Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 154)

Resumen:

Se revisa la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre el descuento en compras de comisaría para el confinado Felipe Ortiz De Jesús. El recurrente solicitó un descuento del 15% por cinco años, alegando estar confinado desde 1994 según la demanda Morales Feliciano. Corrección le concedió el descuento por un año (2017-2018), clasificándolo en el Grupo EC basado en su fecha de ingreso. El Departamento sostuvo que, según su Hoja de Control, el recurrente ingresó en octubre de 1995. El Acuerdo de Transacción en Morales Feliciano establece que el Grupo EC (encarcelados de 1995 a 2000) tiene derecho al descuento por un año, a diferencia de quienes ingresaron entre 1988 y 1994, que lo tienen por cinco años. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión administrativa. Concluyó que la determinación de Corrección fue correcta. El expediente administrativo confirma que el recurrente ingresó en 1995. Por tanto, su clasificación en el Grupo EC y el derecho a un año de descuento están sustentados por el récord y el Acuerdo. Se confirma la decisión recurrida.

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AAP Implantate AG apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. Dicha sentencia desestimó la petición de exequátur presentada por AAP. AAP buscaba validar en Puerto Rico una sentencia dictada en rebeldía por el Tribunal Regional de Berlín, Alemania. La sentencia alemana se originó en una disputa por incumplimiento de pago bajo un contrato de distribución. El contrato contenía cláusulas que designaban la ley alemana y la jurisdicción de Berlín. Caribbean Healthcare Supplies Corp., la parte demandada en Puerto Rico, solicitó la desestimación. Alegó que el tribunal alemán carecía de jurisdicción y que la sentencia contravenía la política pública de Puerto Rico sobre contratos de distribución (Ley 75). El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Sentencia, confirma la decisión apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión de una resolución de la Comisión Industrial. El caso se origina tras un accidente sufrido por Ángel Vázquez Ramos, que resultó en una demanda por daños contra José Rodríguez Bou. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado determinó que Rodríguez Bou no poseía póliza de seguro obrero vigente al momento del accidente, considerándolo patrono no asegurado. Rodríguez Bou apeló esta determinación ante la Comisión Industrial. La Comisión Industrial, tras una vista, ordenó el archivo sin perjuicio del caso ante ella, pendiente de la resolución final del pleito civil en el Tribunal de Primera Instancia, al considerar que se dilucidaban las mismas controversias. Inconforme, Rodríguez Bou recurrió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de la resolución de archivo y cuestionando la determinación del Fondo sobre su estatus de patrono asegurado. Las partes recurridas solicitaron la desestimación del recurso por incumplimiento procesal y cosa juzgada. El Tribunal de Apelaciones evalúa la corrección de la resolución de la Comisión Industrial y los planteamientos de las partes.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio, custodia y otros asuntos familiares. La apelante, Taili Tee Thula Tovar, recurrió una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Sentencia desestimó su demanda de divorcio por falta de jurisdicción, citando el Código Civil. La señora Thula había argumentado que el TPI tenía jurisdicción basándose en el domicilio de las partes y el lugar de matrimonio y nacimiento de los hijos, a pesar de una residencia temporal en Colombia. La demanda original también incluía reclamaciones bajo la Convención de La Haya sobre Secuestro Internacional de Niños. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia del TPI. Esto significa que el Tribunal de Apelaciones determinó que el TPI sí poseía jurisdicción para entender en la demanda de divorcio. La Sentencia del TPI tampoco había resuelto las controversias relacionadas con la Convención de La Haya.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes, José M. Couvertier Rivera y su esposa, recurren de una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Oriental Bank. Dicha sentencia sumaria declaró con lugar la demanda de Oriental Bank, desestimó la reconvención de los apelantes y les condenó al pago de \$265,248.99 de principal, intereses y honorarios de abogado. Además, la sentencia ordenó la venta en pública subasta de la propiedad hipotecada para satisfacer la deuda. Los apelantes imputan al TPI tres errores principales en su apelación. Alegan que el TPI erró al conceder sentencia sumaria existiendo controversias fácticas sustanciales. También sostienen que el TPI permitió que el acreedor no ofreciera alternativas en mediación bajo la Ley 184. Finalmente, argumentan que el TPI erró al permitir la ejecución de una hipoteca no inscrita o sin tracto registral. El Tribunal de Apelaciones ha revisado los alegatos de las partes y el expediente para resolver la controversia planteada.

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El recurrente Raúl Rodríguez Liciaga solicitó la revisión de una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que denegó su solicitud para el Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico. El DCR denegó inicialmente la solicitud tras una investigación comunitaria desfavorable para un plan de rehabilitación en la libre comunidad. El recurrente solicitó reconsideración, la cual fue denegada nuevamente por el DCR. La denegatoria final del DCR se basó en que el plan de salida no era viable, la presencia de un menor de 15 años en el hogar propuesto y la intención de intervención con la parte perjudicada. Se recordó al recurrente que fue convicto por delitos cuyas víctimas fueron menores de edad. Insatisfecho, Rodríguez Liciaga acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la reevaluación de su caso. El DCR solicitó la desestimación del recurso, argumentando la falta de pago del arancel y defendiendo la corrección de su decisión. El DCR reiteró que la investigación reveló la convivencia con un menor en el hogar propuesto, la naturaleza de los delitos (actos lascivos contra su hijastra menor) y la oposición de la víctima. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y confirmó el dictamen emitido por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones. El Municipio de Cataño solicitó la revisión judicial de una orden de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La orden impugnada declaró no ha lugar una moción de desestimación presentada por el Municipio en un caso iniciado por Myriam Rivera Luna. Rivera Luna apeló ante la CASP su destitución como Oficial Pagador en 2015. El caso había sido previamente revisado por este Tribunal, que revocó una desestimación inicial de la CASP y ordenó continuar el trámite administrativo. El Municipio presentó la moción de desestimación durante la continuación del proceso ante la CASP, la cual fue denegada. El Municipio recurrió entonces a este Tribunal para impugnar dicha denegatoria. El Tribunal evaluó el recurso presentado por el Municipio. Concluyó que carecía de jurisdicción para atender la solicitud en esta etapa procesal. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de revisión judicial interpuesto por el Municipio de Cataño.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Javier Calcaño Brignoni. El peticionario solicitó la celebración de un nuevo juicio tras ser declarado culpable por el Tribunal de Primera Instancia. Alegó que la evidencia lo excluía, que se violaron sus derechos constitucionales, que existía prueba exculpatoria y que faltaron testigos esenciales. El Tribunal de Apelaciones examinó su jurisdicción y la naturaleza del recurso de certiorari. Explicó que el certiorari es un vehículo procesal para corregir errores de derecho en sentencias finales u órdenes interlocutorias del tribunal inferior. Sin embargo, el peticionario no impugnó una resolución u orden específica, sino que pidió directamente un nuevo juicio. El tribunal concluyó que esta solicitud no se ajusta al propósito del recurso de certiorari. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando una Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada por el Municipio de San Juan y otros en un caso de daños y perjuicios. La moción recurría de determinaciones del Tribunal de Primera Instancia sobre descubrimiento de prueba y una enmienda a la demanda. El Tribunal de Apelaciones enfatiza la necesidad de cumplir rigurosamente con las reglas procesales apelativas para perfeccionar los recursos. Explica que una moción en auxilio de jurisdicción presupone la existencia de un recurso principal pendiente ante el tribunal para proteger su jurisdicción. En este caso, la moción no era accesoria a un recurso principal ya instado, lo cual es causa suficiente para su desestimación. Adicionalmente, el escrito presentado no cumplió con los requisitos de forma, contenido y notificación establecidos en el reglamento apelativo. El Tribunal concluye que no tiene ante sí un recurso perfeccionado sobre el cual pueda emitir juicio. Por tanto, se desestima la Moción en Auxilio de Jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que evalúa una apelación contra la desestimación de una demanda. La apelante, Yolanda Hernández, demandó a United Surety \& Indemnity Company (USIC) por incumplimiento de contrato de seguro tras el Huracán María. Alegó que USIC no cumplió sus obligaciones, actuó de mala fe y realizó prácticas desleales, reclamando daños a la propiedad y perjuicios. USIC solicitó la desestimación, argumentando que la apelante había aceptado un pago que liberaba a la aseguradora de futuras reclamaciones. La señora Hernández se opuso, señalando un ajuste inadecuado y un consentimiento viciado en la aceptación del pago. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio, al considerar que la apelante no tenía una reclamación válida que justificara un remedio. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar esta determinación, sin que la parte apelada presentara alegato.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Jeffrey J. Hernández Ramos, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, impugna una resolución disciplinaria. Dicha resolución lo encontró incurso en la posesión de un teléfono celular, Código 109 del Reglamento Disciplinario. La agencia basó su determinación en el hallazgo de un celular envuelto en plástico durante un registro en su celda. A pesar de que el confinado negó conocer la procedencia del artefacto, la agencia no le dio credibilidad y le impuso una sanción de 45 días de suspensión de privilegios. Tras una solicitud de reconsideración denegada, el Sr. Hernández Ramos acude al Tribunal de Apelaciones. Alega como errores principales que el registro se realizó en su ausencia y que la querella disciplinaria contenía múltiples errores procesales. El tribunal procede a examinar las comparecencias de las partes para resolver la controversia planteada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Juan Morales Matos contra Triple-S Propiedad. El apelante recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato contra la aseguradora. La demanda original alegaba que Triple-S no cumplió con sus obligaciones contractuales tras los daños sufridos por la propiedad asegurada debido al huracán María. El foro primario desestimó el caso basándose en la figura del pago por finiquito. Tras examinar los escritos y documentos, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia apelada. La corte ordenó la continuación de los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia. Esto implica que la defensa de pago por finiquito no fue considerada suficiente para sostener la desestimación del caso en esta etapa.

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El Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari presentado por Salvador González Vélez. El peticionario buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su recurso de Habeas Corpus. González Vélez, cuya sentencia condenatoria previa fue anulada por el Tribunal de Apelaciones ordenando un nuevo juicio, argumentó que su detención preventiva excedía el término constitucional de 180 días. La controversia radicaba en si el plazo de detención preventiva comenzó al anularse la sentencia o al notificarse el mandato judicial al foro primario. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el plazo inició con la notificación del mandato, denegando el Habeas Corpus. El Tribunal de Apelaciones, al denegar el certiorari, valida la decisión del foro inferior sobre el inicio del cómputo del término.

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El Tribunal de Apelaciones, mediante resolución del 11 de marzo de 2021, examinó un aviso de desistimiento presentado por la parte recurrente. Dicho aviso fue radicado el 9 de marzo de 2021. El panel, compuesto por los jueces Rodríguez Casillas, Romero García y Méndez Miró, declaró con lugar el desistimiento. En consecuencia, se dispuso que la presente revisión judicial se tiene por desistida. Conforme a la Regla 83 (a) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el caso fue archivado. La resolución fue acordada y mandada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en Reconsideración en un caso de revisión administrativa. El recurrente, un sargento de la Policía Municipal de Carolina, reclamó aumentos salariales por años de servicio ante el Municipio. Tras no obtener respuesta, apeló ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP desestimó la apelación por falta de jurisdicción, considerándola tardía. El sargento solicitó revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones, el cual inicialmente también desestimó el recurso por entender que se presentó fuera de término. El recurrente instó una moción de reconsideración, aportando evidencia que demostraba la oportunidad de sus recursos subsiguientes basada en la fecha de notificación de la CASP. Tras reconsiderar, el Tribunal determinó que su desestimación inicial por tardanza fue incorrecta. En consecuencia, se revoca la Resolución de la CASP que desestimó la apelación del señor Calo.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. El peticionario, Ángel Natanael Santiago Cruz, impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Humacao que denegó sus solicitudes de excarcelación inmediata. Santiago Cruz enfrenta múltiples cargos por infracciones a la Ley 54 y la Ley 168, y se le impuso una fianza de $200,000. Previamente, una resolución de hábeas corpus ordenó su excarcelación condicionada a supervisión electrónica GPS 24/7 y otras condiciones. El peticionario alega que su detención continua es ilegal porque no puede costear la supervisión electrónica y excede el término constitucional de detención preventiva. Tras denegarse sus mociones de excarcelación, presentó la petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal revisa la solicitud conforme a los criterios establecidos en su reglamento. La sentencia detalla el historial procesal del caso, desde las denuncias iniciales hasta la presentación del certiorari.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico involucra la impugnación de la adjudicación de la Subasta Formal P-21-05 por parte de R & F Asphalt Unlimited, Inc. La subasta, convocada por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), buscaba contratar la reconstrucción de un tramo de la carretera PR-123. R & F resultó ser el postor más bajo para el proyecto. Sin embargo, la ACT rechazó su propuesta por no cumplir a tiempo con el requisito de entregar la certificación de utilización de firmas DBE. Aunque se le concedió un término de tres días para subsanar, R & F presentó el documento al cuarto día. La ACT adjudicó la subasta a la segunda postora más baja, Obratec Contratista General, Inc., basándose en la entrega tardía del documento por parte de R & F. R & F recurrió la decisión, argumentando un cálculo incorrecto del término y el cumplimiento sustantivo de los requisitos. Tras revisar los argumentos y documentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen de la Junta de Subastas de la ACT.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000914. La apelación proviene de un caso de interdicto posesorio del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (SJ2020CV04844). Las partes son Rainer Roberto Pumpido Fabián como apelado y Socorro Mercedes Zayas Otero como apelante. El tribunal evaluó una Moción de Desistimiento presentada por la parte apelante. Dicha moción fue declarada Con Lugar por el panel judicial. Como resultado, se ordenó el cierre y archivo del caso. Esta decisión se fundamenta en la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La sentencia fue emitida en San Juan el 11 de marzo de 2021.

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El Gobierno de Puerto Rico apela una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la devolución de un vehículo confiscado al señor Julio A. Gómez Vilanova o el pago de su valor. El vehículo fue ocupado por la Policía tras la detención del apelado por alegadas violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000, artículos 5.06 y 5.07). El apelado impugnó la confiscación judicialmente, alegando que fue ilegal y sin fundamento. Paralelamente, se presentaron denuncias criminales contra el apelado por los mismos hechos. En el proceso criminal, se encontró causa probable por el artículo 5.07, delito al que el apelado se declaró culpable posteriormente. El Gobierno defendió la legalidad de la confiscación bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones (Ley 119-2011), argumentando su presunción de validez. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor del apelado, ordenando la restitución del vehículo o su valor. El Gobierno recurre ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revocación de dicha sentencia. Este tribunal revisará si procedía la orden de devolución del vehículo o su valor emitida por el foro primario.

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Se presenta un recurso de revisión judicial por un confinado, Mariano De Jesús Ortiz, contra una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente impugna la denegatoria de su solicitud de reclasificación de seguridad máxima a mediana. El DCR, al responder al recurso, informó que emitió una nueva resolución sobre la reclasificación del recurrente con fundamentos de derecho. El DCR solicitó la desestimación del recurso original argumentando que fue presentado prematuramente, ya que los términos para recurrir debían contarse desde la fecha de la nueva resolución. El tribunal analiza la procedencia de la desestimación bajo estas circunstancias. Se cita la Regla 83.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones y jurisprudencia del Tribunal Supremo. Esta normativa establece que, cuando una decisión administrativa carece de fundamentos, el foro revisor debe retener jurisdicción y ordenar que se fundamente, en lugar de desestimar. Desestimar y obligar a presentar un nuevo recurso sobre la misma controversia es ineficiente. El procedimiento correcto es revisar la decisión final, independientemente de si los fundamentos se proveyeron inicialmente o posteriormente. Esto promueve una justicia efectiva y económica, evitando la presentación de múltiples recursos para el mismo asunto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso de Certiorari KLCE202001043, entre Ignacia Cintrón Nazario y Pedro C. Velázquez Ojeda, procedente del Tribunal de Primera Instancia de San Germán sobre la Ley 121. La parte peticionaria, Pedro C. Velázquez Ojeda, presentó una moción informativa desistiendo de la apelación y solicitando una orden. El Tribunal ordenó el archivo del recurso de apelación en respuesta al desistimiento presentado. Sin embargo, declaró No Ha Lugar la solicitud de orden presentada por la parte peticionaria. La denegación se fundamentó en la norma de que los tribunales apelativos no deben considerar cuestiones que no fueron planteadas en la instancia inferior. El planteamiento específico de la parte peticionaria en su solicitud de orden no había sido presentado previamente en el Tribunal de Primera Instancia. La Resolución fue emitida el 11 de marzo de 2021.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Pelegrín Vargas Vargas contra John Crane Caribe LTD. La apelación fue instada por John Crane Caribe LTD para revisar una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Dicha sentencia primaria declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria del Sr. Vargas, concluyendo que su despido fue injustificado bajo la Ley Núm. 80 y que estableció un caso prima facie de represalias bajo la Ley Núm. 115. El Sr. Vargas demandó a su exempleador tras ser despedido en julio de 2016, alegando despido injustificado, represalias y, posteriormente, incumplimiento de contrato. John Crane Caribe LTD argumentó que el despido fue por justa causa debido a una reorganización y negó las alegaciones de represalia e incumplimiento contractual. La empresa apeló la decisión del foro primario que le fue adversa en parte. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar los fundamentos de la Sentencia Parcial apelada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar en parte y revocar en parte la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de apelación. Los apelantes, Juan Correa y Rosita Cortijo, solicitan la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón. Dicha Sentencia del TPI declaró Con Lugar una demanda por daños y perjuicios presentada por los apelados, Héctor Luis Otero Rivera y María de los Ángeles Rivera Avilés. La demanda original alegaba que la propiedad de los apelados sufrió daños cuando una verja colindante, de su propiedad, colapsó durante una lluvia intensa. Los apelados atribuyeron el colapso a la negligencia de los apelantes, quienes supuestamente rellenaron y compactaron con escombros pesados el terreno adyacente a la verja para construir un estacionamiento, debilitándola y alterando el desagüe. Los apelantes negaron ser responsables, alegando negligencia de los demandantes o terceros. Tras un juicio, el TPI determinó que la verja se debilitó por la compactación y vibración de los trabajos realizados por los apelantes, lo que provocó su colapso durante la lluvia. La Sentencia del TPI falló a favor de los demandantes originales, lo cual es objeto de esta apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El caso trata sobre una demanda de impugnación y nulidad de un testamento abierto. Los apelantes, herederos del causante, demandaron a la viuda y otros, alegando la invalidez del testamento. Entre las causas de nulidad alegadas figuraban inconsistencias en la hora de otorgamiento, falta de registro del testamento y la presencia de terceros no autorizados (la viuda y un abogado) durante el acto, lo que supuestamente rompía la unidad del acto solemne. El Tribunal de Primera Instancia había requerido a los demandantes que especificaran las causas legales de nulidad (capacidad, formalidades, vicios del consentimiento). Tras revisar la demanda enmendada, el TPI desestimó el caso al considerar que las alegaciones eran insuficientes para fundamentar una causa de nulidad. Los demandantes apelaron esta desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión y las alegaciones presentadas. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del TPI. Concluyó que, como cuestión de derecho, las alegaciones de los apelantes no constituían causas legales válidas para anular el testamento.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Mandamus instado por Maritza Ortiz. La peticionaria comparece contra el Tribunal de Primera Instancia, Salas de San Juan y Carolina, y la Jueza Leilani Torres Rosa. El recurso se origina en un caso de Mandamus (SJ2020CV07036) que Ortiz presentó en el foro primario. En dicho caso, buscaba impugnar una resolución sobre relaciones maternofiliales dictada en otro caso civil (K CU2016-0218) por una jueza de similar jerarquía. El Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, denegó la solicitud de Mandamus y una moción de reconsideración. El tribunal primario razonó que un Mandamus no es el recurso apropiado para intervenir con determinaciones interlocutorias de otra sala hermana de igual jerarquía. La peticionaria acude ahora al Tribunal de Apelaciones mediante este recurso. El Tribunal de Apelaciones procede a adjudicar el recurso sin trámite ulterior conforme a su reglamento. La sentencia detalla el historial procesal y la justificación del tribunal primario para denegar el Mandamus original.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLRA202000475. La recurrente, Amelia SS Corporation, presentó una Moción Solicitando Desistimiento. La sentencia, emitida el 10 de marzo de 2021, resuelve dicha moción. El Tribunal declara Con Lugar la solicitud de desistimiento. En consecuencia, se ordena el cierre y archivo del caso. Esta acción se fundamenta en la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El caso procedía de una revisión de la Oficina de Gerencia de Permisos. Las partes recurridas incluían a la Oficina de Gerencia de Permisos y otros individuos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que privó a Herminio Rodríguez Cancel de la patria potestad sobre sus tres hijos menores. El Departamento de la Familia presentó la demanda alegando abuso sexual y el incumplimiento de los deberes parentales por parte del padre. Tras una vista con prueba pericial, el foro primario declaró con lugar la demanda para salvaguardar el bienestar de los menores. El padre apeló, sosteniendo que el Tribunal de Primera Instancia erró al basar sus conclusiones en testimonios periciales sin conocimiento personal de los hechos. El Departamento de la Familia argumentó que la apelación debía ser desestimada por no haberse perfeccionado adecuadamente. El Tribunal de Apelaciones destaca que el apelante no cumplió con los requisitos reglamentarios para la transcripción de la prueba oral de la vista. La falta de transcripción impide la revisión del alegado error sobre la valoración de la prueba testifical. Conforme a la presunción de corrección de los tribunales y la carga del apelante, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de certiorari presentado por Hiram Santiago Cordero, quien solicitaba la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su pedido de modificación de sentencia. El peticionario, compareciendo por derecho propio desde custodia, buscaba que se le acreditara tiempo bajo supervisión electrónica y la aplicación del principio de favorabilidad. Aunque la ley promueve el acceso a la justicia para quienes comparecen por derecho propio, las reglas procesales deben cumplirse rigurosamente. El Tribunal determinó que el recurso presentado adolecía de defectos que impedían la revisión judicial. Específicamente, el escrito carecía de un apéndice con la documentación necesaria para sustentar sus reclamos. No se acompañó prueba sobre el tiempo bajo supervisión electrónica ni se argumentó o documentó la aplicación del principio de favorabilidad. Por incumplimiento con las reglas de procedimiento, el Tribunal desestimó el recurso.

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Un recluso presentó una demanda por daños y perjuicios alegando impericia médica en la institución correccional. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, entendiendo que el recluso había agotado un remedio administrativo previo sobre los mismos hechos y no había solicitado revisión judicial de la determinación administrativa. El demandante apeló esta desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, determinó que carecía de jurisdicción para considerar el recurso. La falta de jurisdicción se debió a que el apelante no pagó los aranceles judiciales requeridos por ley para iniciar el trámite de apelación. Tampoco solicitó una exención del pago de dichos aranceles. La ley establece que un escrito judicial presentado sin el pago de los aranceles correspondientes es nulo e ineficaz. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones resolvió el recurso sin ulterior trámite debido a este incumplimiento procesal.

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Abimael Zabala Figueroa presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Solicitaba la revocación de una decisión administrativa que lo clasificó en custodia de Seguridad Protectiva, buscando regresar a la población general. Alegó haber agotado los remedios administrativos disponibles para lograr su traslado. El Departamento de Corrección solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. Argumentó que la revisión judicial se presentó fuera del término de treinta días establecido por ley para apelar decisiones administrativas finales. El Tribunal examinó el recurso y la normativa aplicable, incluyendo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Determinó que la solicitud de revisión fue presentada después del plazo jurisdiccional de treinta días. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de certiorari. El peticionario, Víctor Acevedo Concepción, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para obtener una pena más benigna. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción. Se determinó que el peticionario no incluyó en el expediente la moción presentada ante el foro primario. Más importante aún, el recurso fue presentado fuera del término jurisdiccional de 30 días establecido por la Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La resolución del TPI fue notificada el 21 de diciembre de 2020, venciendo el término para recurrir el 20 de enero de 2021. El recurso fue presentado tardíamente, sin que el peticionario acreditara justa causa para la dilación. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones carece de potestad para intervenir en el reclamo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de Certiorari presentado por el Dr. José Dávila Torres en un caso de impericia médica y daños. El Peticionario solicitaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria, basada en la alegación de prescripción de la acción en su contra. Tras la denegatoria, el Dr. Dávila Torres presentó una Moción de Reconsideración ante el foro primario. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que dicha moción de reconsideración fue presentada de manera inoportuna. Consecuentemente, la presentación inoportuna de la moción de reconsideración no interrumpió el término de treinta días para recurrir en Certiorari. Al no haberse interrumpido el término, el recurso de Certiorari presentado ante el Tribunal de Apelaciones resultó ser tardío. Por esta razón, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso por falta de jurisdicción para atenderlo.

Resumen:

Recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por un confinado contra el Departamento de Corrección. El recurrente impugna dos respuestas de reconsideración emitidas por la División de Remedios Administrativos del Departamento. La primera respuesta denegó una reconsideración sobre la desestimación por falta de jurisdicción de un remedio administrativo. Dicho remedio administrativo original cuestionaba una determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento sobre el nivel de custodia del recurrente. La División de Remedios Administrativos sostuvo que carece de jurisdicción para revisar tales determinaciones. La segunda respuesta denegó una reconsideración sobre un procedimiento disciplinario. Se informó al recurrente que el procedimiento disciplinario continuaría, a pesar de que la vista se había pospuesto por su traslado. El recurrente alegó que las respuestas del Departamento eran contradictorias y carecían de fundamento. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma ambas respuestas de reconsideración emitidas por el Departamento de Corrección.

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Ambassador Veterans Services solicita al Tribunal de Apelaciones dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de nulidad de sentencia. La solicitud de nulidad se presentó dentro de un pleito de despido injustificado y represalias incoado por Glory Ruiz Maldonado. Previamente, el Tribunal de Apelaciones había revocado una sentencia inicial, declarando procedente la reclamación por despido injustificado y ordenando una vista para determinar la mesada. Durante este proceso, Ambassador Veterans Services argumentó que el tribunal carecía de jurisdicción sobre la materia, alegando que la empleada trabajaba para una entidad gubernamental, lo que excluiría la aplicación de la Ley Núm. 80. El Tribunal de Primera Instancia rechazó este argumento y denegó la nulidad solicitada. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado por Ambassador Veterans Services, confirmando implícitamente la decisión del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una Petición de Certiorari presentada por Alexis Burgos Rodríguez contra Walgreens de Puerto Rico, Inc. El peticionario impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió a Walgreens una prórroga para contestar una querella sobre despido injustificado y otros reclamos. Burgos Rodríguez alegó errores del foro primario al conceder la prórroga firmada por el abogado, no permitirle oponerse y no anotar la rebeldía. Walgreens se opuso a la expedición del recurso y posteriormente informó haber presentado su contestación dentro del plazo extendido. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el legajo y el derecho aplicable, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. La decisión se fundamenta en la naturaleza discrecional del certiorari y las limitaciones para su expedición, considerando que el asunto planteado no justifica la revisión interlocutoria.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari presentada por Elizabeth Toribio Tavárez. La petición impugna determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio contra Manuel Eduardo Abraham González. Las partes habían llegado previamente a un acuerdo de divorcio por consentimiento mutuo, que incluía el pago de \$500 mensuales por 18 meses como pensión ex cónyuge. Tras finalizar el periodo acordado, la señora Toribio Tavárez solicitó la reanudación de la pensión, alegando problemas de salud que le impedían trabajar. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, resolviendo que el acuerdo original era un contrato de transacción y que el asunto constituía cosa juzgada, pues el señor Abraham González había cumplido con lo pactado. La moción de reconsideración de la peticionaria también fue denegada. Mediante el Certiorari, la peticionaria alega que el foro primario erró al aplicar la doctrina de cosa juzgada y al no celebrar una vista evidenciaria para evaluar el cambio sustancial en sus circunstancias económicas. El Tribunal de Apelaciones ha dado por perfeccionado el recurso y procederá con su adjudicación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. La Cooperativa de Vivienda Los Robles solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó la solicitud de la Cooperativa para intervenir en un caso. El caso subyacente fue instado por Susset Marie Rodríguez Hernández contra Jorge A. López Albarrán. La Sra. Rodríguez solicitó que se estableciera un apartamento de la Cooperativa como su hogar seguro. La controversia surgió tras la culminación de la relación entre la Sra. Rodríguez y el Sr. López, socio de la Cooperativa. La Cooperativa había ordenado el desalojo de la Sra. Rodríguez del apartamento. La Cooperativa argumentó ser parte indispensable en el pleito de hogar seguro. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición de certiorari y denegó la expedición del auto solicitado por la Cooperativa.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de Certiorari presentado por el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Los peticionarios solicitaron la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha resolución denegó una moción para desestimar una demanda presentada por el Fideicomiso Hernández Castrodad. La demanda original busca el desahucio y cobro de dinero contra el Departamento de Justicia. El Fideicomiso alega que el Departamento de Justicia permaneció en un local arrendado por más de un año tras el vencimiento del contrato sin pagar la renta. El Departamento de Justicia argumentó que, al no existir un contrato vigente, no había obligación de pago. El Fideicomiso sostuvo que la permanencia constituyó una incautación. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, llevando al Departamento de Justicia a apelar mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó expedir el recurso de Certiorari.

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El señor Hiram Del Río Del Río presentó un escrito ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la reducción de su sentencia al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El tribunal observó que el escrito no venía acompañado de ningún documento. No se pudo determinar si la solicitud fue presentada previamente ante el tribunal de primera instancia que impuso la sentencia, requisito indispensable bajo la Regla 192.1. Tampoco se incluyeron resoluciones u órdenes pertinentes del expediente original. El tribunal concluyó que el escrito no constituía un recurso revisable conforme al ordenamiento procesal vigente. En virtud de su facultad reglamentaria para desestimar recursos no perfeccionados, el tribunal procedió a desestimar el escrito. La desestimación se fundamentó en que el recurso no fue proseguido con diligencia y no cumplió con las reglas aplicables. Se ordenó notificar la sentencia al Departamento de Corrección y Rehabilitación para que se entregara copia al confinado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un caso de Ley de Condominio procedente del Tribunal de Primera Instancia. Propietarios del condominio CIM-I demandaron a la Junta de Directores y al Consejo de Titulares. Los demandantes impugnaron la validez de las elecciones de la Junta desde 2009, alegando la nulidad de sus actuaciones. También cuestionaron específicamente la radicación de un pleito previo por la Junta como ultra vires y reclamaron el reembolso de gastos legales. Una tercera causa de acción se relacionó con la denegación de acceso a documentos. La Junta y el Consejo presentaron mociones de desestimación. Argumentaron que las reclamaciones sobre elecciones pasadas estaban prescritas por el término de dos años de la Ley de Condominio. Sostuvieron además que los demandantes no agotaron los remedios administrativos requeridos. El Consejo añadió que existía cosa juzgada respecto a alegaciones previas. El documento detalla el historial procesal y las posiciones de las partes en el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Se trata de un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones relacionado con un litigio sobre la Ley de Condominio en el Centro Internacional de Mercadeo I (CIM-I). Propietarios del condominio demandaron a la Junta de Directores y al Consejo de Titulares. La demanda impugnó las elecciones de la Junta desde 2009, solicitando la nulidad de sus actuaciones, y cuestionó la presentación de un caso civil previo como ultra vires, reclamando negligencia crasa y reembolso de gastos legales. Posteriormente, se añadió una causa de acción por denegación de acceso a información. El Consejo de Titulares y la Junta presentaron mociones de desestimación. Alegaron falta de jurisdicción por prescripción de las acciones de impugnación (término de dos años) y por no haber agotado los demandantes los remedios administrativos dispuestos en la Ley de Condominios. Adicionalmente, argumentaron la existencia de cosa juzgada respecto a las alegaciones sobre irregularidades en asambleas y procesos internos, previamente resueltas en otro caso. De no desestimarse, solicitaron la consolidación de los casos.

Resumen:

Luis Daniel Valdés Meléndez presentó una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitaba la modificación de una sentencia de 199 años dictada en su contra en 2012. El propósito de la solicitud era cumplir con los criterios de elegibilidad para programas de rehabilitación. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y determinó que carece de competencia para atenderlo. Explicó que su función es apelativa y revisora, y que los remedios bajo las Reglas 192.1 y 185 son competencia del Tribunal de Primera Instancia. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto, pero ordenó el archivo del caso ante su foro. Dispuso el traslado del recurso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los trámites correspondientes.

Resumen:

Se presenta una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurrente, Janny Martínez Rodríguez, impugna una sanción disciplinaria impuesta por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La sanción consistió en 30 días de suspensión de visitas, recreación y comisaría. Fue impuesta por violar el Código 209 del Reglamento Disciplinario al obstruir la visibilidad de su celda. Tras una vista disciplinaria y una solicitud de reconsideración denegada, el recurrente acude al tribunal. Alega violación al debido proceso de ley por la supuesta dualidad de funciones de un oficial. También argumenta su derecho a la privacidad como persona transexual para usar un toldo en su celda. El Departamento de Corrección sostiene que el planteamiento de dualidad no fue elevado previamente y que no existe impedimento legal. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la Resolución recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y mala fe contra Antilles Insurance Company. Los recurridos, propietarios de una vivienda dañada por el Huracán María, demandaron a Antilles alegando subvaloración de daños y prácticas desleales. Antilles presentó una moción de sentencia sumaria basada en la doctrina de pago en finiquito, argumentando que un pago realizado y un documento firmado por los asegurados resolvían la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de Antilles, determinando que no se configuró el pago en finiquito. Antilles recurrió esta decisión mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Antilles. Esto significa que el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia de que la defensa de pago en finiquito no procedía en esta etapa del caso.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una revisión judicial presentada por el confinado Yadiel Rivera Pérez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El señor Rivera Pérez impugnó la determinación del DCR de posponer su participación en programas de desvío. El DCR condicionó su participación a la culminación del tratamiento en la Unidad Residencial de Trastornos Adictivos (POSADA). El recurrente solicitó remedios administrativos y reconsideración ante el DCR, las cuales fueron denegadas. Posteriormente, presentó el recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El DCR argumentó que no negó la participación, sino que la postergó en cumplimiento con el plan institucional suscrito por el recurrente. El Tribunal revisó el expediente administrativo y los argumentos de las partes. Determinó que la acción del DCR constituyó una postergación y no una denegación del beneficio. Tras su análisis, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación recurrida emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia el 8 de marzo de 2021 en el caso KLAN202000846. El Consejo de Titulares del Condominio Jardines del Parque Escorial había apelado una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su causa de acción. Dicha apelación fue presentada el 19 de octubre de 2020. Tras la oposición de Mapfre Praico Insurance Company, la parte apelante presentó un Aviso de desistimiento el 26 de febrero de 2021. El desistimiento se fundamentó en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En virtud de dicho aviso, el Tribunal tuvo por desistida a la parte apelante. En consecuencia, se ordenó el archivo del recurso de apelación.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico trata sobre una disputa en el condominio Centro Internacional de Mercadeo I. Dos titulares demandaron a la Junta de Directores y al Consejo de Titulares. La demanda impugna la validez de las elecciones de la Junta desde 2009, alegando violaciones a la Ley de Condominio y al reglamento. Sostienen que, por ello, todas las actuaciones de la Junta desde esa fecha son nulas. También cuestionan específicamente la presentación de un caso civil previo por la Junta como un acto ultra vires. Una tercera causa de acción se relaciona con la denegatoria de acceso a documentos del condominio. Los demandados presentaron mociones solicitando la desestimación del caso. Argumentan que las reclamaciones sobre elecciones pasadas están prescritas por el término de dos años. Además, alegan que los demandantes no agotaron los remedios administrativos requeridos. Finalmente, plantean que existe cosa juzgada respecto a algunas alegaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en una apelación civil presentada por Paleteras Unidas, Inc. y Caribe Recycling Corp. Los apelantes solicitan la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de octubre de 2018. Dicha Sentencia declaró Con Lugar una demanda en daños y perjuicios e injunction permanente. La demanda original fue presentada por la Sucesión de Arturo Barreiro González, la Sucesión de Olga López Ramos y otras entidades. Los demandantes alegaron que Paleteras y Caribe Recycling, al expandir sus instalaciones en un predio colindante, realizaron rellenos no autorizados y construidos negligentemente. Estas acciones supuestamente alteraron el curso natural de las aguas pluviales, dirigiéndolas hacia la propiedad de los demandantes y dañando un sistema de drenaje preexistente. Se argumentó que las obras se hicieron sin los permisos gubernamentales ni estudios hidrológicos requeridos. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la Sentencia apelada.