GOMEZ VILANOVA, JULIO VS E L A DE PR

El Gobierno de Puerto Rico apela una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la devolución de un vehículo confiscado al señor Julio A. Gómez Vilanova o el pago de su valor. El vehículo fue ocupado por la Policía tras la detención del apelado por alegadas violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000, artículos 5.06 y 5.07). El apelado impugnó la confiscación judicialmente, alegando que fue ilegal y sin fundamento. Paralelamente, se presentaron denuncias criminales contra el apelado por los mismos hechos. En el proceso criminal, se encontró causa probable por el artículo 5.07, delito al que el apelado se declaró culpable posteriormente. El Gobierno defendió la legalidad de la confiscación bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones (Ley 119-2011), argumentando su presunción de validez. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor del apelado, ordenando la restitución del vehículo o su valor. El Gobierno recurre ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revocación de dicha sentencia. Este tribunal revisará si procedía la orden de devolución del vehículo o su valor emitida por el foro primario.