Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 156)

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de revisión judicial presentado por Evelyn Ojeda Pérez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La recurrente, confinada, alegó haber pagado por sellos postales en la comisaría sin recibirlos ni obtener un crédito por el dinero. Inicialmente, el DCR respondió que no había sellos disponibles y adjuntó un estado de cuenta. La señora Ojeda solicitó reconsideración, pidiendo el crédito del dinero pagado. El DCR denegó la reconsideración, argumentando que la respuesta inicial fue adecuada y la solicitud de reconsideración planteaba un asunto distinto. Ante el Tribunal, el Procurador General, en representación del DCR, admitió que el expediente no evidenciaba la entrega de los sellos ni el crédito. El Tribunal procedió a revisar la actuación administrativa del DCR. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución recurrida del DCR.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por Metropolitan Lumber and Hardware. Metropolitan solicitó la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le declaró responsable en un caso de daños y perjuicios por resbalón y caída. La demanda original fue presentada por Denise Neptune Calderón, quien alegó haber sufrido una caída en una rampa mojada en el establecimiento de Metropolitan. Neptune Calderón sostuvo que el incidente se debió a la negligencia de la empresa y le causó una fractura de fíbula, reclamando daños físicos y emocionales. Metropolitan negó la negligencia, argumentando que la caída fue culpa de la demandante por no usar la barandilla y llevar calzado inadecuado. El Tribunal de Primera Instancia, tras evaluar la prueba, concluyó que Metropolitan fue negligente y que ello causó los daños sufridos por Neptune Calderón. El foro primario condenó a Metropolitan a pagar \$40,000 por daños físicos y \$3,000 por gastos médicos. Metropolitan apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y confirmó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de mala práctica médica. Minerva Ortiz Ortiz y otros apelaron la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra el Hospital Interamericano de Medicina Avanzada (HIMA) y la Dra. Sandra García Elósegui. La demanda original alegaba negligencia en el tratamiento de la hija menor de la Sra. Ortiz en HIMA en 2001. Los demandantes argumentaron que esta negligencia causó daños severos a la menor, resultando en anoxia cerebral y discapacidad permanente. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reclamación al considerar que los demandantes no probaron que el daño se debió con mayor probabilidad a la negligencia imputada. Además, impuso honorarios de abogados por temeridad. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Por las razones expuestas, el Tribunal de Apelaciones modifica la decisión emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000054. Se trata de una apelación presentada por los hermanos Olivella Zalduondo contra Triple-S Salud y Triple-S Management. La apelación impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que desestimó su demanda. La demanda original, incoada en 2010, reclamaba la titularidad y el pago del valor de acciones de Triple-S heredadas de sus padres. Los apelantes alegaron que las acciones no fueron redimidas ni pagadas al valor correcto, estimado en $1,500,000.00. Solicitaron el pago del valor de las acciones, acceso a los libros de la empresa y una rendición de cuentas. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de sentencia sumaria de Triple-S y desestimó la demanda con perjuicio. Los apelantes buscan la revocación de dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar el caso con los alegatos de ambas partes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de Daños y Perjuicios e Injunction. La apelación fue interpuesta por JW Aluminum Construction, Inc. y otros contra Juan B. Santiago Rodriguez y otros, buscando revocar una Sentencia Parcial Enmendada del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Los demandantes originales alegaron que el negocio de los demandados operaba sin permisos, causaba ruido excesivo y descargaba aguas usadas en su propiedad, solicitando injunctions para detener las actividades y $160,000 en daños. Los demandados defendieron tener permisos, argumentaron que las quejas debían resolverse administrativamente y presentaron una reconvención por hostigamiento. El debate legal se centró en si el tribunal de instancia podía ejercer jurisdicción directa sobre el injunction sin agotar los remedios administrativos. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial Enmendada apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000403, apelado por Héctor Pérez Ginés contra Vigilantes, Inc. y Cooperativa de Seguros Múltiples. El recurso proviene de una querella por despido injustificado, discrimen por edad y represalias desestimada por el Tribunal de Primera Instancia. El apelante alegó haber sido suspendido y despedido en agosto de 2016 tras presentar cargos ante agencias antidiscrimen y por tener 68 años, siendo reemplazado por alguien más joven. Las apeladas sostuvieron que el querellante no fue despedido, sino que abandonó voluntariamente su empleo al rechazar una reasignación tras una suspensión justificada por pobre desempeño. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de sentencia sumaria de las apeladas, al entender que el apelante no presentó evidencia suficiente para sustentar sus reclamaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y resolvió confirmar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de apelación presentado por Néstor Carrión Ortiz contra Homemeds, LLC. El caso original versa sobre cobro de dinero por servicios. Tras un recurso previo y devolución al foro primario, este emitió una Sentencia Enmendada. El apelante solicitó reconsideración de dicha sentencia en el último día del término jurisdiccional. No obstante, omitió notificar a la parte apelada la presentación de la moción dentro del término de cumplimiento estricto. El foro primario declaró no ha lugar la reconsideración. El apelante presentó entonces el presente recurso de apelación. La parte apelada solicitó la desestimación por falta de jurisdicción, argumentando que la moción de reconsideración no paralizó el término para apelar debido a la notificación tardía. El Tribunal de Apelaciones concluye que la omisión de notificar oportunamente la moción de reconsideración impidió que esta tuviera el efecto de interrumpir el término apelativo. Por tanto, el recurso de apelación fue presentado fuera del término jurisdiccional y se desestima por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito en un caso de impugnación de paternidad. Michael Antonio Marrero Rivera, residente en Oklahoma, demandó a Yesenia Pérez Marrero y a la menor J.M.M.P., residentes en Arizona, para impugnar la paternidad de la menor. El demandante alegó ser estéril y solicitó la enmienda del certificado de nacimiento, daños y reembolso de pensión alimentaria. La menor, representada por un Defensor Judicial, contestó la demanda y presentó una reconvención reclamando una deuda de pensión alimentaria. El Tribunal de Primera Instancia se declaró sin jurisdicción para atender la impugnación de paternidad, basándose en que ninguna de las partes reside en Puerto Rico, y no resolvió la reconvención. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como una petición de Certiorari para revisar la determinación jurisdiccional. Tras expedir el auto, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen del foro primario sobre la falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202000901. Se revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la causa de acción contra la esposa y la sociedad legal de gananciales de uno de los demandados. Los apelantes habían presentado una demanda por daños y perjuicios tras un accidente vehicular. Alegaron que el accidente fue provocado por la negligencia del señor Andrés Rivera Martínez. Posteriormente, incluyeron a su esposa, Mayra E. Cruz Bello, y la sociedad de gananciales como responsables. Los apelados solicitaron la desestimación contra la esposa y la sociedad, argumentando falta de alegaciones específicas y que el daño no benefició a la sociedad conyugal. El Tribunal de Primera Instancia concedió la desestimación sin perjuicio. Los apelantes intentaron enmendar la demanda para añadir alegaciones, pero el foro primario denegó el permiso. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, resuelve confirmar el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Oriental Bank figura como demandante-apelado y Pedro Yapor Núñez y otros como demandado-apelante. El recurso se interpuso contra una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia declaró Con Lugar la demanda de Oriental Bank, autorizando el cobro de la deuda y la ejecución de la hipoteca. La acción fue iniciada originalmente por Scotiabank, quien fue sustituido por Oriental Bank tras una fusión. Los apelantes se opusieron a la sentencia sumaria, planteando defensas como *rebus sic stantibus* y enriquecimiento injusto, además de cuestionar la validez del pagaré. El foro primario había establecido la existencia del pagaré hipotecario suscrito por los demandados. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones determinó CONFIRMAR la sentencia apelada. Esta decisión ratifica el dictamen sumario a favor de Oriental Bank en el procedimiento hipotecario.

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Se revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda de Rogelio Sánchez Martínez contra el Municipio Autónomo de Carolina. Sánchez Martínez demandó al Municipio bajo la Ley Núm. 115, alegando despido injustificado de su empleo transitorio. El Municipio planteó que el foro primario carecía de jurisdicción, argumentando que la materia correspondía a la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). El Tribunal de Primera Instancia determinó que sí poseía jurisdicción para atender la reclamación, al tratarse de la no renovación de un nombramiento transitorio. Sin embargo, el foro primario desestimó la demanda al concluir que Sánchez Martínez no adujo una causa de acción que justificara un remedio. Sánchez Martínez apeló esta determinación de desestimación. El panel apelativo revisó los fundamentos de la Sentencia recurrida. Por los fundamentos expuestos, el tribunal apelativo REVOCA la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso de apelación por incumplimiento de contrato de seguro. Los demandantes-apelantes, Lorraine De La Cruz y otros, recurrieron la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Universal Insurance Company. La demanda original reclamaba daños a una propiedad asegurada causados por el huracán María y el alegado incumplimiento de la aseguradora en el pago de la reclamación. Universal solicitó sentencia sumaria argumentando que la causa de acción estaba prescrita, ya que la póliza requería presentar la demanda dentro de un año de la fecha de la pérdida (20 de septiembre de 2017). La aseguradora sostuvo que el plazo venció el 20 de septiembre de 2018, o a más tardar el 15 de mayo de 2019 si se consideraba una interrupción. La demanda fue presentada el 28 de abril de 2020, fuera de ambos plazos. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la moción de sentencia sumaria por prescripción. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada, validando la desestimación del caso por los fundamentos expuestos.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el señor Emilio Andrés Rivera Morales para apelar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia lo encontró culpable de infringir el Artículo 3.2(D) de la Ley Núm. 54 sobre Violencia Doméstica. El apelante fue condenado a una pena de libertad a prueba por un término de uno a tres años. En su recurso, el apelante alegó que el foro primario erró al declararlo culpable con prueba insuficiente, argumentando que el delito no fue probado más allá de duda razonable. El Ministerio Público presentó su oposición al recurso. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar la apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal para atender la controversia planteada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100032. El recurso fue presentado por Villas In Puerto Rico Realty, PSC contra la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR). Villas In apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró con lugar una petición de la CTPR. La CTPR solicitó hacer cumplir resoluciones y órdenes administrativas para el cobro de impuestos sobre el canon por ocupación de habitación. Alegó que Villas In adeudaba \$629,155.00, cantidad que ascendió a \$1,442,503.62 con intereses y recargos. La CTPR indicó que Villas In no contestó las notificaciones de tasación preliminar y final ni la resolución administrativa. En el TPI, Villas In fue emplazado pero no presentó alegación responsiva dentro del término, ni siquiera tras una prórroga. El TPI anotó la rebeldía de Villas In y dictó sentencia ordenando el pago de la deuda reclamada. Villas In apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Comparecen el Estado Libre Asociado y el Negociado de la Policía apelando una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución concedió al señor Luis Torres acceso a información pública solicitada al amparo de la Ley 141 de Transparencia. El señor Torres pidió documentos relacionados con un pleito federal, alegando que los apelantes no los entregaron en el término legal. Los apelantes solicitaron la desestimación, argumentando que la información estaba disponible en el portal federal PACER. El TPI declaró ha lugar el recurso de Torres, determinando que la información era pública y que referir a PACER no cumplía con la obligación bajo la Ley 141. Los apelantes presentaron reconsideración y luego este recurso. El panel judicial acoge el recurso como certiorari, revoca la resolución del TPI y devuelve el caso para que continúen los procedimientos de forma consistente con esta sentencia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. Los apelantes, Ana Delia Esquilín Cruz y Ramón Rivera Torres, demandaron al Municipio Autónomo de Carolina por daños y perjuicios. Su demanda fue desestimada con perjuicio por el Tribunal de Primera Instancia debido a la insuficiencia o inoportunidad del emplazamiento. Los apelantes recurrieron esta decisión, alegando error del foro primario al desestimar el caso. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y fundamentos de la desestimación. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, la sentencia desestimando la demanda fue confirmada en su versión modificada. Esto significa que la desestimación de la reclamación de los apelantes fue validada por el foro apelativo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación (acogida como revisión judicial) de una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso involucra a Ángel Pérez Valle y Héctor Alberto Villanueva Ruiz, candidatos a la Legislatura Municipal de Aguadilla, quienes impugnaron una resolución de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y la certificación de otros candidatos. Los recurrentes presentaron inicialmente un recurso de revisión judicial y posteriormente una demanda de impugnación de elección, las cuales fueron consolidadas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso por falta de jurisdicción. Los candidatos impugnados habían planteado la insuficiencia en el diligenciamiento de los emplazamientos. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia desestimatoria del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia recurrida.

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Comparece el Sr. Andy Martínez González mediante recurso de certiorari solicitando la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden, emitida el 10 de julio de 2020, denegó su solicitud de modificación de sentencia. El Peticionario fue condenado en 2011 por asesinato en segundo grado y otros delitos, tras un acuerdo con el Ministerio Público. Buscaba la reducción de su pena invocando el principio de favorabilidad y el Artículo 67 del Código Penal de 2012, según enmendado por la Ley 246-2014. Anteriormente, en 2016, ya había solicitado la misma reducción, la cual fue denegada por el foro primario y confirmada en un recurso de certiorari previo. En el presente caso, el Tribunal expidió el auto solicitado para revisar la determinación. Sin embargo, tras analizar el recurso, el Tribunal confirmó la Orden recurrida.

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Comparece el Departamento de la Familia solicitando la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La Sentencia recurrida había sostenido la validez de un laudo de arbitraje obrero patronal. Este laudo, emitido por un árbitro de la CASP, resolvió una controversia entre el sindicato SPU y el Departamento de la Familia. El caso de arbitraje se originó por la solicitud de un ajuste de salario por antigüedad para el unionado Edgardo López Camacho. Tras el proceso arbitral, que incluyó una paralización temporal por PROMESA, el árbitro concedió el ajuste salarial solicitado. El Departamento de la Familia impugnó el laudo ante el foro primario, el cual confirmó la decisión arbitral. Ante la inconformidad del Departamento, se solicitó la revisión de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Este panel de jueces expide el auto de certiorari para revisar el caso. Finalmente, por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca post sentencia. La peticionaria, ACM Palmyra CR, LLC, impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó la continuación de los procedimientos. El foro primario basó su negativa en una resolución de 2017 que imponía un término de seis meses para solicitar dicha continuación. ACM Palmyra argumentó que este término no aplicaba porque el caso estuvo paralizado por peticiones de quiebra de la parte recurrida. El historial del caso muestra dos archivos administrativos ordenados por el tribunal debido a las quiebras de una de las partes. El Tribunal de Apelaciones evaluó la controversia a la luz del derecho aplicable y los trámites procesales. Determinó que el término impuesto por el foro primario era contrario a derecho mientras el caso estaba paralizado por la quiebra. Concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar la solicitud de continuación. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la orden recurrida.

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Edwin Otero Rivera, un peticionario confinado, instó una demanda civil y solicitó litigar sin pagar aranceles por razón de pobreza. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud de litigar in forma pauperis. La denegatoria se fundamentó en la existencia de bienes declarados por el peticionario, incluyendo cuentas de ahorro, un vehículo y un apartamento. Inconforme con esta determinación, el peticionario recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un escrito de certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto de certiorari solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la orden del Tribunal de Primera Instancia que había denegado la solicitud para litigar in forma pauperis. Esta decisión permite al peticionario continuar con su acción civil sin el pago de aranceles.

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Una sentencia judicial revisa la negativa de un foro primario a referir un caso de reclamación de seguros por daños del huracán María al procedimiento de valoración ("appraisal") de la Ley Núm. 242-2018. La parte peticionaria, compuesta por el Consejo de Titulares de un condominio y otras entidades, demandó a la aseguradora Triple-S Propiedad, Inc. por incumplimiento de contrato y dolo. Solicitaron que el caso fuera referido al procedimiento de "appraisal" establecido por la Ley 242-2018, argumentando su aplicación retroactiva a las reclamaciones de Irma y María. Fundamentaron su postura en el historial legislativo y una carta normativa de la Oficina del Comisionado de Seguros. La aseguradora se opuso, sosteniendo que la ley es prospectiva según su texto y que una aplicación retroactiva sería inconstitucional por menoscabar contratos. El foro primario denegó el referido, concluyendo que la Ley 242-2018 entró en vigor después de los hechos y tiene aplicación prospectiva. La parte peticionaria recurre esta decisión, buscando la revocación del dictamen que impidió el uso del mecanismo de "appraisal" para resolver la disputa sobre el valor de los daños. El panel judicial evalúa la procedencia de este recurso y la correcta interpretación de la Ley 242-2018 respecto a su temporalidad.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una petición de certiorari presentada por N \& R DEVELOPER, INC. La petición buscaba revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de julio de 2020. Dicha Orden permitió a S-MART DESIGN GROUP, INC. enmendar su demanda original. La demanda inicial, presentada en 2015, reclamaba incumplimiento de contrato, enriquecimiento injusto y cobro de dinero. S-MART solicitó enmendar la demanda en junio de 2020 para incluir nuevas partes, como la OGPe, y ampliar alegaciones, basándose en prueba obtenida en el descubrimiento. N \& R se opuso a la enmienda, argumentando que era tardía y alteraba sustancialmente el pleito al añadir nuevos demandados y requerir nuevo descubrimiento. Tras considerar los argumentos y documentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por N \& R. Esta decisión confirma la determinación del TPI de permitir la presentación de la demanda enmendada.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve un Recurso de Certiorari presentado por Best Cover Manufacturing and Accessories, Inc. contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia. La Orden recurrida suspendió la consideración de una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada por Best Cover y autorizó a Universal Insurance Company a realizar descubrimiento de prueba. Best Cover demandó a Universal por incumplimiento de contrato, alegando la aseguradora se negó a cubrir pérdidas por huracán. Best Cover solicitó sentencia sumaria parcial para que se adjudicara la cobertura de daños por interrupción del negocio. El foro primario determinó posponer la resolución de dicha solicitud hasta que se completara el descubrimiento, incluyendo una deposición y un informe pericial. Best Cover recurrió en Certiorari, argumentando que el foro primario erró al posponer la moción dispositiva en un caso contractual que no requería descubrimiento y que Universal había incumplido reglas procesales. Universal se opuso, señalando que la Orden era interlocutoria sobre descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por Best Cover.

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Un panel judicial consideró la petición de *certiorari* presentada por el Sr. Joesián Correa Calderas. El recurso buscaba la revisión de una resolución que denegó su solicitud de nuevo juicio. El Sr. Correa Calderas fue hallado culpable por un tribunal de derecho en 2018, tras renunciar a su derecho a juicio por jurado por delitos de 2015. Su convicción fue confirmada en apelación. Solicitó un nuevo juicio alegando que su renuncia al jurado fue desinformada, pues no se le advirtió sobre el requisito de unanimidad para veredictos, establecido posteriormente por la jurisprudencia federal y local. Argumentó que se le hizo creer que un veredicto por mayoría era válido. El Ministerio Público se opuso, señalando que la regla de unanimidad era inaplicable al tratarse de un juicio por tribunal de derecho. El foro primario denegó el nuevo juicio, resolviendo que las advertencias al momento de la renuncia se ajustaban al derecho vigente. El Peticionario impugnó esta decisión mediante *certiorari*, reiterando la invalidez de su renuncia. El tribunal, tras evaluar el recurso, denegó la expedición del auto de *certiorari* solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. JSC Construction Corp. impugna resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus solicitudes. Específicamente, se denegó una moción para presentar réplica y dos peticiones de desestimación. El litigio principal es una demanda por daños y perjuicios incoada por José Espinal Valdez contra Beecoast Contractors, Inc. El señor Espinal Valdez reclama por una caída alegadamente causada por negligencia en una obra. Beecoast, a su vez, demandó como tercero a JSC Construction Corp. La identificación de JSC y el emplazamiento se vieron afectados por el proceso de liquidación de la aseguradora de Beecoast. El Tribunal de Apelaciones evalúa si el foro primario actuó correctamente al denegar las mociones de JSC tras la reanudación del caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Sylvia Beatriz Ugarte Araujo. La Sra. Ugarte Araujo solicita la revisión de dos órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dichas órdenes fueron dictadas en un caso civil sobre liquidación de comunidad de bienes entre la peticionaria y su excónyuge, José Vicente Gallén Ortiz. Las órdenes recurridas requirieron al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de España la producción de estados de cuenta bancarios y del plan de pensiones de ambas partes. También se solicitó una certificación de ingresos y egresos de dichas cuentas desde su apertura. Esta información fue requerida por el Sr. Gallén Ortiz durante la etapa de descubrimiento de prueba para verificar detalles sobre activos en España. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar la comparecencia de la parte peticionaria para disponer del recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari sobre un caso de daños y perjuicios por responsabilidad médica. Los recurridos demandaron a varios doctores, Walgreens y SIMED, alegando negligencia en un tratamiento médico. SIMED, aseguradora de los doctores, solicitó la desestimación de la demanda argumentando que la acción estaba prescrita. SIMED sostuvo que la reclamación extrajudicial enviada por los recurridos para interrumpir la prescripción no les fue dirigida directamente ni incluyó a todos los demandantes como remitentes. Los recurridos se opusieron, alegando que la reclamación a los doctores y Walgreens interrumpió el término para los co-causantes conocidos. Argumentaron que solo supieron que SIMED era aseguradora posteriormente, y que el término prescriptivo para SIMED comenzó al descubrir su identidad, conforme a la teoría cognoscitiva del daño. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó la moción de desestimación de SIMED.

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Se presenta una revisión judicial relacionada con la Subasta Formal S-21-12 de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Esta subasta buscaba contratar servicios de desinfección e higienización para las instalaciones de la ACT. La Junta de Subastas de la ACT adjudicó el contrato a la empresa Skylab. CBM Capital, otro licitador, presentó una solicitud de reconsideración alegando que Skylab no cumplió con el requisito de presentar el Certificado de Elegibilidad del Registro Único de Licitadores. Ante la falta de respuesta a su solicitud de reconsideración en el término legal, CBM Capital acudió a la revisión judicial. El error invocado es que la ACT y su Junta de Subastas erraron al adjudicar la subasta a Skylab, quien supuestamente no cumplió con todos los requisitos. El documento subraya la importancia del procedimiento de pública subasta para la sana administración gubernamental y la protección de fondos públicos. Se citan principios del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la necesidad de eficiencia, honestidad y corrección en la adjudicación de contratos gubernamentales. El tribunal indica que está en posición de resolver el caso tras revisar los documentos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. Luis A. Barreto Hernández impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de aplicar el principio de favorabilidad a su sentencia. Fue convicto en 2015 por delitos, incluyendo violaciones a la Ley de Armas de 2000 (Ley 404-2000), ahora derogada. El peticionario argumentó que la nueva Ley 168-2019 es más benigna en cuanto a la pena para el delito equivalente y debe aplicarse retroactivamente. El TPI declaró No Ha Lugar su moción, resolviendo que la Ley 168-2019 contiene una cláusula de reserva (Art. 7.25) que exige aplicar las penas de la ley anterior a los hechos cometidos bajo su vigencia. Barreto Hernández recurre al Apelativo, alegando error del TPI al interpretar la existencia de dicha cláusula de reserva. El documento presenta los antecedentes del caso y la controversia legal sobre la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable.

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Recurso de apelación instado por el Sr. Harry Reynolds Kerkorian contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La resolución recurrida corrigió el cómputo de la deuda por concepto de pensión alimentaria y ajustó el plan de pago del padre alimentante. El caso surge de un pleito de divorcio donde el Sr. Reynolds está obligado a satisfacer pensión para tres hijos. El tribunal primario había fijado cuantías de pensión y gastos extraordinarios en resoluciones de 2017 y 2018, enmendando estas últimas. Las partes habían estipulado una deuda en marzo de 2018 basada en las cuantías iniciales. La resolución impugnada de abril de 2020 recalculó la deuda conforme a las cuantías enmendadas de mayo de 2018. El peticionario impugna las cuantías de deuda adjudicadas para los distintos periodos. Tras examinar el escrito y apéndice, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una petición de certiorari presentada por Stacy M. Rodríguez Vega. La petición impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de suspender provisionalmente las relaciones paterno filiales con Jorge A. Irizarry Rodríguez. El caso original trata sobre relaciones paternofiliales y alimentos. Previamente, el Sr. Irizarry Rodríguez había solicitado una modificación de las relaciones debido a la pandemia. La Sra. Rodríguez Vega se opuso a esta solicitud y, posteriormente, pidió la suspensión urgente de las relaciones. Alegó que el Sr. Irizarry Rodríguez sometía a la menor a un patrón constante de maltrato psicológico y físico. Para sustentar su solicitud, detalló varios incidentes y presentó una declaración jurada. El Sr. Irizarry Rodríguez respondió negando las imputaciones, calificándolas de falsas y atribuyéndolas a un patrón de alienación parental por parte de la Sra. Rodríguez Vega, citando un hallazgo previo del tribunal sobre alienación. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar la controversia basándose en los argumentos presentados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución el 25 de febrero de 2021 en respuesta a un recurso de Certiorari. El peticionario, Gabriel Pérez López, buscaba la revisión de un dictamen del Tribunal de Primera Instancia en un caso de Mandamus. Dicho dictamen se limitó a referenciar una sentencia previa. El Tribunal de Apelaciones procedió a desestimar el recurso presentado. La desestimación se debió específicamente al incumplimiento del peticionario con las disposiciones reglamentarias necesarias para perfeccionar el Certiorari. La Resolución discute la importancia de la jurisdicción y la naturaleza discrecional del recurso de Certiorari. Se citan criterios relevantes del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para la expedición de estos autos. No obstante, la falta de cumplimiento procesal fue el motivo determinante para no entrar en los méritos del recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de una revisión presentada por Roberto Quiñones Rivera contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitó al tribunal que ordenara a la agencia entregarle documentación legal relacionada con sus casos. Sin embargo, el tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se debió a que el señor Quiñones Rivera no anejó los documentos requeridos del procedimiento ante la agencia. Las reglas del Tribunal de Apelaciones exigen la inclusión de ciertos documentos en el apéndice para perfeccionar el recurso. La ausencia de estos documentos impide al tribunal corroborar su jurisdicción y revisar los méritos de la controversia. El incumplimiento con este requisito reglamentario constituye una deficiencia sustancial que justifica la desestimación.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se presentó una revisión judicial por un confinado contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnaba una resolución administrativa que lo declaró culpable de una falta disciplinaria por daños a la propiedad. Tras la resolución, el confinado solicitó una reconsideración ante el Departamento. Sin embargo, presentó el recurso de revisión judicial ante el tribunal apelativo antes de que el proceso administrativo concluyera. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y la evidencia presentada. Determinó que carecía de jurisdicción para atender la controversia. La razón fundamental fue que el recurso de revisión judicial fue presentado de forma prematura. Un recurso prematuro adolece de un defecto insubsanable de falta de jurisdicción. Por tanto, el tribunal no tenía potestad para adjudicar el asunto en ese momento.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes demandaron al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, alegando violaciones de derechos civiles y constitucionales y uso de fuerza excesiva por la policía durante las manifestaciones de 2019. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio por incumplimiento del requisito legal de notificar al Estado antes de presentar la reclamación. Los apelantes argumentaron en apelación que este requisito de notificación no debía aplicarse a reclamaciones de derechos civiles, especialmente bajo 42 USC Sec. 1983, y que el Estado conocía los hechos. El Estado sostuvo que la desestimación fue correcta debido a la falta injustificada de los apelantes en notificar al Secretario de Justicia. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y la decisión del foro primario. El Panel X del Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, validando la desestimación del caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La Unión de Empleados de Muelles de Puerto Rico (UDEM) impugnó la decisión de instancia que confirmó un laudo arbitral. El laudo, emitido por el Negociado de Conciliación y Arbitraje, desestimó una querella de la UDEM contra la Autoridad de los Puertos. La disputa giraba en torno a la suspensión de las aportaciones de la Autoridad al Fondo de Bienestar de la UDEM. El árbitro determinó que dichas aportaciones eran beneficios marginales afectados por la Ley Núm. 26-2017. Concluyó que la Autoridad de los Puertos no violó el convenio colectivo al suspenderlas. El Tribunal de Primera Instancia validó esta conclusión. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y confirmó la Sentencia recurrida.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces que resuelve una apelación presentada por Mapfre Praico Insurance Company. Mapfre impugnaba una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda de sentencia declaratoria contra el Consejo de Titulares del Condominio Plaza del Palmar. El TPI había ordenado a las partes iniciar un procedimiento de valoración de daños (appraisal) según la Ley Núm. 242-2018. La disputa se relaciona con una reclamación por daños del huracán María bajo una póliza cuya vigencia concluyó antes de la aprobación de dicha ley. Mapfre argumentó que la Ley 242-2018 no debía aplicarse retroactivamente a un contrato anterior. También sostuvo que la cláusula de valoración había sido eliminada de la póliza. El Asegurado defendió la aplicación de la ley, calificándola de procesal. El panel de jueces confirma la sentencia apelada del TPI, validando la orden de proceder con el appraisal bajo la Ley Núm. 242-2018.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió la custodia de una hija menor de edad al padre. La madre ostentaba la custodia monoparental de la menor desde el divorcio de las partes en 2005. El padre solicitó la custodia en octubre de 2020, luego de que la hija, de 18 años, comenzara estudios universitarios en Massachusetts. El Tribunal de Primera Instancia ordenó un estudio social para conocer la preferencia de la menor. La trabajadora social informó que la hija prefería la residencia de su padre como principal cuando estuviera en Puerto Rico. La madre se opuso al cambio de custodia, argumentando que la hija era una adulta universitaria y que el informe social era insuficiente. Alegó que la preferencia de la menor no era el único factor a considerar para despojarla de la custodia que ostentaba. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones revoca la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Banco Popular de Puerto Rico solicitó la revisión de la negativa del foro primario a desestimar una demanda en su contra. La demanda fue presentada por Herminio Martínez Tirado y busca la nulidad de una hipoteca y pagaré. Banco Popular había iniciado previamente un caso de ejecución de hipoteca contra el señor Martínez Tirado basado en esa deuda. El recurrido se acogió a la quiebra bajo el Capítulo 13, incluyendo la deuda hipotecaria como garantizada y no disputada, y su plan fue confirmado. Posteriormente, el señor Martínez Tirado presentó la demanda de nulidad, alegando que Banco Popular carecía de legitimación activa por no poseer el pagaré original. Banco Popular argumentó que la demanda debía ser desestimada por falta de causa de acción, ser una alegación compulsoria no presentada en el caso original y por cosa juzgada debido a la confirmación del plan de quiebras. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación de Banco Popular. La sentencia del Tribunal de Apelaciones aborda si el foro primario erró al no desestimar la acción de nulidad.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Procede de un recurso de certiorari presentado por el Municipio de Trujillo Alto. El Municipio solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. La Resolución recurrida declaró No Ha Lugar una solicitud de desestimación por falta de jurisdicción. El caso original fue incoado por Sheila Panell Díaz contra el Municipio por discrimen, represalias y daños. La demandante alegó hostigamiento laboral y represalias, reclamando $70,000 en daños. El Municipio argumentó que el TPI carecía de jurisdicción porque la demandante no cumplió con el requisito de notificación previa bajo la Ley de Municipios Autónomos. La demandante sostuvo haber cumplido mediante una carta enviada al Alcalde. El TPI se declaró con jurisdicción, denegando la desestimación. El Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto de certiorari y revocar la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Hospital Ryder Memorial Inc. solicita al Tribunal de Apelaciones revisar la negativa del Tribunal de Primera Instancia a desestimar una demanda por daños. La demanda, presentada por Jaime Carrión Cuadrado y otros, alega impericia médica relacionada con la atención recibida en el hospital el 15 de junio de 2014. En esa fecha, el Sr. Carrión fue diagnosticado con colelitiasis pero dado de alta sin cirugía, con instrucciones de ver a un cirujano. El hospital argumenta que la reclamación prescribió, ya que el término de un año comenzó el 15 de junio de 2014, momento en que los demandantes conocieron el diagnóstico y el alta. Sostiene que la reclamación extrajudicial enviada en julio de 2015 no interrumpió el término porque ya había expirado. Los demandantes alegan no haber tenido conocimiento del daño en esa fecha. El Tribunal de Primera Instancia, al evaluar la prescripción, consideró deposiciones que sugieren que los demandantes creyeron que el alta del 15 de junio de 2014 fue incorrecta y sabían que no se les trataría quirúrgicamente ese día. El Tribunal de Apelaciones revisa si el TPI determinó correctamente que la acción no había prescrito.

Resumen:

Juan Rivera Vázquez, un confinado, presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la inmediata excarcelación por parte de la Junta de Libertad Bajo Palabra. El Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La decisión se basó principalmente en que el recurrente no agotó los remedios administrativos disponibles ante la agencia, requisito indispensable según la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme antes de acudir a revisión judicial. El Tribunal determinó que la alegada demora de la Junta no exime al recurrente de cumplir con el trámite administrativo. Además, el recurso adoleció de defectos procesales, como la falta de pago de aranceles o solicitud de exención y la ausencia de un apéndice con documentos de apoyo. Estos incumplimientos impidieron al Tribunal atender el caso en sus méritos. La desestimación por falta de jurisdicción se efectuó conforme a la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Este documento es una sentencia enmendada del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El caso involucra una apelación de Juana García y José Pagán contra Mapfre Insurance Company por incumplimiento de contrato. Los apelantes demandaron a Mapfre alegando que no recibieron una compensación justa por daños causados por el huracán María. Mapfre solicitó sentencia sumaria argumentando que los apelantes aceptaron un pago en finiquito al endosar y cambiar cheques que indicaban ser pago total. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de Mapfre, desestimando la demanda al concluir que los apelantes aceptaron la oferta de pago al cambiar los cheques. Los apelantes argumentaron en oposición y en reconsideración que existían hechos materiales en controversia, como la falta de información sobre el efecto del endoso y la injusticia del ajuste. El Tribunal de Primera Instancia determinó que los cheques advertían sobre el finiquito y que los apelantes no solicitaron reconsideración antes de cobrarlos. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una determinación de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) en un caso de retención de empleo. El recurrido, Jorge L. Hernández Santana, fue destituido por el Municipio de San Juan de su puesto de policía municipal. Esta fue la segunda destitución basada en el mismo alegado patrón de ausencias de 1997-1998, tras haber sido reinstalado luego de que la primera destitución fuera declarada sin autoridad legal. Hernández Santana apeló la segunda destitución ante CASP, argumentando que era arbitraria y lesiva a su debido proceso. CASP celebró una vista administrativa donde concluyó que la prueba del Municipio no fue robusta ni convincente para justificar la destitución por las ausencias alegadas. Se determinó que la mayoría de las ausencias aducidas estaban justificadas. CASP declaró Ha Lugar la apelación del recurrido, dejando sin efecto la segunda destitución. El Municipio de San Juan recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la resolución administrativa emitida por CASP.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de United Surety & Indemnity Co. contra Carlos M. Vélez Pereira. La aseguradora apeló una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sin perjuicio las reclamaciones del asegurado bajo los artículos 27.164 y 27.165 del Código de Seguros. La desestimación se debió a la falta del asegurado de notificar previamente al Comisionado de Seguros, un requisito jurisdiccional para dichas acciones. El foro primario, no obstante, mantuvo la jurisdicción sobre las causas de acción del asegurado bajo el Código Civil por incumplimiento contractual y daños. La aseguradora argumentó que el Tribunal de Primera Instancia erró al no desestimar con perjuicio las reclamaciones del Código de Seguros o al no desestimar también las del Código Civil, alegando que la ley prohíbe adjudicar conjuntamente acciones bajo ambos códigos. El asegurado se opuso, indicando que el requisito de notificación no aplica a las acciones del Código Civil. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos presentados por ambas partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia.