Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 157)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) que confirmó la expulsión del ex Agente Wilberto Carlo Padilla de la Policía de Puerto Rico. La expulsión se originó por hechos de violencia doméstica ocurridos el 30 de octubre de 2015, que resultaron en un cargo bajo la Ley 54 y violaciones al Reglamento de Personal de la Policía. Aunque en el caso criminal se le concedió un programa de desvío y el caso fue archivado en marzo de 2018 tras cumplir satisfactoriamente, la Policía emitió la resolución final de expulsión en junio de 2018. El recurrente apeló ante la CIPA, argumentando que la Policía incumplió la Ley Núm. 35-2011 al tardar más de tres años en notificar la medida disciplinaria. La Policía solicitó sentencia sumaria, la cual la CIPA concedió en septiembre de 2020, confirmando la expulsión al no encontrar perjuicio indebido por la dilación. El Tribunal de Apelaciones, tras analizar el recurso, resuelve confirmar el dictamen recurrido de la CIPA.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de gravámenes. Las peticionarias, In & Out Distributors, Inc., recurren una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de reconsideración por supuesta falta de jurisdicción. El foro primario había dictado sentencia sumaria a favor de Oriental Bank, condenando a las peticionarias al pago de una deuda sustancial. Las peticionarias alegaron haber presentado la moción de reconsideración a tiempo vía correo electrónico, según los procedimientos vigentes por la pandemia. A pesar de presentar evidencia de este envío, el Tribunal de Primera Instancia determinó que la moción fue radicada fuera del término jurisdiccional. Las peticionarias impugnaron esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos entre excónyuges. La apelante, Elena Pinyot Valls, demandó a su excónyuge, Héctor Jesús Díaz Collazo, solicitando pensión alimentaria. Posteriormente, la apelante solicitó desistir de la demanda sin perjuicio debido a problemas de salud que requerían tratamiento fuera de Puerto Rico. El apelado se allanó al desistimiento pero pidió que fuera con perjuicio. El Tribunal de Primera Instancia decretó el desistimiento con perjuicio. La apelante apeló, argumentando que las acciones de alimentos entre excónyuges no constituyen cosa juzgada y, por tanto, el desistimiento debió ser sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones concurre con la apelante. Sostiene que las determinaciones sobre alimentos entre excónyuges no son cosa juzgada y la acción puede presentarse nuevamente si cambian las circunstancias. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones modifica la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de revisión judicial. El recurrente, Alfredo L. Rosales Rosado, impugnó una resolución del Negociado de la Policía que denegó la devolución de su licencia de armas. Alegó que la Policía aplicó una ley derogada en lugar de la vigente. El Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción. Se determinó que el recurso fue presentado fuera del término jurisdiccional de treinta días establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Dicho término comenzó a correr el 7 de diciembre de 2020, fecha de notificación de la resolución administrativa. Al no constar que se solicitara reconsideración, el término expiró el 7 de enero de 2021. El recurso fue presentado el 28 de enero de 2021, extemporáneamente. La falta de presentación dentro del término jurisdiccional obligó a la desestimación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia sobre una impugnación electoral para la alcaldía de Aguadilla. Yanitsia Irizarry Méndez, candidata del Partido Nuevo Progresista, recurrió la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia había desestimado su acción de impugnación contra la elección de Julio Roldán Concepción, candidato del Partido Popular Democrático. El caso se fundamentó en la impugnación de la adjudicación de votos mixtos por las máquinas de escrutinio electrónico. Particularmente, se cuestionaron los votos ausentes y adelantados procesados por la JAVAA según el Reglamento de Elecciones de 2020. El tribunal inferior había validado estas papeletas y desestimado la acción bajo el Artículo 10.15 de la Ley Núm. 58-2020. Tras revisar la sentencia recurrida, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la decisión del tribunal de primera instancia.

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Joel Ovalles Coriano compareció ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la reconsideración de una sentencia impuesta por el Tribunal de Primera Instancia en el año 2005. El peticionario alegó un error en dicha sentencia relacionado con la reincidencia y los agravantes bajo la Ley de Armas, buscando corregirla para acceder a posibles beneficios. El Tribunal de Apelaciones evaluó el escrito del señor Ovalles Coriano. Sin embargo, determinó que carecía de jurisdicción para atender la solicitud. La corte señaló que el peticionario no presentó un señalamiento de error ni recurrió de una resolución u orden reciente del tribunal inferior. La jurisdicción del Tribunal de Apelaciones se ejerce generalmente sobre decisiones recientes de tribunales de menor jerarquía, no para revisar sentencias antiguas directamente. El tribunal también hizo constar que el peticionario ha presentado reclamos similares en múltiples ocasiones anteriores. Por consiguiente, al no poder asumir jurisdicción, el recurso fue desestimado.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una Petición de Certiorari instada por Carmen Baerga Rivera y otros. La parte peticionaria impugna un dictamen interlocutorio del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, emitido el 14 de diciembre de 2020. Dicha resolución denegó la autorización para la entrega de un informe pericial médico en un caso de daños y perjuicios por una caída. Los demandantes habían anunciado un perito y se les concedieron plazos para presentar el informe tras la deposición de la demandante. Solicitaron prórrogas adicionales, alegando diversas justificaciones como enfermedad del abogado y del perito. El tribunal primario denegó las extensiones, considerando el último plazo perentorio, lo que llevó a la exclusión del informe. La parte peticionaria busca que el Tribunal de Apelaciones revoque esta decisión. El Municipio de Trujillo Alto, parte recurrida, se opone al certiorari y solicita la confirmación del dictamen impugnado. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver la controversia planteada tras analizar las posturas y documentos.

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Comparecen MTI Development & Construction S.E. y Doctor's Management & Hospital Services, Inc. ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicitan la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción de Relevo de Sentencia. Dicha moción buscaba dejar sin efecto una sentencia del TPI de 11 de octubre de 2019. Esa sentencia original, dictada en un caso de injunction iniciado por el Consejo de Titulares, determinó que la unidad 1-03 del Condominio no podía destinarse a uso médico, sino comercial (cafetería/restaurante), según la escritura matriz y el reglamento. Los peticionarios argumentaron en su moción de relevo que el TPI interpretó incorrectamente los documentos y presentaron nueva evidencia. No obstante, la sentencia del TPI de 11 de octubre de 2019 ya había sido objeto de un recurso apelativo previo (KLAN202000352). En ese recurso anterior, un Panel del Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del TPI sobre el uso de la unidad 1-03 mediante Sentencia de 9 de septiembre de 2020. Ante este historial procesal, el Tribunal de Apelaciones en esta Resolución deniega la expedición del auto de certiorari.

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Un confinado, Gerardo Rivera Ruiz, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente buscaba responsabilizar a funcionarios del Departamento por una agresión física que sufrió por parte de otros confinados. Alegó haber notificado previamente que su seguridad estaba en riesgo. Tras agotar los remedios administrativos sin satisfacción, acudió al Tribunal de Apelaciones. El tribunal concedió un término perentorio al recurrente para subsanar la omisión de documentos esenciales del expediente administrativo en un apéndice. El recurrente no cumplió con este requerimiento. El Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso adolecía de serios defectos procesales, incluyendo la falta del apéndice requerido por su reglamento. Al no poder asumir jurisdicción debido a estos incumplimientos reglamentarios, el tribunal procedió a desestimar el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una impugnación de subasta para servicios de mantenimiento de elevadores en residenciales públicos. Sky High Elevators Corp. recurrió la adjudicación hecha por A & M Contract, Inc., agente de la Administración de Vivienda Pública (AVP), a favor de Deya Elevators Services, Inc. Sky High alegó ser el licitador más económico y que la notificación de adjudicación era deficiente. A & M Contract se opuso, justificando la no selección de Sky High por supuestos incumplimientos pasados en 2018. Sky High argumentó que esta razón no fue incluida en la notificación original y disputó las alegaciones de incumplimiento. La invitación a subasta establecía que se adjudicaría al licitador responsable, responsivo y más económico. El tribunal observó que no se escogió al licitador más económico. La adjudicación no ofreció explicación alguna para esta decisión. Por tanto, el tribunal dejó sin efecto lo actuado.

Resumen:

Marcel Youssef Abboud Finianos demandó a Nilo Watch Parts, Inc. por despido injustificado y discrimen por edad. Durante el proceso de descubrimiento, el demandante no completó su deposición ni produjo documentos requeridos por la parte demandada. A pesar de múltiples intentos de la demandada y órdenes del Tribunal de Primera Instancia, el demandante persistió en su inactividad y falta de cumplimiento. El tribunal primario emitió órdenes requiriendo la producción de documentos y la continuación de la deposición, advirtiendo sobre posibles sanciones. Ante el incumplimiento reiterado del demandante, incluso después de una segunda advertencia, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio. La desestimación se basó en la inactividad del demandante, conforme a la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil. Inconforme con esta decisión, el demandante apeló, alegando que el tribunal erró al desestimar el caso sin cumplir adecuadamente con la Regla 39.2(a) y sin considerar otros remedios.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación interpuesto por LPC Contractors, Inc. contra el Municipio de Moca. LPC demandó al Municipio solicitando la devolución de arbitrios de construcción pagados por un proyecto de mejoras a la carretera PR-111, alegando un pago en exceso de \$106,755.23. La controversia surge del método de cálculo del arbitrio: LPC aplicó deducciones, mientras que el Municipio lo calculó sobre el monto total asignado a Moca sin deducciones, basándose en la Ley Núm. 50-2018. LPC sostuvo que las deducciones eran válidas y que la jurisprudencia previa aplicaba. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de LPC, determinando que la reclamación no presentaba una causa de acción válida bajo la ley vigente. LPC apeló dicha desestimación. La sentencia expone los antecedentes del caso, los argumentos de las partes y las determinaciones de hechos del foro primario que llevaron a la desestimación.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una acción laboral por despido injustificado y otros reclamos presentada inicialmente ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI). El patrono alegó la existencia de un acuerdo de arbitraje compulsorio. Tras descubrir el acuerdo durante el proceso judicial, la demandante solicitó el desistimiento sin perjuicio para someter el caso a arbitraje, alegando desconocimiento del acuerdo. El patrono se opuso, argumentando que la demandante renunció a su derecho al iniciar el litigio y participar en el descubrimiento de prueba. El TPI declaró no ha lugar la solicitud de la demandante, concluyendo que había renunciado voluntariamente al arbitraje. El Tribunal de Apelaciones revisa esta determinación del TPI. Concluye que el récord ante el TPI no permitía determinar si hubo una renuncia voluntaria al derecho contractual de arbitraje. Los documentos por sí solos no son suficientes para concluir que la demandante conocía la cláusula de arbitraje de forma que su conducta constituyera una renuncia voluntaria.

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Sentencia de apelación en el caso KLAN202000849, originado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El apelante, Eduardo M. Joglar Castillo, recurre contra una Sentencia Parcial que desestimó dos de sus causas de acción. Dichas causas de acción eran por incumplimiento de contrato y daños, y por acción derivativa. Estas reclamaciones surgieron tras su destitución como oficial y director de Advanced Wireless Communications, Inc. (AWC). Joglar Castillo alegó que su remoción fue injusta y le causó daños, además de acusar a co-accionistas de usurpar oportunidades de negocio de AWC. La Sentencia Parcial apelada había desestimado con perjuicio estas dos causas de acción. El apelante solicitó la revocación de dicho dictamen. Tras revisar los fundamentos, el tribunal de apelaciones resuelve confirmar la Sentencia Parcial recurrida. En consecuencia, las causas de acción por incumplimiento de contrato/daños y acción derivativa presentadas por Joglar Castillo permanecen desestimadas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de incumplimiento de contrato. La demandante, María M. Cruz Orellana, demandó a Mapfre por daños a su propiedad causados por el huracán María, alegando que la aseguradora no cumplió sus obligaciones contractuales. Mapfre solicitó la desestimación o sentencia sumaria, argumentando que las reclamaciones se basaban en una ley no retroactiva (Ley 247-2018) o que la demandante no cumplió requisitos jurisdiccionales o no expuso una reclamación válida debido a un pago en finiquito. La demandante sostuvo que su acción se fundamentaba en el derecho contractual general. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari. Tras revisar el caso, el panel revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, se ordenó la desestimación de la demanda presentada por la señora Cruz.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Trata sobre un recurso de Revisión Administrativa presentado por Carmen J. Ruíz Rodríguez contra una resolución del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). La recurrente impugnó una factura de cobro del DRNA, pero la resolución administrativa confirmó la factura. El Tribunal de Apelaciones examina su autoridad para atender el recurso. Se destaca la importancia fundamental de la jurisdicción y el deber de los tribunales de asegurarse de poseerla. La falta de jurisdicción es insubsanable y obliga a desestimar el caso sin entrar en sus méritos. El Tribunal concluye que carece de jurisdicción para conocer de este recurso particular. Por lo tanto, se decreta la desestimación del recurso de revisión administrativa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre un caso de despido injustificado bajo la Ley 80. El apelante, Melvin Soto Torres, impugna la sentencia sumaria que declaró justificado su despido por parte de Pueblo Inc. Soto Torres alegó que su despido en enero de 2018, tras más de 10 años de servicio, fue injustificado y relacionado con un incidente de carjacking donde, según él, siguió los procedimientos. Reclamó haber tenido buen desempeño y no haber recibido amonestaciones recientes. Pueblo Inc., por su parte, sostuvo que el despido fue justificado debido a reiteradas violaciones de normas y deficiencias en sus funciones gerenciales, presentando un historial de advertencias escritas previas al incidente del carjacking. La empresa argumentó que el apelante no corrigió su desempeño a pesar de múltiples oportunidades. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de Pueblo Inc., validando la justificación del despido. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de acceso a información pública. Luis Torres apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda buscaba obligar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a proveer información bajo la Ley Núm. 141-2019. Torres solicitó estadísticas, documentos y comunicaciones sobre querellas contra instituciones educativas privadas por cobros durante los terremotos y la pandemia. DACO solicitó la desestimación, alegando que no poseía la información estadística solicitada y que otra información no existía o estaba disponible públicamente. Argumentó además que la ley no le exigía crear documentos nuevos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, José González Santiago, confinado en custodia máxima, impugna la denegatoria de su solicitud de reclasificación a custodia mediana. González argumenta que el DCR no consideró sus 23 años en máxima seguridad, la culminación de terapias, sus estudios y tres años sin incidentes disciplinarios. Sostiene que merece un nivel de custodia menor para acceder a más programas disponibles en custodia mediana. El DCR denegó la solicitud basándose en una modificación discrecional por historial de violencia excesiva, citando su condena por el asesinato violento de dos alguaciles y su falta de cooperación con la agencia. La corte examina el proceso administrativo del DCR, que implica balancear el interés público en la seguridad y rehabilitación con el interés del confinado, utilizando un manual de clasificación con criterios objetivos y modificaciones discrecionales.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por la Asociación de Garantías de Seguros Misceláneos (AGSM). La AGSM solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación. El caso subyacente fue iniciado por los esposos Bassiri contra Real Legacy por incumplimiento de contrato y cobro de dinero relacionado con daños por el huracán María. Los demandantes enmendaron la demanda para incluir a la AGSM como codemandada. El proceso judicial incluyó solicitudes y prórrogas para la expedición y diligenciamiento de emplazamientos. La AGSM fue emplazada tras ser incluida en la demanda enmendada. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado por la AGSM. El Tribunal revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Esto implica que el Tribunal de Apelaciones encontró mérito en la solicitud de desestimación de la AGSM.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Solicitud de Nuevo Juicio presentada por Jonathan Navarro Haddock. Navarro Haddock fue convicto en 2012 por asesinato en primer grado y uso de arma blanca, recibiendo una sentencia total de 111 años de prisión. Años después, solicitó un nuevo juicio alegando que el Ministerio Público ocultó evidencia exculpatoria. Argumentó que la fiscalía conocía información sobre su salud mental, un intento de suicidio y el uso de medicamentos al momento de los hechos, lo cual podría afectar su procesabilidad. También sostuvo que se ocultaron comunicaciones de su teléfono celular con la víctima que demostraban falta de motivación y deliberación. El Ministerio Público se opuso, indicando que la prueba no fue ocultada y que la alegación de no procesabilidad requería prueba pericial. El Tribunal de Apelaciones CONFIRMA la Resolución recurrida, manteniendo la denegatoria del nuevo juicio.

Resumen:

Gerardo Colón Rosado solicitó revisión judicial de una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, confinado, reclamaba bonificación adicional por trabajo realizado en julio y agosto de 2017. El Departamento denegó la solicitud, argumentando que la reclamación excedía el plazo reglamentario de doce meses desde la concesión de bonificaciones. Además, indicó que la bonificación por el periodo reclamado ya le había sido otorgada previamente. El recurrente impugnó esta determinación, alegando que la bonificación concedida correspondía a un periodo distinto. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión administrativa. Aplicando el estándar de deferencia a las agencias, el tribunal examinó el expediente. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Un tribunal apelativo revisó la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso entre el Consejo de Titulares del Condominio Mar del Sur, Attenure Holdings Trust 11, HRH Property Holdings, LLC y Triple S. La demanda original reclamaba daños por incumplimiento de Triple S en el pago de una reclamación de seguro por daños causados por el huracán María. El Consejo había cedido sus derechos sobre esta reclamación a Attenure y HRH después del siniestro. Triple S argumentó que esta cesión era nula por contravenir una cláusula de la póliza que requería consentimiento escrito para la transferencia de derechos. El TPI declaró nula la cesión y desestimó la demanda contra Attenure y HRH por falta de legitimación activa. La sentencia del tribunal apelativo revoca la determinación del TPI.

Resumen:

El Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico (CTMAPR) presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso buscaba impugnar la validez del Reglamento Núm. 9250 aprobado por la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices (JETMA). El CTMAPR alegó que la JETMA erró al aprobar el reglamento sin ofrecer una audiencia previa, en contravención a la ley aplicable. El Gobierno de Puerto Rico, en representación de la JETMA, solicitó la desestimación del recurso. Argumentó que el recurso fue presentado antes de la fecha de vigencia del reglamento impugnado. El Tribunal de Apelaciones consideró que las cuestiones de jurisdicción deben resolverse con preferencia. Un recurso presentado prematuramente carece de eficacia y priva al tribunal de jurisdicción. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme establece un término para impugnar reglamentos que comienza después de su fecha de vigencia. Dado que el recurso se presentó antes de la entrada en vigor del Reglamento Núm. 9250, el Tribunal concluyó que carece de jurisdicción. Por lo tanto, procede la desestimación del recurso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión judicial de una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, Wilfredo Rivera Aponte, impugnó la denegatoria de ingreso al programa de "Pase Extendido con Monitoreo Electrónico". El DCR basó su denegatoria en que el confinado no cumplía los criterios de elegibilidad del programa. Específicamente, las normas del DCR excluyen a personas convictas por delito grave de segundo grado o de mayor severidad, como es el caso del recurrente por asesinato en segundo grado. El recurrente alegó que sí cumplía los requisitos, habiendo cumplido un porcentaje de su sentencia. El Tribunal desestimó primero una solicitud de desestimación del DCR por falta de pago, confirmando el estatus *in forma pauperis* del recurrente. Procediendo a los méritos, el Tribunal aplicó el estándar de revisión judicial a las determinaciones administrativas. Tras evaluar el caso, el Tribunal confirmó el dictamen del DCR que denegó el ingreso al programa.

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El recurrente, Felipe Rodríguez Campos, impugna una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La determinación administrativa reclasificó su custodia de mínima a mediana y ordenó su traslado a una institución penal. Esta decisión se basó en una prueba de dopaje positiva a opioides mientras participaba en un programa de pre-reinserción comunitaria. Rodríguez Campos alegó que el Departamento no siguió el debido proceso para revocar sus privilegios en el programa. Argumentó que la falta de un proceso de revocación adecuado violó sus derechos constitucionales. También mencionó que medicamentos recetados pudieron causar el resultado positivo. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación administrativa. La sentencia revoca la decisión del Departamento de Corrección. El caso es devuelto al foro administrativo para que continúe los procedimientos conforme a lo resuelto por el Tribunal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100090. El apelante, José Pacheco Alcaide, presentó una moción urgente solicitando una prórroga para contratar representación legal y presentar un recurso de apelación. El recurso proviene de un caso civil sobre incumplimiento de contrato y daños. El Tribunal desestima el recurso por falta de jurisdicción. La sentencia explica que un tribunal que carece de jurisdicción solo puede declararlo y desestimar el caso. Se enfatiza que la ausencia de jurisdicción es insubsanable y no puede ser conferida por las partes. Los tribunales tienen el deber ineludible de auscultar su propia jurisdicción en cualquier etapa del procedimiento. La desestimación se basa en la determinación de que el Tribunal de Apelaciones no tiene la autoridad para atender el recurso presentado por el señor Pacheco.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Jaime De León Hernández contra El Pueblo. El señor De León, confinado, solicitó al Tribunal de Primera Instancia (TPI) la revisión de su sentencia por infracción a la Ley de Armas, alegando que la nueva ley le era más favorable y su sentencia original era excesiva. El TPI declaró no ha lugar su moción, indicando que fue presentada fuera de término. Inconforme, el señor De León recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Este tribunal expidió el recurso para revisar la decisión del TPI. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del TPI que denegó la solicitud del señor De León. La confirmación se basó en fundamentos distintos a los esgrimidos por el TPI.

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Ledesma & Vargas LLC presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso impugnaba una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria en un litigio con PLAZAQ, LLC sobre un contrato de arrendamiento comercial afectado por la pandemia de COVID-19. Ledesma & Vargas alegaba imposibilidad de pago o derecho a reducción del canon de arrendamiento. PLAZAQ solicitó la desestimación del certiorari por prematuro, argumentando que había presentado una solicitud de reconsideración ante el foro primario que interrumpió el término para apelar. El Tribunal de Apelaciones examinó la cuestión jurisdiccional. Determinó que la solicitud de reconsideración presentada por PLAZAQ ante el Tribunal de Primera Instancia interrumpió el término apelativo. Dado que el certiorari fue presentado antes de que el foro primario resolviera dicha reconsideración, el recurso resultó prematuro. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó la petición de certiorari por falta de jurisdicción. La resolución aclara que una desestimación por prematuridad permite a la parte recurrir nuevamente una vez el foro inferior resuelva lo pendiente.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa de una resolución del DACO. La resolución del DACO declaró con lugar una querella de Joyleen González Mundo contra Speedy Transmission Corp. DACO ordenó a Speedy Transmission pagar $11,335.70 en daños a la querellante. Speedy Transmission solicitó la revisión de esta resolución ante el Tribunal de Apelaciones. La señora González, parte recurrida, presentó una solicitud de desestimación del recurso. Argumentó que Speedy Transmission notificó su moción de reconsideración ante DACO fuera del término reglamentario. Según la recurrida, esta notificación tardía no interrumpió el término para acudir al Tribunal de Apelaciones. Por tanto, el recurso de revisión administrativa fue presentado fuera del término jurisdiccional de treinta días. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción para atender el caso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre custodia y relaciones maternofiliales. La peticionaria, Luz Jeannette Mojica Rosado, presentó un recurso de certiorari buscando revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha resolución del TPI, emitida en septiembre de 2020, dispuso sobre las relaciones maternofiliales y concedió un término para mostrar causa sobre recomendaciones de informe social. El Tribunal de Apelaciones advierte que la petición de certiorari no certificó notificación a la parte recurrida ni al TPI. Proceden a examinar su jurisdicción para atender el recurso. Se destaca la norma que establece un término estricto de treinta días para presentar la petición de certiorari. Este plazo se cuenta desde la notificación de la resolución recurrida o de la resolución sobre una moción de reconsideración. El Tribunal subraya que el cumplimiento de este término es esencial para que el foro apelativo tenga jurisdicción. La falta de jurisdicción impide al tribunal resolver el fondo del caso.

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Se presenta una Petición de Certiorari contra una resolución del TPI de Carolina que desestimó un caso. El caso fue inicialmente trasladado de San Juan a Carolina para la vista preliminar. El TPI de Carolina desestimó la denuncia el 23 de noviembre de 2020, bajo la Regla 64(n)(6). Una resolución enmendada corrigió un nombre el 7 de diciembre de 2020. El peticionario solicitó reconsideración el 15 de diciembre de 2020, la cual fue denegada. Posteriormente, presentó la Petición de Certiorari el 15 de enero de 2021. El peticionario alega que el TPI erró al desestimar el caso, argumentando que la demora se debió a la imposibilidad de localizar al recurrido y que no se celebró la vista requerida ni se demostró perjuicio. La Sociedad para Asistencia Legal, en representación del recurrido, solicita la desestimación del recurso. Alega que el Certiorari es tardío, ya que los términos para recurrir comenzaron a correr desde la notificación de la resolución original el 25 de noviembre de 2020. Sostiene que la resolución enmendada no alteró el dictamen ni afectó los términos, por lo que el tribunal carece de jurisdicción al haberse tornado final y firme la resolución recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de Certiorari presentado por MAPFRE Pan American Insurance Company. MAPFRE solicita la revocación de resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron su solicitud de desestimación. El caso subyacente fue iniciado por Luis Álvarez Ortiz contra MAPFRE por alegados incumplimientos relacionados con una reclamación de seguro tras el huracán María. El señor Álvarez Ortiz reclama incumplimiento de contrato, mala fe y daños por el manejo de su reclamación y el pago insuficiente recibido. MAPFRE basó su solicitud de desestimación en la defensa de "pago en finiquito". Alegó que el señor Álvarez Ortiz aceptó, endosó y cobró un cheque por $7,796.40 sin reservas, extinguiendo así la obligación de la aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia rechazó este argumento y denegó la desestimación. Este Tribunal de Apelaciones evalúa la corrección de dicha determinación.

Resumen:

Este caso es una apelación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una reclamación laboral. La apelante demandó a su antigua patrona por despido injustificado y discrimen por edad, alegando que fue despedida sin justa causa y sustituida por una empleada más joven. La apelada argumentó que la apelante abandonó su empleo tras el paso del huracán María. El tribunal de instancia determinó que la apelante liquidó sus vacaciones, se mudó a Florida y no comunicó a su patrona su intención de ausentarse o solicitar licencia. Basado en estas determinaciones, el tribunal de instancia desestimó la reclamación. La apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y los fundamentos del tribunal recurrido. Finalmente, el Panel Especial del Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada. Con ello, se ratificó la desestimación de las reclamaciones por despido y discrimen.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Espada, Miñana & Pedrosa Law Offices. La parte peticionaria solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha decisión denegó su Moción de Desestimación en una demanda incoada por Quetglas Law Office. La demanda original alega incumplimiento de un acuerdo entre las firmas de abogados sobre representación conjunta y reparto de honorarios. Ante la denegatoria de su moción, los peticionarios acudieron al Apelativo y solicitaron Auxilio de Jurisdicción para paralizar los procedimientos en Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de Certiorari. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal denegó el auto de Certiorari solicitado. Consecuentemente, también declaró No Ha Lugar la Moción de Auxilio de Jurisdicción.

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Resumen:

QBE Seguros Puerto Rico apela la sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó indemnizar a La Vista/Río Mar Property Owners Association, Inc. La asociación demandó a QBE por incumplimiento de contrato de seguros tras negar una reclamación. La reclamación se originó por gastos de reparación de una carretera cercana dañada por lluvias, que la asociación realizó para proteger una verja perimetral asegurada. QBE negó cubierta, argumentando que la carretera no estaba asegurada ni era propiedad de la asociación, y que la verja no sufrió daños. La asociación sostuvo que el gasto era una pérdida cubierta bajo endosos específicos de la póliza. El foro primario acogió la solicitud de sentencia sumaria de la asociación. QBE apeló este dictamen, reiterando que la pérdida estaba excluida y que la reclamación era por la reparación de la carretera, no de la verja asegurada. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa la procedencia del recurso y los argumentos sobre la cubierta de la póliza.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Rubén Aponte Miranda, un confinado, quien solicita la aplicación del principio de favorabilidad a su sentencia. El peticionario comparece por derecho propio. Al examinar el recurso, el Tribunal advierte que la solicitud no menciona moción alguna presentada ante el Tribunal de Primera Instancia ni provee resolución u orden de dicho foro para revisar. Además, el recurso carece del apéndice requerido. El Tribunal recuerda la obligación de las partes, incluso las que comparecen por derecho propio, de cumplir con las reglas procesales para perfeccionar los recursos, citando la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones sobre el contenido y apéndice del certiorari. Señala que el ejercicio de la función revisora requiere una controversia real, conforme a la doctrina de justiciabilidad. Concluye que, ante la falta de una decisión del foro primario para revisar y el incumplimiento con los requisitos reglamentarios, carece de jurisdicción. Por tanto, el Tribunal decide desestimar el presente recurso de certiorari por falta de jurisdicción, actuando por iniciativa propia según la Regla 83(C).

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa un recurso de certiorari presentado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR). La CTPR impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación. El caso subyacente fue iniciado por Sluggers Entertainment, Inc. y otros, quienes demandaron a la CTPR por sentencia declaratoria y daños. Los demandantes alegan que la CTPR aprobó ilegalmente un reglamento y realizó incautaciones y multas millonarias de forma irregular. Sostienen que sus máquinas son de juegos electrónicos, no sujetas a la ley invocada por la CTPR. Afirman haber apelado las multas ante la CTPR en 2015, pero la agencia no las ha adjudicado en cinco años. Argumentan violación a su debido proceso de ley e incuria por parte de la CTPR. Solicitan la anulación de las multas (que superan el millón de dólares) y el pago de daños equivalentes. La CTPR presentó una moción de desestimación, alegando litigación previa. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revocó -en parte- la resolución del TPI.

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Comparece la parte apelante, Carmen Coralis Quiñones, solicitando la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Dicho tribunal la encontró culpable de robo agravado, daños y portación y uso de arma blanca, imponiéndole una pena de veinticuatro años y siete meses de prisión. Los hechos imputados ocurrieron el 31 de diciembre de 2018 en la tienda Exentrix en Ponce. Según las acusaciones, la apelante se apropió de mercancía mediante violencia e intimidación usando una navaja, causó daños a otros artículos y portó y utilizó el arma blanca ilegalmente. El juicio se celebró por tribunal de Derecho el 26 de junio de 2019. La gerente de la tienda, Doris M. Pagán Ruiz, testificó que la apelante puso mercancía en un bolso y, al ser confrontada, sacó una navaja y la amenazó. La apelación busca dejar sin efecto esta condena y sentencia.

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Víctor Ayala Tanco recurrió ante el Tribunal de Apelaciones la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación que ratificó su nivel de custodia máxima. El recurrente solicitó la revocación de dicha decisión. El Departamento, por conducto del Procurador General, admitió que su determinación final carecía de las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho requeridas por ley y reglamento. Ante este defecto fundamental, el Departamento solicitó la devolución del caso a la agencia para subsanarlo. El Tribunal de Apelaciones evaluó la solicitud y concluyó que le asistía la razón al Departamento. Dictó sentencia desestimando el recurso por prematuro. Ordenó la devolución del caso al Departamento con la instrucción de que el Comité de Evaluación y Tratamiento emita una resolución completa. Esta nueva resolución debe contener las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho que apoyen su decisión. La Juez Méndez Miró disintió, argumentando que el Tribunal debió atender el recurso en sus méritos.

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Se presenta un recurso de apelación contra una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio por separación. El apelante impugna la orden de pensión alimentaria establecida en una sentencia en rebeldía dictada en 2008. Alega falta de jurisdicción para imponer la pensión, argumentando su incapacidad, una supuesta orden de un tribunal de Nueva York que lo exime, y la residencia de la menor fuera de Puerto Rico por años. El apelante también sostiene que la sentencia en rebeldía concedió un remedio (pensión alimentaria) que no fue solicitado en la demanda original. El Tribunal de Primera Instancia, ante el reclamo del apelante, lo refirió a la Administración de Sustento de Menores (ASUME). El apelante apela esta decisión, argumentando que ASUME carece de autoridad para modificar o corregir errores en la sentencia de divorcio. Sostiene que la autoridad para atender su reclamo recae en el Tribunal de Primera Instancia o, en apelación, en el Tribunal de Apelaciones. El recurso busca que el Tribunal de Apelaciones revise la determinación del foro primario y la validez de la orden de pensión alimentaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Julio César Rivera Maldonado. El apelante fue declarado culpable por el Tribunal de Primera Instancia de Utuado de un delito tipificado en el Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54 (violencia doméstica), en su modalidad de maltrato físico. Tras la determinación de culpabilidad, el foro primario le concedió el beneficio de un programa de desvío bajo el Artículo 3.6 de la misma ley. Inconforme con esta resolución, el Sr. Rivera Maldonado presentó una apelación solicitando su revocación. El recurso de apelación alega varios errores cometidos por el Tribunal de Primera Instancia. Entre los errores señalados se encuentran la supuesta imposición de la carga de la prueba a la defensa y la falta de valoración adecuada de la prueba presentada. También se cuestiona la decisión del tribunal primario de no permitir el uso de récords telefónicos para impugnación. Finalmente, el apelante argumenta que no fue informado sobre el requisito de unanimidad del jurado (caso Ramos v. Louisiana) al renunciar a su derecho a juicio por jurado. El Tribunal de Apelaciones evalúa ahora el recurso para resolver sobre los señalamientos de error.

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El Tribunal de Apelaciones desestima un recurso de revisión judicial presentado por Evelyn Nogueras. La señora Nogueras impugnaba la denegatoria de beneficios por desempleo por parte del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El Negociado de Seguridad de Empleo le denegó los beneficios tras determinar que renunció a su empleo por dificultades de transportación sin justa causa. Esta determinación fue confirmada por el Árbitro de Apelaciones y posteriormente por el Secretario del Departamento. La recurrente solicitó reconsideración, la cual también fue denegada. Ante el Tribunal de Apelaciones, la señora Nogueras alegó que no se le permitió presentar evidencia sobre las reparaciones de su vehículo y que se vio forzada a renunciar. El tribunal, sin embargo, desestima el recurso. Fundamenta su decisión en la falta de jurisdicción, destacando que un recurso tardío o prematuro adolece de un defecto insubsanable.

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Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Jesús P. O’Neill Gómez solicitó la revisión de una supuesta determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) sobre su reclasificación de custodia. El recurrente alegó que el Comité de Clasificación y Tratamiento del DCR denegó su solicitud. Sin embargo, el Tribunal encontró que el recurso carecía de elementos esenciales requeridos por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. No se identificó la resolución u orden específica del DCR objeto de revisión ni se incluyó el apéndice con los documentos pertinentes. El Tribunal subrayó la obligatoriedad de cumplir con las reglas procesales para perfeccionar los recursos de revisión administrativa. La falta de cumplimiento impide al Tribunal ejercer su función revisora y aplicar la doctrina de justiciabilidad. Las partes, incluso actuando por derecho propio, deben acatar fielmente las normas procesales.

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Este recurso de apelación proviene de un caso de partición de herencia donde el Tribunal de Primera Instancia ordenó la venta en pública subasta de una propiedad. Los apelantes, disconformes con la orden de subasta, presentaron mociones de reconsideración y nuevo juicio. Argumentaron que la subasta les perjudicaría y propusieron alternativas como la adjudicación de la propiedad o su venta a un comprador precalificado. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar ambas mociones. Los apelantes recurrieron entonces al Tribunal de Apelaciones, señalando errores del foro primario al no considerar sus propuestas y ordenar la subasta. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción. El recurso fue considerado tardío.

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