Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 138)

Resumen:

Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones presentado por Israel Zayas Díaz contra una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La controversia principal versa sobre la aplicación del Art. 7.25 de la Ley de Armas de 2020 (Ley Núm. 168-2019), que permite la consideración para libertad bajo palabra al cumplir el 75% de la pena. El recurrente, sentenciado por violaciones a la Ley de Armas anterior (Ley Núm. 404-2000), solicitó al DCR que le explicara por qué no cualificaba para esta disposición. El DCR le informó que la regla del 75% no aplicaba a su caso porque los hechos ocurrieron en 2008, y esta disposición es para hechos desde 2017. Tras una solicitud de reconsideración denegada por el DCR, Zayas Díaz acudió al Tribunal argumentando que la nueva ley debería aplicar a su pena. El Tribunal de Apelaciones, sin requerir la comparecencia del recurrido, desestima el recurso. La desestimación se basa en que el recurso fue presentado de manera prematura.

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Sentencia de un panel de jueces sobre una petición de certiorari presentada por Council of Owners of Condominio Parque 228. El peticionario solicita la revocación de órdenes del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus mociones de sentencia sumaria parcial y sentencia por las alegaciones. El pleito original trata sobre una reclamación de daños por el Huracán María contra One Alliance Insurance Corporation. One Alliance ofreció \$40,183.42 como pago parcial, condicionado a un relevo total de derechos. Parque 228 reclamó el desembolso de esta suma como pago parcial incondicional, argumentando que la ley de seguros lo permite. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar ambas mociones del peticionario. La corte de apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la resolución recurrida.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por Rafael Santos Dávila. El peticionario impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de copias de su expediente criminal. Alegó que dicha denegatoria violaba su derecho constitucional al debido proceso de ley y al acceso a información para atacar colateralmente su sentencia. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su jurisdicción para conocer del recurso, enfocándose en su presentación oportuna. La Resolución recurrida fue notificada el 22 de febrero de 2021. El recurso de certiorari fue entregado a un oficial correccional el 30 de marzo de 2021 y enviado por correo postal el 6 de abril de 2021. El Tribunal determinó que el recurso fue presentado fuera del término estricto dispuesto por ley. En consecuencia, el Tribunal concluyó que carece de jurisdicción para atender el caso. Por tanto, el recurso de certiorari será desestimado por tardío.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero por honorarios de abogado. Ramiro Lladó Martínez y Lissette Marín Aponte demandaron a John Solá Ordoñez, obteniendo una sentencia sumaria parcial. Posteriormente, los demandantes descubrieron que el abogado de Solá Ordoñez, Francisco L. Pérez Soto, adquirió propiedades de su cliente tras dictarse la sentencia. El foro primario ordenó al licenciado Pérez Soto producir escrituras e información sobre los bienes comprados y abstenerse de realizar transacciones con ellos. El abogado recurrió de dicha orden ante el Tribunal de Apelaciones. La controversia central gira en torno a las transacciones de bienes inmuebles entre el abogado y su cliente durante el curso del litigio. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la legalidad de la orden recurrida. Durante el proceso, se informó el fallecimiento del demandado John Solá Ordoñez. La sentencia del Tribunal de Apelaciones modifica la orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegó un recurso de certiorari presentado por Banco Popular de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca contra ZAP Properties, Inc., et als. Banco Popular buscaba la revisión de resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que, entre otras cosas, ordenaron el descubrimiento de manuales internos del banco. El foro primario consideró que dichos manuales eran pertinentes a las defensas afirmativas presentadas por los demandados. Banco Popular argumentó que los manuales eran irrelevantes porque no fue la institución que originó los préstamos, sino que los adquirió de Westernbank a través del FDIC. Los demandados recurridos se opusieron al recurso, alegando falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de autoridad para intervenir con la orden interlocutoria de descubrimiento en esta etapa del procedimiento. La denegación se fundamentó en lo dispuesto por la Regla 52.1 y el incumplimiento de los criterios de la Regla 40 de Procedimiento Civil. La resolución confirma la orden del Tribunal de Primera Instancia de permitir el descubrimiento de la prueba solicitada por la parte demandada.

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José Zenón Pabón Díaz presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de revisión de sentencia bajo la Regla 192.1. El peticionario alega haber sido víctima de representación legal inefectiva, lo que lo llevó a aceptar un preacuerdo que resultó en una sentencia de 25 años por asesinato en segundo grado y 3 años por Ley de Armas, la cual considera excesiva según la ley aplicable. Sostiene que no fue debidamente informado sobre sus derechos, incluyendo la unanimidad del jurado (Ramos v. Louisiana), y que fue coaccionado a aceptar el acuerdo. La Oficina del Procurador General se opone, argumentando que la sentencia proviene de un preacuerdo beneficioso que redujo cargos y eliminó alegaciones de reincidencia. Afirma que el peticionario estuvo representado, el tribunal verificó la voluntariedad del acuerdo y que la decisión de Ramos no aplica a sentencias finales producto de preacuerdos. El recurso busca que el Tribunal de Apelaciones revoque la decisión del foro primario.

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Ulises Colón Díaz compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante una moción que fue acogida como recurso de certiorari. El peticionario impugnaba la sentencia de quince años que le fue impuesta por violación al Artículo 95 del Código Penal. Alegaba tener derecho a una reducción del 25% de su sentencia bajo la Ley 246 de 2014 y a que se le bonificaran cinco meses cumplidos en probatoria. El Tribunal de Apelaciones analizó la naturaleza discrecional del recurso de certiorari y la jurisdicción para atenderlo. Se refirió a la Ley de la Judicatura y al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, incluyendo los criterios de la Regla 40 para ejercer su discreción. Tras revisar el derecho aplicable y los parámetros reglamentarios, el panel concluyó que no existía razón alguna para intervenir con la decisión del foro primario. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones declinó expedir el recurso solicitado por Colón Díaz.

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La Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA) presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Hatillo dictada el 24 de febrero de 2021. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar una Moción Informativa y Solicitud de Emplazamiento por Edicto interpuesta por AEELA. El caso subyacente es un cobro de dinero bajo la Regla 60 contra José César Requena Maldonado, su esposa Celinés Román Rodríguez y la sociedad de gananciales. AEELA solicitó emplazar por edicto a la señora Román Rodríguez tras no lograr el emplazamiento personal. En una vista, el TPI determinó que la señora Román Rodríguez no firmó el pagaré del préstamo, por lo que no estaba obligada personalmente. Consecuentemente, el TPI desestimó la causa de acción contra ella en su carácter personal y denegó la solicitud de emplazamiento por edicto. El TPI mantuvo el pleito contra el señor Requena Maldonado y la sociedad de gananciales, y decidió continuar el caso bajo el procedimiento sumario de la Regla 60. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por AEELA.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLRA202100241. Se trata de una revisión administrativa sobre retribución, procedente de la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación. Las partes recurrentes son Maribel Colón González y la Asociación de Maestros de Puerto Rico - Local Sindical. Las partes recurridas son el Departamento de Educación y la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación. El Tribunal examinó una Moción de Desistimiento Voluntario presentada por la parte recurrente. Dicha moción fue radicada ante el Tribunal el 24 de mayo de 2021. Tras examinar la solicitud, el Tribunal ordenó el cierre y archivo del caso. La orden se basa en el desistimiento voluntario con perjuicio de la parte recurrente. Esta determinación se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La sentencia fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 26 de mayo de 2021.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Edelmiro Acevedo Díaz. El peticionario, confinado, solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró "Nada que Proveer" a su petición de reconsideración o modificación de sentencia. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de epígrafe. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el caso. Se reitera que la ausencia de jurisdicción es insubsanable y obliga a desestimar sin entrar en los méritos de la controversia. Además, se señala que el escrito presentado por el peticionario incumplió gravemente con varios requisitos reglamentarios del tribunal, impidiendo su consideración en los méritos.

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Se revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de expropiación forzosa iniciado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contra WMS Corporation. La AEE demandó para adquirir una propiedad de WMS, depositando \$130,000, pero luego desistió del proyecto y de la expropiación. WMS reclamó indemnización por daños tras el desistimiento. Las partes estipularon que WMS recibiría \$50,000 y la AEE \$80,000 de los fondos consignados, acuerdo que el TPI aprobó mediante sentencia. WMS solicitó el retiro de sus \$50,000. El TPI denegó la solicitud, exigiendo a WMS cumplir con requisitos de la Regla 58.9 de Procedimiento Civil, como juramento, resolución corporativa, certificación del CRIM y manejo de acreencias. WMS argumentó que estos requisitos no aplicaban al haberse desistido de la expropiación y revertido la titularidad. El TPI denegó la reconsideración, manteniendo la exigencia. WMS recurre, alegando error del TPI al imponer requisitos inaplicables para el retiro de fondos bajo la sentencia y la Regla 58.9.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre un recurso de revisión judicial. El recurso fue presentado por Jayleen Molina Santiago contra una determinación de PR-OSHA. Dicha determinación denegó la solicitud de intervención de la señora Molina Santiago en un procedimiento administrativo. El caso administrativo de PR-OSHA es contra Demex Environmental Group, LLC, por violaciones de seguridad tras un accidente laboral fatal que involucró al esposo de la recurrente. La señora Molina Santiago buscaba participar en el proceso, alegando interés genuino. PR-OSHA rechazó su solicitud, considerando que la información que aportaría no guardaba relación con los méritos del caso. Esta denegatoria se produjo luego de que un recurso previo ordenara a la agencia fundamentar su decisión. El Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción, al requerir la ley que la revisión judicial proceda únicamente contra órdenes o resoluciones finales de la agencia, tras agotar los remedios administrativos.

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MAPFRE Praico Insurance Company solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una resolución del foro primario que denegó su moción de desestimación y sentencia sumaria. La aseguradora fundamentó su petición en la alegada nulidad de un contrato de cesión, la falta de legitimidad de una de las partes recurridas y la deferencia debida al Comisionado de Seguros. El Tribunal de Apelaciones deliberó sobre los méritos del recurso. El panel señaló haber adjudicado controversias similares en ocasiones anteriores. Tras evaluar el expediente, no identificó argumentos noveles o persuasivos que justificaran alterar su postura. El tribunal concluyó que el foro primario no actuó de forma arbitraria, caprichosa, abusó de su discreción o cometió error de derecho. Tampoco identificó fundamentos jurídicos para expedir el auto de certiorari conforme a los criterios que guían su discreción. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones resolvió una petición de mandamus presentada por Carlos Crespo Collazo. El peticionario solicitaba ordenar al Tribunal de Primera Instancia firmar y notificar una minuta de una vista de pensión alimentaria celebrada en noviembre de 2020. En dicha vista, el tribunal inferior encontró al peticionario incurso en desacato por deuda. Cinco meses después, el Tribunal de Primera Instancia emitió órdenes requiriendo el pago de deudas bajo apercibimiento de arresto. El peticionario argumentó que la falta de notificación de la minuta le impedía revisar las determinaciones del tribunal. El Tribunal de Apelaciones declinó expedir el auto de mandamus solicitado. La decisión se basó en que el peticionario no requirió al tribunal inferior, de forma oportuna, que firmara y notificara la minuta antes de acudir al apelativo. Se recordó que el mandamus es un recurso discrecional y extraordinario que requiere agotar otros remedios y hacer un requerimiento previo al funcionario.

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Patricia Rivera Polanco presentó una Petición de Mandamus ante el Tribunal de Apelaciones. La petición buscaba ordenar al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, a resolver varios escritos pendientes en un caso sobre relaciones maternofiliales provisionales (custodia). La señora Addy Polanco Vázquez presentó un escrito oponiéndose a la solicitud. Posteriormente, la peticionaria presentó un Aviso de Desistimiento. Informó que el tribunal primario ya había resuelto cinco de las seis mociones que motivaron el recurso. En consideración a esta información, el Tribunal de Apelaciones acogió el Aviso de Desistimiento. Consecuentemente, se tuvo por desistida a la peticionaria y se ordenó el archivo con perjuicio del caso. La decisión se fundamentó en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Se ordenó la notificación inmediata a todas las partes involucradas.

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Este caso es una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Los apelantes, el matrimonio Román-Serrano, recurren una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia fue dictada en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoado por Firstbank Puerto Rico. Firstbank demandó por incumplimiento de un pagaré hipotecario de \$85,000.00 garantizado con una propiedad. Los apelantes alegaron prácticas abusivas de Firstbank en el proceso de mitigación de pérdidas y presentaron una reconvención por daños. El caso fue referido a mediación compulsoria, la cual no resultó en acuerdo. Firstbank solicitó sentencia sumaria, argumentando la inexistencia de controversia de hechos esenciales. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la solicitud de Firstbank. Los apelantes apelaron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones, el cual CONFIRMÓ la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000047. Intership Corporation apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que le ordenaba pagar a Tribo Tec, Inc. \$81,760.00 más costas e intereses. La demanda original de Tribo Tec reclamaba incumplimiento de contrato y cobro de dinero. Tribo Tec alegó que Intership no pagó rentas por el uso de un taller durante varios periodos. También reclamó el pago de reparaciones realizadas a bienes de Intership, lo que justificó la retención de algunos de ellos. La suma principal adeudada correspondía a cargos por almacenamiento de equipo pesado de Intership en las facilidades de Tribo Tec. Este equipo permaneció allí por un tiempo considerablemente mayor al acordado, generando cargos diarios. Tribo Tec notificó a Intership sobre estos cargos tras expirar el plazo inicial. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la apelación y confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece Azucena F. Coker Castañón y otros ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, apelando una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó con perjuicio las alegaciones de dolo y fraude presentadas por los apelantes en un caso de daños y perjuicios contra la Iglesia de Dios Mission Board, Inc. y otros. La demanda original de 2010 alegaba que la Iglesia cobró fraudulentamente $130,000 a los apelantes por una deuda hipotecaria sobre una propiedad adquirida, a sabiendas de que el pagaré había sido cancelado. Los apelantes reclamaban la restitución del dinero y compensación por daños, incluyendo la pérdida de oportunidades de venta de solares. La Iglesia negó las acusaciones, afirmando que los demandantes conocían el gravamen y se comprometieron a reservar fondos para su pago. La Iglesia también presentó una reconvención por daños económicos. Tras solicitudes de sentencia sumaria denegadas, el Tribunal de Primera Instancia emitió la sentencia parcial apelada. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, confirma la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia resolvió una demanda sobre interdicto preliminar y permanente, enriquecimiento injusto y daños y perjuicios. La demanda fue presentada por Miriam Ramos Rojas y Efraín Albino Febus contra Francisco Pacheco Ortiz y la Sucesión de Isabel Ocasio García. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda de los demandantes y desestimó la reconvención de los demandados. El caso se originó a raíz de querellas bajo la Ley 140 relacionadas con el uso de un camino en la propiedad de los demandantes por parte del demandado para acceso y construcción. La parte apelante solicitó la revocación de la sentencia del TPI. Tras evaluar los escritos y documentos, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revoca una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que aumentó la fianza impuesta al señor Jensen Medina Cardona. Inicialmente, el señor Medina fue denunciado por falsificación de licencia, delito cometido mientras era evaluado por PSAJ en relación con otro proceso penal por asesinato y Ley de Armas. En la vista de causa para arresto por la falsificación, el TPI impuso una fianza de \$3,500, la cual fue prestada. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó un aumento de fianza, alegando la naturaleza del delito y el peligro de fuga debido al caso pendiente. Un juez distinto del TPI accedió a la solicitud, aumentando la fianza a \$250,000 sin opción al 10%, basándose en un informe negativo de PSAJ y el riesgo de fuga. El señor Medina recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y deja sin efecto la resolución que aumentó la fianza.

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El Consejo de Titulares del Condominio Quantum Metrocenter presentó un recurso de revisión administrativa. Solicitan la revisión de una Resolución de la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Dicha resolución dejó sin efecto el archivo de una solicitud de consulta de construcción instada por Oriental Bank. La solicitud de Oriental Bank se refería a la instalación de un generador de energía eléctrica. El Municipio Autónomo de San Juan había archivado inicialmente la solicitud. El Consejo de Titulares se opuso a la solicitud desde el inicio del trámite municipal. Oriental Bank recurrió la decisión de archivo ante la OGPe, la cual acogió su petición y devolvió el expediente al Municipio. El Consejo de Titulares apeló la decisión de la OGPe ante este panel judicial. Argumentaron, entre otras cosas, no haber sido notificados adecuadamente de los trámites ante la OGPe. Por las razones expuestas en la sentencia, el panel desestima el recurso de revisión administrativa presentado por el Consejo de Titulares.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Negociado de Seguridad de Empleo que concedió beneficios por desempleo a una exempleada. La parte recurrente, La Rosa de Sarón Caring Furniture Inc., impugna esta determinación. La empleada, Grisel Arce Soto, renunció a su puesto tras recibir una suspensión disciplinaria de dos semanas sin sueldo. El patrono recurrente alega que la agencia erró al concluir que la empleada tuvo justa causa para renunciar basándose en una "serie de sucesos" no especificados. Argumenta además que renunciar como respuesta a una medida disciplinaria no justifica la elegibilidad para beneficios. La Oficina del Procurador General ha solicitado la desestimación del recurso, planteando que el patrono carece de legitimación activa para apelar la concesión de beneficios. El documento discute los principios legales de justiciabilidad y legitimación activa en Puerto Rico. El tribunal debe determinar si el patrono tiene el interés legal requerido para impugnar la decisión de elegibilidad de la empleada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari instado por Luis D. Flores Chevres en un caso de alimentos. El peticionario solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de relevo de sentencia y excarcelación inmediata. Dicha moción fue presentada tras ser arrestado por desacato al incumplir con el pago de pensión alimentaria adeudada a Yamaris Rivera Torres. El peticionario adeudaba una suma considerable y no compareció a las vistas ni respondió a las mociones, a pesar de ser notificado en su dirección conocida. El Tribunal de Primera Instancia lo encontró incurso en desacato y ordenó su arresto. El Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto de certiorari solicitado. Tras examinar el recurso y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma en parte y revoca en parte la determinación del foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por la Cooperativa de Viviendas Los Robles. La Cooperativa impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia que suspendió su resolución de destitución de socio contra Jaime L. Mattei Arroyo. La destitución y orden de desalojo se emitieron tras un incidente con arma de fuego, alegando infracción al reglamento. Mattei Arroyo demandó a la Cooperativa por violación al debido proceso de ley. Durante el litigio, el señor Mattei Arroyo falleció. La Cooperativa solicitó la desestimación por academicidad, pero el tribunal primario la denegó. El Tribunal de Primera Instancia encontró violaciones al debido proceso y dejó sin efecto la resolución de la Cooperativa, reconociendo los derechos de los herederos. La Cooperativa apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, desestima el recurso de apelación presentado por la Cooperativa.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, se presentó un recurso de apelación por Guillermo De La Cruz Abreu y otros contra AIG Insurance Company Puerto Rico. El recurso impugnaba una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda de los apelantes. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato y mala fe por parte de AIG en la tramitación de una reclamación de seguro por daños causados por el huracán María. El foro primario concedió una moción de sentencia sumaria a favor de AIG, aplicando la doctrina de pago en finiquito, al considerar que el cobro de un cheque por parte del asegurado constituía una aceptación total. Los apelantes argumentaron que la compensación fue injusta y que AIG actuó de mala fe. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones determinó que la Sentencia apelada debía ser revocada. En consecuencia, se ordenó la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia. El propósito es permitir la continuación de los procedimientos conforme a lo resuelto por el apelativo.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que condenó al apelante, José Hernández Rodríguez, al pago de daños por violar una cláusula de no-competencia. La parte apelada, Nazareno Enterprises and Services, Inc., solicitó la desestimación del recurso por tardío. No obstante, el apelante argumentó que la Sentencia del TPI no fue debidamente notificada a todas las partes, específicamente a una parte en rebeldía en su última dirección conocida. El Tribunal examina la Regla 46 de Procedimiento Civil, que dispone que una sentencia no surte efecto y el término para apelar no comienza hasta que se archive la constancia de notificación a *todas* las partes. Al no haberse notificado correctamente a una de las partes según la dirección en autos, la Sentencia del TPI aún no ha surtido efecto legal. Por consiguiente, el término para apelar no ha comenzado a transcurrir. El Tribunal concluye que el recurso de apelación presentado es prematuro. Se desestima el recurso por falta de jurisdicción.

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Sentencia de un panel judicial en Puerto Rico resolviendo una apelación sobre un litigio de colindancia y rectificación de cabida. La apelante, Daisy Martínez Torres, impugna una decisión previa del Tribunal de Primera Instancia que favoreció a la apelada, Rosa Piñeiro Rodríguez. El caso se originó cuando la familia de Piñeiro Rodríguez construyó un garaje que invadió una porción del solar adyacente propiedad de Martínez Torres. Piñeiro Rodríguez demandó buscando la rectificación de cabida y ofreciendo pagar por el terreno invadido, alegando buena fe. Martínez Torres contestó negando la buena fe y presentó una reconvención solicitando la reivindicación del terreno, daños y la demolición de la estructura. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la demanda de Piñeiro Rodríguez y desestimó la reconvención de Martínez Torres. La sentencia apelada se basó en determinaciones de hechos sobre la adquisición de la propiedad, el contrato de construcción del garaje, su costo y la forma en que se definieron los linderos para la obra. Este tribunal de apelación revisa el caso presentado por Martínez Torres. Finalmente, el panel judicial confirma la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de apelación sobre despido injustificado y alegada represalia. El apelante, Ángel Bauzó Morales, demandó a su antiguo patrono, Genesis Security Services, Inc., alegando despido ilegal tras quejarse de su supervisora y presentar una querella policial. Reclamó compensación bajo la Ley 80 y daños bajo la Ley 115. El patrono sostuvo que el empleado abandonó voluntariamente su empleo y negó haber incurrido en despido o represalia. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor del patrono. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión. La corte apelativa concluyó que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente. El expediente demostró que no existía controversia sobre el hecho de que el empleado abandonó voluntariamente el empleo, en lugar de ser despedido.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por One Alliance Insurance Corporation. One Alliance solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud para presentar una reconvención contra PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC. El caso original trata sobre la demanda de PR Asset contra One Alliance por incumplimiento de contrato de seguro y mala fe relacionada con daños por huracán. One Alliance intentó presentar una reconvención alegando fraude y falsas representaciones por parte de PR Asset, supuestamente descubiertas durante el descubrimiento de prueba. PR Asset se opuso, argumentando que la reconvención era compulsoria y debió presentarse con la contestación original, ya que One Alliance conocía o sospechaba del alegado fraude previamente. El TPI coincidió con PR Asset, declarando la reconvención tardía y compulsoria, y denegó su autorización. La solicitud de reconsideración posterior de One Alliance también fue denegada por el TPI. El Tribunal de Apelaciones, tras analizar los fundamentos, deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por One Alliance.

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El Tribunal de Apelaciones revisó un recurso presentado por Social Media, LLC contra Juan C. Hernández h/n/c MOBD. La apelación provenía de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso sobre daños por incumplimiento de contrato. Social Media impugnaba la sentencia que desestimó su demanda, así como dictámenes posteriores sobre la notificación de dicha sentencia y la aprobación de costas. El caso en primera instancia presentó complicaciones relacionadas con la representación legal de Social Media y la correcta notificación de la sentencia. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó que el mismo fue presentado de forma prematura. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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Este documento presenta una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. El recurrente, un confinado, impugnó una resolución administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha resolución denegó su solicitud para la devolución de un pantalón corto que le fue decomisado por tener bolsillos. El recurrente argumentó que el decomiso fue improcedente, posiblemente en represalia, y que una directriz del Secretario permitía la posesión de pantalones cortos sin especificar la prohibición de bolsillos. La División de Remedios Administrativos del Departamento confirmó el decomiso, basándose en el Reglamento Interno que prohíbe propiedad personal con modificaciones o que no proceda. La División también señaló que el recurrente rechazó un pantalón corto de reemplazo sin bolsillos. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión administrativa conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Aplicando el estándar de deferencia a las determinaciones de la agencia sustentadas por evidencia sustancial, el Tribunal confirmó la resolución recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000739. Las partes son el Municipio Autónomo de San Juan como apelado y la Junta de Planificación de Puerto Rico como apelante. El recurso de apelación proviene de un caso civil sobre la solicitud de revocación parcial de una resolución de la Junta de Planificación. Dicha resolución anuló enmiendas a los planos de ordenación (cambios de calificación) aprobados por el Municipio de San Juan. La Junta de Planificación de Puerto Rico, en su carácter de apelante, presentó una Moción en Solicitud de Desistimiento del Recurso de Apelación. El Tribunal de Apelaciones declaró Con Lugar la referida moción. Como resultado, se ordenó el cierre y archivo del caso por desistimiento. La decisión se emitió en San Juan, Puerto Rico, el 25 de mayo de 2021.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de certiorari presentado por el Sr. Héctor Manuel Francisquini Encarnación. El peticionario solicita la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar una moción de reconsideración. Dicha moción impugnaba una orden previa del foro primario que dio por concluido el descubrimiento de prueba en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Banco Popular de Puerto Rico. El Sr. Francisquini alegó que al momento de cerrarse el descubrimiento, aún no había recibido documentación relevante de la parte demandante. Argumentó que el Tribunal de Primera Instancia erró al concluir el descubrimiento a destiempo, privándolo de revisar la prueba y contraviniendo el principio de descubrimiento amplio y liberal. El peticionario presentó varios señalamientos de error ante el Tribunal de Apelaciones. Tras considerar los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar el auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre un escrito presentado por el confinado Mariano Maldonado Pagán. El señor Maldonado alegó que el Departamento de Corrección y Rehabilitación discriminó en su contra al no permitirle tener un televisor en su celda. Argumentó que esta acción violaba sus derechos a la libertad de expresión y culto. En lugar de apelar una decisión administrativa, solicitó al tribunal que ordenara al Departamento permitir televisores a confinados de custodia mediana y mínima. El tribunal revisó el escrito y concluyó que no era susceptible de revisión judicial. Determinó que el documento carecía de una resolución recurrida o documentación del trámite administrativo necesario. Consideró la solicitud conclusoria, imprecisa y sin corroboración documental. El tribunal señaló que el incumplimiento con los requisitos de su reglamento impedía el ejercicio de su función judicial. Por los fundamentos expuestos, desestimó el escrito del señor Maldonado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución denegando un recurso de certiorari presentado por Beatriz Cruz Vázquez. La peticionaria solicitaba la revocación de una minuta resolución del foro primario que mantuvo la custodia provisional de un menor en manos del padre, Ricardo Ortiz Colón. La peticionaria cuestionaba que el tribunal de instancia no acogiera la recomendación de un Informe Social Forense que favorecía otorgarle la custodia a ella. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y concluyó no expedir el auto solicitado. Explicó que el Informe Social Forense es solo un paso en el complejo proceso judicial de custodia. El foro primario ha ordenado la presentación de informes periciales y médicos adicionales, y ha señalado una vista para agosto. La corte apelativa consideró que el foro primario está siguiendo un proceso adecuado para obtener un cuadro completo antes de tomar una determinación final. No encontró indicio de que el tribunal de instancia actuara de forma arbitraria o abusara de su discreción. Consideró que su intervención en esta etapa de los procedimientos sería inoportuna.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones conoce de un recurso de revisión administrativa presentado por Héctor O. Bravo Medina. El recurso impugna una Resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) emitida el 12 de febrero de 2021. Mediante dicha Resolución, la OGPe dejó sin efecto un permiso de construcción consolidado previamente otorgado al recurrente para la ampliación de una residencia. La OGPe tomó esta determinación tras una revisión solicitada por Norma M. Medina Afanador, quien alegó que el permiso se concedió contrario a la reglamentación vigente. La OGPe concluyó que el proyecto presentaba variaciones a los parámetros de construcción de un distrito R-1 que requerían una consulta no realizada. El recurrente alegó errores en la notificación y en la determinación de la OGPe sobre las variaciones. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de revisión. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por ser el recurso prematuro.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso criminal contra Adrián Marcelo Sánchez Hernández. El peticionario enfrenta cargos por asesinato, tentativa de asesinato e infracciones a la ley de armas. La controversia principal se centra en una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) sobre la instrucción al jurado. El TPI determinó que el veredicto del jurado debe ser unánime (12-0) tanto para declarar culpable como para absolver al acusado, basándose en *Ramos v. Louisiana* y *Pueblo v. Torres Rivera*. Sánchez Hernández se opuso a esta instrucción, argumentando que la unanimidad solo es requerida para veredictos de culpabilidad. Presentó un recurso de certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción ante el Tribunal de Apelaciones para revisar la determinación del TPI y paralizar los procedimientos. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones resolvió. La Resolución declara no ha lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción. Asimismo, deniega expedir el auto de certiorari solicitado por el peticionario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. La peticionaria, en representación de una sucesión, impugna la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para asegurar la efectividad de una sentencia futura. La acción original es sobre cobro de dinero y nulidad de contrato, basada en préstamos no pagados por los recurridos. La peticionaria argumentó que los recurridos han evitado el pago y que sus activos son fácilmente transferibles, lo que podría frustrar la ejecución de una sentencia favorable. Solicitó una vista evidenciaria para presentar prueba. El foro primario denegó la moción sin celebrar la vista ni evaluar los méritos. El Tribunal de Apelaciones determina que procede expedir el auto de certiorari. Se ordena devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se celebre la vista evidenciaria requerida por la Regla 56.4 de Procedimiento Civil.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Luis Ángel Carrión Tavárez y Carrión Tavárez Law Offices. El recurso busca revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de incumplimiento de contrato y daños contra El Monte Tower, LLC y otros. La Orden recurrida dispuso que el Departamento de Hacienda entregara a la parte recurrida copias de las planillas de contribución sobre ingresos de los peticionarios para los años 2018, 2019 y 2020. El caso original se relaciona con la terminación de un contrato de arrendamiento de oficina, donde los peticionarios alegan que los recurridos rescindieron ilegalmente un contrato vigente. Reclaman daños, incluyendo tiempo invertido y ganancias dejadas de percibir. Los recurridos contestaron la demanda y reconvinieron, alegando que el contrato no se perfeccionó debido a cambios unilaterales y deudas pendientes. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Tras revisar el dictamen, el Tribunal de Apelaciones revocó la Orden del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. El peticionario, José Cortés Padua, cumple una sentencia de 35 años por delitos de drogas dictada en 2016. Su abogado de oficio fue relevado el día de la sentencia. Cuatro años después, presentó una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Alegó que se violó su derecho a apelar al ser relevado su representante legal. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar de plano dicha moción. Cortés Padua recurre ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Señala que el TPI erró al denegar la moción y al hacerlo sin celebrar una vista evidenciaria. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar el recurso presentado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios presentado por Gabriela Vázquez Aponte contra el Estado Libre Asociado. El Estado solicitó la desestimación de la demanda alegando que la demandante no cumplió con el requisito de notificación escrita previa al Secretario de Justicia dentro del término de 90 días, conforme a la Ley de Reclamaciones. La demandante alegó que la pandemia de COVID-19 y el toque de queda constituyeron justa causa para la notificación tardía. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación del Estado, aceptando la alegación de justa causa. El Estado recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones emitió esta Sentencia tras evaluar el recurso. La Sentencia resuelve expedir el certiorari y revocar la Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Esto significa que el Tribunal de Apelaciones determinó que las razones presentadas no justificaron la falta de notificación oportuna al Estado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por Carlos Rullán Caparrós y otros. Los peticionarios buscaban la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Utuado el 23 de febrero de 2021. El pleito original versa sobre una acción de reivindicación, deslinde, interdicto posesorio y daños y perjuicios relacionada con un inmueble en Utuado. Los demandantes alegan ocupación ilegal de terreno por los recurridos. La demandada presentó una reconvención alegando daños causados por los demandantes y solicitando la desestimación de la demanda. El documento detalla diversas incidencias procesales en el TPI, incluyendo mociones sobre la reconvención. El Tribunal de Apelaciones concluye que, por los fundamentos que expondrá, procede denegar el recurso de certiorari.

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La Universidad de Puerto Rico solicita al Tribunal de Apelaciones que revoque una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. El caso se originó por una demanda bajo la Ley de Represalias presentada por una empleada, quien alegó que la UPR no le renovó el contrato como instructora en represalia por negarse a cambiar la nota de una estudiante. La UPR argumentó ante el foro primario que no existían hechos esenciales en controversia que justificaran un juicio, sosteniendo que no hubo una actividad protegida según la ley ni un nexo causal con la no renovación. La universidad presentó prueba documental para demostrar que la decisión de no renovar el contrato ocurrió antes de la interacción sobre la nota que la empleada identificó como el acto protegido. La empleada se opuso a la solicitud de sentencia sumaria, afirmando la existencia de hechos controvertidos. Corresponde ahora al Tribunal de Apelaciones determinar si el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al concluir que persistían hechos esenciales en controversia que impedían resolver el caso mediante sentencia sumaria.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por el Estado Libre Asociado (ELA). El ELA impugnó la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a paralizar el pago de una sentencia por daños y perjuicios a favor de Héctor Román Ortiz. El ELA invocó la paralización automática bajo el Título III de PROMESA y el Código de Quiebras para evitar el pago. Sin embargo, la reclamación de daños de Román Ortiz se basó en hechos ocurridos después de la radicación de la quiebra del ELA. Román Ortiz argumentó que la paralización no aplicaba a reclamaciones post-petición. El Tribunal de Primera Instancia estuvo de acuerdo, resolviendo que el ELA debía cumplir con la sentencia al surgir la reclamación después de la quiebra. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y denegó la expedición del auto de certiorari. Esta decisión valida la determinación del foro primario de que la paralización automática de PROMESA no impedía el pago de esta sentencia por daños post-petición.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo en un caso de cobro de dinero por subrogación. Los peticionarios, demandados en el foro primario, solicitaron la desestimación de la demanda alegando insuficiencia en el diligenciamiento del emplazamiento. Argumentaron que la certificación al dorso de la boleta de emplazamiento entregada no fue cumplimentada por el emplazador. Sostuvieron que esta omisión les privó del debido proceso de ley y de la jurisdicción del tribunal sobre sus personas. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud, concluyendo que la falta de cumplimentación de la certificación no invalidaba el emplazamiento ni afectaba la jurisdicción. Inconformes, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado y revocó la resolución del foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. La Unión solicitó revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud de revisión de un laudo arbitral. El laudo arbitral, emitido por el Comité de Querellas, había sostenido la destitución del empleado Rubén Rodríguez Marrero. La CFSE destituyó al empleado tras una investigación que concluyó que sustrajo y usó sin autorización una tarjeta de crédito de una compañera. El Comité de Querellas determinó que la CFSE probó la existencia de causa para la destitución por actos de apropiación ilegal y conducta lesiva. La Unión impugnó el laudo en Primera Instancia, alegando falta de prueba suficiente y violación al debido proceso. El Tribunal de Primera Instancia confirmó el laudo arbitral. Ante el recurso de la Unión, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Garnet Capital Advisors LLC. Garnet solicitó la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación de una demanda. La demanda fue presentada por el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDEPR). El BDEPR busca la nulidad de un contrato de venta de cartera de préstamos y alega incumplimiento de contrato de servicios por parte de Garnet. Según el BDEPR, Garnet incumplió su deber de asesoría en el proceso de venta, resultando en una autorización de venta indebida. Garnet argumentó que la demanda no justificaba un remedio en su contra, pues la decisión de venta recayó en el BDEPR y Garnet cumplió sus obligaciones. El foro primario denegó la desestimación al considerar que el caso se encontraba en una etapa inicial. Tras examinar los escritos y la decisión recurrida, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado por Garnet.

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Marwin Benítez Santos, confinado por asesinato en primer grado, comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari. Impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas que declaró No Ha Lugar a una moción suya. En dicha moción, el peticionario solicitaba que se le acreditaran bonificaciones por buena conducta y asiduidad conforme a la Ley núm. 87-2020. Alegaba que dicha ley extiende estos beneficios a toda la población penal. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud por considerar que no procedía en derecho. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, decidió expedir el auto de certiorari. Sin embargo, basándose en los fundamentos expuestos, incluyendo la naturaleza discrecional del certiorari y la normativa aplicable, el foro apelativo confirmó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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Un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico impugna una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El recurrente, Alex Hiram Serrano Lebrón, presentó una querella ante DACo alegando vicios de construcción en una propiedad adquirida a Empresas Zepol, Inc., con intervención de BL Investments, Inc. Solicitaba que las querelladas costearan las reparaciones de los alegados defectos. Las querelladas solicitaron la desestimación de la querella. Argumentaron que el contrato de compraventa incluía una cláusula donde el comprador aceptaba la propiedad "as is". Dicha cláusula establecía que el comprador había examinado el inmueble, estaba consciente de su estado y deterioro, y renunciaba a reclamaciones por vicios o defectos. DACo desestimó sumariamente la querella basándose en esta estipulación contractual y la falta de objeciones previas a la firma. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, confirmó la resolución administrativa de desestimación.

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Comparecen Carmen Aminta Sánchez Lamoso y las compañías C.I.G. Apparel Group, LLC y Avima Health, LLC ante el Tribunal de Apelaciones. Buscan revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su solicitud de injunction preliminar y permanente contra First Bank. La señora Sánchez Lamoso, viuda del propietario de las compañías, solicitó al banco registrar su firma como la única autorizada en las cuentas corporativas tras el fallecimiento de su esposo. First Bank se negó, alegando falta de documentación y controversia sobre su legitimación, citando un posible divorcio, un testamento y la intervención del hermano del causante. La apelante argumentó que la sentencia de divorcio no era final al momento del deceso, manteniendo la vigencia del matrimonio. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso por inexistencia de daños irreparables. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y resolvió confirmar el dictamen apelado.