos de notificación personal, la parte demandante solicitó y obtuvo la conversión del caso a procedimiento ordinario. Posteriormente, el foro primario autorizó el emplazamiento por edicto basado en las gestiones previas. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el dictamen, determinó revocar la sentencia apelada. Asimismo, dejó sin efecto la anotación de rebeldía contra el señor Pagán Ríos. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos conforme a lo resuelto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso se originó por una querella presentada por Josué Laguna Ríos contra Iconic Realty Group, Money House, Inc. y First Bank Puerto Rico. El recurrente solicitó la devolución de un depósito de $\$1,600$ pagado por la compra de una propiedad. Alegó haber recibido asesoramiento inadecuado del corredor de bienes raíces y no haber cualificado para un préstamo, lo que resultó en la cancelación del contrato de compraventa con First Bank. First Bank se negó a devolver el depósito basándose en las cláusulas del contrato. El DACo emitió una resolución apelada y desestimó parcialmente la querella contra Money House. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del DACo. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. Los peticionarios, incluyendo Capitol Bridge Puerto Rico LLC y otros, solicitan la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar su solicitud de desestimación de una demanda presentada por Xavier Melón Negrón. La demanda de Melón Negrón alega despido injustificado, acoso laboral y daños y perjuicios. Melón Negrón afirma haber sido empleado de las entidades Capitol Bridge y despedido sin justa causa. Los peticionarios argumentan que solo Capitol Bridge Puerto Rico era el patrono y que el despido fue por justa causa. Niegan ser patronos o responsables los demás codemandados (Capitol Bridge LLC, Jordan Nicholas, Víctor Fernández García). También impugnaron la causa de acción por acoso laboral por falta de agotamiento de remedios administrativos. El foro primario convirtió el proceso de sumario a ordinario, pero denegó la moción de desestimación posterior. El Tribunal de Apelaciones ha decidido expedir el recurso de certiorari para revisar la determinación del foro primario.

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El Caño Resort, Inc. compareció vía certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para impugnar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. El caso subyacente es una acción reivindicatoria y de daños y perjuicios donde El Caño alega que los recurridos ocupan ilegalmente su terreno. La resolución apelada, emitida el 19 de diciembre de 2024, concedió a los recurridos permiso provisional para colocar una verja en la propiedad por razones de seguridad. Esta autorización se dio a pesar de una orden previa de 2017 que prohibía construcciones adicionales. El Caño argumentó que el remedio provisional incumplía con los requisitos procesales y violaba la doctrina de la ley del caso. Los recurridos defendieron la decisión, citando la Regla 56 y excepciones a la ley del caso. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales también intervino, señalando la controversia sobre la naturaleza del predio y el posible impacto en una zona marítimo-terrestre. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. El Tribunal revocó la resolución recurrida del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en un caso de ejecución de hipoteca. Las partes involucradas son Estrella Homes III, LLC como recurrida y Ray Leonerdirt Díaz Santiago como peticionario. El caso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. El peticionario presentó una Moción Urgente Combinada de Certiorari y Suspensión Inmediata de Lanzamiento, acogida como solicitud en auxilio de jurisdicción, junto con un recurso de Certiorari. El Tribunal evaluó ambas solicitudes. La solicitud en auxilio de jurisdicción fue declarada No Ha Lugar. Asimismo, se denegó la expedición del recurso de certiorari. La Resolución fue dictada el 13 de marzo de 2025 por el Panel VIII.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Certiorari. Los Peticionarios, José Julián González Celimen y otros, solicitaron la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la solicitud de los Peticionarios para desestimar una reconvención presentada por la señora Dayana Herrera Gómez. Los Peticionarios argumentaron que la reconvención era improcedente porque el inmueble objeto de la controversia no contenía los espacios residenciales familiares requeridos por ley. El foro primario resolvió que determinaría la cantidad de dichos espacios tras una vista evidenciaria. La acción original en Primera Instancia fue una demanda de desahucio por falta de pago y cobro de dinero presentada por los Peticionarios contra los Recurridos. Los Peticionarios alegaron ser dueños de una propiedad con apartamentos de alquiler y que los Recurridos incumplieron con el pago de la renta de uno de ellos. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega el recurso de certiorari presentado por los Peticionarios.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en una Apelación. El apelante, Ángel J. Sánchez Velázquez, impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha Sentencia desestimó su Demanda contra AIG Insurance Company por incumplimiento de contrato de seguro por incapacidad. Sánchez Velázquez reclamaba $\$20,000$ bajo una póliza "Family Care" tras sufrir un accidente de trabajo en 2011 que, según él, le causó incapacidad total y permanente. Alegó que AIG denegó su reclamación en 2017 basándose en la temporalidad de su incapacidad según el seguro social y la reapertura de su caso del Fondo del Seguro del Estado. AIG solicitó la desestimación de la demanda, argumentando que era una repetición de un caso anterior desestimado por inacción y que la acción estaba prescrita. El TPI concluyó que el apelante no tenía derecho a compensación bajo la póliza. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar el recurso tras la comparecencia de ambas partes.

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Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Unique Security, Corp. impugna la adjudicación enmendada de la Subasta General 2025-011 del Municipio Autónomo de Cayey para servicios de guardia de seguridad. Se presentaron tres proponentes: Unique Security, JOM Security Services, Inc. y Genesis Security Services, Inc. Una adjudicación inicial a favor de JOM fue previamente impugnada por Unique y desestimada por el Tribunal, ordenando a la Junta de Subastas emitir una adjudicación enmendada y fundamentada. La Junta emitió la adjudicación enmendada el 30 de diciembre de 2024, reiterando la buena pro a JOM Security Services. La notificación enmendada detalló las propuestas económicas de los licitadores. Se indicó que JOM revisó sus tarifas al alza por cambios en el salario mínimo. La Junta justificó la selección de JOM sobre Unique, el postor con el precio inicialmente más bajo, alegando que Unique incumplió con un requisito. Unique Security presenta este recurso para revisar dicha adjudicación enmendada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre una disputa en el Condominio Monteflores. El Consejo de Titulares apeló una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). DACo había declarado nulas ciertas disposiciones del Reglamento del Condominio de 2022 que prohibían los alquileres a corto plazo, al considerar que no contaban con la aprobación unánime requerida. DACo también invalidó el Reglamento de 2014 y anuló las multas impuestas al titular Bryce Wesley Galen. Además, DACo ordenó al Consejo y a la Junta de Directores el pago de honorarios de abogado. Galen inició la acción presentando una querella ante DACo, impugnando las multas y argumentando que los reglamentos, especialmente la prohibición de alquileres a corto plazo, eran nulos por enmendar la escritura matriz sin consentimiento unánime. El Consejo y la Junta defendieron la validez de los reglamentos y las multas. El Tribunal de Apelaciones finalmente confirmó la determinación apelada de DACo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari en un caso de divorcio. El peticionario solicitó revocar dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia que dejaron sin efecto una resolución previa y denegaron una moción de reconsideración. Tras la denegación de su primera reconsideración, el peticionario presentó una segunda moción de reconsideración ante el foro primario. Dicha segunda solicitud de reconsideración aún no ha sido resuelta por el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari. La denegación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El recurso se considera prematuro mientras exista una determinación pendiente ante el tribunal apelado. La parte solicitante podrá recurrir nuevamente una vez el foro primario resuelva la controversia pendiente.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari relacionado con un caso de custodia. La peticionaria, Darlene Pérez Raíces, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de reconsideración. Dicha moción buscaba revertir una orden previa que dejó sin efecto las relaciones materno-filiales. Este es el tercer recurso que la peticionaria presenta ante este tribunal en el mismo pleito sobre la custodia de una menor. La custodia de la menor fue previamente adjudicada a la abuela paterna, Laura Pérez Hernández. El historial procesal incluye múltiples solicitudes de custodia y ampliación de relaciones por parte de la madre, oposiciones de la abuela y órdenes del foro primario sobre relaciones supervisadas. La peticionaria incluso presentó una moción de desistimiento voluntario alegando dificultades económicas y de defensa. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los antecedentes, deniega el recurso de Certiorari presentado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación sobre división de bienes hereditarios. El apelante, Ferdinand Maldonado, impugna la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que desestimó con perjuicio su demanda. El pleito original buscaba la intervención judicial en la herencia de su madre fallecida y acceso a sus bienes y cuentas. Los apelados, hermanos del apelante, solicitaron la desestimación del caso. Argumentaron que el apelante había sido desheredado por la madre en su testamento. Presentaron copia del testamento que justificaba la desheredación por maltrato emocional. El testamento identificaba únicamente a los apelados como herederos. El foro primario acogió la moción de desestimación y archivó el caso con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisa el recurso presentado contra esta determinación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de apelación presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Alturas de Caldas. La apelación provenía de un caso sobre incumplimiento de contrato de seguros relacionado con el Huracán María. La parte apelante presentó una moción solicitando el desistimiento de la apelación. El Tribunal declaró con lugar dicha moción. En consecuencia, se dictó una sentencia de desistimiento con perjuicio. Se ordenó el cierre y archivo definitivo del procedimiento de apelación. Esta decisión se fundamenta en la Regla 83 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. Miguel A. Méndez Román impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia que autorizó enmendar una acusación en su contra. El caso se relaciona con cargos por infracción a los Artículos 182 y 222 del Código Penal. La controversia principal surge de una discrepancia en la acusación por el Artículo 182. El título de la acusación mencionaba "tentativa" de apropiación ilegal agravada. Sin embargo, el cuerpo de la acusación describía la apropiación de \$24,000, un delito consumado. El Ministerio Público solicitó enmendar el título bajo la Regla 38 para corregir este error formal y que concordara con el cuerpo de la acusación. La defensa se opuso, argumentando falta de autoridad para acusar el delito consumado. El Tribunal de Primera Instancia autorizó la enmienda. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Eliezer Santana Báez contra Néstor Borneu Jiménez. El Sr. Santana apeló la Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda en daños y perjuicios. La desestimación se basó en la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, específicamente por no haber agotado los remedios administrativos ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Apelante argumentó que el foro de instancia erró al requerir el agotamiento de remedios administrativos, ya que la agencia no tiene personalidad jurídica para dirimir controversias de daños. Sostuvo que la jurisdicción para acciones en daños reside en el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones consideró la doctrina de agotamiento de remedios administrativos, citando la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Tras revisar los fundamentos, el panel judicial confirmó la Sentencia Enmendada apelada. La decisión valida la desestimación de la demanda por la falta de agotamiento de los procedimientos administrativos internos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa. Transporte Sonnell, LLC impugnó la adjudicación de una subasta del Municipio de Morovis. La impugnación se basó en una alegada notificación defectuosa de la adjudicación. Transporte Sonnell solicitó la paralización de la subasta, la cual fue concedida inicialmente por el Tribunal. El Municipio de Morovis informó posteriormente que había efectuado una nueva notificación de la adjudicación a todos los licitadores. Alegó que esta acción tornaba el recurso académico. El Tribunal, citando jurisprudencia sobre casos académicos, determinó que la nueva notificación subsanó el defecto alegado. Al desaparecer la controversia original, el recurso perdió actualidad y efectos prácticos. Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso de revisión administrativa por haberse tornado académico.

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Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió una apelación en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. El recurso fue instado por Arcángel Ruiz Negrón y otros contra Hospital Español Auxilio Mutuo, Inc. y otros, buscando revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Tras presentar el recurso, la parte apelante radicó una moción de desistimiento voluntario. La razón expuesta para el desistimiento fue haber alcanzado un acuerdo privado con la parte apelada. Dicha moción fue presentada con la anuencia de los abogados de todas las partes involucradas. El Tribunal de Apelaciones declaró Ha Lugar la solicitud de desistimiento voluntario. Como resultado, el recurso apelativo se tuvo por desistido con perjuicio. Se ordenó el cierre y archivo del presente caso. Adicionalmente, se eximió a la parte apelada de la obligación de presentar su alegato en oposición al recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de apelación KLAN202500069. Rafael Velázquez Santiago apela la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Coamo, que desestimó sin perjuicio su demanda contra Nelson Rodríguez Bonilla. La acción original fue instada por incumplimiento contractual y daños y perjuicios contra Rodríguez Bonilla y otro codemandado. El proceso incluyó el emplazamiento de los demandados y la obtención de una orden de remedio provisional contra Nelson Rodríguez Bonilla. El otro codemandado se acogió a la ley de quiebras, resultando en el archivo parcial del caso respecto a él. El apelante solicitó y obtuvo la anotación de rebeldía contra Nelson Rodríguez Bonilla. A pesar de estos trámites, el foro primario desestimó la acción contra Rodríguez Bonilla. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el historial del caso, decide revocar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en respuesta a un recurso de apelación presentado por Fernando Manuel Torres Ruiz. El apelante solicitó la revocación de una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha Sentencia lo encontró culpable de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, específicamente por portación y uso sin licencia y disparar un arma de fuego. Los hechos imputados ocurrieron el 8 de enero de 2018 y resultaron en la muerte de Edgar Yomar Casiano Caraballo. El Tribunal de Primera Instancia impuso penas de 99 años por el asesinato y penas duplicadas por los delitos de armas. El apelante argumentó que la prueba presentada en el juicio no fue suficiente para sostener la convicción más allá de duda razonable, cuestionando la corroboración de una alegada admisión. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió Sentencia en el caso KLAN202400934. La apelación fue presentada por Banco de Sangre de Servicios Mutuos, Inc. contra Universal Insurance Company. El pleito original, incoado en el Tribunal de Primera Instancia, versaba sobre incumplimiento de contrato de seguro, mala fe y daños y perjuicios. Banco de Sangre reclamaba la cubierta de gastos extras, como la compra de sangre en Estados Unidos, incurridos tras los huracanes Irma y María bajo su póliza con Universal. Alegaba que Universal no pagó la totalidad de los gastos reclamados, a pesar de haber indicado previamente que estarían cubiertos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de Banco de Sangre. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado. Consecuentemente, se mantiene la desestimación del pleito contra Universal Insurance Company.

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Antonio A. Rivera Matos presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revisión de una orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso civil sobre daños y perjuicios e incumplimiento de contrato contra la Cooperativa de Viviendas Rolling Hills y otros. La orden del TPI se refería a una controversia en el descubrimiento de prueba, específicamente las objeciones de la Cooperativa a un requerimiento de producción de documentos del Sr. Rivera Matos. El peticionario alegó que las contestaciones de la Cooperativa eran evasivas y solicitó al TPI que ordenara la producción. La Cooperativa defendió sus objeciones basándose en diversas reglas procesales, incluyendo que los documentos ya estaban en posesión del peticionario, falta de pertinencia o privilegio. El TPI aceptó la contestación de la Cooperativa con sus objeciones y ordenó la continuación del descubrimiento, incluyendo las deposiciones. El Sr. Rivera Matos impugnó esta orden interlocutoria mediante el recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso y la resolución del TPI, denegó la expedición del auto solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel XI, emitió una Sentencia el 12 de marzo de 2025 en el caso de Certiorari KLCE202500152. Este recurso provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, relacionado con el pago de legados y la división de bienes hereditarios (Caso AR2018CV00479). Las partes involucradas eran PROVIAMÉRICA MONTALVO BONILLA Y OTROS como recurridos y MARIBEL MARIE MONTALVO RIVERA Y OTROS como peticionarios. La Sentencia consideró la Moción de Desistimiento de Recurso de Certiorari presentada por la parte peticionaria. El Tribunal declaró Ha Lugar la moción de desistimiento. Conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento, se ordenó el archivo del caso KLCE202500152. El desistimiento se declaró con perjuicio en cuanto a la respectiva reclamación de los peticionarios. No se impusieron costas, gastos ni honorarios de abogado a ninguna de las partes.

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La sentencia del Tribunal de Apelaciones atiende una solicitud del señor Jorge M. Blasini Cruz. El recurrente pedía ser relevado de esperar una prórroga de 90 días concedida al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para responder a su moción de reconsideración. Dicha moción impugnaba una resolución disciplinaria administrativa por violación de códigos internos. El señor Blasini Cruz alegaba dilación excesiva y posibles daños irreparables. El Tribunal, haciendo uso de su facultad para prescindir de términos, decidió resolver la solicitud sin esperar la respuesta del DCR. No obstante, el Tribunal desestimó el recurso presentado por el señor Blasini Cruz. La desestimación se basó en el incumplimiento del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Se citó la Regla 59, que establece los requisitos formales y de contenido para los recursos de revisión de decisiones administrativas. El recurso fue desestimado por no cumplir con estas exigencias reglamentarias sobre la estructura y el apéndice del escrito.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso KLCE202500247. La Resolución atiende una Moción en auxilio de jurisdicción y certiorari presentada por el peticionario Edgar Torres Morales. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, y trata sobre la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos e injunctions. El Tribunal de Apelaciones declaró No Ha Lugar al auxilio de jurisdicción solicitado. Asimismo, denegó la expedición del recurso de certiorari. La denegatoria se fundamenta en que la resolución del tribunal de instancia cuya revocación se pide aún no ha resuelto la controversia jurisdiccional. Específicamente, no se ha adjudicado la alegada falta de legitimación activa de la parte recurrida. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones consideró que su intervención en este momento resultaría prematura. La Resolución fue emitida el 12 de marzo de 2025.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de certiorari presentado por el doctor Carlos García Gubern. El doctor impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria parcial. Dicha solicitud buscaba limitar su responsabilidad económica en un pleito de daños y perjuicios por impericia médica. La demanda original fue incoada por la familia de Henry Smith García, quien falleció tras recibir tratamiento en el Hospital Episcopal San Lucas de Ponce. Los demandantes alegan negligencia por parte del hospital y varios médicos, incluyendo al doctor García Gubern, en el tratamiento del paciente. El doctor García Gubern argumentó que, al momento de los hechos, actuaba como médico de tratamiento (attending) involucrado en la enseñanza de residentes y estudiantes en un programa asociado a un Centro Médico Académico Regional (CMAR). Por ello, solicitó que se aplicaran los límites de responsabilidad establecidos en la Ley Núm. 136-2006, aplicable a los CMAR. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la resolución del foro primario.

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FirstBank obtuvo una sentencia de cobro de dinero por $337,795.05 contra el matrimonio Ramallo-Yllanes. Al no poder cobrar la deuda, FirstBank presentó una acción en fraude de acreedores contra el matrimonio y Latino Trust. Alegó que el matrimonio donó sus bienes al Trust antes de cumplir con la obligación, quedando insolvente y frustrando el cobro. FirstBank solicitó la nulidad de las donaciones o que el Trust respondiera por la deuda. Los demandados negaron las alegaciones, sosteniendo que las donaciones fueron legales y se reservaron bienes suficientes. Latino Trust solicitó sentencia sumaria, argumentando la falta de prueba de insolvencia al momento de las donaciones. FirstBank se opuso, afirmando que las donaciones causaron la insolvencia y se hicieron con intención fraudulenta. El Tribunal de Primera Instancia desestimó sumariamente la acción de fraude de acreedores. FirstBank apeló esta decisión. El panel de apelación, presidido por el Juez Figueroa Cabán, revoca la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Eliut Besares Rosado contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, un miembro de la población correccional, apeló la Resolución del DCR del 24 de octubre de 2024. Dicha resolución determinó que debía continuar bajo clasificación de custodia máxima. El Comité de Clasificación y Tratamiento del DCR tomó esta decisión a pesar de que la escala de reclasificación arrojó un resultado de custodia mínima. La agencia justificó la clasificación máxima mediante modificaciones discrecionales. Estas modificaciones se basaron en el historial de violencia excesiva del recurrente (incluyendo múltiples asesinatos), reincidencia habitual y desobediencia a las normas (quejas disciplinarias en prisión). El recurrente solicitó reconsideración, alegando cumplimiento con su plan y falta de sanciones recientes. El DCR denegó la reconsideración, reiterando su extenso historial criminal y disciplinario. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen. Finalmente, el Tribunal confirmó la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento de mantener al recurrente en custodia máxima.